Una Aduana que protege, facilita y responde
Agosto marcó una etapa de fortalecimiento institucional para la Dirección General de Aduanas, que respondió a los desafíos del comercio transfronterizo con mayores controles, diálogo con los sectores productivos, coordinación interinstitucional y una determinación inequívoca de proteger el mercado dominicano sin obstaculizar las operaciones comerciales legítimas.
La seguridad económica de una nación comienza en la capacidad de sus instituciones para conocer, vigilar y controlar lo que entra, sale o transita por su territorio. En un país conectado con los principales circuitos del comercio internacional, la labor aduanera trasciende el recaudo. Significa proteger la producción nacional, resguardar los ingresos públicos, facilitar las operaciones de quienes cumplen la ley y cerrar espacios al contrabando, el fraude y las actividades ilícitas.
Durante agosto de 2026, la Dirección General de Aduanas enfrentó uno de los asuntos más sensibles de la agenda comercial y fronteriza de la República Dominicana: la necesidad de fortalecer la trazabilidad de las mercancías que ingresan al país bajo el régimen de tránsito internacional con destino a Haití.
La inestabilidad política y de seguridad que afecta a la nación vecina ha creado circunstancias logísticas extraordinarias. Ante los riesgos existentes, determinadas navieras descargan en puertos dominicanos mercancías cuyo destino final es el mercado haitiano. Esta realidad obliga al Estado dominicano a facilitar el tránsito internacional como parte de sus compromisos comerciales, pero también exige garantizar que las cargas completen el recorrido declarado y que ninguna mercancía sea desviada irregularmente hacia el mercado nacional.
Frente a este desafío, la institución no optó por la indiferencia ni por las respuestas improvisadas. Bajo la dirección de Nelson Arroyo, la DGA anunció un conjunto de disposiciones orientadas a reforzar la supervisión, la seguridad y el seguimiento de cada operación. Las medidas incluyen la solicitud de los tránsitos con al menos 24 horas de antelación, la programación diaria de los movimientos, horarios específicos para la salida de las cargas hacia Haití y controles especiales para las operaciones identificadas con perfiles de riesgo elevados. También se estableció un límite máximo de veinte contenedores diarios por empresa y una franja de salida comprendida entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde.
Estas decisiones representan mucho más que un ajuste operativo. Expresan una visión de Estado sustentada en la prevención, la inteligencia, la trazabilidad y la capacidad de anticipación. Una aduana moderna no espera que la irregularidad se consolide para actuar. Analiza los riesgos, organiza los flujos, verifica las rutas y coordina sus actuaciones con las demás autoridades competentes.
El objetivo no es detener el comercio legítimo ni desconocer la libertad de tránsito reconocida por los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana. La finalidad es asegurar que esa libertad se ejerza dentro de la legalidad, con información verificable, destino claramente identificado y mecanismos suficientes para confirmar la salida efectiva de las mercancías.
Fortalecer los controles tampoco significa abandonar la facilitación comercial. Control y facilitación no son principios contrapuestos. Por el contrario, se complementan. Cuando las operaciones están debidamente documentadas, los procedimientos son claros y las reglas se aplican de manera uniforme, las empresas formales pueden trabajar con mayor previsibilidad, disminuyen los espacios de discrecionalidad y aumenta la confianza en la cadena logística dominicana.
El respaldo expresado por la Asociación de Industrias de la República Dominicana a la definición de procedimientos más precisos para el tránsito hacia Haití confirma la importancia de mantener una cooperación público-privada permanente. Los sectores productivos necesitan conocer qué exige la autoridad aduanera, mientras que el Estado necesita comprender las condiciones reales bajo las cuales se desarrollan las operaciones logísticas y comerciales.
Ese diálogo debe mantenerse abierto, técnico y constructivo. Las medidas de control alcanzan mayor eficacia cuando son socializadas con operadores logísticos, transportistas, administraciones fronterizas, importadores, exportadores y representantes empresariales. La comunicación oportuna ayuda a prevenir incumplimientos, corregir vulnerabilidades y promover una cultura de responsabilidad compartida.
La firmeza institucional también se manifiesta en los puertos y aeropuertos. Como continuación de las acciones desarrolladas durante agosto, el 4 de septiembre la DGA informó del decomiso de US$600.700 y 647.000 pesos colombianos no declarados en el Aeropuerto Internacional de Las Américas. El pasajero, de nacionalidad colombiana, pretendía salir hacia Panamá y fue puesto a disposición del Ministerio Público. La actuación fue realizada conjuntamente con el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil y la Unidad de Prevención y Persecución del Contrabando y el Tráfico Ilícito del Ministerio Público.
Aunque este decomiso ocurrió en septiembre, su incorporación al cierre editorial del boletín permite mostrar la continuidad de una política de vigilancia que no se limita a declaraciones públicas. Es una demostración concreta de que la coordinación interinstitucional, la inteligencia y la presencia operativa pueden traducirse en resultados verificables.
A esta actuación se suman otros golpes recientes contra el comercio ilícito. La institución informó del decomiso de un contenedor con 4,5 millones de cigarrillos y otro con 961 televisores de distintas marcas y tamaños. Según la comunicación oficial, estas intervenciones evitaron pérdidas fiscales superiores a RD$42,2 millones en derechos e impuestos de importación.
Cada mercancía irregular detectada, cada divisa no declarada retenida y cada operación sometida al debido proceso representan una defensa concreta de la economía formal. El contrabando y la evasión no son infracciones sin consecuencias sociales. Reducen los recursos disponibles para financiar servicios públicos, colocan en desventaja a quienes cumplen sus obligaciones y pueden exponer a los consumidores a productos sin las verificaciones correspondientes.
Por eso, la respuesta aduanera debe sostenerse sobre tres pilares inseparables: legalidad, transparencia y eficacia. La legalidad garantiza el respeto al debido proceso. La transparencia permite que la sociedad conozca las medidas aplicadas y sus resultados. La eficacia demuestra que las decisiones institucionales producen cambios reales en la seguridad de las operaciones y en la protección del interés nacional.
Agosto deja una enseñanza decisiva. Los desafíos fronterizos requieren instituciones capaces de escuchar las alertas, evaluar la información disponible, corregir vulnerabilidades y comunicar con responsabilidad. Las denuncias deben investigarse sin prejuzgar responsabilidades, pero también sin restar importancia a los riesgos que puedan afectar los ingresos públicos, la salud de la población, la producción nacional o la confianza en el sistema aduanero.
La Dirección General de Aduanas asume este momento como una oportunidad para seguir fortaleciendo sus procedimientos y consolidar una gestión basada en riesgos, tecnología, cooperación e inteligencia. No se trata únicamente de reaccionar ante posibles irregularidades, sino de construir un sistema en el que cada operación pueda ser seguida, verificada y cerrada conforme a las normas.
El país necesita una Aduana que facilite el comercio seguro, proteja la frontera económica y actúe con firmeza ante quienes pretendan vulnerar la ley. Una Aduana que dialogue con el sector productivo, coopere con los organismos de seguridad y ofrezca resultados comprobables a la ciudadanía.
Ese es el compromiso reafirmado durante agosto: más control donde existe riesgo, mayor eficiencia para quienes cumplen, transparencia en las actuaciones y tolerancia cero frente al contrabando, la evasión y el tráfico ilícito.
Porque proteger el comercio legal es proteger la producción, el empleo, los ingresos del Estado y la confianza de toda la sociedad dominicana./
Luis Orlando Díaz Vólquez
