“Ahora, la unidad creada en la era Watergate para hurgar hasta lo más profundo posible en la corrupción política, tiene la oportunidad de restaurar su dañada reputación"
Foto: Acento.com.do/Archivo/Robert Bob Menéndez.
Por Servicios de Acento.com.do. 25 de marzo de 2015
REDACCIÓN.-Una investigación federal por corrupción del senador
Robert Menéndez, un poderoso demócrata de Nueva Jersey, se perfila para ser la próxima gran prueba de una unidad de lucha contra la corrupción del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que fue renovada después de que estropeó el enjuiciamiento de otro veterano legislador en 2008, publicó esta semana el diario
Los Angeles Times, en un trabajo firmado por Richard A. Serrano y Timothy M. Phelps.
Indica que la Sección de Integridad Pública del Departamento, aquejada de problemas por largo tiempo, fue duramente atacada después que la condena del senador republicano de Alaska Ted Stevens fue descartada porque los fiscales federales no pudieron compartir pruebas con el equipo de la defensa que podrían haberlo exonerado.
Después de la vergonzosa derrota, la cúpula de la unidad y varios abogados fueron reubicados, incluyendo a uno que más tarde se suicidó.
“Ahora, la unidad creada en la era Watergate para hurgar hasta lo más profundo posible en la corrupción política, tiene la oportunidad de restaurar su dañada reputación con lo que probablemente sea su primer proceso de un senador estadounidense en activo desde el caso Stevens”, comentan los autores del artículo Richard A. Serrano y Timothy M. Phelps.
Desde el mes pasado, la unidad ha estado funcionando sin un director permanente. Jack Smith, el abogado contratado para reconstruir la unidad en 2010, la dejó el mes pasado
La decisión de presentar cargos penales contra Menéndez y un médico de la Florida, Salomón Melgen, se espera que se produzca en breve, según funcionarios del Gobierno que informaron sobre el caso. Menéndez es sospechoso de haber recibido regalos a cambio de ayuda a los intereses comerciales de Melgen en el Caribe. Ambos rechazan toda fechoría posible.
Los partidarios de la unidad anticorrupción dicen que la entidad ha aprendido de sus errores. Perfeccionó su destreza fiscal con docenas de casos estatales y locales, y cambió su enfoque apartándose de las posibles peticiones de acuerdos para tratar de ganar los casos en el juicio. El caso Stevens se vino abajo, en parte, porque la defensa se movió para lograr un juicio rápido, y tomó por sorpresa a la fiscalía.
Los escépticos, sin embargo, subrayan que la unidad todavía se está ajustando a sus retornos en el liderazgo, y que no ha tomado la delantera en un caso nacional de alto perfil, desde la anulación del juicio de 2012, y la absolución parcial en la demanda de financiación de campañas en contra de John Edwards, el ex senador de Carolina del Norte y vicecandidato presidencial demócrata.
Al restarle énfasis a las metas federales en favor de funcionarios del nivel local y los policías, la sección ha podido concentrarse en los casos en que las cuestiones legales son más directas y las condenas son más fáciles de lograr.
En 2010, dejó a un lado varias investigaciones de las que llaman la atención, incluidas las dirigidas al expresidente de la Cámara, Tom DeLay, republicano de Texas, sobre sus vínculos con el cabildero Jack Abramoff; y al senador republicano de Nevada John Ensign, quien dimitió en 2011 en medio de acusaciones de violaciones a la ética.
“Creo que la Sección de Integridad Pública se volvió totalmente temerosa de las armas después del caso Stevens”, dijo Melanie Sloan, un exfiscal federal que es ahora un abogado de Ciudadanos por la Responsabilidad y la Ética en Washington, un grupo de vigilancia. “Desde Stevens, ellos procesaron a John Edwards por un delito inexistente, y no pudieron procesar a John Ensign por delitos claramente establecidos”.
Desde el mes pasado, la unidad ha estado funcionando sin un director permanente. Jack Smith, el abogado contratado para reconstruir la unidad en 2010, la dejó el mes pasado por un puesto de menor jerarquía como Número 2 del fiscal federal en Nashville. Raymond Hulser, un veterano de la sección que sirvió como lugarteniente de Smith, está actuando como director interino.
Un ex fiscal de la unidad, que pidió no ser identificado porque trata regularmente con el Departamento de Justicia, dijo que Smith alejó a la unidad alejada de los casos de cuello blanco complicados. “Mientras estuve allí, vimos muchos más casos de corrupción policial y otras frutas bajitas”, dijo.
Hülser no quiso hacer comentarios, pero Smith defendió sus logros recientes y los de la unidad.
Smith hizo hincapié en que, bajo su liderazgo, la unidad incrementó considerablemente el número de casos que fueron a juicio.
“En lugar de procesar a los funcionarios federales menores y de menor importancia, hemos estado llevando un montón de casos en las comunidades más pequeñas”, dijo.
“Eso no nos da mucho relieve dentro del Beltway (al nivel federal), pero es muy importante para las comunidades”.
La unidad también ayudó a la fiscalía federal en Richmond, Virginia, en la obtención de la condena por corrupción el año pasado del exgobernador de Virginia, Bob McDonnell y su mujer por aceptar regalos de un hombre de negocios. En 2013 se procesó con éxito al ex representante republicano Rick Renzi de Arizona por aceptar sobornos, señaló Smith.
Pero la investigación sobre Menéndez será mucho más difícil que el caso McDonnell y los que implican a funcionarios del gobierno al nivel local, pronostican los expertos. Por un lado, Menéndez y Melgen han contratado abogados muy poderosos.
Hasta ahora, los fiscales se han visto frustrados en sus intentos de aumentar la presión sobre Menéndez y Melgen, quien también es blanco de una investigación aparte que implica sobrefacturación al Medicare y Medicaid. Ahora parece poco probable que alguno de ellos llegue a un acuerdo para testificar contra el otro, dijeron los funcionarios del gobierno, que no estaban autorizados a hablar públicamente sobre el caso.
“Estos tipos son tan buenos amigos que nunca lograrías que se virara uno contra el otro”, dijo un exoficial de la ley que ha sido informado sobre el caso, también hablando anónimamente, porque el caso se encuentra ante un gran jurado federal.
Sin embargo, Justin Shur, ex subjefe de la sección, dice que la unidad está muy bien equipada para manejar el caso Menéndez.
“La sección ha manejado decenas de casos complicados con hechos difíciles y leyes duras”, dijo Shur, quien no participó personalmente en el caso Menéndez durante su tiempo en la unidad. “Incluso si algunos de esos casos hubiera sido de un empleado local de un palacio de justicia, al final de la jornada, realmente no habría ninguna diferencia”.
Cuando se filtró la noticia de cargos criminales inminentes este mes, Menéndez indicó que estaba dispuesto a luchar. “Siempre me he conducido de manera adecuada y de conformidad con la ley”, dijo.
El senador demócrata de mayor rango en el Comité de Relaciones Exteriores del Senado, reconoció su amistad de 20 años con Melgen, pero agregó: “Lucho por las cosas que creo que son importantes. Así es como soy, y no me voy para ninguna parte”.
Menéndez había reconocido anteriormente que en 2013 voló en el avión de Melgen sin reportarlo en su formulario de declaración financiera. Lo llamó un “descuido”, y dijo que después le envió a Melgen un cheque por US$58,500.
Melgen, un oftalmólogo en West Palm Beach, Florida, no devolvió las llamadas telefónicas en busca de comentarios.
El exconsejero jefe de Menéndez, Kerri Talbot, y Michael Barnard, su ayudante legislativo en temas de salud, comparecieron ante el gran jurado federal en dos ocasiones y “se negaron a responder preguntas sobre el senador Menéndez”, de acuerdo con un resumen escrito por un panel de tres jueces del Tercer Tribunal de Circuito de Apelaciones.
Los fiscales de Integridad Pública persuadieron a un juez federal para obligar a los asistentes a declarar. Pero antes de que eso sucediera, los abogados de Menéndez y sus empleados apelaron al 3er Circuito.
El tribunal superior pidió al juez más aclaraciones sobre el asunto antes de que se pronuncie sobre la apelación. Y debido a que todo lo demás del caso está bajo sello, no está claro si el asunto se sostiene actualmente.
Si la unidad decide presentar cargos penales contra Menéndez, algunos exfiscales predicen que el caso restaurará su credibilidad.
“Mi impresión es que la sección está definitivamente preparada para enfrentar el reto”, dijo Edward J. Loya Jr., ahora un abogado de defensa criminal de cuello blanco en Los Ángeles. “Tienen algunos de los profesionales más capaces en el Departamento de Justicia”.
http://acento.com.do/2015/actualidad/8234074-menendez-prueba-para-la-unidad-anticorrupcion-del-departamento-de-justicia/
