Lavado de activos: cuando la legalidad aparente se convierte en infraestructura del crimen
La República Dominicana necesita avanzar desde el cumplimiento formal hacia un sistema preventivo inteligente, capaz de identificar al beneficiario final, seguir el dinero y golpear el patrimonio ilícito sin convertir a las empresas legítimas en víctimas de una burocracia indiscriminada.
El lavado de activos no comienza necesariamente con una maleta repleta de dinero ni termina en una cuenta bancaria clandestina. Con frecuencia se esconde detrás de empresas registradas, contratos comerciales, operaciones inmobiliarias, importaciones, exportaciones, préstamos entre sociedades y movimientos financieros que, considerados aisladamente, parecen legítimos. Su peligrosidad reside precisamente en esa capacidad para utilizar la economía formal como refugio, mecanismo de circulación y fuente de respetabilidad.
Por eso, la celebración del IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, realizado el 23 de octubre de 2026 en Santo Domingo, adquiere una relevancia que trasciende el calendario institucional. El encuentro tiene como propósito aumentar la conciencia social, articular a los sectores público y privado y construir una cultura nacional de prevención. 1 No debe interpretarse como una actividad ceremonial, sino como una oportunidad para revisar la efectividad real del sistema dominicano frente a organizaciones delictivas que innovan con mayor rapidez que muchas regulaciones.
El panel promovido por la Dirección General de Aduanas colocó la discusión en el lugar correcto: las estructuras empresariales y las operaciones comerciales aparentemente lícitas pueden convertirse en vehículos para ocultar, transformar o movilizar recursos de procedencia criminal. La sobrefacturación, la subvaluación, las empresas sin actividad económica verificable, la triangulación mercantil, los beneficiarios finales ocultos y las operaciones incompatibles con el perfil tributario del contribuyente constituyen zonas que requieren análisis integrado, no vigilancia institucional fragmentada.
Seguir el dinero, no paralizar la economía
La respuesta del Estado no puede descansar exclusivamente en la acumulación de formularios, reportes y certificaciones. Una política que mida su eficacia por la cantidad de documentos exigidos corre el riesgo de castigar al empresario formal mientras el verdadero lavador utiliza intermediarios, testaferros, estructuras societarias opacas y operaciones transnacionales.
El desafío consiste en aplicar un enfoque basado en riesgos. Eso significa concentrar la supervisión en las operaciones, sectores y estructuras que presentan mayor exposición, en lugar de imponer cargas idénticas a actores económicos con perfiles radicalmente diferentes. La propia Dirección General de Impuestos Internos ha comunicado que sus supervisiones y monitoreos se orientan mediante este enfoque, con atención al oficial de cumplimiento, su registro ante la Unidad de Análisis Financiero y las auditorías externas independientes. 2
Esta orientación coincide con la advertencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: aunque numerosos países han modernizado sus legislaciones, el gran problema continúa siendo la efectividad de su aplicación. El organismo identifica riesgos particulares en actividades no financieras como la constitución de personas jurídicas, el sector inmobiliario, la construcción y las zonas francas, y advierte que las estructuras societarias pueden utilizarse para ocultar a los verdaderos propietarios de los recursos. 3
La primera obligación estratégica, por tanto, es conocer al beneficiario final. No basta con identificar al accionista que aparece en un documento. Es necesario determinar quién controla realmente la operación, quién recibe sus beneficios y qué relación guarda el capital movilizado con la actividad económica declarada.
Tres advertencias que el mundo no puede ignorar
La dimensión internacional del delito impide que cualquier país pueda enfrentarlo de manera aislada. Elisa de Anda Madrazo, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional, lo ha expresado con precisión: “Las defensas globales contra las finanzas ilícitas son tan fuertes como su eslabón más débil”. También advierte que los países deben actuar conjuntamente ante amenazas complejas y transnacionales porque “no podemos permitir que el crimen prospere”. 4
Desde la perspectiva policial, Cyril Gout, director ejecutivo interino de Servicios Policiales de INTERPOL, ha ofrecido una definición todavía más contundente: “Las finanzas ilícitas no son simplemente una de muchas amenazas criminales; son el facilitador de todas ellas”. 4 La afirmación obliga a comprender que perseguir el dinero no constituye una tarea accesoria. Es una manera de debilitar simultáneamente el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, el contrabando, el fraude y otras formas de criminalidad organizada.
Ghada Waly, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ha solicitado “soluciones innovadoras y escalables para combatir el delito económico” y una respuesta colectiva que garantice que los sistemas financieros funcionen como motores de paz, seguridad y prosperidad. 4
Estas tres posiciones convergen en una conclusión: el lavado de activos no es solamente un delito financiero. Es la infraestructura económica que permite al crimen reproducirse, corromper instituciones, infiltrarse en mercados legítimos y disputar espacios de poder al Estado.
La posición del Gobierno dominicano
La posición del Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader se estructura alrededor de cuatro principios declarados: prevención, transparencia, coordinación y cumplimiento. Durante el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE, celebrado en París en marzo de 2026, el mandatario sostuvo que la integridad “no es un eslogan”, sino un sistema de gobernanza basado en el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas. 5
Su segunda afirmación conecta directamente la integridad pública con la economía: “La corrupción actúa como un impuesto invisible que aumenta los costos, distorsiona la competencia, desalienta la inversión y reduce la productividad”. 5 Esta visión es pertinente para la lucha contra el lavado, porque la incorporación de capitales ilícitos también distorsiona la competencia. Una empresa que debe generar beneficios legítimos no puede competir en igualdad de condiciones con otra utilizada para legalizar recursos criminales, absorber pérdidas artificiales o justificar operaciones sin racionalidad económica.
La política gubernamental incluye comisiones de integridad y cumplimiento, fortalecimiento de los controles internos, coordinación entre organismos y aplicación no selectiva de la ley. El presidente también ha defendido la independencia persecutoria al afirmar que “la justicia no es un instrumento del Gobierno”. 5
En el ámbito especializado, la participación dominicana en el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica ha impulsado procesos de evaluación, cooperación e intercambio de buenas prácticas. La posición institucional del país reconoce avances en prevención, detección, persecución y sanción, pero también admite que se trata de una labor permanente que exige mejoras continuas. 6
Esa combinación revela una posición oficial correcta en sus fundamentos: cooperación internacional, supervisión basada en riesgos, fortalecimiento institucional, transparencia e intercambio de información. Sin embargo, la verdadera prueba no estará en la proclamación de esos principios, sino en su traducción en investigaciones financieras oportunas, decomisos efectivos, recuperación de activos, sanciones proporcionales y protección de la economía legítima.
Una inteligencia económica común
La República Dominicana necesita consolidar una arquitectura de inteligencia económica en la que la información tributaria, aduanera, financiera, societaria e inmobiliaria pueda analizarse de manera coordinada, con controles de seguridad, trazabilidad y respeto al debido proceso. La información aislada describe fragmentos; la información cruzada revela patrones.
La Dirección General de Aduanas puede detectar inconsistencias en valores, mercancías, rutas y frecuencias. La Dirección General de Impuestos Internos puede contrastar esas operaciones con los ingresos, activos y obligaciones declaradas. La Unidad de Análisis Financiero puede identificar conexiones financieras y perfiles de riesgo. El Ministerio Público debe transformar la inteligencia pertinente en investigaciones jurídicamente sostenibles.
El sector privado también debe ser considerado aliado y no sospechoso automático. Las empresas que cumplen necesitan orientación clara, plataformas sencillas, retroalimentación institucional y reglas proporcionales a su tamaño y exposición. La prevención eficaz no se logra trasladando al comerciante todas las responsabilidades del Estado, sino construyendo una cooperación en la que cada participante pueda reconocer, documentar y comunicar operaciones realmente inusuales.
Prevenir el lavado de activos es, en definitiva, proteger la competencia, la inversión, el empleo, la seguridad nacional y la confianza internacional. El desafío dominicano consiste en cerrar los espacios por donde circula el capital criminal sin cerrar las puertas por donde entra la inversión legítima.
El IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos deja una idea ineludible: el dinero ilícito necesita apariencias legales para sobrevivir. Desmontar esas apariencias exige instituciones coordinadas, empresas responsables, tecnología analítica, cooperación internacional y una justicia capaz de llegar hasta el verdadero beneficiario. Cuando el Estado sigue eficazmente el dinero, no solo descubre un patrimonio oculto. También expone la estructura del poder criminal.
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En el marco del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, participamos en el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, un espacio para fortalecer la prevención y la respuesta ante este delito.
El panel abordó cómo estructuras empresariales y operaciones comerciales, aparentemente legítimas, pueden utilizarse para ocultar o movilizar recursos ilícitos. También, analizó señales de alerta desde las perspectivas tributaria, aduanera y empresarial, así como medidas para mejorar la detección y el intercambio de información, sin imponer cargas desproporcionadas a las empresas que cumplen con la ley.
Prevenir el lavado de activos es un compromiso compartido.
@aduanard @nelsonarroyop
#AduanasRD #ComercioIlicito
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