viernes, 30 de junio de 2023

Valora alianza interinstitucional para luchar contra ese delito, que dijo pone en riesgo la salud y la vida de los ciudadanos / Crean fiscalía para perseguir comercio ilícito en las aduanas /

Valora alianza interinstitucional para luchar contra ese delito, que dijo pone en riesgo la salud y la vida de los ciudadanos

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- Al presidir el “Primer encuentro nacional de fiscales enlace para el combate del comercio ilícito”, la procuradora general de la República, magistrada Miriam Germán Brito, destacó las acciones emprendidas y la alianza estratégica establecida con el Consejo Interinstitucional Público Privado de Prevención del Comercio Ilícito para enfrentar ese delito que definió como complejo.

“El comercio ilícito es un delito complejo, donde subyacen muchas conductas típicas, que van más allá de la venta de productos adulterados, comprende así la formación de estructuras criminales que violentan nuestras aduanas, lesionan al Estado con la evasión de impuestos, afectan nuestra seguridad nacional con el trasiego inadecuado de materiales delicados a través de nuestras fronteras”, dijo al pronunciar unas palabras durante el encuentro, celebrado en el salón de actos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), con la participación de los miembros de dicho consejo y fiscales de diferentes jurisdicciones del país.

Junto a la magistrada Germán Brito estuvieron en el encuentro, la procuradora adjunta Army Ferreira, responsable de la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público; Ramón Pérez Fermín, viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio, así como José Luis Venta, vicepresidente del Comité Ejecutivo de la AIRD.

Respecto al comercio ilícito, la magistrada Germán Brito señaló: “son un vehículo idóneo para el lavado de capitales y el enriquecimiento ilícito, afectan además el comercio local y el desarrollo económico, pero muy especialmente, estos delitos ponen el riesgo la salud y la vida de nuestros ciudadanos”.

 

 

Señaló que enfrentar todo ello no es una tarea individual, destacando que es una labor del Estado en su conjunto. “Debemos ser capaces de cubrir todos los flancos por donde estos delitos nos atacan y esa es la fortaleza de la Ley 17-19, que nos proporciona un espacio donde todos tenemos un componente específico de responsabilidad y donde el rol de uno debe ser reconocido y respetado por el otro, desde la colaboración y el trabajo en equipo”, indicó Germán Brito.

Explicó que como parte de las labores de coordinación han realizado mesas de trabajo con cada una de las instituciones que componen el Consejo de Ilícitos, así como con el sector de las industrias, víctimas de este flagelo. Dijo que fruto de estos encuentros las propuestas de protocolos de actuación serán sometidas en la próxima sesión del consejo para su aprobación, como herramienta práctica necesaria para dinamizar las operaciones en terreno.

“Hoy se encuentran con nosotros una parte de los miembros del Ministerio Público enlaces de la Unidad de Propiedad Intelectual y Erradicación del Comercio Ilícito, así como de la Procuraduría Especializada de Crímenes y Delitos contra la Salud, quienes conforman el equipo encargado de traducir todo nuestro esfuerzo conjunto, en acciones judiciales oportunas y eficaces”, resaltó.

Destacó “que el compromiso es asumir el trabajo coordinado de la fase administrativa y la fase judicial, para obtener los resultados que la ciudadanía espera de nosotros al combatir de manera eficiente el comercio ilícito en la República Dominicana”.

 

 

“Desde la presidencia del Consejo Interinstitucional Público Privado de Prevención del Comercio Ilícito, agradecemos la voluntad manifiesta de todas las instituciones que lo conforman, de trabajar en conjunto con el objetivo común de enfrentar estos delitos que tanto afectan a los ciudadanos, su seguridad y nuestra economía”, expresó la procuradora general en sus palabras.

En el encuentro también pronunció un discurso Ramón Pérez, quien destacó las acciones puestas en marcha para combatir y erradicar ese flagelo, principalmente en el caso de los medicamentos, las bebidas alcohólicas adulteradas y los cigarrillos.

Destacó “que se ha identificado la necesidad de una respuesta integral mediante un esfuerzo mancomunado del sector público y privado para cumplir con la eliminación del comercio ilícito”.

En tanto que José Luis Venta dijo que el comercio ilícito impacta negativamente la capacidad recaudatoria del Estado y pone en riesgo la vida de comunidades y de los consumidores.

Dijo que se trata de una dinámica que invade lo productivo. “No se puede creer que haya soluciones individuales, de modo fragmentado”, al tiempo que destacó “que este evento viene a poner luz sobre la importancia de que todas las instituciones del Estado actúen unificadas desde su responsabilidad particular, pero mirando en una misma dirección “, al tiempo que reiteró “que desde la AIRD están a favor del comercio responsable y de la competencia leal.

 https://pgr.gob.do/procuradora-miriam-german-brito-encabeza-primer-encuentro-nacional-de-fiscales-enlace-para-el-combate-del-comercio-ilicito/

 

 

Crean fiscalía para perseguir comerco ilícito en las aduanas

Crean fiscalía para perseguir comercio ilícito en las aduanas

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Santo Domingo.-Para enfrentar el  trafico de mercancía en las Aduanas y los enlatados adulterados la procuradora general, Miriam Germán Brito, creó la unidad de fiscales responsable del combate al comercio ilícito.

Tras presidir el “primer encuentro nacional de fiscales enlace para el combate del comercio ilícito”, la procuradora  definió ese delito  como complejo donde subyacen muchas conductas típicas, que van más allá de la venta de productos adulterados, comprende así la formación de estructuras criminales que violentan las  aduanas y  lesionan al Estado con la evasión de impuestos.

Además afectan la  seguridad nacional con el trasiego inadecuado de materiales delicados a través de la frontera en la Consejo Interinstitucional Público Privado de Prevención del Comercio.

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La magistrada Germán  Brito habló en el salón de actos de la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD), con la participación de los miembros de dicho consejo y fiscales de diferentes jurisdicciones del país.

Estuvieron presente en el  encuentro, la procuradora adjunta Army Ferreira, responsable de la Unidad de Propiedad Intelectual del Ministerio Público; Ramón Pérez Fermín, viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria y Comercio, así como José Luis Venta, vicepresidente del Comité Ejecutivo de la AIRD.

Respecto al comercio ilícito, la magistrada Germán Brito señaló: “son un vehículo idóneo para el lavado de capitales y el enriquecimiento ilícito, afectan además el comercio local y el desarrollo económico, pero muy especialmente, estos delitos ponen el riesgo la salud y la vida de nuestros ciudadanos”.

En el encuentro también pronunció un discurso Ramón Pérez, quien destacó las acciones puestas en marcha para combatir y erradicar ese flagelo, principalmente en el caso de los medicamentos, las bebidas alcohólicas adulteradas y los cigarrillos. Deestacó las acciones emprendidas y “El comercio ilícito es un delito complejo,

https://elnacional.com.do/crean-fiscalia-para-perseguir-comerco-ilicito-en-las-aduanas/

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Cancillería califica de "desproporcionada e irrazonable" solicitud de detener repatriaciones de haitianos

REPATRIACIONES HAITIANAS

Cancillería califica de "desproporcionada e irrazonable" solicitud de detener repatriaciones de haitianos

Experto en derechos humanos para Haití pidió al Gobierno descontinuar las repatriaciones debido al estado de inseguridad que vive esa nación

Santo Domingo - jun. 30, 2023 | 02:46 p. m. | Diario Libre

Cancillería califica de desproporcionada e irrazonable solicitud de detener repatriaciones de haitianos
Cancillería dominicana. (DIARIO LIBRE/ IMAGEN DE ARCHIVO)

El Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana respondió este viernes al experto en derechos humanos para Haití del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, sobre su posición con las repatriaciones haitianas. 

William O´Neill pidió al Gobierno descontinuar las repatriaciones debido al estado de inseguridad que vive esa nación, por lo que Cancillería le indicó que resulta desproporcionado e irrazonable pretender que República Dominicana cargue con la responsabilidad de asegurar el bienestar social de los haitianos. 

A través de un comunicado de prensa, la entidad le aclara a  O´Neill que el deber del Gobierno dominicano es, en primer lugar, con sus ciudadanos.

Además, agrega que el masivo influjo migratorio haitiano de los últimos años es insostenible. 

Deportaciones en 2022

El año pasado las autoridades dominicanas deportaron un total de 120,900 extranjeros irregulares, en su mayoría, haitianos.

"Para un país de nuestras dimensiones, esa cifra de inmigrantes irregulares es imposible de acoger, sin que se generan graves conflictos sociales y una presión inadmisible en el presupuesto nacional", indica la entidad.

Estadísticas del SNS 

Cancillería precisa que las estadísticas del Servicio Nacional de Salud (SNS) muestran de "manera fehaciente" el fuerte impacto en el gasto público de los servicios sociales que se ofrecen a los migrantes irregulares. Indica que en 2018, el 12.5 % de los nacimientos en toda la red pública correspondían a madres haitianas. Esta proporción "aumentó dramáticamente" al 23.7 % en 2019, al 27.2 % en 2020, al 30.5 % en 2021, al 33.1 % en 2022 y al 34 % en 2023 (según datos hasta mayo).

En los últimos tres años, el país promedia más de 35,000 partos de madres haitianas en los hospitales públicos. Agrega que el costo de estos servicios lo asume el gobierno, con dinero del contribuyente dominicano.

En tal sentido, la entidad sostiene que la crisis política, de seguridad y humanitaria que vive Haití requiere una respuesta inmediata a la reiterada solicitud del primer ministro haitiano, Ariel Henry, sobre el envío de una fuerza internacional de seguridad en apoyo a la policía haitiana, para frenar el control que tienen las pandillas sobre la mayor parte de la capital haitiana. Cancillería entiende que ese es un paso necesario para abrir un proceso de reconstrucción en Haití. 

"Después de 19 años bajo un mandato de las Naciones Unidas, los diversos voceros de esa organización deben cuidar sus pronunciamientos para evitar la promoción de la emigración irregular haitiana como solución al padecimiento de ese pueblo. Naciones Unidas debería redoblar sus esfuerzos para contribuir al restablecimiento de la paz, la seguridad y la institucionalidad democrática en ese país. Reconocemos el interés de todos los actores que se preocupan por Haití, pero queremos enfatizar que la situación interna de ese país nunca será impedimento para la plena aplicación de la legislación dominicana", agregó. 

Reiteró que República Dominicana siempre tomará soberanamente las decisiones que mejor correspondan al interés nacional.

https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2023/06/30/cancilleria-responde-experto-sobre-repatriaciones-haitianas/2391180

Respuesta al Sr. William O’Neill sobre la repatriación de inmigrantes haitianos irregulares

El experto independiente en derechos humanos para Haití del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos, señor William O’Neill, ha hecho un llamado para que se descontinúen las repatriaciones de haitianos, debido al estado de inseguridad que vive ese país.

Ante esta declaración, el gobierno dominicano tiene a bien hacer las siguientes precisiones:

República Dominicana es el único país que hace frontera terrestre con Haití. Siendo igualmente un país en vías de desarrollo, y no responsable de la situación haitiana, resulta desproporcionado e irrazonable pretender que nuestro país cargue con la responsabilidad de asegurar el bienestar social de los haitianos. Esta es una obligación irrenunciable del Estado haitiano, y en su defecto, una responsabilidad compartida de la comunidad internacional. El deber del gobierno dominicano es, en primer lugar, con sus ciudadanos.

El masivo influjo migratorio haitiano de los últimos años es insostenible. Para que se tenga una idea, solo en 2022, República Dominicana deportó 120,900 extranjeros irregulares, casi todos de origen haitiano. Para un país de nuestras dimensiones, esa cifra de inmigrantes irregulares es imposible de acoger, sin que se generen graves conflictos sociales y una presión inadmisible en el presupuesto nacional.

Las estadísticas del Servicio Nacional de Salud (SNS) muestran de manera fehaciente el fuerte impacto en el gasto público de los servicios sociales que se ofrecen a los migrantes irregulares. Por ejemplo, en 2018, el 12,5% de los nacimientos en toda la red pública correspondían a madres haitianas. Esta proporción aumentó dramáticamente al 23,7% en 2019, al 27,2% en 2020, al 30,5% en 2021, al 33.1% en 2022 y al 34% en 2023 (según datos hasta mayo). En los últimos tres años, estamos promediando más de 35,000 partos de madres haitianas en los hospitales públicos. El costo de estos servicios lo asume el gobierno, con dinero del contribuyente dominicano.

La crisis política, de seguridad y humanitaria que vive Haití requiere una respuesta inmediata a la reiterada solicitud del primer ministro haitiano, Ariel Henry, sobre el envío de una fuerza internacional de seguridad en apoyo a la policía haitiana, para frenar el control que tienen las pandillas sobre la mayor parte de la capital haitiana. Ese es paso necesario para abrir un proceso de reconstrucción en Haití.

Después de 19 años bajo un mandato de las Naciones Unidas, los diversos voceros de esa organización deben cuidar sus pronunciamientos para evitar la promoción de la emigración irregular haitiana como solución al padecimiento de ese pueblo. Naciones Unidas debería redoblar sus esfuerzos para contribuir al restablecimiento de la paz, la seguridad y la institucionalidad democrática en ese país.

Reconocemos el interés de todos los actores que se preocupan por Haití, pero queremos enfatizar que la situación interna de ese país nunca será impedimento para la plena aplicación de la legislación dominicana.

República Dominicana, como Estado social y democrático de derecho, siempre tomará soberanamente las decisiones que mejor correspondan al interés nacional.

29 de junio de 2023.

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