El balance del 2017 de Participación Ciudadana
Como cada año, ofrecemos íntegro el balance del movimiento cívico Participación Ciudadana. como un aporte al conocimiento de los temas más trascendentes que ocuparon la atención social, política, institucional y económica de la República Dominicana. Este balance se ofrece en partes, debido a la extensión que tiene y a la profundidad que logra en cada uno de los temas que aborda. Esta primera parte es apenas la introducción:
* El 2017 puede ser calificado como el año del destape de la corrupción y uno de los más representativos en los anales de los escándalos de corrupción, con prevalencia de la más pertinaz impunidad, pero también pasará a la historia por el despertar de la ciudadanía, con renacimiento de la esperanza en que es posible edificar una sociedad mejor, con una lucha trascendente que marcará una nueva etapa en la sociedad dominicana.
* En el ámbito institucional y político las debilidades no se superan y las fortalezas no se consolidan y este año parece haberse perdido en el intento del grupo gobernante por imponer una ley de partidos a la medida de sus intereses, después de 20 años de discusiones, 15 de ellos en innumerables legislaturas, dos en este año.
*La justicia siguió siendo tratada como la cenicienta de los poderes del Estado, incapaz de renovarse a sí misma, siquiera aplicando los acuerdos establecidos en la Cumbre del Poder Judicial celebrada en el 2016. Mientras los ayuntamientos seguían relegados cada vez con menos recursos cuando apenas se le asigna el 2.8 por ciento de los ingresos nacionales, aunque la ley indica el 10.
*El año termina caracterizado por la reducción en el ritmo de crecimiento de la actividad económica, la continuación del incremento de la deuda pública, y por la ausencia de reformas institucionales que reduzcan los obstáculos a la movilidad socioeconómica de la ciudadanía por medio de mayores ingresos provenientes de empleos productivos formales.
1.- El destape de la corrupción
1.1.- El escándalo Odebrecht.
El 22 de Diciembre del 2016 estalló el más escandaloso caso de corrupción de América Latina: Doce países del continente aparecieron involucrados en una compleja trama de corrupción, sobornos y financiamientos ilegales de campañas electorales. La constructora brasileña Odebrecht, conjuntamente con los gobiernos de esos doce países, planeaba y ejecutaba obras que eran asignadas en algunos casos sin concurso y en otros en concursos amañados que involucraron miles de millones de dólares. La propia compañía, después de ser obligada a llegar a un acuerdo con la justicia de Estados Unidos y con sus principales ejecutivos presos en Brasil, confesó haber distribuido 788 Millones de dólares en sobornos en los países de América Latina y África. Legisladores, intermediarios y funcionarios del gobierno de la República Dominicana habrían recibido más de 92 millones de dólares, la segunda suma más alta involucrada, y con mucho la mayor en términos proporcionales al territorio y la población.
Uno de los aspectos más relevantes del escándalo fue que varios de los funcionarios de Odebrecht procesados en Brasil confesaron que la compañía había trasladado su departamento de sobornos a la República Dominicana cuando la justicia de allá comenzó a pisarle los talones, en busca de mejores condiciones para continuar sus operaciones delictivas en el continente y el mundo. Aún más, el impacto fue mayor porque uno de los procesados, el Sr. Joao Santana, quien fue apresado junto a su esposa al regresar a Brasil, era en ese momento y por varios años el principal asesor de campaña del Presidente Danilo Medina y tenía despacho en el Palacio Nacional.
Otro aspecto importante es el hecho de que justamente cuando el actual gobierno negociaba el mayor contrato con la Odebrecht, el de las plantas eléctricas de carbón de Punta Catalina, se produjeron las más elevadas transferencias de fondos, 66 por ciento del total, al señor Ángel Rondón, personero que según declaraciones de la propia empresa se ocupaba de distribuir los sobornos.
Cuatro organizaciones de la sociedad civil interpusieron ante la Procuraduría General de la República una denuncia por medio de la cual solicitan que se investigue si en el país se recibieron fondos internacionales de la empresa Odebrecht para financiar campañas electorales, así como para reinstaurar en la Constitución la figura de la reelección presidencial en 2015. La Procuraduría General no ha dado curso a esta denuncia y nadie en el mundo oficial ha considerado necesario responderla.
A un año de haberse conocido este escándalo, el sometimiento formal a la Justicia de los pocos que fueron imputados por la Procuraduría General de la República aún está pendiente, todos están libres, la empresa sigue trabajando para el Estado Dominicano, más bien está exigiendo 708 millones de dólares adicionales para concluir las plantas eléctricas, y no ha cumplido la cláusulas más importantes del convenio de delación firmado, que la obliga a entregar todos los detalles de sus operaciones ilegales en el país, pero tampoco la Procuraduría General se lo ha exigido.
Continuara mañana… https://acento.com.do/2017/opinion/editorial/8518390-balance-del-2017-participacion-ciudadana/
El balance del 2017: Nacimiento del movimiento Verde y casos alarmantes de corrupción (II)
Como cada año, ofrecemos íntegro el balance del movimiento cívico Participación Ciudadana. como un aporte al conocimiento de los temas más trascendentes que ocuparon la atención social, política, institucional y económica de la República Dominicana
Este balance se ofrece en partes, debido a la extensión que tiene y a la profundidad que logra en cada uno de los temas que aborda. Esta segunda parte describe el inicio del movimiento Verde y señala los primeros casos alarmantes de corrupción en la administración Danilo Medina:
1.2.- El Año del Movimiento Verde
El escándalo Odebrecht produjo tal conmoción en el país que removió la conciencia de decenas de miles de dominicanos, produciendo el surgimiento de un movimiento con características y proporciones nunca visto en la República Dominicana. El domingo 22 de enero del 2017 se escribió un nuevo capítulo en la historia de las luchas sociales, cuando decenas de miles de personas, salieron a las calles para mostrar su rechazo a la corrupción y la impunidad imperantes, iniciando una cadena de movilizaciones que se mantuvo todo el año. Los ciudadanos/as asumieron con ahínco la lucha contra la impunidad, utilizando como identidad y símbolo de esperanza el color verde con la libertad y la creatividad que caracterizan nuestras luchas, esperanzas y anhelos.
A lo largo del año el Movimiento Verde recibió el apoyo de los más diversos sectores de la vida nacional, a todos los niveles, a lo largo de la geografía nacional y en varias otras naciones donde viven dominicanos. Se realizaron decenas de marchas masivas, manifestaciones de protesta, piquetes, conferencias y actividades artísticas que han teñido de verde el país.
1.3.- Los Tres Brazos, un barrio vendido con todo y gente.
El año comenzó con el escándalo de la venta del barrio Los Tres Brazos, con unas 14 mil familias en la Provincia Santo Domingo, que data del 1979. La Corporación de Empresas Estatales (CORDE), una de las entelequias que se usan como fuente de enriquecimiento para los gobernantes de turno, vendió el barrio con todas sus edificaciones y calles por 72 millones de pesos a la empresa Titulatec, de los cuales se estableció que apenas recibió netos 3.3 millones de pesos.
Al término del 2016 la prensa se había hecho eco de las denuncias cuando la empresa cobraba los solares a precios muchas veces superiores a lo pagado. Tres canales de televisión se unieron en una campaña que obligó al Presidente Medina a emitir un decreto disolviendo la estafa. Sin embargo, a pesar de que la Comisión designada realizó un informe correcto, todavía no se ha cumplido la recomendación de disolver la CORDE y no solo se le sigue otorgando recursos, sino que no se ha hecho una investigación exhaustiva de todos los negocios que se han hecho a costa del patrimonio nacional.
1.4.- Los sangrientos negocios del CEA.
La muerte de tres personas en San Pedro de Macorís puso en evidencia los sucios negocios que por décadas han realizado funcionarios públicos con los terrenos del Estado que administra el Consejo Estatal del Azúcar. La venta fraudulenta, sin aprobación del Congreso y la descarada estafa a ciudadanos que luego encontraban que el mismo terreno también había sido vendido a otros, es una muestra de la descomposición que se viene dando desde hace mucho tiempo en esta entidad del Estado. A los ciudadanos estafados con esta práctica, no sólo se les cobra el precio del terrero sino también diferentes sobornos que van a parar a la mafia que por décadas se ha refugiado allí con el pleno conocimiento de los gobiernos de turno.
Es esta ocasión, el escándalo trasciende por la tragedia de tres muertos, entre ellos dos comentaristas radiofónicos, Luis Manuel Medina y Leo Martínez, quienes fueron asesinados por José Rodríguez (Joselito) mientras transmitían un programa de radio. El Ex diputado, Sergio Cedeño, vaticinó que Rodríguez sería asesinado para que no hablara. Posteriormente se dijo que se suicidó, aunque a sus familiares no se les permitió ver su cadáver.
El Presidente creó una Comisión, que rindió su informe, donde quedó evidente que el matador de los dos comentaristas había sido timado y actuó en violento impulso de desesperación tras meses exigiendo que les entregaran terrenos que había comprado, o que le devolvieran lo pagado. Fue cancelado el Director General del CEA, José Joaquín Domínguez Peña y ahí quedó esta tragedia. 10 meses después, nada ha hecho la Procuraduría General de la República para desmantelar esta mafia y someter a los responsables a la justicia.
Otra tragedia que envuelve terrenos del CEA ocurrió el domingo 24 de septiembre, cuando un desproporcionado contingente policial procedió a las 3 de la madrugada a desalojar a los que durante más de una década habían ocupado o contratado en compra terrenos de esa entidad, levantando viviendas y hasta pequeños negocios. En el operativo fue asesinado el teniente Mateo Ogando, de la fuerza aérea, y otros tres residentes recibieron heridas de balas, incluyendo a una menor.
Ha llamado la atención que el caso ha sido “olvidado” hasta por la mayoría de los medios informativos. Las autoridades no han ni responsabilizado a nadie por la sangre derramada. Tampoco se ha informado qué juez o autoridad dispuso la destrucción de las viviendas con equipos pesados, ejecutada en horas de prohibición y sin representación judicial. Sólo se sabe que los terrenos serían parte de unas parcelas vendidas a una empresa en el gobierno de Hipólito Mejía, la que nunca los urbanizó ni pagó lo contratado, pero que ahora han adquirido un valor muchas veces mayor por estar en el área donde se construye la bautizada Ciudad Juan Bosch.
En las últimas semanas salió a la luz pública otro escándalo originado en el CEA. En el Congreso, se estudia la venta de 1000 tareas al ex diputado y ex gobernador de Boca Chica, Eladio Martínez, por la irrisoria suma de RD$40 millones de pesos, esto es, a RD$15 pesos el metro, en una zona de vocación turística.
Continuará mañana…
https://acento.com.do/2017/opinion/editorial/8518397-balance-del-2017-participacion-ciudadana-ii/
El balance del 2017: Casos extremos de corrupción de acción pública (III)
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| Foto: Diandino Peña |
Como cada año, ofrecemos íntegro el balance del movimiento cívico Participación Ciudadana. como un aporte al conocimiento de los temas más trascendentes que ocuparon la atención social, política, institucional y económica de la República Dominicana. Este balance se ofrece en partes, debido a la extensión que tiene y a la profundidad que logra en cada uno de los temas que aborda. En esta entrega se describen otros casos extremos de corrupción, sin acción del Ministerio Público, como los escándalos de la OPRET y de la JCE:
1.5.- El caso Diandino Peña
El Ingeniero Diandino Peña fue separado de su cargo de Director de la OPREP, luego de la publicación del trabajo de investigación periodística de Alicia Ortega, el cual, entre otras cosas, demostraba que Peña hizo una declaración patrimonial de bienes que solo incluía el ingreso de los RD$150,000 que ganaba en la referida Oficina y afirmaba que no tenía ninguna empresa ni propiedades.
La reconocida periodista, en una investigación con los Papeles de Panamá, demostró que Diandino Peña había creado 19 empresas a nombre de familiares y socios, las cuales habían recibido contratos en la construcción del Metro de Santo Domingo por miles de millones de pesos. El Presidente se limitó a destituir a Peña. En noviembre, en su programa El Informe, Alicia Ortega presentó pruebas de que el Zar del Metro había otorgado contratos sin licitación a su hijo, yerno, ex esposa, amigos de la infancia y a él mismo, por más de RD$4,600 millones de pesos, violando de manera grosera la Ley de Compras y Contrataciones No. 340-06. Este caso va por el mismo camino de impunidad, como todos los que involucran a funcionarios del gobierno.
1.6.- El malecón de Nagua
Otra investigación periodística, sacó a relucir un caso del 2010. El malecón de Nagua. Una obra que se licitó por RD$499 millones de pesos y que luego, mediante adendas fue llevada a RD$1,600 millones. La obra fue adjudicada por la OISOE al Ingeniero Carlos Ozoria, demostrado socio del director de esa entidad, el Ingeniero Félix Bautista. Siete años después, el Municipio de Nagua sigue sin Malecón, a pesar de que se erogaron RD$499 millones de pesos.
1.7.- La mafia criminal de la OMSA.
Este escándalo conmovió profundamente a la sociedad dominicana por la mezcla de corrupción, mafia y crimen que actúa impunemente desde el Estado. El cadáver aparecido en un rio involucró al director de la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses, OMSA, quien está preso junto a otros personeros de esa oficina, acusados de secuestrar y dar muerte al abogado Juniol Ramírez para evitar que éste denunciara los escandalosos manejos de funcionarios que robaban centenares de millones al Estado a través de la reparación o compra de autobuses. Ya en el 2013 salían en la prensa denuncias de corrupción en la OMSA. Participación Ciudadana la incluyó en su libro: Corrupción sin Castigo. Tuvo que morir un ser humano para que el Presidente, casi 5 años después, desvinculara de la dirección de esta institución al ingeniero Manuel Rivas, acusado de ser el autor intelectual del asesinato.
1.8.- El escándalo de los equipos de la Junta Central Electoral.
En el mes de noviembre, la Junta Central Electoral dio a conocer un Informe, elaborado por el equipo técnico de su Gerencia Informática sobre los equipos que, en contra de todas las recomendaciones y con un concurso muy cuestionado, fueron adquiridos por Roberto Rosario para la automatización de las elecciones del 2016. El proceso estuvo cargado de irregularidades y denuncias, pero frente a todo el rechazo se impuso la voluntad del entonces presidente de la JCE, y gastó más de 1,889 millones de pesos en equipos que llegaron muy tarde, no se pudo entrenar al personal y, lo peor, por primera vez el proceso de cómputo electoral estuvo en manos de una empresa privada sin que el país lo supiera. El resultado es que todavía se deben más de 13 millones de dólares, los equipos están en un costoso almacén privado y los técnicos de la JCE recomiendan que no sean utilizados en el 2020 porque no ofrecen confianza.
El 18 de Julio del 2016, Participación Ciudadana, en su último Informe (Sexto) de Observación Electoral, decía “Corresponde ahora a la JCE rendir cuentas al país sobre el fracaso de esta enorme inversión realizada y reclamar las responsabilidades que sean pertinentes a la empresa contratada para suministrar los referidos equipos. Por igual la Cámara de Cuentas y el Ministerio Público deben iniciar investigaciones para determinar si las irregularidades cometidas comprometen la responsabilidad penal de cualquier persona”.
1.9.- Fraude millonario en los precios de paridad de importación del gas licuado
Participación Ciudadana observa con mucha atención la denuncia realizada recientemente con relación a resoluciones del Ministerio de Industria y Comercio sobre los precios de paridad de importación de gas licuado de petróleo. Ahora sabemos que el pueblo ha estado pagando entre 20 y 23 pesos de más en el precio del gas y se pretende dejar esto sin establecer responsabilidades en este descomunal fraude que encareció desproporcionadamente un producto fundamental.
Al comenzar el 2013, el componente flete de la fórmula de precio de paridad para la importación de gas licuado de petróleo era de US$135.50 por tonelada métrica, pero en enero la Resolución 07 firmada por el ministro José del Castillo Saviñón, lo elevó a US$185.50. Pero al mismo tiempo lo establece en US$205.50, a partir del 6 de julio del mismo 2013, y a US$215.50 desde el 4 de enero del 2014, y finalmente a US205.50 desde el 3 de enero del 2015. Todavía más, la Resolución 365 BIS del 30 de diciembre del 2015, lo lleva a su mayor nivel, US$225.50 por tonelada métrica.
En síntesis, que de US$135.50, dos resoluciones, la primera de tres tramos, el precio fue elevado en 90 dólares por tonelada métrica. Recientemente, buscando más recursos para paliar los déficits fiscales, el Ministerio de Hacienda “descubrió” que los importadores de gas se estaban engullendo, a costa de los consumidores, desde luego, entre 2,500 y 3,000 millones de pesos anuales, que ahora, en vez de devolverlos al precio de venta del gas, serán retenidos por el fisco. Y los pobres importadores de gas seguirán con un negocio rentable. Eso quiere decir que en casi cinco años, esos dichosos empresarios fueron “ayudados” con una suma que oficialmente fluctúa entre 10,000 y 15,000 millones de pesos. Y todavía expertos independientes estiman que habría sido el doble. Se duda que sólo se lucraran los empresarios.
Continuará mañana + https://acento.com.do/2017/opinion/editorial/8518401-balance-del-2017-participacion-ciudadana-iii/
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