ANÁLISIS DE LOS ANUNCIOS DEL PRESIDENTE DANILO MEDINA Y COMPARACIÓN CON LAS CIFRAS REALES EN MATERIA DE EMPLEO, SALARIOS, POBREZA Y PENSIONES
Por: Matías Bosch Carcuro | Edgar García Cabrera | Airon Fernández
28 de febrero de 2019
Por: Matías Bosch Carcuro | Edgar García Cabrera | Airon Fernández
28 de febrero de 2019
I.
¿Se ha dignificado los empleos y disminuido la pobreza?
El Presidente
Danilo Medina ha declarado que “del 2012 hasta finales del 2018, se han creado unos
770,000 nuevos ocupados netos” y que la pobreza se ha reducido al 23%, lo que
implica “sacar a más de un millón y medio de personas de la pobreza”.
Sobre este punto, de acuerdo con las cifras que
aporta el Banco Central (entidad que oficialmente lleva las estadísticas de
esta materia), entre 2014 y 2017 se crearon 380,608 nuevos puestos de trabajos,
de los cuales el 47% se crearon en condición de informalidad (sin considerar el
crecimiento de la población económica activa). De hecho, en el año 2017 se crearon 121,066 puestos de trabajo, de los
cuales el 66.7% fue en la informalidad. Más aún, la informalidad en el mercado
de trabajo dominicano creció de 2016 a 2017, situándose en un 59%.
En cuanto a los salarios, con datos de 2017, podemos asegurar que el 60% de los ocupados
perceptores de ingresos (formales e informales) percibían un ingreso promedio
de RD$11,734, lo que significa que ese
60% de dominicanos estaban viviendo con ingresos por debajo del costo de la
canasta familiar más baja, calculada en RD$13,346. Asimismo, el 80% declaró percibir, en promedio, un
ingreso menor a RD$17,000, muy por debajo del costo de la canasta media,
valorada en RD$23,422. Es decir, la
inmensa mayoría de la población dominicana que trabaja gana mucho menos de lo
que necesitaría para subsistir.
Hay casos como el turismo, sobre el
cual el Presidente afirma que “no hay otro sector que dinamice más la economía y
cree más empleos directos
e indirectos”. Pues bien, en ese sector en 2018 la informalidad del empleo alcanzó
el 48.7% y el
“salario mínimo legal” más alto, de las empresas más grandes, apenas llega a
los RD$10,355, siendo el sector que paga salarios más bajos.
Sobre esta
base es que se puede hablar de cambios reales en las cifras de pobreza.
Si se
considera la línea oficial de 2016 cifrada en RD4,644 mensuales por persona en
cada hogar, de acuerdo con el ingreso
laboral de los dominicanos y dominicanas, descontando las remesas, las
transferencias y ayudas del Estado así como otros ingresos extras, el 47% de los dominicanos vive por debajo
de la línea de pobreza, que en realidad podría calificarse de miseria. Y si
se considerara una línea de pobreza hipotética de RD$6,925 por persona al mes, el 59% de la población se ubica por debajo
de dicha, en base al ingreso laboral.
Asimismo, resulta alarmante que el Presidente de la
República anuncie la “dignificación de los salarios de los servidores
públicos”, señalando que a partir de abril aumentará el salario mínimo del sector público de 5,117 pesos a
10,000 pesos; mientras que los salarios de 10,000 a 20,000 pesos recibirán un incremento
del 10%. Fundamentados en los datos antes mencionados, eso quiere decir que el
aumento de quienes peor ganan no alcanzará para cubrir la canasta familiar más
baja, mientras otros no alcanzarán el nivel de la canasta media. Las mejoras salariales, tal como se
anuncian, podrán ser más dinero en el bolsillo de las personas y eso es bueno, pero
no significarán una “dignificación” que permita alcanzar los niveles mínimos de
subsistencia de los empleados públicos y sus familias, ni cumplir con los
preceptos de la Constitución en materia de justicia salarial.
Resulta llamativo que en relación
con los salarios de los bomberos, por citar un ejemplo, el presidente de la
República informó al país que ha sostenido diálogos “para establecer un nuevo esquema de compensación
salarial, orientado a asegurar la justicia y equidad”. Este “esquema”,
de acuerdo a las palabras del presidente, establecería “salarios dignos y
equitativos, pago de Regalía a final de año y beneficios de la Seguridad
Social”.
Resulta
impensable que se presenten al país “beneficios” para estos servidores públicos
que no son más que aquellos que por el derecho al trabajo y a la seguridad social
establecidos en nuestra Constitución, forman parte de los derechos básicos que
todos deberían tener garantizados. Es decir, no se trata de “beneficios” ni
mucho menos de privilegios o concesiones, y más bien ha sido admitir cómo en el
país se violan las normas laborales incluso en las propias instituciones del
Estado. Por algo el artículo 5 de la
Constitución nos indica que este instrumento de supremacía normativa se
fundamenta, precisamente, en el respeto a la dignidad humana.
Por último, llama poderosamente la atención que se
hable de poner en marcha un “Programa Primer Empleo, en alianza con el sector
privado” y que “mediante este programa, unos 5,000 jóvenes, especialmente
mujeres, se incorporarán por primera vez
al mercado laboral y obtendrán capacitación
técnica en sus
puestos de trabajo”.
Una cantidad de 5000 jóvenes es prácticamente
insignificante ante una población económica activa en edades entre 15 y 39 años
que ronda los 2.5 millones de personas, y se ha estimado hasta en 700,000 los
jóvenes entre 10 y 34 años que ni estudian ni trabajan. Específicamente en
cuanto a las mujeres, menos de la mitad de ellas en edad de trabajar (49%) se
encuentran participando activamente de la economía, y el 51% de estas genera
ingresos por debajo de la pobreza laboral. ¿Qué representarán 5000 eventuales
puestos nuevos en esta cruda realidad?
De igual modo, aunque el Presidente Medina señale
que en contrapartida el empresariado se compromete a mantener estos jóvenes en su nómina al menos por dos años,
sería importante que el país conozca debidamente las condiciones de derechos
laborales a las que se verán sujetos esos jóvenes, en una figura que no existe
en el Código de Trabajo y la experiencia dicta que el gran empresariado ha buscado
con el concepto de “Primer Empleo” contar con una fuerza de trabajo vulnerable
y precaria, como también se ha visto en experiencias de otros países.
II.
¿De
qué se trata reformar el Código de Trabajo y construir “consensos”?
El presidente de
la República planteó que “En las últimas semanas se ha retomado con
fuerza el diálogo
entre gobierno, empresarios y sindicatos en torno a la actualización y
modernización del Código de Trabajo. Se ha avanzado
como nunca en la búsqueda
de consensos y confiamos en que, muy pronto, podremos estar presentando ante
esta Asamblea un nuevo código”.
Es curioso que desde
el Poder Ejecutivo se invite a una modificación del Código de Trabajo cuando la
mayoría de los trabajadores dominicanos ni siquiera han podido gozar de muchas
de las conquistas del Código de Trabajo vigente. En nuestro país no se conocen los datos sobre negociación colectiva; no
se tiene acceso a datos que demuestren el cumplimiento de la participación en
las ganancias de las empresas; y mucho menos se protege la sindicalización, cuestión
básica para el verdadero diálogo y la paz laboral, así como para generar
salarios y condiciones decentes de trabajo, según toda la evidencia nacional e
internacional.
La sindicalización que apenas alcanza un 6% de la
clase trabajadora, indica que el Ministerio de Trabajo y la institucionalidad
no actúan de manera coherente con los discursos periódicos del Presidente ni
cumplen con el mandato que les dicta la Constitución y las leyes, pues los
derechos fundamentales de los trabajadores no están protegidos.
¿Acaso tiene
sentido hablar de bienestar o de proteger a la población trabajadora si la
institucionalidad no funciona, si el Código de Trabajo es violado
sistemáticamente, los salarios se discuten entre cuatro paredes bajo un
mecanismo de dudosa calidad democrática, y
existen más de 22 salarios mínimos legales, que permiten a la clase patronal
usar el salario siempre como "factor de ajuste", de los cuales sólo
dos superan la canasta familiar promedio?
La desigualdad y
asimetría entre los actores patronales y laborales, y el carácter cerrado con
que se suelen realizar estas discusiones, obliga a preguntarse por la calidad
del consenso que se está buscando. Se trata, entonces, de una serie de
negociaciones desconocidas por la mayoría de los trabajadores dominicanos y un
sistema cerrado de toma de decisiones, contrario al espíritu de la ley ¿Cuál ha
sido la postura del Comité Nacional de Salarios de cara a una eventual
modificación del Código? ¿Cuáles nuevas “conquistas” serán incluidas en esta
nueva normativa? El país necesita
garantías de que no se impondrá la lógica del gran empresariado, al cual se le
ha ofrecido desde hace años un statu-quo
donde sus intereses no se vean afectados.
Por último se puede
afirmar, que si no se cambia el Modelo económico improductivo, importador,
rentista y precarizante del trabajo; si no se construye un auténtico Pacto
Laboral y Productivo, orientado a una economía que genere valor, con empleos
dignos, derechos garantizados, salarios decentes y una institucionalidad que
funcione, nada realmente sustantivo va a cambiar. Asimismo, es inaplazable que el país cuente con
aumento justo y general de salarios y se llegue a un consenso sobre un salario
mínimo decente nacional.
III.
¿Se ofrece un cambio de fondo en el sistema de
pensiones?
Por último, llama poderosamente la
atención que el Presidente Medina anunciara “la esperada reforma de la Ley de Seguridad Social”
diciendo que la misma “será un hecho” y en el día de ayer envió al Congreso “la
ley para la mejora de la cobertura de la seguridad social”. Según el proyecto
enviado, se sustituirá las dos comisiones que cobran las AFP por una única comisión
de 1.4% sobre “los saldos”.
Resulta
incomprensible que mientras se ha estado discutiendo desde la pasada
legislatura una eventual modificación a la Ley No. 87-01, en un proceso de
consultas y debates abiertos con los distintos sectores en la Comisión se
Seguridad Social del Senado, el Presidente
sorprenda al país con un proyecto ya redactado desde el Poder Ejecutivo. Ante
este hecho, cabe traer a la memoria que representantes de varias instituciones
gubernamentales se ausentaron de
sesiones de la Comisión a las cuales fueron debidamente invitados.
Por lo
tanto, queda la interrogante de cómo el Presidente presenta un proyecto cuando la Comisión senatorial a cargo del tema está
aún en el proceso de crear los consensos básicos sobre el tema, y surge la
duda sobre con quién y mediante qué proceso de diálogo el Poder Ejecutivo ha
llegado a la elaboración de este documento que sin aviso previo se anuncia ante
la Asamblea Nacional.
Se debería tomar en cuenta qué papel están jugando en
este escenario las AFP, que ya administran una cantidad de recursos superior el
11% del PIB y son acreedores de deuda pública en más de 324 mil millones de pesos (a
marzo de 2018). Esto ciertamente les da un inmenso poder económico y
político, y podría también haber incentivos a que el Gobierno busque con afán reducir
lo que las AFP cobran y se ganan producto del endeudamiento público, que en
total ya ronda el 50% del PIB.
Finalmente,
haciendo una estimación en base a la comisión
de 1.4% sobre los fondos de pensiones, propuesta por el Presidente, y
considerando los fondos existentes hasta diciembre de 2017, ascendentes a 407,903.8
millones de pesos, aun así las AFP hubiesen obtenido ingresos de 5,710.7
millones de pesos sólo en ese año que, comparados con los ingresos que
efectivamente obtuvieron gracias a las comisiones actuales, representarían una reducción sólo de un 24.3%, es decir de 1,835.7
millones de pesos. Como se ve, se trata de mucho menos que lo que podría
imaginarse al escuchar que las comisiones se rebajan del 30% al 1.4%. Una
de las claves para entender esto, está en que aunque el número parezca mucho
menor, ya la ganancia no será sobre la rentabilidad de los fondos, sino sobre
la totalidad de sus saldos.
Vale destacar que el patrimonio de
los fondos de pensiones crece año tras año, por ejemplo ya para marzo de 2018
ascendían a 424,694.8 millones de pesos,
casi 17 mil millones más que en
diciembre de 2017, apenas en tres meses. Por lo tanto, con una comisión
fija sobre el patrimonio de los fondos de pensiones que crecen como una bola
nieve, los ingresos y ganancias de las AFP, si bien podrían ser menores
comparados con la actualidad, estarán en
continuo crecimiento conforme crezcan los fondos de pensiones. Estimamos que con una comisión de 0.85, ya
para el 2033 las AFP prácticamente igualarían los ingresos que obtuvieron en
2017 con las comisiones actuales, más de 7500 millones de pesos, para luego
obtener ingresos comparativamente mayores en los próximos años.
Esto supone un negocio aún más seguro y libre de riesgo para las AFP, constituyendo una trampa en beneficio de estas
megaempresas y que, por supuesto, no resolverá para nada la crisis del sistema
de pensiones.
Frente a los montos que se seguirán
ganando las AFP, el monto ofrecido ayer para las “pensiones solidarias” resulta
pírrico, y mientras los fondos de pensiones sigan siendo un negocio financiero no podrán incluir a la población que
necesita la cobertura ni ofrecer pensiones dignas, ni siquiera a las personas
que según la ley debería tener derecho a la supuesta “pensión solidaria”. Otro
caso dramático es el de los pensionados públicos, al cual se les ha estado
pagando pensiones por debajo del monto establecido, violando la Ley No. 379-81 y afectando
a más de 60 mil personas.
Cambios como el propuesto el día de
ayer, que solo hace menos escandalosa la
forma de ganar dinero de las AFP, no surgen de ningún diálogo social ni
análisis técnico conocido y consensuado. Más bien estas propuestas ya habían sido lanzadas por las propias AFP y por voceros
de este modelo de capitalismo salvaje, y se han aplicado en otros países
con rotundo fracaso.
Podemos asegurar que la modificación propuesta a la comisión que
obtienen las AFP es un subterfugio para no cambiar en nada sustancial el
cuadro que se ha pronosticado por distintos organismos nacionales e internacionales:
mantener las ganancias exorbitantes de las AFP, sangría de cuantiosos recursos
públicos a costa de los impuestos, pensiones de miseria para la gente, y un
modelo mercantilista en lugar de verdadera protección social. Esto perpetuará
la vulneración de los Derechos Fundamentales, de la Constitución, y seguirá atentando
contra el bienestar y la paz social, mientras
casi todos los países que han padecido este modelo lo han revertido y
transformado a fondo, tal y como recomienda el último informe de la OIT sobre
el tema.
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