SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
Fondo evitaría que clínicas cobren a pacientes para internarlos
Sustentación. Propone que el fondo tenga un tope mínimo de 20 millones de pesos y un máximo de 100 millones.
Wanda Méndez
wanda.mendez@listindiario.com
Santo Domingo, RD
El abogado Enmanuel Esquea Guerrero planteó ayer la creación, por ley, de un fondo de garantía, a fin de resolver el problema causado por el cobro de un anticipo que exigen las clínicas a los pacientes para poder ingresarlos.
Propone que el fondo tenga un tope mínimo de 20 millones de pesos y un máximo de 100 millones, que sería manejado por la Superintendencia de la Seguridad Social, a través de una cuenta que se denominaría fondo de garantía.
Sugirió que ese fondo se nutra del pago de la prima del seguro médico que hacen las empresas, aumentándole el porcentaje que sea necesario mediante un impuesto.
“Que se le añada alguna suma (a la prima) para que pueda constituir un fondo, que este se pueda mantener”, enfatizó.
Explicó que para crear ese fondo de garantía será necesario hacer una pequeña modificación a la ley de la seguridad social. Argumentó que se instituya por una suma determinada, ya que ella misma se va generando, porque al depositar el dinero en una cuenta del Estado, también producirá un interés. Según la propuesta del jurista, cuando el fondo baje del mínimo se comienza a cobrar, pero cuando pase del máximo, se suspende.
“Así la salud se preservaría y las clínicas no perderían”, consideró.
Precisó que se debe usar solo cuando un paciente excede el pago del monto que su seguro médico está llamado a cubrir y no tenga recursos para pagar el servicio en la clínica, tras puntualizar que se debe entender que los centros médicos tienen costos. “Para la clínica activar ese fondo tiene que iniciar un procedimiento de cobro y si eso no funciona, se activa el fondo de garantía, no es automáticamente a todo el mundo, la clínica tiene que hacer un esfuerzo por cobrar y si la persona realmente es insolvente, se activa el fondo de garantía”, explicó.
Indicó que a cada empleador se le cargaría la prima en la factura que se le envía de lo que le corresponde pagar por el seguro médico de sus trabajadores.
“Y se mantiene con un colchón, nunca menos de 20 millones ni más de 100”, recalcó.
Esquea Guerrero hizo la propuesta mediante un twit, y luego la amplió a Listín Diario, en entrevista por teléfono.
“El problema del cobro anticipado en las clínicas, podría eliminarse con la creación de un fondo de garantía que cubriera la diferencia entre la factura y la póliza del seguro”, escribió en su cuenta de Twitter.
Caves Quejas Decenas de pacientes se han quejado por el depósito que exigen las clínicas previo a brindar atenciones médicas.
Mientras, el presidente de la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Pri-vados (Andeclip), doctor Rafael Mena, explicó que el cobro de un de-pósito para el ingreso en una clínica privada va dirigido a pa-cientes que no están ase-gurados o que la ARS afi-liada no tiene contrato con ese centro de salud.
Mediante resolución, la Silsaril prohibió pagos por concepto de anticipos o depósito como garantía por los servicios de atención médico-qui-rúrgicos, ni que se niegue el servicio por no realizar dicho pago.
«estamos frente a una acción sin precedentes de incuestionable trascendencia. El caso debería convertirse en un parteaguas para dejar atrás las desfasadas y dañinas prácticas de aprobación presupuestaria automática que han prevalecido en el pasado.» https://t.co/oOylJITRAk
Las sentencias del Tribunal Constitucional se han venido cumpliendo. No obstante, su negativa en septiembre pasado a declarar inconstitucional lo establecido por la Constitución respecto a la reelección presidencial podría ser sobreseída por una modificación constitucional que permita otra repostulación del presidente Medina. Habría que ver, por tanto, si existe un bajadero similar contra una sentencia que acoja las dos acciones en inconstitucionalidad presentadas recientemente por Conciencia Nacional (CN), un prestigioso núcleo de la sociedad civil En ambos casos los bajaderos equivaldrían a una grave degradación de la institucionalidad democrática.
Las dos instancias citadas persiguen el objetivo de forzar al gobierno a respetar la Constitución. La primera, presentada el 20 de diciembre pasado, solicita al TC declarar la “nulidad de la Ley 61-18 de Ingresos y Gastos Públicos” “en razón deque la aprobación de la misma, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se llevó a cabo en franca violación de los artículos 2, 93 y 98 dela Constitución, así como de los reglamentos que norman la aprobación de leyes declaradas de urgencia, las cuales deben ser conocidas en sesiones consecutivas de Asambleas Extraordinarias que deben celebrarse en días distintos a las Asambleas Ordinarias y no el mismo día como ocurrió con la Ley del Presupuesto.”
La segunda instancia solicita al TC la declaración de nulidad de la Ley 64-18 de Emisión de Bonos “que autoriza al Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda a la emisión y colocación de valores de deuda pública,” “en razón de que la aprobación de la misma, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, se llevó a cabo en franca violación de los artículos 2, 93 y 98 de la Constitución.”Esto así porque su texto debió ser conocido “en sesiones consecutivas de Asambleas Extraordinarias a celebrarse en días distintos a las Asambleas Ordinarias y no el mismo día.”
“Asimismo la Ley 64–18 fue aprobada en violación al “Principio de Razonabilidad” consagrado en el Artículo 40 Numeral 15 de la Constitución y, además, contraviniendo el “Principio de Indelegabilidad” consagrado en el Artículo 4 de la Constitución que establece de que los tres poderes del estado “son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones estableciendo, además que “sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones”, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución y sus leyes.”
Resulta evidente que los señalamientos de CN son pertinentes y de robusto asidero jurídico. En la acción en inconstitucionalidad no se cuestiona las disposiciones específicas de las leyes aprobadas al vapor. Lo violatorio es el procedimiento utilizado: ambas cámaras del Congreso desconocieron las claras disposiciones de la propia Constitución relativas a la manera en que deben conocerse y aprobarse las leyes. Y, al promulgar las leyes más arriba citadas, el Poder Ejecutivo se hace cómplice de ese dislate jurídico, cuando lo que debió hacer fue observar las mismas para someter al Congreso al cumplimiento constitucional.
Mas allá de las complejidades jurídicas del caso, estamos frente a una acción sin precedentes de incuestionable trascendencia. El caso debería convertirse en un parteaguas para dejar atrás las desfasadas y dañinas prácticas de aprobación presupuestaria automática que han prevalecido en el pasado. Debería ser una lección asimilada por los congresistas de que no pueden festinar el manejo interno de los proyectos de ley sin referencia a las disposiciones de la Constitución y de sus propios reglamentos internos. Aun cuando el gobierno de turno tenga mayoría en ambas cámaras, los procedimientos establecidos deben respetarse al pie de la letra. Esas disposiciones están ahí porque son las que garantizan el debido proceso democrático y no pueden soslayarse en aras de esconder negligencias perezosas de parte de los responsables, tanto en las cámaras congresuales como en el Poder Ejecutivo.
Habrá algunos que no otorguen mayor importancia a estas cuestiones procedimentales. Argumentaran que lo más importante es la responsabilidad fiscal, es decir, el cumplimiento por parte del Ejecutivo de las disposiciones de la Ley de Presupuesto General del Estado. Eso no solo implica que se ejecuten las asignaciones presupuestarias tal y como aparecen en la Ley, lo cual ha sido tradicionalmente ignorado por todos los gobiernos, sino que también deberán cumplirse aquellas disposiciones relativas a las transferencias de fondos de un renglón a otro, sometiendo los presupuestos complementarios a tiempo y de manera correcta. Y, lo más importante de todo, el Ejecutivo deberá ceñirse a lo dispuesto por la Ley y no incurrir en déficits que desguañanguen las finanzas públicas.
Hace años que se propuso una Ley de Responsabilidad Fiscal para corregir algunos de estos recurrentes entuertos. El CREES la propuso en el 2012 porque el establecimiento de reglas generales y requerimientos estrictos de información “ayuda a sanear y transparentar el proceso de presupuesto, mejorar la calidad del gasto público, controlar el nivel de endeudamiento, y además, provee un marco para que los hacedores de políticas públicas puedan considerar los efectos de sus decisiones en el largo plazo.” (http://www.crees.org.do/es/art%C3%ADculo/ley-de-responsabilidad-fiscal-una-propuesta-para-la-rep%C3%BAblica-dominicana) Los actuales sistemas de planificación y seguimiento del Ministerio de Economía no necesariamente conducen a la observación de las reglas que impondría la ley propuesta.
Lo anterior revela que, en materia presupuestaria, el Estado tiene una gran agenda que agotar. No por eso, sin embargo, debe restársele importancia a la materia procedimental que ha traído a la luz pública la acción en inconstitucionalidad de CN. Al final de cuentas, si se observaran los procedimientos establecidos –tanto en cuanto a la planificación, formulación y ejecución presupuestaria—las finanzas públicas fueran más congruentes con los fines de la política pública. Debemos pues estar atentos a lo que suceda con la acción de CN porque de ello dependerá, en gran medida, que se profundice el proceso de saneamiento de las finanzas públicas.
A petición del Poder Ejecutivo, el TC celebrara la primera audiencia sobre el caso de CN el próximo día 25 de los corrientes. Lo más probable es que, en vista de la trascendencia del mismo, el TC lo deje en estado de fallo. Pero las disposiciones vigentes establecen que deberá fallarlo en un plazo no mayor de 40 días. ¿Qué pasará si da ganancia de causa a CN? ¿Estaría el gobierno obligado a someter el presupuesto nuevamente al Congreso? ¿Cuáles son las consecuencias para la venta de bonos soberanos? La trascendencia de las cuestiones apuntadas por Conciencia Nacional deberá mantener al país y al gobierno en vilo esperando el desenlace. Ojalá no se busquen bajaderos que nos fuercen a seguir zambullidos en el pantano de la precaria institucionalidad. https://acento.com.do/2019/opinion/8662016-la-constitucion-burlada/
SANTO DOMINGO.- Conciencia Nacional, un nuevo movimiento ciudadano apartidista, informó que ha notificado por acto de alguacil al Presidente de la República y otros siete funcionarios, sobre el depósito en el Tribunal Constitucional de una acción de inconstitucionalidad de la Ley 64-18, que autoriza al Poder Ejecutivo a emitir y colocar valores de deuda pública para financiar el Presupuesto del año 2019.
Esta acción fue presentada por los miembros de Conciencia Nacional actuando “intuito personae”: Eulogio José Santaella Ulloa, Leopoldo Andrés Franco Barrera, Federico Lalane José, Jaime Fernández Quezada, Chery Jiménez Alfau y Emmanuel Esquea Guerrero.
En adición al Presidente de la República la notificación fue hecha al Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, al Ministro de Hacienda, al Director General de Presupuesto, al Tesorero Nacional, al Director General de Crédito Público,al Superintendente de Valores y al Procurador General de la República.
En el acto de alguacil se les exigen privarse de emitir y colocar los valores de deuda pública autorizados por esa Ley, ya que “los mismos serían nulos de acuerdo a lo dispuesto por el Art. 64 de la Constitución”.
Los accionantes indican que “en caso de ignorar esta advertencia se harían pasibles de las sanciones establecidas por el Artículo 114 del Código Penal, que sanciona los actos contra la Constitución; el Art. 47 sobre Crédito Público; el Art. 78 de la Ley Orgánica N° 423-06 sobre Presupuesto para el sector público; el Art. 84 de la Ley N°41-08 sobre Administración Pública así como otras disposiciones legales”.
Conciencia Nacional exhorta a la ciudadanía a exigir al Gobierno que sus actuaciones se ajusten a lo establecido en la Constitución y las leyes y a parar su desenfrenada política de endeudamiento, que ya en el pasado provocó la pérdida de la Soberanía Nacional. https://almomento.net/notifican-al-presidente-y-funcionarios-nuevas-deudas-son-inconstitucionales/
El reconocimiento de la JCE a Opcion Democratica es declarativo no constitutivo. Su derecho fue adquirido al amparo de la vieja ley. (Como se le negó arbitrariamente el TC fallo a su favor). Por eso no tiene que ir solo a las elecciones del 2020!
Movimiento Conciencia Nacional busca conformar gobierno de unidad nacional en el 2020
| Fundadores: @EmmanuelEsquea @EulogioSantael Federico Lalano José y Leopoldo Franco Barreras
El comité gestor del
Movimiento Conciencia Nacional anunció ayer que aunará esfuerzos para crear un
frente opositor que pueda sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana
(PLD) en las elecciones de 2020, y así constituir un gobierno de unidad
nacional verdaderamente democrático.
La información la
ofrecieron el doctor Enmanuel Esquea Guerrero, el ingeniero Eulogio Santaella,
el licenciado Federico Lalane y el arquitecto Leopoldo Franco durante un
encuentro en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, en el que
destacaron los problemas que enfrenta la sociedad dominicana por la debilidad
institucional y la corrupción.
Entre las
motivaciones que llevan a estos ciudadanos a crear este grupo apartidista se
citan la existencia de una cultura de corrupción e impunidad que socava las
bases de la convivencia civilizada, la falta de control en el manejo de los
recursos públicos, la persistencia de un modelo clientelar y patrimonial en el
manejo del Estado, y la falta de independencia del Poder Judicial.
Ante esas
debilidades el movimiento expresa que la democracia dominicana requiere del
contrapeso de los poderes públicos, “y de una postura ciudadana decidida y
coherente, con sentido de responsabilidad y conciencia de nación”.
“El descontrol
migratorio es una de múltiples facetas de la corrupción endémica que el
gobierno enfrenta”.
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La consideración es
del ingeniero Eulogio Santaella, quien abogó por mayores controles y aplicación
de la ley. Del tema también habló Enmanuel Esquea, quien manifestó que a pesar
de las normas para regular la migración, en el país no se aplican.
Dijo que hay una
especie de caos sobre el tema de la migración que solo se resuelve con una
política definitiva para evitar el tráfico de personas y el contrabando para lo
cual se pagan sobornos en la frontera.
“Se ha hablado de
toda un maquinaria y una estructura; ese es un negocio que el gobierno conoce y
no combate porque muchos funcionarios están participando en este, que implica
tráfico de personas, armas, mercancías y drogas”, expresó Esquea.
Afirmó que el
gobierno que surja debe aplicar las leyes claras y enmendar los entuertos que han
surgido a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 y la Ley
169-14.
Sostuvo que se debe
crear un verdadero plan regulatorio para la migración, a través del cual, sin
cometer excesos y abusos, se establezca una real política de migración.
El ingeniero Eulogio
Santaella consideró que el asistencialismo del Gobierno, a través de sus
programas sociales, no puede verse como un elemento invencible en un torneo
electoral, porque a pesar de las ayudas la gente sigue sufriendo múltiples
carencias.
Al hacer la
afirmación expresó que diariamente se ven en los medios de comunicación los
reclamos, de los mismos que son favorecidos con las ayudas, para que se les
dote de agua potable, electricidad o caminos vecinales.
“Si nosotros hacemos
el inventario de las tarjetas dirigidas a los menos favorecidos de la sociedad
deberíamos decir que no vamos a hacer oposición, porque ganaría el candidato
que apoye el Gobierno.
“Demostrar que el
asistencialismo es el factor invencible es demostrar que no estamos preparados
para participar en la lucha al lado del pueblo”.
En ese contexto
Santaella consideró que si el grupo al que pertenece quiere captar a la
población que vive del asistencialismo “tenemos que ir a participar con ellos,
para comprometernos con sus luchas y sus reclamos”, destacó.
De sus 73 años de
vida, Emmanuel Esquea Guerrero duró 53 militando en un partido político. Sin
embargo, ahora entiende que la vía para cambiar el estado de cosas en República
Dominicana no está en su militancia en un partido específico, sino en una
especie de unión de diferentes organizaciones sociales y políticas, capaces de
enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que ya tendrá casi 20
años gobernando, aunque no de manera consecutiva.
Pero, como es
sabido, esta fórmula no es nueva y en el torneo electoral más reciente hubo un
grupo llamado Convergencia por un mejor país que lo intentó y no alcanzó el
objetivo que se propuso.
Por eso aprovechamos
la participación, en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio,
del Doctor Esquea, quien estuvo acompañado de otros tres miembros del Comité
Gestor del Movimiento Conciencia Nacional, nombre de su iniciativa, para
preguntarle qué sería diferente en esta ocasión.
Al respecto,
adelantó que la fórmula del éxito estará en lograr un solo candidato
presidencial, a diferencia de lo qué pasó en las elecciones pasadas. ¿Cómo
hacerlo? A continuación Esquea Guerrero explica su nuevo proyecto.
Video: Emmanuel
Esquea Guerrero presenta una nueva propuesta política
…..
Enmanuel Esquea Guerrero presenta una nueva propuesta política https://youtu.be/fmHbvYU0v7w
El comité gestor del Movimiento Conciencia Nacional anunció ayer que aunará esfuerzos para crear un frente opositor que pueda sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) en las elecciones de 2020, y así constituir un gobierno de unidad nacional verdaderamente democrático. La información la ofrecieron el doctor Enmanuel Esquea Guerrero, el ingeniero Eulogio Santaella, el licenciado Federico Lalane y el arquitecto Leopoldo Franco durante un encuentro en el Almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio, en el que destacaron los problemas que enfrenta la sociedad dominicana por la debilidad institucional y la corrupción. Entre las motivaciones que llevan a estos ciudadanos a crear este grupo apartidista se citan la existencia de una cultura de corrupción e impunidad que socava las bases de la convivencia civilizada, la falta de control en el manejo de los recursos públicos, la persistencia de un modelo clientelar y patrimonial en el manejo del Estado, y la falta de independencia del Poder Judicial. Ante esas debilidades el movimiento expresa que la democracia dominicana requiere del contrapeso de los poderes públicos, “y de una postura ciudadana decidida y coherente, con sentido de responsabilidad y conciencia de nación”.
La propuesta deDanilo creando una comisión bicameral para conocer la ley de Partidos es para sacarla de la Cámara de Diputados (donde se rechazaría la primaria abierta) y para ganar tiempo!
“El descontrol migratorio es una de múltiples facetas de la corrupción endémica que el gobierno enfrenta”.
La consideración es del ingeniero Eulogio Santaella, quien abogó por mayores controles y aplicación de la ley. Del tema también habló Enmanuel Esquea, quien manifestó que a pesar de las normas para regular la migración, en el país no se aplican.
Dijo que hay una especie de caos sobre el tema de la migración que solo se resuelve con una política definitiva para evitar el tráfico de personas y el contrabando para lo cual se pagan sobornos en la frontera. “Se ha hablado de toda un maquinaria y una estructura; ese es un negocio que el gobierno conoce y no combate porque muchos funcionarios están participando en este, que implica tráfico de personas, armas, mercancías y drogas”, expresó Esquea.
Afirmó que el gobierno que surja debe aplicar las leyes claras y enmendar los entuertos que han surgido a partir de la sentencia del Tribunal Constitucional 168-13 y la Ley 169-14.
Sostuvo que se debe crear un verdadero plan regulatorio para la migración, a través del cual, sin cometer excesos y abusos, se establezca una real política de migración.
El ingeniero Eulogio Santaella consideró que el asistencialismo del Gobierno, a través de sus programas sociales, no puede verse como un elemento invencible en un torneo electoral, porque a pesar de las ayudas la gente sigue sufriendo múltiples carencias. Al hacer la afirmación expresó que diariamente se ven en los medios de comunicación los reclamos, de los mismos que son favorecidos con las ayudas, para que se les dote de agua potable, electricidad o caminos vecinales. “Si nosotros hacemos el inventario de las tarjetas dirigidas a los menos favorecidos de la sociedad deberíamos decir que no vamos a hacer oposición, porque ganaría el candidato que apoye el Gobierno. “Demostrar que el asistencialismo es el factor invencible es demostrar que no estamos preparados para participar en la lucha al lado del pueblo”. En ese contexto Santaella consideró que si el grupo al que pertenece quiere captar a la población que vive del asistencialismo “tenemos que ir a participar con ellos, para comprometernos con sus luchas y sus reclamos”, destacó.
De sus 73 años de vida, Emmanuel Esquea Guerrero duró 53 militando en un partido político. Sin embargo, ahora entiende que la vía para cambiar el estado de cosas en República Dominicana no está en su militancia en un partido específico, sino en una especie de unión de diferentes organizaciones sociales y políticas, capaces de enfrentar al Partido de la Liberación Dominicana (PLD) que ya tendrá casi 20 años gobernando, aunque no de manera consecutiva.
Pero, como es sabido, esta fórmula no es nueva y en el torneo electoral más reciente hubo un grupo llamado Convergencia por un mejor país que lo intentó y no alcanzó el objetivo que se propuso.
Por eso aprovechamos la participación, en el Almuerzo Semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, del Doctor Esquea, quien estuvo acompañado de otros tres miembros del Comité Gestor del Movimiento Conciencia Nacional, nombre de su iniciativa, para preguntarle qué sería diferente en esta ocasión.
Al respecto, adelantó que la fórmula del éxito estará en lograr un solo candidato presidencial, a diferencia de lo qué pasó en las elecciones pasadas. ¿Cómo hacerlo? A continuación Esquea Guerrero explica su nuevo proyecto.
Video: Emmanuel Esquea Guerrero presenta una nueva propuesta política
La República lunes, 26 de febrero de 2018
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UBICACIÓN SEDES Esquea Guerrero favorece se modifiquen leyes de TC y JCE
Wanda Méndez
Santo Domingo
El exconsultor jurídico del Poder Ejecutivo, Enmanuel Esquea Guerrero, sugirió la modificación de las leyes orgánicas del Tribunal Constitucional y de la Junta Central Electoral (JCE), en vez de reformar la ley que crea la provincia Santo Domingo para que las sedes de esos dos órganos queden en el Distrito Nacional.
Consideró que reformar la ley 5220-59, sobre los límites territoriales, que a su vez fue modificada por la ley 163-01, que crea la provincia Santo Domingo, conllevaría mutilar el territorio del municipio Santo Domingo Oeste y de la propia provincia, creando un conflicto mayor con las autoridades (senadora, gobernador, diputados, alcaldes, regidores, etc.) y con la ciudadanía de esas demarcaciones.
El exlegislador entiende que la solución ganar-ganar sería la modificación de las leyes números 275-97 y 137- 11 porque de ese modo no se viola la Constitución, se adecuan los textos legales a la ubicación real de esos órganos, y no se afecta la provincia de Santo Domingo ni el municipio de Santo Domingo Oeste.
Enfatizó que el prestigio de la autoridad no está en su sede sino en sus decisiones.
Empero, el jurista señaló que no hay dudas de que la modificación de la Ley 5220-59 podría corregir la diferencia entre su texto y los de las leyes 275-97, orgánica de la JCE, y 137-11, que crea el TC, pero consideró que podría generar conflictos.
Esquea Guerrero envió una carta al director del Listín Diario, Miguel Franjul, en la cual fijó su posición sobre la propuesta que hizo el diario, en su editorial del jueves 22 de febrero, de que sea revisada la ley 163-01, que creó la provincia Santo Domingo, para que las sedes de la JCE y del TC estén ubicadas en el Distrito Nacional, como establecen sus respectivas leyes orgánicas.
Esquea Guerrero expuso que, como señaló Listín Diario, el artículo 3 de la Ley 275-97 dispone que “La Junta Central Electoral tiene su asiento en la Ciudad Capital” y que el artículo 8 de la Ley 137-11 establece que “el Tribunal Constitucional tiene como sede la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional”. https://www.listindiario.com/la-republica/2018/02/26/504222/esquea-guerrero-favorece-se-modifiquen-leyes-de-tc-y-jce
SANTO DOMINGO.- El jurista y dirigente político opositor Emmanuel Esquea Guerrero dijo este viernes que no ve ninguna maldad ni tremendismo en el pedimento hecho por un legislador opositor de que el Congreso interpele al presidente Danilo Medina en torno al escándalo desatado por los sobornos de la empresa Odebrecht.
“Ahí no hay ninguna conspiración, porque eso lo establece la Constitución de la República”, dijo Esquea Guerrero durante una entrevista en el programa Enfoque Matinal, de NCDN, canal 37.
Señaló que corresponde a la Cámara de Diputados iniciar ese tipo de sometimiento, cosa que duda sea posible en la actual coyuntura, sobre todo siendo la hermana del primer mandatario: Lucia Medina, la presidenta de ese hemiciclo.
Guerrero piensa que si el presidente Medina no tiene ningún vínculo que ese escándalo lo ideal sería que fuera, no solo al Congreso, sino “hasta la peca y la meca”, con tal de defender y limpiar su imagen y reputación.
Sobre las contribuciones electorales de empresas extranjeras a partidos políticos locales, Guerrero dijo que la ley lo prohíbe además de que, se trata de una acción moralmente reprochable.
“Pero, obviamente aquí no se está investigando nada, porque ese procurador, Jean Alain Rodríguez, no tiene ningún interés en investigar nada, solo está dando traspiés, y no se ve que esté haciendo ninguna diligencia o tomando alguna iniciativa en procura de esclarecer esta situación, porque todo el mundo sabe que si él se atreve a investigar al presidente, al otro día lo destituyen del cargo”, comentó.
También considera que el procurador general de la República es pasible de ser sometido a la Justicia, por el delito de cohecho, por haber hecho un acuerdo con Odebrecht sin ser homologado por un juez, por medio del cual ya el Estado recibió 30 millones de dólares.
La empresa brasileña de la construcción habría destinado a sobornos en la República Dominicana unos 92 millones de dólares entre en el 2001 y 2014. http://www.7dias.com.do/portada/2017/03/10/i225943_esquea-guerrero-espera-mucho-del-procurador-caso-odebrecht.html#.WMbCTjvhDIU
