SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
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La historia de la República Dominicana está inseparablemente unida a la creación, desarrollo y actualidad de la Suprema Corte de Justicia (SCJ). Nadie puede comprender lo que es hoy el máximo órgano jurisdiccional del Poder Judicial de nuestro país sin conocer el viacrucis, como un Jesucristo colectivo, que ha padecido el pueblo dominicano.
Esos avatares de la colectividad nacional tienen un origen nada pacífico. Podemos remontarnos, para no ir más lejos, a los tres siglos de coloniaje español en esta isla. Esto es, desde que Cristóbal Colón pisó estas tierras, en el 1492, hasta que se hizo la intelección de la idea nacional, después del 1873, para coincidir con la afirmación del maestro Pedro Henríquez Ureña. Porque lo que hoy llamamos nación dominicana es un producto histórico muy tortuoso.
El más correcto concepto de nación sobrepasa el que establece que es el conglomerado humano que vive en un mismo territorio, con iguales costumbres e idioma, y sometido a una determinada autoridad. Hoy se requiere, para ser nación, que ese colectivo persiga los mismos fines, que tenga propósitos colectivos. Y si juzgamos a los dominicanos bajo este último criterio, podríamos dudar mucho que hayamos alcanzado la verdadera condición de nación.
Sabemos que todo intento de constituirse en una nación jurídica y políticamente organizada, o sea, en Estado, sin importar que esa nación sea pequeña o grande, débil o poderosa, en principio, requiere los tres elementos clásicos: la población, el territorio y la soberanía. Del territorio podría prescindir por algún tiempo, como lo hizo Israel, pero no así de la población y de la voluntad soberana. Esta última expresa la identidad nacional y la persecución de fines colectivos.
Y la creación de su Estado impone el establecimiento del aparato de administración de justicia, con su máxima instancia, que en nuestro caso ha sido la SCJ.
Para muchos que se forman juicios con un conocimiento vulgar, que es el que se adquiere sin método ni rigor científico, lo existente se ve como que siempre ha sido así. Esa forma del saber lleva a algunos a creer que siempre hemos tenido una SCJ como la actual. Y ese es un garrafal error.
La gran importancia de estudiar la historia es que nos permite conocer con cierta amplitud los acontecimientos del pasado, con la finalidad de comprender el presente y con él crearnos una idea, que nunca será precisa, de cómo podrá ser el futuro o qué debemos hacer y hacia donde podemos ir. Por eso, los dominadores del mundo buscan borrar el pasado, para que los pueblos pierdan su memoria histórica. https://elnacional.com.do/quintaesencia-440/
Cambios en la Fiscalía del Distrito Nacional por “nuevos liderazgos”
Rosalba Ramos, fiscal del Distrito Nacional. 01 NOV 2018, 12:00 AM | POR TANIA MOLINA
SANTO DOMINGO. Con la designación de la nueva titular de la Fiscalía del Distrito Nacional, Rosalba Ramos, se han producido cambios en las direcciones de los departamentos investigativos.
La fiscal explica que esas movilizaciones de personal se realizan para dinamizar y optimizar los servicios, pero también para que surjan nuevos liderazgos.
Los cambios abarcan la unidad de la Fiscalía para Asuntos de Drogas, que quedó a manos del magistrado Gersón Núñez, y Francis Soto, que ocupaba esa dirección ahora es coordinador de las fiscalías comunitarias, uno de los puntos de enfoque de la gestión de Ramos.
Rosa Meléndez es la directora interina de la Unidad de Violencia de Género. En la Unidad de Litigación y Litigación final también hay nuevas caras.
Ramos habló de estos cambios durante un encuentro con la prensa en el que aseguró que su gestión tiene como objetivo hacer que el Ministerio Público vuelva a la comunidad. “Yo quiero que las personas sepan que tienen una gerente que trabaja por y para ellas”, dijo.
La magistrada, que sustituye a Yeni Berenice en el puesto, dijo que asumirá personalmente los casos que eran litigados por su antecesora, y resaltó la capacidad de los integrantes del Ministerio Público.
Ramos admitió esta mañana el encuentro que sostuvo con los abogados y familiares del asesinado Yuniol Ramírez, pero negó que vaya a levantar la acusación a Manuel Rivas ni a ninguno de los acusados del crimen como se denunció. “Yo me respeto”, dijo, e insistió en que no tiene nada que ocultar y que si tuviera algún compromiso con alguna de las partes, se inhibiría.
Se refirió también a la muerte de varias personas en un supuesto operativo de la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) en el sector de Capotillo y aseguró que llegará a las últimas consecuencias.
Miriam Germán difiere de jueces rechazaron recusación
Jueces de la Suprema Corte de Justicia. Hoy/Fuente Externa 26/10/18
Por considerar que el imputado Jesús (Chu) Vásquez aportó pruebas para justificar la recusación al juez especial Francisco Ortega, que no fueron tomadas en cuenta por el pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la magistrada Miriam Germán Brito dio un voto disidente al que lo ratificó para continuar el conocimiento del caso Odebrecht. Pero, los demás jueces indicaron que para que una recusación sea acogida no basta que el recusante alegue que un juzgador incurrió en causa de recusación, debe probarlo y que Vásquez no lo hizo. Indica Germán Brito que la mayoría de los miembros del pleno dio como un hecho ”incontrovertible” que el recusante no aportó prueba de los hechos y actitudes que le atribuye al juez Ortega. Sin embargo señala que Vásquez no solamente aportó elementos de prueba, sino que además propuso la celebración de una audiencia para controvertir las mismas, así como los alegatos en que fundamenta la recusación. Afirma la presidenta de la Segunda Sala de la SCJ, que nada de eso fue tomado en cuenta por la decisión mayoritaria, “sobre todo cuando el magistrado Ortega ha decidido acumular y decidir en el porvenir un pedimento idéntico al que con relación a otro acusado rechazó, en un momento procesal en el que el recusante (Chu) no formaba parte del proceso”. Más allá de voluntad, es juez parcial. En opinión de Germán Brito, con esa actuación el juez Ortega fijó una posición respecto de una cuestión de derecho sobre la cual ya había emitido un juicio, que es, alegadamente, recogidos en la audiencia del 3 de octubre del 2017, y en la Resolución 047/2017, del 7 de junio, páginas 30 y 31, ambas presentadas como pruebas a sus motivos, por el recurrente. “Todo eso hace del magistrado (Ortega), en lo relativo a este caso, y más allá de su voluntad y su intención, de cuya honestidad no dudamos, un juez parcial”, subrayó la magistrada Germán Brito.
Germán Brito resaltó que el derecho a un juez imparcial constituye uno de los pilares fundamentales de un verdadero estado de derecho, y como parte del derecho a un debido proceso está garantizado no solo por la Convención Americana de Derechos Humanos y por los precedentes de la Corte Interamericana, sino también por la Constitución Política Dominicana y por los artículos 1 y 5 del Código Procesal Dominicano. “Esta garantía es la que recogen, como motivo de la recusación, los incisos 6, 7 y 10 del artículo 78 del Código procesal Penal”, puntualizó. Argumento mayoría pleno. Los jueces que rechazaron el pedido de Jesús Vásquez afirman que su colega Ortega, ni en el proceso de juez protector de los derechos constitucionales y fundamentales durante el proceso de investigación en el que participó, ni el proceso de Juez de la Instrucción, ni el de solicitud de auto a juicio que lleva a cabo, “ha juzgado de manera tal, ni ha hecho declaraciones que pongan en juego la imparcialidad con la que debe juzgar”. Indican que si bien el haber participado en una etapa previa del expediente, en principio, inhabilita para participar en una próxima etapa, es a condición de que las acciones tomadas en la primera etapa vincule a acciones a tomar en la etapa subsiguiente, y de tal manera, destruyere el principio de imparcialidad inherente a toda decisión judicial a tomar; “circunstancia particular que a juicio de esta jurisdicción no se da en el caso de que se trata”.
Puntualizan que las causas alegadas por la parte recusante para fundamentar la recusación de que se trata, no constituyen causal de recusación de las establecidas en el Artículo 78, numerales 6), 7) y 10) del CPP, como tampoco se ha aportado prueba alguna que permita a esta Corte determinar que el juez recusado vaya a juzgar con parcialidad, por lo que procede el rechazo de la misma. Quiénes. Los jueces que votaron a favor de la ratificación de Ortega para continuar con la audiencia preliminar del caso Odebrecht son Mariano Germán, quien preside el pleno de la SCJ; Manuel R. Herrera Carbuccia, Francisco Antonio Jerez Mena, Edgar Hernández Mejía, Blas Rafael Fernández, José Alberto Cruceta Almánzar, Fran Euclides S. Sánchez, Alejandro Moscoso Segarra, Juan Hirohito Reyes Cruz, Robert C. Plasencia Álvarez y Moisés A. Ferrer Landrón. La decisión del pleno fue remitida al juez Ortega, quien deberá fijar la fecha para darle continuidad a la audiencia preliminar del caso Odebrecht.
“El derecho a juez imparcial constituye uno de los pilares fundamentales de un verdadero estado de derecho”
Dice la Magistrada Miriam German sobre el abuso de poder contra contra Chu Vasquez.
El caso Odebrecht sigue generando dudas. Jesús Vásquez Martínez, el último de los dirigentes políticos en ser imputado por el Ministerio Público, por segunda vez presentó una recusación del juez Francisco Ortega Polanco, que lleva bajo su responsabilidad la audiencia preliminar sobre los sobornos recibidos de 92 millones de dólares en la República Dominicana.
Es el pleno de la Suprema Corte de Justicia quien debe conocer de la recusación y ponderar los argumentos presentados por Jesús Vásquez Martínez a través de sus abogados.
Hasta ahora no ha habido ninguna reunión del Pleno de la Suprema Corte de Justicia que haya conocido la recusación contra Francisco Ortega Polanco. Se supone que el pleno de la Suprema Corte de Justicia debe discutir los argumentos, ponderar las razones y peticiones en que Vásquez sustenta su petición. Cuando los miembros de ese organismo tengan la discusión encargan a uno de ellos la redacción de la sentencia. Según la tradición ese es el procedimiento que se utiliza en el Pleno de la SCJ para la adopción de decisiones, que posteriormente se comunican por los canales tradicionales.
Sin embargo, Acento tuvo acceso a una decisión rechazando la recusación de Jesús Vásquez, sin que en el Pleno de la SCJ haya habido discusión del tema. ¿De quién es la propuesta? ¿Tiene autoridad quien hizo esta redacción para entregarla al Pleno como un hecho consumado, sin que se produzca ningún debate? ¿Estarán dispuestos los miembros del Pleno de la SCJ a firmar este documento sin debatir las razones y planteamientos jurídicos del imputado Jesús Vásquez? ¿Es esto que se presenta como una decisión del Pleno de la SCJ un documento con validez? ¿Hasta dónde vamos a llegar con las manipulaciones y la dirección por control remoto de los organismos judiciales con el caso Odebrecht?
Los miembros de la Suprema Corte de Justicia tienen la palabra. Corresponde a ellos, y en particular al presidente Mariano Germán, desmentir la existencia de este documento como algo válido y razonable, en un caso tan delicado. ¿Será Fake News, que se ha hecho tan común en estos tiempos?
Jesús Vásquez Martínez, como político y como ciudadano, tiene derecho a una justicia imparcial. A última hora fue incluido por el Ministerio Público como imputado por recibir sobornos de Odebrecht, pero los documentos que se presentan en su contra son tan débiles como los fueron los documentos que obligaron al Ministerio Público a excluir a ocho imputados inicialmente: César Domingo Sánchez Torres, Bernardo Castellanos de Moya, Juan Temístocles Montás Domínguez, Julio César Valentín Jiminián, Máximo De Oleo, Alfredo Pacheco Osoria, Ramón Radhamés Segura y Ruddy González.
Es sospechoso el procedimiento que se está utilizando en la Suprema Corte de Justicia. Si no ha habido una reunión del Pleno, ¿cómo es posible que ya esté circulando una resolución de sentencia que firmarían los miembros de ese organismo sin siquiera debatir los argumentos que tiene Jesús Vásquez para impugnar al magistrado Francisco Ortega Polanco?
Alguien tiene que explicar esta terrible desconexión entre el Pleno de la SCJ y quien hizo la redacción de esta sentencia o proyecto de sentencia. Para salvar el honor y la independencia de la justicia dominicana.
“El derecho a juez imparcial constituye uno de los pilares fundamentales de un verdadero estado de derecho”
Dice la Magistrada Miriam German sobre el abuso de poder contra contra Chu Vasquez.
Orlando Jorge Mera, delegado político del Partido Revolucionario Moderno ante la Junta Central Electoral, dijo este jueves que el presidente Danilo Medina pretende ahora blindarse en la justicia, para fines de evitar que acusaciones o persecuciones judiciales futuras le puedan perjudicar a él a los suyos.
“Entonces en esa maniobra es en la que está el PLD actualmente”, sostuvo el político, en torno el Consejo Nacional de la Magistratura que tiene previsto escoger los jueces de las altas cortes.
Al ser entrevistado por Nelson Rodríguez en el programa Enfoque Matinal, que se transmite por CDN, canal 37, dijo que el Partido Revolucionario Moderno-PRM- no tiene jueces favoritos en ese proceso y que aspira a que en el mismo suceda lo que pasó en el Tribunal Superior Electoral en el que la sociedad dominicana influyó para que ninguno de los jueces de la pasada dirección fuesen reelectos.
Además, consideró que el juez de la Suprema Corte de Justicia, Frank Soto, no debe participar en las reuniones del Consejo Nacional de la Magistratura, “porque el mismo aspira a esa misma posición”.
“Y entendemos que debería ser un juez de carrera que no tenga aspiración, porque en ese caso no solo se trata de evaluarse así mismo, sino que Frank Soto tendría chance de evaluar a personas que están aspirando a la misma posición de él, entonces entendemos que eso debe ser resuelto ”, dijo.
El dirigente político confió en que el proceso de elección sea transparente. “Lo ideal sería que fuera un proceso al estilo Estados Unidos, que fuese a la luz pública, que se conocieran las posiciones de cada quien, pero al menos aspiramos a que sea un proceso transparente y que se elijan en el caso de la Suprema, jueces de carrera, que vayan a contribuir con su labor”, insistió.
Jorge Mera señaló que en el caso del Tribunal Constitucional hay que tener los ojos bien abiertos porque son cuatros sustituciones y que habrá que ver quienes se van y quienes se quedan.
Advirtió que el PRM no será cómplice de lo mal hecho o de una repartición de jueces sin que se cumpla la debida transparencia y el rigor necesario.
Por otro lado, el dirigente político abogó por la aprobación de la ley electoral y consideró que hay tiempo para consensuar la iniciativa que le permitirá a la Junta Central Electoral regular la campaña para los comicios de cara al 2020.
“La Ley de Partidos norma la vida interna de los partidos y la fase de la precampaña electoral. La ley electoral normaría la fase desde la apertura de la campaña electoral que hace la Junta Central Electoral , hasta lo que suceda después de las elecciones”, indicó.
Dijo que esa ley es la que va a establecer un fiscal electoral, la prohibición al uso de los recursos del Estado en ese proceso, entre otras garantías electorales.
En torno al escenario electoral, Jorge Mera expresó que está convencido de que un solo partido no gana las elecciones del año 2020, porque entiende el PRM debe replicar lo mismo que sucedió en la Asociación Dominicana de Profesores, donde la candidatura de Xiomara Guante, quien encabeza los resultados, surgió de una serie de alianzas .
“Entonces eso mismo lo que tenemos que replicar para ganar las elecciones en el año 2020”, sostuvo.
Además, dijo que para lograr el poder en los próximos comicios, el PRM necesita posicionarse como principal partido político, “ Necesitamos fortalecer nuestras relaciones con la sociedad civil”.
En torno a las observaciones que deben hacer las organizaciones políticas al proyecto de reglamento de la Ley de Partidos, dijo que el PRM antes del plazo que otorgó la Junta Central Electoral en ese sentido presentará sus planteamientos.
“La misma declaración pública de la Junta Central Electoral establece claramente que los partidos tienen chance hasta el día de la audiencia pública que es el 23 de octubre, para presentar nuestras observaciones. Nosotros vamos a presentar nuestras observaciones antes del 23 de octubre”, dijo.
Sobre el caso Odebrecht, Jorge Mera señaló que en Perú ha habido voluntad política y que la justicia ha actuado, pero que en la República Dominicana no, porque dijo que “Aquí todos los poderes responden a un solo partido, al Partido de la Liberación Dominicana”.
El político y abogado afirmó que en ese caso no están todos los que son, ni son todos los que están.
Además, dijo que espera que los dirigentes perremeístas Andrés Bautista y Jesús-Chú-Vásquez, sean descargados de ese proceso judicial.
Consideró que en el caso Odebrecht tiene que conocerse toda la verdad.
Dijo que “la justicia controlada por el PLD es una dificultad” y una muestra de ello fueron los casos del senador Félix Bautista y del exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúas.
“Ya lo vimos en el caso Félix Bautista, de Díaz Rúa, en la Suprema Corte de Justicia ahí concluyeron esos casos a favor de ellos”, puntualizó.
https://www.elcaribe.com.do/2018/10/11/panorama/pais/jorge-mera-danilo-medina-pretende-blindarse-en-la-justicia-para-fines-de-evitar-acusaciones-o-persecuciones-judiciales-futuras/
Someter a juicio la actuación de los políticos cuando incumplen las normas es consubstancial a un Estado de derecho. Pero los jueces deben utilizar los principios de racionalidad jurídica, con métodos interpretativos preestablecidos en la ley
Se habla con mucha frecuencia de la judicialización de la política y de la politización de la Justicia, entendiendo por tales expresiones que la actuación de los jueces, o bien se interfiere en la actividad propia de los políticos, o bien la sustituye. ¿Puede ser ello posible en un Estado de derecho? Veamos. A veces se acusa de judicializar la política cuando se procesa a algún cargo público o a personas relacionadas con partidos políticos. En sí mismo, esto no es judicializar la política si el juez cumple con una función imprescindible en un Estado de derecho: controlar jurídicamente al poder.
Naturalmente, si los motivos del encausamiento no son éstos, si los órganos judiciales actúan por causas no justificadas en razones jurídicas sino sólo en razones políticas, entonces podemos hablar de judicializar la política ya que el juez se extralimita en su función al invadir un campo en el que no es competente, vulnerando así el principio de división de poderes. El juez, en ese supuesto, debe hacer frente a su responsabilidad jurídica, sea penal, civil o disciplinaria, ya que al ser un poder independiente no es políticamente responsable ante ningún otro.
Por su parte, la politización de la Justicia significa que el juez, en las resoluciones que dicta en el ejercicio de su función (providencias, autos o sentencias), no basa sus argumentos en la racionalidad jurídica sino en la racionalidad política, ambas de muy distinta naturaleza y, por supuesto, legítimas, siempre que una (la jurídica) sea utilizada por los jueces al adoptar sus decisiones y otra (la política) los órganos políticos, el legislativo y el ejecutivo, para adoptar las suyas. Veamos la diferencia entre ambos tipos de racionalidad para comprender el significado de la politización de la Justicia.
La función política toma decisiones justificadas por la finalidad que pretende conseguir
El político, es decir, el cargo público con responsabilidad política, toma decisiones para resolver los conflictos de todo tipo que se plantean en una sociedad y los argumentos (políticos) que emplea se justifican sobre todo por las finalidades que pretende. Actúa, como suele decirse, según criterios de oportunidad y conveniencia, netamente subjetivos, porque dependen de las tendencias ideológicas de quien las tome, de razones estratégicas y tácticas, de compromisos partidistas, programas electorales o programas de gobierno. Los argumentos para adoptar estas decisiones están basados, entre otros, en datos empíricos, en teorías económicas o políticas, en factores estructurales o coyunturales, tanto de carácter interno como internacional.
Si ponemos como ejemplo la tradicional, aunque hoy insuficiente, contraposición entre izquierda y derecha, un político de izquierdas, en principio, tenderá a favorecer en la misma medida la igualdad social y la libertad individual, mientras que uno de derechas dará preferencia a la libertad sobre la igualdad. Las decisiones políticas serán distintas porque los modelos que se defienden son distintos. En todo caso, para escoger entre las varias opciones políticas posibles, las leyes sólo serán el marco formal que no deberá rebasarse al tomar una decisión, pero no el contenido de la decisión misma. Este contenido deberá justificarse con argumentos de conveniencia u oportunidad.
El juez, por el contrario, argumenta desde un tipo de racionalidad distinta, desde la racionalidad jurídica, mucho más objetiva que la anterior. En efecto, el juez actúa en el curso de un proceso, dotado de las garantías constitucionales prescritas en el artículo 24 de la Constitución, y en sus resoluciones está absolutamente sometido a las leyes. En estas resoluciones, en especial en las sentencias, no se argumenta de acuerdo con los personales criterios de justicia del juez sino con aquello que la ley establece. En eso, precisamente, consiste la independencia judicial: el juez es independiente de todos los demás poderes pero está absolutamente sometido a la ley, no puede escapar a lo que prescribe la misma. Juzgar no es hacer justicia según la voluntad del juez sino de conformidad con la ley, aunque el juez, como es frecuente, esté en desacuerdo con ella.
Dictar una sentencia presupone, en primer lugar, precisar los hechos que son relevantes para resolver un caso; en segundo lugar, encontrar en el ordenamiento las normas aplicables; y, en tercer lugar, interpretar estas normas de acuerdo con unos métodos preestablecidos, en nuestro ordenamiento los enunciados en el artículo 3.1 del Código Civil, aunque no son los únicos.
Las leyes son el marco formal que no debe rebasarse cuando se adopta cualquier medida
Esta limitación de los métodos interpretativos es una garantía de la seguridad jurídica: el juez no puede utilizar cualquier método para interpretar el significado de una norma sino sólo aquellos aceptados por la comunidad jurídica. Además, son elementos importantes en la argumentación del juez al dictar, la jurisprudencia y el precedente judicial (que garantiza la igualdad de trato) y, en menor medida, la doctrina de los juristas. Así pues, la principal garantía de que el juez se atiene a la ley en sus resoluciones está en la motivación de las mismas, argumentada en los fundamentos jurídicos. Una sentencia será buena o mala, no porque el fallo se ajuste o no a nuestras convicciones sobre la justicia como valor, sino por los argumentos jurídicos —basados en hechos y en normas— que la motivan.
En definitiva, someter a juicio la actuación de los políticos cuando incumplen las normas, no sólo es democráticamente legítimo sino que es consubstancial a un Estado de derecho: los poderes deben atenerse a las leyes y toda desviación debe ser controlada por los jueces. Ahora bien, si estos jueces, en la motivación de sus resoluciones, no utilizan los métodos objetivos de la racionalidad jurídica sino los subjetivos de la racionalidad política, entonces, y sólo entonces, podremos hablar de politización de la justicia. En este supuesto, se habrá vulnerado la separación de poderes y un poder, el judicial, que es democrático mientras cumpla con su función de aplicar leyes de acuerdo con lo antes dicho, habrá rebasado los límites de su función y, como no representa al pueblo, habrá invadido competencias propias de los poderes representativos, los propiamente políticos: el legislativo y el ejecutivo.
Politizar la Justicia no significa que los políticos sean juzgados por incumplir las leyes sino que los jueces, en el ejercicio de su cargo, tomen decisiones que son propias de los políticos, de los representantes del pueblo, vulnerando así un principio clave del Estado de derecho, el de la independencia judicial, según el cual la función judicial consiste únicamente en aplicar la ley y sólo así puede justificarse que el poder de los jueces es democrático.
Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional.
Tomas Castro afirmó que la investigación y la medida de coerción en contra de la suspendida jueza y el ex juez corresponde a una persecución por parte de las altas instancias del poder judicial.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El abogado de la suspendida jueza Awilda Reyes Beltré, Tomás Castro, afirmó que tanto su defendida como el ex juez Francisco Arias Valera, están siendo utilizados como chivos expiatorios por parte de la justicia mientras que los escándalos dentro de la justicia continúan.
Tomas Castro afirmó que la investigación y la medida de coerción en contra de la suspendida jueza y el ex juez corresponde a una persecución por parte de las altas instancias del poder judicial.
Aseguró que la medida adoptada en contra de Reyes Beltré y Arias Valera y la que se pueda dictar sería por presiones de la Suprema Corte de Justicia.
Mientras que David Ruiz, abogado de las víctimas de sicarariato dijo que llama a sospecha el hecho de que haya concluido el proceso de investigación en tan sólo 30 días.
Alegó que esa acción busca encubrir a otros miembros del sistema judicial.
Estas declaraciones fueron ofrecidas durante la audiencia que se lleva a cabo en estos momentos, atendiendo la solicitud de variación de la medida de coerción de los acusados de conformar una estructura de jueces corruptos. http://acento.com.do/2016/actualidad/8317032-abogado-afirma-awilda-y-arias-valera-estan-siendo-usados--como-chivos-expiatorios/
Por LOYDA PEÑA l.pena[@]hoy.com.do Presidente Suprema y Procurador General se encuentran reunidos
El procurador Francisco Domínguez Brito y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía. Foto: Fuente externa.
En estos momentos se encuentran reunidas a puertas cerradas las autoridades del más alto nivel del sistema de justicia encabezadas por el presidente del Poder Judicial y de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Mariano Germán Mejía, y el procurador Francisco Domínguez Brito.
El encuentro se realiza en el auditorio de la Procuraduría General con la participación de la Defensoría Pública, Atención Permanente, procuradores generales de cortes y presidentes de salas penales.
Es la segunda reunión que se produce tras la crisis que acusa el Poder Judicial en procura de buscar soluciones a la misma.
Ayer, el presidente del Poder Judicial se reunió con el expresidente de la Suprema, Jorge Subero Isa y con el presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), Mariano Rodríguez.
Mañana, Mariano Germán Mejía tiene programado reunirse a las 9:00 de la mañana con la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS).
Todos estos movimientos están siendo propiciados por Germán Mejía, a raíz de una problemática creada por la denuncia del procurador Francisco Domínguez Brito, sobre una supuesta trama interna en el sistema de justicia que se dedicaba a negociar sentencias, denuncia que provocó la renuncia de un exconsejero del Poder Judicial, contra quien se dictó prisión preventiva conjuntamente con la magistrada Awilda Reyes Beltré.
No ha trascendido nada aún sobre el encuentro en las dos autoridades judiciales. http://hoy.com.do/presidente-suprema-y-procurador-general-se-encuentran-reunidos/
JUSTICIA COOPTADA Para Domínguez Brito el país avanza en prevención de la corrupciónSUANNY REYNOSO Transparencia 14 ene 2016, 1:41 PM SANTO DOMINGO (Rep. Dominicana).-Para el procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, el país ha avanzado de manera significativa en la prevención de la corrupción, así como en el establecimiento de mecanismos, normativas y controles tendentes a transparentar el manejo de los fondos públicos, proceso en el que entiende las veedurías juegan un papel de primer orden como muro de contención. Domínguez Brito definió como transcendental el hecho de que la sociedad civil pueda participar de la supervisión del manejo de los bienes del erario en las diferentes instituciones, con la implementación de las comisiones de veedurías, de forma tal que “pueda salir lo bueno y lo malo”, para de esta forma tomar las medidas necesarias, tanto para seguir fortaleciendo los niveles de transparencia, como la prevención de actos de corrupción. Sostuvo que las veedurías han permitido una apertura para conocer el uso y manejo que dan las dependencias del Estado a los recursos que reciben, rompiendo por completo una cultura arraigada en algunos estamentos públicos de no rendir cuentas de forma transparente en torno a cómo se realizan los procesos y de cómo se invierte el dinero del pueblo. “A través de estas comisiones la sociedad civil ejerce el derecho ciudadano no solo de dar seguimiento, de supervisar, sino también de cuestionar y denunciar los procedimientos que entiendan no han sido llevados de forma correcta”, apunto Domínguez Brito. Destacó que “nunca antes se había llevado a cabo con mayor justeza y transparencia en República Dominicana, los procedimientos de licitaciones públicas para las distintas compras y obras del Estado”. Sostuvo que “a través de la Dirección General de Compras y Contrataciones se ha registrado un incremento significativo en el número de proveedores del Estado, dejando atrás la práctica en que las mismas empresas, los mismos grupitos, eran los que se alzaban con las contratas”. “Para poner un ejemplo claro, de menos de 20 mil suplidores que tenía registrado el Estado, a la fecha podemos ver cómo prácticamente se ha triplicado esta cifra, con más de 50 mil proveedores, que han pasado además a la formalidad”, resaltó. “No nos queremos concentrar en ataques y contraataques; estamos convencidos de que es el momento de un cambio de actitud de todos los actores del sistema de justicia, entre los cuales, incluyo al Ministerio Público, de forma tal que podamos romper con esta cultura de impunidad de décadas, en la falta de sanciones y decisiones ejemplares en los casos de funcionarios vinculados a actos de corrupción”, dijo. “Tenemos la fe y la esperanza de que vamos en buen camino para lograr importantes transformaciones en nuestro sistema de justicia”, manifestó. El titular del Ministerio Público hizo el señalamiento durante una exposición en la “Mesa Redonda Sobre Transparencia y Justicia”, realizada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus), en la que abordó el tema “Transparencia y Lucha Contra La Corrupción desde el Ministerio Público”. En la actividad participó la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución a la Corrupción Administrativa (PEPCA), Laura Guerrero Pelletier, y la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso. - See more at: http://www.7dias.com.do/portada/2016/01/14/i203567_para-dominguez-brito-pais-avanza-prevencion-corrupcion.html#.VpjFShXhDIU
Fiscal de DN dice "hay participación descarada de la política en la justicia" 7dias.com.do Justicia
SANTO DOMINGO.- La fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, denunció hoy la "participación descarada de la política en la justicia" y admitió que para el Ministerio Público (MP) es difícil perseguir la corrupción. "Hay participación descarada de la política en la justicia: diputados y senadores dando garantías por acusados de sicariato", dijo la fiscal al intervenir en la 'Mesa Redonda Sobre Transparencia y Justicia' realizada por la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus).
"En la República Dominicana falta normativa para perseguir corrupción eficientemente, lo que convierte esta tarea en lucha titánica para el Ministerio Público", señaló Reinoso.
Aunque no mencionó nombres, la fiscal, al parecer, se refirió a una reciente audiencia donde legisladores, entre ellos el senador de Elías Piña, Adriano Sánchez Roa, se presentaron a una audiencia de apelación para expresar su apoyo al presidente de la Unión Nacional de Transportistas y Afines (Unatrafin), Arsenio Quevedo, acusado de encargar asesinatos. La fiscal del Distrito Nacional reveló que el MP ha presentado ocho casos de corrupción y que a cada uno de ellos "se le ha creado una jurisprudencia particular que obstaculiza la persecución". Afirmó que los fiscales que llevan casos de corrupción "son sometidos a acosos, persecuciones y amenazas". "En la República Dominicana falta normativa para perseguir corrupción eficientemente, lo que convierte esta tarea en lucha titánica para el Ministerio Público", señaló Reinoso. A la vez, indicó que "no existen vías para sancionar obstaculización a investigación y justicia. No se garantiza confidencialidad en persecución". "La forma en que hemos perseguido la corrupción debe llamar a reflexión al Ministerio Público y a la judicatura", planteó, y expresó su preocupación por "el mensaje que se está enviando a la sociedad y a los demás actores del sistema". Consideró que existen leyes para combatir la corrupción, "pero no las que necesitamos, pues si hacemos comparaciones con países de la región en esta rama, veremos una gran diferencia con nuestras legislaciones y pensamos que está creado el escenario para evaluar algunos aspectos importantes de nuestras normativas, de forma que podamos contar con mejores herramientas judiciales, tendentes a romper la cultura de impunidad que nos arropa". El MP, señaló la fiscal, "necesita crear fórmulas que permitan mayor confidencialidad sin filtraciones de información en los procesos investigativos de corrupción, porque en una gran mayoría de los casos, antes de que la información solicitada llegue a manos del requirente, se reciben llamadas de la persona investigada o allegados, cuestionando las razones por las cuales se realizan las investigaciones, haciendo mucho más difícil que se puedan obtener resultados sin contaminación". Y en algunos casos, dijo, "esta situación termina entorpeciendo y bloqueando por completo los procesos", apuntó Reynoso. "Estamos conscientes que como Ministerio Público debemos fortalecer más la lucha contra la corrupción. Si queremos que las cosas cambien debemos luchar por un sistema fuerte e independiente y estamos en el momento oportuno para cambiar la forma en que perseguimos la corrupción en el sector justicia en pleno", subrayó. Por último, dijo, que "el camino que hemos recorrido hasta ahora no ha sido suficiente y merecemos un cambio, por lo que no hay tiempo para perder. Debemos promover transformaciones y asumirlas".- See more at: http://www.7dias.com.do/portada/2016/01/14/i203585_fiscal-dice-hay-participacion-descarada-politica-justicia.html#.VpjDwBXhDIU
