Sector industrial
Ligia Bonetti plantea incentivos fiscales en el desarrollo del sector industrial
Argumentó que una coordinación efectiva entre sectores, con metas claras y seguimiento, definirá el camino del desarrollo industrial, asegurando continuidad en la meta.
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| Ligia Bonetti durante su participación en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr). |
El desarrollo industrial y la relocalización cercana (nearshoring) como motor de crecimiento social es la premisa de la empresaria Ligia Bonetti al sostener que, aun cuando la existencia de políticas públicas en este sector es asimétrica en comparación con otros sectores, la manufactura local dominicana demuestra un desempeño positivo con crecimiento sostenido y capacidad exportadora.
Para reforzar su argumento, la ejecutiva dominicana comentó que tiempo atrás los incentivos fiscales selectivos crearon la industria turística y el sector de zonas francas actual; más cuestionó que este proceso no fuera considerado en la manufactura nearshoring y el desarrollo industrial.
“Si los incentivos fiscales selectivos crearon la industria turística, y los incentivos fiscales selectivos crearon el sector de zonas francas —ambos que celebramos—, ¿por qué es políticamente impensable discutir políticas fiscales selectivas diseñadas para atraer manufactura nearshoring y desarrollo industrial en 2026?”, señaló durante su participación en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).
De esta forma, alegó que el crecimiento económico en el territorio nacional de las últimas décadas se vincula a decisiones estratégicas que dieron origen a sectores claves como el turismo y las zonas francas, exponiendo que estos no surgieron de manera espontánea, sino al resultado de políticas públicas deliberadas que facilitaron la inversión, promovieron la competitividad y generaron empleo.
En ese sentido y con un 50% de la economía operante en el sector informal que no responde a los tributos, Bonetti agregó que el resto de la economía formal, como el comercio, el sector financiero y la manufactura local, están “cargando con el peso fiscal de un país de once millones de personas”, pese a las leyes existentes que buscan impulsar el desarrollo de la industria manufacturera; mas, a su juicio, exigen umbrales de rentabilidad que pocas empresas alcanzan y pocas en la práctica utilizan.
Sin embargo, pese al panorama descrito, la presidenta del Grupo SID comentó que las exportaciones nacionales fuera de zona franca alcanzaron aproximadamente $7,405 millones de dólares en 2025 y las exportaciones de manufactura local crecieron un 36%, mientras que las exportaciones de zonas francas solo obtuvieron un 0.6% de crecimiento.
“La evidencia dice que ese ecosistema existe y está creciendo. Lo que le falta es el respaldo de políticas públicas… Las zonas francas son la puerta. El ecosistema local es la casa. Nosotros tenemos la puerta. Nos falta construir la casa”, instruyó.
Brechas estructurales
Convencida de su propuesta, enumeró tres brechas estructurales específicas que no permiten al país definir su capacidad exacta para competir en el nuevo contexto internacional y lograr posicionamiento estratégico del nearshoring.
La primera responde a la credibilidad tecnológica y su impacto en la economía nacional, donde detalló cómo el país se enfrenta a un retroceso sostenido en indicadores clave de innovación, no cuenta con una base sólida para el desarrollo tecnológico y se posiciona en los últimos lugares de las listas que clasifican la capacidad de una nación en esta área.
“Al final, mayor competitividad se traduce en crecimiento económico, empleos de calidad, mejores salarios y una sociedad con más oportunidades”, indicó.
Como segunda brecha, destacó el tema energético por el papel que juega en contra dentro del escenario descrito. Bonetti aseguró que, con las ventajas naturales evidentes, como la radiación solar, recursos eólicos y financiamiento internacional para la transición energética, es necesario utilizar reglas claras y estables, diversificar la matriz con energías limpias y la capacidad de movilizar financiamiento a escala para acelerar dicha transición.
Para la última, señaló la urgencia de acelerar la formación de capital humano técnico, bilingüe y certificado, capaz de responder a los estándares de la manufactura internacional en el corto plazo y que contribuya de manera activa a la economía nacional.
Finalizó su disertación con un llamado a la acción; la empresaria recordó que el reciente proceso de discusión de la reforma fiscal evidenció la capacidad del sector privado para incidir en la agenda pública, evidenciando que una coordinación efectiva entre sectores, con metas claras, seguimiento y una narrativa coherente, logrará definir con claridad el camino del desarrollo industrial y productivo, asegurando continuidad en la meta.
https://listindiario.com/economia/20260423/ligia-bonetti-plantea-incentivos-fiscales-desarrollo-sector-industrial_902873.html
Nalphy Martínez
nalphy.martinez@listindiario.com |
| Disertación de presidenta del Grupo SID, Ligia Bonetti, en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr) |
Incentivos inteligentes para industrializar la próxima década
La República Dominicana no puede conformarse con ser “puerta” de zonas francas y turismo: el desafío de 2026 es construir la “casa” productiva del país. La propuesta de Ligia Bonetti en AMCHAMDR reabre una discusión legítima —y urgente— sobre incentivos fiscales selectivos para atraer nearshoring y fortalecer la manufactura local, pero exige reglas claras, métricas de desempeño y una visión de Estado que corrija brechas tecnológicas, energéticas y de capital humano sin debilitar la sostenibilidad fiscal.
La intervención de Ligia Bonetti en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR) no fue una pieza retórica más: fue un recordatorio de que la estructura productiva dominicana, tal como la conocemos, es hija de decisiones deliberadas. Ella lo dijo sin rodeos: los incentivos selectivos contribuyeron a crear el turismo moderno y a consolidar el régimen de zonas francas; por tanto, resulta contradictorio que sea “políticamente impensable” discutir instrumentos similares para atraer manufactura de nearshoring y acelerar el desarrollo industrial en 2026. Esa provocación obliga a formular la pregunta correcta: no si debe haber política industrial, sino qué tipo de política industrial es compatible con competitividad, equidad y finanzas públicas sanas. El nearshoring, además, no es un eslogan; organismos regionales lo describen como oportunidad concreta para atraer inversión, expandir exportaciones, crear empleos y fortalecer cadenas de suministro, siempre que se resuelvan cuellos de botella de infraestructura, logística, capital humano y marco regulatorio.
Bonetti puso el dedo en la llaga fiscal: si alrededor de la mitad de la economía opera en informalidad y no tributa como debería, el resto del tejido formal termina “cargando” el peso de sostener servicios y obligaciones de un país de más de once millones de personas. Ese dato, más que una cifra, es una alerta estratégica: una nación no puede aspirar a industrializarse con una base tributaria estrecha y un contrato social tensionado. La informalidad reduce productividad, limita acceso al crédito, precariza derechos laborales y erosiona la capacidad del Estado para invertir en energía, educación técnica e innovación, que son precisamente las condiciones mínimas para competir por cadenas globales de valor. Por eso, cualquier conversación sobre incentivos debe venir acompañada de una segunda conversación —igual de seria— sobre formalización inteligente: simplificación regulatoria, digitalización de trámites, compras públicas que premien la formalidad y esquemas de transición que integren al pequeño productor y al microempresario sin asfixiarlo con costos fijos imposibles.
Ahora bien, el argumento más potente de Bonetti fue el empírico: afirmó que las exportaciones nacionales fuera de zona franca rondaron los US$7,405 millones en 2025; que la manufactura local creció 36% en exportaciones, mientras las zonas francas avanzaron apenas 0.6%. Si la cifra exacta puede y debe contrastarse en las fuentes oficiales, el punto estructural es consistente: existe un ecosistema local exportador que está creciendo y que podría escalar si cuenta con respaldo público coherente. Su metáfora resume una política de desarrollo completa: “las zonas francas son la puerta; el ecosistema local es la casa”. La puerta ya la tenemos, con prestigio acumulado y aprendizaje institucional; la “casa” requiere densidad industrial, proveedores locales, encadenamientos, logística competitiva y capacidades tecnológicas propias para capturar mayor valor agregado en territorio dominicano.
El dilema no es “incentivos sí” versus “incentivos no”. El dilema real es entre incentivos improvisados y regresivos, o incentivos inteligentes y evaluables. Cuando un país decide usar el fisco para orientar inversión, debe hacerlo con condiciones de desempeño, plazos y verificación. En otras palabras, el incentivo no puede ser un cheque en blanco: debe estar atado a exportaciones incrementales, empleos formales creados, transferencia tecnológica, formación certificada, inversión en I+D aplicada y encadenamientos con suplidores locales medibles. A la vez, el Estado debe publicar el costo-beneficio de esos incentivos —gasto tributario versus impacto— y revisarlos periódicamente con evidencia, evitando el riesgo de “carreras a la baja” fiscales que terminan premiando rentas y no productividad. Si el sector privado demostró, como recordó Bonetti, capacidad de incidir en la agenda durante la discusión fiscal reciente, ese músculo debe canalizarse ahora hacia un pacto de productividad: metas claras, seguimiento y narrativa coherente para sostener continuidad más allá de coyunturas.
Las tres brechas que ella enumeró —tecnología, energía y capital humano— son, en realidad, la columna vertebral del nearshoring. Primero, la credibilidad tecnológica: si el país retrocede en indicadores de innovación y carece de una base sólida para desarrollarla, no basta con atraer plantas; hay que atraer capacidades. El Índice Global de Innovación (GII) existe precisamente para comparar metodologías, métricas y perfiles de países en innovación; usarlo como brújula implica tomar en serio dónde estamos y qué políticas mueven el indicador: calidad educativa, investigación aplicada, patentes, sofisticación de negocios y absorción tecnológica. Segundo, energía: ninguna plataforma industrial es competitiva si su costo eléctrico es incierto o si las reglas cambian a mitad del juego. Bonetti planteó reglas claras y estables y acelerar la diversificación hacia energías limpias, aprovechando radiación solar, recursos eólicos y financiamiento para transición. El país cuenta con estadísticas del sector eléctrico que permiten monitorear la matriz y el desempeño del sistema; esa transparencia debe servir para planificar expansión, confiabilidad y precios competitivos, no solo para reportar datos. Tercero, capital humano: nearshoring no llega por decreto; llega cuando hay técnicos bilingües y certificados, listos para estándares internacionales.
En este punto conviene decir lo que a veces se omite: el país ya compite. Compite por inversión con Centroamérica, México, Colombia y mercados caribeños; compite por talento; compite por logística; compite por reputación regulatoria. Por eso, el incentivo fiscal puede ser un “acelerador”, pero nunca el “motor” único. El motor es un paquete de competitividad: puertos y aduanas previsibles, ventanillas únicas, tiempo de despacho reducido, seguridad jurídica, estándares laborales modernos y una estrategia de encadenamientos para que el proveedor dominicano no sea espectador. En lenguaje llano: no basta con atraer una fábrica; hay que lograr que compre insumos locales, que forme gente local y que genere un círculo virtuoso de productividad que eleve salarios sin perder competitividad. Y eso exige coordinación público-privada, la misma que Bonetti reclamó con “metas claras, seguimiento y narrativa coherente”.
El riesgo, por supuesto, es doble. Uno, convertir la política industrial en una bolsa de privilegios, donde gana quien mejor cabildea, no quien más produce. Dos, financiar esa bolsa debilitando la base fiscal en un contexto donde la informalidad ya estrecha los ingresos. La salida responsable es una arquitectura de incentivos con puertas estrechas y resultados amplios: selectividad basada en evidencia, transparencia total del gasto tributario, cláusulas de caducidad, auditorías de desempeño y sanciones por incumplimiento. Además, el país debería priorizar incentivos que construyan capacidades transversales: digitalización industrial, eficiencia energética, certificaciones de calidad, formación dual y laboratorios de innovación aplicada para manufactura. Eso sí crea “casa”: instituciones, talento y productividad que permanecen incluso si un inversionista se va.
En definitiva, el planteamiento de Ligia Bonetti aporta una verdad incómoda y útil: el desarrollo no ocurre por accidente. O se diseña, o se padece. Si el país quiere convertir el nearshoring en motor de crecimiento social —empleos de calidad, mejores salarios, más oportunidades— necesita una política industrial moderna que combine incentivos con obligaciones; que premie el desempeño y no la cercanía; que amplíe la base formal y no la reduzca; que haga de la energía limpia una ventaja competitiva y no una promesa; y que transforme la educación técnica en una autopista hacia la productividad. Las zonas francas seguirán siendo una puerta valiosa; el reto histórico es construir la casa productiva dominicana con cimientos de innovación, energía confiable y capital humano competente. Y esa casa, a diferencia de los discursos, se mide: en exportaciones diversificadas, encadenamientos locales, formalidad creciente y resiliencia frente a shocks globales.
Luis Orlando Díaz Vólquez
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De la “puerta” a la “casa”: industrializar con equidad territorial y retener el talento dominicano
La propuesta de Ligia Bonetti de debatir incentivos fiscales selectivos para atraer nearshoring y fortalecer la manufactura local reabre una discusión legítima: cómo convertir el crecimiento en desarrollo integral distribuido en todo el territorio. La respuesta exige un enfoque de Estado alineado con Meta RD 2036 —y con sus metas intermedias 2024–2028—, que conecte política industrial, frontera, MIPYMES, educación, salud y salarios competitivos para frenar la fuga de cerebros.
El planteamiento de Ligia Bonetti en AMCHAMDR no es una consigna; es una interpelación estratégica al país: si el turismo y las zonas francas fueron posibles gracias a incentivos selectivos y políticas públicas deliberadas, ¿por qué resultaría “políticamente impensable” discutir instrumentos fiscales focalizados para atraer manufactura de nearshoring y acelerar el desarrollo industrial en 2026? La pregunta no es menor, porque obliga a actualizar el consenso nacional: ya no basta con celebrar la “puerta” de acceso al comercio global; ahora toca construir la “casa” productiva dominicana, con encadenamientos, innovación y empleo de calidad. Y esa casa, para ser verdaderamente nacional, tiene que levantarse con equidad territorial, reduciendo brechas históricas entre regiones, especialmente en la frontera. [estadistic...crp.gob.pe], [limitlesslegal.com] [cnc.gob.do], [blog.estre...tupete.com]
Bonetti también puso sobre la mesa un nudo fiscal y social: cuando una parte sustancial de la economía opera en informalidad, la economía formal —comercio, finanzas, manufactura— termina sosteniendo, con su carga tributaria, las demandas de un país completo. Esa realidad limita la capacidad de invertir con continuidad en aquello que hace competitiva a una nación: energía confiable, infraestructura logística, capital humano, salud, innovación. Por eso, la discusión sobre incentivos no puede aislarse del desafío de formalización y productividad: si el objetivo es crear empleos formales, elevar salarios y mejorar servicios públicos, entonces los incentivos deben diseñarse para ensanchar la base formal y no para estrecharla. [estadistic...crp.gob.pe], [idec.edu.do] [idec.edu.do], [dgii.gov.do]
La urgencia de “construir casa” se entiende mejor cuando miramos la visión-país. Meta RD 2036 no plantea solo crecer; plantea crecer de manera que beneficie a más gente, genere empleos de mayor calidad y permita mejores servicios públicos, con un nuevo modelo de desarrollo productivo sostenido en productividad, capital humano e innovación. Y para llegar a 2036, existen metas intermedias 2024–2028 que funcionan como “Meta RD 2026” en términos de ruta y continuidad: elevar la formalidad laboral, mejorar los años efectivos de aprendizaje, reducir la pobreza rural, fortalecer la efectividad del gobierno y mejorar calidad de vida, entre otras. En otras palabras, si la política industrial no se conecta con esas metas verificables, corremos el riesgo de tener crecimiento sin desarrollo, inversión sin derrame y empleo sin movilidad social. [cnc.gob.do], [esquinard.com] [cnc.gob.do], [idec.edu.do]
Aquí entra un punto decisivo para la distribución territorial del desarrollo: el país ya tiene un instrumento diseñado precisamente para combatir rezagos regionales y frenar presiones migratorias internas mediante empleo y actividad económica. La Ley No. 12-21 creó la Zona Especial de Desarrollo Integral Fronterizo y un régimen de incentivos para Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco, subrayando como interés nacional permanente la seguridad y el desarrollo económico y social de esa franja territorial. La ley nació, además, con una lógica histórica: actualizar y prolongar un tratamiento especial que incentive inversión, genere empleos y construya cohesión nacional donde el mercado, por sí solo, no cierra brechas. Entonces, la pregunta se vuelve incómoda pero necesaria: ¿por qué el sector industrial dominicano no ha aprovechado esta herramienta con la intensidad requerida? [blog.estre...tupete.com], [acento.com.do] [blog.estre...tupete.com], [iadb.org]
Las razones suelen ser menos ideológicas y más prácticas: costos logísticos, disponibilidad energética, servicios de apoyo, conectividad, acceso a talento técnico, percepciones de riesgo y, sobre todo, ausencia de un ecosistema completo que haga rentable producir en frontera bajo estándares de exportación. El propio debate público ha reconocido que se requieren mejoras de gobernanza y planificación para que los incentivos fronterizos se conviertan en desarrollo sostenible e inclusivo, con fortalecimiento institucional y articulación entre actores. En síntesis: la ley existe, pero la competitividad territorial todavía no está empaquetada como “producto país” para el inversionista y, más importante aún, para el ciudadano que necesita empleo formal donde vive. [iadb.org], [acento.com.do] [iadb.org], [blog.estre...tupete.com]
La lección de los regímenes que sí han escalado es clara: cuando el marco institucional es predecible y el entorno acompaña, la inversión responde. En 2025, el Consejo Nacional de Zonas Francas aprobó decenas de nuevas empresas y parques, reflejando dinamismo y atractivo del régimen. Ese aprendizaje debe migrar hacia la frontera: evaluación rigurosa, ventanillas ágiles, reglas estables, infraestructura mínima garantizada y, sobre todo, encadenamientos con proveedores locales. Bonetti lo dijo con precisión: no basta con tener “puerta”; hay que construir la “casa”. Y “casa” significa que las compras, la logística, los insumos, los servicios y parte del valor agregado se queden en el territorio dominicano. [elcaribe.com.do], [cdn.com.do] [estadistic...crp.gob.pe], [elcaribe.com.do]
Ahí se vuelve imprescindible la Ley 488-08, que establece el régimen regulatorio para el desarrollo y competitividad de las MIPYMES, reconociendo su papel como fuente de empleo y como motor de crecimiento y gobernabilidad social, y promoviendo su desarrollo integral en regiones, provincias y municipios. Una industrialización que no integra MIPYMES termina siendo enclave; una industrialización que las integra se vuelve tejido productivo nacional. La frontera, en particular, necesita que la MIPYME se formalice, acceda a financiamiento, se certifique, participe en compras públicas y se convierta en suplidora del nuevo aparato productivo, para que el desarrollo sea distribuido y no concentrado. Por eso, el enfoque correcto es combinar la Zona Especial Fronteriza con una estrategia agresiva de MIPYMES: incentivos para la empresa ancla, sí, pero también instrumentos para la cadena de proveedores locales que multiplica empleo y mantiene el ingreso circulando en la región. [docs.repub...justia.com], [LEY QUE ES...DESARROLLO] [ecolex.org], [diariolibre.com]
Esta arquitectura requiere conducción institucional. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) es la entidad llamada a formular y ejecutar políticas de desarrollo industrial y fomento MIPYME, además de articular regímenes especiales. Si el MICM logra “agrupar” el marco legal disperso y convertirlo en una estrategia única, entonces el país puede transitar de la sumatoria de leyes a un verdadero plan nacional de industrialización territorial: nearshoring con desempeño, frontera con competitividad y MIPYMES encadenadas. Esa articulación, además, debe conversar con el Banco Central, por su rol en el seguimiento macroeconómico y del sector externo, y con el Ministerio de Hacienda, por la necesidad de proteger sostenibilidad fiscal y transparentar el gasto tributario. [eldinero.com.do], [proinnova....ica.com.do] [diariolibre.com], [limitlesslegal.com] [bancentral.gov.do], [dgii.gov.do]
Porque hay un principio que no admite concesiones: todo incentivo debe ser medible. Hacienda publica estimaciones de gasto tributario para el Presupuesto General del Estado, cuantificando el costo fiscal de exenciones y tratamientos preferenciales, con metodología y base legal. Ese instrumento debe convertirse en regla operativa de la política industrial: incentivos con cláusulas de caducidad, metas de empleo formal, exportaciones incrementales, inversión ejecutada, transferencia tecnológica, compras a proveedores locales, formación certificada y auditoría de resultados. Incentivo sin desempeño es privilegio; incentivo con desempeño es inversión pública orientada a productividad y cohesión social. [dgii.gov.do], [hacienda.gob.do] [dgii.gov.do], [dgii.gov.do]
Ahora bien, incluso el mejor régimen fiscal fracasará si el país no enfrenta un problema silencioso que erosiona su futuro: la fuga de cerebros. Usted lo plantea con total claridad y es necesario decirlo con franqueza institucional: en la República Dominicana, muchos profesionales altamente calificados emigran porque los salarios ofrecidos —tanto en el sector privado como en el sector público— son bajos y no compensan el valor del conocimiento, la especialización y la inversión formativa acumulada. No se trata solo de dinero: es calidad de vida, trayectoria profesional, acceso a investigación, estabilidad y oportunidades de desarrollo personal. Pero el salario es el primer mensaje que una economía envía a su talento: si el mensaje es “tu valor no cabe aquí”, el talento responde buscando horizontes donde sí sea reconocido. [bing.com], [opiniondelpueblo.com]
La paradoja es todavía más dura: aun estando bien calificados, muchos no consiguen empleo en la República Dominicana, o terminan subempleados en posiciones que no aprovechan su formación. Eso convierte la inversión pública en educación avanzada en una pérdida de retorno social: formamos especialistas con recursos del contribuyente y luego el país no crea plazas, ecosistemas ni salarios para retenerlos. En abril de 2026 se ha discutido, por ejemplo, que el programa de becas ha formado miles de jóvenes en el exterior, pero el mercado local no absorbe sus competencias y se produce una “fuga diferida”, impulsada por condiciones profesionales y salariales insuficientes. Y el debate sobre retorno o reembolso, aun siendo relevante, no sustituye lo esencial: crear condiciones para que quedarse sea viable, productivo y digno. [bing.com], [opiniondelpueblo.com] [opiniondelpueblo.com], [diariolibre.com]
Este punto conecta directamente con Meta RD 2036: si la estrategia nacional busca elevar productividad y duplicar el tamaño de la economía en el horizonte, entonces no podemos perder capital humano avanzado en el camino. Retener talento exige un mercado laboral más sofisticado, con demanda real por investigación aplicada, innovación industrial, calidad, data, automatización, energía, logística y gestión avanzada. Y exige, además, que educación y salud mejoren de forma verificable, porque el talento también se mueve por entornos de bienestar. El Gobierno ha vinculado explícitamente el fortalecimiento del sistema sanitario con metas de expectativa de vida y calidad del sistema en el marco de Meta RD 2036. En educación, sectores y espacios de seguimiento han insistido en políticas sostenibles basadas en evidencia y monitoreo continuo, precisamente para elevar calidad y equidad. Una nación que quiere industria avanzada tiene que querer, a la vez, escuela efectiva y salud funcional en cada provincia: son insumos de competitividad y de cohesión social. [cnc.gob.do], [idec.edu.do] [informedes...lud.com.do], [cnc.gob.do] [ministerio...ion.gob.do], [diariohispaniola.com]
Por eso, el cierre lógico de esta discusión es un llamado a la coherencia nacional: la industrialización que necesitamos no es solo sectorial, es territorial; no es solo fiscal, es institucional; no es solo inversión, es empleo formal; no es solo exportación, es salario; no es solo atracción de empresas, es retención de talento. El país debe usar el nearshoring como palanca para construir “casa” productiva, pero esa casa debe incluir la frontera bajo la Ley 12-21, las MIPYMES bajo la Ley 488-08, y una estrategia salarial y de empleo que evite que nuestros doctorados, PhD y especialistas —formados con recursos públicos y privados— se vean obligados a irse por falta de oportunidades y remuneración justa. Meta RD 2036 ofrece un marco; lo que falta es convertirlo en continuidad de Estado: coordinación efectiva, metas claras, seguimiento y narrativa coherente, como reclamó Bonetti. Si logramos esa convergencia, la “puerta” seguirá abierta; pero, por fin, la casa dominicana —la del desarrollo integral distribuido— comenzará a construirse con cimientos de productividad, dignidad y oportunidades para todos. [blog.estre...tupete.com], [docs.repub...justia.com], [bing.com] [estadistic...crp.gob.pe], [cnc.gob.do]
Luis Orlando Díaz Vólquez
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De la “puerta” a la “casa”: industrializar con equidad territorial, justicia fiscal y retención del talento
El debate que reabre Ligia Bonetti sobre incentivos selectivos para atraer nearshoring y fortalecer la manufactura local solo será útil si se traduce en desarrollo integral distribuido en todo el país. Eso implica activar la frontera como plataforma productiva, encadenar MIPYMES, asegurar energía y tecnología competitivas, mejorar educación y salud, y sostener una reforma fiscal viable —con diálogo social, gradualidad y compensaciones creíbles— que amplíe la base, reduzca deuda y financie inversión social, sin castigar a quienes ya cumplen.
La intervención de Ligia Bonetti en AMCHAMDR es relevante porque recoloca una verdad histórica: los sectores que hoy celebramos como “motores” no nacieron por generación espontánea, sino por políticas públicas deliberadas que orientaron inversión y competitividad. De ahí su pregunta —incómoda pero legítima— sobre por qué sería políticamente impensable discutir incentivos fiscales selectivos para atraer manufactura de nearshoring y acelerar el desarrollo industrial en 2026. El país debe escuchar esa provocación con madurez: no se trata de “regalar impuestos”, sino de decidir, con métricas y responsabilidad fiscal, qué instrumentos pueden convertir oportunidades globales en empleo formal y salarios mejores aquí. [estadistic...crp.gob.pe], [elcaribe.com.do] [estadistic...crp.gob.pe], [limitlesslegal.com]
El punto neurálgico es que industrializar no es solo crecer; es desarrollar integralmente y distribuir ese desarrollo a todo el territorio. Meta RD 2036 plantea explícitamente que la meta nacional no busca solo aumentar el PIB, sino beneficiar a más gente, generar empleos de mayor calidad y permitir mejores servicios públicos, con un nuevo modelo productivo apoyado en productividad y capital humano. Esa visión tiene metas intermedias 2024–2028 —formalidad, aprendizaje efectivo, reducción de pobreza rural, efectividad del gobierno, entre otras— que funcionan como el “puente” de continuidad: si no se cumplen a tiempo, el horizonte 2036 se vuelve retórica. Por eso, una política industrial moderna debe amarrarse a resultados territoriales: más empleo formal fuera del Gran Santo Domingo, más productividad regional, más encadenamientos locales y menos brechas que empujen migración interna. [cnc.gob.do], [esquinard.com] [idec.edu.do], [cnc.gob.do]
En esa discusión, la frontera no puede seguir como nota al margen. La Ley No. 12-21 creó la Zona Especial de Desarrollo Integral Fronterizo y un régimen de incentivos para Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco, reconociendo como interés nacional el desarrollo económico y social de esa franja y su integración vial y comunicacional. Es, en esencia, una herramienta de cohesión territorial: combatir el rezago económico, reducir presiones migratorias y crear empleo donde más se necesita. Sin embargo, la realidad es que el país no la ha aprovechado con la intensidad requerida. Y aunque algunos lo expliquen como falta de “apetito empresarial”, la explicación suele ser más estructural: costos logísticos, incertidumbre energética, limitaciones de conectividad y carencias de capital humano técnico disponible en el territorio, lo que eleva el umbral de rentabilidad y frena decisiones de inversión. Si queremos nearshoring de verdad, la frontera debe entrar al mapa competitivo con un paquete integral: infraestructura mínima, reglas estables, ventanillas ágiles y un ecosistema que reduzca riesgo operativo. [blog.estre...tupete.com], [acento.com.do] [blog.estre...tupete.com], [iadb.org] [iadb.org], [acento.com.do]
Aquí se entiende mejor la metáfora de Bonetti: “las zonas francas son la puerta; el ecosistema local es la casa”. La República Dominicana ya demostró que, cuando el marco funciona y el entorno acompaña, la inversión responde: en 2025 el Consejo Nacional de Zonas Francas aprobó nuevas empresas y parques, reflejando dinamismo del régimen. La pregunta estratégica es cómo trasladar esa disciplina —evaluación, previsibilidad, rapidez— hacia la frontera, sin convertirla en un enclave aislado, sino en una plataforma territorial con derrame económico, empleo formal y encadenamientos productivos. [estadistic...crp.gob.pe], [elcaribe.com.do] [elcaribe.com.do], [cdn.com.do]
La “casa” productiva no se construye solo con grandes plantas: se construye con MIPYMES fuertes, proveedoras, formales y conectadas a las cadenas de valor. Por eso, la Ley No. 488-08 es un pilar de desarrollo integral y distribución territorial: reconoce el peso de las MIPYMES en empleo y crecimiento, y propone un marco para su desarrollo y competitividad en regiones, provincias y municipios, con acceso a instrumentos financieros y no financieros. Si la Zona Especial Fronteriza atrae inversión “ancla”, la 488-08 debe garantizar que alrededor de esa inversión nazca tejido local: suplidores, servicios, logística, mantenimiento, alimentación, transporte, innovación incremental. Esa es la diferencia entre “estar en el territorio” y “transformar el territorio”. [docs.repub...justia.com], [LEY QUE ES...DESARROLLO] [ecolex.org], [diariolibre.com]
La coordinación institucional es la otra mitad del éxito. El MICM es responsable de formular y ejecutar políticas de desarrollo industrial y fomento MIPYME, además de articular regímenes especiales; por tanto, está llamado a convertir el mosaico legal en una estrategia única, coherente y medible. Pero esa estrategia no puede operar sola: necesita al Banco Central para monitorear impacto en productividad, sector externo y exportaciones, y al Ministerio de Hacienda para asegurar sostenibilidad fiscal y transparentar el costo-beneficio de los incentivos. La política industrial del siglo XXI es interinstitucional o no es. [eldinero.com.do], [proinnova....ica.com.do] [bancentral.gov.do], [dgii.gov.do]
Y aquí llegamos al nudo que usted pide incorporar: la reforma fiscal sigue siendo necesaria, aunque la última intentona fracasara políticamente. En diciembre de 2025, el Conep advirtió que el Estado solo recauda el 34% de lo que debería captarse por ITBIS; en términos simples, “de cada peso” potencial, se captan apenas 34 centavos. Esta afirmación no es un detalle técnico; es una señal de brecha estructural: evasión, informalidad, contrabando, ineficiencias y distorsiones que impiden financiar inversión social y competitividad sin cargar cada vez más al contribuyente cumplidor. Por eso, los propósitos de una reforma fiscal —sostenibilidad fiscal, menor deuda, más inversión social, y un sistema tributario más amplio y moderno— siguen plenamente vigentes, no como capricho, sino como requisito para sostener un Estado capaz de invertir donde duele: educación, salud, infraestructura, energía y seguridad. [elnacional.com.do], [listindiario.com] [diariolibre.com], [elnacional.com.do] [diariolibre.com], [dgii.gov.do]
Esto también obliga a matizar una idea que en el debate público se simplifica: la reforma fiscal fallida no carecía de fundamentos técnicos ni de propósitos estratégicos; el problema fue su viabilidad política y social. En 2024, el retiro del proyecto dejó claro que, en República Dominicana, una reforma tributaria no se impone: se construye. Y se construye con tres ingredientes que el país ya aprendió por la vía dura: diálogo social real (no solo consulta tardía), gradualidad (para permitir adaptación y evitar choques regresivos) y compensaciones creíbles (protección a vulnerables, mejora visible del gasto, y administración tributaria más efectiva). Si el ciudadano percibe que “paga más” pero “recibe igual”, la reforma muere; si percibe que el Estado cobra mejor a quienes evaden y gasta mejor lo que cobra, el país puede abrir una ventana de legitimidad. [elnacional.com.do], [diariolibre.com] [diariolibre.com], [diariolibre.com]
La transparencia del gasto tributario es, precisamente, el puente entre incentivos y legitimidad. El Ministerio de Hacienda publica informes que estiman el gasto tributario y explican cómo tratamientos preferenciales reducen recaudación con fines de política pública. Esa práctica debe convertirse en regla de política industrial: incentivos sí, pero con metas, auditoría y caducidad; y con un pacto explícito de desempeño: empleo formal creado, exportaciones incrementales, encadenamientos con MIPYMES, transferencia tecnológica y formación certificada. Así se evita que el incentivo se perciba como privilegio y se convierte en inversión pública orientada a productividad y cohesión territorial. [dgii.gov.do], [hacienda.gob.do] [dgii.gov.do], [dgii.gov.do]
Nada de esto será sostenible si el país no enfrenta el problema que usted subraya: la fuga de cerebros por bajos salarios y falta de oportunidades. La realidad dominicana es cruda: tanto el sector privado como el sector público, en muchos segmentos, ofrecen remuneraciones que no compensan el valor del conocimiento acumulado en especialistas y profesionales altamente calificados, lo que empuja a emigrar detrás de mejor calidad de vida y desarrollo personal. Más grave aún, muchos, aun estando bien calificados, no consiguen empleo acorde en la República Dominicana y terminan subempleados o fuera del mercado formal, fenómeno que alimenta esa “fuga diferida” de talento. Es un desperdicio doble: se pierde productividad futura y se pierde retorno social de la inversión educativa, incluyendo becas financiadas con recursos del contribuyente. [bing.com], [opiniondelpueblo.com]
La solución no es moralizar al talento; es construir mercado y Estado capaces de absorberlo. En 2026, se ha discutido que el sistema de becas y retorno debe alinearse a necesidades estratégicas y que el país debe crear plazas especializadas y trayectorias profesionales para que el retorno sea viable y digno. Esa creación de oportunidades no se logra sin política industrial que demande conocimiento: laboratorios de innovación aplicada, centros tecnológicos regionales, industria 4.0, certificaciones internacionales y proyectos de investigación vinculados a cadenas productivas. En suma: si queremos nearshoring de alto valor, debemos pagar y emplear talento de alto valor; de lo contrario, atraeremos operaciones básicas y exportaremos cerebros. [opiniondelpueblo.com], [bing.com] [cnc.gob.do], [limitlesslegal.com]
Y aquí se completa el círculo del desarrollo integral: educación y salud como infraestructura de competitividad. Meta RD 2036 vincula metas de calidad de vida con mejoras institucionales y capital humano; y el propio Gobierno ha conectado el fortalecimiento del sistema sanitario con esas metas, apuntando a elevar la expectativa de vida y mejorar capacidades del sistema de salud. En educación, múltiples espacios han insistido en políticas sostenibles y basadas en evidencia para mejorar aprendizajes y equidad, condición indispensable para formar técnicos, bilingües y certificados capaces de responder a estándares industriales. Cuando sectores diversos presionan por mejor educación y salud, no es solo agenda social: es agenda económica de productividad y de retención de talento. [informedes...lud.com.do], [cnc.gob.do] [ministerio...ion.gob.do], [diariohispaniola.com]
En definitiva, la propuesta de incentivos selectivos que plantea Bonetti debe evolucionar a un contrato nacional de desarrollo territorial y productividad. La frontera, con la Ley 12-21, debe convertirse en fábrica de empleo y estabilidad regional; las MIPYMES, con la 488-08, deben ser el músculo proveedor que hace derrame; el MICM debe articular el marco legal y la estrategia; Hacienda debe blindar sostenibilidad y transparencia; el Banco Central debe medir impactos; y la reforma fiscal debe regresar, pero esta vez con legitimidad política construida: diálogo social, gradualidad y compensaciones creíbles. Solo así pasaremos de tener una “puerta” exitosa a habitar, por fin, una “casa” productiva dominicana: integrada, competitiva, justa y capaz de ofrecer oportunidades en cada provincia, para que nadie tenga que migrar por falta de empleo y para que nuestros mejores cerebros no se vayan a regalar el conocimiento que el país necesita —y que ya pagó con sus impuestos. [estadistic...crp.gob.pe], [cnc.gob.do] [blog.estre...tupete.com], [docs.repub...justia.com], [diariolibre.com], [elnacional.com.do] [estadistic...crp.gob.pe], [bing.com], [blog.estre...tupete.com]
Luis Orlando Díaz Vólquez
