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Presupuesto 2026 de la República Dominicana: análisis y reflexiones estratégicas (versión balanceada a favor del Gobierno)
El Presupuesto General del Estado 2026, aprobado por el Congreso Nacional por RD$ 1,841,701,394,621, consolida una apuesta por la estabilidad macroeconómica y el gasto social, en un contexto regional de menor dinamismo y mayores riesgos externos. La pieza se sustenta en supuestos de crecimiento real del PIB en el rango 4.5–5.0 %, inflación promedio ≈ 3.8 % y tipo de cambio de RD$ 65.50 por dólar; al mismo tiempo, contempla un déficit financiero consolidado cercano a 3.2 % del PIB, junto con fuentes de financiamiento que permitirían atender obligaciones y aplicaciones financieras sin comprometer la continuidad de programas prioritarios. Al cierre del ciclo legislativo, el Senado ratificó el proyecto tal como lo aprobó la Cámara de Diputados, y defendió tanto la orientación social del gasto como la reducción de la razón deuda/PIB frente a 2020, lo que constituye una señal de prudencia fiscal en un periodo de tasas internacionales elevadas.
1Un aspecto donde el Gobierno sale mejor parado es la composición funcional del gasto: los servicios sociales concentran aproximadamente el 45.5 %, reforzando prioridades en educación, salud y protección social; adicionalmente, se preserva la continuidad de proyectos de inversión articulados con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), con RD$ 460,096.4 millones (≈ 35.4 % del gasto primario) para bienes y servicios públicos vinculados a desarrollo local, innovación y sostenibilidad. Esta arquitectura sugiere un presupuesto que no solo paga compromisos, sino que también invierte en capital humano y cohesión territorial, coherente con un enfoque de crecimiento de mediano plazo.
La priorización sectorial se refleja en asignaciones robustas al Ministerio de Educación (≈ RD$ 332,030.6 millones) y al Ministerio de Salud (≈ RD$ 180,686.7 millones), además de la Administración de la Deuda Pública (≈ RD$ 362,550 millones), que ordena el cumplimiento de obligaciones financieras y evita presiones disruptivas sobre el resto del gasto. Que el presupuesto preserve—y en algunos rubros incremente—recursos para educación y salud en un entorno de incertidumbre externa, es un punto a favor de la administración, porque protege los pilares del bienestar y la productividad futura.
1La estrategia de ingresos y financiamiento también muestra elementos positivos. El ITBIS mantiene su liderazgo como fuente de recaudación (≈ 32.4 % del total; ≈ 5.45 % del PIB), mientras el sector minero—en particular Pueblo Viejo—aportaría cerca de US$ 475.5 millones (≈ RD$ 31,151.2 millones) en 2026, lo que diversifica el origen de los recursos y ayuda a sostener el balance fiscal. Aun con un financiamiento autorizado de RD$ 401,767.8 millones, la combinación de bonos globales y emisiones internas, gestionada bajo una estrategia de deuda de mediano plazo, busca reducir costos, diversificar riesgos y mantener una senda de sostenibilidad. Que el Gobierno haya defendido públicamente la reducción de la deuda en relación al PIB frente a 2020, se alinea con esta orientación prudencial.
El Gobierno también se beneficia de un marco institucional recientemente reforzado: la Ley 35‑24 de Responsabilidad Fiscal establece una regla de gasto primario (crecimiento ≤ inflación proyectada + 3 pp) y una meta de deuda de 40 % del PIB para 2035. Si bien análisis críticos han señalado que la regla se concentra en el gasto primario y podría requerir complementos (reglas sobre el balance total o la deuda efectiva), su sola existencia ya crea un ancla de disciplina que favorece la credibilidad del programa fiscal y la transparencia de la ejecución, especialmente cuando se publican lineamientos y marcos plurianuales. En este punto, la administración obtiene rédito por institucionalizar una práctica de previsión y control del gasto que antes era más difusa.
En el terreno macroeconómico, la versión oficial y las expectativas de mercado sugieren que la inflación permanece anclada dentro del rango meta del Banco Central (4 % ± 1 %), y que el tipo de cambio convergería hacia los supuestos del presupuesto (≈ RD$ 65.50/US$). Aunque la CEPAL ha revisado a la baja el crecimiento esperado para el país (2.9 % en 2025 y 3.6 % en 2026), la República Dominicana seguiría por encima del promedio regional en 2026, lo cual respalda el enfoque de mantener la inversión social y productiva mientras se cuidan los equilibrios fiscales. La prudencia que el Ejecutivo exhibe en la proyección y ejecución del gasto resulta congruente con un entorno regional que transitaría un cuarto año de bajo crecimiento.
Otro flanco donde el Gobierno muestra manejo responsable es el servicio de la deuda: el pago de intereses proyectado para 2026 (≈ RD$ 324,257 millones; ≈ 3.7 % del PIB) es elevado, pero su explicitación y cobertura dentro del presupuesto reduce incertidumbre y evita ajustes abruptos en otras partidas. Asimismo, el reconocimiento de la presión que este renglón ejerce sobre el espacio fiscal y la apuesta por un financiamiento diversificado—con una mayor base de inversionistas locales y mejor perfil de vencimientos—apunta a mitigar vulnerabilidades ante shocks externos de tasas y tipo de cambio. Este enfoque es consistente con prácticas de gestión prudente de portafolios soberanos y, de cara a 2026–2028, puede consolidar un descenso gradual del riesgo.
1En territorialidad y END 2030, el énfasis en provincias fronterizas (Dajabón, Pedernales, Monte Cristi) responde a brechas históricas de inversión y servicios, y sugiere una política pública de equilibrio regional. Las obras y proyectos integrales (conectividad, agua, salud, energía, seguridad) buscan catalizar industrias localizadas (turismo sostenible, agroencadenamientos, servicios logísticos), siempre que se acompañen con métricas de resultado y evaluación continua. Este diseño le favorece al Gobierno porque muestra una coherencia programática entre la planificación de largo plazo (END) y la asignación presupuestaria, reforzando la legitimidad del gasto y la narrativa de desarrollo inclusivo.
La controversia por la indexación salarial—reiteradamente pospuesta pese al mandato del Código Tributario de 1992—sigue siendo el mayor costo político del proyecto, pero incluso aquí la administración puede argumentar prudencia: abrir una mesa tripartita (Gobierno, sector privado y trabajadores) para acordar una indexación progresiva y compatible con estabilidad de precios reduce el riesgo de inercia inflacionaria y preserva la ruta de consolidación fiscal. De hecho, la aprobación del presupuesto sin la indexación ya gatilló críticas y advertencias de recursos de inconstitucionalidad; no obstante, el plan de gasto salvaguarda el desempeño macro, la continuidad social y la articulación con END, que son dimensiones cruciales para el año 2026.
En síntesis, el Presupuesto 2026 presenta un balance favorable al Gobierno por: (i) protección del gasto social y la inversión alineada a END 2030; (ii) gestión explícita del servicio de la deuda y uso prudente del financiamiento; (iii) marco institucional reforzado (Ley 35‑24) que ancla el gasto; y (iv) una lectura macro consistente con inflación anclada y crecimiento que, aun moderado, permanece sobre la media regional. Quedan desafíos—calidad del gasto, progresividad tributaria, indexación salarial con gobernanza, multiplicadores de la inversión y gestión de riesgos externos—pero, como diseño, la pieza presupuestaria permite al Gobierno salir mejor parado: cuida la estabilidad, sostiene la política social y mantiene el horizonte de transformación productiva en un entorno complejo.
Fuentes consultadas: Senado de la República Dominicana (16/12/2025); Cámara de Diputados (11/12/2025); El Caribe; El Día; Diario Digital RD; Hoy Digital; Listín Diario; Dominican Today; Ministerio de Hacienda (Ley 35‑24); Banco Central (Encuesta de expectativas); CEPAL.
Luis Orlando Díaz Vólquez
Presupuesto 2026 de la República Dominicana: Análisis y Reflexiones Estratégicas
Resumen | Este documento examina el Presupuesto General del Estado de la República Dominicana para 2026, aprobado por el Congreso Nacional por un monto consolidado de RD$ 1,841,701,394,621, con un déficit financiero estimado cercano al 3.2 % del PIB y un esquema de financiamiento que autoriza emisiones de deuda por más de RD$ 401,767 millones. Se analizan las principales líneas de gasto (servicios sociales, servicio de la deuda, servicios económicos), la composición entre gasto corriente e inversión de capital, las controversias asociadas a la ausencia de indexación salarial y las implicaciones de sostenibilidad fiscal. Asimismo, se presentan reflexiones estratégicas sobre la necesidad de un pacto fiscal, la calidad del gasto, la inversión territorial y sectorial, y la alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030). El análisis se fundamenta en fuentes oficiales y periodísticas recientes, incluyendo el Senado de la República, Diario Digital RD, El Caribe, El Día, Hoy Digital y Listín Diario.
Introducción
El Presupuesto General del Estado para el
año fiscal 2026 constituye la principal herramienta de política pública para la
asignación de recursos y la ejecución de las prioridades del Gobierno. Con un
monto consolidado de RD$ 1.84 billones, su aprobación en dos lecturas por el
Senado el 16 de diciembre de 2025, siguiendo a la Cámara de Diputados (11 de
diciembre de 2025), marca el cierre del ciclo presupuestario de fin de año y da
paso a la promulgación ejecutiva. La pieza se sustenta en supuestos macroeconómicos
de crecimiento del PIB entre 4.5 % y 5 %, inflación promedio en torno a 3.8 %,
y una tasa de cambio estimada de RD$ 65.50 por dólar, en un entorno
internacional de tasas elevadas y riesgos comerciales. Estos parámetros, junto
con la estructura del gasto y las fuentes de financiamiento, orientan las metas
de estabilidad y crecimiento para 2026.
Cifras clave y estructura del presupuesto
El monto consolidado aprobado asciende a
RD$ 1,841,701,394,621, mientras que los ingresos consolidados proyectados suman
RD$ 1,439,933,579,891. El déficit financiero consolidado se estima en RD$
278,654,040,137, y el financiamiento autorizado contempla emisiones de deuda
pública por hasta RD$ 401,767,814,730, con una mezcla de fuentes internas y
externas. Dentro del gasto total, el componente corriente representa el 86.7 %,
con RD$ 1,407,548.7 millones, y la inversión de capital alcanza el 13.3 %, con
RD$ 215,284.7 millones. Desde la perspectiva funcional, los Servicios Sociales
concentran aproximadamente el 45.5 % del gasto, seguidos por el servicio de la
deuda pública (alrededor del 22–23 % del gasto corriente) y los servicios
económicos (≈15.4 %). Entre las instituciones con mayores asignaciones figuran
el Ministerio de Educación (≈RD$ 332,030.6 millones), el Ministerio de Salud
(≈RD$ 180,686.7 millones) y la Administración de la Deuda Pública (≈RD$ 362,550
millones).
La orientación programática destaca una
partida de RD$ 460,096.4 millones (35.4 % del gasto primario del Gobierno
Central) alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), y un enfoque
territorial que prioriza provincias fronterizas como Dajabón, Pedernales y
Monte Cristi, consideradas rezagadas por indicadores oficiales. En la
estructura de ingresos, el ITBIS se mantiene como principal fuente de
recaudación (≈32.4 % del total y 5.45 % del PIB), mientras que el sector
minero, particularmente Barrick Gold, aportaría alrededor de US$ 475.5 millones
(≈RD$ 31,151.2 millones), impulsado por precios del oro y mayores volúmenes de
producción.
Controversias y debate legislativo
La aprobación del presupuesto estuvo
marcada por controversias, especialmente en torno a la indexación salarial
prevista en el Código Tributario desde 1992, que ha sido pospuesta
reiteradamente. El informe bicameral de la semana del 10 de diciembre de 2025
omitió la discusión sustantiva y volvió a diferir la indexación, generando
críticas por parte de la oposición y advertencias de eventuales recursos de
inconstitucionalidad. Los senadores de oposición, como Omar Fernández y Eduard
Espíritusanto, cuestionaron la baja proporción de inversión pública y el
predominio del gasto corriente, así como la ausencia de medidas para proteger
el poder adquisitivo de los trabajadores. En contraste, voces oficialistas
defendieron la suficiencia del diseño para sostener programas sociales, obras y
estabilidad macroeconómica, subrayando la reducción de la deuda pública en
porcentaje del PIB respecto a 2020 y la orientación pro-END del gasto.
Adicionalmente, análisis especializados
advierten sobre un patrón de déficit primario desde 2020, en el que los
ingresos corrientes no alcanzan para cubrir los gastos corrientes, forzando al
Estado a endeudarse para atender compromisos cotidianos (nómina, subsidios,
pensiones e intereses). Estudios como ‘Un presupuesto sin pacto’ señalan un
‘bucle fiscal’ de ingresos estancados, gasto rígido y déficit crónico, con una
nómina pública que absorbe el 34 % del presupuesto 2026 y un crecimiento
acumulado del empleo estatal entre 2005 y 2025. Este cuadro enfatiza la
urgencia de una reforma fiscal con enfoque de progresividad y eficiencia del
gasto para romper la inercia.
Sostenibilidad fiscal, servicio de la deuda y riesgos
El servicio de la deuda proyectado para
2026 (≈RD$ 324,257 millones) representa cerca del 3.7 % del PIB y más de una
quinta parte del gasto corriente. Esta carga ha aumentado significativamente
desde 2020, producto de mayor acumulación de deuda y de tasas de interés
internacionales elevadas. De acuerdo con proyecciones, el saldo de la deuda del
Gobierno Central podría ubicarse cerca del 49–50 % del PIB al cierre de 2026.
La estrategia de financiamiento combina bonos globales, deuda externa y
emisiones en el mercado local, con una proporción externa superior al 70 % del
total previsto, lo que introduce vulnerabilidades ante shocks financieros, de
tipo de cambio y de tasas.
El contexto macro regional (menor
dinamismo, demanda externa débil, volatilidad financiera) y la senda de
crecimiento moderado prevista por organismos internacionales para 2025–2026
exigen prudencia fiscal y priorización de inversiones con alto multiplicador.
La asignación a educación y salud es consistente con objetivos sociales, pero
el margen de inversión en infraestructura, tecnología y logística debería
ampliarse para impactar productividad total de los factores, encadenamientos
industriales y competitividad exportadora, especialmente en sectores de alto
valor agregado (dispositivos médicos, farmacéutico, eléctrico/electrónico).
Enfoque territorial, END 2030 y equidad
El énfasis en provincias fronterizas
responde a brechas históricas de inversión y servicios. La mayor inversión per
cápita en Dajabón, Pedernales y Monte Cristi tiene el potencial de catalizar
desarrollo regional, turismo sostenible y encadenamientos productivos, siempre
que las obras prioricen conectividad vial, agua, energía, salud, educación
técnica y seguridad. La END 2030 demanda coherencia interinstitucional y
evaluación de impacto: el 35.4 % del gasto primario alineado a la END es un
punto de partida, pero se requiere seguimiento con indicadores de resultado
(acceso, calidad, productividad, empleo formal).
La equidad fiscal y social también amerita
revisar la estructura tributaria: el predominio del ITBIS y de impuestos al
consumo sobre las rentas altas y patrimonios concentra la carga en las
mayorías, reproduciendo desigualdades. Un pacto fiscal debería abordar
progresividad, combate a la evasión, ampliación de bases, y una regla fiscal
que ancle el déficit y el crecimiento del gasto corriente, a la vez que protege
inversión crítica en capital humano e infraestructura.
Recomendaciones de política para 2026–2028
1) **Regla fiscal y anclaje del déficit**:
Establecer metas plurianuales que limiten el crecimiento del gasto corriente
por debajo del crecimiento potencial del PIB y que prioricen superávit primario
en el mediano plazo.
2) **Calidad del gasto y gestión por resultados**: Revisar programas con baja
eficiencia; consolidar unidades ejecutoras; fortalecer compras públicas con
trazabilidad digital; expandir presupuestos por desempeño.
3) **Progresividad tributaria**: Evaluar escalas de IR, gravámenes a rentas de
capital y patrimonios elevados, y cerrar brechas de evasión y elusión; reducir
exenciones ineficientes y gastos tributarios.
4) **Inversión en infraestructura y productividad**: Aumentar la inversión de
capital hacia logística, energía renovable, agua y saneamiento, conectividad
digital y educación técnica (STEM), con enfoque territorial en provincias de
menor desarrollo relativo.
5) **Financiamiento responsable**: Optimizar el mix deuda externa/interna para
reducir riesgos de tipo de cambio; ampliar la base de inversionistas locales;
evaluar mecanismos de cobertura (hedging) y mejorar el perfil de vencimientos.
6) **Indexación salarial y diálogo social**: Abrir una mesa técnica tripartita
(Gobierno, sector privado, trabajadores) para discutir indexación progresiva,
protegiendo poder adquisitivo y evitando impactos inflacionarios.
7) **Transparencia y rendición de cuentas**: Publicar tableros de ejecución
trimesuales por función y territorio; incluir indicadores de impacto; reforzar
la auditoría externa e interna.
Conclusiones
El Presupuesto 2026 consolida la
estabilidad macroeconómica y la continuidad de la inversión social, pero expone
tensiones estructurales: un gasto corriente elevado, servicio de la deuda
creciente, y una inversión pública aún limitada para acelerar la productividad.
La controversia por la indexación salarial revela el reto de equilibrar
sostenibilidad fiscal con protección del ingreso real. Romper el ‘bucle fiscal’
exige un pacto que integre progresividad tributaria y eficiencia del gasto,
mientras se robustecen las capacidades del Estado para transformar recursos en
derechos y desarrollo regional equilibrado. En un entorno de crecimiento
moderado y riesgos externos, las decisiones de 2026–2028 definirán si la
estabilidad se convierte en una trayectoria de alto valor agregado, innovación
y resiliencia.
Referencias
Senado de la República Dominicana. (2025,
16 de diciembre). Senado aprueba Presupuesto General del Estado para el año
2026.
https://www.senadord.gob.do/senado-aprueba-presupuesto-general-del-estado-para-el-ano-2026/
El Caribe. (2025, 17 de diciembre).
Convierten en ley Presupuesto General del Estado para 2026.
https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/senado-aprueba-presupuesto-por-rd1-8-billones/
Diario Digital RD. (2025, 11 de diciembre).
Diputados aprueban Presupuesto General del Estado 2026.
https://diariodigitalrd.com/2025/12/11/diputados-aprueban-presupuesto-general-del-estado-2026.html/
El Día. (2025, 16 de diciembre). Senado
aprueba de urgencia el Presupuesto 2026.
https://eldia.com.do/senado-aprueba-de-urgencia-el-presupuesto-2026/
Hoy Digital. (2025, 16 de diciembre).
Senado aprueba Presupuesto General del Estado para 2026 por RD$1.84 billones.
https://hoy.com.do/el-pais/senado-aprueba-presupuesto-general-ano-2026-rd-1-84-billones_1070061.html
Listín Diario. (2025, 18 de octubre).
Presupuesto 2026.
https://listindiario.com/puntos-de-vista/20251018/presupuesto-2026_878699.html
Dominican Today. (2025, 10 de diciembre).
Dominican Congress approves 2026 budget report without salary adjustment.
https://dominicantoday.com/dr/local/2025/12/10/dominican-congress-approves-2026-budget-report-without-salary-adjustment/
Hoy Digital. (2025, 18 de noviembre).
Presupuesto del 2026 mantiene a la República Dominicana en un estancamiento
fiscal crítico, según estudio.
https://hoy.com.do/economia/presupuesto-2026-mantiene-republica-dominicana-estancamiento-fiscal-critico-estudio_1061230.html
Dominicanos Hoy. (2025, 19 de noviembre).
Estudio advierte que, sin pacto fiscal, Presupuesto 2026 repite ciclo de
parches.
https://www.dominicanoshoy.com/2025/11/19/estudio-advierte-que-sin-pacto-fiscal-presupuesto-2026-repite-ciclo-de-parches/
Palabras clave
Presupuesto 2026; déficit fiscal; inversión pública; servicio de la deuda; indexación salarial; pacto fiscal; República Dominicana.
17 de diciembre de 2025
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El documento analiza el Presupuesto General del Estado de la República
Dominicana para 2026, destacando su estructura, controversias y retos fiscales,
así como recomendaciones estratégicas para asegurar la sostenibilidad y el
desarrollo alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.
·
Monto y déficit
presupuestario: El presupuesto consolidado aprobado es de RD$
1.84 billones con un déficit financiero estimado en 3.2 % del PIB y
financiamiento autorizado para emisiones de deuda por más de RD$ 401,767
millones.
·
Composición del gasto:
El gasto corriente representa el 86.7 % y la inversión de capital el 13.3 %.
Los servicios sociales concentran el 45.5 % del gasto, seguido por el servicio
de la deuda (22–23 %) y servicios económicos (15.4 %).
·
Fuentes de ingreso:
El ITBIS es la principal fuente con 32.4 % de la recaudación y el sector
minero, especialmente Barrick Gold, aporta alrededor de US$ 475.5 millones.
·
Controversias legislativas:
La ausencia de indexación salarial ha generado críticas y advertencias de
inconstitucionalidad, mientras la oposición cuestiona la baja inversión pública
y el predominio del gasto corriente.
·
Sostenibilidad fiscal y
deuda: El servicio de la deuda representa 3.7 % del PIB y más
de una quinta parte del gasto corriente, con un saldo de deuda cercano al 50 %
del PIB proyectado para 2026, lo que implica vulnerabilidades financieras.
·
Enfoque territorial y END
2030: Se priorizan provincias fronterizas rezagadas para
catalizar desarrollo regional y se alinea el gasto con la Estrategia Nacional
de Desarrollo, aunque se requiere seguimiento con indicadores de impacto.
·
Estructura tributaria y
equidad: La carga impositiva recae mayoritariamente sobre
impuestos al consumo, reproduciendo desigualdades, por lo que se plantea la
necesidad de un pacto fiscal que mejore progresividad y combata evasión.
·
Recomendaciones políticas:
Se sugieren reglas fiscales que anclen el déficit, mejorar la calidad del
gasto, promover progresividad tributaria, aumentar inversión en infraestructura
y productividad, optimizar financiamiento, discutir indexación salarial y
fortalecer transparencia y rendición de cuentas.
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VERSIÓN AMPLIADA
Presupuesto 2026 de la República Dominicana: Análisis
y Reflexiones Estratégicas (Versión ampliada)
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
Resumen
El Presupuesto General del Estado 2026, aprobado por
el Congreso Nacional por RD$ 1,841,701,394,621, se sustenta en supuestos de
crecimiento real del PIB en el rango 4.5–5.0 %, inflación promedio ≈ 3.8 % y
tipo de cambio de RD$ 65.50/US$, con un déficit financiero consolidado cercano
a 3.2 % del PIB. La estructura del gasto privilegia los servicios sociales (≈
45.5 %) y el gasto corriente (86.7 %), mientras la inversión de capital (13.3
%) y el patrón de financiamiento (con participación externa superior al 70 %)
exponen vulnerabilidades ante choques de tasas y tipo de cambio. Se analiza la
controversia por la no indexación salarial, el peso del servicio de la deuda (≈
RD$ 324,257 millones; ≈ 3.7 % del PIB), la alineación con la Estrategia
Nacional de Desarrollo (END 2030) y la necesidad de un pacto fiscal que combine
progresividad tributaria, eficiencia del gasto y reglas fiscales efectivas. Se
presentan recomendaciones para 2026–2028 orientadas a fortalecer la
sostenibilidad y el desarrollo territorial y sectorial.
Introducción
La Ley de Presupuesto 2026 fue sancionada por el
Senado el 16 de diciembre de 2025, en dos lecturas de urgencia, tras la
aprobación previa de la Cámara de Diputados el 11 de diciembre. El monto
consolidado asciende a RD$ 1,841,701,394,621; los ingresos consolidados
proyectados a RD$ 1,439,933,579,891; y el financiamiento autorizado a RD$
401,767,814,730. Estos agregados se inscriben en un marco macroeconómico que
prevé crecimiento real del 4.5–5.0 %, inflación promedio ≈ 3.8 %, y tipo de
cambio RD$ 65.50/US$ para 2026, con una estrategia de deuda de mediano plazo
que combina bonos globales, deuda externa y emisiones locales. A pesar de ese
escenario, la CEPAL redujo recientemente las proyecciones de crecimiento para
República Dominicana (2.9 % en 2025 y 3.6 % en 2026), reflejando el menor
dinamismo regional y riesgos externos, lo que exige prudencia en la ejecución
del gasto y en la gestión del financiamiento.
Cifras
clave y estructura del presupuesto
Desde la perspectiva económica, el gasto total
estimado para 2026 es de RD$ 1,622,833.4 millones (≈ 18.7 % del PIB), con un
gasto corriente de RD$ 1,407,548.7 millones (86.7 %) y un gasto de capital de
RD$ 215,284.7 millones (13.3 %). Funcionalmente, los servicios sociales
concentran ≈ 45.5 % del gasto, seguidos por intereses de la deuda (≈ 22.3 % del
gasto corriente) y servicios económicos (≈ 15.4 %). En términos
institucionales, destacan la Administración de la Deuda Pública (≈ RD$ 362,550
millones), el Ministerio de Educación (≈ RD$ 332,030.6 millones) y el
Ministerio de Salud (≈ RD$ 180,686.7 millones). En la estructura de ingresos,
el ITBIS representa ≈ 32.4 % del total y ≈ 5.45 % del PIB, mientras el sector
minero—con Pueblo Viejo— aportaría alrededor de US$ 475.5 millones (≈ RD$
31,151.2 millones). El financiamiento prevé RD$ 401,767.8 millones, de los
cuales ≈ 70.6 % serían fuentes externas (incluidos bonos globales),
intensificando la exposición a shocks financieros internacionales.
Marco
macroeconómico y escenarios
El Marco Macroeconómico Plurianual 2025–2029 elaborado
por Hacienda, Economía y el Banco Central actualizó supuestos clave: para 2026,
crecimiento real en torno a 4.5–5.0 %, inflación promedio controlada y una
depreciación del tipo de cambio hacia RD$ 65.50/US$. Encuestas de expectativas
del Banco Central muestran inflación anclada dentro del rango meta (4 % ± 1 %)
y tipo de cambio convergente con las proyecciones oficiales. No obstante, la
desaceleración del consumo privado y la demanda externa en la región (CEPAL)
obliga a incorporar escenarios alternativos que, de materializarse,
presionarían ingresos tributarios y, por ende, el balance fiscal. Una regla
fiscal centrada sólo en el gasto primario podría no ser suficiente para anclar
el déficit total y la trayectoria de deuda si el crecimiento potencial se
modera.
Balance
primario, servicio de la deuda y dinámica del endeudamiento
El servicio de la deuda (intereses) ascendería a ≈ RD$
324,257 millones en 2026 (≈ 3.7 % del PIB), prácticamente el valor del mandato
constitucional del 4 % del PIB para educación en términos comparativos. El
incremento respecto a 2020 obedece a mayor acumulación de deuda y a tasas
internacionales elevadas. Proyecciones independientes sitúan el saldo de la
deuda del Gobierno Central alrededor de 49–50 % del PIB al cierre de 2026. Dada
la composición con preponderancia externa, las necesidades brutas de financiamiento
y el perfil de vencimientos deben gestionarse con criterios de costo-riesgo,
incluyendo diversificación de instrumentos, ampliación de la base de
inversionistas locales y mecanismos de cobertura (p. ej., swaps de tasa y de
moneda) cuando la normativa y el mercado lo permitan.
Composición
de ingresos y esfuerzo tributario
En ingresos, el predominio de impuestos al consumo—en
especial el ITBIS—continúa concentrando la carga en los hogares. La
progresividad efectiva del sistema se ve limitada por exenciones, tratamientos
preferenciales y brechas de control. La literatura sugiere que reformas
enfocadas en ampliar bases, simplificar figuras y fortalecer fiscalización
mejoran la recaudación sin elevar excesivamente las tasas. En el caso
dominicano, la discusión de un pacto fiscal debería considerar ajustes en el
Impuesto sobre la Renta de personas físicas (tramos y deducciones), gravámenes
razonables a rentas de capital y patrimonios, y una revisión exhaustiva de los
gastos tributarios con criterios de costo-beneficio.
Inversión
pública y multiplicadores
La inversión pública programada (≈ 13.3 % del gasto; ≈
2.5 % del PIB) requiere priorización rigurosa. Evidencia regional muestra que
proyectos en logística (puertos, carreteras secundarias, intermodales), agua y
saneamiento, energía renovable y conectividad digital tienden a exhibir
multiplicadores más altos y efectos perdurables sobre productividad.
Complementar estas apuestas con educación técnica y formación STEM, ligadas a
clusters con ventajas reveladas (dispositivos médicos, farmacéutico, eléctrico/electrónico)
potencia encadenamientos hacia exportaciones de mayor valor agregado, alineadas
con la END 2030.
Enfoque
territorial y END 2030
El enfoque territorial hacia provincias fronterizas
(Dajabón, Pedernales, Monte Cristi) busca corregir brechas históricas mediante
inversiones en conectividad vial, agua, salud, energía y seguridad. La
evidencia de gestión multianual sugiere que estos territorios requieren
paquetes integrales: infraestructura + servicios + desarrollo productivo +
gobernanza local. La articulación con el Proyecto Pedernales y obras en Dajabón
debe acompañarse de métricas de resultado: reducción de tiempos de viaje, cobertura
de agua potable y saneamiento, tasas de empleo formal, matriculación técnica y
seguridad ciudadana. Publicar tableros trimestrales con metas y avance
fortalecería rendición de cuentas y coordinación interinstitucional.
Controversias
legislativas: indexación salarial y calidad del gasto
La no indexación salarial, pese al mandato del Código
Tributario, concentra la polémica. La suspensión reiterada afecta el ingreso
real de asalariados formales y tensiona la percepción de cumplimiento de la
ley. El debate legislativo evidenció diferencias sobre la proporción de gasto
corriente, el nivel de inversión y la oportunidad de proteger el poder
adquisitivo en un contexto de inflación moderada. Si bien el oficialismo
subraya la reducción de la deuda/PIB frente a 2020 y la continuidad de programas
sociales, la oposición advierte sobre el riesgo de perpetuar un déficit
primario y el endeudamiento para gastos recurrentes. Una mesa tripartita
(Gobierno–sector privado–trabajadores), con cronograma, parámetros de inflación
esperada y salvaguardas anti‑indexación inercial, podría conciliar objetivos de estabilidad y equidad.
Gobernanza
del gasto: PFM, compras y auditoría
La calidad del gasto depende de sistemas de gestión
financiera pública (PFM) robustos: presupuestos por desempeño, trazabilidad en
compras, control interno, auditoría independiente y evaluación ex‑post. Avances en
transparencia deben consolidarse con datos abiertos de ejecución por función y territorio,
contratos estandarizados, registro de beneficiarios finales y uso de analítica para detección de anomalías. La coordinación entre Hacienda,
Economía
y Contraloría,
con soporte de la Cámara
de Cuentas, es central para mejorar eficiencia y confianza.
Riesgos
y mitigación (2026–2027)
Principales riesgos para 2026–2027: (i) menor
crecimiento global y comercio internacional; (ii) volatilidad financiera y
cambios en tasas y spreads soberanos; (iii) shocks de materias primas
(petróleo, oro) que afectan subsidios y recaudación; (iv) desastres naturales y
vulnerabilidad climática; (v) retrasos en ejecución de inversión por cuellos de
botella. La respuesta debe incluir planificación de contingencias, colchones de
liquidez, y priorización flexible de inversiones de alto impacto con maduración
técnica avanzada.
Recomendaciones
de política (2026–2028)
1) Reglas fiscales
integrales: Complementar la regla de gasto primario (Ley 35‑24) con metas de
balance y deuda que impidan deslizamientos del déficit total, incluyendo sendas explícitas para un superávit primario
sostenible.
2) Revisión
programática: Auditorías de desempeño a programas y subsidios; cierre de
iniciativas de baja efectividad; reasignación a proyectos con evidencia de alto
multiplicador.
3) Reforma tributaria
progresiva: Ajustes a escalas del IR, tributación de rentas de capital y
patrimonios; revisión de gastos tributarios con umbrales de
productividad/cumplimiento.
4) Gestión de deuda y
riesgos: Diversificar base inversora local; alargar vencimientos; explorar
coberturas; limitar exposición cambiaria en nuevas emisiones.
5) Inversión
transformadora: Paquetes territoriales integrales (infraestructura + servicios
+ capital humano); priorización de logística, agua/saneamiento, energía
renovable y digital.
6) Indexación con
gobernanza: Mesa tripartita con reglas de indexación progresiva y cláusulas
anti‑inercia;
monitoreo de impacto en inflación
y consumo.
7) Transparencia y
M&E: Tableros trimestrales por función/territorio; indicadores END;
auditorías externas; publicación de contratos y riesgos de proyectos.
Conclusiones
El Presupuesto 2026 refleja continuidad social y
prudencia macro, pero también rigideces y riesgos que limitan el avance sobre
productividad y resiliencia. Romper el “bucle fiscal” exige integrar reglas
fiscales efectivas, reforma tributaria progresiva, gestión de deuda responsable
y una agenda de inversión pública transformadora, con gobernanza PFM de alto
estándar. En el marco de la END 2030 y de un entorno externo incierto,
2026–2028 debe convertirse en un trienio de consolidación institucional y de salto
cualitativo hacia un crecimiento de mayor valor agregado. La clave: disciplina
fiscal con justicia social y métricas verificables que conviertan recursos en
derechos y competitividad.
Referencias
Senado
de la República Dominicana. (2025, 16 de diciembre). Senado aprueba Presupuesto
General del Estado para el año 2026.
https://www.senadord.gob.do/senado-aprueba-presupuesto-general-del-estado-para-el-ano-2026/
El
Caribe. (2025, 16 de diciembre). Senado aprueba con urgencia el Presupuesto
2026: RD$ 1.84 billones.
https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/senado-aprueba-con-urgencia-el-presupuesto-2026-rd1-84-billones/
El
Caribe. (2025, 17 de diciembre). Convierten en ley Presupuesto General del
Estado para 2026.
https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/senado-aprueba-presupuesto-por-rd1-8-billones/
Diario
Digital RD. (2025, 11 de diciembre). Diputados aprueban Presupuesto General del
Estado 2026.
https://diariodigitalrd.com/2025/12/11/diputados-aprueban-presupuesto-general-del-estado-para-el-ano-2026.html/
Dominican
Today. (2025, 10 de diciembre). Dominican Congress approves 2026 budget report
without salary adjustment.
https://dominicantoday.com/dr/local/2025/12/10/dominican-congress-approves-2026-budget-report-without-salary-adjustment/
Dominican
Today. (2025, 11 de diciembre). Ruling party dominance delivers 2026 budget
despite opposition push for indexation.
https://dominicantoday.com/dr/economy/2025/12/11/ruling-party-dominance-delivers-2026-budget-despite-opposition-push-for-indexation/
Listín
Diario. (2025, 18 de octubre). Presupuesto 2026.
https://listindiario.com/puntos-de-vista/20251018/presupuesto-2026_878699.html
El
Día. (2025, 16 de diciembre). Senado aprueba de urgencia el Presupuesto 2026.
https://eldia.com.do/senado-aprueba-de-urgencia-el-presupuesto-2026/
Ministerio
de Hacienda (RD). (2024, 5 de agosto). Ley núm. 35‑24 de Responsabilidad
Fiscal.
https://www.hacienda.gob.do/wp-content/uploads/2024/08/Ley-de-Responsabilidad-fiscal.pdf
Diario
Libre. (2025, 30 de octubre). ¿Una ley de responsabilidad fiscal insuficiente?
https://www.diariolibre.com/economia/finanzas/2025/10/30/una-ley-de-responsabilidad-fiscal-insuficiente/3294751
Diario
Libre. (2025, 16 de diciembre). La CEPAL reduce proyección de crecimiento de la
economía dominicana.
https://www.diariolibre.com/economia/macroeconomia/2025/12/16/la-cepal-reduce-proyeccion-de-crecimiento-de-la-economia-dominicana/3379032
Hoy
Digital. (2025, 16 de diciembre). CEPAL reduce proyecciones y anticipa
crecimiento más lento para la economía dominicana.
https://hoy.com.do/economia/cepal-reduce-proyecciones-anticipa-crecimiento-lento-economia-dominicana_1070046.html
Banco Central de la República Dominicana. (2025, julio). Encuesta de Expectativas Macroeconómicas. https://www.bancentral.gov.do/a/d/6281
17 de diciembre de 2025
Palabras clavePresupuesto 2026 de la República Dominicana: análisis
y reflexiones estratégicas
El Presupuesto General del Estado 2026, aprobado por
el Congreso Nacional por RD$ 1,841,701,394,621, se sustenta en supuestos de
crecimiento real del PIB en el rango 4.5–5.0 %, una inflación promedio en torno
a 3.8 % y un tipo de cambio de RD$ 65.50 por dólar, con un déficit financiero
consolidado cercano a 3.2 % del PIB. La estructura del gasto privilegia los
servicios sociales (≈ 45.5 %) y el gasto corriente (86.7 %), mientras que la
inversión de capital (13.3 %) y el patrón de financiamiento —con participación
externa superior al 70 %— exponen vulnerabilidades ante choques de tasas y de
tipo de cambio. Este marco obliga a discutir con rigor la sostenibilidad
fiscal, la calidad del gasto y la protección del ingreso real de los
trabajadores.
La ley fue sancionada por el Senado el 16 de diciembre
de 2025, tras dos lecturas de urgencia, luego de la aprobación previa de la
Cámara de Diputados el 11 de diciembre. El presupuesto consolida ingresos por
RD$ 1,439,933,579,891 y autoriza financiamiento por RD$ 401,767,814,730. A
nivel funcional, los servicios sociales concentran la mayor proporción del
gasto público, seguidos por los intereses de la deuda y los servicios
económicos. En términos institucionales, destacan las asignaciones a la Administración
de la Deuda Pública (≈ RD$ 362,550 millones), al Ministerio de Educación (≈ RD$
332,030.6 millones) y al Ministerio de Salud (≈ RD$ 180,686.7 millones). En la
estructura de ingresos, el ITBIS mantiene su predominio (≈ 32.4 % de la
recaudación y ≈ 5.45 % del PIB), mientras el sector minero —con Pueblo Viejo—
aportaría alrededor de US$ 475.5 millones (≈ RD$ 31,151.2 millones).
El Marco Macroeconómico Plurianual 2025–2029,
elaborado por las autoridades económicas, actualiza supuestos clave para 2026:
crecimiento real en torno a 4.5–5.0 %, inflación promedio controlada y
depreciación del tipo de cambio hacia RD$ 65.50 por dólar. Encuestas de
expectativas del Banco Central muestran la inflación anclada dentro del rango
meta (4 % ± 1 %) y un tipo de cambio convergente con las proyecciones
oficiales. No obstante, la CEPAL redujo recientemente las proyecciones de
crecimiento para República Dominicana (2.9 % en 2025 y 3.6 % en 2026),
reflejando menor dinamismo regional y riesgos externos. Este telón de fondo
sugiere prudencia en la ejecución del gasto y cautela en la gestión del
financiamiento, con escenarios alternativos por si la demanda interna y externa
se moderan más de lo previsto.
El servicio de la deuda (intereses) ascendería a ≈ RD$
324,257 millones en 2026 (≈ 3.7 % del PIB), cifra que, por sí sola, equivale
aproximadamente al esfuerzo que representa el 4 % del PIB en educación. El
aumento respecto al cierre de 2020 obedece a la mayor acumulación de deuda y al
entorno de tasas internacionales elevadas. Proyecciones independientes sitúan
el saldo de la deuda del Gobierno Central alrededor de 49–50 % del PIB al
cierre de 2026. Dada la alta participación de financiamiento externo, las
necesidades brutas de financiamiento y el perfil de vencimientos deben
administrarse con criterios de costo-riesgo, diversificando instrumentos,
ampliando la base de inversionistas locales y evaluando, cuando la normativa y
el mercado lo permitan, mecanismos de cobertura (p. ej., swaps de tasa y de
moneda).
En materia de ingresos, el predominio de impuestos al
consumo —en especial el ITBIS— mantiene una carga significativa sobre los
hogares. La progresividad efectiva del sistema se ve limitada por exenciones,
tratamientos preferenciales y brechas de control. La experiencia comparada
sugiere que reformas orientadas a ampliar bases, simplificar figuras y
fortalecer la fiscalización permiten mejorar la recaudación sin elevar
excesivamente las tasas. En el caso dominicano, cualquier pacto fiscal debería
considerar ajustes en el Impuesto sobre la Renta de personas físicas (tramos y
deducciones), gravámenes razonables a rentas de capital y patrimonios, y una
revisión exhaustiva de los gastos tributarios según criterios de
costo-beneficio y de impacto en productividad.
La inversión pública programada (≈ 13.3 % del gasto; ≈
2.5 % del PIB) exige una priorización rigurosa. La evidencia regional muestra
que proyectos de logística (puertos, carreteras secundarias, conexiones
intermodales), agua y saneamiento, generación y transmisión de energía
renovable, y conectividad digital exhiben multiplicadores más altos y efectos
más duraderos sobre la productividad. Complementar estas apuestas con educación
técnica y formación STEM, ligada a clusters con ventajas reveladas —como dispositivos
médicos, farmacéutico y eléctrico/electrónico— potencia encadenamientos hacia
exportaciones de mayor valor agregado, en coherencia con la END 2030.
El enfoque territorial hacia provincias fronterizas
(Dajabón, Pedernales y Monte Cristi) busca corregir brechas históricas de
inversión y servicios mediante proyectos de conectividad vial, agua, salud,
energía y seguridad. La experiencia sugiere que estos territorios se benefician
de paquetes integrales: infraestructura más servicios y desarrollo productivo,
acompañados de gobernanza local. Para garantizar resultados, deben establecerse
métricas claras: reducción de tiempos de viaje, cobertura de agua potable y
saneamiento, tasas de empleo formal, matrícula en educación técnica y seguridad
ciudadana. Publicar tableros trimestrales con metas y avances fortalecería la
rendición de cuentas y la coordinación interinstitucional.
La no indexación salarial, pese al mandato del Código
Tributario de 1992, concentra la polémica del proceso presupuestario. La
suspensión reiterada afecta el ingreso real de asalariados formales y tensiona
la percepción de cumplimiento de la ley. Si bien el oficialismo subraya la
reducción de la deuda/PIB frente a 2020 y la continuidad de programas sociales,
la oposición advierte sobre el riesgo de perpetuar un déficit primario y el
endeudamiento para gastos recurrentes. Una mesa tripartita (Gobierno, sector
privado y trabajadores), con cronograma, parámetros de inflación esperada y
salvaguardas contra indexaciones inerciales, podría conciliar objetivos de
estabilidad y de equidad.
La calidad del gasto depende de sistemas de gestión
financiera pública (PFM) robustos: presupuestos por desempeño, trazabilidad en
compras, control interno, auditorías independientes y evaluación ex‑post. Los avances en
transparencia deben consolidarse con datos abiertos de ejecución por función y territorio,
contratos estandarizados, registro de beneficiarios finales y uso de analítica para detección de anomalías. La coordinación entre las entidades
rectoras de Hacienda, Economía
y la Contraloría,
con soporte de la Cámara de Cuentas, es central para mejorar la eficiencia y
recuperar confianza ciudadana.
Los principales riesgos para 2026–2027 incluyen el
menor crecimiento global y del comercio internacional, la volatilidad
financiera y los cambios en tasas y spreads soberanos, los shocks de materias
primas (petróleo y oro) que inciden en subsidios y recaudación, la exposición a
desastres naturales y vulnerabilidad climática, y los retrasos de ejecución por
cuellos de botella administrativos y técnicos. La respuesta debe prever
planificación de contingencias, colchones de liquidez y una priorización flexible
de inversiones de alto impacto con maduración técnica avanzada.
De cara al trienio 2026–2028, el país necesita
integrar medidas coherentes y simultáneas: complementar la regla de gasto
primario (Ley 35‑24)
con metas de balance y de deuda que impidan deslizamientos del déficit total y que
tracen sendas explícitas
hacia un superávit
primario sostenible; realizar auditorías de desempeño a programas y subsidios para cerrar iniciativas de
baja efectividad y reasignar recursos a proyectos con evidencia de alto
multiplicador; avanzar en una reforma tributaria progresiva que ajuste escalas
del IR, tribute rentas de capital y patrimonios con razonabilidad y revise los
gastos tributarios bajo umbrales de productividad y cumplimiento; gestionar la
deuda con diversificación de la base inversora local, alargamiento de
vencimientos y uso responsable de coberturas, limitando la exposición cambiaria
en nuevas emisiones; impulsar paquetes territoriales integrales que combinen
infraestructura, servicios y capital humano con prioridad en logística,
agua/saneamiento, energía renovable y digital; negociar una indexación salarial
con gobernanza clara, cláusulas anti‑inercia y monitoreo de sus efectos
en inflación
y consumo; y fortalecer la transparencia y el monitoreo y evaluación (M&E) con
tableros trimestrales por función
y territorio, indicadores END y auditorías externas.
En síntesis, el Presupuesto 2026 refleja continuidad
social y prudencia macro, pero también rigideces y riesgos que limitan el
avance sobre productividad y resiliencia. Romper el “bucle fiscal” exige
combinar reglas fiscales efectivas, reforma tributaria progresiva, gestión de
deuda responsable y una agenda de inversión pública transformadora, con
gobernanza PFM de alto estándar. En el marco de la END 2030 y de un entorno
externo incierto, 2026–2028 debe convertirse en un trienio de consolidación
institucional y de salto cualitativo hacia un crecimiento de mayor valor
agregado. La clave será disciplina fiscal con justicia social y métricas
verificables que conviertan recursos en derechos y competitividad.
Fuentes consultadas: Senado de la República Dominicana (16/12/2025); Cámara de Diputados (11/12/2025); El Caribe; Diario Digital RD; El Día; Hoy Digital; Listín Diario; Dominican Today; Ministerio de Hacienda (Ley 35‑24); Banco Central (Encuesta de expectativas); CEPAL.
....RESUMEN
El Presupuesto General del Estado 2026 de República Dominicana se basa en
supuestos macroeconómicos prudentes con un crecimiento del PIB estimado entre
4.5 % y 5.0 %, inflación controlada y un déficit financiero cercano al 3.2 %
del PIB, priorizando el gasto social y corriente pero enfrentando
vulnerabilidades por su alta dependencia del financiamiento externo. A
continuación, se presentan los puntos clave del análisis y reflexiones
estratégicas sobre este presupuesto.
·
Crecimiento y marco
macroeconómico: El presupuesto se fundamenta en un crecimiento
real del PIB de 4.5–5.0 %, inflación promedio de 3.8 % y tipo de cambio de RD$
65.50 por dólar, aunque organismos como la CEPAL proyectan un crecimiento más
bajo, lo que sugiere prudencia en la ejecución del gasto y la gestión del
financiamiento.
·
Estructura de ingresos y
gastos: Los servicios sociales concentran cerca del 45.5 % del
gasto, con un predominio del gasto corriente (86.7 %), mientras que la
inversión de capital representa solo el 13.3 %. El ITBIS es la principal fuente
de ingresos, con un 32.4 % de la recaudación, y el sector minero aporta
significativamente.
·
Deuda y servicio financiero:
El pago de intereses de la deuda asciende a RD$ 324,257 millones (3.7 % del
PIB), cifra comparable al gasto en educación, con un saldo de deuda estimado en
49–50 % del PIB para 2026. Se recomienda diversificar instrumentos y gestionar
riesgos cambiarios y de tasas.
·
Reforma tributaria y
progresividad: El sistema tributario depende principalmente de
impuestos al consumo, con limitaciones en progresividad debido a exenciones y
brechas de control. Se sugiere ampliar bases, ajustar el impuesto sobre la
renta y revisar gastos tributarios para mejorar la recaudación sin aumentar
tasas.
·
Prioridades en inversión
pública: La inversión pública (2.5 % del PIB) debe priorizar
proyectos con alto impacto productivo como infraestructura logística, agua y
saneamiento, energía renovable y conectividad digital, complementados con
educación técnica y formación STEM para potenciar exportaciones de mayor valor
agregado.
·
Desarrollo territorial:
Se enfatiza la atención a provincias fronterizas con proyectos integrales que
combinen infraestructura, servicios y desarrollo productivo, acompañados de
gobernanza local y métricas claras para evaluar avances en empleo, educación y
seguridad.
·
Indexación salarial y
estabilidad: La suspensión de la indexación salarial afecta el
ingreso real de los trabajadores y genera debate político. Se propone una mesa
tripartita para negociar una indexación con parámetros claros que equilibren
estabilidad macroeconómica y equidad social.
·
Calidad y transparencia del
gasto: Mejorar la gestión financiera pública mediante
presupuestos por desempeño, trazabilidad, auditorías independientes y
transparencia con datos abiertos, fortaleciendo la coordinación entre entidades
rectoras para aumentar eficiencia y confianza ciudadana.
·
Riesgos y recomendaciones
para 2026–2028: Se identifican riesgos externos e internos como
menor crecimiento global, volatilidad financiera, shocks de materias primas y
vulnerabilidad climática. Se recomienda complementar la regla fiscal con metas
claras, auditorías de desempeño, reforma tributaria progresiva, gestión
responsable de deuda, paquetes territoriales integrales, negociación salarial
con gobernanza y fortalecimiento del monitoreo y evaluación.
