Balance 2025: una lectura crítica que reivindica la capacidad del Estado y la soberanía dominicana
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
La República Dominicana cerrará 2025 con un cúmulo de decisiones, reformas y resultados que, vistos con rigor, describen un Estado más equipado para gobernar y defender su soberanía efectiva. El análisis difundido por Participación Ciudadana insiste en un “balance mixto” donde los avances aparecen ensombrecidos por retrocesos, escándalos y preocupaciones difusas. Sin embargo, al contrastar los hechos y las cifras disponibles, se observa un cuadro institucional que, lejos de la caricatura del estancamiento, exhibe logros concretos en control del gasto, seguridad ciudadana, persecución del crimen organizado, garantías constitucionales y modernización de la identidad, todo ello con componentes de cooperación internacional acotados y bajo supervisión local. En una democracia que aprende, la crítica es saludable; pero debe estar alimentada por evidencia y proporción, no por un sesgo que relativiza reformas de gran calado o subestima indicadores que hablan de capacidades públicas reales.
El primer punto que se trata con ligereza en ese “balance mixto” es la reforma estructural de las contrataciones públicas. La Ley 47‑25, promulgada este año, no es un ajuste cosmético: sustituye el marco anterior, amplía el alcance institucional para abarcar Poderes Legislativo y Judicial, fideicomisos y empresas con participación pública, fortalece la planificación, la trazabilidad y la gobernanza, y empuja la digitalización del ciclo de compras con estándares de integridad más exigentes. La arquitectura de la ley está orientada a que la planificación sea el eje del ciclo de contratación, que los procesos sean interoperables y trazables en tiempo real, y que las responsabilidades estén claramente definidas. Reducir este hito a una nota al margen desdibuja su impacto potencial en la contención de la discrecionalidad, la prevención de irregularidades y la rendición de cuentas. Las compras del Estado no son una cuestión técnica menor: son uno de los grandes canales por donde se expresa la política pública y, también, por donde pueden filtrarse las malas prácticas. Por eso, actualizar el régimen, incorporar herramientas de trazabilidad y robustecer el órgano rector son avances que favorecen al gobierno y a la soberanía, porque blindan la capacidad de ejecutar políticas sin capturas indebidas.
Algo similar cabe decir del nuevo Código Penal, Ley 74‑25, que reemplaza una legislación de 141 años e incorpora más de setenta tipos penales modernos. No se trata de “sancionar más”, sino de tipificar conductas del siglo XXI y de dotar de herramientas contemporáneas a la persecución penal. La ley reconoce la responsabilidad penal de las personas jurídicas, contempla ciberdelitos, violencia de género en sus formas más actuales, delitos financieros complejos y endurece escalas de pena para crímenes graves y crimen organizado. Su vacatio legis hasta 2026 no es una dilación; es un período de adaptación institucional para aplicar una norma exigente: formación de operadores, ajustes de protocolos, coordinación interinstitucional y preparación técnica. Presentar este avance como un dato de trámite, sin ponderar su efecto potencial sobre la impunidad futura, desatiende la dimensión estructural de la prevención y la sanción. Cuando el Estado actualiza su repertorio punitivo, mejora su capacidad de disuasión y de respuesta frente a amenazas reales, y, en consecuencia, protege con mayor eficacia a la ciudadanía y al erario.
Si el control del gasto es un nervio vital del Estado, la conformación de una nueva Cámara de Cuentas (2025–2029), con juramentación parlamentaria y mandato expreso de restaurar confianza en el órgano auditor, constituye otro pilar institucional que el balance de PC menciona sin el énfasis correspondiente. La elección del pleno encabezado por una figura con trayectoria reconocida y la exhortación legislativa a una gestión ética y transparente enviaron una señal clara de reconstrucción de capacidades de fiscalización. Ese hecho no cancela debates políticos—propios de cualquier democracia—sobre procedimientos y perfiles, pero sí reencauza el sistema de vigilancia externa de los recursos públicos, particularmente tras años de tensiones y cuestionamientos. Reanclar la auditoría pública en una institucionalidad que funcione, con liderazgo y reglas claras, es uno de los caminos más directos para fortalecer la soberanía: un Estado que controla el uso de sus fondos es un Estado menos vulnerable a la captura y más capaz de servir a la gente.
El año también estuvo marcado por sentencias del Tribunal Constitucional que refuerzan garantías fundamentales frente a actos administrativos desproporcionados. La anulación de facultades para imponer impedimentos de salida sin orden judicial y la reafirmación de que ninguna autoridad administrativa puede retener vehículos de forma indefinida sin proceso penal abierto son hitos que consolidan el debido proceso, la libertad de tránsito y el derecho de propiedad. No son líneas declamatorias; son resoluciones con efectos prácticos en la vida de los ciudadanos y en la disciplina institucional. Omitir su peso en el balance equivale a eludir una parte sustantiva del fortalecimiento del Estado de derecho en 2025. Cada vez que una alta corte coloca límites claros a la administración, no “debilita” al Estado: lo ordena y lo hace más legítimo, porque obliga a que el poder se ejerza dentro de la Constitución y no por mera inercia burocrática.
La seguridad pública—campo donde, por décadas, el escepticismo fue moneda corriente—muestra datos difíciles de relativizar. La tasa acumulada de homicidios descendió a 8.3 por cada 100,000 habitantes en 2025, representando un logro notable respecto de años previos y manteniéndose por debajo del promedio regional. Esta reducción, vinculada a la coordinación interinstitucional, el uso creciente de tecnología, la inteligencia operativa y la reforma del modelo de patrullaje, no invalida la existencia de crímenes ni dolores sociales, pero sí evidencia una capacidad de contención y respuesta más eficaz. Negarlo no mejora la política; simplemente congela el análisis en prejuicios que no resisten el contraste empírico. El descenso de homicidios no se explica por un evento aislado sino por un cúmulo de decisiones: reuniones de seguimiento, interoperabilidad de datos, focalización de recursos, mejoras en el abordaje ciudadano y, sobre todo, una clara comprensión de que la prevención requiere presencia, mediación y disciplina táctica.
La persecución del crimen organizado exhibe otro capítulo contundente: las incautaciones de la Dirección Nacional de Control de Drogas consolidaron cifras históricas y un cierre anual que supera las 47 toneladas de drogas, con operativos coordinados y colaboración internacional controlada, impactando rutas, logística y activos de redes transnacionales. Reducir esta evidencia a un inciso puede ser políticamente conveniente para quien desea subrayar únicamente lo negativo, pero es analíticamente incompleto; reconocer la magnitud de la interdicción es reconocer capacidad estatal y mensajes disuasivos que fortalecen soberanía operativa. Esos números—más allá de vaivenes diarios—no son retórica: implican casos, detenciones, bienes ocupados, rutas desarticuladas y cooperación judicial que encarece la operación criminal. La lucha contra el narcotráfico es por definición transnacional; por tanto, una soberanía responsable no niega la colaboración, la subordina a marcos temporales, objetivos técnicos y supervisión nacional estricta.
Respecto del “caso SeNaSa”, al que se le atribuyen desfalcos millonarios y un daño moral especialmente doloroso por afectar el derecho a la salud, conviene una lectura bifocal: condena social y exigencia de sanción, sí; pero también valoración de los mecanismos institucionales que detonaron la investigación y la judicialización. Es incuestionable la gravedad de cualquier esquema que desvíe recursos destinados a los más vulnerables; precisamente por eso, tanto más relevante es que el proceso se haya activado con auditorías, remisiones y acción coordinada, en línea con una política pública que ha declarado tolerancia cero a la corrupción. En términos de fortalecimiento institucional, autodepuración y recuperación de activos no son coartadas: son la prueba de que el Estado reconoce un problema, lo judicializa y busca resarcir el daño. El llamado a audiencias públicas y celeridad se alinea con el interés ciudadano; lo que desbalancea ciertos diagnósticos es la insinuación de una inercia judicial generalizada que desconoce la existencia de reformas y controles aprobados este año para limitar futuras capturas patrimoniales del Estado. La exigencia de justicia es legítima y urgencia; la negación de avances sistémicos, no.
La tragedia de la discoteca Jet Set exige del periodismo y de la sociedad un trato ético y prudente. Las cifras variaron conforme avanzó la identificación oficial; el dolor se instaló en familias y comunidades; la indignación convive con el reclamo de responsabilidades. La discusión pública debe sostenerse sobre la mejor evidencia disponible, evitando usar un hecho devastador como ariete para conclusiones genéricas sobre “debilitamientos sistémicos” sin los peritajes y procedimientos judiciales concluidos. Honrar a las víctimas y exigir justicia es compatible con no sobredimensionar la tragedia como metáfora generalizante de toda la institucionalidad, cuando se requiere, ante todo, rigor técnico, responsabilidades individualizadas y reformas de seguridad estructural donde sean pertinentes. De esa prudencia nace también una política pública seria, capaz de aprender y corregir.
En modernización de la identidad, la Junta Central Electoral avanzó la nueva cédula en policarbonato con chip y capacidades de firma digital, alineada con estándares internacionales. Esto no es un detalle técnico; es soberanía documental, protección contra la suplantación y base para servicios digitales seguros. La licitación y la presentación del proyecto reflejan una dinámica de transparencia y diálogo con partidos y ciudadanía. Conviene subrayar que la identidad resguardada y moderna es una herramienta directa contra el fraude y, por ende, contra oportunidades de captura y corrupción en trámites y contratos asociados a la vida pública y privada. Un documento robusto es también un ancla de confianza para el sistema electoral y para la interacción del ciudadano con el Estado y con el sector privado.
La economía, por su parte, transita una desaceleración que diversos organismos sitúan alrededor de un crecimiento moderado para 2025, con inflación dentro del rango meta y una estabilidad macro que no es trivial en el entorno regional. Se ha señalado el “deterioro de servicios públicos” y la “dependencia del endeudamiento” como diagnósticos generales; sin embargo, la reducción de la pobreza monetaria en distintos trimestres y la continuidad de variables como turismo, remesas e inversión extranjera directa sugieren un cuadro más complejo, con resiliencia y retos sectoriales que ameritan análisis desagregados. La ponderación aquí importa: desaceleración no equivale a colapso, y la evidencia de descenso en pobreza y control inflacionario matiza cualquier sentencia apocalíptica. La economía, al igual que la seguridad y la institucionalidad, demanda políticas de ajuste fino: gasto de capital que empuje productividad, reforma de cuellos normativos, alianzas público‑privadas eficientistas y un enfoque territorial que atienda brechas persistentes entre zonas urbanas y rurales.
Queda la cuestión de soberanía frente a la cooperación antinarcóticos con Estados Unidos. Se han expresado “preocupaciones” sobre el tema. La información disponible indica que el acceso a instalaciones aeroportuarias y militares se concedió bajo criterios temporales, supervisados y con objetivos técnicos definidos: apoyo logístico, reabastecimiento, vigilancia e interdicción en el Caribe. En términos de soberanía, esto no es cesión de jurisdicción ni presencia indefinida: es una cooperación limitada en un delito transnacional con alto costo social y económico para el país, inscrita en protocolos bilaterales con supervisión dominicana. La discusión pública es legítima, incluso necesaria; pero debe reconocer el marco jurídico y operativo que resguarda la decisión política. Defender la soberanía no significa negar toda colaboración; significa diseñarla, controlarla, limitarla y hacerla servir a fines nacionales.
A la luz de todo lo anterior, el 2025 no puede despacharse con una sentencia monocorde. El Estado dominicano, con todas sus asignaturas pendientes, es hoy más competente para asignar y vigilar recursos, para perseguir delitos complejos, para garantizar derechos y para resguardar la identidad ciudadana. Se ha reformado el esqueleto legal de las contrataciones públicas, se ha actualizado un Código Penal obsoleto, se ha reencauzado el control externo del gasto, se han emitido sentencias constitucionales que acotan poderes administrativos desbordados, se ha reducido la tasa de homicidios, se han decomisado drogas en volúmenes inéditos y se ha avanzado en una cédula robusta y segura. Ninguno de esos elementos anula la necesidad de acelerar procesos judiciales, de mejorar capacidades en justicia y servicios, de revisar políticas sociales o de debatir la cooperación internacional con ojo crítico. Pero sí obligan a reconocer que el balance del año contiene fundamentos objetivos para valorar positivamente la capacidad del gobierno y la soberanía efectiva del Estado.
Las organizaciones cívicas cumplen un papel esencial en la democracia; su tarea es cuestionar, vigilar y proponer. Un balance responsable, no obstante, debe ponderar los avances con la misma intensidad que los retrocesos, distinguir entre casos en investigación y conclusiones firmes, y evitar que el legítimo reclamo por transparencia derive en una narrativa que invisibiliza reformas profundas y resultados comprobables. La República Dominicana ha dado pasos concretos para blindar sus instituciones, y esa es la dimensión que debe ocupar una parte mayor del espacio público cuando hablamos de soberanía en tiempo presente: la capacidad real de gobernar—con controles, garantías y datos—en favor de la ciudadanía.
Luis Orlando Díaz Vólquez, articulista
Martes, 16 de diciembre de 2025
Palabras clave: República Dominicana; transparencia; contrataciones públicas; seguridad ciudadana; soberanía; corrupción; Participación Ciudadana.
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Redes sociales:
Balance 2025: instituciones más fuertes, soberanía más efectiva
Este año, la República Dominicana consolida capacidades estatales clave. La reforma de contrataciones públicas moderniza el ciclo de compras, fortalece trazabilidad y gobernanza, y reduce espacios de discrecionalidad. El nuevo Código Penal trae al presente el repertorio punitivo, con delitos modernos y responsabilidad penal de personas jurídicas, para enfrentar el crimen organizado y la corrupción con herramientas contemporáneas. La nueva Cámara de Cuentas reancla la auditoría pública y la rendición de cuentas, mientras el Tribunal Constitucional reforzó garantías frente a medidas administrativas desproporcionadas.
En seguridad, la disminución de homicidios se explica por coordinación interinstitucional, inteligencia y patrullaje con enfoque ciudadano. La interdicción del crimen organizado y la cooperación internacional acotada, con supervisión nacional estricta, elevan la soberanía operativa. La nueva cédula (policarbonato + chip + firma digital) aporta identidad robusta y servicios más seguros. En economía y política social, conviven estabilidad y retos sectoriales, con avances que requieren ser ponderados y acelerados.
Un balance responsable no niega pendientes; los ordena y exige celeridad donde haga falta. Pero también reconoce reformas y resultados que blindan institucionalidad y soberanía efectiva. Esa es la lectura que propongo para 2025.
https://x.com/GUASABARAeditor/status/2001003584868245649?s=20
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
La República Dominicana cerrará 2025 con un cúmulo de
decisiones, reformas y resultados que, vistos con rigor, describen un Estado
más equipado para gobernar y defender su soberanía efectiva. El informe
difundido por Participación Ciudadana (PC) a través de El Caribe insiste
en un “balance mixto” donde los avances aparecen ensombrecidos por retrocesos,
escándalos y preocupaciones difusas. Sin embargo, al contrastar los hechos y
las cifras disponibles, se observa un cuadro institucional que, lejos de la
caricatura del estancamiento, exhibe logros concretos en control del gasto,
seguridad ciudadana, persecución del crimen organizado, garantías
constitucionales y modernización de la identidad, todo ello con componentes de
cooperación internacional acotados y bajo supervisión local. En una democracia
que aprende, la crítica es saludable; pero debe estar alimentada por evidencia
y proporción, no por un sesgo que relativiza reformas de gran calado o
subestima indicadores que hablan de capacidades públicas reales. (El Caribe,
16/12/2025: https://www.elcaribe.com.do/panorama/dinero/informe-oficial-del-balance-2025-por-participacion-ciudadana/
)
El primer punto que PC trata con ligereza es la reforma
estructural de contrataciones públicas. La Ley 47‑25, promulgada en julio, no
es un ajuste cosmético: sustituye el marco anterior (340‑06), amplía el alcance
institucional (Poderes Legislativo y Judicial, fideicomisos y empresas con
participación pública), fortalece planificación, trazabilidad y gobernanza, y
empuja la digitalización del ciclo de compras con estándares de integridad más
exigentes. La propia Dirección General de Contrataciones Públicas destacó la
interoperabilidad, la trazabilidad en tiempo real y los mecanismos de
prevención y sanción de irregularidades; el Presidente subrayó el carácter de
reforma sustantiva orientada a la eficiencia y la transparencia. Reducir este
hito a una nota al margen desdibuja su impacto potencial en la contención de
discrecionalidad y la rendición de cuentas. La prensa nacional recogió con
claridad su promulgación y alcances (Diario Libre, 28/07/2025: https://www.diariolibre.com/politica/congreso-nacional/2025/07/28/poder-ejecutivo-promulga-nueva-ley-de-contrataciones-publicas/3196351
; Jiménez Peña Abogados, 30/07/2025: https://jpadvisors.do/2025/07/30/novedades-de-la-ley-num-47-25-sobre-contrataciones-publicas-promulgada-en-fecha-28-de-julio-de-2025/
).
Algo similar cabe decir del nuevo Código Penal, Ley 74‑25,
que reemplaza una legislación de 141 años e incorpora más de setenta tipos
penales modernos (delitos informáticos, responsabilidad penal de personas
jurídicas, feminicidio, sicariato, estafa piramidal, entre otros), endurece
escalas de pena y potencia herramientas para la lucha contra el crimen
organizado y la corrupción. Su vacatio legis hasta 2026 no es
una dilación, sino un período de adaptación institucional—formación,
protocolos, gestión interna del sistema de justicia—para aplicar una norma
compleja con exigencias contemporáneas. Presentar este avance como un mero dato
de trámite, sin ponderar su efecto sobre la impunidad futura, desatiende la
dimensión estructural de la prevención y la sanción. La Presidencia y diversos
medios documentaron el cambio y sus objetivos de protección de derechos y
fortalecimiento de la seguridad ciudadana (Diario Libre, 03/08/2025: https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2025/08/03/codigo-penal-el-documento-completo/3203035
; 7 Segundos, 03/08/2025: https://7segundos.com.do/abinader-promulga-el-nuevo-codigo-penal-se-convierte-en-ley-74-25/03/08/2025/
).
Si el control del gasto es un nervio vital del Estado, la
conformación de una nueva Cámara de Cuentas (2025–2029), con juramentación
parlamentaria y mandato de restaurar confianza en el órgano auditor, constituye
otro pilar institucional que el balance de PC menciona sin el énfasis
correspondiente. La elección del pleno encabezado por Emma Polanco Melo y la
exhortación legislativa a una gestión ética y transparente enviaron una señal
clara de reconstrucción de capacidades de fiscalización. Ese hecho no cancela
debates políticos—propios de cualquier democracia—sobre procedimientos y
perfiles, pero sí reencauza el sistema de vigilancia externa de los recursos
públicos, particularmente tras años de tensiones y cuestionamientos. Las
fuentes oficiales y periodísticas acreditan el proceso y sus compromisos
(Senado RD, 23/04/2025: https://www.senadord.gob.do/senado-de-la-republica-juramenta-y-posesiona-a-los-nuevos-miembros-de-la-camara-de-cuentas/
; El Caribe, 24/04/2025: https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/juramentan-a-los-nuevos-miembros-camara-de-cuentas/
).
El año también estuvo marcado por sentencias del Tribunal
Constitucional que refuerzan garantías fundamentales frente a actos
administrativos desproporcionados. La anulación de facultades para imponer
impedimentos de salida sin orden judicial y la reafirmación de que DIGESETT no
puede retener vehículos sin proceso penal abierto son hitos que consolidan el
debido proceso, la libertad de tránsito y el derecho de propiedad. No son
líneas declamatorias; son resoluciones con efectos prácticos en la vida de los
ciudadanos y en la disciplina institucional. Omitir su peso en el balance
equivale a eludir una parte sustantiva del fortalecimiento del Estado de
derecho en 2025 (Ahora Noticias RD, 26/11/2025: https://www.ahoranoticiasrd.com/2025/11/tc-elimina-facultad-de-migracion-para.html
; Al Instante Diario, 24/04/2025: https://www.alinstanteadiario.com/2025/04/tribunal-constitucional-prohibe-la.html
).
La seguridad pública—campo donde, por décadas, el
escepticismo fue moneda corriente—muestra datos difíciles de relativizar. La
tasa acumulada de homicidios descendió a 8.3 por cada 100,000
habitantes en 2025, según reportes consistentes del Ministerio de
Interior y Policía y diversos medios, representando un logro notable respecto
de años previos y manteniéndose por debajo del promedio regional. Esta
reducción, que se vincula a la coordinación interinstitucional, el uso
creciente de tecnología y la reforma del modelo de patrullaje, no invalida la
existencia de crímenes ni dolores sociales, pero sí evidencia una capacidad de
contención y respuesta más eficaz. Negarlo no mejora la política; simplemente congela
el análisis en prejuicios que no resisten el contraste empírico (Diario Libre,
23/06/2025: https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2025/06/23/en-tres-anos-rd-reduce-su-tasa-de-homicidios-en-el-pais/3160200
; Prensa Latina, 17/06/2025: https://www.prensa-latina.cu/2025/06/17/tasa-acumulada-de-homicidios-se-situa-en-8-3-en-dominicana/
).
La persecución del crimen organizado exhibe otro capítulo
contundente: las incautaciones de la DNCD en 2025 consolidan cifras históricas
y un cierre anual que supera las 47 toneladas de drogas, con operativos
coordinados y colaboración internacional controlada, impactando rutas,
logística y activos de redes transnacionales. Reducir esta evidencia a un
inciso puede ser políticamente conveniente para quien desea subrayar únicamente
lo negativo, pero es analíticamente incompleto; reconocer la magnitud de la interdicción
es reconocer capacidad estatal y mensajes disuasivos que fortalecen soberanía
operativa. Esos números—más allá de vaivenes diarios—no son retórica; están en
reportes oficiales y en la cobertura de la prensa nacional (El Día, 14/12/2025:
https://eldia.com.do/republica-dominicana-cerrara-2025-con-mas-de-47-toneladas-de-drogas-decomisadas/
; CDN, 19/10/2025: https://cdn.com.do/nacionales/dncd-alcanza-record-en-decomiso-de-drogas-y-registra-187-mil-arrestos-en-cinco-an/
).
Respecto del “caso SeNaSa”, que PC define como “el más
dantesco atentado contra la salud del pueblo dominicano”, conviene una lectura
bifocal: condena social y exigencia de sanción, sí; pero también valoración de
los mecanismos institucionales que detonaron la investigación y la
judicialización. Los comunicados del Ministerio Público y las declaraciones de
sus autoridades describen un presunto entramado criminal y la solicitud de
medidas de coerción contra imputados, con estimaciones de desfalco que superan
los RD$15,000 millones. La gravedad es incuestionable; y tanto más relevante es
que el proceso se haya activado con auditorías, remisiones y acción coordinada,
en línea con la política de “tolerancia cero”. En términos de política pública,
autodepuración y recuperación de activos son parte del fortalecimiento
institucional, no una coartada. En ello, el llamado de PC a audiencias públicas
y celeridad se alinea con el interés ciudadano; lo que desbalancea su texto es
la insinuación de una inercia judicial generalizada que desconoce la existencia
de reformas y controles aprobados este año para limitar futuras capturas
patrimoniales del Estado (Listín Diario, 10/12/2025: https://listindiario.com/la-republica/20251210/wilson-camacho-sobre-caso-senasa-mas-siniestro-cruel-hemos-tenido_885648.html
; Diario Libre, 12/12/2025: https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/2025/12/12/mp-red-en-senasa-capto-miles-de-millones-en-sobornos-para-lucrarse/3376087
).
La tragedia de la discoteca Jet Set exige del periodismo y
la sociedad un trato ético y prudente. Las cifras variaron conforme avanzó la
identificación oficial; el INACIF publicó la lista de 230 fallecidos legalmente
identificados, mientras que recuentos periodísticos y posteriores balances
ascendieron hasta 236 víctimas. La discusión pública debe sostenerse sobre la
mejor evidencia disponible, evitando usar un hecho devastador como ariete para
conclusiones genéricas sobre “debilitamientos sistémicos” sin los peritajes y
procedimientos judiciales concluidos. Honrar a las víctimas y exigir justicia
es compatible con no sobredimensionar la tragedia como metáfora generalizante
de la institucionalidad, cuando se requiere, ante todo, rigor técnico,
responsabilidades individualizadas y reformas de seguridad estructural donde
sea pertinente (Diario Libre, 15/04/2025: https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2025/04/15/lista-del-inacif-del-total-de-fallecidos-en-discoteca-jet-set/3075495
; Wikipedia – verificación secundaria: https://es.wikipedia.org/wiki/Colapso_del_techo_de_la_discoteca_Jet_Set
).
En modernización de la identidad, la JCE avanzó la nueva
cédula en policarbonato con chip y capacidades de firma digital, alineada con
estándares OACI/ISO. Esto no es un detalle técnico; es soberanía documental,
protección contra la suplantación y base para servicios digitales seguros. La
licitación y la presentación pública del proyecto reflejan, además, una
dinámica de transparencia y diálogo con partidos y ciudadanía. Conviene
subrayar que la identidad resguardada y moderna es una herramienta directa contra
el fraude y, por ende, contra oportunidades de captura y corrupción en trámites
y contratos asociados a la vida pública y privada (JCE, 2025: https://jce.gob.do/Noticias/category/nueva-c%C3%A9dula
; RDE Digital, 24/06/2025: https://rdedigital.com/jce-presenta-la-nueva-cedula-de-identidad-y-electoral-2025/
).
La economía, por su parte, transita una desaceleración que
la CEPAL sitúa alrededor de 2.9% para 2025 y que el Banco Central ubica en la
banda de 2.5% al cierre del año, con inflación dentro del rango meta y una
estabilidad macro que no es trivial en el entorno regional. PC señala
“deterioro de servicios públicos” y “dependencia del endeudamiento” como
diagnósticos generales; sin embargo, la reducción de pobreza monetaria, según
los boletines oficiales (por ejemplo, 18.05% en el primer trimestre), y la continuidad
de variables como turismo, remesas e inversión extranjera directa sugieren un
cuadro más complejo, con resiliencia y retos sectoriales que ameritan análisis
desagregados. La ponderación aquí importa: desaceleración no equivale a
colapso, y la evidencia de descenso en pobreza y control inflacionario matiza
cualquier sentencia apocalíptica (CEPAL, 16/12/2025: https://www.cepal.org/es/publicaciones/84460-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2025
; Demócrata/Europa Press, 29/10/2025: https://www.democrata.es/economia/banco-central-republica-dominicana-anticipa-crecimiento-economico-25-2025/
; 7Días, 26/05/2025: https://7dias.com.do/2025/05/26/pobreza-monetaria-en-rd-baja-a-18-05-en-el-primer-trimestre-de-2025-segun-informe-mepyd/
; MEPyD, boletines oficiales: https://mepyd.gob.do/vaes/boletin-pobreza-monetaria
).
Queda la cuestión de soberanía frente a la cooperación
antinarcóticos con Estados Unidos. PC alude a “preocupaciones” sobre el tema.
La información pública indica un acceso temporal y supervisado a áreas
restringidas de la Base Aérea de San Isidro y del Aeropuerto Internacional Las
Américas, para apoyar operaciones de vigilancia e interdicción, con vigencia
definida hasta abril de 2026 y acompañamiento permanente de autoridades
dominicanas. El comunicado de la Embajada y otros medios explican el carácter
técnico de la colaboración—reabastecimiento, transporte de equipos, apoyo
logístico—dentro de protocolos bilaterales antiguos y bajo control nacional. En
términos de soberanía, esto no es cesión de jurisdicción ni presencia
indefinida: es una cooperación limitada en un delito transnacional con alto
costo social y económico para el país. La discusión pública es legítima; pero
debe reconocer el marco jurídico y operativo que resguarda la decisión política
y la supervisión dominicana (Embajada de EE. UU.,
28/11/2025: https://do.usembassy.gov/es/republica-dominicana-amplia-cooperacion-con-los-ee-uu-para-reforzar-vigilancia-contra-narcotrafico/
; Infobae/Europa Press, 27/11/2025: https://www.infobae.com/america/agencias/2025/11/27/republica-dominicana-permite-a-eeuu-usar-sus-aeropuertos-para-su-despliegue-militar-en-el-caribe/
; CNN en Español, 26/11/2025: https://cnnespanol.cnn.com/2025/11/26/mundo/video/republica-dominicana-eeuu-militar-narcotrafico
; PoliticoLatam, 02/12/2025: https://politicolatam.com/2025/12/02/abinader-fija-fecha-de-termino-al-acuerdo-con-estados-unidos-para-uso-de-aeropuertos/
).
A la luz de todo lo anterior, el 2025 no puede despacharse
con una sentencia monocorde. El Estado dominicano, con todas sus asignaturas
pendientes, es hoy más competente para asignar y vigilar recursos, para
perseguir delitos complejos, para garantizar derechos y para resguardar la
identidad ciudadana. Se ha reformado el esqueleto legal de las contrataciones
públicas, se ha actualizado un Código Penal obsoleto, se ha reencauzado el
control externo del gasto, se han emitido sentencias constitucionales que acotan
poderes administrativos desbordados, se ha reducido la tasa de homicidios, se
han decomisado drogas en volúmenes inéditos y se ha avanzado en una cédula
robusta y segura. Ninguno de esos elementos anula la necesidad de acelerar
procesos judiciales, de mejorar capacidades en justicia y servicios, de revisar
políticas sociales o de debatir la cooperación internacional con ojo crítico.
Pero sí obligan a reconocer que el balance del año contiene fundamentos
objetivos para valorar positivamente la capacidad del gobierno y la soberanía
efectiva del Estado.
Las organizaciones cívicas cumplen un papel esencial en la
democracia; su tarea es cuestionar, vigilar y proponer. Un balance responsable,
no obstante, debe ponderar los avances con la misma intensidad que los
retrocesos, distinguir entre casos en investigación y conclusiones firmes, y
evitar que el legítimo reclamo por transparencia derive en una narrativa que
invisibiliza reformas profundas y resultados comprobables. La República
Dominicana ha dado pasos concretos para blindar sus instituciones, y esa es la
dimensión que debe ocupar una parte mayor del espacio público cuando hablamos
de soberanía en tiempo presente: la capacidad real de gobernar—con controles,
garantías y datos—en favor de la ciudadanía.
Ing. Luis Orlando Díaz Vólquez, articulista
Martes, 16 de diciembre de 2025
Palabras clave: República Dominicana;
transparencia; contrataciones públicas; seguridad ciudadana; soberanía;
corrupción; Participación Ciudadana.
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Balance institucional 2025 en República Dominicana: una lectura crítica del informe de Participación Ciudadana con énfasis en soberanía y acción gubernamental
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
@GuasabaraEditor | 16 de diciembre de 2025
Resumen: El informe publicado por Participación Ciudadana (PC) y difundido por El Caribe presenta un balance mixto del año 2025 en República Dominicana. Este artículo ofrece una crítica fundada en evidencia pública y datos oficiales recientes, resaltando los avances que fortalecen la capacidad del Estado, la transparencia, la seguridad ciudadana y la soberanía nacional. En particular, se analizan las reformas normativas (Ley 47‑25 de Contrataciones Públicas; nuevo Código Penal 74‑25), la conformación de una nueva Cámara de Cuentas, los indicadores de seguridad (tasa de homicidios), la lucha contra el crimen organizado (incautaciones de la DNCD), y la modernización de la identidad ciudadana (nueva cédula). Se examina también el “caso SeNaSa” desde la perspectiva del debido proceso y la política de autodepuración institucional. Finalmente, se discute el acuerdo de cooperación antinarcóticos con Estados Unidos, subrayando sus límites temporales y mecanismos de supervisión, en clave de soberanía. [elcaribe.com.do]
1. Introducción
El texto de PC difundido por El Caribe sintetiza avances e insuficiencias del 2025, pero utiliza categorías amplias y, por momentos, un lenguaje valorativo que exige contrastes empíricos adicionales. Esta crítica adopta un enfoque analítico: verifica hechos con fuentes oficiales y prensa nacional acreditada; identifica sesgos y omisiones; y enfatiza los componentes que fortalecen gobierno, institucionalidad y soberanía. [elcaribe.com.do]
A nivel regional, la CEPAL confirma un entorno de bajo crecimiento para 2025–2026; en ese marco, apreciar avances institucionales y de seguridad es relevante para la resiliencia del Estado dominicano. [cepal.org], [diariolibre.com]
2. Revisión metodológica del documento de PC
El informe de PC reúne hechos heterogéneos (cambios legales, casos judiciales, tragedias) bajo una narrativa de “retrocesos”, sin ponderar de manera equivalente el peso de reformas estructurales ni la evidencia cuantitativa reciente en seguridad o gestión pública. [elcaribe.com.do]
Para una evaluación más balanceada, conviene contrastar cada afirmación con datos y normas promulgadas en 2025 (Leyes 47‑25 y 74‑25, nueva Cámara de Cuentas, decisiones del Tribunal Constitucional), y con indicadores de criminalidad e incautaciones de drogas reportados por DNCD y Ministerio Público. [diariolibre.com], [diariolibre.com], [senadord.gob.do], [ahoranoticiasrd.com], [wp.consejo…srd.gob.do]
3. Avances normativos y de control: pilares de gobernanza
3.1. Ley 47‑25 de Contrataciones Públicas
La promulgación de la Ley 47‑25 moderniza el régimen de compras del Estado, amplía el alcance institucional, refuerza la planificación y la trazabilidad digital, y eleva estándares de integridad. Es una reforma de gran calado que PC menciona sin ponderar su impacto sistémico. [diariolibre.com], [jpadvisors.do]
La propia norma fija entrada en vigor con vacatio legis y prevé reglamentos para interoperabilidad y control, elemento clave para reducir discrecionalidades y fortalecer la fiscalización. [eldia.com.do], [phlaw.com]
3.2. Nuevo Código Penal (Ley 74‑25)
El nuevo Código Penal sustituye una legislación de 141 años, incorpora delitos modernos (ciberdelitos, crimen organizado, feminicidio), aumenta escalas de pena y reconoce responsabilidad penal de personas jurídicas; PC lo califica como avance, pero subestima su potencial para cerrar brechas de impunidad. [diariolibre.com], [7segundos.com.do]
La vacatio legis (entrada en vigor 2026) permite ajustes operativos y capacitación judicial, mientras que su diseño mejora herramientas contra la corrupción (plazos y sanciones). [cronicajud…ial.com.do], [phlaw.com]
3.3. Nueva Cámara de Cuentas (2025–2029)
La conformación del pleno presidido por Emma Polanco reancla el control externo del gasto público; la legitimidad parlamentaria y el mandato explícito de transparencia fortalecen la arquitectura anticorrupción. [senadord.gob.do], [elcaribe.com.do]
3.4. Tribunal Constitucional y garantías
En 2025, el TC emitió sentencias que robustecen derechos fundamentales, incluyendo la anulación de impedimentos de salida sin orden judicial y límites a retenciones administrativas arbitrarias, reforzando debido proceso y libertad de tránsito. [ahoranoticiasrd.com], [alinstante…diario.com]
4. Seguridad y reforma policial: evidencia frente al delito
PC reconoce la actuación de DNCD y la reducción de homicidios, pero insiste en una narrativa de “penetración del narcotráfico” sin contraste proporcional con los resultados operativos y el rediseño policial. [elcaribe.com.do]
La tasa acumulada de homicidios se redujo a 8.3 por cada 100,000 en 2025, cifra sostenida por varias publicaciones oficiales y de prensa; es un descenso relevante frente a registros previos y por debajo del promedio regional. [diariolibre.com], [prensa-latina.cu]
La reforma policial avanzó en formación, carrera de patrullero, equipamiento y propuesta de nueva ley orgánica, con metas para incrementar policías dedicados a prevención y fortalecer supervisión y derechos humanos. [diariolibre.com], [elnacional.com.do]
5. Crimen organizado y resultados de interdicción
La DNCD reportó decomisos significativos durante 2025, con cierres de año que superan decenas de toneladas, consolidando una ofensiva sostenida contra rutas y estructuras de apoyo del narcotráfico. [eldia.com.do], [cdn.com.do]
Estos resultados, junto con el descenso de homicidios y la coordinación interinstitucional, son factores que PC debería incorporar con mayor peso en su balance, en lugar de concentrarse en casos de penetración política sin dimensión comparativa de impacto. [elcaribe.com.do], [reporteextra.com]
6. El “caso SeNaSa”: entre el deber de sanción y la autodepuración institucional
El informe de PC califica el “caso SeNaSa” como el hecho más grave del año. Los datos del Ministerio Público y prensa señalan un presunto desfalco superior a RD$15,000 millones y la judicialización en curso con solicitudes de coerción. [listindiario.com], [diariolibre.com]
La lectura crítica debe considerar que, según versiones públicas, el proceso surge con cooperación del Ejecutivo (auditorías y remisión a PEPCA), como expresión de una política de “tolerancia cero” y recuperación de activos; de confirmarse plenamente, sería evidencia de autodepuración y fortalecimiento institucional, más que de “blindaje” de impunidad. [es.wikipedia.org], [diariolibre.com]
El debido proceso exige audiencias públicas y celeridad, tal como demanda PC, pero sin prejuzgar sentencias ni descalificar avances estructurales que reducen oportunidades de captura patrimonial (Ley 47‑25; nueva Cámara de Cuentas). [elcaribe.com.do], [diariolibre.com]
7. Tragedia del Jet Set: rigor y prudencia en los recuentos
PC incorpora el colapso del techo de la discoteca Jet Set como hito del año, con cifras de víctimas que varían según cortes temporales y fuentes (listas oficiales del INACIF vs. recuentos periodísticos). Registros públicos reportan 230 identificados y balances que ascienden hasta 236 fallecidos en reportes posteriores; el análisis responsable debe reconocer la variación y la actualización de cifras. [diariolibre.com], [es.wikipedia.org]
El tratamiento judicial y técnico que demanda PC es pertinente, aunque extrapolar esta tragedia para concluir debilitamientos sistémicos sin evidencia adicional puede ser metodológicamente problemático. [elcaribe.com.do]
8. Modernización de identidad y gobernanza digital
La JCE avanzó en el proyecto de nueva cédula (material policarbonato, chip, firma digital, estándares OACI/ISO), lo que fortalece trazabilidad, servicios digitales y la protección de la identidad—un componente clave de soberanía documental. [jce.gob.do], [rdedigital.com]
La licitación, cronogramas y presentación pública de especificaciones demuestran transparencia y dirección técnica del proceso. [diariolibre.com], [elsoldelar…ublica.com]
9. Economía y política social: desaceleración con estabilidad y reducción de pobreza
La economía dominicana cerraría 2025 con crecimiento cercano a 2.5–2.9% según Banco Central y CEPAL; pese a la desaceleración, la inflación se mantiene dentro del rango meta y la estructura macro conserva estabilidad. [democrata.es], [diariolibre.com]
Indicadores oficiales reportan disminución de la pobreza monetaria (por ejemplo, 18.05% en el primer trimestre), con boletines del MEPyD y ONE que respaldan una tendencia de reducción anual y mejoras distributivas recientes. [7dias.com.do], [mepyd.gob.do]
Este marco contradice el énfasis del informe de PC en un “deterioro general” de servicios públicos sin matices; se requiere un análisis sectorial desagregado y longitudinal para sostener tal afirmación. [elcaribe.com.do]
10. Soberanía y cooperación antinarcóticos con EE. UU.: alcance y límites
PC sugiere “preocupaciones sobre soberanía” por acuerdos antinarcóticos. La documentación pública indica que el acceso temporal y supervisado a instalaciones (San Isidro; AILA) forma parte de una cooperación técnica para reforzar vigilancia en el Caribe contra redes transnacionales, con vigencia definida hasta abril de 2026 y acompañamiento de autoridades dominicanas. [infobae.com], [politicolatam.com]
La Embajada de EE. UU. y medios internacionales describen la iniciativa como apoyo logístico y de reabastecimiento para operaciones de interdicción, insertas en protocolos bilaterales y bajo supervisión nacional, lo que matiza el cuestionamiento de soberanía y lo ubica en la categoría de cooperación controlada. [do.usembassy.gov], [cnnespanol.cnn.com]
11. Conclusiones
El balance de PC acierta al exigir celeridad procesal y audiencias públicas en casos de gran corrupción; no obstante, su narrativa subestima reformas estructurales y resultados operativos que aumentan la capacidad estatal y la soberanía efectiva (contrataciones públicas, control externo, nuevas garantías constitucionales, reducción de homicidios, interdicción de drogas y fortalecimiento de identidad). [diariolibre.com], [senadord.gob.do], [ahoranoticiasrd.com], [diariolibre.com], [eldia.com.do], [jce.gob.do]
Una lectura equilibrada del 2025 muestra un Estado con más herramientas para prevenir, detectar y sancionar la corrupción y el crimen organizado, con cooperación internacional limitada y supervisada en materia antinarcóticos, y con avances en identidad y control del gasto—logros que favorecen al gobierno y a la soberanía de la República Dominicana. [politicolatam.com], [jce.gob.do], [diariolibre.com]
Referencias
- El Caribe. (2025, 16 de diciembre). Informe oficial del balance 2025 por Participación Ciudadana. https://www.elcaribe.com.do/panorama/dinero/informe-oficial-del-balance-2025-por-participacion-ciudadana/ [elcaribe.com.do]
- Diario Libre. (2025, 28 de julio). Poder Ejecutivo promulga nueva Ley de Contrataciones Públicas. https://www.diariolibre.com/politica/congreso-nacional/2025/07/28/poder-ejecutivo-promulga-nueva-ley-de-contrataciones-publicas/3196351 [diariolibre.com]
- Jiménez Peña Abogados. (2025, 30 de julio). Novedades de la Ley núm. 47‑25. https://jpadvisors.do/2025/07/30/novedades-de-la-ley-num-47-25-sobre-contrataciones-publicas-promulgada-en-fecha-28-de-julio-de-2025/ [jpadvisors.do]
- Diario Libre. (2025, 3 de agosto). Conozca el nuevo Código Penal (Ley 74‑25). https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2025/08/03/codigo-penal-el-documento-completo/3203035 [diariolibre.com]
- 7 Segundos. (2025, 3 de agosto). Abinader promulga el nuevo Código Penal (Ley 74‑25). https://7segundos.com.do/abinader-promulga-el-nuevo-codigo-penal-se-convierte-en-ley-74-25/03/08/2025/ [7segundos.com.do]
- Senado de la República Dominicana. (2025, 23 de abril). Juramenta nuevo pleno de la Cámara de Cuentas. https://www.senadord.gob.do/senado-de-la-republica-juramenta-y-posesiona-a-los-nuevos-miembros-de-la-camara-de-cuentas/ [senadord.gob.do]
- El Caribe. (2025, 24 de abril). Juramentan a los nuevos miembros de la Cámara de Cuentas. https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/juramentan-a-los-nuevos-miembros-camara-de-cuentas/ [elcaribe.com.do]
- Ahora Noticias RD. (2025, 26 de noviembre). TC elimina impedimentos de salida sin orden judicial. https://www.ahoranoticiasrd.com/2025/11/tc-elimina-facultad-de-migracion-para.html [ahoranoticiasrd.com]
- Al Instante Diario. (2025, 24 de abril). TC prohíbe a DIGESETT retener vehículos sin orden judicial. https://www.alinstanteadiario.com/2025/04/tribunal-constitucional-prohibe-la.html [alinstante…diario.com]
- Diario Libre. (2025, 23 de junio). Tasa de homicidios baja a 8.3. https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2025/06/23/en-tres-anos-rd-reduce-su-tasa-de-homicidios-en-el-pais/3160200 [diariolibre.com]
- Prensa Latina. (2025, 17 de junio). Tasa acumulada de homicidios: 8.3. https://www.prensa-latina.cu/2025/06/17/tasa-acumulada-de-homicidios-se-situa-en-8-3-en-dominicana/ [prensa-latina.cu]
- El Día. (2025, 14 de diciembre). RD cerrará 2025 con más de 47 toneladas de drogas decomisadas. https://eldia.com.do/republica-dominicana-cerrara-2025-con-mas-de-47-toneladas-de-drogas-decomisadas/ [eldia.com.do]
- CDN. (2025, 19 de octubre). DNCD alcanza récord en decomisos. https://cdn.com.do/nacionales/dncd-alcanza-record-en-decomiso-de-drogas-y-registra-187-mil-arrestos-en-cinco-an/ [cdn.com.do]
- Listín Diario. (2025, 10 de diciembre). Wilson Camacho: caso SeNaSa “siniestro y cruel”. https://listindiario.com/la-republica/20251210/wilson-camacho-sobre-caso-senasa-mas-siniestro-cruel-hemos-tenido_885648.html [listindiario.com]
- Diario Libre. (2025, 12 de diciembre). MP: entramado en SeNaSa captó miles de millones en sobornos. https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/2025/12/12/mp-red-en-senasa-capto-miles-de-millones-en-sobornos-para-lucrarse/3376087 [diariolibre.com]
- INACIF / Diario Libre. (2025, 15 de abril). Lista oficial de fallecidos del Jet Set. https://www.diariolibre.com/actualidad/nacional/2025/04/15/lista-del-inacif-del-total-de-fallecidos-en-discoteca-jet-set/3075495 [diariolibre.com]
- Wikipedia (verificación secundaria). (2025). Colapso del techo de la discoteca Jet Set. https://es.wikipedia.org/wiki/Colapso_del_techo_de_la_discoteca_Jet_Set [es.wikipedia.org]
- JCE. (2025). Proyecto de la nueva cédula. https://jce.gob.do/Noticias/category/nueva-c%C3%A9dula [jce.gob.do]
- RDE Digital. (2025, 24 de junio). JCE presenta nueva cédula 2025. https://rdedigital.com/jce-presenta-la-nueva-cedula-de-identidad-y-electoral-2025/ [rdedigital.com]
- Diario Libre. (2025, 3 de enero). 2025: año de la nueva cédula. https://www.diariolibre.com/politica/jce/2025/01/03/2025-el-ano-de-la-nueva-cedula-de-identidad-y-electoral/2956715 [diariolibre.com]
- CEPAL. (2025, 16 de diciembre). Balance preliminar regional 2025. https://www.cepal.org/es/publicaciones/84460-balance-preliminar-economias-america-latina-caribe-2025 [cepal.org]
- Demócrata / Europa Press. (2025, 29 de octubre). BCRD anticipa crecimiento 2.5% (2025). https://www.democrata.es/economia/banco-central-republica-dominicana-anticipa-crecimiento-economico-25-2025/ [democrata.es]
- 7Días. (2025, 26 de mayo). Pobreza monetaria: 18.05% (T1). https://7dias.com.do/2025/05/26/pobreza-monetaria-en-rd-baja-a-18-05-en-el-primer-trimestre-de-2025-segun-informe-mepyd/ [7dias.com.do]
- MEPyD/ONE. (2025). Boletines oficiales de pobreza. https://mepyd.gob.do/vaes/boletin-pobreza-monetaria [mepyd.gob.do]
- Infobae / Europa Press. (2025, 27 de noviembre). Uso temporal de aeropuertos por EE. UU. https://www.infobae.com/america/agencias/2025/11/27/republica-dominicana-permite-a-eeuu-usar-sus-aeropuertos-para-su-despliegue-militar-en-el-caribe/ [infobae.com]
- CNN en Español. (2025, 26 de noviembre). Cooperación antinarcóticos (video). https://cnnespanol.cnn.com/2025/11/26/mundo/video/republica-dominicana-eeuu-militar-narcotrafico [cnnespanol.cnn.com]
- PoliticoLatam. (2025, 2 de diciembre). Acuerdo temporal hasta abril de 2026. https://politicolatam.com/2025/12/02/abinader-fija-fecha-de-termino-al-acuerdo-con-estados-unidos-para-uso-de-aeropuertos/ [politicolatam.com]
- Embajada de EE. UU. en RD. (2025, 28 de noviembre). Comunicado sobre vigilancia antinarcóticos. https://do.usembassy.gov/es/republica-dominicana-amplia-cooperacion-con-los-ee-uu-para-reforzar-vigilancia-contra-narcotrafico/ [do.usembassy.gov]
Notas finales
- Esta crítica se centra en ponderación y verificación: los avances institucionales y métricas de desempeño estatal deben recibir un peso proporcional en el balance anual, especialmente cuando impactan la soberanía efectiva del Estado (capacidad de controlar el gasto, interceptar delitos transnacionales, garantizar derechos y documentar la identidad).
