Política Presupuestaria 2027: la ruta fiscal de una nación que debe crecer con sentido estratégico |

Quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros

Política Presupuestaria 2027: la ruta fiscal de una nación que debe crecer con sentido estratégico

La aprobación de la Política Presupuestaria Anual 2027 por el Consejo de Ministros coloca sobre la mesa una pregunta decisiva para la República Dominicana: cómo convertir el gasto público en una herramienta real de transformación, bienestar, productividad e institucionalidad, sin perder de vista la sostenibilidad fiscal ni la responsabilidad frente al futuro.

La aprobación de la Política Presupuestaria Anual 2027, encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña en la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, trasciende el carácter rutinario de un trámite administrativo dentro del calendario institucional del Estado. Constituye, más bien, una definición política, económica y estratégica sobre el rumbo que la República Dominicana procura consolidar en una etapa marcada por profundas demandas sociales, presiones fiscales, transformaciones tecnológicas, desafíos geopolíticos y la necesidad impostergable de elevar la calidad del desarrollo nacional.

Un presupuesto público no es solo una suma de partidas, techos financieros, programas y proyectos. Es, en esencia, la expresión concreta de las prioridades de un país. Allí donde se asignan los recursos se revela la verdadera jerarquía de los compromisos públicos. Por eso, la Política Presupuestaria 2027 adquiere una relevancia mayor al organizar el gasto alrededor de los objetivos estratégicos de Meta RD 2036, una visión de largo plazo que procura orientar la acción del Estado hacia el fortalecimiento del capital humano, el desarrollo del capital físico, el incremento de la productividad y la consolidación de la institucionalidad democrática.

En una economía como la dominicana, que ha demostrado capacidad de crecimiento, resiliencia y atracción de inversiones, el gran desafío ya no consiste únicamente en crecer, sino en crecer mejor. Crecer mejor significa transformar el dinamismo macroeconómico en bienestar tangible para la gente; convertir las cifras de expansión en mejores servicios públicos; traducir la inversión en infraestructura en mayor competitividad territorial; y asegurar que la estabilidad fiscal no sea un concepto técnico reservado a especialistas, sino una condición indispensable para proteger el futuro de las familias, las empresas y las instituciones.

La decisión de mantener la asignación equivalente al 4.05 % del producto interno bruto al sistema educativo confirma que la educación continúa siendo el eje más sensible de la política pública dominicana. Sin embargo, el país sabe por experiencia que asignar recursos no basta. La inversión educativa debe medirse no solamente por su volumen financiero, sino por su capacidad de producir aprendizaje efectivo, reducir brechas, mejorar competencias, dignificar la labor docente y preparar a las nuevas generaciones para una economía cada vez más digital, automatizada y competitiva. En ese sentido, la continuidad del Plan Horizonte 2034 representa una oportunidad para pasar de la expansión cuantitativa del sistema a una transformación cualitativa de sus resultados.

La educación dominicana necesita aulas, planteles, transporte escolar y cobertura, pero también necesita liderazgo pedagógico, evaluación continua, innovación curricular, formación técnica pertinente y una conexión más estrecha entre escuela, territorio y empleo. El país no podrá insertarse con éxito en la economía global del conocimiento si no logra que cada peso destinado a educación se convierta en más horas efectivas de aprendizaje, mayor comprensión lectora, mejores habilidades matemáticas, alfabetización digital y capacidades ciudadanas. El presupuesto, por tanto, debe ser una palanca de calidad, no simplemente una garantía de cumplimiento formal.

En salud y protección social, la Política Presupuestaria 2027 plantea la continuidad y culminación de hospitales estratégicos, el fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la ampliación de la Red Nacional de Emergencias y la permanencia de programas sociales orientados a proteger a la población ante choques externos. Esta línea de acción resulta crucial en un mundo donde las crisis sanitarias, climáticas, inflacionarias y alimentarias pueden alterar con rapidez la estabilidad de los hogares. Pero también aquí aparece una exigencia mayor: la salud pública debe avanzar desde una lógica reactiva hacia un modelo preventivo, territorial y humano.

Fortalecer la atención primaria no es un detalle técnico; es una decisión estructural. Un sistema de salud que resuelve tarde, atiende de manera fragmentada y concentra la presión en hospitales de alta demanda termina siendo más costoso, menos eficiente y menos justo. La República Dominicana necesita un sistema capaz de acompañar a la ciudadanía antes de que la enfermedad se convierta en emergencia, antes de que la pobreza se profundice por gastos médicos, antes de que la desigualdad territorial determine quién vive más y quién vive peor. El presupuesto de salud debe mirar no solo la infraestructura, sino la calidad del servicio, el abastecimiento, la tecnología, el personal y la confianza de la población.

La infraestructura, otro de los grandes ejes anunciados para 2027, mantiene una importancia estratégica indiscutible. Autopistas, sistemas de transporte integrado, acueductos, saneamiento y programas de mejoramiento de viviendas son inversiones que impactan directamente la productividad, la movilidad, la salud ambiental y la dignidad de la vida cotidiana. No hay desarrollo sostenible sin infraestructura moderna; pero tampoco hay infraestructura verdaderamente transformadora si esta no responde a una visión territorial equilibrada, ambientalmente responsable y socialmente inclusiva.

El país debe evitar que las obras sean vistas únicamente como monumentos físicos del crecimiento. Una carretera reduce costos logísticos, pero también conecta comunidades con mercados. Un acueducto no solo lleva agua, sino que mejora salud, dignidad y productividad doméstica. Un sistema de transporte integrado no solo mueve pasajeros, sino que reorganiza la ciudad, disminuye pérdidas de tiempo, reduce presión económica sobre los hogares y mejora la competitividad urbana. Por eso, la inversión pública debe estar guiada por criterios de impacto, transparencia, priorización técnica y sostenibilidad de largo plazo.

La productividad aparece correctamente como un componente esencial de la política presupuestaria. La República Dominicana no podrá sostener su crecimiento futuro si no eleva la productividad de sus trabajadores, empresas, instituciones y territorios. Este punto es clave. El crecimiento basado en expansión de sectores tradicionales, consumo, construcción o ventajas de localización debe complementarse con innovación, digitalización, formación técnica, encadenamientos productivos, logística avanzada, agroindustria moderna, turismo inteligente e incorporación de inteligencia artificial en los procesos públicos y privados. El presupuesto debe ayudar a construir una economía con mayor capacidad de generar valor, no solo volumen.

La institucionalidad, por su parte, es el terreno donde el desarrollo se vuelve confiable. La mayor asignación de recursos al Poder Judicial para consolidar la seguridad jurídica, junto con las inversiones en seguridad ciudadana y fronteriza, revela que el Gobierno reconoce la importancia de un Estado capaz de garantizar orden, justicia, control territorial y confianza. Sin seguridad jurídica no hay inversión sostenible; sin justicia eficiente no hay convivencia democrática; sin instituciones confiables no hay contrato social sólido. La institucionalidad no es una abstracción: es lo que permite que el ciudadano crea en las reglas y que el inversionista confíe en el país.

Ahora bien, toda política presupuestaria responsable debe enfrentar una tensión permanente: las necesidades son amplias, pero los recursos son limitados. De ahí que la sostenibilidad fiscal no puede ser tratada como una restricción incómoda, sino como una condición de soberanía económica. Un Estado que gasta sin eficiencia compromete el futuro; un Estado que invierte con inteligencia multiplica oportunidades. La diferencia entre gasto y desarrollo radica precisamente en la calidad de la planificación, la transparencia de la ejecución, la medición de resultados y la capacidad de corregir desvíos.

La Política Presupuestaria 2027, al estar alineada con Meta RD 2036, tiene el mérito de colocar el horizonte más allá de la coyuntura inmediata. Esa mirada es necesaria. Los países que progresan no improvisan cada año su destino; construyen continuidad estratégica, articulan sectores, protegen prioridades y someten sus decisiones a metas medibles. Pero también es importante recordar que una visión de largo plazo solo adquiere legitimidad cuando produce resultados verificables en el corto y mediano plazo. La ciudadanía necesita ver que la planificación mejora su escuela, su hospital, su calle, su empleo, su seguridad y su esperanza.

El verdadero examen de esta política no estará únicamente en su aprobación, sino en su ejecución. El presupuesto 2027 deberá demostrar que puede convertir las prioridades anunciadas en obras concluidas, servicios fortalecidos, instituciones más eficientes y ciudadanos mejor atendidos. Deberá demostrar que el Estado puede gastar mejor, no solo gastar más. Deberá probar que la inversión pública puede ser una herramienta de cohesión nacional, competitividad económica y justicia social.

La República Dominicana se encuentra ante una oportunidad decisiva. Si la Política Presupuestaria 2027 logra articular educación de calidad, salud preventiva, infraestructura estratégica, productividad moderna e institucionalidad robusta, el país estará dando un paso importante hacia una forma más madura de desarrollo. Pero si esas prioridades se diluyen en dispersión, burocracia o ejecución deficiente, la visión de futuro corre el riesgo de quedarse en discurso.

Gobernar también es presupuestar. Y presupuestar bien es decidir con responsabilidad qué país se quiere construir. La aprobación de esta política marca una ruta; ahora corresponde convertirla en resultados. Porque el desarrollo no se proclama: se planifica, se financia, se ejecuta, se mide y se defiende con visión de Estado.

Luis Orlando Díaz Vólquez
Ingeniero de sistemas de computadora | Editor bibliográfico | Productor de medios de comunicación
#GuasábaraEditor

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🇩🇴📊 **¡República Dominicana sigue trazando su ruta hacia el desarrollo!** 🚀

✅ El Consejo de Ministros aprobó la **Política Presupuestaria 2027**, una hoja de ruta orientada a fortalecer la educación, la salud, la infraestructura, la productividad y la institucionalidad,… pic.twitter.com/Oxun1TuzMh

— Orlando Díaz, Luis (@LuisOrlandoDia1) July 7, 2026

Consejo de Ministros aprueba la Política Presupuestaria 2027

Consejo de Ministros aprueba la Política Presupuestaria 2027

La política de gasto prioriza la inversión en educación, salud, infraestructura, productividad e institucionalidad.

6 de Julio 2026 | 19:54

Santo Domingo.- El presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, en la que fue aprobada la Política Presupuestaria Anual correspondiente al año 2027, en cumplimiento de lo establecido por la Ley Orgánica de Presupuesto.

Al concluir la sesión, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, presentó los principales lineamientos de la política de gasto, en su calidad de secretario técnico del Consejo de Gobierno.

La Política Presupuestaria 2027 organiza el gasto público alrededor de los objetivos estratégicos de Meta RD 2036, con énfasis en el fortalecimiento del capital humano, el desarrollo del capital físico, el incremento de la productividad y el fortalecimiento de la institucionalidad, preservando al mismo tiempo las prioridades sociales y la inversión pública.

De acuerdo con el ministro Paliza, la política de gasto reafirma el compromiso del Gobierno con una gestión responsable de los recursos públicos, concentrando las inversiones en proyectos que generan mayor impacto sobre el bienestar de la población y el desarrollo sostenible del país.

“La Política Presupuestaria 2027 refleja una visión de largo plazo. Cada peso del presupuesto estará orientado a acelerar la transformación del país, fortaleciendo el capital humano, ampliando las oportunidades para la gente y desarrollando la infraestructura que demanda el crecimiento económico de la República Dominicana”, expresó Paliza.

En el área de educación, el Gobierno mantendrá la asignación equivalente al 4.05 % del producto interno bruto (PIB) al sistema educativo. Además, continuará impulsando el Plan Horizonte 2034, orientado a elevar los años efectivos de aprendizaje, junto con la construcción y ampliación de planteles escolares, nuevas aulas y la expansión del Programa Nacional de Transporte Escolar.

En materia de salud y protección social, la política presupuestaria contempla la continuidad y culminación de hospitales estratégicos, el fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la expansión de la Red Nacional de Emergencias y la continuidad de los programas sociales dirigidos a proteger a la población frente a choques externos.

La inversión en infraestructura continuará siendo uno de los principales ejes del presupuesto de 2027, con recursos destinados al desarrollo de autopistas y sistemas de transporte integrado en los principales centros urbanos e interurbanos, la construcción de acueductos y sistemas de saneamiento, así como la continuidad del programa nacional para el mejoramiento de viviendas.

Asimismo, el presupuesto fortalecerá la productividad y la institucionalidad mediante una mayor asignación de recursos al Poder Judicial para consolidar la seguridad jurídica, además de continuar las inversiones destinadas al fortalecimiento de la seguridad ciudadana y fronteriza, incluyendo la construcción de la verja perimetral inteligente y nuevos centros correccionales.

Paliza destacó que estas prioridades responden a una planificación estratégica de largo plazo, alineada con la visión de desarrollo nacional.

“Estamos construyendo un presupuesto que no solo responde a las necesidades del presente, sino que prepara a la República Dominicana para alcanzar las metas de desarrollo que nos hemos propuesto hacia el año 2036, con inversiones que fortalecen la competitividad, la cohesión social y la confianza institucional”, concluyó.

El Pdte. @LuisAbinader encabezó el 59.º encuentro del Consejo de Ministros, donde se aprobó la política presupuestaria para el Presupuesto General del Estado 2027. En esta se prioriza la inversión en áreas clave para impulsar el desarrollo del país y el bienestar de la gente. pic.twitter.com/42PWQDys7y

— Presidencia de la República Dominicana (@PresidenciaRD) July 7, 2026

¡El Consejo de Ministros conoció la Política Presupuestaria 2027! 📑

Un presupuesto con visión de futuro, alineado a #MetaRD2036, que priorizará la inversión en la gente y en las obras que transforman al país.

Planificar con responsabilidad es garantizar un mejor mañana. 🇩🇴 pic.twitter.com/YHTa4HwHdb

— Jose Paliza (@JosePaliza) July 7, 2026

La Política Presupuestaria 2027 📑 es un instrumento que orienta bajo criterios de sostenibilidad fiscal, eficiencia del gasto y alineación estratégica con Meta RD 2036. #ConsejoDeMinistros pic.twitter.com/u6iP4vaxxE

— Jose Paliza (@JosePaliza) July 7, 2026

🇩🇴📊 **¡República Dominicana sigue trazando su ruta hacia el desarrollo!** 🚀

✅ El Consejo de Ministros aprobó la **Política Presupuestaria 2027**, una hoja de ruta orientada a fortalecer la educación, la salud, la infraestructura, la productividad y la institucionalidad,… pic.twitter.com/Oxun1TuzMh

— Orlando Díaz, Luis (@LuisOrlandoDia1) July 7, 2026

DIPP

Consejo de Ministros

Política Presupuestaria 2027: la ruta fiscal de una nación que debe crecer con sentido estratégico

La aprobación de la Política Presupuestaria Anual 2027 por el Consejo de Ministros coloca sobre la mesa una pregunta decisiva para la República Dominicana: cómo convertir el gasto público en una herramienta real de transformación, bienestar, productividad e institucionalidad, sin perder de vista la sostenibilidad fiscal ni la responsabilidad frente al futuro.

La aprobación de la Política Presupuestaria Anual 2027, encabezada por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña en la quincuagésima novena reunión del Consejo de Ministros, trasciende el carácter rutinario de un trámite administrativo dentro del calendario institucional del Estado. Constituye, más bien, una definición política, económica y estratégica sobre el rumbo que la República Dominicana procura consolidar en una etapa marcada por profundas demandas sociales, presiones fiscales, transformaciones tecnológicas, desafíos geopolíticos y la necesidad impostergable de elevar la calidad del desarrollo nacional.

Un presupuesto público no es solo una suma de partidas, techos financieros, programas y proyectos. Es, en esencia, la expresión concreta de las prioridades de un país. Allí donde se asignan los recursos se revela la verdadera jerarquía de los compromisos públicos. Por eso, la Política Presupuestaria 2027 adquiere una relevancia mayor al organizar el gasto alrededor de los objetivos estratégicos de Meta RD 2036, una visión de largo plazo que procura orientar la acción del Estado hacia el fortalecimiento del capital humano, el desarrollo del capital físico, el incremento de la productividad y la consolidación de la institucionalidad democrática.

En una economía como la dominicana, que ha demostrado capacidad de crecimiento, resiliencia y atracción de inversiones, el gran desafío ya no consiste únicamente en crecer, sino en crecer mejor. Crecer mejor significa transformar el dinamismo macroeconómico en bienestar tangible para la gente; convertir las cifras de expansión en mejores servicios públicos; traducir la inversión en infraestructura en mayor competitividad territorial; y asegurar que la estabilidad fiscal no sea un concepto técnico reservado a especialistas, sino una condición indispensable para proteger el futuro de las familias, las empresas y las instituciones.

La decisión de mantener la asignación equivalente al 4.05 % del producto interno bruto al sistema educativo confirma que la educación continúa siendo el eje más sensible de la política pública dominicana. Sin embargo, el país sabe por experiencia que asignar recursos no basta. La inversión educativa debe medirse no solamente por su volumen financiero, sino por su capacidad de producir aprendizaje efectivo, reducir brechas, mejorar competencias, dignificar la labor docente y preparar a las nuevas generaciones para una economía cada vez más digital, automatizada y competitiva. En ese sentido, la continuidad del Plan Horizonte 2034 representa una oportunidad para pasar de la expansión cuantitativa del sistema a una transformación cualitativa de sus resultados.

La educación dominicana necesita aulas, planteles, transporte escolar y cobertura, pero también necesita liderazgo pedagógico, evaluación continua, innovación curricular, formación técnica pertinente y una conexión más estrecha entre escuela, territorio y empleo. El país no podrá insertarse con éxito en la economía global del conocimiento si no logra que cada peso destinado a educación se convierta en más horas efectivas de aprendizaje, mayor comprensión lectora, mejores habilidades matemáticas, alfabetización digital y capacidades ciudadanas. El presupuesto, por tanto, debe ser una palanca de calidad, no simplemente una garantía de cumplimiento formal.

En salud y protección social, la Política Presupuestaria 2027 plantea la continuidad y culminación de hospitales estratégicos, el fortalecimiento de las Unidades de Atención Primaria, la ampliación de la Red Nacional de Emergencias y la permanencia de programas sociales orientados a proteger a la población ante choques externos. Esta línea de acción resulta crucial en un mundo donde las crisis sanitarias, climáticas, inflacionarias y alimentarias pueden alterar con rapidez la estabilidad de los hogares. Pero también aquí aparece una exigencia mayor: la salud pública debe avanzar desde una lógica reactiva hacia un modelo preventivo, territorial y humano.

Fortalecer la atención primaria no es un detalle técnico; es una decisión estructural. Un sistema de salud que resuelve tarde, atiende de manera fragmentada y concentra la presión en hospitales de alta demanda termina siendo más costoso, menos eficiente y menos justo. La República Dominicana necesita un sistema capaz de acompañar a la ciudadanía antes de que la enfermedad se convierta en emergencia, antes de que la pobreza se profundice por gastos médicos, antes de que la desigualdad territorial determine quién vive más y quién vive peor. El presupuesto de salud debe mirar no solo la infraestructura, sino la calidad del servicio, el abastecimiento, la tecnología, el personal y la confianza de la población.

La infraestructura, otro de los grandes ejes anunciados para 2027, mantiene una importancia estratégica indiscutible. Autopistas, sistemas de transporte integrado, acueductos, saneamiento y programas de mejoramiento de viviendas son inversiones que impactan directamente la productividad, la movilidad, la salud ambiental y la dignidad de la vida cotidiana. No hay desarrollo sostenible sin infraestructura moderna; pero tampoco hay infraestructura verdaderamente transformadora si esta no responde a una visión territorial equilibrada, ambientalmente responsable y socialmente inclusiva.

El país debe evitar que las obras sean vistas únicamente como monumentos físicos del crecimiento. Una carretera reduce costos logísticos, pero también conecta comunidades con mercados. Un acueducto no solo lleva agua, sino que mejora salud, dignidad y productividad doméstica. Un sistema de transporte integrado no solo mueve pasajeros, sino que reorganiza la ciudad, disminuye pérdidas de tiempo, reduce presión económica sobre los hogares y mejora la competitividad urbana. Por eso, la inversión pública debe estar guiada por criterios de impacto, transparencia, priorización técnica y sostenibilidad de largo plazo.

La productividad aparece correctamente como un componente esencial de la política presupuestaria. La República Dominicana no podrá sostener su crecimiento futuro si no eleva la productividad de sus trabajadores, empresas, instituciones y territorios. Este punto es clave. El crecimiento basado en expansión de sectores tradicionales, consumo, construcción o ventajas de localización debe complementarse con innovación, digitalización, formación técnica, encadenamientos productivos, logística avanzada, agroindustria moderna, turismo inteligente e incorporación de inteligencia artificial en los procesos públicos y privados. El presupuesto debe ayudar a construir una economía con mayor capacidad de generar valor, no solo volumen.

La institucionalidad, por su parte, es el terreno donde el desarrollo se vuelve confiable. La mayor asignación de recursos al Poder Judicial para consolidar la seguridad jurídica, junto con las inversiones en seguridad ciudadana y fronteriza, revela que el Gobierno reconoce la importancia de un Estado capaz de garantizar orden, justicia, control territorial y confianza. Sin seguridad jurídica no hay inversión sostenible; sin justicia eficiente no hay convivencia democrática; sin instituciones confiables no hay contrato social sólido. La institucionalidad no es una abstracción: es lo que permite que el ciudadano crea en las reglas y que el inversionista confíe en el país.

Ahora bien, toda política presupuestaria responsable debe enfrentar una tensión permanente: las necesidades son amplias, pero los recursos son limitados. De ahí que la sostenibilidad fiscal no puede ser tratada como una restricción incómoda, sino como una condición de soberanía económica. Un Estado que gasta sin eficiencia compromete el futuro; un Estado que invierte con inteligencia multiplica oportunidades. La diferencia entre gasto y desarrollo radica precisamente en la calidad de la planificación, la transparencia de la ejecución, la medición de resultados y la capacidad de corregir desvíos.

La Política Presupuestaria 2027, al estar alineada con Meta RD 2036, tiene el mérito de colocar el horizonte más allá de la coyuntura inmediata. Esa mirada es necesaria. Los países que progresan no improvisan cada año su destino; construyen continuidad estratégica, articulan sectores, protegen prioridades y someten sus decisiones a metas medibles. Pero también es importante recordar que una visión de largo plazo solo adquiere legitimidad cuando produce resultados verificables en el corto y mediano plazo. La ciudadanía necesita ver que la planificación mejora su escuela, su hospital, su calle, su empleo, su seguridad y su esperanza.

El verdadero examen de esta política no estará únicamente en su aprobación, sino en su ejecución. El presupuesto 2027 deberá demostrar que puede convertir las prioridades anunciadas en obras concluidas, servicios fortalecidos, instituciones más eficientes y ciudadanos mejor atendidos. Deberá demostrar que el Estado puede gastar mejor, no solo gastar más. Deberá probar que la inversión pública puede ser una herramienta de cohesión nacional, competitividad económica y justicia social.

La República Dominicana se encuentra ante una oportunidad decisiva. Si la Política Presupuestaria 2027 logra articular educación de calidad, salud preventiva, infraestructura estratégica, productividad moderna e institucionalidad robusta, el país estará dando un paso importante hacia una forma más madura de desarrollo. Pero si esas prioridades se diluyen en dispersión, burocracia o ejecución deficiente, la visión de futuro corre el riesgo de quedarse en discurso.

Gobernar también es presupuestar. Y presupuestar bien es decidir con responsabilidad qué país se quiere construir. La aprobación de esta política marca una ruta; ahora corresponde convertirla en resultados. Porque el desarrollo no se proclama: se planifica, se financia, se ejecuta, se mide y se defiende con visión de Estado.

Luis Orlando Díaz Vólquez
Ingeniero de sistemas de computadora | Editor bibliográfico | Productor de medios de comunicación
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Presidente Abinader busca con estas medidas generar una disponibilidad cercana a RDb40,000 millones.

30 de Abril 2026 | 20:36 | Economía |

Santo Domingo.- El presidente de la República, Luis Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña, encabezaron este jueves el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros, celebrado en el Palacio Nacional, con el objetivo de dar seguimiento al plan gubernamental para enfrentar el impacto sobre la economía dominicana de la crisis en Medio Oriente.

José Rijo Presbot, director general de Presupuesto, explicó que el Gobierno ha dispuesto una serie de medidas de contención y eficientización del gasto público para generar una disponibilidad cercana a RD 40,000 millones, partiendo del principio de respetar todos los compromisos ya formalizados bajo contrato, mientras que aquellas apropiaciones presupuestarias aún no comprometidas serán sometidas a revisión, ajuste o reducción según las prioridades nacionales.

Detalló que estas acciones incluyen la reducción de gastos operativos, la contención en la adquisición de vehículos, con excepción de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria, disminución de reparaciones y mantenimientos menores, racionalización de servicios y contrataciones, limitación de eventos a costos mínimos, ajustes en textiles, vestuario, viáticos, pasajes, racionalización de combustible y publicidad, la reducción de un 50 % del presupuesto a los partidos políticos, entre otros. Además, una reducción verificable de transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con capacidad de generar sus propios recursos.

Presbot subrayó que estas decisiones responden a la necesidad de posponer temporalmente todo gasto no prioritario, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante el contexto internacional, preservar la estabilidad económica y asegurar que los recursos públicos se concentren en proteger a los sectores más vulnerables y sostener el dinamismo del país.

Por otro lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que el país enfrenta un choque externo, cuyo principal canal de transmisión para economías como la dominicana es el aumento en los precios internacionales del petróleo, lo que genera presiones directas sobre la inflación y el costo de vida.

En ese sentido, destacó que cada aumento sostenido de USD 10 por barril implica alrededor de USD 763 millones adicionales en la factura petrolera anual de la República Dominicana, lo que incrementa las presiones fiscales y los costos asociados a los subsidios.

Asimismo, resaltó que, pese al contexto internacional, la República Dominicana ha logrado contener el impacto mejor que la mayoría de países de la región, gracias a las medidas adoptadas para proteger a las familias dominicanas. No obstante, advirtió que estos esfuerzos implican un costo fiscal significativo, por lo que deben manejarse con prudencia y sostenibilidad.

A su vez, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que República Dominicana enfrenta uno de los mayores choques de precios de su historia reciente, provocado por el alza de más de un 80 % en el precio del petróleo, pero aseguró que el Gobierno ha centrado su estrategia en tres objetivos esenciales: preservar la estabilidad macroeconómica, fiscal y social; mitigar el impacto sobre los alimentos, la canasta básica y los insumos agropecuarios; y sostener la inversión pública, apoyado en reservas internacionales superiores a USD 16,000 millones, estabilidad cambiaria, crecimiento económico, fortalecimiento de los programas sociales y una política de austeridad orientada a proteger a la población más vulnerable.

DIPP Consejo de Gobierno

https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-anuncia-nuevas-medidas-para-enfrentar-el-impacto-de-la-crisis-en-medio-oriente

🇩🇴📊 Gobierno actúa con responsabilidad ante la crisis global

El presidente Luis Abinader anunció nuevas medidas para enfrentar el impacto económico de la crisis en Medio Oriente, priorizando la austeridad, la eficiencia del gasto y la protección de los sectores más vulnerables.
Estas acciones buscan generar una disponibilidad cercana a RD$40,000 millones, sin afectar los compromisos ya asumidos ni frenar la inversión pública estratégica.

Ante el alza histórica del precio del petróleo ⛽🌍, el Gobierno reafirma su compromiso con la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación y el bienestar de las familias dominicanas, apoyado en reservas internacionales sólidas y una política fiscal prudente.

Responsabilidad hoy para proteger el futuro del país. 🇩🇴🤝

#EconomíaRD #ConsejoDeMinistros #EstabilidadEconómica #AusteridadResponsable #CrisisGlobal #MedioOriente #GobiernoRD #LuisAbinader #RDAvanza #ProtecciónSocial 📈🛡️

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FINANCIAMIENTO A LOS PARTIDOS

El "tijerazo” de austeridad del Gobierno le quita el 50% del financiamiento a los partidos

Es casi seguro que los partidos políticos de oposición, como la Fuerza del Pueblo y el PLD, además de otras organizaciones políticas, recurran a las altas instancias legales frente a estas medidas.

Las autoridades explicaron, durante el quincuagésimo séptimo Consejo de Gobierno, que este “sacrificio institucional” es necesario para contrarrestar el encarecimiento de la factura petrolera.LISTIN DIARIO

Santo Domingo, RD | 01/05/2026 | Guillermo Pérez

En respuesta al impacto económico de la crisis en Medio Oriente y el alza histórica del petróleo, el presidente Luis Abinader anunció un agresivo plan de austeridad que busca liberar cerca de RD$40,000 millones.

La estrategia central consiste en un recorte drástico de los gastos operativos del Estado y una reducción del 50% en el presupuesto de los partidos políticos para blindar la estabilidad macroeconómica del país.

Durante el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros, las autoridades explicaron que este “sacrificio institucional” es necesario para contrarrestar el encarecimiento de la factura petrolera.

Según el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, cada incremento de US$10 en el barril de crudo representa un costo adicional de US$763 millones anuales para la República Dominicana.

El director de Presupuesto, José Rijo Presbot, detalló que el “tijerazo” alcanzará áreas no prioritarias con publicidad, viáticos y pasajes, adquisición de vehículos y eventos institucionales, combustible y contrataciones de servicios, y transferencias a organismos autónomos con capacidad de autogestión.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que el país cuenta con reservas superiores a los US$16,000 millones para amortiguar el choque.

El objetivo final de estas medidas es evitar que el aumento de costos internacionales se traduzca en un alza desmedida de la canasta básica y los alimentos, priorizando la inversión pública en los sectores más vulnerables de la población.

El un movimiento del presidente Abinader llega justo ante la volatilidad extrema provocada por el conflicto en Medio Oriente y la escalada en los precios del crudo, el Consejo de Gobierno activado un plan austero del que se esperan ya reacciones desde todos los ámbitos sociales.

El anuncio de liberar cerca de RD$40,000 millones no es solo una cifra contable, sino que esto representa un fondo de maniobra crucial para el gobierno de Abinader.

Asimismo, las medidas de austeridad, especialmente el recorte del 50% al presupuesto de los partidos políticos, suelen actuar como un catalizador de tensiones en el espectro político dominicano

Es casi seguro que los partidos de oposición, como la Fuerza del Pueblo y el PLD, además de otras organizaciones políticas, recurran a las altas instancias legales frente a estas medidas.

Reducir el presupuesto limitará su capacidad de fiscalización y de organización interna, lo que podría vulnerar el derecho a la libre asociación y la equidad electoral estipulada en la Ley 33-18.

https://listindiario.com/la-republica/gobierno/20260501/tijerazo-austero-gobierno-recorta-50-fondos-partidos_903983.html

.....

OPINIÓN

Austeridad inteligente y resiliencia macroeconómica: la prueba de fuego dominicana ante el shock petrolero

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

La crisis en Medio Oriente —y su traducción inmediata en volatilidad energética— ha vuelto a poner a prueba la arquitectura macroeconómica de los países importadores netos de hidrocarburos. Para la República Dominicana, cuyo aparato productivo, matriz de generación eléctrica y estructura de costos internos son altamente sensibles a los precios del crudo, el canal de transmisión más visible no es diplomático ni militar: es contable, fiscal y social. En ese contexto, el anuncio de nuevas medidas de contención y eficientización del gasto público por parte del Gobierno, con la meta de generar una disponibilidad cercana a RD$40,000 millones, constituye una decisión que merece leerse más allá del titular: como un acto de administración del riesgo país frente a un choque externo.¹

El hecho político-administrativo es claro: el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros con el propósito de dar seguimiento al plan gubernamental para mitigar el impacto de la crisis sobre la economía dominicana.² Ese gesto institucional, en sí mismo, envía una señal de conducción y coordinación interministerial: ante la incertidumbre, se prioriza la gobernanza del ciclo presupuestario. Y en tiempos de shock, el presupuesto no es un documento: es una herramienta de estabilización.

I. El shock externo: del barril a la canasta básica

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sintetizó el problema con una afirmación técnica y directa: para economías como la dominicana, el aumento del precio internacional del petróleo es el principal canal de transmisión del choque, porque presiona la inflación y el costo de vida.³ Más aún, ofreció un dato cuantitativo que ayuda a dimensionar el impacto: cada aumento sostenido de US$10 por barril implica alrededor de US$763 millones adicionales en la factura petrolera anual del país.⁴ Esta cifra condensa tres realidades: (1) el país paga más por importar energía; (2) esa energía encarece transporte, electricidad y producción; y (3) el Estado enfrenta presiones adicionales para subsidiar y contener el traspaso a precios.

A la vez, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, calificó el momento como uno de los mayores choques de precios de la historia reciente dominicana, aludiendo a un aumento superior al 80% en el precio del petróleo.⁵ Independientemente del porcentaje exacto en cada referencia temporal, el punto económico es irrebatible: cuando el crudo sube de forma abrupta, el trilema de la política pública aparece sin maquillaje. O se deja que el precio se traslade plenamente a los consumidores (con riesgo social e inflacionario), o se subsidia para amortiguar el golpe (con costo fiscal), o se combina con ajustes graduales y medidas de eficiencia del gasto.

En marzo, el propio Ministerio de Hacienda explicó la lógica fiscal de esa tensión: el Gobierno había subsidiado combustibles incluso con un precio promedio cercano a US$65 por barril, acumulando esfuerzos significativos, y advirtió que —de no tomarse medidas— el costo del subsidio podría escalar de forma extraordinaria bajo los nuevos niveles del crudo.⁶ Ese señalamiento es crucial para comprender el anuncio del 30 de abril: la contención del gasto no es un capricho austeritario, sino una respuesta para preservar capacidad de maniobra cuando el choque energético amenaza con convertir el presupuesto en un mecanismo de gasto automático.

II. RD$40,000 millones: el presupuesto como “colchón” anticrisis

José Rijo Presbot, director general de Presupuesto, explicó que el objetivo de las medidas es liberar una disponibilidad cercana a RD$40,000 millones, respetando compromisos contractuales ya formalizados y revisando apropiaciones no comprometidas según prioridades nacionales.⁷ El diseño es relevante: se evita, por principio, la “impuntualidad” del Estado frente a contratos suscritos, y se concentra el ajuste donde el margen es mayor: partidas no comprometidas y gasto discrecional.

Ese enfoque, si se ejecuta con rigor, puede ser macroeconómicamente virtuoso por tres vías:

1. Reduce presión de financiamiento: al posponer o recortar gasto no prioritario, se disminuye la necesidad de endeudamiento o reasignaciones abruptas en medio de la tormenta.⁸
2. Protege anclas de credibilidad: disciplina fiscal en choques externos refuerza la percepción de sostenibilidad, disminuye primas de riesgo y estabiliza expectativas.⁹
3. Preserva espacio para lo social: la austeridad no es fin en sí mismo; su legitimidad depende de blindar la red de protección y la inversión pública de alto impacto.¹⁰

Este punto conecta con la narrativa oficial: las medidas buscan posponer gasto no prioritario para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, preservar estabilidad y concentrar recursos en proteger sectores vulnerables y sostener el dinamismo del país.¹¹ En otras palabras: un ajuste preventivo, no un recorte recesivo.

III. El menú de medidas: señales, incentivos y consistencia

El anuncio incluye una lista de acciones específicas: reducción de gastos operativos, contención en adquisición de vehículos (con excepciones en asistencia social y seguridad alimentaria), disminución de mantenimientos menores, racionalización de servicios y contrataciones, limitación de eventos a costos mínimos, ajustes en textiles, vestuario, viáticos, pasajes, racionalización de combustible y publicidad, recorte del 50% al presupuesto de los partidos políticos, y reducción verificable de transferencias corrientes a organismos con capacidad de generar recursos propios.¹²

Desde un punto de vista de política pública, esa lista cumple dos funciones simultáneas:

• Función fiscal inmediata: generar caja y reorientar recursos en el corto plazo.¹³
• Función simbólica y de gobernanza: enviar la señal de que el Estado empieza por “apretarse el cinturón” en rubros visibles antes de tocar áreas sensibles.¹⁴

El recorte del 50% al financiamiento de partidos políticos, por ejemplo, tiene un valor político-comunicacional innegable: sugiere que el sacrificio no será asimétrico ni recaerá solo en la ciudadanía.¹⁵ Sin embargo, la eficacia real dependerá de la implementación: calendario, base legal, mecanismos de verificación y sostenibilidad.

La racionalización de combustible y publicidad también apunta a rubros tradicionalmente expuestos a inercia y discrecionalidad.¹⁶ En épocas de shock petrolero, reducir consumo institucional de combustible no solo ahorra: mejora coherencia narrativa (si se pide eficiencia al sector privado, el Estado debe modelarla).

IV. Reservas internacionales y estabilidad cambiaria: el “seguro” contra el pánico

Magín Díaz sostuvo que la estrategia del Gobierno se apoya, entre otros pilares, en reservas internacionales superiores a US$16,000 millones, además de estabilidad cambiaria y crecimiento económico.¹⁷ Ese punto merece subrayarse, porque en crisis energéticas la amenaza no es únicamente inflacionaria; es también externa: mayores importaciones energéticas presionan la balanza de pagos, el tipo de cambio y las expectativas.

En marzo de 2026, reportes basados en datos del Banco Central indicaron que las reservas internacionales netas se ubicaron por encima de los US$16,000 millones al cierre de febrero, reforzando la posición externa del país.¹⁸ Esta “munición” reduce el riesgo de un ajuste cambiario desordenado, brinda capacidad de intervención y fortalece credibilidad, siempre que se use con prudencia y no como sustituto de ajustes estructurales.¹⁹

V. El costo fiscal de amortiguar la crisis: subsidios, focalización y justicia distributiva

La República Dominicana ha utilizado con frecuencia subsidios para contener el impacto de choques energéticos sobre los hogares. En marzo, Hacienda recordó que incluso con precios promedio relativamente bajos se mantuvieron subsidios, acumulando esfuerzos fiscales relevantes, y advirtió sobre el potencial escalamiento si el shock persistía.²⁰ Este razonamiento introduce un debate inevitable: ¿subsidio universal o focalizado?

Los subsidios generalizados tienden a beneficiar proporcionalmente más a quienes más consumen energía (hogares de mayores ingresos y grandes consumidores), mientras que los hogares vulnerables suelen necesitar apoyo directo y bien focalizado.²¹ En otras palabras, la protección social eficiente no es “más gasto”, sino “mejor gasto”. Si el Gobierno abre espacio fiscal con RD$40,000 millones, la pregunta estratégica es cómo traducir ese espacio en protección efectiva: alimentos, transporte, electricidad y programas de apoyo que realmente amortigüen el golpe en el decil más vulnerable.

Aquí entra el papel de la austeridad inteligente: si el Estado reduce viáticos, eventos y compras no esenciales, pero al mismo tiempo fortalece instrumentos de transferencia y apoyo a la canasta básica, el ajuste puede ser socialmente defendible y económicamente estabilizador.²²

VI. Riesgos y condiciones de éxito: donde se juega la credibilidad

Para que estas medidas pasen de anuncio a política eficaz, hay condiciones mínimas:

1. Transparencia y trazabilidad: publicar lineamientos, metas por institución, cronograma y reportes de ejecución. El éxito fiscal sin transparencia suele ser efímero.
2. Priorización explícita: definir qué se protege (salud, educación, protección social, inversión crítica) y qué se pospone, con criterios verificables.
3. Coherencia intertemporal: evitar que el recorte de mantenimiento menor se convierta en costos mayores futuros; a veces “ahorrar hoy” encarece mañana.
4. Focalización social: cualquier ahorro debe traducirse en amortiguación real del costo de vida, especialmente en alimentos y transporte.
5. Diálogo y coordinación: Paliza habló de prudencia y sostenibilidad; eso exige articulación con sectores productivos y actores sociales para evitar reacciones en cadena.²³

En suma, la política fiscal debe funcionar como un amortiguador, no como un freno del crecimiento.

VII. Conclusión: gobernar el shock sin perder el rumbo

La economía dominicana —como muchas economías abiertas y dependientes de importaciones energéticas— enfrenta un recordatorio contundente: la geopolítica siempre termina impactando el costo del pan, el pasaje y la factura eléctrica. Lo novedoso no es el shock; lo importante es la respuesta.

Las medidas anunciadas para liberar RD$40,000 millones, sumadas al énfasis en preservar estabilidad macroeconómica, mitigar impacto en canasta básica y sostener inversión pública, constituyen un enfoque de estabilización preventiva: contener el gasto discrecional para proteger lo esencial.²⁴ Si la ejecución se acompaña de transparencia, priorización y focalización, el país no solo resistirá el golpe: puede consolidar una narrativa de resiliencia fiscal responsable.

En tiempos de turbulencia, la calidad del Estado se mide por su capacidad de escoger: qué se posterga, qué se protege y qué se acelera. En esa elección, el Gobierno ha colocado una apuesta: austeridad inteligente para sostener estabilidad y cohesión social. Ahora la historia económica de este episodio la escribirá la implementación.

Luis Orlando Díaz Vólquez

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Notas 

1. “Gasto público en RD: medidas para ahorrar 40,000 millones de pesos…”, Diario Libre, 30 de abril de 2026. [diariolibre.com]
2. “Gobierno anuncia recortes y ahorro de RD$40 mil millones”, RCC Noticias, 30 de abril de 2026. [rccnoticias.com.do]
3. “Gobierno anuncia medidas ante impacto de crisis en Medio Oriente”, elCaribe, 30 de abril de 2026. [elcaribe.com.do]
4. Ibid. [elcaribe.com.do]
5. “Gobierno anuncia recortes y ahorro de RD$40 mil millones”, RCC Noticias, 30 de abril de 2026. [rccnoticias.com.do]
6. Ministerio de Hacienda y Economía, “Gobierno subsidió combustibles con RD$11,000 millones incluso cuando el barril promediaba US$65”, 23 de marzo de 2026. [hacienda.gob.do]
7. “Gasto público en RD: medidas para ahorrar 40,000 millones de pesos…”, Diario Libre, 30 de abril de 2026. [diariolibre.com]
8. “Gobierno anuncia austeridad para enfrentar crisis en Medio Oriente”, Noticias SIN, 1 de mayo de 2026. [noticiassin.com]
9. “El Banco Central de la República Dominicana mantiene los tipos en el 5,25%…”, Infobae, 30 de marzo de 2026. [infobae.com]
10. “Gobierno anuncia recortes y ahorro de RD$40 mil millones”, RCC Noticias, 30 de abril de 2026. [rccnoticias.com.do]
11. “Gobierno recorta gastos y libera RD$40 mil millones ante crisis”, elCaribe, 30 de abril de 2026. [elcaribe.com.do]
12. “Gobierno anuncia recortes y ahorro de RD$40 mil millones”, RCC Noticias, 30 de abril de 2026. [rccnoticias.com.do]
13. “Gobierno dominicano anuncia plan de austeridad por RD$40,000 millones…”, Ensegundos.do, 30 de abril de 2026. [ensegundos.do]
14. “Gobierno restringe publicidad, viáticos, reduce 50% a partidos”, AlMomento.net, 30 de abril de 2026. [almomento.net]
15. “República Dominicana: Gobierno propone recorte presupuestario del 50% a partidos políticos…”, Infobae, 1 de mayo de 2026. [infobae.com]
16. “Gobierno aplica medidas de austeridad: limita combustible…”, EHPLUS+, 1 de mayo de 2026. [ehplus.do]
17. “Gasto público en RD: medidas para ahorrar 40,000 millones de pesos…”, Diario Libre, 30 de abril de 2026. [diariolibre.com]
18. Alexis Álvarez, “Reservas internacionales de RD vuelven a colocarse por encima de los US$16,000 millones”, El Nacional, 23 de marzo de 2026. [elnacional.com.do]
19. “El Banco Central de la República Dominicana mantiene los tipos en el 5,25%…”, Infobae, 30 de marzo de 2026. [infobae.com]
20. Ministerio de Hacienda y Economía, “Gobierno subsidió combustibles con RD$11,000 millones…”, 23 de marzo de 2026. [hacienda.gob.do]
21. Ministerio de Hacienda y Economía, “Gobierno subsidió combustibles con RD$11,000 millones…”, 23 de marzo de 2026. [hacienda.gob.do]
22. “Gobierno anuncia austeridad para enfrentar crisis en Medio Oriente”, Noticias SIN, 1 de mayo de 2026. [noticiassin.com]
23. “Gobierno anuncia recortes y ahorro de RD$40 mil millones”, RCC Noticias, 30 de abril de 2026. [rccnoticias.com.do]
24. “Gasto público en RD: medidas para ahorrar 40,000 millones de pesos…”, Diario Libre, 30 de abril de 2026. [diariolibre.com]

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El "tijerazo” de austeridad del Gobierno le quita el 50% del financiamiento a los partidos

 FINANCIAMIENTO A LOS PARTIDOS

El "tijerazo” de austeridad del Gobierno le quita el 50% del financiamiento a los partidos

Es casi seguro que los partidos políticos de oposición, como la Fuerza del Pueblo y el PLD, además de otras organizaciones políticas, recurran a las altas instancias legales frente a estas medidas.

Las autoridades explicaron, durante el quincuagésimo séptimo Consejo de Gobierno, que este “sacrificio institucional” es necesario para contrarrestar el encarecimiento de la factura petrolera.LISTIN DIARIO

Santo Domingo, RD | 01/05/2026 | Guillermo Pérez

En respuesta al impacto económico de la crisis en Medio Oriente y el alza histórica del petróleo, el presidente Luis Abinader anunció un agresivo plan de austeridad que busca liberar cerca de RD$40,000 millones.

La estrategia central consiste en un recorte drástico de los gastos operativos del Estado y una reducción del 50% en el presupuesto de los partidos políticos para blindar la estabilidad macroeconómica del país.

Durante el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros, las autoridades explicaron que este “sacrificio institucional” es necesario para contrarrestar el encarecimiento de la factura petrolera.

Según el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, cada incremento de US$10 en el barril de crudo representa un costo adicional de US$763 millones anuales para la República Dominicana.

El director de Presupuesto, José Rijo Presbot, detalló que el “tijerazo” alcanzará áreas no prioritarias con publicidad, viáticos y pasajes, adquisición de vehículos y eventos institucionales, combustible y contrataciones de servicios, y transferencias a organismos autónomos con capacidad de autogestión.

Por su parte, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que el país cuenta con reservas superiores a los US$16,000 millones para amortiguar el choque.

El objetivo final de estas medidas es evitar que el aumento de costos internacionales se traduzca en un alza desmedida de la canasta básica y los alimentos, priorizando la inversión pública en los sectores más vulnerables de la población.

El un movimiento del presidente Abinader llega justo ante la volatilidad extrema provocada por el conflicto en Medio Oriente y la escalada en los precios del crudo, el Consejo de Gobierno activado un plan austero del que se esperan ya reacciones desde todos los ámbitos sociales.

El anuncio de liberar cerca de RD$40,000 millones no es solo una cifra contable, sino que esto representa un fondo de maniobra crucial para el gobierno de Abinader.

Asimismo, las medidas de austeridad, especialmente el recorte del 50% al presupuesto de los partidos políticos, suelen actuar como un catalizador de tensiones en el espectro político dominicano

Es casi seguro que los partidos de oposición, como la Fuerza del Pueblo y el PLD, además de otras organizaciones políticas, recurran a las altas instancias legales frente a estas medidas.

Reducir el presupuesto limitará su capacidad de fiscalización y de organización interna, lo que podría vulnerar el derecho a la libre asociación y la equidad electoral estipulada en la Ley 33-18.

https://listindiario.com/la-republica/gobierno/20260501/tijerazo-austero-gobierno-recorta-50-fondos-partidos_903983.html

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Economía | Gobierno anuncia nuevas medidas para enfrentar el impacto de la crisis en Medio Oriente sobre la economía dominicana
Presidente Abinader busca con estas medidas generar una disponibilidad cercana a RDb40,000 millones.

Santo Domingo, R.D., 30 de Abril 2026.- El presidente de la República, Luis Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña, encabezaron este jueves el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros, celebrado en el Palacio Nacional, con el objetivo de dar seguimiento al plan gubernamental para enfrentar el impacto sobre la economía dominicana de la crisis en Medio Oriente.
José Rijo Presbot, director general de Presupuesto, explicó que el Gobierno ha dispuesto una serie de medidas de contención y eficientización del gasto público para generar una disponibilidad cercana a RD 40,000 millones, partiendo del principio de respetar todos los compromisos ya formalizados bajo contrato, mientras que aquellas apropiaciones presupuestarias aún no comprometidas serán sometidas a revisión, ajuste o reducción según las prioridades nacionales.
Detalló que estas acciones incluyen la reducción de gastos operativos, la contención en la adquisición de vehículos, con excepción de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria, disminución de reparaciones y mantenimientos menores, racionalización de servicios y contrataciones, limitación de eventos a costos mínimos, ajustes en textiles, vestuario, viáticos, pasajes, racionalización de combustible y publicidad, la reducción de un 50 % del presupuesto a los partidos políticos, entre otros. Además, una reducción verificable de transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con capacidad de generar sus propios recursos.
Presbot subrayó que estas decisiones responden a la necesidad de posponer temporalmente todo gasto no prioritario, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante el contexto internacional, preservar la estabilidad económica y asegurar que los recursos públicos se concentren en proteger a los sectores más vulnerables y sostener el dinamismo del país.
Por otro lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que el país enfrenta un choque externo, cuyo principal canal de transmisión para economías como la dominicana es el aumento en los precios internacionales del petróleo, lo que genera presiones directas sobre la inflación y el costo de vida.
En ese sentido, destacó que cada aumento sostenido de USD 10 por barril implica alrededor de USD 763 millones adicionales en la factura petrolera anual de la República Dominicana, lo que incrementa las presiones fiscales y los costos asociados a los subsidios.
Asimismo, resaltó que, pese al contexto internacional, la República Dominicana ha logrado contener el impacto mejor que la mayoría de países de la región, gracias a las medidas adoptadas para proteger a las familias dominicanas. No obstante, advirtió que estos esfuerzos implican un costo fiscal significativo, por lo que deben manejarse con prudencia y sostenibilidad.
A su vez, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que República Dominicana enfrenta uno de los mayores choques de precios de su historia reciente, provocado por el alza de más de un 80 % en el precio del petróleo, pero aseguró que el Gobierno ha centrado su estrategia en tres objetivos esenciales: preservar la estabilidad macroeconómica, fiscal y social; mitigar el impacto sobre los alimentos, la canasta básica y los insumos agropecuarios; y sostener la inversión pública, apoyado en reservas internacionales superiores a USD 16,000 millones, estabilidad cambiaria, crecimiento económico, fortalecimiento de los programas sociales y una política de austeridad orientada a proteger a la población más vulnerable.
https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-anuncia-nuevas-medidas-para-enfrentar-el-impacto-de-la-crisis-en-medio-oriente
DIPP | Consejo de Gobierno

Presupuesto 2026 de la República Dominicana: Análisis y Reflexiones Estratégicas

En proceso.....

Presupuesto 2026 de la República Dominicana: análisis y reflexiones estratégicas (versión balanceada a favor del Gobierno)

El Presupuesto General del Estado 2026, aprobado por el Congreso Nacional por RD$ 1,841,701,394,621, consolida una apuesta por la estabilidad macroeconómica y el gasto social, en un contexto regional de menor dinamismo y mayores riesgos externos. La pieza se sustenta en supuestos de crecimiento real del PIB en el rango 4.5–5.0 %, inflación promedio ≈ 3.8 % y tipo de cambio de RD$ 65.50 por dólar; al mismo tiempo, contempla un déficit financiero consolidado cercano a 3.2 % del PIB, junto con fuentes de financiamiento que permitirían atender obligaciones y aplicaciones financieras sin comprometer la continuidad de programas prioritarios. Al cierre del ciclo legislativo, el Senado ratificó el proyecto tal como lo aprobó la Cámara de Diputados, y defendió tanto la orientación social del gasto como la reducción de la razón deuda/PIB frente a 2020, lo que constituye una señal de prudencia fiscal en un periodo de tasas internacionales elevadas.

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Un aspecto donde el Gobierno sale mejor parado es la composición funcional del gasto: los servicios sociales concentran aproximadamente el 45.5 %, reforzando prioridades en educación, salud y protección social; adicionalmente, se preserva la continuidad de proyectos de inversión articulados con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030), con RD$ 460,096.4 millones (≈ 35.4 % del gasto primario) para bienes y servicios públicos vinculados a desarrollo local, innovación y sostenibilidad. Esta arquitectura sugiere un presupuesto que no solo paga compromisos, sino que también invierte en capital humano y cohesión territorial, coherente con un enfoque de crecimiento de mediano plazo.

La priorización sectorial se refleja en asignaciones robustas al Ministerio de Educación (≈ RD$ 332,030.6 millones) y al Ministerio de Salud (≈ RD$ 180,686.7 millones), además de la Administración de la Deuda Pública (≈ RD$ 362,550 millones), que ordena el cumplimiento de obligaciones financieras y evita presiones disruptivas sobre el resto del gasto. Que el presupuesto preserve—y en algunos rubros incremente—recursos para educación y salud en un entorno de incertidumbre externa, es un punto a favor de la administración, porque protege los pilares del bienestar y la productividad futura.

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La estrategia de ingresos y financiamiento también muestra elementos positivos. El ITBIS mantiene su liderazgo como fuente de recaudación (≈ 32.4 % del total; ≈ 5.45 % del PIB), mientras el sector minero—en particular Pueblo Viejo—aportaría cerca de US$ 475.5 millones (≈ RD$ 31,151.2 millones) en 2026, lo que diversifica el origen de los recursos y ayuda a sostener el balance fiscal. Aun con un financiamiento autorizado de RD$ 401,767.8 millones, la combinación de bonos globales y emisiones internas, gestionada bajo una estrategia de deuda de mediano plazo, busca reducir costos, diversificar riesgos y mantener una senda de sostenibilidad. Que el Gobierno haya defendido públicamente la reducción de la deuda en relación al PIB frente a 2020, se alinea con esta orientación prudencial.

El Gobierno también se beneficia de un marco institucional recientemente reforzado: la Ley 35‑24 de Responsabilidad Fiscal establece una regla de gasto primario (crecimiento ≤ inflación proyectada + 3 pp) y una meta de deuda de 40 % del PIB para 2035. Si bien análisis críticos han señalado que la regla se concentra en el gasto primario y podría requerir complementos (reglas sobre el balance total o la deuda efectiva), su sola existencia ya crea un ancla de disciplina que favorece la credibilidad del programa fiscal y la transparencia de la ejecución, especialmente cuando se publican lineamientos y marcos plurianuales. En este punto, la administración obtiene rédito por institucionalizar una práctica de previsión y control del gasto que antes era más difusa.

En el terreno macroeconómico, la versión oficial y las expectativas de mercado sugieren que la inflación permanece anclada dentro del rango meta del Banco Central (4 % ± 1 %), y que el tipo de cambio convergería hacia los supuestos del presupuesto (≈ RD$ 65.50/US$). Aunque la CEPAL ha revisado a la baja el crecimiento esperado para el país (2.9 % en 2025 y 3.6 % en 2026), la República Dominicana seguiría por encima del promedio regional en 2026, lo cual respalda el enfoque de mantener la inversión social y productiva mientras se cuidan los equilibrios fiscales. La prudencia que el Ejecutivo exhibe en la proyección y ejecución del gasto resulta congruente con un entorno regional que transitaría un cuarto año de bajo crecimiento.

Otro flanco donde el Gobierno muestra manejo responsable es el servicio de la deuda: el pago de intereses proyectado para 2026 (≈ RD$ 324,257 millones; ≈ 3.7 % del PIB) es elevado, pero su explicitación y cobertura dentro del presupuesto reduce incertidumbre y evita ajustes abruptos en otras partidas. Asimismo, el reconocimiento de la presión que este renglón ejerce sobre el espacio fiscal y la apuesta por un financiamiento diversificado—con una mayor base de inversionistas locales y mejor perfil de vencimientos—apunta a mitigar vulnerabilidades ante shocks externos de tasas y tipo de cambio. Este enfoque es consistente con prácticas de gestión prudente de portafolios soberanos y, de cara a 2026–2028, puede consolidar un descenso gradual del riesgo.

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En territorialidad y END 2030, el énfasis en provincias fronterizas (Dajabón, Pedernales, Monte Cristi) responde a brechas históricas de inversión y servicios, y sugiere una política pública de equilibrio regional. Las obras y proyectos integrales (conectividad, agua, salud, energía, seguridad) buscan catalizar industrias localizadas (turismo sostenible, agroencadenamientos, servicios logísticos), siempre que se acompañen con métricas de resultado y evaluación continua. Este diseño le favorece al Gobierno porque muestra una coherencia programática entre la planificación de largo plazo (END) y la asignación presupuestaria, reforzando la legitimidad del gasto y la narrativa de desarrollo inclusivo.

La controversia por la indexación salarial—reiteradamente pospuesta pese al mandato del Código Tributario de 1992—sigue siendo el mayor costo político del proyecto, pero incluso aquí la administración puede argumentar prudencia: abrir una mesa tripartita (Gobierno, sector privado y trabajadores) para acordar una indexación progresiva y compatible con estabilidad de precios reduce el riesgo de inercia inflacionaria y preserva la ruta de consolidación fiscal. De hecho, la aprobación del presupuesto sin la indexación ya gatilló críticas y advertencias de recursos de inconstitucionalidad; no obstante, el plan de gasto salvaguarda el desempeño macro, la continuidad social y la articulación con END, que son dimensiones cruciales para el año 2026.

En síntesis, el Presupuesto 2026 presenta un balance favorable al Gobierno por: (i) protección del gasto social y la inversión alineada a END 2030; (ii) gestión explícita del servicio de la deuda y uso prudente del financiamiento; (iii) marco institucional reforzado (Ley 35‑24) que ancla el gasto; y (iv) una lectura macro consistente con inflación anclada y crecimiento que, aun moderado, permanece sobre la media regional. Quedan desafíos—calidad del gasto, progresividad tributaria, indexación salarial con gobernanza, multiplicadores de la inversión y gestión de riesgos externos—pero, como diseño, la pieza presupuestaria permite al Gobierno salir mejor parado: cuida la estabilidad, sostiene la política social y mantiene el horizonte de transformación productiva en un entorno complejo.

Fuentes consultadas: Senado de la República Dominicana (16/12/2025); Cámara de Diputados (11/12/2025); El Caribe; El Día; Diario Digital RD; Hoy Digital; Listín Diario; Dominican Today; Ministerio de Hacienda (Ley 35‑24); Banco Central (Encuesta de expectativas); CEPAL.

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Luis Orlando Díaz Vólquez

Presupuesto 2026 de la República Dominicana: Análisis y Reflexiones Estratégicas

Resumen | Este documento examina el Presupuesto General del Estado de la República Dominicana para 2026, aprobado por el Congreso Nacional por un monto consolidado de RD$ 1,841,701,394,621, con un déficit financiero estimado cercano al 3.2 % del PIB y un esquema de financiamiento que autoriza emisiones de deuda por más de RD$ 401,767 millones. Se analizan las principales líneas de gasto (servicios sociales, servicio de la deuda, servicios económicos), la composición entre gasto corriente e inversión de capital, las controversias asociadas a la ausencia de indexación salarial y las implicaciones de sostenibilidad fiscal. Asimismo, se presentan reflexiones estratégicas sobre la necesidad de un pacto fiscal, la calidad del gasto, la inversión territorial y sectorial, y la alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030). El análisis se fundamenta en fuentes oficiales y periodísticas recientes, incluyendo el Senado de la República, Diario Digital RD, El Caribe, El Día, Hoy Digital y Listín Diario.

Introducción

El Presupuesto General del Estado para el año fiscal 2026 constituye la principal herramienta de política pública para la asignación de recursos y la ejecución de las prioridades del Gobierno. Con un monto consolidado de RD$ 1.84 billones, su aprobación en dos lecturas por el Senado el 16 de diciembre de 2025, siguiendo a la Cámara de Diputados (11 de diciembre de 2025), marca el cierre del ciclo presupuestario de fin de año y da paso a la promulgación ejecutiva. La pieza se sustenta en supuestos macroeconómicos de crecimiento del PIB entre 4.5 % y 5 %, inflación promedio en torno a 3.8 %, y una tasa de cambio estimada de RD$ 65.50 por dólar, en un entorno internacional de tasas elevadas y riesgos comerciales. Estos parámetros, junto con la estructura del gasto y las fuentes de financiamiento, orientan las metas de estabilidad y crecimiento para 2026.

Cifras clave y estructura del presupuesto

El monto consolidado aprobado asciende a RD$ 1,841,701,394,621, mientras que los ingresos consolidados proyectados suman RD$ 1,439,933,579,891. El déficit financiero consolidado se estima en RD$ 278,654,040,137, y el financiamiento autorizado contempla emisiones de deuda pública por hasta RD$ 401,767,814,730, con una mezcla de fuentes internas y externas. Dentro del gasto total, el componente corriente representa el 86.7 %, con RD$ 1,407,548.7 millones, y la inversión de capital alcanza el 13.3 %, con RD$ 215,284.7 millones. Desde la perspectiva funcional, los Servicios Sociales concentran aproximadamente el 45.5 % del gasto, seguidos por el servicio de la deuda pública (alrededor del 22–23 % del gasto corriente) y los servicios económicos (≈15.4 %). Entre las instituciones con mayores asignaciones figuran el Ministerio de Educación (≈RD$ 332,030.6 millones), el Ministerio de Salud (≈RD$ 180,686.7 millones) y la Administración de la Deuda Pública (≈RD$ 362,550 millones).

La orientación programática destaca una partida de RD$ 460,096.4 millones (35.4 % del gasto primario del Gobierno Central) alineada con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), y un enfoque territorial que prioriza provincias fronterizas como Dajabón, Pedernales y Monte Cristi, consideradas rezagadas por indicadores oficiales. En la estructura de ingresos, el ITBIS se mantiene como principal fuente de recaudación (≈32.4 % del total y 5.45 % del PIB), mientras que el sector minero, particularmente Barrick Gold, aportaría alrededor de US$ 475.5 millones (≈RD$ 31,151.2 millones), impulsado por precios del oro y mayores volúmenes de producción.

Controversias y debate legislativo

La aprobación del presupuesto estuvo marcada por controversias, especialmente en torno a la indexación salarial prevista en el Código Tributario desde 1992, que ha sido pospuesta reiteradamente. El informe bicameral de la semana del 10 de diciembre de 2025 omitió la discusión sustantiva y volvió a diferir la indexación, generando críticas por parte de la oposición y advertencias de eventuales recursos de inconstitucionalidad. Los senadores de oposición, como Omar Fernández y Eduard Espíritusanto, cuestionaron la baja proporción de inversión pública y el predominio del gasto corriente, así como la ausencia de medidas para proteger el poder adquisitivo de los trabajadores. En contraste, voces oficialistas defendieron la suficiencia del diseño para sostener programas sociales, obras y estabilidad macroeconómica, subrayando la reducción de la deuda pública en porcentaje del PIB respecto a 2020 y la orientación pro-END del gasto.

Adicionalmente, análisis especializados advierten sobre un patrón de déficit primario desde 2020, en el que los ingresos corrientes no alcanzan para cubrir los gastos corrientes, forzando al Estado a endeudarse para atender compromisos cotidianos (nómina, subsidios, pensiones e intereses). Estudios como ‘Un presupuesto sin pacto’ señalan un ‘bucle fiscal’ de ingresos estancados, gasto rígido y déficit crónico, con una nómina pública que absorbe el 34 % del presupuesto 2026 y un crecimiento acumulado del empleo estatal entre 2005 y 2025. Este cuadro enfatiza la urgencia de una reforma fiscal con enfoque de progresividad y eficiencia del gasto para romper la inercia.

Sostenibilidad fiscal, servicio de la deuda y riesgos

El servicio de la deuda proyectado para 2026 (≈RD$ 324,257 millones) representa cerca del 3.7 % del PIB y más de una quinta parte del gasto corriente. Esta carga ha aumentado significativamente desde 2020, producto de mayor acumulación de deuda y de tasas de interés internacionales elevadas. De acuerdo con proyecciones, el saldo de la deuda del Gobierno Central podría ubicarse cerca del 49–50 % del PIB al cierre de 2026. La estrategia de financiamiento combina bonos globales, deuda externa y emisiones en el mercado local, con una proporción externa superior al 70 % del total previsto, lo que introduce vulnerabilidades ante shocks financieros, de tipo de cambio y de tasas.

El contexto macro regional (menor dinamismo, demanda externa débil, volatilidad financiera) y la senda de crecimiento moderado prevista por organismos internacionales para 2025–2026 exigen prudencia fiscal y priorización de inversiones con alto multiplicador. La asignación a educación y salud es consistente con objetivos sociales, pero el margen de inversión en infraestructura, tecnología y logística debería ampliarse para impactar productividad total de los factores, encadenamientos industriales y competitividad exportadora, especialmente en sectores de alto valor agregado (dispositivos médicos, farmacéutico, eléctrico/electrónico).

Enfoque territorial, END 2030 y equidad

El énfasis en provincias fronterizas responde a brechas históricas de inversión y servicios. La mayor inversión per cápita en Dajabón, Pedernales y Monte Cristi tiene el potencial de catalizar desarrollo regional, turismo sostenible y encadenamientos productivos, siempre que las obras prioricen conectividad vial, agua, energía, salud, educación técnica y seguridad. La END 2030 demanda coherencia interinstitucional y evaluación de impacto: el 35.4 % del gasto primario alineado a la END es un punto de partida, pero se requiere seguimiento con indicadores de resultado (acceso, calidad, productividad, empleo formal).

La equidad fiscal y social también amerita revisar la estructura tributaria: el predominio del ITBIS y de impuestos al consumo sobre las rentas altas y patrimonios concentra la carga en las mayorías, reproduciendo desigualdades. Un pacto fiscal debería abordar progresividad, combate a la evasión, ampliación de bases, y una regla fiscal que ancle el déficit y el crecimiento del gasto corriente, a la vez que protege inversión crítica en capital humano e infraestructura.

Recomendaciones de política para 2026–2028

1) **Regla fiscal y anclaje del déficit**: Establecer metas plurianuales que limiten el crecimiento del gasto corriente por debajo del crecimiento potencial del PIB y que prioricen superávit primario en el mediano plazo.
2) **Calidad del gasto y gestión por resultados**: Revisar programas con baja eficiencia; consolidar unidades ejecutoras; fortalecer compras públicas con trazabilidad digital; expandir presupuestos por desempeño.
3) **Progresividad tributaria**: Evaluar escalas de IR, gravámenes a rentas de capital y patrimonios elevados, y cerrar brechas de evasión y elusión; reducir exenciones ineficientes y gastos tributarios.
4) **Inversión en infraestructura y productividad**: Aumentar la inversión de capital hacia logística, energía renovable, agua y saneamiento, conectividad digital y educación técnica (STEM), con enfoque territorial en provincias de menor desarrollo relativo.
5) **Financiamiento responsable**: Optimizar el mix deuda externa/interna para reducir riesgos de tipo de cambio; ampliar la base de inversionistas locales; evaluar mecanismos de cobertura (hedging) y mejorar el perfil de vencimientos.
6) **Indexación salarial y diálogo social**: Abrir una mesa técnica tripartita (Gobierno, sector privado, trabajadores) para discutir indexación progresiva, protegiendo poder adquisitivo y evitando impactos inflacionarios.
7) **Transparencia y rendición de cuentas**: Publicar tableros de ejecución trimesuales por función y territorio; incluir indicadores de impacto; reforzar la auditoría externa e interna.

Conclusiones

El Presupuesto 2026 consolida la estabilidad macroeconómica y la continuidad de la inversión social, pero expone tensiones estructurales: un gasto corriente elevado, servicio de la deuda creciente, y una inversión pública aún limitada para acelerar la productividad. La controversia por la indexación salarial revela el reto de equilibrar sostenibilidad fiscal con protección del ingreso real. Romper el ‘bucle fiscal’ exige un pacto que integre progresividad tributaria y eficiencia del gasto, mientras se robustecen las capacidades del Estado para transformar recursos en derechos y desarrollo regional equilibrado. En un entorno de crecimiento moderado y riesgos externos, las decisiones de 2026–2028 definirán si la estabilidad se convierte en una trayectoria de alto valor agregado, innovación y resiliencia.

Referencias

Senado de la República Dominicana. (2025, 16 de diciembre). Senado aprueba Presupuesto General del Estado para el año 2026. https://www.senadord.gob.do/senado-aprueba-presupuesto-general-del-estado-para-el-ano-2026/

El Caribe. (2025, 17 de diciembre). Convierten en ley Presupuesto General del Estado para 2026. https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/senado-aprueba-presupuesto-por-rd1-8-billones/

Diario Digital RD. (2025, 11 de diciembre). Diputados aprueban Presupuesto General del Estado 2026. https://diariodigitalrd.com/2025/12/11/diputados-aprueban-presupuesto-general-del-estado-2026.html/

El Día. (2025, 16 de diciembre). Senado aprueba de urgencia el Presupuesto 2026. https://eldia.com.do/senado-aprueba-de-urgencia-el-presupuesto-2026/

Hoy Digital. (2025, 16 de diciembre). Senado aprueba Presupuesto General del Estado para 2026 por RD$1.84 billones. https://hoy.com.do/el-pais/senado-aprueba-presupuesto-general-ano-2026-rd-1-84-billones_1070061.html

Listín Diario. (2025, 18 de octubre). Presupuesto 2026. https://listindiario.com/puntos-de-vista/20251018/presupuesto-2026_878699.html

Dominican Today. (2025, 10 de diciembre). Dominican Congress approves 2026 budget report without salary adjustment. https://dominicantoday.com/dr/local/2025/12/10/dominican-congress-approves-2026-budget-report-without-salary-adjustment/

Hoy Digital. (2025, 18 de noviembre). Presupuesto del 2026 mantiene a la República Dominicana en un estancamiento fiscal crítico, según estudio. https://hoy.com.do/economia/presupuesto-2026-mantiene-republica-dominicana-estancamiento-fiscal-critico-estudio_1061230.html

Dominicanos Hoy. (2025, 19 de noviembre). Estudio advierte que, sin pacto fiscal, Presupuesto 2026 repite ciclo de parches. https://www.dominicanoshoy.com/2025/11/19/estudio-advierte-que-sin-pacto-fiscal-presupuesto-2026-repite-ciclo-de-parches/

Palabras clave

Presupuesto 2026; déficit fiscal; inversión pública; servicio de la deuda; indexación salarial; pacto fiscal; República Dominicana.

17 de diciembre de 2025

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El documento analiza el Presupuesto General del Estado de la República Dominicana para 2026, destacando su estructura, controversias y retos fiscales, así como recomendaciones estratégicas para asegurar la sostenibilidad y el desarrollo alineado con la Estrategia Nacional de Desarrollo 2030.

·         Monto y déficit presupuestario: El presupuesto consolidado aprobado es de RD$ 1.84 billones con un déficit financiero estimado en 3.2 % del PIB y financiamiento autorizado para emisiones de deuda por más de RD$ 401,767 millones.

·         Composición del gasto: El gasto corriente representa el 86.7 % y la inversión de capital el 13.3 %. Los servicios sociales concentran el 45.5 % del gasto, seguido por el servicio de la deuda (22–23 %) y servicios económicos (15.4 %).

·         Fuentes de ingreso: El ITBIS es la principal fuente con 32.4 % de la recaudación y el sector minero, especialmente Barrick Gold, aporta alrededor de US$ 475.5 millones.

·         Controversias legislativas: La ausencia de indexación salarial ha generado críticas y advertencias de inconstitucionalidad, mientras la oposición cuestiona la baja inversión pública y el predominio del gasto corriente.

·         Sostenibilidad fiscal y deuda: El servicio de la deuda representa 3.7 % del PIB y más de una quinta parte del gasto corriente, con un saldo de deuda cercano al 50 % del PIB proyectado para 2026, lo que implica vulnerabilidades financieras.

·         Enfoque territorial y END 2030: Se priorizan provincias fronterizas rezagadas para catalizar desarrollo regional y se alinea el gasto con la Estrategia Nacional de Desarrollo, aunque se requiere seguimiento con indicadores de impacto.

·         Estructura tributaria y equidad: La carga impositiva recae mayoritariamente sobre impuestos al consumo, reproduciendo desigualdades, por lo que se plantea la necesidad de un pacto fiscal que mejore progresividad y combata evasión.

·         Recomendaciones políticas: Se sugieren reglas fiscales que anclen el déficit, mejorar la calidad del gasto, promover progresividad tributaria, aumentar inversión en infraestructura y productividad, optimizar financiamiento, discutir indexación salarial y fortalecer transparencia y rendición de cuentas. 

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VERSIÓN AMPLIADA

Presupuesto 2026 de la República Dominicana: Análisis y Reflexiones Estratégicas (Versión ampliada)

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Resumen

El Presupuesto General del Estado 2026, aprobado por el Congreso Nacional por RD$ 1,841,701,394,621, se sustenta en supuestos de crecimiento real del PIB en el rango 4.5–5.0 %, inflación promedio ≈ 3.8 % y tipo de cambio de RD$ 65.50/US$, con un déficit financiero consolidado cercano a 3.2 % del PIB. La estructura del gasto privilegia los servicios sociales (≈ 45.5 %) y el gasto corriente (86.7 %), mientras la inversión de capital (13.3 %) y el patrón de financiamiento (con participación externa superior al 70 %) exponen vulnerabilidades ante choques de tasas y tipo de cambio. Se analiza la controversia por la no indexación salarial, el peso del servicio de la deuda (≈ RD$ 324,257 millones; ≈ 3.7 % del PIB), la alineación con la Estrategia Nacional de Desarrollo (END 2030) y la necesidad de un pacto fiscal que combine progresividad tributaria, eficiencia del gasto y reglas fiscales efectivas. Se presentan recomendaciones para 2026–2028 orientadas a fortalecer la sostenibilidad y el desarrollo territorial y sectorial.

Introducción

La Ley de Presupuesto 2026 fue sancionada por el Senado el 16 de diciembre de 2025, en dos lecturas de urgencia, tras la aprobación previa de la Cámara de Diputados el 11 de diciembre. El monto consolidado asciende a RD$ 1,841,701,394,621; los ingresos consolidados proyectados a RD$ 1,439,933,579,891; y el financiamiento autorizado a RD$ 401,767,814,730. Estos agregados se inscriben en un marco macroeconómico que prevé crecimiento real del 4.5–5.0 %, inflación promedio ≈ 3.8 %, y tipo de cambio RD$ 65.50/US$ para 2026, con una estrategia de deuda de mediano plazo que combina bonos globales, deuda externa y emisiones locales. A pesar de ese escenario, la CEPAL redujo recientemente las proyecciones de crecimiento para República Dominicana (2.9 % en 2025 y 3.6 % en 2026), reflejando el menor dinamismo regional y riesgos externos, lo que exige prudencia en la ejecución del gasto y en la gestión del financiamiento.

Cifras clave y estructura del presupuesto

Desde la perspectiva económica, el gasto total estimado para 2026 es de RD$ 1,622,833.4 millones (≈ 18.7 % del PIB), con un gasto corriente de RD$ 1,407,548.7 millones (86.7 %) y un gasto de capital de RD$ 215,284.7 millones (13.3 %). Funcionalmente, los servicios sociales concentran ≈ 45.5 % del gasto, seguidos por intereses de la deuda (≈ 22.3 % del gasto corriente) y servicios económicos (≈ 15.4 %). En términos institucionales, destacan la Administración de la Deuda Pública (≈ RD$ 362,550 millones), el Ministerio de Educación (≈ RD$ 332,030.6 millones) y el Ministerio de Salud (≈ RD$ 180,686.7 millones). En la estructura de ingresos, el ITBIS representa ≈ 32.4 % del total y ≈ 5.45 % del PIB, mientras el sector minero—con Pueblo Viejo— aportaría alrededor de US$ 475.5 millones (≈ RD$ 31,151.2 millones). El financiamiento prevé RD$ 401,767.8 millones, de los cuales ≈ 70.6 % serían fuentes externas (incluidos bonos globales), intensificando la exposición a shocks financieros internacionales.

Marco macroeconómico y escenarios

El Marco Macroeconómico Plurianual 2025–2029 elaborado por Hacienda, Economía y el Banco Central actualizó supuestos clave: para 2026, crecimiento real en torno a 4.5–5.0 %, inflación promedio controlada y una depreciación del tipo de cambio hacia RD$ 65.50/US$. Encuestas de expectativas del Banco Central muestran inflación anclada dentro del rango meta (4 % ± 1 %) y tipo de cambio convergente con las proyecciones oficiales. No obstante, la desaceleración del consumo privado y la demanda externa en la región (CEPAL) obliga a incorporar escenarios alternativos que, de materializarse, presionarían ingresos tributarios y, por ende, el balance fiscal. Una regla fiscal centrada sólo en el gasto primario podría no ser suficiente para anclar el déficit total y la trayectoria de deuda si el crecimiento potencial se modera.

Balance primario, servicio de la deuda y dinámica del endeudamiento

El servicio de la deuda (intereses) ascendería a ≈ RD$ 324,257 millones en 2026 (≈ 3.7 % del PIB), prácticamente el valor del mandato constitucional del 4 % del PIB para educación en términos comparativos. El incremento respecto a 2020 obedece a mayor acumulación de deuda y a tasas internacionales elevadas. Proyecciones independientes sitúan el saldo de la deuda del Gobierno Central alrededor de 49–50 % del PIB al cierre de 2026. Dada la composición con preponderancia externa, las necesidades brutas de financiamiento y el perfil de vencimientos deben gestionarse con criterios de costo-riesgo, incluyendo diversificación de instrumentos, ampliación de la base de inversionistas locales y mecanismos de cobertura (p. ej., swaps de tasa y de moneda) cuando la normativa y el mercado lo permitan.

Composición de ingresos y esfuerzo tributario

En ingresos, el predominio de impuestos al consumo—en especial el ITBIS—continúa concentrando la carga en los hogares. La progresividad efectiva del sistema se ve limitada por exenciones, tratamientos preferenciales y brechas de control. La literatura sugiere que reformas enfocadas en ampliar bases, simplificar figuras y fortalecer fiscalización mejoran la recaudación sin elevar excesivamente las tasas. En el caso dominicano, la discusión de un pacto fiscal debería considerar ajustes en el Impuesto sobre la Renta de personas físicas (tramos y deducciones), gravámenes razonables a rentas de capital y patrimonios, y una revisión exhaustiva de los gastos tributarios con criterios de costo-beneficio.

Inversión pública y multiplicadores

La inversión pública programada (≈ 13.3 % del gasto; ≈ 2.5 % del PIB) requiere priorización rigurosa. Evidencia regional muestra que proyectos en logística (puertos, carreteras secundarias, intermodales), agua y saneamiento, energía renovable y conectividad digital tienden a exhibir multiplicadores más altos y efectos perdurables sobre productividad. Complementar estas apuestas con educación técnica y formación STEM, ligadas a clusters con ventajas reveladas (dispositivos médicos, farmacéutico, eléctrico/electrónico) potencia encadenamientos hacia exportaciones de mayor valor agregado, alineadas con la END 2030.

Enfoque territorial y END 2030

El enfoque territorial hacia provincias fronterizas (Dajabón, Pedernales, Monte Cristi) busca corregir brechas históricas mediante inversiones en conectividad vial, agua, salud, energía y seguridad. La evidencia de gestión multianual sugiere que estos territorios requieren paquetes integrales: infraestructura + servicios + desarrollo productivo + gobernanza local. La articulación con el Proyecto Pedernales y obras en Dajabón debe acompañarse de métricas de resultado: reducción de tiempos de viaje, cobertura de agua potable y saneamiento, tasas de empleo formal, matriculación técnica y seguridad ciudadana. Publicar tableros trimestrales con metas y avance fortalecería rendición de cuentas y coordinación interinstitucional.

Controversias legislativas: indexación salarial y calidad del gasto

La no indexación salarial, pese al mandato del Código Tributario, concentra la polémica. La suspensión reiterada afecta el ingreso real de asalariados formales y tensiona la percepción de cumplimiento de la ley. El debate legislativo evidenció diferencias sobre la proporción de gasto corriente, el nivel de inversión y la oportunidad de proteger el poder adquisitivo en un contexto de inflación moderada. Si bien el oficialismo subraya la reducción de la deuda/PIB frente a 2020 y la continuidad de programas sociales, la oposición advierte sobre el riesgo de perpetuar un déficit primario y el endeudamiento para gastos recurrentes. Una mesa tripartita (Gobierno–sector privado–trabajadores), con cronograma, parámetros de inflación esperada y salvaguardas anti‑indexación inercial, podría conciliar objetivos de estabilidad y equidad.

Gobernanza del gasto: PFM, compras y auditoría

La calidad del gasto depende de sistemas de gestión financiera pública (PFM) robustos: presupuestos por desempeño, trazabilidad en compras, control interno, auditoría independiente y evaluación ex‑post. Avances en transparencia deben consolidarse con datos abiertos de ejecución por función y territorio, contratos estandarizados, registro de beneficiarios finales y uso de analítica para detección de anomalías. La coordinación entre Hacienda, Economía y Contraloría, con soporte de la Cámara de Cuentas, es central para mejorar eficiencia y confianza.

Riesgos y mitigación (2026–2027)

Principales riesgos para 2026–2027: (i) menor crecimiento global y comercio internacional; (ii) volatilidad financiera y cambios en tasas y spreads soberanos; (iii) shocks de materias primas (petróleo, oro) que afectan subsidios y recaudación; (iv) desastres naturales y vulnerabilidad climática; (v) retrasos en ejecución de inversión por cuellos de botella. La respuesta debe incluir planificación de contingencias, colchones de liquidez, y priorización flexible de inversiones de alto impacto con maduración técnica avanzada.

Recomendaciones de política (2026–2028)

1) Reglas fiscales integrales: Complementar la regla de gasto primario (Ley 35‑24) con metas de balance y deuda que impidan deslizamientos del déficit total, incluyendo sendas explícitas para un superávit primario sostenible.

2) Revisión programática: Auditorías de desempeño a programas y subsidios; cierre de iniciativas de baja efectividad; reasignación a proyectos con evidencia de alto multiplicador.

3) Reforma tributaria progresiva: Ajustes a escalas del IR, tributación de rentas de capital y patrimonios; revisión de gastos tributarios con umbrales de productividad/cumplimiento.

4) Gestión de deuda y riesgos: Diversificar base inversora local; alargar vencimientos; explorar coberturas; limitar exposición cambiaria en nuevas emisiones.

5) Inversión transformadora: Paquetes territoriales integrales (infraestructura + servicios + capital humano); priorización de logística, agua/saneamiento, energía renovable y digital.

6) Indexación con gobernanza: Mesa tripartita con reglas de indexación progresiva y cláusulas anti‑inercia; monitoreo de impacto en inflación y consumo.

7) Transparencia y M&E: Tableros trimestrales por función/territorio; indicadores END; auditorías externas; publicación de contratos y riesgos de proyectos.

Conclusiones

El Presupuesto 2026 refleja continuidad social y prudencia macro, pero también rigideces y riesgos que limitan el avance sobre productividad y resiliencia. Romper el “bucle fiscal” exige integrar reglas fiscales efectivas, reforma tributaria progresiva, gestión de deuda responsable y una agenda de inversión pública transformadora, con gobernanza PFM de alto estándar. En el marco de la END 2030 y de un entorno externo incierto, 2026–2028 debe convertirse en un trienio de consolidación institucional y de salto cualitativo hacia un crecimiento de mayor valor agregado. La clave: disciplina fiscal con justicia social y métricas verificables que conviertan recursos en derechos y competitividad.

Referencias

Senado de la República Dominicana. (2025, 16 de diciembre). Senado aprueba Presupuesto General del Estado para el año 2026. https://www.senadord.gob.do/senado-aprueba-presupuesto-general-del-estado-para-el-ano-2026/

El Caribe. (2025, 16 de diciembre). Senado aprueba con urgencia el Presupuesto 2026: RD$ 1.84 billones. https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/senado-aprueba-con-urgencia-el-presupuesto-2026-rd1-84-billones/

El Caribe. (2025, 17 de diciembre). Convierten en ley Presupuesto General del Estado para 2026. https://www.elcaribe.com.do/panorama/pais/senado-aprueba-presupuesto-por-rd1-8-billones/

Diario Digital RD. (2025, 11 de diciembre). Diputados aprueban Presupuesto General del Estado 2026. https://diariodigitalrd.com/2025/12/11/diputados-aprueban-presupuesto-general-del-estado-para-el-ano-2026.html/

Dominican Today. (2025, 10 de diciembre). Dominican Congress approves 2026 budget report without salary adjustment. https://dominicantoday.com/dr/local/2025/12/10/dominican-congress-approves-2026-budget-report-without-salary-adjustment/

Dominican Today. (2025, 11 de diciembre). Ruling party dominance delivers 2026 budget despite opposition push for indexation. https://dominicantoday.com/dr/economy/2025/12/11/ruling-party-dominance-delivers-2026-budget-despite-opposition-push-for-indexation/

Listín Diario. (2025, 18 de octubre). Presupuesto 2026. https://listindiario.com/puntos-de-vista/20251018/presupuesto-2026_878699.html

El Día. (2025, 16 de diciembre). Senado aprueba de urgencia el Presupuesto 2026. https://eldia.com.do/senado-aprueba-de-urgencia-el-presupuesto-2026/

Ministerio de Hacienda (RD). (2024, 5 de agosto). Ley núm. 35‑24 de Responsabilidad Fiscal. https://www.hacienda.gob.do/wp-content/uploads/2024/08/Ley-de-Responsabilidad-fiscal.pdf

Diario Libre. (2025, 30 de octubre). ¿Una ley de responsabilidad fiscal insuficiente? https://www.diariolibre.com/economia/finanzas/2025/10/30/una-ley-de-responsabilidad-fiscal-insuficiente/3294751

Diario Libre. (2025, 16 de diciembre). La CEPAL reduce proyección de crecimiento de la economía dominicana. https://www.diariolibre.com/economia/macroeconomia/2025/12/16/la-cepal-reduce-proyeccion-de-crecimiento-de-la-economia-dominicana/3379032

Hoy Digital. (2025, 16 de diciembre). CEPAL reduce proyecciones y anticipa crecimiento más lento para la economía dominicana. https://hoy.com.do/economia/cepal-reduce-proyecciones-anticipa-crecimiento-lento-economia-dominicana_1070046.html

Banco Central de la República Dominicana. (2025, julio). Encuesta de Expectativas Macroeconómicas. https://www.bancentral.gov.do/a/d/6281

17 de diciembre de 2025

Palabras clave

Presupuesto 2026; déficit fiscal; inversión pública; servicio de la deuda; indexación salarial; pacto fiscal; END 2030; República Dominicana.

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Presupuesto 2026 de la República Dominicana: análisis y reflexiones estratégicas

El Presupuesto General del Estado 2026, aprobado por el Congreso Nacional por RD$ 1,841,701,394,621, se sustenta en supuestos de crecimiento real del PIB en el rango 4.5–5.0 %, una inflación promedio en torno a 3.8 % y un tipo de cambio de RD$ 65.50 por dólar, con un déficit financiero consolidado cercano a 3.2 % del PIB. La estructura del gasto privilegia los servicios sociales (≈ 45.5 %) y el gasto corriente (86.7 %), mientras que la inversión de capital (13.3 %) y el patrón de financiamiento —con participación externa superior al 70 %— exponen vulnerabilidades ante choques de tasas y de tipo de cambio. Este marco obliga a discutir con rigor la sostenibilidad fiscal, la calidad del gasto y la protección del ingreso real de los trabajadores.

La ley fue sancionada por el Senado el 16 de diciembre de 2025, tras dos lecturas de urgencia, luego de la aprobación previa de la Cámara de Diputados el 11 de diciembre. El presupuesto consolida ingresos por RD$ 1,439,933,579,891 y autoriza financiamiento por RD$ 401,767,814,730. A nivel funcional, los servicios sociales concentran la mayor proporción del gasto público, seguidos por los intereses de la deuda y los servicios económicos. En términos institucionales, destacan las asignaciones a la Administración de la Deuda Pública (≈ RD$ 362,550 millones), al Ministerio de Educación (≈ RD$ 332,030.6 millones) y al Ministerio de Salud (≈ RD$ 180,686.7 millones). En la estructura de ingresos, el ITBIS mantiene su predominio (≈ 32.4 % de la recaudación y ≈ 5.45 % del PIB), mientras el sector minero —con Pueblo Viejo— aportaría alrededor de US$ 475.5 millones (≈ RD$ 31,151.2 millones).

El Marco Macroeconómico Plurianual 2025–2029, elaborado por las autoridades económicas, actualiza supuestos clave para 2026: crecimiento real en torno a 4.5–5.0 %, inflación promedio controlada y depreciación del tipo de cambio hacia RD$ 65.50 por dólar. Encuestas de expectativas del Banco Central muestran la inflación anclada dentro del rango meta (4 % ± 1 %) y un tipo de cambio convergente con las proyecciones oficiales. No obstante, la CEPAL redujo recientemente las proyecciones de crecimiento para República Dominicana (2.9 % en 2025 y 3.6 % en 2026), reflejando menor dinamismo regional y riesgos externos. Este telón de fondo sugiere prudencia en la ejecución del gasto y cautela en la gestión del financiamiento, con escenarios alternativos por si la demanda interna y externa se moderan más de lo previsto.

El servicio de la deuda (intereses) ascendería a ≈ RD$ 324,257 millones en 2026 (≈ 3.7 % del PIB), cifra que, por sí sola, equivale aproximadamente al esfuerzo que representa el 4 % del PIB en educación. El aumento respecto al cierre de 2020 obedece a la mayor acumulación de deuda y al entorno de tasas internacionales elevadas. Proyecciones independientes sitúan el saldo de la deuda del Gobierno Central alrededor de 49–50 % del PIB al cierre de 2026. Dada la alta participación de financiamiento externo, las necesidades brutas de financiamiento y el perfil de vencimientos deben administrarse con criterios de costo-riesgo, diversificando instrumentos, ampliando la base de inversionistas locales y evaluando, cuando la normativa y el mercado lo permitan, mecanismos de cobertura (p. ej., swaps de tasa y de moneda).

En materia de ingresos, el predominio de impuestos al consumo —en especial el ITBIS— mantiene una carga significativa sobre los hogares. La progresividad efectiva del sistema se ve limitada por exenciones, tratamientos preferenciales y brechas de control. La experiencia comparada sugiere que reformas orientadas a ampliar bases, simplificar figuras y fortalecer la fiscalización permiten mejorar la recaudación sin elevar excesivamente las tasas. En el caso dominicano, cualquier pacto fiscal debería considerar ajustes en el Impuesto sobre la Renta de personas físicas (tramos y deducciones), gravámenes razonables a rentas de capital y patrimonios, y una revisión exhaustiva de los gastos tributarios según criterios de costo-beneficio y de impacto en productividad.

La inversión pública programada (≈ 13.3 % del gasto; ≈ 2.5 % del PIB) exige una priorización rigurosa. La evidencia regional muestra que proyectos de logística (puertos, carreteras secundarias, conexiones intermodales), agua y saneamiento, generación y transmisión de energía renovable, y conectividad digital exhiben multiplicadores más altos y efectos más duraderos sobre la productividad. Complementar estas apuestas con educación técnica y formación STEM, ligada a clusters con ventajas reveladas —como dispositivos médicos, farmacéutico y eléctrico/electrónico— potencia encadenamientos hacia exportaciones de mayor valor agregado, en coherencia con la END 2030.

El enfoque territorial hacia provincias fronterizas (Dajabón, Pedernales y Monte Cristi) busca corregir brechas históricas de inversión y servicios mediante proyectos de conectividad vial, agua, salud, energía y seguridad. La experiencia sugiere que estos territorios se benefician de paquetes integrales: infraestructura más servicios y desarrollo productivo, acompañados de gobernanza local. Para garantizar resultados, deben establecerse métricas claras: reducción de tiempos de viaje, cobertura de agua potable y saneamiento, tasas de empleo formal, matrícula en educación técnica y seguridad ciudadana. Publicar tableros trimestrales con metas y avances fortalecería la rendición de cuentas y la coordinación interinstitucional.

La no indexación salarial, pese al mandato del Código Tributario de 1992, concentra la polémica del proceso presupuestario. La suspensión reiterada afecta el ingreso real de asalariados formales y tensiona la percepción de cumplimiento de la ley. Si bien el oficialismo subraya la reducción de la deuda/PIB frente a 2020 y la continuidad de programas sociales, la oposición advierte sobre el riesgo de perpetuar un déficit primario y el endeudamiento para gastos recurrentes. Una mesa tripartita (Gobierno, sector privado y trabajadores), con cronograma, parámetros de inflación esperada y salvaguardas contra indexaciones inerciales, podría conciliar objetivos de estabilidad y de equidad.

La calidad del gasto depende de sistemas de gestión financiera pública (PFM) robustos: presupuestos por desempeño, trazabilidad en compras, control interno, auditorías independientes y evaluación ex‑post. Los avances en transparencia deben consolidarse con datos abiertos de ejecución por función y territorio, contratos estandarizados, registro de beneficiarios finales y uso de analítica para detección de anomalías. La coordinación entre las entidades rectoras de Hacienda, Economía y la Contraloría, con soporte de la Cámara de Cuentas, es central para mejorar la eficiencia y recuperar confianza ciudadana.

Los principales riesgos para 2026–2027 incluyen el menor crecimiento global y del comercio internacional, la volatilidad financiera y los cambios en tasas y spreads soberanos, los shocks de materias primas (petróleo y oro) que inciden en subsidios y recaudación, la exposición a desastres naturales y vulnerabilidad climática, y los retrasos de ejecución por cuellos de botella administrativos y técnicos. La respuesta debe prever planificación de contingencias, colchones de liquidez y una priorización flexible de inversiones de alto impacto con maduración técnica avanzada.

De cara al trienio 2026–2028, el país necesita integrar medidas coherentes y simultáneas: complementar la regla de gasto primario (Ley 35‑24) con metas de balance y de deuda que impidan deslizamientos del déficit total y que tracen sendas explícitas hacia un superávit primario sostenible; realizar auditorías de desempeño a programas y subsidios para cerrar iniciativas de baja efectividad y reasignar recursos a proyectos con evidencia de alto multiplicador; avanzar en una reforma tributaria progresiva que ajuste escalas del IR, tribute rentas de capital y patrimonios con razonabilidad y revise los gastos tributarios bajo umbrales de productividad y cumplimiento; gestionar la deuda con diversificación de la base inversora local, alargamiento de vencimientos y uso responsable de coberturas, limitando la exposición cambiaria en nuevas emisiones; impulsar paquetes territoriales integrales que combinen infraestructura, servicios y capital humano con prioridad en logística, agua/saneamiento, energía renovable y digital; negociar una indexación salarial con gobernanza clara, cláusulas anti‑inercia y monitoreo de sus efectos en inflación y consumo; y fortalecer la transparencia y el monitoreo y evaluación (M&E) con tableros trimestrales por función y territorio, indicadores END y auditorías externas.

En síntesis, el Presupuesto 2026 refleja continuidad social y prudencia macro, pero también rigideces y riesgos que limitan el avance sobre productividad y resiliencia. Romper el “bucle fiscal” exige combinar reglas fiscales efectivas, reforma tributaria progresiva, gestión de deuda responsable y una agenda de inversión pública transformadora, con gobernanza PFM de alto estándar. En el marco de la END 2030 y de un entorno externo incierto, 2026–2028 debe convertirse en un trienio de consolidación institucional y de salto cualitativo hacia un crecimiento de mayor valor agregado. La clave será disciplina fiscal con justicia social y métricas verificables que conviertan recursos en derechos y competitividad.

Fuentes consultadas: Senado de la República Dominicana (16/12/2025); Cámara de Diputados (11/12/2025); El Caribe; Diario Digital RD; El Día; Hoy Digital; Listín Diario; Dominican Today; Ministerio de Hacienda (Ley 35‑24); Banco Central (Encuesta de expectativas); CEPAL.

....RESUMEN

El Presupuesto General del Estado 2026 de República Dominicana se basa en supuestos macroeconómicos prudentes con un crecimiento del PIB estimado entre 4.5 % y 5.0 %, inflación controlada y un déficit financiero cercano al 3.2 % del PIB, priorizando el gasto social y corriente pero enfrentando vulnerabilidades por su alta dependencia del financiamiento externo. A continuación, se presentan los puntos clave del análisis y reflexiones estratégicas sobre este presupuesto.

·         Crecimiento y marco macroeconómico: El presupuesto se fundamenta en un crecimiento real del PIB de 4.5–5.0 %, inflación promedio de 3.8 % y tipo de cambio de RD$ 65.50 por dólar, aunque organismos como la CEPAL proyectan un crecimiento más bajo, lo que sugiere prudencia en la ejecución del gasto y la gestión del financiamiento.

·         Estructura de ingresos y gastos: Los servicios sociales concentran cerca del 45.5 % del gasto, con un predominio del gasto corriente (86.7 %), mientras que la inversión de capital representa solo el 13.3 %. El ITBIS es la principal fuente de ingresos, con un 32.4 % de la recaudación, y el sector minero aporta significativamente.

·         Deuda y servicio financiero: El pago de intereses de la deuda asciende a RD$ 324,257 millones (3.7 % del PIB), cifra comparable al gasto en educación, con un saldo de deuda estimado en 49–50 % del PIB para 2026. Se recomienda diversificar instrumentos y gestionar riesgos cambiarios y de tasas.

·         Reforma tributaria y progresividad: El sistema tributario depende principalmente de impuestos al consumo, con limitaciones en progresividad debido a exenciones y brechas de control. Se sugiere ampliar bases, ajustar el impuesto sobre la renta y revisar gastos tributarios para mejorar la recaudación sin aumentar tasas.

·         Prioridades en inversión pública: La inversión pública (2.5 % del PIB) debe priorizar proyectos con alto impacto productivo como infraestructura logística, agua y saneamiento, energía renovable y conectividad digital, complementados con educación técnica y formación STEM para potenciar exportaciones de mayor valor agregado.

·         Desarrollo territorial: Se enfatiza la atención a provincias fronterizas con proyectos integrales que combinen infraestructura, servicios y desarrollo productivo, acompañados de gobernanza local y métricas claras para evaluar avances en empleo, educación y seguridad.

·         Indexación salarial y estabilidad: La suspensión de la indexación salarial afecta el ingreso real de los trabajadores y genera debate político. Se propone una mesa tripartita para negociar una indexación con parámetros claros que equilibren estabilidad macroeconómica y equidad social.

·         Calidad y transparencia del gasto: Mejorar la gestión financiera pública mediante presupuestos por desempeño, trazabilidad, auditorías independientes y transparencia con datos abiertos, fortaleciendo la coordinación entre entidades rectoras para aumentar eficiencia y confianza ciudadana.

·         Riesgos y recomendaciones para 2026–2028: Se identifican riesgos externos e internos como menor crecimiento global, volatilidad financiera, shocks de materias primas y vulnerabilidad climática. Se recomienda complementar la regla fiscal con metas claras, auditorías de desempeño, reforma tributaria progresiva, gestión responsable de deuda, paquetes territoriales integrales, negociación salarial con gobernanza y fortalecimiento del monitoreo y evaluación.