SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
lunes, 8 de junio de 2026
Ministro de Agricultura destaca crecimiento de exportaciones de mango en apertura de Expo Mango 2026
sábado, 6 de junio de 2026
Ministro de Agricultura destaca crecimiento de exportaciones de mango en apertura de Expo Mango 2026
jueves, 4 de junio de 2026
Banilejos abrieron su Feria del Mango 2026 con el mingolo como estrella del evento
Feria del Mango 2026
Banilejos abrieron su Feria del Mango 2026 con el mingolo como estrella del evento
Este colorido acto, en su día inaugural contó con la presencia, como ya es costumbre, del expresidente Hipólito Mejía.

Ceremonia de apertura de la Feria del Mango 2026 José Dicen
Banilejos abrieron ayer su esperada Feria del Mango 2026 en su XXII versión consecutiva, con la exhibición y ventas de decenas de variedades de esta exquisita fruta tropical, que tiene como estrella del evento, por segundo año consecutivo, el “mingolo”.
Contó además con una amplia y entusiasta participación de un público numeroso, que empezó a disfrutar de este festival del mango desde su primer día de inicio.
Este colorido acto, en su día inaugural contó con la presencia, como ya es costumbre, del expresidente Hipólito Mejía. También estuvo el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, así como ministros, viceministros y otras autoridades nacionales y locales.
Este año el festival del mango tiene entre sus visitantes de honor una delegación de Guyana, y como provincia invitada, El Seibo, localidad productora de mangos, que tiene en exhibición su producto homólogo, el mango seibano.
La Feria, que se estará desarrollando hasta el próximo domingo 7, está dedicada a Osmar Benítez, presidente de la Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) “por sus aportes a la cadena de valor del mango, así como a las áreas de siembra y el gran apoyo preventivo y fitosanitario en contra de las plagas y enfermedades que afectan el cultivo, como la mosca de la fruta”, explicó en su discurso el presidente del Comité de la Expomango 2026, Onesimo Mejía.
“Dedicamos esta 22 versión de la Feria del Mango Banilejo a Osmar Benites, presidente de la JAD, por sus grandes e importantes aportes a la producción del Mango, así como a las diligencias necesarias para lograr mercados de exportación” expuso Mejía.
Benítez, agradeció el gesto de los productores banilejos del mango y dijo sentirse orgulloso por tan alta distinción y expuso sobre el crecimiento y desarrollo de esta fruta tropical, que genera empleos, promueve el turismo y genera divisas por más de 50 millones de pesos, expresó.
Además de Benitez, fue reconocido también en este evento, el senador del Seibo, José Zorrilla, junto a productores invitados de la Región Este.
Entre los organizadores del evento figuran este año; Rafael Leger, presidente del Clúster del Mango; Germán Báez, presidente de Abapromango; Rafael Omar Landestoy, director de la Regional Central de Agricultura, con asiento en la provincia Peravia, La Oficina Senatorial Peravia, que dirige el senador Julito Fulcar, entre otras personalidades, e instituciones presentes en este acto inaugural.
En este acto hicieron uso de la palabra tanto la gobernadora provincial Yadira Báez, como el presidente del Consejo de Regidores, Freddy de los Santos, la representación del alcalde Santo Ramírez, quienes coincidieron en expresar el orgullo de celebrar este magno evento y agradecer y dar la bienvenida a los visitantes presentes en esta inauguración de la Feria del Mango Banilejo.
Ministro agricultura, a quien se le celebró su cumpleaños en este acto cantándole entre todos los presentes “cumpleaños feliz”.
En su discurso reconoció que con este evento Baní vuelve a colocarse como el corazón del mango en la Republica Dominicana y en un ente que enorgullece a todo el país y, agregó, “esta no es solo una feria agrícola, es una celebración de la actividad productiva y del esfuerzo que tienen nuestros productores del campo dominicano de abriese paso en mercados internacionales con productos de calidad, innovación y trabajo”.
También hizo uso de la palabra el senador Fulcar, que agradeció tanto al empresario Radhames Motors, como al expelotero de Grades Ligas, Eric Aybar por el préstamo de los terrenos donde se realiza esta feria y para la zona de parqueos.
Dijo que este festival se ha convertido en punto de encuentro de la familia banileja y de toda la familia dominicana y, expresó además que la Feria es un derroche de la cultura y talento.
Estuvieron presentes tambiénen el acto, el presidente del Senado Ricardo de Los Santos, los diputados Luis Báez, Carmen Leyda Escarfullery , el exsenador y miembro del Gabinete de Familia Milciades Franjul, Manuel Perelló, de Industrias Banilejas, entre otras personalidades, autoridades y funcionarios.
Igual, como invitados especiales, senadores, gobernadores y alcaldes de las provincias Santiago, Dajabón, San Juan de la Maguana, Hermanas Mirabal y otras.
Habrá también jornadas técnicas en el Centro Cultural Perelló (CCP), conferencias especializadas y jornadas de capacitación, dirigidas a productores, técnicos, estudiantes y agroindustriales, con el respaldo de expertos internacionales del National Mango Board (EEUU), la Unión Europea (COLEAD) y técnicos dominicanos, según el calendario de actividades de Expomango 2025.
José Dicen
jose.dicen@listindiario.commiércoles, 27 de mayo de 2026
Gobierno procura modernizar el campo mediante mecanización de los procesos

El ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, durante su participación en el Desayuno del Listín Diario.RAUL ASENCIO/LD
La mecanización de los cultivos dominicanos es uno de los objetivos que encabezan la agenda del Ministerio de Agricultura.
El ministro, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme anunció en un desayuno del LISTÍN DIARIO, encabezado por su director, Miguel Franjul, la implementación del Programa Nacional de Mecanización (Programec).
Espaillat Bencosme estuvo acompañado del viceministro de producción agrícola y mercadeo, Juan Antonio Gómez Williams; la viceministra administrativa y financiera, Herminia Reyes Abreu: el viceministro de asuntos científicos y tecnológicos, Rafael Ortiz Quezada; el director de sanidad vegetal e inocuidad, Emigdio Gómez, y la jefa de gabinete, Larissa Castillo.
El funcionario explicó que el programa que iniciará en julio de 2026 procura modernizar el campo, reducir los costos y disminuir la dependencia de mano de obra extranjera.
“Tenemos la opción de la mecanización y todos los cultivos se mecanizan. Hay mecanización para todo y es un proceso. Hay que adaptar los equipos al cultivo; no el cultivo a los equipos”, manifestó Espaillat Bencosme.
Destacó que, junto al Programec, también relanzarán el Programa Nacional de Extensión, que existió hace algunas décadas.
El ministro de Agricultura explicó que con la conjugación de ambos programas pretenden llevar al campo la tecnología y un mejor manejo de los cultivos.
“Queremos actualizar la agricultura. Estamos buscando técnicos jóvenes, para que ese mensaje llegue a todos los agricultores”, expresó.
Espaillat Bencosme explicó, además, que el Programec lo conformarán cinco proyectos pilotos ubicados en las provincias Monte Cristi, Valverde, Constanza, Barahona y San Juan.
Indicó que existen tres tipos de tecnologías: la primera es la mecánica, que es aquella donde se utilizan equipos para las labores agrícolas; la genética, utilizada para incrementar el rendimiento; y la nutricional, que también colabora con el rendimiento de la producción.
Caminos vecinales
El ministro de Agricultura también anunció la intervención de 240 kilómetros de caminos vecinales, que serán priorizados en los próximos tres meses.

Mesa del Desayuno del Listín Diario realizado en el salón Ricart.RAUL ASENCIO/LD
Precisó que esto será parte de la etapa inicial, para luego, en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), intervenir otros 1,200 kilómetros.
“Ese es el principal problema. Esa es la queja a nivel nacional. Ya están identificadas las prioridades, los caminos vecinales que serán intervenidos”, expresó.
Señaló que los caminos que serán intervenidos se ubican en la región Bajo Yuna, Bajo Yaque, La Vega y Valdesia.
“Las prioridades son cada día más urgentes”, manifestó.
Subsidios en fertilizantes
Espaillat Bencosme informó que en el primer acuerdo de subvención de los fertilizantes, que se produjo en el plazo del 13 de marzo al 31 de mayo, el Estado invirtió RD$1,061 millones.
Sin embargo, en el segundo acuerdo que inició en mayo y se extenderá hasta agosto, se invertirán unos RD$1,161 millones en subsidios.
En total, unos RD$2,220 millones de pesos se han invertido desde el 15 de marzo hasta el 30 de agosto.
Exportaciones
El funcionario informó que las exportaciones agrícolas están aportando a la economía nacional más de RD$3,600 millones.
“La agricultura creció más que cualquier otra actividad”, expresó Espaillat Bencosme.
Dijo que el país produce RD$430 millones de huevos mensuales, y se exportan hacia Cuba unos RD$80 millones en un mes.
Seguro agropecuario
Asimismo, anunció la reactivación de la Aseguradora Agropecuaria Dominicana S.A. (Agrodosa), un seguro que ayudará a mitigar los efectos de las pérdidas de cosechas.
“Para que el Gobierno no siempre tenga que venir en auxilio de los productores, sino que si perdió una cosecha, el seguro se encarga de pagar esa cosecha y continúa la actividad económica igual. Nosotros estamos impulsando eso. Vamos a ver qué es lo que hay que hacer para que otra vez el seguro se actualice como estaba y que cumpla su rol”, aseguró Espaillat
.....
🌾🚜 Modernización del campo dominicano en marcha
En el Desayuno del Listín Diario, el ministro de Agricultura, Francisco Oliverio Espaillat Bencosme, anunció el inicio en julio del Programa Nacional de Mecanización (Programec).
🔧 Objetivos:
✅ Reducir costos de producción
✅ Disminuir dependencia de mano de obra extranjera
✅ Llevar tecnología y mejor manejo de cultivos a todo el país
📍 Programec arrancará con proyectos pilotos en Monte Cristi, Valverde, Constanza, Barahona y San Juan.
🛣️ Además, se intervendrán 240 km de caminos vecinales en la primera etapa, junto al MOPC e Indrhi.
💵 El Gobierno también ha invertido más de RD$2,200 millones en subsidios de fertilizantes y relanzará el Programa Nacional de Extensión.
🌍 Exportaciones agrícolas ya aportan más de RD$3,600 millones a la economía nacional.
#AgriculturaRD #Programec #ModernizaciónDelCampo #ListínDiario #FranciscoEspaillat #TecnologíaAgrícola #SubsidiosRD #ExportacionesRD #GuasábaraEditor #EconomíaDominicana
miércoles, 31 de diciembre de 2025
La Presa de Monte Grande: Impacto socioeconómico y pertinencia de la inversión en el desarrollo regional de República Dominicana | Por Luis Orlando Díaz Vólquez
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El presidente Luis Abinader inaugura la Presa Monte Grande el 25 de enero de 2024, marcando un hito histórico para la seguridad hídrica y el desarrollo regional en República Dominicana. |
La Presa de Monte Grande: Impacto socioeconómico y pertinencia de la inversión en el desarrollo regional de República Dominicana |
Por Luis Orlando Díaz Vólquez @GuasabaraEditor
Introducción | La gestión de los recursos hídricos constituye uno de los pilares fundamentales para el desarrollo sostenible en países con alta vulnerabilidad climática, como República Dominicana. En este contexto, el Proyecto Presa de Monte Grande, ubicado en la región Sur del país, se presenta como una iniciativa estratégica orientada a la regulación de caudales, la mitigación de inundaciones y el impulso de la producción agrícola. Este artículo analiza, desde una perspectiva académica y neutral, el impacto socioeconómico del proyecto, su pertinencia como inversión pública y las implicaciones ambientales y sociales que conlleva. Además, se incorporan comparaciones con proyectos similares en América Latina y se examinan los retos de gobernanza y sostenibilidad que acompañan este tipo de infraestructuras.
Marco conceptual | El poder ejecutivo, como órgano responsable de la ejecución de políticas públicas, desempeña un papel crucial en la planificación y desarrollo de infraestructuras estratégicas. Las presas son consideradas instrumentos de gestión hídrica que contribuyen a la seguridad alimentaria, la generación de energía y la reducción de riesgos asociados a fenómenos naturales (Banco Mundial, 2023). Sin embargo, su implementación requiere un análisis integral que contemple beneficios, costos y externalidades, en consonancia con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), particularmente el ODS 6 (agua limpia y saneamiento) y el ODS 13 (acción por el clima).

Descripción del Proyecto Presa de Monte Grande
La Presa de Monte Grande se localiza en la provincia de Barahona, sobre el río Yaque del Sur. Según el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), el proyecto tiene como objetivos principales: controlar inundaciones en la cuenca baja del Yaque del Sur, garantizar agua para riego en más de 700,000 tareas agrícolas, proveer agua potable a comunidades cercanas y posibilitar la generación hidroeléctrica en pequeña escala (INDRHI, 2024). El embalse tendrá una capacidad aproximada de 350 millones de metros cúbicos, lo que permitirá regular el caudal del río y asegurar el suministro hídrico en épocas de sequía.
La obra fue inaugurada oficialmente el 25 de enero de 2024 por el presidente Luis Abinader, consolidándose como la mayor infraestructura hídrica construida en la región Sur en las últimas décadas. Este acto marcó un hito histórico en la política hídrica nacional y en la estrategia de desarrollo regional.
Impacto socioeconómico
Beneficios esperados | La presa permitirá la irrigación de extensas áreas agrícolas, lo que incrementará la productividad y reducirá la dependencia de importaciones alimentarias (Pérez, 2022). Se estima que la producción de cultivos como plátano, arroz y frutales aumentará en más de un 40 % en la zona de influencia directa. Asimismo, se prevé la creación de empleos directos e indirectos durante la fase de construcción y operación, contribuyendo a la reducción del desempleo en provincias como Barahona y Bahoruco.
Estudios del Banco Mundial (2023) señalan que proyectos de infraestructura hídrica en zonas rurales generan efectos multiplicadores en la economía local, favoreciendo la inclusión social y la reducción de la pobreza. En el caso de Monte Grande, se proyecta que más de 300,000 personas se beneficiarán de manera directa o indirecta.

Seguridad hídrica y resiliencia
La regulación del caudal del Yaque del Sur disminuirá el riesgo de inundaciones, que históricamente han afectado comunidades y cultivos en la zona. Esto se traduce en mayor estabilidad económica y social, especialmente frente a eventos climáticos extremos (Banco Mundial, 2023). La resiliencia hídrica es clave en un país donde el 70 % de los desastres naturales están asociados a fenómenos hidrometeorológicos. Además, la presa contribuirá a la recarga de acuíferos y a la disponibilidad de agua para consumo humano, lo que impacta directamente en la salud pública y la calidad de vida.
Pertinencia de la inversión
Análisis costo-beneficio | El costo estimado del proyecto supera los 250 millones de dólares, financiados parcialmente por organismos internacionales como el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). Estudios comparativos indican que la relación beneficio-costo es favorable, considerando el incremento proyectado en la producción agrícola y la reducción de pérdidas por inundaciones (BCIE, 2024). El retorno social de la inversión se estima en un horizonte de 15 años, con impactos sostenibles en la seguridad alimentaria y la competitividad regional.
Comparación regional | Proyectos similares en América Latina, como la Presa de Chone en Ecuador y la Presa Paso Real en México, han demostrado impactos positivos en la seguridad hídrica y el desarrollo agrícola, aunque también han enfrentado desafíos relacionados con reasentamientos y sostenibilidad ambiental (García & López, 2021). Estas experiencias subrayan la necesidad de una planificación participativa y de mecanismos de compensación social adecuados. En el caso dominicano, la transparencia en la ejecución y la fiscalización ciudadana serán determinantes para evitar sobrecostos y garantizar la eficiencia del gasto público.

Consideraciones ambientales y sociales
La construcción de la presa implica la inundación de áreas habitadas, lo que requiere procesos de reasentamiento y compensación adecuados. Según estimaciones preliminares, más de 400 familias deberán ser reubicadas, lo que plantea retos en términos de vivienda, empleo y cohesión social. Además, se deben implementar medidas para preservar la biodiversidad y evitar la degradación de ecosistemas acuáticos (Secretaría de Medio Ambiente, 2024). La gestión ambiental del proyecto incluye planes de reforestación, monitoreo de calidad del agua y programas de educación ambiental para las comunidades afectadas.
El cumplimiento de normativas internacionales, como las directrices del Banco Mundial sobre salvaguardas ambientales, es esencial para garantizar la sostenibilidad del proyecto. Asimismo, se recomienda la creación de un comité de seguimiento integrado por autoridades, sociedad civil y expertos independientes, para asegurar la transparencia y la rendición de cuentas.
Retos de gobernanza y sostenibilidad
Más allá de los beneficios técnicos y económicos, la presa plantea desafíos en materia de gobernanza. La corrupción, la falta de planificación a largo plazo y la débil institucionalidad son riesgos latentes en proyectos de gran envergadura en la región (Banco Mundial, 2023). Para mitigar estos riesgos, se requiere fortalecer los mecanismos de control interno, promover la participación ciudadana y garantizar la publicación periódica de informes de avance y auditorías.
En términos de sostenibilidad, el proyecto debe alinearse con políticas de adaptación al cambio climático, incorporando tecnologías para optimizar el uso del agua y reducir la huella ecológica. La integración de energías renovables y la promoción de prácticas agrícolas sostenibles son estrategias complementarias que pueden maximizar el impacto positivo de la presa.
Conclusiones | El Proyecto Presa de Monte Grande representa una inversión estratégica para la región Sur de República Dominicana, con potencial para mejorar la seguridad hídrica, impulsar la producción agrícola y reducir riesgos asociados a inundaciones. No obstante, su éxito dependerá de la implementación efectiva de medidas ambientales y sociales, así como de una gestión transparente y participativa. En términos de pertinencia, el análisis costo-beneficio y la experiencia comparada en la región respaldan la viabilidad del proyecto, siempre que se mantenga un enfoque integral orientado al desarrollo sostenible.
Autor: Luis Orlando Díaz Vólquez @LuisOrlandoDia1
Afiliación: Académico e investigador en desarrollo.
Referencias
Banco Mundial. (2023). Gestión de recursos hídricos en América Latina. Washington, D.C.: Banco Mundial.
BCIE. (2024). Informe sobre financiamiento de proyectos hidroeléctricos en Centroamérica. Tegucigalpa: Banco Centroamericano de Integración Económica.
García, M., & López, R. (2021). Impactos socioambientales de presas en América Latina: Un análisis comparativo. Revista Latinoamericana de Desarrollo, 18(3), 45-67.
INDRHI. (2024). Plan Hidrológico Nacional y proyectos estratégicos. Santo Domingo: Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos.
Pérez, J. (2022). Impacto socioeconómico de las presas en el desarrollo regional. Revista de Estudios Sociales, 45(2), 123-140.
Secretaría de Medio Ambiente. (2024). Evaluación ambiental del Proyecto Monte Grande. Santo Domingo: Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
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RESUMEN
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viernes, 24 de octubre de 2025
Editorial: Artibonito, el último bastión de la soberanía alimentaria haitiana
Editorial: Artibonito, el último bastión de la soberanía alimentaria haitiana
Por Luis Orlando Díaz Vólquez / @GuasabaraEditor
El 18 de octubre de 2025, un vídeo difundido por Infos Partage mostró una escena que, más allá de la semántica técnica de los economistas del desarrollo, representa una herida abierta en el corazón agrícola de Haití. La destrucción sistemática de los arrozales del Valle del Artibonito por bandas armadas no es solo una "perturbación de los sistemas de producción agrícola", como se ha querido suavizar. Es un acto de guerra contra la soberanía alimentaria de un país que ya depende en un 80% de las importaciones para satisfacer su consumo de arroz.
Este escenario de colapso no es una distopía lejana. Es una posibilidad tangible que se cierne sobre Haití, y que recuerda tragedias históricas como la hambruna irlandesa del siglo XIX o la de Bengala en 1943. En ambos casos, la concentración geográfica de la producción alimentaria y la falta de alternativas convirtieron crisis locales en catástrofes nacionales. Haití, con su dependencia casi total del Artibonito para el arroz, se encuentra en una situación aún más precaria.
La República Dominicana, país vecino, ha tomado medidas para blindar su producción nacional de arroz frente a amenazas externas. Mediante el decreto 693-24, se ha garantizado que el arroz consumido por los dominicanos siga siendo de producción local, protegiendo tanto a los productores como a la seguridad alimentaria del país[2]. Esta decisión contrasta con la vulnerabilidad haitiana, donde la falta de políticas de protección y el abandono de la infraestructura agrícola han dejado al Artibonito como un punto de falla sistémico.
La editorialización de este escenario exige una reflexión profunda sobre el papel de los Estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil. ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, un país con capacidad agrícola suficiente para alimentar a su población esté al borde de perder su último bastión de autonomía alimentaria? ¿Qué responsabilidad tienen los actores regionales ante esta crisis que amenaza con desatar una hambruna silenciosa?
La respuesta no puede limitarse a la contabilidad de toneladas importadas ni al cálculo del impacto inflacionario. Como bien señala Réginald Surin, detrás de cada punto porcentual de inflación hay una familia que salta comidas, un niño que abandona la escuela, una comunidad que se desintegra. La economía moral de la supervivencia, esa red de solidaridad que sostiene a las comunidades rurales, está siendo desgarrada por la violencia y la indiferencia.
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en su discurso de rendición de cuentas, ha mostrado cómo una política agropecuaria sostenida puede fortalecer la seguridad alimentaria, reducir la subalimentación del 8.3% al 4.6% y aspirar al hambre cero[1]. Haití, por el contrario, se enfrenta a una "fragilidad en cascada", donde el colapso del Artibonito podría desencadenar una dependencia absoluta de las importaciones, con todas las implicaciones geopolíticas, sociales y económicas que ello conlleva.
La comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado. La declaración de las bandas haitianas como organizaciones terroristas por parte del gobierno dominicano[2] es un llamado de alerta. La seguridad alimentaria no es solo una cuestión de producción; es también una cuestión de paz, de gobernanza, de dignidad.
El Artibonito no es solo una llanura fértil. Es el símbolo de una Haití que aún resiste, que aún sueña con alimentar a sus hijos con el fruto de su tierra. Cada campo incendiado, cada agricultor desplazado, cada canal de riego destruido, acerca a los haitianos al abismo. Pero también nos recuerda que aún hay tiempo para actuar. Que la soberanía alimentaria no es una utopía, sino una urgencia./
@LuisOrlandoDia1
Referencias
HAITÍ | ¿Qué pasaría si la producción de arroz en el Valle del Artibonito colapsara ante la furia de las pandillas? Un escenario de colapso. https://t.co/SBWCNenpSb
— LuisOrlando Díaz Vólquez (@GUASABARAeditor) October 24, 2025
El 18 de octubre de 2025, un vídeo difundido por Infos Partage capta lo que los economistas del desarrollo…
jueves, 23 de octubre de 2025
HAITÍ | ¿Qué pasaría si la producción de arroz en el Valle del Artibonito colapsara ante la furia de las pandillas? Un escenario de colapso.
¿Qué pasaría si la producción de arroz en el Valle del Artibonito colapsara ante la furia de las pandillas? Un escenario de colapso.
Reginald Surin
22 de octubre de 2025 — Lectura: 14 min.
🇺🇸 Leer en inglés
¿Qué pasaría si la producción de arroz en el Valle del Artibonito colapsara ante la furia de las pandillas? Un escenario de colapso.
Un campo de arroz en Artibonite (archivo)
El 18 de octubre de 2025, un video transmitido por Infos Partage captura lo que los economistas del desarrollo llamarían tímidamente una "alteración de los sistemas de producción agrícola", un eufemismo que apenas disimula la brutalidad de lo que está sucediendo allí. Muestra siluetas en los campos de Artibonite, participando en lo que los medios describen como la destrucción metódica de las plantaciones de arroz por parte de bandas armadas. El texto en criollo haitiano que acompaña estas imágenes, "Men sa kap pase nan latibonit" (Esto es lo que está sucediendo en Artibonite), posee una economía lingüística que, paradójicamente, dice más que los largos reportajes: violencia que se ha vuelto común, destrucción que se ha vuelto cotidiana, una catástrofe que se ha normalizado tanto que ya ni siquiera es un evento.
Arrozales en llamas en Artibonite
Esta normalización de la destrucción es quizás, en muchos sentidos, el síntoma más preocupante de la crisis haitiana contemporánea. Más allá de la impactante imagen de campos saqueados y campesinos expulsados, surge una pregunta económica vertiginosa: ¿qué implicaciones tendría el colapso de la producción agrícola en el Artibonito para la arquitectura económica de Haití?
Concentración espacial de la producción
Las 28.000 hectáreas de tierras de regadío en la llanura de Artibonite representan solo una pequeña fracción de las 281.500 hectáreas de tierras cultivables de Haití. Sin embargo, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para 2025/26, aproximadamente el 80 % de la producción arrocera del país proviene de esta zona. Esta extrema concentración geográfica crea una vulnerabilidad que los economistas especializados en seguridad alimentaria, desde el influyente trabajo de Amartya Sen sobre las hambrunas, han identificado repetidamente como un factor de inestabilidad estructural.
Para comprender la magnitud de esta concentración, es importante situarla en su contexto histórico. A principios de la década de 1950, cuando la empresa estadounidense Knappen Tippets Abbett McCarthy llevó a cabo los importantes proyectos de irrigación que transformaron la llanura de Artibonite en una moderna zona arrocera, el objetivo era loable: crear un centro de producción capaz de satisfacer una parte sustancial de las necesidades nacionales. La presa de Péligre, inaugurada en 1956, y los sistemas de irrigación resultantes propiciaron el crecimiento del cultivo intensivo de arroz. Sin embargo, este éxito técnico creó gradualmente una dependencia territorial cuyos diseñadores probablemente no apreciaron plenamente su alcance.
La concentración ha aumentado a lo largo de las décadas por razones tanto agronómicas como económicas. Por un lado, otras zonas productoras de arroz, en particular en el noreste y el sur, han visto estancarse o incluso disminuir su capacidad de producción debido a la falta de inversión en infraestructura de riego y mantenimiento de los sistemas existentes. Por otro lado, las economías de escala alcanzables en el Artibonite, gracias a parcelas más grandes y al riego controlado, han marginado gradualmente a otras cuencas productoras. Como resultado, una sola región concentra ahora casi toda la producción del país.
Esta situación evoca otras configuraciones históricas donde la concentración geográfica de la producción alimentaria transformó crisis locales en catástrofes nacionales. La Irlanda del siglo XIX, con su dependencia de la papa cultivada principalmente en los condados del oeste y el sur, ofrece el ejemplo trágico más conocido. Cuando el tizón tardío azotó estas regiones entre 1845 y 1852, la falta de zonas de producción alternativas transformó una epidemia de plagas en una hambruna que mató a un millón de personas y obligó a otros dos millones al exilio. Bengala en 1943 ilustra otro mecanismo: la interrupción del sistema de suministro de arroz, concentrado en unos pocos distritos, sumada a decisiones políticas desastrosas, provocó una hambruna que costó la vida a unos tres millones de personas.
En el caso haitiano, la vulnerabilidad es aún más aguda porque no se trata simplemente de especialización regional, un fenómeno banal y a menudo eficiente en economía, sino de una dependencia casi total de un solo territorio para un alimento que se ha vuelto fundamental. Esta centralización crea lo que los teóricos de sistemas complejos y resiliencia, como C. S. Holling o Brian Walker, denominan «falta de redundancia funcional»: cuando un sistema solo tiene un medio para realizar una función crítica, el fallo de este medio compromete a todo el sistema.
Los riesgos inherentes a esta configuración son múltiples e interdependientes. Un shock climático —una sequía prolongada, inundaciones catastróficas o un huracán devastador que afecte específicamente al Artibonite— tendría repercusiones nacionales inmediatas. Una epidemia fitosanitaria que afecte a las variedades de arroz cultivadas en la región podría diezmar la producción sin que otras zonas puedan compensarla. Y ahora, con el aumento de la violencia causada por bandas armadas que destruyen metódicamente la capacidad productiva de la región, se trata de un shock antropogénico que amenaza con desestabilizar todo el sistema.
Esta concentración geográfica se ve agravada por la concentración de infraestructura crítica. Sistemas de riego, canales de distribución de agua, vías de acceso a los mercados, instalaciones de almacenamiento y procesamiento —todo lo que permite que la producción se convierta en alimentos disponibles para la población— también se concentran en esta zona. La destrucción o paralización de esta infraestructura tendría efectos en cascada que irían mucho más allá de la producción agrícola.
Cifras de dependencia: una aritmética de la vulnerabilidad
Haití importa actualmente aproximadamente el 80% de su consumo de arroz, o casi 515.000 toneladas anuales, según el informe del USDA 2025/26, con un costo aproximado de 200 millones de dólares. Esta enorme dependencia de las importaciones coloca al país en una situación de "vulnerabilidad alimentaria estructural", donde las perturbaciones externas se transmiten directa y brutalmente a las poblaciones más vulnerables.
El 20% restante del consumo nacional proviene principalmente del Artibonite. Es importante aclarar qué representa realmente esta proporción de la producción local en la ecuación de la soberanía alimentaria haitiana. La soberanía alimentaria, tal como la conceptualiza Vía Campesina y la adoptan los movimientos campesinos de todo el mundo, no se limita a la capacidad de producir un producto específico, por estratégico que sea. Se refiere más bien a la capacidad de un país para garantizar, mediante su propia producción diversificada, el abastecimiento de alimentos de su población según sus preferencias culturales, sin depender estructuralmente de los mercados externos.
Desde esta perspectiva más amplia, Haití aún cuenta con una importante base agrícola: producción de tubérculos (ñame, batata, yuca), maíz, sorgo, frijoles, plátanos y frutas tropicales. Estos productos, en gran parte derivados de la agricultura familiar y campesina, contribuyen significativamente a la dieta nacional. Pero el arroz ocupa un lugar especial, no solo por su peso en la ingesta calórica (30%) y el gasto alimentario (20%), sino también por su dimensión simbólica y cultural: se ha convertido en el alimento básico, el que estructura las comidas diarias, sobre todo en las zonas urbanas.
Por lo tanto, cuando hablamos de la producción del Artibonite como un "estrecho margen de soberanía alimentaria", esta formulación debe entenderse en un sentido preciso y limitado: es el único margen de maniobra que Haití tiene para evitar la dependencia total de las importaciones para los alimentos que se han convertido en la base de la dieta de la población. Este matiz es crucial, ya que revela la naturaleza particular de la vulnerabilidad haitiana: no una incapacidad absoluta para producir alimentos, sino una dependencia casi total de las importaciones para el producto básico que, sociológica y económicamente, se ha vuelto el más crítico.
Esta producción local de arroz, aunque modesta en volumen, cumple varias funciones que van más allá de su simple contribución cuantitativa. En primer lugar, constituye un amortiguador parcial contra las fluctuaciones de los precios internacionales, ofreciendo una alternativa, aunque limitada, al arroz importado cuando este se encarece. En segundo lugar, representa una reserva de conocimientos agronómicos y variedades locales adaptadas a las condiciones haitianas, un capital intangible que se perdería irremediablemente con el fin del cultivo nacional de arroz. Por último, mantiene viva la posibilidad teórica, sin duda, pero simbólicamente importante, de una reconquista gradual de la autonomía alimentaria.
El colapso de esta producción local, concentrada en el Artibonite, transformaría una dependencia ya masiva (80%) en una dependencia absoluta (100%) del arroz. Pero más allá de la cifra, se cerraría todo un horizonte de posibilidades: el de un Haití capaz de alimentar a sus hijos con arroz producido en su propia tierra. Esta configuración crea lo que los teóricos de sistemas complejos denominarían una "fragilidad en cascada": el fallo de un elemento en el Artibonite bastaría para provocar el colapso de todo el sistema local de producción de arroz, transformando una grave vulnerabilidad en vulnerabilidad absoluta.
Shock de importaciones: cuando la aritmética se convierte en política
Si la producción de Artibonite colapsara permanentemente, la primera consecuencia sería un aumento mecánico de las importaciones. Para una población de aproximadamente 11 millones de habitantes, la necesidad anual ronda las 550.000 toneladas métricas. El aumento necesario para compensar la pérdida de producción local representaría aproximadamente 110.000 toneladas adicionales.
A un precio promedio de entre 450 y 550 dólares por tonelada, esto representaría un costo anual adicional de aproximadamente 50 a 60 millones de dólares. Para un país con un PIB total de entre 8 y 9 mil millones de dólares y con un déficit crónico de reservas de divisas, este gasto adicional constituiría una carga macroeconómica considerable.
Pero este enfoque contable no captaría la esencia. Lo que está en juego en este aumento de las importaciones no es solo una cuestión de la balanza comercial; es una transformación cualitativa de la relación de dependencia que vincula a Haití con los mercados internacionales. El trabajo de Harriet Friedmann y Philip McMichael sobre los "regímenes alimentarios" nos ha enseñado que los flujos de alimentos nunca son puramente económicos: también son relaciones de poder, instrumentos de dependencia, vectores de influencia geopolítica.
La inflación como mecanismo de transmisión de vulnerabilidad
La desaparición de la producción local desencadenaría automáticamente presiones inflacionarias, cuyos canales merecen ser explicados. En su estudio «De la distorsión de las señales de precios a la vulnerabilidad alimentaria: un análisis de la transmisión asimétrica en el mercado del arroz importado en Haití» , realizado en 2020, Réginald demostró, mediante rigurosos modelos econométricos con modelos autorregresivos de umbral (TAR), que esta transmisión es profundamente asimétrica.
Los resultados son inequívocos: los aumentos en los precios mundiales del arroz se reflejan en los precios minoristas en Haití en más del 80 % en un mes, mientras que las disminuciones solo se transmiten en un 50 % y con un desfase promedio de 3 a 6 meses. Esta asimetría refleja una falla en el funcionamiento competitivo del mercado, vinculada a su estructura oligopólica.
El análisis estructural de Reginald revela que el mercado de arroz importado está dominado por un puñado de grandes importadores-mayoristas, no más de 3 a 5, con un consumo de más de 30.000 toneladas mensuales. El índice Herfindahl-Hirschman calculado se sitúa entre 1000 y 2000, lo que indica un mercado "moderadamente concentrado" según los estándares del Departamento de Justicia de EE. UU., pero en realidad, un mercado altamente oligopólico en el contexto haitiano. Estos oligopolistas pueden imponer sus márgenes, y existen pruebas que sugieren la existencia de una colusión tácita para mantener precios altos.
Esta vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios internacionales, ya de por sí aguda, se volvería absoluta en ausencia de un mecanismo de amortiguación de la producción local. La historia reciente lo ilustra: en 2007-2008, cuando el precio mundial del arroz aumentó más del 50 % en pocos meses, Haití sufrió disturbios por alimentos que dejaron varias víctimas mortales y conmocionaron al gobierno.
Los datos recientes hablan por sí solos: entre agosto de 2024 y julio de 2025, la inflación superó el 30%, mientras que el coste de los alimentos aumentó un tercio. En este contexto, cualquier presión inflacionaria adicional no se mediría en puntos porcentuales abstractos, sino en comidas salteadas, niños sin escolarizar y familias al borde de la inanición.
La crisis de los medios de vida: la economía moral de la supervivencia
Las decenas de miles de productores y trabajadores agrícolas que se ganan la vida directamente con el cultivo de arroz en Artibonite se verían privados de su principal fuente de ingresos. El efecto dominó no se limitaría a la producción propiamente dicha. Los 342 molinos identificados que procesan arroz paddy en arroz blanco cesarían sus operaciones. Los más de 8.000 Madan Sara, los comerciantes que constituyen la columna vertebral del sistema de distribución informal, verían desaparecer una parte sustancial de su facturación.
James C. Scott, en su magistral análisis de las sociedades campesinas, mostró cómo las comunidades rurales desarrollan complejas "economías morales", sistemas de reciprocidad y solidaridad que facilitan la supervivencia colectiva. La brutal destrucción de estos sistemas no solo causa pérdida de ingresos, sino que también desgarra el tejido social, rompe los lazos de solidaridad y fragmenta las comunidades.
Puerto Príncipe, un destino tradicional del éxodo rural, ya es una ciudad asfixiante donde las pandillas controlan aproximadamente el 85% del área metropolitana, según estimaciones de la ONU. La afluencia masiva de refugiados económicos ejercería una presión insostenible sobre una infraestructura urbana ya de por sí deteriorada. Mike Davis, en su análisis del "planeta de los barrios marginales", ha documentado cómo la urbanización sin industrialización crea barrios marginales abarrotados de poblaciones sin empleo formal, sin servicios básicos y viviendo en condiciones de extrema precariedad.
La soberanía alimentaria como un horizonte perdido
El concepto de "soberanía alimentaria", tal como lo teoriza Vía Campesina, no se refiere simplemente a la autosuficiencia cuantitativa. Se refiere al derecho de los pueblos a definir sus propios sistemas alimentarios, a controlar sus recursos productivos y a no depender estructuralmente de decisiones tomadas en el extranjero para su alimentación diaria.
La trágica ironía de la situación haitiana reside en que hace cuarenta años, el país producía suficiente arroz para alimentar a su población. Lo que ha cambiado no es la capacidad agrícola, sino las reglas del juego económico. Las políticas de ajuste estructural impuestas por el FMI en la década de 1980, la drástica reducción de los aranceles aduaneros del 50% en 1986 al 3% en 1995, mientras que Estados Unidos mantuvo sus aranceles entre el 3% y el 24%, y la entrada masiva de arroz estadounidense subsidiado: todas estas decisiones han desmantelado gradualmente la capacidad productiva de Haití.
Bill Clinton emitió una disculpa pública en 2010, reconociendo que estas políticas habían "privado a los agricultores haitianos de la capacidad de producir arroz para alimentar a su nación". Este reconocimiento tardío no cambia la realidad actual. La desaparición de la producción en el Artibonite llevaría esta dependencia a tal nivel que la noción misma de soberanía alimentaria quedaría obsoleta.
El círculo vicioso de la desestructuración
La agricultura haitiana, que representaba aproximadamente el 40% del PIB nacional en la década de 1980, ha disminuido a aproximadamente el 30% en la actualidad. La producción de arroz en Artibonite, aunque debilitada, sigue siendo un pilar simbólico y material del sector agrícola. Su desaparición enviaría una señal devastadora: si incluso el granero histórico del país, la zona mejor equipada con infraestructura de riego, ya no puede funcionar, ¿qué esperanza queda?
Los efectos psicológicos se propagarían rápidamente. Los inversores se mostrarían aún más reticentes a invertir recursos en un sector percibido como condenado al fracaso. Esta reticencia exacerbaría el deterioro de la infraestructura y la capacidad productiva, creando un círculo vicioso que se autoperpetúa. Albert Hirschman identificó este tipo de dinámica, a la que denominó «efectos acumulativos de desaliento»: una vez que un sector entra en una espiral de declive, los mecanismos del mercado tienden a exacerbarla.
Las generaciones más jóvenes abandonarían la tierra para siempre. Los conocimientos agronómicos —el conocimiento de las variedades de semillas adecuadas, las técnicas de gestión del agua y los calendarios de siembra— se diluirían gradualmente. Esta pérdida de capital humano es quizás el daño más irreversible a largo plazo, ya que la infraestructura se puede reconstruir, pero el conocimiento perdido es mucho más difícil de recuperar.
Consecuencias macroeconómicas: una pérdida de demanda efectiva
A nivel macroeconómico, la sangría que los márgenes asimétricos de los oligopolistas ejercen sobre los presupuestos familiares deprime la demanda efectiva y obstaculiza la diversificación productiva. Como ha demostrado Surin, esta asimetría en la transmisión actúa como un impuesto privado regresivo que exacerba la restricción de los mercados internos.
Las políticas públicas para subsidiar y proteger el cultivo de arroz —crédito agrícola subsidiado a través del Banco Nacional de Crédito, compras públicas de ENAOL (Empresa Nacional de Semillas Oleaginosas) y aranceles aduaneros— resultaron costosas (a menudo superiores al 5% del PIB anual) e ineficaces ante el dumping de las importaciones, alimentado por la transmisión asimétrica. Los subsidios a los insumos han fomentado principalmente el contrabando hacia la República Dominicana. Las compras públicas han sido irregulares y a menudo desviadas. La tasa de reembolso de los préstamos agrícolas no ha superado el 30%.
Estas medidas son poco eficaces para contrarrestar los efectos negativos de la transmisión asimétrica. Una mejor regulación de la transmisión de precios habría sido, sin duda, más eficaz y menos costosa para alcanzar los objetivos de soberanía alimentaria. Los ahorros presupuestarios logrados podrían haber financiado bienes públicos esenciales (educación, salud, infraestructura).
IV. Conclusión: entre la lucidez analítica y la responsabilidad intelectual
Al final de este análisis, una convicción es clara: la cuestión de Artibonite trasciende el marco de un problema del sector agrícola. Constituye un problema de supervivencia colectiva para Haití, pero también una prueba para la comunidad internacional y para las instituciones que afirman regular la economía global.
Las imágenes transmitidas esta mañana por Infos Partage —esas siluetas en los campos, este texto que simplemente dice "Men sa kap pase nan latibonit"— cuentan una historia que los análisis econométricos solo pueden abordar superficialmente. Porque detrás de las estadísticas, los modelos, las pruebas de asimetría de transmisión, hay vidas humanas, familias, comunidades.
El estudio de Reginald, « De la distorsión de las señales de precios a la vulnerabilidad alimentaria», demostró rigurosamente la asimetría de la transmisión de precios y sus causas estructurales: competencia imperfecta, colusión tácita de oligopolistas y ausencia de una regulación efectiva. Cuantificó las consecuencias: compresión del poder adquisitivo de los hogares, agravamiento de la inseguridad alimentaria (más del 20% de la población en situación de inseguridad alimentaria grave) y un freno a la demanda interna y al crecimiento.
Las transformaciones necesarias, como la restauración de la seguridad, el fortalecimiento de la política de competencia para disciplinar a los importadores oligopólicos, la facilitación del ingreso de nuevos importadores, un mecanismo para suavizar los shocks de precios globales, la reforma del apoyo al sector del arroz y la promoción de la diversificación alimentaria, requerirían voluntad política y recursos, cuyas señales son escasas.
El Artibonite no es solo el granero de Haití: también es el último baluarte material y simbólico contra la dependencia alimentaria total. Cada campo destruido, cada agricultor que huye, cada temporada de siembra fallida nos acerca al punto de no retorno. Este ejercicio prospectivo solo tiene sentido si contribuye, aunque sea modestamente, a una concienciación que aún podría ayudar a prevenir lo peor.
Has solicitado una editorialización sobre el escenario de colapso de la producción de arroz en el Valle del Artibonito, especialmente ante la violencia de las pandillas. Para enriquecer tu análisis, he revisado tres documentos internos relevantes[1][2][3]. A continuación, te presento una propuesta editorial que articula tu texto original con los hallazgos encontrados:
Editorial: Artibonito, el último bastión de la soberanía alimentaria haitiana
El 18 de octubre de 2025, un vídeo difundido por Infos Partage mostró una escena que, más allá de la semántica técnica de los economistas del desarrollo, representa una herida abierta en el corazón agrícola de Haití. La destrucción sistemática de los arrozales del Valle del Artibonito por bandas armadas no es solo una "perturbación de los sistemas de producción agrícola", como se ha querido suavizar. Es un acto de guerra contra la soberanía alimentaria de un país que ya depende en un 80% de las importaciones para satisfacer su consumo de arroz.
Este escenario de colapso no es una distopía lejana. Es una posibilidad tangible que se cierne sobre Haití, y que recuerda tragedias históricas como la hambruna irlandesa del siglo XIX o la de Bengala en 1943. En ambos casos, la concentración geográfica de la producción alimentaria y la falta de alternativas convirtieron crisis locales en catástrofes nacionales. Haití, con su dependencia casi total del Artibonito para el arroz, se encuentra en una situación aún más precaria.
La República Dominicana, país vecino, ha tomado medidas para blindar su producción nacional de arroz frente a amenazas externas. Mediante el decreto 693-24, se ha garantizado que el arroz consumido por los dominicanos siga siendo de producción local, protegiendo tanto a los productores como a la seguridad alimentaria del país[2]. Esta decisión contrasta con la vulnerabilidad haitiana, donde la falta de políticas de protección y el abandono de la infraestructura agrícola han dejado al Artibonito como un punto de falla sistémico.
La editorialización de este escenario exige una reflexión profunda sobre el papel de los Estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil. ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, un país con capacidad agrícola suficiente para alimentar a su población esté al borde de perder su último bastión de autonomía alimentaria? ¿Qué responsabilidad tienen los actores regionales ante esta crisis que amenaza con desatar una hambruna silenciosa?
La respuesta no puede limitarse a la contabilidad de toneladas importadas ni al cálculo del impacto inflacionario. Como bien señala Réginald Surin, detrás de cada punto porcentual de inflación hay una familia que salta comidas, un niño que abandona la escuela, una comunidad que se desintegra. La economía moral de la supervivencia, esa red de solidaridad que sostiene a las comunidades rurales, está siendo desgarrada por la violencia y la indiferencia.
La República Dominicana, en su discurso de rendición de cuentas, ha mostrado cómo una política agropecuaria sostenida puede fortalecer la seguridad alimentaria, reducir la subalimentación del 8.3% al 4.6% y aspirar al hambre cero[1]. Haití, por el contrario, se enfrenta a una "fragilidad en cascada", donde el colapso del Artibonito podría desencadenar una dependencia absoluta de las importaciones, con todas las implicaciones geopolíticas, sociales y económicas que ello conlleva.
La comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado. La declaración de las bandas haitianas como organizaciones terroristas por parte del gobierno dominicano[2] es un llamado de alerta. La seguridad alimentaria no es solo una cuestión de producción; es también una cuestión de paz, de gobernanza, de dignidad.
El Artibonito no es solo una llanura fértil. Es el símbolo de una Haití que aún resiste, que aún sueña con alimentar a sus hijos con el fruto de su tierra. Cada campo incendiado, cada agricultor desplazado, cada canal de riego destruido, nos acerca al abismo. Pero también nos recuerda que aún hay tiempo para actuar. Que la soberanía alimentaria no es una utopía, sino una urgencia.
References
HAITÍ | ¿Qué pasaría si la producción de arroz en el Valle del Artibonito colapsara ante la furia de las pandillas? Un escenario de colapso. https://t.co/SBWCNenpSb
— LuisOrlando Díaz Vólquez (@GUASABARAeditor) October 24, 2025
El 18 de octubre de 2025, un vídeo difundido por Infos Partage capta lo que los economistas del desarrollo…


