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Editorial: Artibonito, el último bastión de la soberanía alimentaria haitiana
Por Luis Orlando Díaz Vólquez / @GuasabaraEditor
El 18 de octubre de 2025, un vídeo difundido por Infos Partage mostró una escena que, más allá de la semántica técnica de los economistas del desarrollo, representa una herida abierta en el corazón agrícola de Haití. La destrucción sistemática de los arrozales del Valle del Artibonito por bandas armadas no es solo una "perturbación de los sistemas de producción agrícola", como se ha querido suavizar. Es un acto de guerra contra la soberanía alimentaria de un país que ya depende en un 80% de las importaciones para satisfacer su consumo de arroz.
Este escenario de colapso no es una distopía lejana. Es una posibilidad tangible que se cierne sobre Haití, y que recuerda tragedias históricas como la hambruna irlandesa del siglo XIX o la de Bengala en 1943. En ambos casos, la concentración geográfica de la producción alimentaria y la falta de alternativas convirtieron crisis locales en catástrofes nacionales. Haití, con su dependencia casi total del Artibonito para el arroz, se encuentra en una situación aún más precaria.
La República Dominicana, país vecino, ha tomado medidas para blindar su producción nacional de arroz frente a amenazas externas. Mediante el decreto 693-24, se ha garantizado que el arroz consumido por los dominicanos siga siendo de producción local, protegiendo tanto a los productores como a la seguridad alimentaria del país[2]. Esta decisión contrasta con la vulnerabilidad haitiana, donde la falta de políticas de protección y el abandono de la infraestructura agrícola han dejado al Artibonito como un punto de falla sistémico.
La editorialización de este escenario exige una reflexión profunda sobre el papel de los Estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil. ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, un país con capacidad agrícola suficiente para alimentar a su población esté al borde de perder su último bastión de autonomía alimentaria? ¿Qué responsabilidad tienen los actores regionales ante esta crisis que amenaza con desatar una hambruna silenciosa?
La respuesta no puede limitarse a la contabilidad de toneladas importadas ni al cálculo del impacto inflacionario. Como bien señala Réginald Surin, detrás de cada punto porcentual de inflación hay una familia que salta comidas, un niño que abandona la escuela, una comunidad que se desintegra. La economía moral de la supervivencia, esa red de solidaridad que sostiene a las comunidades rurales, está siendo desgarrada por la violencia y la indiferencia.
El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, en su discurso de rendición de cuentas, ha mostrado cómo una política agropecuaria sostenida puede fortalecer la seguridad alimentaria, reducir la subalimentación del 8.3% al 4.6% y aspirar al hambre cero[1]. Haití, por el contrario, se enfrenta a una "fragilidad en cascada", donde el colapso del Artibonito podría desencadenar una dependencia absoluta de las importaciones, con todas las implicaciones geopolíticas, sociales y económicas que ello conlleva.
La comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado. La declaración de las bandas haitianas como organizaciones terroristas por parte del gobierno dominicano[2] es un llamado de alerta. La seguridad alimentaria no es solo una cuestión de producción; es también una cuestión de paz, de gobernanza, de dignidad.
El Artibonito no es solo una llanura fértil. Es el símbolo de una Haití que aún resiste, que aún sueña con alimentar a sus hijos con el fruto de su tierra. Cada campo incendiado, cada agricultor desplazado, cada canal de riego destruido, acerca a los haitianos al abismo. Pero también nos recuerda que aún hay tiempo para actuar. Que la soberanía alimentaria no es una utopía, sino una urgencia./
HAITÍ | ¿Qué pasaría si la producción de arroz en el Valle del Artibonito colapsara ante la furia de las pandillas? Un escenario de colapso. https://t.co/SBWCNenpSb El 18 de octubre de 2025, un vídeo difundido por Infos Partage capta lo que los economistas del desarrollo…
¿Qué pasaría si la producción de arroz en el Valle del Artibonito colapsara ante la furia de las pandillas? Un escenario de colapso.
El 18 de octubre de 2025, un vídeo difundido por Infos Partage capta lo que los economistas del desarrollo llamarían modestamente una "perturbación de los sistemas de producción agrícola", un eufemismo que apenas oculta la brutalidad de lo que allí está sucediendo.
Reginald Surin 22 de octubre de 2025 — Lectura: 14 min. 🇺🇸 Leer en inglés ¿Qué pasaría si la producción de arroz en el Valle del Artibonito colapsara ante la furia de las pandillas? Un escenario de colapso. Un campo de arroz en Artibonite (archivo)
El 18 de octubre de 2025, un video transmitido por Infos Partage captura lo que los economistas del desarrollo llamarían tímidamente una "alteración de los sistemas de producción agrícola", un eufemismo que apenas disimula la brutalidad de lo que está sucediendo allí. Muestra siluetas en los campos de Artibonite, participando en lo que los medios describen como la destrucción metódica de las plantaciones de arroz por parte de bandas armadas. El texto en criollo haitiano que acompaña estas imágenes, "Men sa kap pase nan latibonit" (Esto es lo que está sucediendo en Artibonite), posee una economía lingüística que, paradójicamente, dice más que los largos reportajes: violencia que se ha vuelto común, destrucción que se ha vuelto cotidiana, una catástrofe que se ha normalizado tanto que ya ni siquiera es un evento.
Arrozales en llamas en Artibonite Esta normalización de la destrucción es quizás, en muchos sentidos, el síntoma más preocupante de la crisis haitiana contemporánea. Más allá de la impactante imagen de campos saqueados y campesinos expulsados, surge una pregunta económica vertiginosa: ¿qué implicaciones tendría el colapso de la producción agrícola en el Artibonito para la arquitectura económica de Haití?
Concentración espacial de la producción
Las 28.000 hectáreas de tierras de regadío en la llanura de Artibonite representan solo una pequeña fracción de las 281.500 hectáreas de tierras cultivables de Haití. Sin embargo, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos para 2025/26, aproximadamente el 80 % de la producción arrocera del país proviene de esta zona. Esta extrema concentración geográfica crea una vulnerabilidad que los economistas especializados en seguridad alimentaria, desde el influyente trabajo de Amartya Sen sobre las hambrunas, han identificado repetidamente como un factor de inestabilidad estructural.
Para comprender la magnitud de esta concentración, es importante situarla en su contexto histórico. A principios de la década de 1950, cuando la empresa estadounidense Knappen Tippets Abbett McCarthy llevó a cabo los importantes proyectos de irrigación que transformaron la llanura de Artibonite en una moderna zona arrocera, el objetivo era loable: crear un centro de producción capaz de satisfacer una parte sustancial de las necesidades nacionales. La presa de Péligre, inaugurada en 1956, y los sistemas de irrigación resultantes propiciaron el crecimiento del cultivo intensivo de arroz. Sin embargo, este éxito técnico creó gradualmente una dependencia territorial cuyos diseñadores probablemente no apreciaron plenamente su alcance.
La concentración ha aumentado a lo largo de las décadas por razones tanto agronómicas como económicas. Por un lado, otras zonas productoras de arroz, en particular en el noreste y el sur, han visto estancarse o incluso disminuir su capacidad de producción debido a la falta de inversión en infraestructura de riego y mantenimiento de los sistemas existentes. Por otro lado, las economías de escala alcanzables en el Artibonite, gracias a parcelas más grandes y al riego controlado, han marginado gradualmente a otras cuencas productoras. Como resultado, una sola región concentra ahora casi toda la producción del país.
Esta situación evoca otras configuraciones históricas donde la concentración geográfica de la producción alimentaria transformó crisis locales en catástrofes nacionales. La Irlanda del siglo XIX, con su dependencia de la papa cultivada principalmente en los condados del oeste y el sur, ofrece el ejemplo trágico más conocido. Cuando el tizón tardío azotó estas regiones entre 1845 y 1852, la falta de zonas de producción alternativas transformó una epidemia de plagas en una hambruna que mató a un millón de personas y obligó a otros dos millones al exilio. Bengala en 1943 ilustra otro mecanismo: la interrupción del sistema de suministro de arroz, concentrado en unos pocos distritos, sumada a decisiones políticas desastrosas, provocó una hambruna que costó la vida a unos tres millones de personas.
En el caso haitiano, la vulnerabilidad es aún más aguda porque no se trata simplemente de especialización regional, un fenómeno banal y a menudo eficiente en economía, sino de una dependencia casi total de un solo territorio para un alimento que se ha vuelto fundamental. Esta centralización crea lo que los teóricos de sistemas complejos y resiliencia, como C. S. Holling o Brian Walker, denominan «falta de redundancia funcional»: cuando un sistema solo tiene un medio para realizar una función crítica, el fallo de este medio compromete a todo el sistema.
Los riesgos inherentes a esta configuración son múltiples e interdependientes. Un shock climático —una sequía prolongada, inundaciones catastróficas o un huracán devastador que afecte específicamente al Artibonite— tendría repercusiones nacionales inmediatas. Una epidemia fitosanitaria que afecte a las variedades de arroz cultivadas en la región podría diezmar la producción sin que otras zonas puedan compensarla. Y ahora, con el aumento de la violencia causada por bandas armadas que destruyen metódicamente la capacidad productiva de la región, se trata de un shock antropogénico que amenaza con desestabilizar todo el sistema.
Esta concentración geográfica se ve agravada por la concentración de infraestructura crítica. Sistemas de riego, canales de distribución de agua, vías de acceso a los mercados, instalaciones de almacenamiento y procesamiento —todo lo que permite que la producción se convierta en alimentos disponibles para la población— también se concentran en esta zona. La destrucción o paralización de esta infraestructura tendría efectos en cascada que irían mucho más allá de la producción agrícola.
Cifras de dependencia: una aritmética de la vulnerabilidad
Haití importa actualmente aproximadamente el 80% de su consumo de arroz, o casi 515.000 toneladas anuales, según el informe del USDA 2025/26, con un costo aproximado de 200 millones de dólares. Esta enorme dependencia de las importaciones coloca al país en una situación de "vulnerabilidad alimentaria estructural", donde las perturbaciones externas se transmiten directa y brutalmente a las poblaciones más vulnerables.
El 20% restante del consumo nacional proviene principalmente del Artibonite. Es importante aclarar qué representa realmente esta proporción de la producción local en la ecuación de la soberanía alimentaria haitiana. La soberanía alimentaria, tal como la conceptualiza Vía Campesina y la adoptan los movimientos campesinos de todo el mundo, no se limita a la capacidad de producir un producto específico, por estratégico que sea. Se refiere más bien a la capacidad de un país para garantizar, mediante su propia producción diversificada, el abastecimiento de alimentos de su población según sus preferencias culturales, sin depender estructuralmente de los mercados externos.
Desde esta perspectiva más amplia, Haití aún cuenta con una importante base agrícola: producción de tubérculos (ñame, batata, yuca), maíz, sorgo, frijoles, plátanos y frutas tropicales. Estos productos, en gran parte derivados de la agricultura familiar y campesina, contribuyen significativamente a la dieta nacional. Pero el arroz ocupa un lugar especial, no solo por su peso en la ingesta calórica (30%) y el gasto alimentario (20%), sino también por su dimensión simbólica y cultural: se ha convertido en el alimento básico, el que estructura las comidas diarias, sobre todo en las zonas urbanas.
Por lo tanto, cuando hablamos de la producción del Artibonite como un "estrecho margen de soberanía alimentaria", esta formulación debe entenderse en un sentido preciso y limitado: es el único margen de maniobra que Haití tiene para evitar la dependencia total de las importaciones para los alimentos que se han convertido en la base de la dieta de la población. Este matiz es crucial, ya que revela la naturaleza particular de la vulnerabilidad haitiana: no una incapacidad absoluta para producir alimentos, sino una dependencia casi total de las importaciones para el producto básico que, sociológica y económicamente, se ha vuelto el más crítico.
Esta producción local de arroz, aunque modesta en volumen, cumple varias funciones que van más allá de su simple contribución cuantitativa. En primer lugar, constituye un amortiguador parcial contra las fluctuaciones de los precios internacionales, ofreciendo una alternativa, aunque limitada, al arroz importado cuando este se encarece. En segundo lugar, representa una reserva de conocimientos agronómicos y variedades locales adaptadas a las condiciones haitianas, un capital intangible que se perdería irremediablemente con el fin del cultivo nacional de arroz. Por último, mantiene viva la posibilidad teórica, sin duda, pero simbólicamente importante, de una reconquista gradual de la autonomía alimentaria.
El colapso de esta producción local, concentrada en el Artibonite, transformaría una dependencia ya masiva (80%) en una dependencia absoluta (100%) del arroz. Pero más allá de la cifra, se cerraría todo un horizonte de posibilidades: el de un Haití capaz de alimentar a sus hijos con arroz producido en su propia tierra. Esta configuración crea lo que los teóricos de sistemas complejos denominarían una "fragilidad en cascada": el fallo de un elemento en el Artibonite bastaría para provocar el colapso de todo el sistema local de producción de arroz, transformando una grave vulnerabilidad en vulnerabilidad absoluta.
Shock de importaciones: cuando la aritmética se convierte en política
Si la producción de Artibonite colapsara permanentemente, la primera consecuencia sería un aumento mecánico de las importaciones. Para una población de aproximadamente 11 millones de habitantes, la necesidad anual ronda las 550.000 toneladas métricas. El aumento necesario para compensar la pérdida de producción local representaría aproximadamente 110.000 toneladas adicionales.
A un precio promedio de entre 450 y 550 dólares por tonelada, esto representaría un costo anual adicional de aproximadamente 50 a 60 millones de dólares. Para un país con un PIB total de entre 8 y 9 mil millones de dólares y con un déficit crónico de reservas de divisas, este gasto adicional constituiría una carga macroeconómica considerable.
Pero este enfoque contable no captaría la esencia. Lo que está en juego en este aumento de las importaciones no es solo una cuestión de la balanza comercial; es una transformación cualitativa de la relación de dependencia que vincula a Haití con los mercados internacionales. El trabajo de Harriet Friedmann y Philip McMichael sobre los "regímenes alimentarios" nos ha enseñado que los flujos de alimentos nunca son puramente económicos: también son relaciones de poder, instrumentos de dependencia, vectores de influencia geopolítica.
La inflación como mecanismo de transmisión de vulnerabilidad
La desaparición de la producción local desencadenaría automáticamente presiones inflacionarias, cuyos canales merecen ser explicados. En su estudio «De la distorsión de las señales de precios a la vulnerabilidad alimentaria: un análisis de la transmisión asimétrica en el mercado del arroz importado en Haití» , realizado en 2020, Réginald demostró, mediante rigurosos modelos econométricos con modelos autorregresivos de umbral (TAR), que esta transmisión es profundamente asimétrica.
Los resultados son inequívocos: los aumentos en los precios mundiales del arroz se reflejan en los precios minoristas en Haití en más del 80 % en un mes, mientras que las disminuciones solo se transmiten en un 50 % y con un desfase promedio de 3 a 6 meses. Esta asimetría refleja una falla en el funcionamiento competitivo del mercado, vinculada a su estructura oligopólica.
El análisis estructural de Reginald revela que el mercado de arroz importado está dominado por un puñado de grandes importadores-mayoristas, no más de 3 a 5, con un consumo de más de 30.000 toneladas mensuales. El índice Herfindahl-Hirschman calculado se sitúa entre 1000 y 2000, lo que indica un mercado "moderadamente concentrado" según los estándares del Departamento de Justicia de EE. UU., pero en realidad, un mercado altamente oligopólico en el contexto haitiano. Estos oligopolistas pueden imponer sus márgenes, y existen pruebas que sugieren la existencia de una colusión tácita para mantener precios altos.
Esta vulnerabilidad a las fluctuaciones de los precios internacionales, ya de por sí aguda, se volvería absoluta en ausencia de un mecanismo de amortiguación de la producción local. La historia reciente lo ilustra: en 2007-2008, cuando el precio mundial del arroz aumentó más del 50 % en pocos meses, Haití sufrió disturbios por alimentos que dejaron varias víctimas mortales y conmocionaron al gobierno.
Los datos recientes hablan por sí solos: entre agosto de 2024 y julio de 2025, la inflación superó el 30%, mientras que el coste de los alimentos aumentó un tercio. En este contexto, cualquier presión inflacionaria adicional no se mediría en puntos porcentuales abstractos, sino en comidas salteadas, niños sin escolarizar y familias al borde de la inanición.
La crisis de los medios de vida: la economía moral de la supervivencia
Las decenas de miles de productores y trabajadores agrícolas que se ganan la vida directamente con el cultivo de arroz en Artibonite se verían privados de su principal fuente de ingresos. El efecto dominó no se limitaría a la producción propiamente dicha. Los 342 molinos identificados que procesan arroz paddy en arroz blanco cesarían sus operaciones. Los más de 8.000 Madan Sara, los comerciantes que constituyen la columna vertebral del sistema de distribución informal, verían desaparecer una parte sustancial de su facturación.
James C. Scott, en su magistral análisis de las sociedades campesinas, mostró cómo las comunidades rurales desarrollan complejas "economías morales", sistemas de reciprocidad y solidaridad que facilitan la supervivencia colectiva. La brutal destrucción de estos sistemas no solo causa pérdida de ingresos, sino que también desgarra el tejido social, rompe los lazos de solidaridad y fragmenta las comunidades.
Puerto Príncipe, un destino tradicional del éxodo rural, ya es una ciudad asfixiante donde las pandillas controlan aproximadamente el 85% del área metropolitana, según estimaciones de la ONU. La afluencia masiva de refugiados económicos ejercería una presión insostenible sobre una infraestructura urbana ya de por sí deteriorada. Mike Davis, en su análisis del "planeta de los barrios marginales", ha documentado cómo la urbanización sin industrialización crea barrios marginales abarrotados de poblaciones sin empleo formal, sin servicios básicos y viviendo en condiciones de extrema precariedad.
La soberanía alimentaria como un horizonte perdido
El concepto de "soberanía alimentaria", tal como lo teoriza Vía Campesina, no se refiere simplemente a la autosuficiencia cuantitativa. Se refiere al derecho de los pueblos a definir sus propios sistemas alimentarios, a controlar sus recursos productivos y a no depender estructuralmente de decisiones tomadas en el extranjero para su alimentación diaria.
La trágica ironía de la situación haitiana reside en que hace cuarenta años, el país producía suficiente arroz para alimentar a su población. Lo que ha cambiado no es la capacidad agrícola, sino las reglas del juego económico. Las políticas de ajuste estructural impuestas por el FMI en la década de 1980, la drástica reducción de los aranceles aduaneros del 50% en 1986 al 3% en 1995, mientras que Estados Unidos mantuvo sus aranceles entre el 3% y el 24%, y la entrada masiva de arroz estadounidense subsidiado: todas estas decisiones han desmantelado gradualmente la capacidad productiva de Haití.
Bill Clinton emitió una disculpa pública en 2010, reconociendo que estas políticas habían "privado a los agricultores haitianos de la capacidad de producir arroz para alimentar a su nación". Este reconocimiento tardío no cambia la realidad actual. La desaparición de la producción en el Artibonite llevaría esta dependencia a tal nivel que la noción misma de soberanía alimentaria quedaría obsoleta.
El círculo vicioso de la desestructuración
La agricultura haitiana, que representaba aproximadamente el 40% del PIB nacional en la década de 1980, ha disminuido a aproximadamente el 30% en la actualidad. La producción de arroz en Artibonite, aunque debilitada, sigue siendo un pilar simbólico y material del sector agrícola. Su desaparición enviaría una señal devastadora: si incluso el granero histórico del país, la zona mejor equipada con infraestructura de riego, ya no puede funcionar, ¿qué esperanza queda?
Los efectos psicológicos se propagarían rápidamente. Los inversores se mostrarían aún más reticentes a invertir recursos en un sector percibido como condenado al fracaso. Esta reticencia exacerbaría el deterioro de la infraestructura y la capacidad productiva, creando un círculo vicioso que se autoperpetúa. Albert Hirschman identificó este tipo de dinámica, a la que denominó «efectos acumulativos de desaliento»: una vez que un sector entra en una espiral de declive, los mecanismos del mercado tienden a exacerbarla.
Las generaciones más jóvenes abandonarían la tierra para siempre. Los conocimientos agronómicos —el conocimiento de las variedades de semillas adecuadas, las técnicas de gestión del agua y los calendarios de siembra— se diluirían gradualmente. Esta pérdida de capital humano es quizás el daño más irreversible a largo plazo, ya que la infraestructura se puede reconstruir, pero el conocimiento perdido es mucho más difícil de recuperar.
Consecuencias macroeconómicas: una pérdida de demanda efectiva
A nivel macroeconómico, la sangría que los márgenes asimétricos de los oligopolistas ejercen sobre los presupuestos familiares deprime la demanda efectiva y obstaculiza la diversificación productiva. Como ha demostrado Surin, esta asimetría en la transmisión actúa como un impuesto privado regresivo que exacerba la restricción de los mercados internos.
Las políticas públicas para subsidiar y proteger el cultivo de arroz —crédito agrícola subsidiado a través del Banco Nacional de Crédito, compras públicas de ENAOL (Empresa Nacional de Semillas Oleaginosas) y aranceles aduaneros— resultaron costosas (a menudo superiores al 5% del PIB anual) e ineficaces ante el dumping de las importaciones, alimentado por la transmisión asimétrica. Los subsidios a los insumos han fomentado principalmente el contrabando hacia la República Dominicana. Las compras públicas han sido irregulares y a menudo desviadas. La tasa de reembolso de los préstamos agrícolas no ha superado el 30%.
Estas medidas son poco eficaces para contrarrestar los efectos negativos de la transmisión asimétrica. Una mejor regulación de la transmisión de precios habría sido, sin duda, más eficaz y menos costosa para alcanzar los objetivos de soberanía alimentaria. Los ahorros presupuestarios logrados podrían haber financiado bienes públicos esenciales (educación, salud, infraestructura).
IV. Conclusión: entre la lucidez analítica y la responsabilidad intelectual
Al final de este análisis, una convicción es clara: la cuestión de Artibonite trasciende el marco de un problema del sector agrícola. Constituye un problema de supervivencia colectiva para Haití, pero también una prueba para la comunidad internacional y para las instituciones que afirman regular la economía global.
Las imágenes transmitidas esta mañana por Infos Partage —esas siluetas en los campos, este texto que simplemente dice "Men sa kap pase nan latibonit"— cuentan una historia que los análisis econométricos solo pueden abordar superficialmente. Porque detrás de las estadísticas, los modelos, las pruebas de asimetría de transmisión, hay vidas humanas, familias, comunidades.
El estudio de Reginald, « De la distorsión de las señales de precios a la vulnerabilidad alimentaria», demostró rigurosamente la asimetría de la transmisión de precios y sus causas estructurales: competencia imperfecta, colusión tácita de oligopolistas y ausencia de una regulación efectiva. Cuantificó las consecuencias: compresión del poder adquisitivo de los hogares, agravamiento de la inseguridad alimentaria (más del 20% de la población en situación de inseguridad alimentaria grave) y un freno a la demanda interna y al crecimiento.
Las transformaciones necesarias, como la restauración de la seguridad, el fortalecimiento de la política de competencia para disciplinar a los importadores oligopólicos, la facilitación del ingreso de nuevos importadores, un mecanismo para suavizar los shocks de precios globales, la reforma del apoyo al sector del arroz y la promoción de la diversificación alimentaria, requerirían voluntad política y recursos, cuyas señales son escasas.
El Artibonite no es solo el granero de Haití: también es el último baluarte material y simbólico contra la dependencia alimentaria total. Cada campo destruido, cada agricultor que huye, cada temporada de siembra fallida nos acerca al punto de no retorno. Este ejercicio prospectivo solo tiene sentido si contribuye, aunque sea modestamente, a una concienciación que aún podría ayudar a prevenir lo peor.
Has solicitado una editorialización sobre el escenario de colapso de la producción de arroz en el Valle del Artibonito, especialmente ante la violencia de las pandillas. Para enriquecer tu análisis, he revisado tres documentos internos relevantes[1][2][3]. A continuación, te presento una propuesta editorial que articula tu texto original con los hallazgos encontrados:
Editorial: Artibonito, el último bastión de la soberanía alimentaria haitiana
El 18 de octubre de 2025, un vídeo difundido por Infos Partage mostró una escena que, más allá de la semántica técnica de los economistas del desarrollo, representa una herida abierta en el corazón agrícola de Haití. La destrucción sistemática de los arrozales del Valle del Artibonito por bandas armadas no es solo una "perturbación de los sistemas de producción agrícola", como se ha querido suavizar. Es un acto de guerra contra la soberanía alimentaria de un país que ya depende en un 80% de las importaciones para satisfacer su consumo de arroz.
Este escenario de colapso no es una distopía lejana. Es una posibilidad tangible que se cierne sobre Haití, y que recuerda tragedias históricas como la hambruna irlandesa del siglo XIX o la de Bengala en 1943. En ambos casos, la concentración geográfica de la producción alimentaria y la falta de alternativas convirtieron crisis locales en catástrofes nacionales. Haití, con su dependencia casi total del Artibonito para el arroz, se encuentra en una situación aún más precaria.
La República Dominicana, país vecino, ha tomado medidas para blindar su producción nacional de arroz frente a amenazas externas. Mediante el decreto 693-24, se ha garantizado que el arroz consumido por los dominicanos siga siendo de producción local, protegiendo tanto a los productores como a la seguridad alimentaria del país[2]. Esta decisión contrasta con la vulnerabilidad haitiana, donde la falta de políticas de protección y el abandono de la infraestructura agrícola han dejado al Artibonito como un punto de falla sistémico.
La editorialización de este escenario exige una reflexión profunda sobre el papel de los Estados, las organizaciones internacionales y la sociedad civil. ¿Cómo es posible que, en pleno siglo XXI, un país con capacidad agrícola suficiente para alimentar a su población esté al borde de perder su último bastión de autonomía alimentaria? ¿Qué responsabilidad tienen los actores regionales ante esta crisis que amenaza con desatar una hambruna silenciosa?
La respuesta no puede limitarse a la contabilidad de toneladas importadas ni al cálculo del impacto inflacionario. Como bien señala Réginald Surin, detrás de cada punto porcentual de inflación hay una familia que salta comidas, un niño que abandona la escuela, una comunidad que se desintegra. La economía moral de la supervivencia, esa red de solidaridad que sostiene a las comunidades rurales, está siendo desgarrada por la violencia y la indiferencia.
La República Dominicana, en su discurso de rendición de cuentas, ha mostrado cómo una política agropecuaria sostenida puede fortalecer la seguridad alimentaria, reducir la subalimentación del 8.3% al 4.6% y aspirar al hambre cero[1]. Haití, por el contrario, se enfrenta a una "fragilidad en cascada", donde el colapso del Artibonito podría desencadenar una dependencia absoluta de las importaciones, con todas las implicaciones geopolíticas, sociales y económicas que ello conlleva.
La comunidad internacional no puede seguir mirando hacia otro lado. La declaración de las bandas haitianas como organizaciones terroristas por parte del gobierno dominicano[2] es un llamado de alerta. La seguridad alimentaria no es solo una cuestión de producción; es también una cuestión de paz, de gobernanza, de dignidad.
El Artibonito no es solo una llanura fértil. Es el símbolo de una Haití que aún resiste, que aún sueña con alimentar a sus hijos con el fruto de su tierra. Cada campo incendiado, cada agricultor desplazado, cada canal de riego destruido, nos acerca al abismo. Pero también nos recuerda que aún hay tiempo para actuar. Que la soberanía alimentaria no es una utopía, sino una urgencia.
HAITÍ | ¿Qué pasaría si la producción de arroz en el Valle del Artibonito colapsara ante la furia de las pandillas? Un escenario de colapso. https://t.co/SBWCNenpSb El 18 de octubre de 2025, un vídeo difundido por Infos Partage capta lo que los economistas del desarrollo…
Erick Hernández Machado, de Participación Ciudadana.
El Decreto 104-25, que dice el presidente Luis Abinader firmó y que declararía como organizaciones terroristas a las bandas haitianas, tiene su precedente legislativo y base legal en artículo 5 de la Ley 155-17 sobre la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Antiterrorismo, afirmó esta mañana el coordinador nacional de la organización cívica Participación Ciudadana (PC), Erick Hernández Machado.
Añade que dicha normativa establece que serán sancionada con 20 a 40 años de prisión toda persona que viaje a un Estado distinto al suyo, o de otra nacionalidad para cometer, planificar o preparar actos terroristas o participar en ellos, o para proporcionar o recibir adiestramiento con fines terroristas.
Dijo que la capacidad del Poder Ejecutivo no solo se deriva del artículo 5 citado y su párrafo final, que dispone que las infracciones por financiamiento del terrorismo, constituirán una infracción penal aun cuando los actos terroristas no hayan sido realizados, la asistencia a los terroristas no haya sido brindada o el acto terrorista se hubiese cometido o “se intenta cometer en otra jurisdicción territorial”, sino que también tiene arraigo constitucional en el artículo 128.f de la Constitución.
Explicó Hernández Machado que la citada ley declara que toda persona que, de cualquier forma, directa o indirectamente, provea, recolecte, ofrezca, financie, ponga a disposición, facilite, administre, aporte, favorezca, financie, guarde, custodie, o entregue bienes o servicios, con la intención de realizar un acto terrorista será sancionado con prisión de 20 a 40 años y el decomiso de todos sus bienes.
Finjus ve ilegalidad decreto
Para la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) el decreto que tipifica con terrorristas a las bandas haitianas, sería inconstitucional. Dice la entidad que para ello habría que elaborar una ley, además de determinar si sus hechos son terroristas.
Especial BBC en Haití: Puerto Príncipe, la capital secuestrada por brutales pandillas
Orla Guerin / BBC News
FUENTE DE LA IMAGEN,REUTERS
En Puerto Príncipe no puedes ver las fronteras, pero tienes que saber en dónde están porque tu vida puede depender de ello.
A la capital haitiana se la están repartiendo entre pandillas rivales que secuestran, violan y matan. El territorio se demarca con sangre. Si cruzas del lado de una pandilla al de la otra, es posible que no puedas regresar.
Quienes viven aquí llevan un mapa mental que divide esta bulliciosa ciudad en zonas verdes, amarillas y rojas. El verde significa libre de pandillas, el amarillo puede ser seguro hoy y mortal mañana, mientras el rojo es una zona prohibida.
El área verde se está reduciendo a medida que las bandas fuertemente armadas aumentan su poder. Estos grupos controlan, y aterrorizan, al menos el 60% de la capital y las áreas circundantes, según colectivos haitianos de Derechos Humanos. Su influencia se siente en todos los rincones de la ciudad.
Puerto Príncipe está ubicada entre verdes laderas y las azules aguas del Caribe. Está cubierta por el calor y el abandono. En algunos lugares, la basura llega hasta las rodillas: un monumento pútrido a un Estado que se desmorona.
No hay jefe de gobierno (el último presidente fue asesinado en el cargo), ningún parlamento en funcionamiento (las pandillas controlan el área a su alrededor) y el primer ministro respaldado por Estados Unidos, Ariel Henry, no fue elegido y es profundamente impopular.
En efecto, el Estado ha desaparecido en combate mientras el pueblo sufre crisis superpuestas.
Casi la mitad de la población, 4,7 millones de haitianos, se enfrentan al hambre aguda. En la capital, unas 20.000 personas viven en condiciones de hambruna, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Esto es una prioridad para las Américas y el cólera está resurgiendo.
Pero la mayor plaga son las bandas armadas, ellas determinan los horarios.
La hora punta de la mañana, entre las 6 y las 9, es también la hora punta para los secuestros. Muchos son arrebatados de las calles camino al trabajo. Otros están destinados a la hora pico de la tarde, de 3 a 6.
Alrededor de 50 miembros del personal de nuestro hotel, en el centro, viven allí porque es demasiado peligroso volver a casa. Pocos salen después del anochecer. El gerente dice que nunca abandona el edificio.
El secuestro es una industria en crecimiento. Hubo 1.107 casos reportados entre enero y octubre de este año, según la ONU. Para algunas pandillas es una importante fuente de ingresos. Los rescates pueden ir desde US$ 200 hasta US$ 1 millón. La mayoría de las víctimas regresan con vida si se paga el rescate, pero las hacen sufrir.
Mañana en Delmas 83
Viajamos por la ciudad en un vehículo blindado.
FUENTE DE LA IMAGEN,BBC / GOKTAY KORALTAN
Pie de foto,
La policía haitiana es señalada por algunos activistas de Derechos Humanos y expertos como cómplice de la expansión de las bandas criminales que controlan la mayoría de la capital.
Ese tipo de transporte suele estar reservado para la primera línea en zonas de guerra como Ucrania, pero es necesario en Puerto Príncipe para alejar a los secuestradores. Es una protección que muchos no pueden permitirse en el país más pobre del hemisferio occidental, propenso a desastres naturales y políticos.
Nos dirigíamos hacía una cita a finales de noviembre, cuando nos encontramos con la escena del crimen.
Son poco antes de las 8 de la mañana en el suburbio de Delmas 83. Los casquillos de bala cubren el pavimento, la luz del sol brilla y un hombre yace muerto en un callejón, boca abajo, sobre un charco de sangre.
Una camioneta gris 4X4 se ha desviado contra una pared, se le ve el costado lleno de agujeros. Un AK 47 está en el suelo.
Pie de foto,
El secuestro es una industria floreciente en Haití, pues se ha convertido en una de las principales fuentes de ingreso de las pandillas que dominan el país.
Policías fuertemente armados rodean la camioneta, algunos con el rostro cubierto y las armas desenvainadas. Los espectadores que se agrupan en el camino guardan silencio. Si tienen preguntas, no las hacen. Cuando vives a la sombra de las pandillas, aprendes a callar.
La policía nos dice que hubo un tiroteo entre ellos y un grupo de secuestradores que había salido temprano con la esperanza de arrebatar a su próxima víctima.
Los pandilleros huyeron a pie de su camioneta blindada, pero uno de ellos estaba dejando un rastro de sangre. Lo siguieron hasta el callejón y lo mataron.
"Hubo una batalla entre un oficial y los malos. Uno de ellos murió", dice un policía veterano de 27 años, que no quiso ser identificado.
Él dice que la situación en la capital nunca ha sido peor. Pregunté si las pandillas eran imparables. "Los detuvimos hoy", responde.
Al otro lado de la ciudad esa misma mañana, Francois Sinclair, un hombre de negocios de 42 años, está estancado en el tráfico cuando escucha una ráfaga de disparos. Ve a hombres armados deteniendo los dos autos frente a él, así que le pidió al conductor que dé la vuelta, pero no logran huir sin ser percibidos.
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Francois Sinclair
"De la nada, me dispararon dentro de mi propio automóvil y había sangre por todas partes", nos cuenta sentado en una camilla de un hospital de trauma dirigido por Médicos Sin Fronteras (MSF). "Me podrían haber disparado en la cabeza", dice, "también había otras personas en el auto".
Tiene un vendaje en su brazo, donde una bala lo atravesó.
Le pregunto si alguna vez ha pensado en salir del país para escapar de la violencia. "Diez mil veces", responde. "Al final es mejor dejar este país por como estamos viviendo aquí".
Esa es una expresión que escuchamos una y otra vez.
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Claudette, de 37 años, perdió una pierna por culpa de un disparo que recibió durante un enfrentamiento entre pandilleros.
Las salas del hospital de MSF están llenas de víctimas de disparos, muchas de ellas alcanzadas por balas perdidas.
Está Claudette, de 37 años, que tiene un muñón recién vendado en lugar de la pierna izquierda. Me dice que ahora que es discapacitada no podrá casarse nunca. Cerca está acostada Lelianne, de 15 años, que está haciendo un crucigrama para pasar el tiempo. Le dispararon en el estómago.
"Mi mamá y yo salimos a comer", dice. "Mientras ordenábamos, sentí algo. Fue entonces cuando me caí y grité de dolor".
"No esperaba sobrevivir. Normalmente escucho disparos más lejos de mi casa. Ese día se acercaron".
Ni siquiera el último presidente en funciones de Haití no estaba seguro en su propia casa. Jovenel Moise fue asesinado a tiros por hombres armados en julio de 2021. La policía culpó a mercenarios colombianos, de los cuales unos 20 fueron arrestados. Pero más de un año después nadie ha sido juzgado por apretar el gatillo u ordenar el asesinato.
El asesinato del presidente creó un vacío que las pandillas han estado compitiendo por llenar, con la ayuda de sus amigos.
Los expertos aseguran que detrás de los grupos armados hay figuras políticas corruptas, tanto en el poder como en la oposición. Suministran a las bandas armas, financiación o protección política. A cambio, las pandillas hacen el trabajo sucio, generando miedo, apoyo o inestabilidad, según se requiera.
Los empresarios adinerados también tienen vínculos con las pandillas.
"Siempre ha habido relaciones entre políticos y algunas pandillas, ubicadas principalmente en barrios pobres con altos electorados. Pero desde las elecciones de 2011, esas relaciones se han institucionalizado", dice James Boyard, experto en seguridad y profesor de relaciones internacionales en la Universidad Estatal de Haití. "[Las pandillas] se utilizan como subcontratistas para crear violencia política".
Si un pandillero es arrestado, una llamada telefónica de sus patrocinadores puede liberarlo sin demora, y con sus armas. Los activistas de derechos humanos dicen que hay mucho crimen, pero no hay castigo.
"No hay procesamientos", dice Marie Rosy Auguste Ducena, de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití (RNDDH).
"Los jueces no quieren trabajar en estos casos. Son pagados por las pandillas. Y algunos policías son como un sistema de apoyo, porque les dan carros blindados y gases lacrimógenos", agrega la activista.
Otros son pandilleros, dice Gedeon Jean, del Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos de Haití. "Sabemos que hay por lo menos dos policías activos o retirados, en cada pandilla. Sabemos que los autos con placas de la policía se usan para secuestros. Si la policía, como institución, está involucrada, no lo sabemos".
Activistas de Derechos Humanos afirman que hay alrededor de 200 grupos armados en todo el país, más de la mitad de ellos en la capital.
La historia de un marido
Lo que ocurre aquí, a dos horas de Miami, va mucho más allá de la mera violencia. Es como si las pandillas de Puerto Príncipe estuvieran involucradas en un concurso de brutalidad, y cualquiera en esta ciudad de alrededor de un millón de almas pudiera convertirse en víctima.
Un hombre delgado de unos 30 años, que no tiene afiliaciones con pandillas, vino a contarnos lo que él y su esposa vivieron hace unos meses.
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Un hombre, cuya identidad no se revela por razones de seguridad, relató como su esposa fue violada por pandilleros en su propia casa.
Su vecindario está controlado por una pandilla, cuyos rivales perpetraron una matanza. Por su seguridad, no nombramos el área, o el grupo armado involucrado.
Cuando empezó a hablar, continuó durante 13 minutos sin parar, como si no pudiera contener sus palabras o su angustia.
"Me dije a mí mismo que esos disparos estaban demasiado cerca de nosotros y que deberíamos tratar de irnos", dice.
"Pero ya estaban asaltando el vecindario. Volví a entrar en la casa con mi esposa. Estaba tan asustado que estaba temblando. No sabía qué hacer. En su mayoría matan a hombres jóvenes. Mi esposa me escondió debajo de la cama y me cubrió con un montón de ropa. Mi sobrino estaba escondido en el armario", relata.
Pronto, los hombres entraron a la casa, golpearon a su esposa y exigieron información sobre los pandilleros locales. Cuando su sobrino trató de correr, le dispararon y lo mataron. El marido permaneció escondido y atormentado.
"Quería correr. Quería gritar", comenta.
"Lo que más me duele es cuando estaba debajo de la cama, pude escuchar a esos hombres violando a mi esposa. La estaban violando. Estaba debajo de la cama y no podía decir nada".
Posteriormente, su casa fue incendiada y él y su esposa huyeron hacia diferentes direcciones. Todavía viven separados, se quedan con amigos y parientes, pero él espera que puedan volver a establecerse en casa con su hijo pequeño.
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Cada vez con más frecuencia los criminales vienen haciendo uso de las violaciones a mujeres como herramienta para someter a las poblaciones que controlan.
Dice que lo que pasó "es una cicatriz que afecta el cuerpo y el alma". Su esposa ahora está embarazada, y no saben si él es el padre, o si es uno de los atacantes. De cualquier manera, dice que aceptará al niño y le dará su nombre.
"Lo que soporté no fue nada", dice. "Hay una señora que tenía un solo hijo. Le cortaron la garganta delante de ella. El joven no estaba en una pandilla".
Él y su esposa han sido despojados de casi todo, incluido el amor por su país. "Haití está borrado de nuestros corazones", dice. "Cualquier oportunidad que tengamos, nos iremos".
Eso lo derrumba, su pecho palpita mientras llora.
Los testimonios que he reunido aquí se encuentran entre los peores que he escuchado en más de 30 años como corresponsal extranjera, informando desde más de 80 países. Y parece que apenas hemos arañado la superficie.
En solo unos días conocí a 3 víctimas de violación en grupo, la más joven con solo 16 años. Ella y una familiar fueron violadas por los mismos atacantes, quienes luego amenazaron con quemarlas vivas dentro de su casa. La otra mujer estaba embarazada de seis meses cuando fue agredida. Mientras la atacaban, su esposo fue alejado para enfrentar su propia muerte. Meses después ella no ha podido encontrar el cuerpo.
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Las distintas bandas que actúan en Puerto Príncipe se han repartido la ciudad y los habitantes que viven en una zona evitan ir a la otra para evitar poner en riesgo su integridad física.
Las pandillas utilizan cada vez más la violación como arma. Apuntan a mujeres y niñas que viven en áreas controladas por sus rivales.
En julio, durante una guerra territorial en el distrito más pobre de Haití, el extenso Cite Soleil, más de 300 personas fueron asesinadas, la mayoría de los cuerpos fueron carbonizados, y al menos 50 mujeres y niñas fueron violadas en grupo, según dicen los activistas.
La Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos de Haití (RNDDH), que ha documentado las violaciones en Cite Soleil, dice que muchas sobrevivientes "lamentan estar vivas". 20 de ellas fueron violadas frente a sus hijos. 6 vieron cómo mataban a sus cónyuges antes de violarlas en grupo.
La familia G-9 y sus aliados son la federación de pandillas más poderosa de Puerto Príncipe. Fuentes locales dicen que tenían vínculos estrechos con el presidente asesinado y su partido de gobierno, su especialidad es la extorsión.
El G-9 bloqueó la principal terminal de combustibles de la ciudad en septiembre, paralizando el país durante casi 2 meses y desencadenando una crisis humanitaria.
Su líder es un expolicía llamado Jimmy Cherizier, apodado "Barbacoa", quien ocasionalmente da conferencias de prensa.
Solicitamos una entrevista -a través de intermediarios- pero no tuvimos respuesta. Puede que esté menos hablador en estos días porque recientemente fue sancionado por el Consejo de Seguridad de la ONU, acusado de amenazar la paz y la estabilidad de Haití.
Estados Unidos y Canadá acaban de sancionar a dos políticos haitianos, incluido el actual presidente del Senado, Joseph Lambert, por presunta colaboración con las pandillas.
Se espera que se agreguen más nombres a la lista de sanciones.
"Los criminales han tomado de rehén a un país"
Cuando Jean Simson Desanclos llegó a la calle desierta en el borde de un suburbio plagado de pandillas, no encontró nada de su familia excepto el armazón hecho cenizas de su Suzuki Negro. Los restos calcinados de su esposa y sus dos hijas ya habían sido llevados a la morgue.
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Por todo Puerto Príncipe se pueden observar secuelas de las acciones de las pandillas que controlan la capital haitiana.
Josette Fils Desanclos, de 56 años, llevaba a una de sus hijas, Sarhadjie, de 24, a la universidad, y a la otra, Sherwood Sondje, de compras para su cumpleaños. Estaba a punto de cumplir 29 años. Ambas jóvenes habían estudiado derecho al igual que su padre. Eran sus "princesas".
"El 20 de agosto lo perdí todo", dice. "Y no fue solo mi familia. En total, 8 personas murieron ese día. Fue una masacre".
Desanclos cree que su esposa e hijas resistieron un intento de secuestro y fueron baleadas por una notoria pandilla llamada 400 Mawazo que estaba expandiendo su territorio. "Les señalo con el dedo", dice.
Los asesinatos ocurrieron en las afueras de un área llamada Croix des Bouquet, que ya estaba bajo el control de la pandilla.
Él es abogado y activista de derechos humanos. Es de voz suave y vestir elegante. Ahora, es un hombre reservado, anhelando las voces que nunca volverá a escuchar.
"Siempre estás esperando una llamada de tu hija que te diga 'Papá esto' o 'Papá aquello'. Perdí al amor de mi vida y a las dos hijas que criamos en este difícil país. Es como si fueras multimillonario y de repente, eres pobre".
A pesar del riesgo que corre, busca justicia para su esposa e hijas. "La familia es algo sagrado. No perseguir la justicia sería traicionarlas", dice. "Mis hijas saben que su padre es un luchador, que nunca abandona a las personas y mucho menos a su propia familia. El riesgo es enorme, pero ¿qué más puedo perder ahora?"
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El activista Jean Simson Desanclos ha pasado a engrosar la lista de víctimas, pues perdió a su esposa y dos hijas a manos de delincuentes y ahora batalla por conseguir justicia para ellas también.
Él quiere que el mundo entienda una cosa sobre el Haití de hoy: que las pandillas tienen rienda suelta.
"Los delincuentes han tomado como rehén a un país", dice. "Ellos hacen sus propias leyes. Ellos matan. Ellos violan. Ellos destruyen".
Espera que sus hijas sean el "último sacrificio, las últimas jóvenes asesinadas". Pero sabe que su deseo no puede ser concedido.
En Haití, son las pandillas las que funcionan, en lugar del Estado. El primer ministro Ariel Henry ni siquiera puede llegar a su propia oficina porque los grupos armados controlan el área. Hicimos varias solicitudes para una entrevista con él, pero fueron rechazadas.
En la ONU se habla sobre la necesidad de una fuerza armada ajena a esa entidad en Haití, pero nadie parece tener prisa por liderarla, o incluso por participar.
Aquí las intervenciones extranjeras tienen mala fama y mala trayectoria. La última misión de la ONU es recordada por acusaciones de abuso sexual y por traer el cólera a Haití, a través de las fuerzas de paz de la ONU de Nepal.
La epidemia mató a unas 10.000 personas.
Hay opiniones encontradas sobre la idea de otra fuerza extranjera, con el apoyo de las élites, que han perdido el control de los grupos armados, y de aquellos atrapados en áreas controladas por pandillas. Hay oposición de los líderes de la sociedad civil que dicen que Haití necesita hacerlo solo.
Mientras la comunidad internacional debate y objeta, las masacres son como siempre para las pandillas.
La última atrocidad ocurrió en la entrada norte de Puerto Príncipe el 30 de noviembre. Según informes de los medios locales, algunos en el área vieron a hombres armados, vinculados a la 'pandilla 5 Seconds', que intentaban establecerse e informaron a la policía.
Los hombres armados tomaron represalias por la noche y mataron al menos a 12 personas. Algunos de los cuerpos fueron incinerados.
En el mapa de Puerto Príncipe, un área más está cambiando de verde a rojo.
Información adicional de Wietske Burema, Göktay Koraltan y André Paultre.
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