SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
Aplazan para enero revisión medida cautelar a empresario José Luis Asilis
El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó la revisión obligatoria a la medida en contra de Asilis, debido a que el imputado no fue trasladado hacia la Fiscalía del Distrito Nacional.
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- Fue aplazada para el 16 de enero, la medida de coerción cautelar que pesa en contra el empresario José Luis Asilis, acusado de fraude fiscal, estafa, asociación de malhechores y lavado de activos.
El Segundo Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional aplazó la revisión obligatoria a la medida en contra de Asilis, debido a que el imputado no fue trasladado hacia la Fiscalía del Distrito Nacional.
En agosto pasado, el juez Alejandro Vargas, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, impuso al empresario, como medida de coerción, arresto domiciliario, una garantía económica de cinco millones de pesos e impedimento de salida.
El empresario admitió esa vez que ha retenido impuesto en sus empresas y dijo que su intención nunca ha sido evadir impuestos.
El Ministerio Publico y los abogados de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) explicaron que la retención de impuestos está establecida en la ley, lo que implica cargo penal de seis meses a tres años de cárcel.
Ley de lavado de activos y financiamiento de partidos políticos
EDUARDO SANZ LOVATÓNAbogado y Profesor Universitario Socio - Gerente en Staff Legal y Miembro Dir. Ejecutiva del PRM
El pasado jueves 7 de junio participamos, junto a los colegas, Francisco Domínguez Brito, Samuel Bonilla, Pancho Álvarez y Fernando Henríquez, en un panel con el tema que encabeza este artículo. En el marco de ese encuentro discutimos la propuesta que hicieran varias organizaciones de la sociedad civil e instituciones al Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, de incluir a los Partidos Políticos como Sujetos Obligados de la Ley 155-17. La razón de estas organizaciones para solicitar formalmente que este órgano dicte el reglamento correspondiente para incluir a los partidos y agrupaciones políticas como Sujetos Obligados, es que los mismos estén en la obligación de adoptar un programa de cumplimiento, políticas y procedimientos para evaluar los riesgos de lavado de activos.
Comparto, y seguro que todo ciudadano de buena voluntad también, el ánimo que ha llevado a estas instituciones a hacer este pedimento: contar con los mecanismos jurídicos necesarios para la regulación del financiamiento de los Partidos Políticos. Es una realidad indiscutible que el financiamiento de las campañas políticas en nuestro país se ha caracterizado por la ausencia de un marco jurídico que regule los donativos del sector privado, siendo la muestra más clara la figura de “donación anónima”. El sistema de financiamiento público también está fuera de control ya que con la ley actual se hace prácticamente imposible auditar el uso de estos fondos. La regulación del financiamiento es una herramienta importante para restablecer la confianza de los ciudadanos en los actores políticos y en el proceso electoral. El hecho de que el financiamiento de los partidos políticos esté regulado ayuda a disminuir las posibilidades de que ocurran fraudes electorales, corrupción o prácticas injustas por parte de los partidos políticos y fomenta la democracia.
Sin embargo, en mi opinión, incluir a los Partidos Políticos como “Sujetos Obligados” carece de sustento jurídico en el marco de lo que la propia Ley contra el Lavado de Activos configura como tal. Y es que el vínculo de los partidos políticos con sus aportantes o donantes no tiene un carácter profesional, comercial o empresarial, cuya naturaleza podría suponer una operación de blanqueamiento, tal y como está definido en la ley. Es decir, los aportantes no son clientes de los partidos políticos para los que éstos últimos realicen actividades que puedan convertirlos en Sujetos Obligados.
Por otro lado, preocupa que la fiscalización de los Partidos Políticos se encuentre en manos de un órgano como el Comité de Lavado de Activos, que lo conforman funcionarios designados por el Poder Ejecutivo.
En lugar de sugerir la concepción de un nuevo Reglamento que regule el financiamiento de los Partidos, lo ideal es seguir motivando y, si se quiere, presionando públicamente a las autoridades competentes para que la Ley de Partidos Políticos sea ya una realidad.
Este proyecto que ha sido aprobado ya en el Senado es un instrumento legal de importancia cardinal, y representa, sin dudas, un punto de avance para la sociedad dominicana, precisamente por el sistema que impone de fiscalización de los fondos para financiamiento de los Partidos Políticos. El mismo contendrá regímenes de transparencia, rendición de cuentas, garantías y sanciones esenciales para el fortalecimiento de la democracia, como son:
1- La creación de la Unidad Especializada de Control Financiero de los Partidos y agrupaciones o Movimientos Políticos, para la supervisión de los recursos que son otorgados por el Estado.
2- La forma en que se deberán transparentar los fondos.
3- Se establecerá un tope de gastos y de aportes en precampañas.
4- Los partidos deben determinar claramente las contribuciones ilícitas.
Por estas razones, deviene improcedente el querer incluir a los Partidos Políticos como Sujetos Obligados, bajo las disposiciones de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Organizaciones solicitan incluir a los partidos políticos como sujetos obligados según la Ley de lavado de activos
El Centro Juan XXIII, el Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo SJ, la Fundación Masada, Santiago Somos Todos, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- La Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (ANJE), la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS), Participación Ciudadana, Capitulo Dominicano de Transparencia Internacional, solicitaran el lunes 21 de mayo, en una comunicación dirigida al Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, incluir como sujetos obligados de la Ley No 155-17 a los partidos políticos considerando el riesgo de lavado de activos de dichas entidades.
En la comunicación dirigida Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y enviando copia de la misma a la Junta Central Electoral, indicaron que “la Ley 155- 17 incluyó a diversos sectores como sujetos obligados, pero omitió incluir a los partidos políticos a pesar de que en su artículo 46 consideró a las Personas Expuestas Políticamente (PEP) como factores de alto riesgo en la actividad de lavado”.
Las organizaciones demostraron que es la propia ley 155-17 la que estableció en su artículo 33, párrafo único, que “Reglamentariamente, el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos podrá incluir como sujetos obligados, a quienes realicen otras actividades no incluidas en la presente ley y que se consideren que presenten riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo y, como tal, deban contar con mitigadores para impedir que sean utilizadas paran dichas actividades ilícitas.”
Las instituciones solicitan formalmente que el Comité Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, a que dicte el reglamento correspondiente para incluir a los partidos y agrupaciones políticas como sujetos obligados, a fin de que los mismos estén en la obligación de adoptar un programa de cumplimiento, políticas y procedimientos para evaluar los riesgos de lavado de activos, implementar metodologías de gestión de riesgo, realizar el monitoreo y los procesos de debida diligencia, designar oficiales de cumplimiento y cumplir con las demás obligaciones que establece la ley.
Las organizaciones de la sociedad consideraron la necesidad de adoptar medidas, políticas, normas, que en su implementación y cumplimiento garanticen los controles necesarios para prevenir y controlar la penetración del crimen organizado en la actividad política y, en ese sentido, es necesario contar con mecanismos para regular el financiamiento de los partidos políticos.
Expresaron en un comunicado que “el financiamiento político sin control es la puerta de entrada del lavado de activos condicionando su funcionamiento y capturando las estructuras del Estado, penetrándola para facilitar la actividad del narcotráfico y el crimen, deformando la competencia electoral, la representación y desmantelando el sistema democrático y los cimientos del Estado social democrático de derechos”.
Entidades piden incluir a los partidos políticos en la Ley de Lavado de Activos Por: El Día Redaccion@eldia.com.do 22 mayo, 2018 12:05 am Donald Guerrero
SANTO DOMINGO.-Regulación. Varias organizaciones de la sociedad civil y asociaciones empresariales solicitaron al Ministro de Hacienda, en su condición de presidente del Comité Nacional contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, incluir a los partidos políticos como sujetos obligados de la Ley n.º 155-17, para prevenir que esas organizaciones puedan ser financiadas con recursos de procedencia ilegal.
La solicitud fue hecha mediante una carta dirigida al ministro Donald Guerrero, en la cual plantean que “es necesario contar con mecanismos para regular el financiamiento de los partidos políticos”.
Entre las organizaciones están el Centro Juan XXIII, Participación Ciudadana, la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y la Anje.
http://eldia.com.do/entidades-piden-incluir-a-los-partidos-politicos-en-la-ley-de-lavado-de-activos/
Juana F. Rodríguez Sierra | 19 enero, 2018 La DGII advierte Ley de Lavado de Activos castiga delito tributario
Rafael Díaz, José Luis Corripio Estrada (Pepín), Iván García, Magín Díaz, el director de la Policía Nacional, mayor general Ney Aldrin Bautista, y el ingeniero Manuel Estrella, durante el desayuno de gala de la Federación Dominicana de Comerciantes, en el que el director general de la Dirección General de Impuestos Internos fue el orador principal.
El director general de Impuestos Internos advirtió a las empresas y personas físicas que deben ser cuidadosas con el tema de la evasión, ya que el delito tributario es penalizado a través de la ley 155-17 sobre el “lavado de activos y el financiamiento del terrorismo”.
Magín Díaz aseguró que son considerados como delitos tributarios la defraudación tributaria, la elaboración y comercio clandestino de productos sujetos a impuestos y la fabricación y falsificación de especies o valores fiscales.
El funcionario de la institución recaudadora del Estado dijo que la lucha contra la evasión es una herramienta importante para la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), por lo que muchas empresas acuden en esa práctica por desconocimiento.
Díaz se refirió al tema al exponer en el desayuno de gala con motivo del 43 aniversario de la fundación de la Federación Dominicana de Comerciantes (FDC) donde participaron también el presidente del Grupo Corripio, José Luis Corripio Estrada (Pepín); el presidente del Grupo Estrella, Manuel Estrella; el director de la Policía Nacional, Ney Aldrin Bautista; el presidente de la Asociación de Industriales de Herrera (AEIH), Antonio Taveras Guzmán, y representantes de asociaciones de comerciantes de todo el país.
De acuerdo con el artículo 236 del Código Tributario, incurre en defraudación el que, mediante simulación, ocultación, maniobra o cualquier otra forma de engaño, intente inducir a error al sujeto activo en la determinación de los tributos, con el objeto de producir o facilitar la evasión total o parcial de los mismos.
“El tema es que ahora el que incurra en defraudación tributaria puede ser sometido por el Código Tributario, por defraudación, pero podría ser sometido por lavado, en vista de que es un delito precedente del lavado de activos”, explicó Díaz.
Piden poner fin a cesantía
El presidente de la FDC, Ivan de Jesús García, dijo que el costo legal y social laboral representa entre el 42 y 50 por ciento del salario en la República Dominicana, dependiendo del tiempo de permanencia que tenga el trabajador cuando se va a liquidar, lo que constituye un factor de destrucción de la competitividad de las empresas dominicanas.
Reconoció que los derechos adquiridos de los trabajadores, como lo establece la propia ley 87-01, son una realidad que la organización apoya.
“Pero tenemos que colocarle este año su límite, y que se nos reconozca en los estados financieros el pasivo laboral acumulado para poder reservar estos fondos para los empleados”, indicó.
“Todos queremos que existan empresas viables (Gobierno, empleados) y que responda a las exigencias de los nuevos tiempos, por esta razón tenemos que poner fin a esta doble aportación, pues antes de la 87-01, la cesantía cumplía un papel de la mayor importancia para el trabajador, en los casos en que quedaba desempleado, pero ahora el Seguro de Desempleo cumple esta función. Este Seguro que contempla la misma ley 87-01, es otro aspecto que se debe aplicar de inmediato, con lo que la cesantía deja de tener sentido y justificación”, agregó.
El directivo de la FDC fue reiterativo en afirmar que 2018 es propicio para abordar el tema de la modificación al Código de Trabajo, y de manera muy especial el de la cesantía, pues como lo contempla la ley 87-01 en su artículo 50, ésta debió revisarse a más tardar en noviembre del 2003. “Han pasado ya más de catorce años sin que se atienda un aspecto tan relevante, que impacta de manera directa las finanzas de las pequeñas y medianas empresas, además de constituirse en un retranca para su desarrollo, porque el pasivo laboral, en adición al peso financiero que representa, en la mayoría de los casos impide que se prescinda de un mal trabajador, lo que afecta al clima laboral y por ende, a la productividad”, expresó.
Resaltan rol del comercio
El ministro de Industria y Comercio, Nelson Toca Simó, resaltó el rol del comercio en la economía dominicana, del que dijo es indiscutible.
Sostuvo que el comercio tiene una marcada incidencia en el crecimiento económico porque representa alrededor del 10% del PIB. “El sector comercio lidera en participación a nivel de generación de empleos dentro del segmento micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) con un 44% del total de personas empleadas, y el comercio es también la actividad donde más unidades (43.1%) iniciaron como microempresas y crecieron hasta convertirse en pequeñas o medianas, por encima de las empresas de servicios y de manufactura”, sostuvo.
El ministro Toca Simó informó que próximamente estará en operación el rediseño del actual Programa Simplificado de Tributación, en donde las microempresas tendrán una tasa única del pago del impuesto sobre la renta y el ITBIS en cómodas cuotas durante el año, sin tener que pagar anticipos, ni la necesidad de enviar a la administración tributaria formularios como el 606, 607 y 608 normalmente exigidos en el régimen ordinario.
“Esto, sin lugar a dudas, será un gran respiro para estos negocios, que a partir del primer trimestre de este año, con la entrada en vigencia de este nuevo régimen, podrán enfocar más sus esfuerzos en la eficiencia en sus operaciones, la expansión de sus ventas y la conquista de nuevos mercados y dejar atrás la mortificación e incertidumbre del cumplimiento efectivo de sus deberes tributarios”, expuso Toca Simó.
Varios empresarios del país participaron en el desayuno de gala de la Federación Dominicana de Comerciantes.
Código primer empleo
El empresario José Luis Corripio Estrada expresó que se debe crear un código de primer empleo, para que jóvenes profesionales accedan a puestos laborales.
Dijo que ese código es fundamental, de lo contrario nunca “vamos a tener gente joven trabajando y la consecuencia la vamos a tener todos, porque no hay conflicto social que se pague con una parte”.
Indicó que uno de los grandes problemas del país es el desempleo. “El Estado no puede seguir creando empleos para suplir las necesidades de empleo, el sector privado es el responsable de crear el empleo y el Estado propiciar los medios para que así sea, y estimular al empresario contribuyente al Estado.
Reconocen labor de varios empresarios
Durante el acto fueron reconocidos varios comerciantes, entre ellos Don Abel Lachapelle, empresario que ha pasado por todos los escalones del comercio desde una pequeña farmacia hasta convertirse en la cabeza de uno de los principales grupos económicos en el sector Electrodomésticos y Muebles; y Eddy Peña, de Moca.
En el acto también se reconoció la excelencia periodística en Comunicación y Desarrollo, al periodista Amílcar Nivar, subeditor de Economía del periódico Diario Libre; así como a la familia Corripio por sus 100 años de vida comercial en República Dominicana.
La información bancaria de contribuyentes
Magín Díaz expresó que la ley 155-17 faculta acceder a información bancaria de todos los contribuyentes sin necesidad de una orden judicial. Agregó que actualmente se elaboran cinco normas generales que establecen disposiciones en materia de prevención de lavado. “Se han realizado acuerdos de cooperación entre la Superintendencia de Bancos y la Superintendencia de Valores, a los fines de coordinar la supervisión conjunta de las fiduciarias y sus fideicomisos”, explicó el funcionario durante la actividad. http://www.elcaribe.com.do/2018/01/19/la-dgii-advierte-ley-de-lavado-de-activos-castiga-delito-tributario/