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Aduanas detecta pasajero que intentó ingresar US$350,352.00 sin declarar en el Aeropuerto Internacional del Cibao
La detección se realizó mediante equipos de inspección no intrusiva (rayos X) y el caso está bajo investigación del Ministerio Público.
Santo Domingo, R.D., 24 de marzo de 2026. — La Dirección General de Aduanas (DGA) informó que, durante labores de control en el Aeropuerto Internacional del Cibao, fue detectado un pasajero que intentó introducir al país la suma de US$350,352.00 sin realizar la declaración correspondiente ante la autoridad aduanera.
Ante este hallazgo, el Ministerio Público, en coordinación con la DGA y otros organismos de seguridad del Estado, inició las investigaciones correspondientes para determinar la procedencia de los fondos, establecer responsabilidades y agotar los procedimientos previstos por la normativa aplicable.
La DGA recordó que toda persona que ingrese o salga del país con dinero en efectivo, títulos o valores al portador por un monto superior a US$10,000 (o su equivalente en otras monedas) está obligada a declararlo mediante el formulario dispuesto para tales fines y a presentar documentación que justifique su procedencia lícita. Asimismo, la institución reiteró que el marco legal vigente contempla consecuencias por eludir el control aduanero o omitir la declaración de valores, en consonancia con las disposiciones de la Ley General de Aduanas y los estándares de prevención de ilícitos financieros.
“Estas acciones forman parte de una política de Estado orientada a proteger la seguridad, la transparencia y la integridad del sistema económico, fortaleciendo el control del flujo de mercancías y valores en puertos y aeropuertos, con apoyo en tecnología, inteligencia y perfilamiento de riesgo”, indicó la DGA.
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La institución reafirmó su compromiso de continuar robusteciendo la vigilancia y el control en los puntos de entrada y salida del país, en coordinación interinstitucional, para contribuir a la facilitación del comercio lícito y la prevención de actividades ilícitas.
Recordatorio al viajero: Si transporta más de US$10,000 (o su equivalente), declare a su llegada o salida conforme a las disposiciones de la DGA.
Para más información: Manual del Viajero DGA: https://www.aduanas.gob.do/manual-del-viajero/
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EDITORIAL
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
La reciente detección de US$350,352.00 que un pasajero habría intentado ingresar a la República Dominicana sin declararlos en el Aeropuerto Internacional del Cibao vuelve a colocar sobre la mesa una realidad que a veces se pasa por alto: en los puntos de entrada del país no solo se controla equipaje, también se protege la integridad del sistema económico y la seguridad nacional. En un mundo donde el crimen organizado, la evasión y las redes de lavado se alimentan de opacidad, el control aduanero no es una formalidad: es una línea de defensa del Estado.
Conviene subrayar un punto esencial: transportar dinero no es ilegal por el simple hecho de ser una suma alta; lo que convierte el acto en un problema es omitir la declaración cuando la normativa lo exige. En la República Dominicana, la propia Dirección General de Aduanas (DGA) indica que si una persona ingresa o sale con más de US$10,000 (o su equivalente en otra moneda), está obligada a declararlo y a presentar documentación que justifique la procedencia lícita de esos valores. Esta obligación no es caprichosa: es un estándar internacional de control que busca impedir que el dinero sin trazabilidad se convierta en combustible para delitos financieros.
Pero el debate de fondo va más allá del hallazgo puntual. La pregunta estratégica es: ¿qué se protege cuando se exige declarar? Se protege la competencia leal, la confianza en el sistema financiero, la reputación del país como destino de inversión y el cumplimiento de compromisos internacionales. La Ley General de Aduanas contempla como contrabando eludir el control aduanero al introducir o extraer del territorio nacional valores por encima del umbral establecido sin declararlos o declararlos falsamente. Y la legislación antilavado (Ley 155-17) refuerza la obligación de declarar ciertos instrumentos o valores cuando se exceden límites definidos, precisamente para crear trazabilidad y permitir verificación. En resumen: declarar no es un castigo; es un mecanismo de transparencia.
A veces la ciudadanía interpreta estas medidas como un “peaje” o una barrera, pero la DGA ha sido clara: no se cobran impuestos por portar dinero; lo que se exige es declaración cuando se supera el umbral y, de ser necesario, documentación que sustente su origen lícito. Esa distinción es crucial para educar al viajero y para evitar que la desinformación alimente narrativas injustas contra los controles. En realidad, el objetivo es impedir que la frontera se convierta en un coladero para capitales sin identidad, sin destino claro y sin explicación verificable.
Este caso, además, sirve para recordar que la seguridad económica es parte de la seguridad nacional. En un país que apuesta por ser hub logístico y nodo regional de comercio y servicios, la reputación se construye con reglas claras y cumplimiento coherente. La inversión seria —la que crea empleo, innova y paga impuestos— huye de países donde el dinero entra y sale sin preguntas. Por eso, cada acción efectiva de control fortalece la narrativa de un Estado que se toma en serio la integridad de sus fronteras y la trazabilidad de los flujos.
Ahora bien, el éxito de la política pública no se mide solo por decomisos o retenciones; se mide por prevención. Y la prevención comienza con algo simple: información clara para el viajero. La DGA mantiene un Manual del Viajero que especifica con precisión que el efectivo superior a US$10,000 debe declararse al entrar o salir del país. Si esa información se socializa mejor —aerolíneas, aeropuertos, señalización, campañas digitales— se reduce la “excusa del desconocimiento” y se promueve una cultura de cumplimiento. La transparencia no solo es del Estado hacia la ciudadanía; también es de los usuarios hacia el Estado cuando manejan montos relevantes.
Finalmente, hay una lección institucional que no debe perderse: el Estado debe actuar con firmeza, sí, pero también con proporcionalidad y legalidad. La confianza se refuerza cuando la ciudadanía ve que los controles son reales, que la investigación se hace sin privilegios y que los procedimientos se aplican con estándares, no con improvisación. Y, a la vez, se protege el nombre de quienes pudieran resultar inocentes, porque el debido proceso no es un detalle: es la base de la justicia.
En síntesis, la detección de estos fondos no declarados es una noticia que debe leerse como lo que es: un recordatorio de que la frontera es un espacio de soberanía, y que la transparencia financiera no es un lujo, sino una condición mínima para proteger la economía, la seguridad y la institucionalidad. Y en ese terreno, cuando el dinero pretende entrar sin declarar, la respuesta correcta del Estado es la que se espera de una democracia moderna: control, investigación y ley.
e inspección no intrusiva que opera el personal de la DGA en dicha terminal, quienes se percataron de una irregularidad en uno de los equipajes de dicho pasajero.
++++++++++++++++++++🚨✈️ #ControlAduanero y transparencia en nuestros aeropuertos 🇩🇴@aduanard detectó en el @aeropuertocibao a un pasajero que intentó ingresar US$350,352.00 💵 sin declarar, equivalentes a más de RD$20.9 millones https://t.co/dPSEx1HMq8#AduanasRD #RayosX #Contrabando @nelsonarroyo pic.twitter.com/pV8omeAWQX
— Orlando Díaz, Luis (@LuisOrlandoDia1) March 24, 2026
