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viernes, 12 de junio de 2026

Yayo y CECCOM destruyen casi 20 millones de productos ilegales en protección de la salud y el comercio lícito


Yayo y CECCOM destruyen casi 20 millones de productos ilegales en protección de la salud y el comercio lícito

Incineran millones de cigarrillos, medicamentos y estimulantes sexuales ilícitos, además vertieron decenas de miles de bebidas alcohólicas, con un valor estimado de RD$394 millones.

Santo Domingo, R.D., 9 de junio de 2026. – El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), a través de su brazo operativo, el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM), encabezó la destrucción de 19,958,898 unidades de mercancías ilegales, valoradas en RD$394 millones, en cumplimiento de la Ley núm. 17-19 sobre la Erradicación del Comercio Ilícito, Contrabando y Falsificación de Productos Regulados.

Entre las mercancías incineradas se incluyen cigarrillos y tabacos premium de contrabando, bebidas alcohólicas adulteradas y de procedencia ilegal, medicamentos vencidos, falsificados o adulterados, así como estimulantes sexuales comercializados de manera ilícita.

“El tejido productivo y el comercio formal pueden estar seguros de que este ministerio, junto a las demás entidades que nos apoyan y que participan en la Mesa de Ilícitos, será una barrera permanente contra el comercio ilícito y un escudo para la salud de los dominicanos”, manifestó el ministro de Industria, Comercio y Mipymes, Eduardo “Yayo” Sanz Lovatón, durante el acto de destrucción.

El funcionario destacó que, gracias al fortalecimiento del control en los puntos de origen, los decomisos estratégicos y las campañas preventivas ejecutadas por el MICM y el CECCOM, desde el año 2022 se mantiene en cero la tasa de letalidad por ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas en el país.


Esta acción, realizada bajo los lineamientos de la Mesa de Ilícitos y con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Dirección General de Medicamentos, Alimentos y Productos Sanitarios (DIGEMAPS), la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Dirección General de Aduanas (DGA) y Pro Consumidor, impacta directamente a las redes criminales dedicadas a la comercialización de productos ilegales y reafirma el compromiso del Estado dominicano con la protección de la economía formal y la salud pública.

La actividad contó con la presencia de diversas autoridades, entre ellas Nelson Arroyo, director general de Aduanas; Juan Gómez, representante de la Embajada de los Estados Unidos; Eddy Alcántara, director ejecutivo de Pro Consumidor; Abdias Ortiz Agredo, agregado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP), y Néstor Matos, director del Instituto Dominicano para la Calidad (INDOCAL).


Asimismo, participó el general Miguel Ángel Rubio Báez, ERD, viceministro de Defensa para Asuntos Militares, junto a otros representantes de organismos castrenses.

Por parte del sector privado, estuvieron presentes Erick Salvador Pérez del Toro, gerente de Ilícitos de Philip Morris; Circe Almánzar, en representación de la Asociación Dominicana de Productores de Ron (ADOPRON); José Moriel Pierret, gerente nacional de ventas de la tabacalera AJT, y Miguel Tejada, de Laboratorios Troyano.

El director del CECCOM, general de brigada Orlando Jerez Espaillat, ERD, informó que entre el 9 de enero y la fecha, esa entidad ha decomisado en todo el territorio nacional cerca de 20 millones de unidades de mercancías vinculadas al comercio ilícito.

Igualmente, valoró el respaldo de la Procuraduría General de la República, la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos contra la Salud, la Unidad de Investigación de Comercio Ilícito (UICI) y la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI), cuya labor conjunta ha sido clave para alcanzar estos resultados.

En cuanto al detalle de los productos destruidos, se incineraron 8,794,769 unidades de fármacos falsificados, vencidos o adulterados; 11,061,709 unidades de cigarrillos; y 54,225 botellas de bebidas alcohólicas.

Asimismo, fueron destruidas 35,042 unidades de estimulantes sexuales, así como un lote de cigarros premium (puros) valorado en RD$6,111,500.

Este operativo se suma a la jornada realizada en enero del presente año, en la que fueron destruidas más de 24 millones de unidades ilícitas, valoradas en RD$392 millones. Con ambas acciones, el acumulado del período enero-junio asciende a más de 43,962,131 mercancías incineradas, con un valor global superior a RD$785,833,188.

Desde la promulgación del Decreto núm. 55-21, que amplió el alcance del CECCOM, el MICM y las instituciones que integran la Mesa contra el Comercio Ilícito —Ministerio Público, DGII, DGA y Pro Consumidor—, junto a gremios empresariales como la Asociación de Industrias de la República Dominicana (AIRD) y la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), han decomisado más de 206,930,676 unidades de mercancías ilícitas, valoradas en RD$8,894 millones, consolidando un récord histórico en la lucha nacional contra el contrabando y la falsificación de productos.

Yayo @SanzLovaton | Hoy junto al @CECCOMRD encabezamos la destrucción de casi 20 millones de unidades de mercancías ilícitas valoradas en más de RD$394 millones que representan un riesgo para la población. Esta acción fue posible gracias al trabajo conjunto del @MIC_RD , el @CECCOMRD , @aduanard , @MDefensaRD , @digemaps , la @DGii , @ProConsumidorRD , la @ProcuraduriaRD , la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos contra la Salud, la Unidad de Investigación de Comercio Ilícito (UICI) y la Unidad de Propiedad Intelectual (UPI). 

Seguimos fortaleciendo la Mesa contra el Comercio Ilícito para proteger la salud pública, defender el comercio formal y cerrar espacios a las redes que afectan nuestra economía y la seguridad de los consumidores. https://x.com/SanzLovaton/status/2064470896560025870?s=20

miércoles, 20 de mayo de 2026

Corresponsabilidad sin coartadas: cuando el desarrollo se firma en la misma mesa

Corresponsabilidad sin coartadas: cuando el desarrollo se firma en la misma mesa

En el almuerzo empresarial de AMCHAMDR, la primera dama Raquel Arbaje defendió una tesis tan sencilla como exigente: la República Dominicana no puede aspirar a un desarrollo sostenible si Estado, empresa y sociedad siguen actuando como compartimentos estancos. La cooperación debe convertirse en método, con metas verificables, responsabilidades claras y resultados medibles.

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

En la vida pública dominicana abundan las palabras que suenan bien y, sin embargo, cambian poco. “Alianza” es una de ellas: se pronuncia en discursos, se imprime en memorias institucionales y se invoca en los momentos de crisis. Pero alianzas reales —las que transforman capacidades dispersas en soluciones sostenibles— son menos frecuentes de lo que quisiéramos admitir. Por eso, el mensaje de la primera dama Raquel Arbaje en el almuerzo empresarial de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), celebrado el 19 de mayo de 2026 con la presencia del presidente Luis Abinader, merece leerse con lentes estratégicos, no protocolares. 

Arbaje tituló su ponencia “Alianzas y corresponsabilidad: claves para el desarrollo”, y en esa combinación de términos está la diferencia entre un gesto y una política. La alianza, por sí sola, puede quedarse en el terreno de la buena voluntad. La corresponsabilidad, en cambio, obliga a rendición de cuentas: ¿quién hace qué?, ¿con qué recursos?, ¿en qué plazos?, ¿bajo qué estándares?, ¿con qué evidencia de impacto? En un país donde muchas iniciativas mueren al cambiar la coyuntura, el llamado a la corresponsabilidad es, en el fondo, un llamado a la continuidad institucional y a la cultura de resultados. 

La primera dama fue directa al desmontar una confusión recurrente: reducir la cooperación público‑privada a un asunto de financiamiento. “Las alianzas público‑privadas no son un mero mecanismo de financiamiento. Son, ante todo, el reconocimiento de que los grandes desafíos de una sociedad nos conciernen a todos”, afirmó. Esa frase, más que un eslogan, encierra una advertencia: si concebimos las alianzas como cheques y no como diseño de soluciones, terminaremos comprando eventos y no construyendo capacidades. Y el desarrollo, cuando es auténtico, se expresa precisamente en capacidades: instituciones que coordinan, empresas que innovan con propósito, comunidades que participan y evalúan, y una ciudadanía que exige transparencia. 

En ese marco, Arbaje colocó al empresariado dominicano en un rol que la discusión pública suele caricaturizar. Ni “salvador” que sustituye al Estado, ni “donante” periférico que se limita a patrocinar causas: actor transformador cuando aporta experiencia, redes, logística, gestión y escalabilidad a iniciativas sociales con objetivos concretos. Esta idea eleva el debate desde la filantropía ocasional hacia la inversión social estratégica, donde importan la gobernanza, la medición del impacto y la sostenibilidad financiera. Es, también, una invitación a que la responsabilidad social empresarial deje de ser un apéndice reputacional y se convierta en un componente serio de la competitividad nacional. 

Los ejemplos citados por la primera dama aportan materialidad a esa visión. Desde la Oficina de la Primera Dama y el programa “Uniendo Voluntades”, mencionó iniciativas enfocadas en niñez, adolescencia, salud y fortalecimiento comunitario: implantes cocleares para niños y niñas con hipoacusia severa; el Pabellón Oncopediátrico Uniendo Voluntades en el INCART; y la recuperación de parques y espacios públicos en comunidades vulnerables. No son “hitos” para la vitrina: son intervenciones donde el impacto se mide en vidas que oyen, tratamientos que llegan, entornos que se recuperan, tejidos comunitarios que se recomponen. Y eso exige algo que el país ha aprendido con esfuerzo: inaugurar es fácil; sostener es lo difícil. 

Si la corresponsabilidad fuera solo un concepto moral, quedaría encerrada en la retórica. Pero Arbaje la presentó como una herramienta práctica para enfrentar problemas complejos que no se resuelven con decretos ni con campañas de temporada. La política social seria demanda convergencia: recursos públicos bien orientados, capacidades privadas alineadas, organizaciones sociales con conocimiento del territorio, y mecanismos de seguimiento que eviten la duplicidad y la dispersión. En términos económicos, la corresponsabilidad reduce desperdicios, mejora la asignación del gasto y convierte recursos fragmentados en capacidades coordinadas; en términos institucionales, fortalece confianza y reduce vulnerabilidad ante el cortoplacismo.

La mención al Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) refuerza ese punto. Arbaje resaltó avances vinculados a la reducción de embarazos en adolescentes y uniones tempranas, atribuibles a la articulación entre instituciones públicas, organizaciones sociales y sector privado. Que este tema se discuta en un foro empresarial no es accesorio: es un reconocimiento de que el desarrollo humano no es un “tema social” separado del crecimiento, sino su condición de posibilidad. Un país que no protege a su niñez paga la factura en productividad, salud pública, informalidad, violencia y reproducción intergeneracional de la pobreza. La competitividad —esa palabra que a veces reducimos a indicadores macro— empieza donde se forma el capital humano y donde se protegen trayectorias de vida.

También es relevante el giro institucional que la primera dama explicó: la eliminación del antiguo Despacho de la Primera Dama para dar paso a una oficina más ágil, enfocada en articular esfuerzos entre sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales, con resultados concretos en comunidades vulnerables. En un Estado frecuentemente tentado por la forma y el ceremonial, apostar por una estructura orientada a coordinación y ejecución es un mensaje político-administrativo: menos simbolismo, más utilidad pública. Pero esa apuesta solo se valida con evaluación constante: qué funciona, qué no funciona, cuánto cuesta, qué se escala y qué se corrige. 

Desde esa misma lógica, el llamado al empresariado a involucrarse en proyectos de impacto social debe interpretarse como una invitación a institucionalizar la participación privada más allá de coyunturas. Y aquí conviene elevar el estándar: no se trata de pedir “más apoyo”, sino mejor apoyo; no de multiplicar iniciativas, sino de concentrarlas donde el retorno social sea mayor; no de dispersar esfuerzos, sino de alinear prioridades nacionales y territoriales. El sector privado, por sí solo, no puede sustituir al Estado; el Estado, por sí solo, no puede replicar la potencia organizativa, tecnológica y logística del sector privado. La clave está en diseñar el espacio de cooperación donde ambos ganan y donde, al final, la ciudadanía recibe el dividendo más importante: servicios, oportunidades y confianza. 

En última instancia, la intervención de Raquel Arbaje propone una normalización necesaria: el desarrollo no es la suma de esfuerzos aislados, sino la coordinación de responsabilidades compartidas. “Cuando distintos sectores deciden sentarse en una misma mesa con un propósito común, los resultados llegan”, sostuvo. Esa es la tesis: el país no necesita más discursos sobre progreso; necesita acuerdos operativos, con métricas y continuidad, donde cada actor responda por su parte y todos respondan por el resultado. La corresponsabilidad, entendida con rigor, es la vacuna contra dos tentaciones que nos han costado décadas: el estatismo que promete sin capacidad y el privatismo que crece sin cohesión. Entre ambos extremos existe un camino más exigente —pero más sostenible—: construir nación como proyecto común, firmado en la misma mesa y verificado en la vida real. 

Luis Orlando Díaz Vólquez
#GuasábaraEditor  

Primera dama Raquel Arbaje resalta las alianzas y la corresponsabilidad como claves para el desarrollo en almuerzo de AMCHAMDR

Primera Dama, Raquel Arbaje
Primera dama Raquel Arbaje resalta las alianzas y la corresponsabilidad como claves para el desarrollo en almuerzo de AMCHAMDR

El almuerzo contó con la presencia del presidente Abinader.
19 de Mayo 2026 | Institucionalidad

Santo Domingo.- La primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje de Abinader, afirmó que ningún país alcanza un desarrollo sostenible sin una sólida alianza entre el sector público y el sector privado, durante su participación como oradora invitada en el almuerzo empresarial organizado por AMCHAMDR.

Bajo el título de su ponencia, “Alianzas y corresponsabilidad: claves para el desarrollo”, Arbaje destacó el potencial transformador del empresariado dominicano cuando pone sus capacidades, experiencia y redes de colaboración al servicio de iniciativas sociales orientadas a mejorar la calidad de vida de las personas. 

“Las alianzas público-privadas no son un mero mecanismo de financiamiento. Son, ante todo, el reconocimiento de que los grandes desafíos de una sociedad nos conciernen a todos”, expresó la primera dama durante su intervención. 

Durante su ponencia, Arbaje compartió experiencias e iniciativas impulsadas desde la Oficina de la Primera Dama y el programa “Uniendo Voluntades”, enfocados en la niñez, la adolescencia, la salud y el fortalecimiento comunitario. Entre estos, destacaron los programas de implantes cocleares para niños y niñas con hipoacusia severa, el desarrollo del Pabellón Oncopediátrico Uniendo Voluntades en el Incart, así como proyectos de recuperación de parques y espacios públicos en comunidades vulnerables. 

Asimismo, resaltó los avances alcanzados a través del Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), particularmente en la reducción de embarazos en adolescentes y uniones tempranas en el país, gracias a la articulación entre instituciones públicas, organizaciones sociales y el sector privado. 

“Las alianzas público-privadas no son un mero mecanismo de financiamiento. Son, ante todo, el reconocimiento de que los grandes desafíos de una sociedad nos conciernen a todos”, expresó la primera dama durante su intervención. 

Asimismo, reflexionó sobre el rol que ha asumido como primera dama desde el inicio de la gestión gubernamental, destacando que su visión siempre estuvo enfocada en construir una estructura cercana, humana y útil para la población. En ese sentido, explicó que la eliminación del antiguo Despacho de la Primera Dama permitió dar paso a una oficina más ágil y enfocada en articular esfuerzos entre el sector público, privado, la sociedad civil y organismos internacionales para generar resultados concretos en beneficio de las comunidades más vulnerables.

Durante su intervención, la primera dama también hizo un llamado directo al empresariado dominicano a involucrarse activamente en proyectos de impacto social, destacando que cada empresa puede convertirse en un actor clave en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. “Cada empresa, grande o mediana, puede ser un eslabón en esta cadena de solidaridad activa”, expresó Arbaje, al exhortar al sector privado a sumarse a iniciativas vinculadas a salud, niñez, educación y recuperación de espacios comunitarios.

Por su parte, la presidenta de AMCHAMDR, Francesca Rainieri, destacó la importancia de reconocer el impacto transformador del liderazgo femenino en la formación de valores, capacidades y capital humano, señalando que el desarrollo sostenible de una nación comienza en las personas. 

“Cuando hablamos de productividad, competitividad y desarrollo sostenible, estamos hablando, en el fondo, de lo que sucede primero en el hogar y en la educación”, expresó Rainieri durante sus palabras de bienvenida. 

Rainieri también anunció la tercera edición del Diplomado de Liderazgo Ejecutivo para Mujeres de AMCHAMDR, una iniciativa diseñada para fortalecer habilidades, generar conexiones estratégicas y continuar impulsando el liderazgo femenino en el país. 

Este almuerzo fue posible gracias al apoyo de las empresas del Círculo Élite de AMCHAMDR: Citi, Grupo Rica, Squire Patton Boggs, INICIA, AES Dominicana, Grupo Humano, HIT Puerto Río Haina, Grupo SID, Grupo Puntacana, Altice Dominicana, Grupo Estrella, Grupo Viamar, DP World, Claro Dominicana, Banco Santa Cruz y Cervecería Nacional Dominicana.

https://presidencia.gob.do/noticias/primera-dama-raquel-arbaje-resalta-las-alianzas-y-la-corresponsabilidad-como-claves-para

🤝 Alianzas que transforman vidas
La primera dama @raquelarbaje destacó que el desarrollo sostenible solo es posible cuando el sector público y privado trabajan unidos con corresponsabilidad 💡🇩🇴
Durante el almuerzo de AMCHAMDR, resaltó iniciativas como Uniendo Voluntades, el impulso a la niñez, la salud 👩‍👧‍👦🩺 y la recuperación de espacios comunitarios 🌳
💬 “Cuando unimos esfuerzos, transformamos realidades y abrimos caminos de esperanza.”
Con la presencia del presidente @luisabinader, se reafirma el compromiso de construir un país más justo, inclusivo y solidario 🙌
@AMCHAMDR

#RaquelArbaje #PrimeraDama #AMCHAMDR #DesarrolloSostenible #Alianzas #Corresponsabilidad #SectorPrivado #SectorPublico #Niñez #Salud #RDAvanza #Institucionalidad #LiderazgoFemenino 


Corresponsabilidad sin coartadas: cuando el desarrollo se firma en la misma mesa

En el almuerzo empresarial de AMCHAMDR, la primera dama Raquel Arbaje colocó una idea incómoda y a la vez urgente: el desarrollo sostenible no se proclama, se construye con alianzas verificables, roles claros y una ética de corresponsabilidad donde el Estado, la empresa y la sociedad civil dejan de mirarse como “partes” y empiezan a actuar como “sistema”.

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

El país vive una paradoja que a menudo nos cuesta reconocer: sabemos lo que hay que hacer, pero no siempre hemos aprendido a hacerlo juntos. En ese contexto, el mensaje de Raquel Arbaje en el almuerzo de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), con la presencia del presidente Luis Abinader, no debe leerse como un discurso ceremonial, sino como un recordatorio estratégico: ningún modelo de crecimiento se sostiene si no convierte la cooperación público‑privada en un método, no en una excepción. 

Arbaje tituló su ponencia “Alianzas y corresponsabilidad: claves para el desarrollo” y ahí está el centro de la discusión. La palabra “alianza” se ha desgastado en el lenguaje institucional porque se invoca para todo; “corresponsabilidad”, en cambio, obliga a una pregunta más exigente: ¿quién responde por qué, con qué recursos, en qué plazo y con qué evidencia de impacto? No basta con sumar voluntades cuando la realidad demanda sumar capacidades, coordinar decisiones y sostener resultados. De eso habló la primera dama cuando subrayó que las alianzas público‑privadas no son un simple mecanismo de financiamiento, sino el reconocimiento de que los grandes desafíos conciernen a todos. 

Hay un punto especialmente valioso en su planteamiento: colocar al empresariado no como “donante” periférico, sino como actor transformador cuando pone sus redes, experiencia y capacidades al servicio de iniciativas sociales que mejoran calidad de vida. Ese matiz importa porque eleva la conversación desde la filantropía ocasional hacia la inversión social con propósito, gobernanza y continuidad. En un país donde muchas veces se confunde responsabilidad social con una foto, la tesis de la corresponsabilidad obliga a pasar de la narrativa a la arquitectura: alianzas con diseño, métricas, sostenibilidad financiera y un componente esencial de transparencia. 

La evidencia práctica de su argumento no fue abstracta. Arbaje compartió experiencias impulsadas desde la Oficina de la Primera Dama y el programa “Uniendo Voluntades”, con foco en niñez, adolescencia, salud y fortalecimiento comunitario. Mencionó programas de implantes cocleares para niños y niñas con hipoacusia severa, el desarrollo del Pabellón Oncopediátrico Uniendo Voluntades en el INCART y proyectos de recuperación de parques y espacios públicos en comunidades vulnerables. Estas referencias no son simples hitos: describen una forma de intervenir donde el Estado no pretende hacerlo todo solo, ni el sector privado “ayudar” desde afuera, sino converger en una solución concreta, con objetivos humanos tangibles: oír, tratar, recuperar, sanar, reinsertar. 

La política social, cuando se toma en serio, necesita de esa convergencia. Porque el desafío real no es inaugurar un programa, sino sostenerlo; no es levantar un pabellón, sino garantizar que opere con calidad; no es recuperar un parque, sino asegurar seguridad, mantenimiento y apropiación comunitaria. Y esa sostenibilidad rara vez depende de un actor único. De ahí que la corresponsabilidad sea una idea profundamente “económica”, aunque se exprese en lenguaje social: reduce duplicidades, maximiza impacto marginal del gasto y convierte recursos dispersos en capacidades coordinadas.

Otro componente del discurso merece atención por su carga estratégica: los avances atribuidos al Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA), especialmente en la reducción de embarazos en adolescentes y uniones tempranas, logrados mediante articulación entre instituciones públicas, organizaciones sociales y sector privado. Que esta agenda aparezca en un foro empresarial no es casual; es un reconocimiento implícito de que el desarrollo humano no es un “tema social” separado del crecimiento, sino su condición de posibilidad. Una economía que no protege a su niñez y adolescencia termina pagando el costo en productividad, salud pública, informalidad, violencia y reproducción intergeneracional de la pobreza. Por eso, cuando Arbaje afirma que al sentarse distintos sectores con un propósito común los resultados llegan, está defendiendo algo más que cooperación: está defendiendo gobernanza.

En su reflexión sobre el rol asumido desde el inicio de la gestión, Arbaje resaltó un elemento institucional que suele pasar por debajo del radar: la eliminación del antiguo Despacho de la Primera Dama para dar paso a una oficina más ágil, enfocada en articular esfuerzos entre sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales para resultados concretos en comunidades vulnerables. Ese cambio, más que administrativo, es conceptual: desplaza el énfasis desde la estructura hacia la función; desde el protocolo hacia la coordinación; desde la representación hacia la utilidad pública. Y en un país donde la burocracia a veces se vuelve fin en sí misma, toda arquitectura institucional que se diseñe para “hacer que las cosas pasen” debe observarse con atención y, sobre todo, con evaluación.

En el mismo tono, su llamado directo al empresariado a involucrarse activamente en proyectos de impacto social —“cada empresa, grande o mediana, puede ser un eslabón en esta cadena de solidaridad activa”— es una invitación a institucionalizar la participación privada más allá de coyunturas. Pero aquí conviene ser exigentes: no se trata de pedir “más apoyo”, sino de pedir mejor apoyo; no se trata de multiplicar iniciativas, sino de concentrarlas donde el retorno social sea mayor; no se trata de dispersar esfuerzos, sino de alinear prioridades. El sector privado, por sí solo, no puede sustituir al Estado; el Estado, por sí solo, no puede reemplazar la potencia organizativa, tecnológica y logística del sector privado. El punto es diseñar, con rigor, el espacio donde ambos ganan y donde la ciudadanía, al final, recibe el dividendo más importante: servicios y oportunidades. 

La intervención de Francesca Rainieri, presidenta de AMCHAMDR, añadió una capa complementaria cuando vinculó productividad, competitividad y desarrollo sostenible con lo que ocurre primero en el hogar y en la educación, resaltando el impacto del liderazgo femenino en la formación de valores, capacidades y capital humano. También anunció la tercera edición del Diplomado de Liderazgo Ejecutivo para Mujeres de AMCHAMDR, una señal de continuidad en la agenda de formación y redes para mujeres líderes. En términos de país, esto significa algo sencillo: no hay competitividad seria sin capital humano, y no hay capital humano robusto si una parte de la sociedad sigue encontrando techos invisibles para participar, decidir y dirigir. 

Ahora bien, el reto de convertir “alianzas” en “desarrollo” exige un paso adicional: pasar del lenguaje aspiracional al compromiso medible. En la práctica, una alianza público‑privada social efectiva debería responder, sin evasivas, a cinco preguntas: qué problema resuelve, a quién llega, cuánto cuesta, cómo se sostiene y cómo se evalúa. Si no hay respuesta, lo que existe es intención. Si hay respuesta, lo que existe es política pública colaborativa. La corresponsabilidad, entonces, no es un llamado moral; es una disciplina.

Por eso el mensaje de AMCHAMDR, con el Gobierno y el sector empresarial reunidos, debe interpretarse como una oportunidad para elevar estándares. El apoyo de empresas del Círculo Élite que hizo posible el almuerzo confirma que existe músculo corporativo y voluntad de participar. Pero el salto cualitativo está en cómo esa voluntad se traduce en proyectos con escalabilidad, con territorialidad inteligente, con continuidad financiera y con transparencia. Cuando una alianza se vuelve rutina virtuosa, el país reduce su vulnerabilidad institucional; cuando una alianza se vuelve evento, el país solo acumula titulares.

Al final, la intervención de Raquel Arbaje puede leerse como una defensa de una idea que la República Dominicana necesita normalizar: el desarrollo no es la suma de esfuerzos aislados, sino la coordinación de responsabilidades compartidas. Y la corresponsabilidad, entendida con rigor, es la vacuna contra dos tentaciones que nos han costado décadas: el estatismo que promete sin capacidad y el privatismo que crece sin cohesión social. Entre ambos extremos existe un camino más difícil, pero más sostenible: construir país como un proyecto común, donde cada actor rinde cuentas por su parte y todos responden por el resultado. 

Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor 

Referencias [presidencia.gob.do], [noticiassin.com]

lunes, 27 de abril de 2026

Ligia Bonetti plantea incentivos fiscales en el desarrollo del sector industrial

Sector industrial

Ligia Bonetti plantea incentivos fiscales en el desarrollo del sector industrial

Argumentó que una coordinación efectiva entre sectores, con metas claras y seguimiento, definirá el camino del desarrollo industrial, asegurando continuidad en la meta.

Ligia Bonetti durante su participación en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).
Ligia Bonetti durante su participación en el almuerzo mensual
de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).
Leonel Matos
Nalphy Martínez Santo Domingo, RD
23/04/2026 00:00 | Actualizado a 23/04/2026

El desarrollo industrial y la relocalización cercana (nearshoring) como motor de crecimiento social es la premisa de la empresaria Ligia Bonetti al sostener que, aun cuando la existencia de políticas públicas en este sector es asimétrica en comparación con otros sectores, la manufactura local dominicana demuestra un desempeño positivo con crecimiento sostenido y capacidad exportadora.

Para reforzar su argumento, la ejecutiva dominicana comentó que tiempo atrás los incentivos fiscales selectivos crearon la industria turística y el sector de zonas francas actual; más cuestionó que este proceso no fuera considerado en la manufactura nearshoring y el desarrollo industrial.

“Si los incentivos fiscales selectivos crearon la industria turística, y los incentivos fiscales selectivos crearon el sector de zonas francas —ambos que celebramos—, ¿por qué es políticamente impensable discutir políticas fiscales selectivas diseñadas para atraer manufactura nearshoring y desarrollo industrial en 2026?”, señaló durante su participación en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr).

De esta forma, alegó que el crecimiento económico en el territorio nacional de las últimas décadas se vincula a decisiones estratégicas que dieron origen a sectores claves como el turismo y las zonas francas, exponiendo que estos no surgieron de manera espontánea, sino al resultado de políticas públicas deliberadas que facilitaron la inversión, promovieron la competitividad y generaron empleo.

En ese sentido y con un 50% de la economía operante en el sector informal que no responde a los tributos, Bonetti agregó que el resto de la economía formal, como el comercio, el sector financiero y la manufactura local, están “cargando con el peso fiscal de un país de once millones de personas”, pese a las leyes existentes que buscan impulsar el desarrollo de la industria manufacturera; mas, a su juicio, exigen umbrales de rentabilidad que pocas empresas alcanzan y pocas en la práctica utilizan.

Sin embargo, pese al panorama descrito, la presidenta del Grupo SID comentó que las exportaciones nacionales fuera de zona franca alcanzaron aproximadamente $7,405 millones de dólares en 2025 y las exportaciones de manufactura local crecieron un 36%, mientras que las exportaciones de zonas francas solo obtuvieron un 0.6% de crecimiento.

“La evidencia dice que ese ecosistema existe y está creciendo. Lo que le falta es el respaldo de políticas públicas… Las zonas francas son la puerta. El ecosistema local es la casa. Nosotros tenemos la puerta. Nos falta construir la casa”, instruyó.

Brechas estructurales

Convencida de su propuesta, enumeró tres brechas estructurales específicas que no permiten al país definir su capacidad exacta para competir en el nuevo contexto internacional y lograr posicionamiento estratégico del nearshoring.

La primera responde a la credibilidad tecnológica y su impacto en la economía nacional, donde detalló cómo el país se enfrenta a un retroceso sostenido en indicadores clave de innovación, no cuenta con una base sólida para el desarrollo tecnológico y se posiciona en los últimos lugares de las listas que clasifican la capacidad de una nación en esta área.

“Al final, mayor competitividad se traduce en crecimiento económico, empleos de calidad, mejores salarios y una sociedad con más oportunidades”, indicó.

Como segunda brecha, destacó el tema energético por el papel que juega en contra dentro del escenario descrito. Bonetti aseguró que, con las ventajas naturales evidentes, como la radiación solar, recursos eólicos y financiamiento internacional para la transición energética, es necesario utilizar reglas claras y estables, diversificar la matriz con energías limpias y la capacidad de movilizar financiamiento a escala para acelerar dicha transición.

Para la última, señaló la urgencia de acelerar la formación de capital humano técnico, bilingüe y certificado, capaz de responder a los estándares de la manufactura internacional en el corto plazo y que contribuya de manera activa a la economía nacional.

Finalizó su disertación con un llamado a la acción; la empresaria recordó que el reciente proceso de discusión de la reforma fiscal evidenció la capacidad del sector privado para incidir en la agenda pública, evidenciando que una coordinación efectiva entre sectores, con metas claras, seguimiento y una narrativa coherente, logrará definir con claridad el camino del desarrollo industrial y productivo, asegurando continuidad en la meta.

https://listindiario.com/economia/20260423/ligia-bonetti-plantea-incentivos-fiscales-desarrollo-sector-industrial_902873.html

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OPINIÓN
Disertación de presidenta del Grupo SID, Ligia Bonetti, en el almuerzo mensual
de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana (Amchamdr)

Incentivos inteligentes para industrializar la próxima década

La República Dominicana no puede conformarse con ser “puerta” de zonas francas y turismo: el desafío de 2026 es construir la “casa” productiva del país. La propuesta de Ligia Bonetti en AMCHAMDR reabre una discusión legítima —y urgente— sobre incentivos fiscales selectivos para atraer nearshoring y fortalecer la manufactura local, pero exige reglas claras, métricas de desempeño y una visión de Estado que corrija brechas tecnológicas, energéticas y de capital humano sin debilitar la sostenibilidad fiscal.

La intervención de Ligia Bonetti en el almuerzo mensual de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR) no fue una pieza retórica más: fue un recordatorio de que la estructura productiva dominicana, tal como la conocemos, es hija de decisiones deliberadas. Ella lo dijo sin rodeos: los incentivos selectivos contribuyeron a crear el turismo moderno y a consolidar el régimen de zonas francas; por tanto, resulta contradictorio que sea “políticamente impensable” discutir instrumentos similares para atraer manufactura de nearshoring y acelerar el desarrollo industrial en 2026. Esa provocación obliga a formular la pregunta correcta: no si debe haber política industrial, sino qué tipo de política industrial es compatible con competitividad, equidad y finanzas públicas sanas. El nearshoring, además, no es un eslogan; organismos regionales lo describen como oportunidad concreta para atraer inversión, expandir exportaciones, crear empleos y fortalecer cadenas de suministro, siempre que se resuelvan cuellos de botella de infraestructura, logística, capital humano y marco regulatorio.

Bonetti puso el dedo en la llaga fiscal: si alrededor de la mitad de la economía opera en informalidad y no tributa como debería, el resto del tejido formal termina “cargando” el peso de sostener servicios y obligaciones de un país de más de once millones de personas. Ese dato, más que una cifra, es una alerta estratégica: una nación no puede aspirar a industrializarse con una base tributaria estrecha y un contrato social tensionado. La informalidad reduce productividad, limita acceso al crédito, precariza derechos laborales y erosiona la capacidad del Estado para invertir en energía, educación técnica e innovación, que son precisamente las condiciones mínimas para competir por cadenas globales de valor. Por eso, cualquier conversación sobre incentivos debe venir acompañada de una segunda conversación —igual de seria— sobre formalización inteligente: simplificación regulatoria, digitalización de trámites, compras públicas que premien la formalidad y esquemas de transición que integren al pequeño productor y al microempresario sin asfixiarlo con costos fijos imposibles. 

Ahora bien, el argumento más potente de Bonetti fue el empírico: afirmó que las exportaciones nacionales fuera de zona franca rondaron los US$7,405 millones en 2025; que la manufactura local creció 36% en exportaciones, mientras las zonas francas avanzaron apenas 0.6%. Si la cifra exacta puede y debe contrastarse en las fuentes oficiales, el punto estructural es consistente: existe un ecosistema local exportador que está creciendo y que podría escalar si cuenta con respaldo público coherente. Su metáfora resume una política de desarrollo completa: “las zonas francas son la puerta; el ecosistema local es la casa”. La puerta ya la tenemos, con prestigio acumulado y aprendizaje institucional; la “casa” requiere densidad industrial, proveedores locales, encadenamientos, logística competitiva y capacidades tecnológicas propias para capturar mayor valor agregado en territorio dominicano. 

El dilema no es “incentivos sí” versus “incentivos no”. El dilema real es entre incentivos improvisados y regresivos, o incentivos inteligentes y evaluables. Cuando un país decide usar el fisco para orientar inversión, debe hacerlo con condiciones de desempeño, plazos y verificación. En otras palabras, el incentivo no puede ser un cheque en blanco: debe estar atado a exportaciones incrementales, empleos formales creados, transferencia tecnológica, formación certificada, inversión en I+D aplicada y encadenamientos con suplidores locales medibles. A la vez, el Estado debe publicar el costo-beneficio de esos incentivos —gasto tributario versus impacto— y revisarlos periódicamente con evidencia, evitando el riesgo de “carreras a la baja” fiscales que terminan premiando rentas y no productividad. Si el sector privado demostró, como recordó Bonetti, capacidad de incidir en la agenda durante la discusión fiscal reciente, ese músculo debe canalizarse ahora hacia un pacto de productividad: metas claras, seguimiento y narrativa coherente para sostener continuidad más allá de coyunturas.

Las tres brechas que ella enumeró —tecnología, energía y capital humano— son, en realidad, la columna vertebral del nearshoring. Primero, la credibilidad tecnológica: si el país retrocede en indicadores de innovación y carece de una base sólida para desarrollarla, no basta con atraer plantas; hay que atraer capacidades. El Índice Global de Innovación (GII) existe precisamente para comparar metodologías, métricas y perfiles de países en innovación; usarlo como brújula implica tomar en serio dónde estamos y qué políticas mueven el indicador: calidad educativa, investigación aplicada, patentes, sofisticación de negocios y absorción tecnológica. Segundo, energía: ninguna plataforma industrial es competitiva si su costo eléctrico es incierto o si las reglas cambian a mitad del juego. Bonetti planteó reglas claras y estables y acelerar la diversificación hacia energías limpias, aprovechando radiación solar, recursos eólicos y financiamiento para transición. El país cuenta con estadísticas del sector eléctrico que permiten monitorear la matriz y el desempeño del sistema; esa transparencia debe servir para planificar expansión, confiabilidad y precios competitivos, no solo para reportar datos. Tercero, capital humano: nearshoring no llega por decreto; llega cuando hay técnicos bilingües y certificados, listos para estándares internacionales. 

En este punto conviene decir lo que a veces se omite: el país ya compite. Compite por inversión con Centroamérica, México, Colombia y mercados caribeños; compite por talento; compite por logística; compite por reputación regulatoria. Por eso, el incentivo fiscal puede ser un “acelerador”, pero nunca el “motor” único. El motor es un paquete de competitividad: puertos y aduanas previsibles, ventanillas únicas, tiempo de despacho reducido, seguridad jurídica, estándares laborales modernos y una estrategia de encadenamientos para que el proveedor dominicano no sea espectador. En lenguaje llano: no basta con atraer una fábrica; hay que lograr que compre insumos locales, que forme gente local y que genere un círculo virtuoso de productividad que eleve salarios sin perder competitividad. Y eso exige coordinación público-privada, la misma que Bonetti reclamó con “metas claras, seguimiento y narrativa coherente”. 

El riesgo, por supuesto, es doble. Uno, convertir la política industrial en una bolsa de privilegios, donde gana quien mejor cabildea, no quien más produce. Dos, financiar esa bolsa debilitando la base fiscal en un contexto donde la informalidad ya estrecha los ingresos. La salida responsable es una arquitectura de incentivos con puertas estrechas y resultados amplios: selectividad basada en evidencia, transparencia total del gasto tributario, cláusulas de caducidad, auditorías de desempeño y sanciones por incumplimiento. Además, el país debería priorizar incentivos que construyan capacidades transversales: digitalización industrial, eficiencia energética, certificaciones de calidad, formación dual y laboratorios de innovación aplicada para manufactura. Eso sí crea “casa”: instituciones, talento y productividad que permanecen incluso si un inversionista se va. 

En definitiva, el planteamiento de Ligia Bonetti aporta una verdad incómoda y útil: el desarrollo no ocurre por accidente. O se diseña, o se padece. Si el país quiere convertir el nearshoring en motor de crecimiento social —empleos de calidad, mejores salarios, más oportunidades— necesita una política industrial moderna que combine incentivos con obligaciones; que premie el desempeño y no la cercanía; que amplíe la base formal y no la reduzca; que haga de la energía limpia una ventaja competitiva y no una promesa; y que transforme la educación técnica en una autopista hacia la productividad. Las zonas francas seguirán siendo una puerta valiosa; el reto histórico es construir la casa productiva dominicana con cimientos de innovación, energía confiable y capital humano competente. Y esa casa, a diferencia de los discursos, se mide: en exportaciones diversificadas, encadenamientos locales, formalidad creciente y resiliencia frente a shocks globales. 

Luis Orlando Díaz Vólquez

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De la “puerta” a la “casa”: industrializar con equidad territorial y retener el talento dominicano

La propuesta de Ligia Bonetti de debatir incentivos fiscales selectivos para atraer nearshoring y fortalecer la manufactura local reabre una discusión legítima: cómo convertir el crecimiento en desarrollo integral distribuido en todo el territorio. La respuesta exige un enfoque de Estado alineado con Meta RD 2036 —y con sus metas intermedias 2024–2028—, que conecte política industrial, frontera, MIPYMES, educación, salud y salarios competitivos para frenar la fuga de cerebros.

El planteamiento de Ligia Bonetti en AMCHAMDR no es una consigna; es una interpelación estratégica al país: si el turismo y las zonas francas fueron posibles gracias a incentivos selectivos y políticas públicas deliberadas, ¿por qué resultaría “políticamente impensable” discutir instrumentos fiscales focalizados para atraer manufactura de nearshoring y acelerar el desarrollo industrial en 2026? La pregunta no es menor, porque obliga a actualizar el consenso nacional: ya no basta con celebrar la “puerta” de acceso al comercio global; ahora toca construir la “casa” productiva dominicana, con encadenamientos, innovación y empleo de calidad. Y esa casa, para ser verdaderamente nacional, tiene que levantarse con equidad territorial, reduciendo brechas históricas entre regiones, especialmente en la frontera. [estadistic...crp.gob.pe], [limitlesslegal.com] [cnc.gob.do], [blog.estre...tupete.com]

Bonetti también puso sobre la mesa un nudo fiscal y social: cuando una parte sustancial de la economía opera en informalidad, la economía formal —comercio, finanzas, manufactura— termina sosteniendo, con su carga tributaria, las demandas de un país completo. Esa realidad limita la capacidad de invertir con continuidad en aquello que hace competitiva a una nación: energía confiable, infraestructura logística, capital humano, salud, innovación. Por eso, la discusión sobre incentivos no puede aislarse del desafío de formalización y productividad: si el objetivo es crear empleos formales, elevar salarios y mejorar servicios públicos, entonces los incentivos deben diseñarse para ensanchar la base formal y no para estrecharla. [estadistic...crp.gob.pe], [idec.edu.do] [idec.edu.do], [dgii.gov.do]

La urgencia de “construir casa” se entiende mejor cuando miramos la visión-país. Meta RD 2036 no plantea solo crecer; plantea crecer de manera que beneficie a más gente, genere empleos de mayor calidad y permita mejores servicios públicos, con un nuevo modelo de desarrollo productivo sostenido en productividad, capital humano e innovación. Y para llegar a 2036, existen metas intermedias 2024–2028 que funcionan como “Meta RD 2026” en términos de ruta y continuidad: elevar la formalidad laboral, mejorar los años efectivos de aprendizaje, reducir la pobreza rural, fortalecer la efectividad del gobierno y mejorar calidad de vida, entre otras. En otras palabras, si la política industrial no se conecta con esas metas verificables, corremos el riesgo de tener crecimiento sin desarrollo, inversión sin derrame y empleo sin movilidad social. [cnc.gob.do], [esquinard.com] [cnc.gob.do], [idec.edu.do]

Aquí entra un punto decisivo para la distribución territorial del desarrollo: el país ya tiene un instrumento diseñado precisamente para combatir rezagos regionales y frenar presiones migratorias internas mediante empleo y actividad económica. La Ley No. 12-21 creó la Zona Especial de Desarrollo Integral Fronterizo y un régimen de incentivos para Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco, subrayando como interés nacional permanente la seguridad y el desarrollo económico y social de esa franja territorial. La ley nació, además, con una lógica histórica: actualizar y prolongar un tratamiento especial que incentive inversión, genere empleos y construya cohesión nacional donde el mercado, por sí solo, no cierra brechas. Entonces, la pregunta se vuelve incómoda pero necesaria: ¿por qué el sector industrial dominicano no ha aprovechado esta herramienta con la intensidad requerida? [blog.estre...tupete.com], [acento.com.do] [blog.estre...tupete.com], [iadb.org]

Las razones suelen ser menos ideológicas y más prácticas: costos logísticos, disponibilidad energética, servicios de apoyo, conectividad, acceso a talento técnico, percepciones de riesgo y, sobre todo, ausencia de un ecosistema completo que haga rentable producir en frontera bajo estándares de exportación. El propio debate público ha reconocido que se requieren mejoras de gobernanza y planificación para que los incentivos fronterizos se conviertan en desarrollo sostenible e inclusivo, con fortalecimiento institucional y articulación entre actores. En síntesis: la ley existe, pero la competitividad territorial todavía no está empaquetada como “producto país” para el inversionista y, más importante aún, para el ciudadano que necesita empleo formal donde vive. [iadb.org], [acento.com.do] [iadb.org], [blog.estre...tupete.com]

La lección de los regímenes que sí han escalado es clara: cuando el marco institucional es predecible y el entorno acompaña, la inversión responde. En 2025, el Consejo Nacional de Zonas Francas aprobó decenas de nuevas empresas y parques, reflejando dinamismo y atractivo del régimen. Ese aprendizaje debe migrar hacia la frontera: evaluación rigurosa, ventanillas ágiles, reglas estables, infraestructura mínima garantizada y, sobre todo, encadenamientos con proveedores locales. Bonetti lo dijo con precisión: no basta con tener “puerta”; hay que construir la “casa”. Y “casa” significa que las compras, la logística, los insumos, los servicios y parte del valor agregado se queden en el territorio dominicano. [elcaribe.com.do], [cdn.com.do] [estadistic...crp.gob.pe], [elcaribe.com.do]

Ahí se vuelve imprescindible la Ley 488-08, que establece el régimen regulatorio para el desarrollo y competitividad de las MIPYMES, reconociendo su papel como fuente de empleo y como motor de crecimiento y gobernabilidad social, y promoviendo su desarrollo integral en regiones, provincias y municipios. Una industrialización que no integra MIPYMES termina siendo enclave; una industrialización que las integra se vuelve tejido productivo nacional. La frontera, en particular, necesita que la MIPYME se formalice, acceda a financiamiento, se certifique, participe en compras públicas y se convierta en suplidora del nuevo aparato productivo, para que el desarrollo sea distribuido y no concentrado. Por eso, el enfoque correcto es combinar la Zona Especial Fronteriza con una estrategia agresiva de MIPYMES: incentivos para la empresa ancla, sí, pero también instrumentos para la cadena de proveedores locales que multiplica empleo y mantiene el ingreso circulando en la región. [docs.repub...justia.com], [LEY QUE ES...DESARROLLO] [ecolex.org], [diariolibre.com]

Esta arquitectura requiere conducción institucional. El Ministerio de Industria, Comercio y MIPYMES (MICM) es la entidad llamada a formular y ejecutar políticas de desarrollo industrial y fomento MIPYME, además de articular regímenes especiales. Si el MICM logra “agrupar” el marco legal disperso y convertirlo en una estrategia única, entonces el país puede transitar de la sumatoria de leyes a un verdadero plan nacional de industrialización territorial: nearshoring con desempeño, frontera con competitividad y MIPYMES encadenadas. Esa articulación, además, debe conversar con el Banco Central, por su rol en el seguimiento macroeconómico y del sector externo, y con el Ministerio de Hacienda, por la necesidad de proteger sostenibilidad fiscal y transparentar el gasto tributario. [eldinero.com.do], [proinnova....ica.com.do] [diariolibre.com], [limitlesslegal.com] [bancentral.gov.do], [dgii.gov.do]

Porque hay un principio que no admite concesiones: todo incentivo debe ser medible. Hacienda publica estimaciones de gasto tributario para el Presupuesto General del Estado, cuantificando el costo fiscal de exenciones y tratamientos preferenciales, con metodología y base legal. Ese instrumento debe convertirse en regla operativa de la política industrial: incentivos con cláusulas de caducidad, metas de empleo formal, exportaciones incrementales, inversión ejecutada, transferencia tecnológica, compras a proveedores locales, formación certificada y auditoría de resultados. Incentivo sin desempeño es privilegio; incentivo con desempeño es inversión pública orientada a productividad y cohesión social. [dgii.gov.do], [hacienda.gob.do] [dgii.gov.do], [dgii.gov.do]

Ahora bien, incluso el mejor régimen fiscal fracasará si el país no enfrenta un problema silencioso que erosiona su futuro: la fuga de cerebros. Usted lo plantea con total claridad y es necesario decirlo con franqueza institucional: en la República Dominicana, muchos profesionales altamente calificados emigran porque los salarios ofrecidos —tanto en el sector privado como en el sector público— son bajos y no compensan el valor del conocimiento, la especialización y la inversión formativa acumulada. No se trata solo de dinero: es calidad de vida, trayectoria profesional, acceso a investigación, estabilidad y oportunidades de desarrollo personal. Pero el salario es el primer mensaje que una economía envía a su talento: si el mensaje es “tu valor no cabe aquí”, el talento responde buscando horizontes donde sí sea reconocido. [bing.com], [opiniondelpueblo.com]

La paradoja es todavía más dura: aun estando bien calificados, muchos no consiguen empleo en la República Dominicana, o terminan subempleados en posiciones que no aprovechan su formación. Eso convierte la inversión pública en educación avanzada en una pérdida de retorno social: formamos especialistas con recursos del contribuyente y luego el país no crea plazas, ecosistemas ni salarios para retenerlos. En abril de 2026 se ha discutido, por ejemplo, que el programa de becas ha formado miles de jóvenes en el exterior, pero el mercado local no absorbe sus competencias y se produce una “fuga diferida”, impulsada por condiciones profesionales y salariales insuficientes. Y el debate sobre retorno o reembolso, aun siendo relevante, no sustituye lo esencial: crear condiciones para que quedarse sea viable, productivo y digno. [bing.com], [opiniondelpueblo.com] [opiniondelpueblo.com], [diariolibre.com]

Este punto conecta directamente con Meta RD 2036: si la estrategia nacional busca elevar productividad y duplicar el tamaño de la economía en el horizonte, entonces no podemos perder capital humano avanzado en el camino. Retener talento exige un mercado laboral más sofisticado, con demanda real por investigación aplicada, innovación industrial, calidad, data, automatización, energía, logística y gestión avanzada. Y exige, además, que educación y salud mejoren de forma verificable, porque el talento también se mueve por entornos de bienestar. El Gobierno ha vinculado explícitamente el fortalecimiento del sistema sanitario con metas de expectativa de vida y calidad del sistema en el marco de Meta RD 2036. En educación, sectores y espacios de seguimiento han insistido en políticas sostenibles basadas en evidencia y monitoreo continuo, precisamente para elevar calidad y equidad. Una nación que quiere industria avanzada tiene que querer, a la vez, escuela efectiva y salud funcional en cada provincia: son insumos de competitividad y de cohesión social. [cnc.gob.do], [idec.edu.do] [informedes...lud.com.do], [cnc.gob.do] [ministerio...ion.gob.do], [diariohispaniola.com]

Por eso, el cierre lógico de esta discusión es un llamado a la coherencia nacional: la industrialización que necesitamos no es solo sectorial, es territorial; no es solo fiscal, es institucional; no es solo inversión, es empleo formal; no es solo exportación, es salario; no es solo atracción de empresas, es retención de talento. El país debe usar el nearshoring como palanca para construir “casa” productiva, pero esa casa debe incluir la frontera bajo la Ley 12-21, las MIPYMES bajo la Ley 488-08, y una estrategia salarial y de empleo que evite que nuestros doctorados, PhD y especialistas —formados con recursos públicos y privados— se vean obligados a irse por falta de oportunidades y remuneración justa. Meta RD 2036 ofrece un marco; lo que falta es convertirlo en continuidad de Estado: coordinación efectiva, metas claras, seguimiento y narrativa coherente, como reclamó Bonetti. Si logramos esa convergencia, la “puerta” seguirá abierta; pero, por fin, la casa dominicana —la del desarrollo integral distribuido— comenzará a construirse con cimientos de productividad, dignidad y oportunidades para todos. [blog.estre...tupete.com], [docs.repub...justia.com], [bing.com] [estadistic...crp.gob.pe], [cnc.gob.do]

Luis Orlando Díaz Vólquez

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De la “puerta” a la “casa”: industrializar con equidad territorial, justicia fiscal y retención del talento

El debate que reabre Ligia Bonetti sobre incentivos selectivos para atraer nearshoring y fortalecer la manufactura local solo será útil si se traduce en desarrollo integral distribuido en todo el país. Eso implica activar la frontera como plataforma productiva, encadenar MIPYMES, asegurar energía y tecnología competitivas, mejorar educación y salud, y sostener una reforma fiscal viable —con diálogo social, gradualidad y compensaciones creíbles— que amplíe la base, reduzca deuda y financie inversión social, sin castigar a quienes ya cumplen.

La intervención de Ligia Bonetti en AMCHAMDR es relevante porque recoloca una verdad histórica: los sectores que hoy celebramos como “motores” no nacieron por generación espontánea, sino por políticas públicas deliberadas que orientaron inversión y competitividad. De ahí su pregunta —incómoda pero legítima— sobre por qué sería políticamente impensable discutir incentivos fiscales selectivos para atraer manufactura de nearshoring y acelerar el desarrollo industrial en 2026. El país debe escuchar esa provocación con madurez: no se trata de “regalar impuestos”, sino de decidir, con métricas y responsabilidad fiscal, qué instrumentos pueden convertir oportunidades globales en empleo formal y salarios mejores aquí. [estadistic...crp.gob.pe], [elcaribe.com.do] [estadistic...crp.gob.pe], [limitlesslegal.com]

El punto neurálgico es que industrializar no es solo crecer; es desarrollar integralmente y distribuir ese desarrollo a todo el territorio. Meta RD 2036 plantea explícitamente que la meta nacional no busca solo aumentar el PIB, sino beneficiar a más gente, generar empleos de mayor calidad y permitir mejores servicios públicos, con un nuevo modelo productivo apoyado en productividad y capital humano. Esa visión tiene metas intermedias 2024–2028 —formalidad, aprendizaje efectivo, reducción de pobreza rural, efectividad del gobierno, entre otras— que funcionan como el “puente” de continuidad: si no se cumplen a tiempo, el horizonte 2036 se vuelve retórica. Por eso, una política industrial moderna debe amarrarse a resultados territoriales: más empleo formal fuera del Gran Santo Domingo, más productividad regional, más encadenamientos locales y menos brechas que empujen migración interna. [cnc.gob.do], [esquinard.com] [idec.edu.do], [cnc.gob.do]

En esa discusión, la frontera no puede seguir como nota al margen. La Ley No. 12-21 creó la Zona Especial de Desarrollo Integral Fronterizo y un régimen de incentivos para Pedernales, Independencia, Elías Piña, Dajabón, Montecristi, Santiago Rodríguez y Bahoruco, reconociendo como interés nacional el desarrollo económico y social de esa franja y su integración vial y comunicacional. Es, en esencia, una herramienta de cohesión territorial: combatir el rezago económico, reducir presiones migratorias y crear empleo donde más se necesita. Sin embargo, la realidad es que el país no la ha aprovechado con la intensidad requerida. Y aunque algunos lo expliquen como falta de “apetito empresarial”, la explicación suele ser más estructural: costos logísticos, incertidumbre energética, limitaciones de conectividad y carencias de capital humano técnico disponible en el territorio, lo que eleva el umbral de rentabilidad y frena decisiones de inversión. Si queremos nearshoring de verdad, la frontera debe entrar al mapa competitivo con un paquete integral: infraestructura mínima, reglas estables, ventanillas ágiles y un ecosistema que reduzca riesgo operativo. [blog.estre...tupete.com], [acento.com.do] [blog.estre...tupete.com], [iadb.org] [iadb.org], [acento.com.do]

Aquí se entiende mejor la metáfora de Bonetti: “las zonas francas son la puerta; el ecosistema local es la casa”. La República Dominicana ya demostró que, cuando el marco funciona y el entorno acompaña, la inversión responde: en 2025 el Consejo Nacional de Zonas Francas aprobó nuevas empresas y parques, reflejando dinamismo del régimen. La pregunta estratégica es cómo trasladar esa disciplina —evaluación, previsibilidad, rapidez— hacia la frontera, sin convertirla en un enclave aislado, sino en una plataforma territorial con derrame económico, empleo formal y encadenamientos productivos. [estadistic...crp.gob.pe], [elcaribe.com.do] [elcaribe.com.do], [cdn.com.do]

La “casa” productiva no se construye solo con grandes plantas: se construye con MIPYMES fuertes, proveedoras, formales y conectadas a las cadenas de valor. Por eso, la Ley No. 488-08 es un pilar de desarrollo integral y distribución territorial: reconoce el peso de las MIPYMES en empleo y crecimiento, y propone un marco para su desarrollo y competitividad en regiones, provincias y municipios, con acceso a instrumentos financieros y no financieros. Si la Zona Especial Fronteriza atrae inversión “ancla”, la 488-08 debe garantizar que alrededor de esa inversión nazca tejido local: suplidores, servicios, logística, mantenimiento, alimentación, transporte, innovación incremental. Esa es la diferencia entre “estar en el territorio” y “transformar el territorio”. [docs.repub...justia.com], [LEY QUE ES...DESARROLLO] [ecolex.org], [diariolibre.com]

La coordinación institucional es la otra mitad del éxito. El MICM es responsable de formular y ejecutar políticas de desarrollo industrial y fomento MIPYME, además de articular regímenes especiales; por tanto, está llamado a convertir el mosaico legal en una estrategia única, coherente y medible. Pero esa estrategia no puede operar sola: necesita al Banco Central para monitorear impacto en productividad, sector externo y exportaciones, y al Ministerio de Hacienda para asegurar sostenibilidad fiscal y transparentar el costo-beneficio de los incentivos. La política industrial del siglo XXI es interinstitucional o no es. [eldinero.com.do], [proinnova....ica.com.do] [bancentral.gov.do], [dgii.gov.do]

Y aquí llegamos al nudo que usted pide incorporar: la reforma fiscal sigue siendo necesaria, aunque la última intentona fracasara políticamente. En diciembre de 2025, el Conep advirtió que el Estado solo recauda el 34% de lo que debería captarse por ITBIS; en términos simples, “de cada peso” potencial, se captan apenas 34 centavos. Esta afirmación no es un detalle técnico; es una señal de brecha estructural: evasión, informalidad, contrabando, ineficiencias y distorsiones que impiden financiar inversión social y competitividad sin cargar cada vez más al contribuyente cumplidor. Por eso, los propósitos de una reforma fiscal —sostenibilidad fiscal, menor deuda, más inversión social, y un sistema tributario más amplio y moderno— siguen plenamente vigentes, no como capricho, sino como requisito para sostener un Estado capaz de invertir donde duele: educación, salud, infraestructura, energía y seguridad. [elnacional.com.do], [listindiario.com] [diariolibre.com], [elnacional.com.do] [diariolibre.com], [dgii.gov.do]

Esto también obliga a matizar una idea que en el debate público se simplifica: la reforma fiscal fallida no carecía de fundamentos técnicos ni de propósitos estratégicos; el problema fue su viabilidad política y social. En 2024, el retiro del proyecto dejó claro que, en República Dominicana, una reforma tributaria no se impone: se construye. Y se construye con tres ingredientes que el país ya aprendió por la vía dura: diálogo social real (no solo consulta tardía), gradualidad (para permitir adaptación y evitar choques regresivos) y compensaciones creíbles (protección a vulnerables, mejora visible del gasto, y administración tributaria más efectiva). Si el ciudadano percibe que “paga más” pero “recibe igual”, la reforma muere; si percibe que el Estado cobra mejor a quienes evaden y gasta mejor lo que cobra, el país puede abrir una ventana de legitimidad. [elnacional.com.do], [diariolibre.com] [diariolibre.com], [diariolibre.com]

La transparencia del gasto tributario es, precisamente, el puente entre incentivos y legitimidad. El Ministerio de Hacienda publica informes que estiman el gasto tributario y explican cómo tratamientos preferenciales reducen recaudación con fines de política pública. Esa práctica debe convertirse en regla de política industrial: incentivos sí, pero con metas, auditoría y caducidad; y con un pacto explícito de desempeño: empleo formal creado, exportaciones incrementales, encadenamientos con MIPYMES, transferencia tecnológica y formación certificada. Así se evita que el incentivo se perciba como privilegio y se convierte en inversión pública orientada a productividad y cohesión territorial. [dgii.gov.do], [hacienda.gob.do] [dgii.gov.do], [dgii.gov.do]

Nada de esto será sostenible si el país no enfrenta el problema que usted subraya: la fuga de cerebros por bajos salarios y falta de oportunidades. La realidad dominicana es cruda: tanto el sector privado como el sector público, en muchos segmentos, ofrecen remuneraciones que no compensan el valor del conocimiento acumulado en especialistas y profesionales altamente calificados, lo que empuja a emigrar detrás de mejor calidad de vida y desarrollo personal. Más grave aún, muchos, aun estando bien calificados, no consiguen empleo acorde en la República Dominicana y terminan subempleados o fuera del mercado formal, fenómeno que alimenta esa “fuga diferida” de talento. Es un desperdicio doble: se pierde productividad futura y se pierde retorno social de la inversión educativa, incluyendo becas financiadas con recursos del contribuyente. [bing.com], [opiniondelpueblo.com]

La solución no es moralizar al talento; es construir mercado y Estado capaces de absorberlo. En 2026, se ha discutido que el sistema de becas y retorno debe alinearse a necesidades estratégicas y que el país debe crear plazas especializadas y trayectorias profesionales para que el retorno sea viable y digno. Esa creación de oportunidades no se logra sin política industrial que demande conocimiento: laboratorios de innovación aplicada, centros tecnológicos regionales, industria 4.0, certificaciones internacionales y proyectos de investigación vinculados a cadenas productivas. En suma: si queremos nearshoring de alto valor, debemos pagar y emplear talento de alto valor; de lo contrario, atraeremos operaciones básicas y exportaremos cerebros. [opiniondelpueblo.com], [bing.com] [cnc.gob.do], [limitlesslegal.com]

Y aquí se completa el círculo del desarrollo integral: educación y salud como infraestructura de competitividad. Meta RD 2036 vincula metas de calidad de vida con mejoras institucionales y capital humano; y el propio Gobierno ha conectado el fortalecimiento del sistema sanitario con esas metas, apuntando a elevar la expectativa de vida y mejorar capacidades del sistema de salud. En educación, múltiples espacios han insistido en políticas sostenibles y basadas en evidencia para mejorar aprendizajes y equidad, condición indispensable para formar técnicos, bilingües y certificados capaces de responder a estándares industriales. Cuando sectores diversos presionan por mejor educación y salud, no es solo agenda social: es agenda económica de productividad y de retención de talento. [informedes...lud.com.do], [cnc.gob.do] [ministerio...ion.gob.do], [diariohispaniola.com]

En definitiva, la propuesta de incentivos selectivos que plantea Bonetti debe evolucionar a un contrato nacional de desarrollo territorial y productividad. La frontera, con la Ley 12-21, debe convertirse en fábrica de empleo y estabilidad regional; las MIPYMES, con la 488-08, deben ser el músculo proveedor que hace derrame; el MICM debe articular el marco legal y la estrategia; Hacienda debe blindar sostenibilidad y transparencia; el Banco Central debe medir impactos; y la reforma fiscal debe regresar, pero esta vez con legitimidad política construida: diálogo social, gradualidad y compensaciones creíbles. Solo así pasaremos de tener una “puerta” exitosa a habitar, por fin, una “casa” productiva dominicana: integrada, competitiva, justa y capaz de ofrecer oportunidades en cada provincia, para que nadie tenga que migrar por falta de empleo y para que nuestros mejores cerebros no se vayan a regalar el conocimiento que el país necesita —y que ya pagó con sus impuestos. [estadistic...crp.gob.pe], [cnc.gob.do] [blog.estre...tupete.com], [docs.repub...justia.com], [diariolibre.com], [elnacional.com.do] [estadistic...crp.gob.pe], [bing.com], [blog.estre...tupete.com]

Luis Orlando Díaz Vólquez