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viernes, 1 de mayo de 2026

Gobierno anuncia nuevas medidas para enfrentar el impacto de la crisis en Medio Oriente sobre la economía dominicana

Presidente
Gobierno anuncia nuevas medidas para enfrentar el impacto de la crisis en Medio Oriente sobre la economía dominicana
Presidente Abinader busca con estas medidas generar una disponibilidad cercana a RDb40,000 millones.
30 de Abril 2026 | 20:36 | Economía |

Santo Domingo.- El presidente de la República, Luis Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña, encabezaron este jueves el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros, celebrado en el Palacio Nacional, con el objetivo de dar seguimiento al plan gubernamental para enfrentar el impacto sobre la economía dominicana de la crisis en Medio Oriente.

José Rijo Presbot, director general de Presupuesto, explicó que el Gobierno ha dispuesto una serie de medidas de contención y eficientización del gasto público para generar una disponibilidad cercana a RD 40,000 millones, partiendo del principio de respetar todos los compromisos ya formalizados bajo contrato, mientras que aquellas apropiaciones presupuestarias aún no comprometidas serán sometidas a revisión, ajuste o reducción según las prioridades nacionales.

Detalló que estas acciones incluyen la reducción de gastos operativos, la contención en la adquisición de vehículos, con excepción de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria, disminución de reparaciones y mantenimientos menores, racionalización de servicios y contrataciones, limitación de eventos a costos mínimos, ajustes en textiles, vestuario, viáticos, pasajes, racionalización de combustible y publicidad, la reducción de un 50 % del presupuesto a los partidos políticos, entre otros. Además, una reducción verificable de transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con capacidad de generar sus propios recursos.


Presbot subrayó que estas decisiones responden a la necesidad de posponer temporalmente todo gasto no prioritario, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante el contexto internacional, preservar la estabilidad económica y asegurar que los recursos públicos se concentren en proteger a los sectores más vulnerables y sostener el dinamismo del país.

Por otro lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que el país enfrenta un choque externo, cuyo principal canal de transmisión para economías como la dominicana es el aumento en los precios internacionales del petróleo, lo que genera presiones directas sobre la inflación y el costo de vida.

En ese sentido, destacó que cada aumento sostenido de USD 10 por barril implica alrededor de USD 763 millones adicionales en la factura petrolera anual de la República Dominicana, lo que incrementa las presiones fiscales y los costos asociados a los subsidios.

Asimismo, resaltó que, pese al contexto internacional, la República Dominicana ha logrado contener el impacto mejor que la mayoría de países de la región, gracias a las medidas adoptadas para proteger a las familias dominicanas. No obstante, advirtió que estos esfuerzos implican un costo fiscal significativo, por lo que deben manejarse con prudencia y sostenibilidad.


A su vez, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que República Dominicana enfrenta uno de los mayores choques de precios de su historia reciente, provocado por el alza de más de un 80 % en el precio del petróleo, pero aseguró que el Gobierno ha centrado su estrategia en tres objetivos esenciales: preservar la estabilidad macroeconómica, fiscal y social; mitigar el impacto sobre los alimentos, la canasta básica y los insumos agropecuarios; y sostener la inversión pública, apoyado en reservas internacionales superiores a USD 16,000 millones, estabilidad cambiaria, crecimiento económico, fortalecimiento de los programas sociales y una política de austeridad orientada a proteger a la población más vulnerable.

DIPP Consejo de Gobierno

https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-anuncia-nuevas-medidas-para-enfrentar-el-impacto-de-la-crisis-en-medio-oriente

🇩🇴📊 Gobierno actúa con responsabilidad ante la crisis global

El presidente Luis Abinader anunció nuevas medidas para enfrentar el impacto económico de la crisis en Medio Oriente, priorizando la austeridad, la eficiencia del gasto y la protección de los sectores más vulnerables.
Estas acciones buscan generar una disponibilidad cercana a RD$40,000 millones, sin afectar los compromisos ya asumidos ni frenar la inversión pública estratégica.

Ante el alza histórica del precio del petróleo ⛽🌍, el Gobierno reafirma su compromiso con la estabilidad macroeconómica, el control de la inflación y el bienestar de las familias dominicanas, apoyado en reservas internacionales sólidas y una política fiscal prudente.

Responsabilidad hoy para proteger el futuro del país. 🇩🇴🤝

#EconomíaRD #ConsejoDeMinistros #EstabilidadEconómica #AusteridadResponsable #CrisisGlobal #MedioOriente #GobiernoRD #LuisAbinader #RDAvanza #ProtecciónSocial 📈🛡️
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FINANCIAMIENTO A LOS PARTIDOS
El "tijerazo” de austeridad del Gobierno le quita el 50% del financiamiento a los partidos
Es casi seguro que los partidos políticos de oposición, como la Fuerza del Pueblo y el PLD, además de otras organizaciones políticas, recurran a las altas instancias legales frente a estas medidas.
Las autoridades explicaron, durante el quincuagésimo séptimo Consejo de Gobierno, que este “sacrificio institucional” es necesario para contrarrestar el encarecimiento de la factura petrolera.LISTIN DIARIO
Santo Domingo, RD | 01/05/2026 | Guillermo Pérez

En respuesta al impacto económico de la crisis en Medio Oriente y el alza histórica del petróleo, el presidente Luis Abinader anunció un agresivo plan de austeridad que busca liberar cerca de RD$40,000 millones.
La estrategia central consiste en un recorte drástico de los gastos operativos del Estado y una reducción del 50% en el presupuesto de los partidos políticos para blindar la estabilidad macroeconómica del país.
Durante el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros, las autoridades explicaron que este “sacrificio institucional” es necesario para contrarrestar el encarecimiento de la factura petrolera.
Según el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, cada incremento de US$10 en el barril de crudo representa un costo adicional de US$763 millones anuales para la República Dominicana.
El director de Presupuesto, José Rijo Presbot, detalló que el “tijerazo” alcanzará áreas no prioritarias con publicidad, viáticos y pasajes, adquisición de vehículos y eventos institucionales, combustible y contrataciones de servicios, y transferencias a organismos autónomos con capacidad de autogestión.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que el país cuenta con reservas superiores a los US$16,000 millones para amortiguar el choque.
El objetivo final de estas medidas es evitar que el aumento de costos internacionales se traduzca en un alza desmedida de la canasta básica y los alimentos, priorizando la inversión pública en los sectores más vulnerables de la población.
El un movimiento del presidente Abinader llega justo ante la volatilidad extrema provocada por el conflicto en Medio Oriente y la escalada en los precios del crudo, el Consejo de Gobierno activado un plan austero del que se esperan ya reacciones desde todos los ámbitos sociales.
El anuncio de liberar cerca de RD$40,000 millones no es solo una cifra contable, sino que esto representa un fondo de maniobra crucial para el gobierno de Abinader.
Asimismo, las medidas de austeridad, especialmente el recorte del 50% al presupuesto de los partidos políticos, suelen actuar como un catalizador de tensiones en el espectro político dominicano
Es casi seguro que los partidos de oposición, como la Fuerza del Pueblo y el PLD, además de otras organizaciones políticas, recurran a las altas instancias legales frente a estas medidas.
Reducir el presupuesto limitará su capacidad de fiscalización y de organización interna, lo que podría vulnerar el derecho a la libre asociación y la equidad electoral estipulada en la Ley 33-18.
https://listindiario.com/la-republica/gobierno/20260501/tijerazo-austero-gobierno-recorta-50-fondos-partidos_903983.html
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OPINIÓN

Austeridad inteligente y resiliencia macroeconómica: la prueba de fuego dominicana ante el shock petrolero

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

La crisis en Medio Oriente —y su traducción inmediata en volatilidad energética— ha vuelto a poner a prueba la arquitectura macroeconómica de los países importadores netos de hidrocarburos. Para la República Dominicana, cuyo aparato productivo, matriz de generación eléctrica y estructura de costos internos son altamente sensibles a los precios del crudo, el canal de transmisión más visible no es diplomático ni militar: es contable, fiscal y social. En ese contexto, el anuncio de nuevas medidas de contención y eficientización del gasto público por parte del Gobierno, con la meta de generar una disponibilidad cercana a RD$40,000 millones, constituye una decisión que merece leerse más allá del titular: como un acto de administración del riesgo país frente a un choque externo.¹

El hecho político-administrativo es claro: el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña encabezaron el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros con el propósito de dar seguimiento al plan gubernamental para mitigar el impacto de la crisis sobre la economía dominicana.² Ese gesto institucional, en sí mismo, envía una señal de conducción y coordinación interministerial: ante la incertidumbre, se prioriza la gobernanza del ciclo presupuestario. Y en tiempos de shock, el presupuesto no es un documento: es una herramienta de estabilización.

I. El shock externo: del barril a la canasta básica

El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, sintetizó el problema con una afirmación técnica y directa: para economías como la dominicana, el aumento del precio internacional del petróleo es el principal canal de transmisión del choque, porque presiona la inflación y el costo de vida.³ Más aún, ofreció un dato cuantitativo que ayuda a dimensionar el impacto: cada aumento sostenido de US$10 por barril implica alrededor de US$763 millones adicionales en la factura petrolera anual del país.⁴ Esta cifra condensa tres realidades: (1) el país paga más por importar energía; (2) esa energía encarece transporte, electricidad y producción; y (3) el Estado enfrenta presiones adicionales para subsidiar y contener el traspaso a precios.

A la vez, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, calificó el momento como uno de los mayores choques de precios de la historia reciente dominicana, aludiendo a un aumento superior al 80% en el precio del petróleo.⁵ Independientemente del porcentaje exacto en cada referencia temporal, el punto económico es irrebatible: cuando el crudo sube de forma abrupta, el trilema de la política pública aparece sin maquillaje. O se deja que el precio se traslade plenamente a los consumidores (con riesgo social e inflacionario), o se subsidia para amortiguar el golpe (con costo fiscal), o se combina con ajustes graduales y medidas de eficiencia del gasto.

En marzo, el propio Ministerio de Hacienda explicó la lógica fiscal de esa tensión: el Gobierno había subsidiado combustibles incluso con un precio promedio cercano a US$65 por barril, acumulando esfuerzos significativos, y advirtió que —de no tomarse medidas— el costo del subsidio podría escalar de forma extraordinaria bajo los nuevos niveles del crudo.⁶ Ese señalamiento es crucial para comprender el anuncio del 30 de abril: la contención del gasto no es un capricho austeritario, sino una respuesta para preservar capacidad de maniobra cuando el choque energético amenaza con convertir el presupuesto en un mecanismo de gasto automático.

II. RD$40,000 millones: el presupuesto como “colchón” anticrisis

José Rijo Presbot, director general de Presupuesto, explicó que el objetivo de las medidas es liberar una disponibilidad cercana a RD$40,000 millones, respetando compromisos contractuales ya formalizados y revisando apropiaciones no comprometidas según prioridades nacionales.⁷ El diseño es relevante: se evita, por principio, la “impuntualidad” del Estado frente a contratos suscritos, y se concentra el ajuste donde el margen es mayor: partidas no comprometidas y gasto discrecional.

Ese enfoque, si se ejecuta con rigor, puede ser macroeconómicamente virtuoso por tres vías:

  1. Reduce presión de financiamiento: al posponer o recortar gasto no prioritario, se disminuye la necesidad de endeudamiento o reasignaciones abruptas en medio de la tormenta.⁸
  2. Protege anclas de credibilidad: disciplina fiscal en choques externos refuerza la percepción de sostenibilidad, disminuye primas de riesgo y estabiliza expectativas.⁹
  3. Preserva espacio para lo social: la austeridad no es fin en sí mismo; su legitimidad depende de blindar la red de protección y la inversión pública de alto impacto.¹⁰

Este punto conecta con la narrativa oficial: las medidas buscan posponer gasto no prioritario para fortalecer la capacidad de respuesta del Estado, preservar estabilidad y concentrar recursos en proteger sectores vulnerables y sostener el dinamismo del país.¹¹ En otras palabras: un ajuste preventivo, no un recorte recesivo.

III. El menú de medidas: señales, incentivos y consistencia

El anuncio incluye una lista de acciones específicas: reducción de gastos operativos, contención en adquisición de vehículos (con excepciones en asistencia social y seguridad alimentaria), disminución de mantenimientos menores, racionalización de servicios y contrataciones, limitación de eventos a costos mínimos, ajustes en textiles, vestuario, viáticos, pasajes, racionalización de combustible y publicidad, recorte del 50% al presupuesto de los partidos políticos, y reducción verificable de transferencias corrientes a organismos con capacidad de generar recursos propios.¹²

Desde un punto de vista de política pública, esa lista cumple dos funciones simultáneas:

  • Función fiscal inmediata: generar caja y reorientar recursos en el corto plazo.¹³
  • Función simbólica y de gobernanza: enviar la señal de que el Estado empieza por “apretarse el cinturón” en rubros visibles antes de tocar áreas sensibles.¹⁴

El recorte del 50% al financiamiento de partidos políticos, por ejemplo, tiene un valor político-comunicacional innegable: sugiere que el sacrificio no será asimétrico ni recaerá solo en la ciudadanía.¹⁵ Sin embargo, la eficacia real dependerá de la implementación: calendario, base legal, mecanismos de verificación y sostenibilidad.

La racionalización de combustible y publicidad también apunta a rubros tradicionalmente expuestos a inercia y discrecionalidad.¹⁶ En épocas de shock petrolero, reducir consumo institucional de combustible no solo ahorra: mejora coherencia narrativa (si se pide eficiencia al sector privado, el Estado debe modelarla).

IV. Reservas internacionales y estabilidad cambiaria: el “seguro” contra el pánico

Magín Díaz sostuvo que la estrategia del Gobierno se apoya, entre otros pilares, en reservas internacionales superiores a US$16,000 millones, además de estabilidad cambiaria y crecimiento económico.¹⁷ Ese punto merece subrayarse, porque en crisis energéticas la amenaza no es únicamente inflacionaria; es también externa: mayores importaciones energéticas presionan la balanza de pagos, el tipo de cambio y las expectativas.

En marzo de 2026, reportes basados en datos del Banco Central indicaron que las reservas internacionales netas se ubicaron por encima de los US$16,000 millones al cierre de febrero, reforzando la posición externa del país.¹⁸ Esta “munición” reduce el riesgo de un ajuste cambiario desordenado, brinda capacidad de intervención y fortalece credibilidad, siempre que se use con prudencia y no como sustituto de ajustes estructurales.¹⁹

V. El costo fiscal de amortiguar la crisis: subsidios, focalización y justicia distributiva

La República Dominicana ha utilizado con frecuencia subsidios para contener el impacto de choques energéticos sobre los hogares. En marzo, Hacienda recordó que incluso con precios promedio relativamente bajos se mantuvieron subsidios, acumulando esfuerzos fiscales relevantes, y advirtió sobre el potencial escalamiento si el shock persistía.²⁰ Este razonamiento introduce un debate inevitable: ¿subsidio universal o focalizado?

Los subsidios generalizados tienden a beneficiar proporcionalmente más a quienes más consumen energía (hogares de mayores ingresos y grandes consumidores), mientras que los hogares vulnerables suelen necesitar apoyo directo y bien focalizado.²¹ En otras palabras, la protección social eficiente no es “más gasto”, sino “mejor gasto”. Si el Gobierno abre espacio fiscal con RD$40,000 millones, la pregunta estratégica es cómo traducir ese espacio en protección efectiva: alimentos, transporte, electricidad y programas de apoyo que realmente amortigüen el golpe en el decil más vulnerable.

Aquí entra el papel de la austeridad inteligente: si el Estado reduce viáticos, eventos y compras no esenciales, pero al mismo tiempo fortalece instrumentos de transferencia y apoyo a la canasta básica, el ajuste puede ser socialmente defendible y económicamente estabilizador.²²

VI. Riesgos y condiciones de éxito: donde se juega la credibilidad

Para que estas medidas pasen de anuncio a política eficaz, hay condiciones mínimas:

  1. Transparencia y trazabilidad: publicar lineamientos, metas por institución, cronograma y reportes de ejecución. El éxito fiscal sin transparencia suele ser efímero.
  2. Priorización explícita: definir qué se protege (salud, educación, protección social, inversión crítica) y qué se pospone, con criterios verificables.
  3. Coherencia intertemporal: evitar que el recorte de mantenimiento menor se convierta en costos mayores futuros; a veces “ahorrar hoy” encarece mañana.
  4. Focalización social: cualquier ahorro debe traducirse en amortiguación real del costo de vida, especialmente en alimentos y transporte.
  5. Diálogo y coordinación: Paliza habló de prudencia y sostenibilidad; eso exige articulación con sectores productivos y actores sociales para evitar reacciones en cadena.²³

En suma, la política fiscal debe funcionar como un amortiguador, no como un freno del crecimiento.

VII. Conclusión: gobernar el shock sin perder el rumbo

La economía dominicana —como muchas economías abiertas y dependientes de importaciones energéticas— enfrenta un recordatorio contundente: la geopolítica siempre termina impactando el costo del pan, el pasaje y la factura eléctrica. Lo novedoso no es el shock; lo importante es la respuesta.

Las medidas anunciadas para liberar RD$40,000 millones, sumadas al énfasis en preservar estabilidad macroeconómica, mitigar impacto en canasta básica y sostener inversión pública, constituyen un enfoque de estabilización preventiva: contener el gasto discrecional para proteger lo esencial.²⁴ Si la ejecución se acompaña de transparencia, priorización y focalización, el país no solo resistirá el golpe: puede consolidar una narrativa de resiliencia fiscal responsable.

En tiempos de turbulencia, la calidad del Estado se mide por su capacidad de escoger: qué se posterga, qué se protege y qué se acelera. En esa elección, el Gobierno ha colocado una apuesta: austeridad inteligente para sostener estabilidad y cohesión social. Ahora la historia económica de este episodio la escribirá la implementación.

Luis Orlando Díaz Vólquez


Notas 

  1. “Gasto público en RD: medidas para ahorrar 40,000 millones de pesos…”, Diario Libre, 30 de abril de 2026. [diariolibre.com]
  2. “Gobierno anuncia recortes y ahorro de RD$40 mil millones”, RCC Noticias, 30 de abril de 2026. [rccnoticias.com.do]
  3. “Gobierno anuncia medidas ante impacto de crisis en Medio Oriente”, elCaribe, 30 de abril de 2026. [elcaribe.com.do]
  4. Ibid. [elcaribe.com.do]
  5. “Gobierno anuncia recortes y ahorro de RD$40 mil millones”, RCC Noticias, 30 de abril de 2026. [rccnoticias.com.do]
  6. Ministerio de Hacienda y Economía, “Gobierno subsidió combustibles con RD$11,000 millones incluso cuando el barril promediaba US$65”, 23 de marzo de 2026. [hacienda.gob.do]
  7. “Gasto público en RD: medidas para ahorrar 40,000 millones de pesos…”, Diario Libre, 30 de abril de 2026. [diariolibre.com]
  8. “Gobierno anuncia austeridad para enfrentar crisis en Medio Oriente”, Noticias SIN, 1 de mayo de 2026. [noticiassin.com]
  9. “El Banco Central de la República Dominicana mantiene los tipos en el 5,25%…”, Infobae, 30 de marzo de 2026. [infobae.com]
  10. “Gobierno anuncia recortes y ahorro de RD$40 mil millones”, RCC Noticias, 30 de abril de 2026. [rccnoticias.com.do]
  11. “Gobierno recorta gastos y libera RD$40 mil millones ante crisis”, elCaribe, 30 de abril de 2026. [elcaribe.com.do]
  12. “Gobierno anuncia recortes y ahorro de RD$40 mil millones”, RCC Noticias, 30 de abril de 2026. [rccnoticias.com.do]
  13. “Gobierno dominicano anuncia plan de austeridad por RD$40,000 millones…”, Ensegundos.do, 30 de abril de 2026. [ensegundos.do]
  14. “Gobierno restringe publicidad, viáticos, reduce 50% a partidos”, AlMomento.net, 30 de abril de 2026. [almomento.net]
  15. “República Dominicana: Gobierno propone recorte presupuestario del 50% a partidos políticos…”, Infobae, 1 de mayo de 2026. [infobae.com]
  16. “Gobierno aplica medidas de austeridad: limita combustible…”, EHPLUS+, 1 de mayo de 2026. [ehplus.do]
  17. “Gasto público en RD: medidas para ahorrar 40,000 millones de pesos…”, Diario Libre, 30 de abril de 2026. [diariolibre.com]
  18. Alexis Álvarez, “Reservas internacionales de RD vuelven a colocarse por encima de los US$16,000 millones”, El Nacional, 23 de marzo de 2026. [elnacional.com.do]
  19. “El Banco Central de la República Dominicana mantiene los tipos en el 5,25%…”, Infobae, 30 de marzo de 2026. [infobae.com]
  20. Ministerio de Hacienda y Economía, “Gobierno subsidió combustibles con RD$11,000 millones…”, 23 de marzo de 2026. [hacienda.gob.do]
  21. Ministerio de Hacienda y Economía, “Gobierno subsidió combustibles con RD$11,000 millones…”, 23 de marzo de 2026. [hacienda.gob.do]
  22. “Gobierno anuncia austeridad para enfrentar crisis en Medio Oriente”, Noticias SIN, 1 de mayo de 2026. [noticiassin.com]
  23. “Gobierno anuncia recortes y ahorro de RD$40 mil millones”, RCC Noticias, 30 de abril de 2026. [rccnoticias.com.do]
  24. “Gasto público en RD: medidas para ahorrar 40,000 millones de pesos…”, Diario Libre, 30 de abril de 2026. [diariolibre.com]

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El "tijerazo” de austeridad del Gobierno le quita el 50% del financiamiento a los partidos

 FINANCIAMIENTO A LOS PARTIDOS

El "tijerazo” de austeridad del Gobierno le quita el 50% del financiamiento a los partidos
Es casi seguro que los partidos políticos de oposición, como la Fuerza del Pueblo y el PLD, además de otras organizaciones políticas, recurran a las altas instancias legales frente a estas medidas.
Las autoridades explicaron, durante el quincuagésimo séptimo Consejo de Gobierno, que este “sacrificio institucional” es necesario para contrarrestar el encarecimiento de la factura petrolera.LISTIN DIARIO
Santo Domingo, RD | 01/05/2026 | Guillermo Pérez

En respuesta al impacto económico de la crisis en Medio Oriente y el alza histórica del petróleo, el presidente Luis Abinader anunció un agresivo plan de austeridad que busca liberar cerca de RD$40,000 millones.
La estrategia central consiste en un recorte drástico de los gastos operativos del Estado y una reducción del 50% en el presupuesto de los partidos políticos para blindar la estabilidad macroeconómica del país.
Durante el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros, las autoridades explicaron que este “sacrificio institucional” es necesario para contrarrestar el encarecimiento de la factura petrolera.
Según el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, cada incremento de US$10 en el barril de crudo representa un costo adicional de US$763 millones anuales para la República Dominicana.
El director de Presupuesto, José Rijo Presbot, detalló que el “tijerazo” alcanzará áreas no prioritarias con publicidad, viáticos y pasajes, adquisición de vehículos y eventos institucionales, combustible y contrataciones de servicios, y transferencias a organismos autónomos con capacidad de autogestión.
Por su parte, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, aseguró que el país cuenta con reservas superiores a los US$16,000 millones para amortiguar el choque.
El objetivo final de estas medidas es evitar que el aumento de costos internacionales se traduzca en un alza desmedida de la canasta básica y los alimentos, priorizando la inversión pública en los sectores más vulnerables de la población.
El un movimiento del presidente Abinader llega justo ante la volatilidad extrema provocada por el conflicto en Medio Oriente y la escalada en los precios del crudo, el Consejo de Gobierno activado un plan austero del que se esperan ya reacciones desde todos los ámbitos sociales.
El anuncio de liberar cerca de RD$40,000 millones no es solo una cifra contable, sino que esto representa un fondo de maniobra crucial para el gobierno de Abinader.
Asimismo, las medidas de austeridad, especialmente el recorte del 50% al presupuesto de los partidos políticos, suelen actuar como un catalizador de tensiones en el espectro político dominicano
Es casi seguro que los partidos de oposición, como la Fuerza del Pueblo y el PLD, además de otras organizaciones políticas, recurran a las altas instancias legales frente a estas medidas.
Reducir el presupuesto limitará su capacidad de fiscalización y de organización interna, lo que podría vulnerar el derecho a la libre asociación y la equidad electoral estipulada en la Ley 33-18.
https://listindiario.com/la-republica/gobierno/20260501/tijerazo-austero-gobierno-recorta-50-fondos-partidos_903983.html
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Economía | Gobierno anuncia nuevas medidas para enfrentar el impacto de la crisis en Medio Oriente sobre la economía dominicana
Presidente Abinader busca con estas medidas generar una disponibilidad cercana a RDb40,000 millones.

Santo Domingo, R.D., 30 de Abril 2026.- El presidente de la República, Luis Abinader, y la vicepresidenta Raquel Peña, encabezaron este jueves el quincuagésimo séptimo Consejo de Ministros, celebrado en el Palacio Nacional, con el objetivo de dar seguimiento al plan gubernamental para enfrentar el impacto sobre la economía dominicana de la crisis en Medio Oriente.
José Rijo Presbot, director general de Presupuesto, explicó que el Gobierno ha dispuesto una serie de medidas de contención y eficientización del gasto público para generar una disponibilidad cercana a RD 40,000 millones, partiendo del principio de respetar todos los compromisos ya formalizados bajo contrato, mientras que aquellas apropiaciones presupuestarias aún no comprometidas serán sometidas a revisión, ajuste o reducción según las prioridades nacionales.
Detalló que estas acciones incluyen la reducción de gastos operativos, la contención en la adquisición de vehículos, con excepción de áreas prioritarias como asistencia social y seguridad alimentaria, disminución de reparaciones y mantenimientos menores, racionalización de servicios y contrataciones, limitación de eventos a costos mínimos, ajustes en textiles, vestuario, viáticos, pasajes, racionalización de combustible y publicidad, la reducción de un 50 % del presupuesto a los partidos políticos, entre otros. Además, una reducción verificable de transferencias corrientes a organismos autónomos, descentralizados y empresas públicas con capacidad de generar sus propios recursos.
Presbot subrayó que estas decisiones responden a la necesidad de posponer temporalmente todo gasto no prioritario, con el propósito de fortalecer la capacidad de respuesta del Estado ante el contexto internacional, preservar la estabilidad económica y asegurar que los recursos públicos se concentren en proteger a los sectores más vulnerables y sostener el dinamismo del país.
Por otro lado, el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, explicó que el país enfrenta un choque externo, cuyo principal canal de transmisión para economías como la dominicana es el aumento en los precios internacionales del petróleo, lo que genera presiones directas sobre la inflación y el costo de vida.
En ese sentido, destacó que cada aumento sostenido de USD 10 por barril implica alrededor de USD 763 millones adicionales en la factura petrolera anual de la República Dominicana, lo que incrementa las presiones fiscales y los costos asociados a los subsidios.
Asimismo, resaltó que, pese al contexto internacional, la República Dominicana ha logrado contener el impacto mejor que la mayoría de países de la región, gracias a las medidas adoptadas para proteger a las familias dominicanas. No obstante, advirtió que estos esfuerzos implican un costo fiscal significativo, por lo que deben manejarse con prudencia y sostenibilidad.
A su vez, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, afirmó que República Dominicana enfrenta uno de los mayores choques de precios de su historia reciente, provocado por el alza de más de un 80 % en el precio del petróleo, pero aseguró que el Gobierno ha centrado su estrategia en tres objetivos esenciales: preservar la estabilidad macroeconómica, fiscal y social; mitigar el impacto sobre los alimentos, la canasta básica y los insumos agropecuarios; y sostener la inversión pública, apoyado en reservas internacionales superiores a USD 16,000 millones, estabilidad cambiaria, crecimiento económico, fortalecimiento de los programas sociales y una política de austeridad orientada a proteger a la población más vulnerable.
https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-anuncia-nuevas-medidas-para-enfrentar-el-impacto-de-la-crisis-en-medio-oriente
DIPP | Consejo de Gobierno

jueves, 18 de diciembre de 2025

Gobierno realiza 54.º Consejo de Ministros; presenta avances en metas priorizadas y coordinan acciones 2026

Presidente

Gobierno y metas priorizadas: rumbo a 2026 con énfasis en resultados

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

El 54.º Consejo de Ministros, celebrado el 17 de diciembre de 2025 en el Palacio Nacional y encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, constituye una instancia relevante para evaluar el avance del Plan de Gobierno 2024–2028 y para coordinar las acciones estratégicas que orientarán la gestión pública durante 2026. El encuentro, según el comunicado oficial, puso énfasis en el seguimiento sistemático de metas priorizadas, la estabilidad macroeconómica como soporte de la inversión pública y la Jornada de Articulación: Acciones de Gobierno 2026 como mecanismo para fortalecer la coordinación interinstitucional y la participación social.

La priorización de metas y el seguimiento institucional son prácticas coherentes con modelos contemporáneos de gestión pública orientada a resultados. No obstante, la traducción de intenciones en resultados tangibles exige que los compromisos se acompañen de instrumentos técnicos y democráticos que permitan verificar avances, corregir desvíos y garantizar la rendición de cuentas. En este sentido, la comunicación oficial destaca avances en sectores clave —infraestructura, educación, salud, seguridad, innovación y fortalecimiento institucional— y la incorporación de aportes de organizaciones sociales que trabajan con envejecientes, niños y mujeres, lo que refuerza un enfoque participativo en la formulación de acciones para 2026.

Desde la perspectiva fiscal y macroeconómica, el informe del Ministerio de Hacienda sobre el comportamiento económico al cierre de 2025 y las proyecciones para 2026–2028 refuerzan la narrativa de estabilidad como condición necesaria para sostener crecimiento y empleo. Sin embargo, la estabilidad macroeconómica por sí sola no garantiza mejoras distributivas ni protección social efectiva. Es imprescindible que la planificación presupuestaria y la programación de inversiones públicas prioricen proyectos con alto impacto social y que se integren análisis de sostenibilidad fiscal y evaluación de riesgos macroeconómicos para preservar la capacidad del Estado de responder ante choques externos.

La Jornada de Articulación: Acciones de Gobierno 2026 representa un avance en la búsqueda de coherencia interinstitucional. Para que este tipo de procesos trascienda la retórica y se convierta en práctica institucional permanente, es necesario institucionalizar mecanismos de co-diseño y seguimiento que permitan a la sociedad civil participar no solo en consultas puntuales, sino en mesas permanentes de trabajo con capacidad real de incidencia en la formulación, ejecución y evaluación de políticas públicas. La inclusión de organizaciones que atienden a poblaciones vulnerables es un paso positivo, pero su impacto dependerá de la formalización de canales de interlocución y de la transparencia en la incorporación de sus aportes.

Para consolidar los avances anunciados y asegurar que las metas priorizadas se traduzcan en mejoras sostenibles en la calidad de vida, propongo las siguientes líneas de acción concretas: (a) publicar una matriz pública de metas con indicadores, líneas base, responsables y plazos; (b) establecer evaluaciones independientes y periódicas que verifiquen resultados y procesos; (c) articular la planificación fiscal plurianual con criterios de priorización social y análisis de riesgo; (d) institucionalizar mesas sectoriales de co-diseño y seguimiento con representación de organizaciones sociales; y (e) fortalecer la comunicación pública mediante portales interactivos que permitan a la ciudadanía monitorear avances y presentar observaciones.

En síntesis, el 54.º Consejo de Ministros y la Jornada de Articulación muestran una orientación gubernamental hacia la gestión por resultados y la coordinación interinstitucional para 2026. Para que estas orientaciones se conviertan en logros verificables y sostenibles, es indispensable complementar la voluntad política con instrumentos técnicos, mecanismos de evaluación independiente, participación ciudadana institucionalizada y una articulación explícita entre la política fiscal y las prioridades sociales. Solo así las metas priorizadas podrán materializarse en beneficios reales y duraderos para la población dominicana.

Referencias

Presidencia de la República Dominicana. (2025, 17 de diciembre). Gobierno realiza 54.º Consejo de Ministros; presenta avances en metas priorizadas y coordinan acciones 2026. https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-realiza-54o-consejo-de-ministros-presenta-avances-en-metas-priorizadas-y

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El presidente Luis Abinader reiteró su compromiso con el cumplimiento efectivo de estas metas priorizadas para mejorar la calidad de vida de la población.

17 de Diciembre 2025 | Presidencia

Santo Domingo.– El presidente de la República, Luis Abinader, junto con la vicepresidenta Raquel Peña, encabezó este miércoles el quincuagésimo cuarto Consejo de Ministros, en el Palacio Nacional, un espacio de trabajo centrado en pasar balance a los avances de las metas priorizadas del Plan de Gobierno 2024–2028 y coordinar las acciones estratégicas que guiarán la gestión durante el año 2026.

Las informaciones fueron dadas por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, quien destacó que el seguimiento sistemático al cumplimiento de metas permite sostener una administración pública enfocada en resultados y alineada con los compromisos asumidos con la ciudadanía.

“Nuestro mayor esfuerzo está en garantizar que cada institución avance con claridad, coordinación y sentido de urgencia hacia los objetivos nacionales”, afirmó.

El ministro de Hacienda, Magín Díaz, presentó un reporte actualizado sobre el comportamiento de la economía dominicana al cierre de 2025 y las proyecciones macroeconómicas para el período 2026–2028, insumos clave para la toma de decisiones en materia de inversión pública, política social y planificación sectorial. El análisis reafirma la estabilidad macroeconómica como base para sostener el crecimiento, la generación de empleos y el impulso de las políticas prioritarias del Gobierno.

El viceministro de la Presidencia, Luis Madera Sued, presentó los enfoques estratégicos y el estado de avance de las metas priorizadas, destacando el progreso registrado en áreas clave como infraestructura, educación, salud, seguridad, innovación y fortalecimiento institucional.

El presidente Luis Abinader reiteró el compromiso de su gestión con el cumplimiento efectivo de estas metas, señalando que representan el núcleo del esfuerzo gubernamental para mejorar la calidad de vida de la población.

Uno de los puntos centrales de la reunión fue la presentación de los resultados de la Jornada de Articulación: Acciones de Gobierno 2026, un proceso liderado por el Ministerio de la Presidencia para fortalecer la coordinación interinstitucional, asegurar la coherencia entre las prioridades nacionales y mejorar la capacidad de respuesta del Estado.

La jornada incluyó consultas con organizaciones sociales que trabajan con personas envejecientes, niños y mujeres, cuyos aportes fueron integrados en el diseño de las acciones previstas para 2026, reforzando el enfoque humano y participativo de la gestión gubernamental.

https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-realiza-54o-consejo-de-ministros-presenta-avances-en-metas-priorizadas-y 

✅ Gobierno celebra 54.º Consejo de Ministros
El presidente @LuisAbinader y la vicepresidenta @RaquelPena encabezaron la reunión para evaluar avances del Plan de Gobierno 2024–2028 y coordinar acciones estratégicas para el 2026.

📊 Se presentaron resultados en infraestructura, educación, salud, seguridad e innovación, reafirmando el compromiso de mejorar la calidad de vida de la población.

🔗 Más detalles: presidencia.gob.do/noticias

#ConsejoDeMinistros #GobiernoRD #LuisAbinader #Acciones2026

DIPP Consejo de Ministros

Artículo académico.

Gobierno, metas priorizadas y gobernanza orientada a resultados: una lectura crítica y propositiva

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Resumen | Objetivo: Analizar críticamente los avances reportados en el 54.º Consejo de Ministros del Gobierno dominicano (17 de diciembre de 2025) y proponer recomendaciones para fortalecer la implementación de las metas priorizadas del Plan de Gobierno 2024–2028. Método: revisión crítica del comunicado oficial y de su contexto institucional, con énfasis en gobernanza, coordinación interinstitucional y sostenibilidad fiscal. Conclusión: Los avances comunicados muestran una orientación positiva hacia la gestión por resultados, pero requieren mecanismos más robustos de rendición de cuentas, evaluación independiente y participación ciudadana sostenida para traducirse en mejoras sostenibles en la calidad de vida Presidencia de la República Dominicana.


Introducción

El 54.º Consejo de Ministros, encabezado por el presidente Luis Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña, se presentó como un espacio para evaluar el progreso de las metas priorizadas del Plan de Gobierno 2024–2028 y coordinar acciones para 2026 Presidencia de la República Dominicana. El comunicado oficial destaca la importancia del seguimiento sistemático, la estabilidad macroeconómica y la Jornada de Articulación: Acciones de Gobierno 2026 como instrumentos para mejorar la coordinación interinstitucional y la inclusión de aportes de organizaciones sociales Presidencia de la República Dominicana. Este artículo de opinión académico examina esos elementos desde la perspectiva de la gestión pública basada en resultados y ofrece recomendaciones concretas para consolidar los logros anunciados.


Análisis crítico

Gobernanza orientada a resultados y seguimiento

El énfasis en el seguimiento sistemático y la administración pública enfocada en resultados es coherente con prácticas internacionales de gestión pública moderna; sin embargo, la eficacia de tales enfoques depende de la existencia de indicadores claros, líneas base verificables y evaluaciones periódicas independientes. El comunicado subraya el seguimiento institucional, pero no detalla los mecanismos de verificación externa ni la periodicidad pública de los informes, elementos necesarios para garantizar transparencia y confianza ciudadana Presidencia de la República Dominicana.

Sostenibilidad macroeconómica y prioridades sociales

El informe del ministro de Hacienda sobre el comportamiento económico al cierre de 2025 y las proyecciones 2026–2028 refuerza la narrativa de estabilidad macroeconómica como base para inversión pública y políticas sociales Presidencia de la República Dominicana. No obstante, la estabilidad macroeconómica debe traducirse en políticas contracíclicas y en protección social focalizada para evitar que el crecimiento económico no se traduzca automáticamente en mejoras distributivas. Es imprescindible articular la planificación fiscal con metas sociales medibles y con evaluaciones de impacto que permitan priorizar inversiones con mayor retorno social.

Coordinación interinstitucional y participación social

La Jornada de Articulación y la inclusión de organizaciones que trabajan con envejecientes, niños y mujeres muestran un avance hacia la gobernanza participativa Presidencia de la República Dominicana. Sin embargo, la participación efectiva exige no solo consultas puntuales sino mecanismos institucionalizados de co-diseño, seguimiento y retroalimentación que integren a la sociedad civil en todas las fases de la política pública, desde la formulación hasta la evaluación.


Recomendaciones políticas y técnicas

  1. Establecer un marco de indicadores públicos y verificables

    • Publicar una matriz de metas con indicadores, líneas base, metas intermedias y responsables institucionales; actualizarla trimestralmente con informes accesibles al público.
    • Vincular cada meta priorizada a indicadores de impacto y a plazos concretos para 2026–2028 Presidencia de la República Dominicana.
  2. Fortalecer la evaluación independiente

    • Crear o asignar a una entidad independiente (académica o de auditoría social) la evaluación anual de avances y la verificación de resultados, con capacidad para auditar procesos y publicar hallazgos.
  3. Articular política fiscal y prioridades sociales

    • Asegurar que las proyecciones macroeconómicas informen decisiones de inversión pública priorizando proyectos con alto impacto social y retorno en empleo; incorporar análisis de sostenibilidad fiscal y riesgo macroeconómico en la planificación plurianual Presidencia de la República Dominicana.
  4. Institucionalizar la participación ciudadana

    • Transformar las consultas sectoriales en mesas permanentes de co-diseño y seguimiento, con representación de organizaciones de envejecientes, infancia y género, y con mecanismos claros para incorporar sus recomendaciones en los planes operativos.
  5. Mejorar la comunicación pública y la rendición de cuentas

    • Diseñar una estrategia de comunicación que explique avances y limitaciones en lenguaje accesible, acompañada de portales interactivos donde la ciudadanía pueda monitorear el progreso y presentar observaciones.

Conclusión

El 54.º Consejo de Ministros y la Jornada de Articulación reflejan una intención gubernamental de orientar la gestión hacia resultados y de consolidar la coordinación interinstitucional para 2026 Presidencia de la República Dominicana. Para que estas intenciones se traduzcan en mejoras sostenibles en la calidad de vida, es necesario complementar la planificación con instrumentos de transparencia, evaluación independiente, participación ciudadana institucionalizada y una articulación explícita entre la política fiscal y las prioridades sociales. Solo así las metas priorizadas podrán convertirse en logros verificables y sostenibles para la población dominicana.


Referencias

Presidencia de la República Dominicana. (2025, 17 de diciembre). Gobierno realiza 54.º Consejo de Ministros; presenta avances en metas priorizadas y coordinan de acciones 2026. https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-realiza-54o-consejo-de-ministros-presenta-avances-en-metas-priorizadas-y Presidencia de la República Dominicana.



miércoles, 12 de noviembre de 2025

Presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, destaca compromiso nacional del presidente Abinader con una justicia centrada en las personas y que fortalece la democracia

Presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, destaca compromiso nacional del presidente Abinader con una justicia centrada en las personas y que fortalece la democracia

  • Resalta avances logrados por el Poder Judicial desde 2020, que eliminó la mora estructural y digitalizó por completo los servicios judiciales.
  • Presidente Abinader destaca que una justicia moderna, digital y humana es clave para consolidar la democracia y garantizar un país confiable y sin impunidad.

Santo Domingo., 12 de noviembre de 2025. – El presidente Luis Abinader participó en el lanzamiento del Plan Decenal Justicia del Futuro 2034, donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, destacó que su presencia reafirma su compromiso nacional con una justicia centrada en las personas y que fortalece la democracia.

Molina resaltó que desde el 2020 el Poder Judicial ha ejecutado con disciplina el Plan Visión Justicia 20/24, logrando avances históricos como la eliminación de la mora estructural en la Suprema Corte de Justicia tras más de 40 años de retardo, que más del 80% de los tribunales estén al día y que el 100% de los documentos judiciales y trámites inmobiliarios se realicen de manera digital y señaló que el propósito de este plan es claro: "Eliminar el retardo judicial en el 100% de los tribunales". 

El presidente de la SCJ subrayó que estos resultados son tangibles y reconocidos internacionalmente, señalando que en octubre la República Dominicana logró el mayor avance mundial en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, con un ascenso de 11 posiciones a nivel global, y que, según el Latinobarómetro 2024, la confianza ciudadana en la justicia se ha duplicado desde 2019. “La justicia dominicana no se detuvo, avanzó”, afirmó, al destacar que el país consolida su liderazgo regional en materia judicial y demuestra su capacidad y solvencia moral para cumplir sus compromisos institucionales.

El magistrado explicó que el nuevo Plan Justicia del Futuro 2034 marca el inicio de una nueva etapa hacia un sistema judicial más humano, ágil y transparente, con metas claras como eliminar el retardo judicial en todos los tribunales, garantizar la transparencia y derribar las barreras que limitan el acceso ciudadano. 

Indicó que fue construido con la participación de más de 3,000 personas de distintos sectores nacionales y diseñado bajo la metodología de planificación por escenarios, aplicada en países como Sudáfrica y Colombia. “En un mundo donde el Estado de Derecho retrocede, la República Dominicana avanza”, concluyó Molina, al reafirmar que el futuro de la justicia pertenece a toda la sociedad y debe seguir construyéndose con integridad, responsabilidad y empatía.

Un acto de madurez democrática, de visión de Estado y de compromiso con el porvenir del país

De su lado, el presidente Abinader destacó que la presentación de este plan no es simplemente un acontecimiento institucional del Poder Judicial; es un acto de madurez democrática, de visión de Estado y de compromiso con el porvenir del país y dijo que representa una apuesta por una justicia que no solo administre leyes, sino que también transforme vidas y fortalezca la confianza ciudadana.

El mandatario explicó que este esfuerzo se encuentra alineado con la estrategia nacional Meta RD 2036, y simboliza la voluntad de construir un país donde el progreso sea estructural, sostenido y respaldado por instituciones sólidas, transparentes y previsibles.

Resaltó los avances recientes del sistema judicial, indicando que la innovación tecnológica y la gestión moderna pueden estar al servicio de una justicia más ágil, eficiente y cercana. 

Entre los logros alcanzados en los últimos años, el presidente destacó la existencia de tribunales más ágiles, procesos digitalizados, mayor transparencia y una ciudadanía que empieza, de nuevo, a creer en su justicia. "Esa transformación no se mide solo en estadísticas. Se mide en vidas: en la madre que ve resuelto un caso que llevaba años detenido; en el joven que obtiene una respuesta rápida y justa; en el emprendedor que confía en que su inversión será protegida por la ley; en cada dominicano que siente que el Estado lo escucha y lo defiende".

“El Gobierno que encabezo ha acompañado este proceso con respeto a la independencia de los poderes del Estado, pero también con la convicción de que no hay desarrollo sin justicia confiable”, afirmó el mandatario, quien definió la modernización judicial como un acto de justicia social.

Y agregó: "Porque sin justicia independiente no hay crecimiento sostenible, ni inversiones seguras, ni democracia duradera. Sin justicia efectiva, el ciudadano común pierde esperanza, y con ello se debilita la cohesión social".

El jefe de Estado expresó que el Plan Justicia del Futuro 2034 propone una justicia “moderna, digital, eficiente y humana”, con una proyección a diez años que conecta con los objetivos nacionales de desarrollo y con la aspiración del país de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Abinader enfatizó que la modernización del Estado requiere instituciones que rindan cuentas, usen la tecnología como herramienta de equidad y sirvan a las personas, no a los intereses particulares. “Cuando la justicia actúa con integridad, el país camina con confianza. Y cuando la justicia es eficiente, la democracia florece”, sostuvo.

El presidente Abinader concluyó reafirmando el propósito de su Gobierno de acompañar este proceso de transformación institucional: “Una justicia que no solo juzgue, sino que inspire; que no solo resuelva, sino que repare; que no solo sancione, sino que transforme. Porque un país justo no es solo aquel donde se castiga el delito, sino aquel donde se protege la esperanza".

Proceso no surgió de una crisis, sino desde la estabilidad democrática que hoy exhibe RD

En tanto, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, definió como un acto de liderazgo y de visión de país el proceso que dio origen al Plan Decenal del Poder Judicial, Justicia del Futuro 2034 y destacó que, por primera vez, el Poder Judicial convocó a un diálogo participativo, plural y estratégico con más de treinta y cinco actores de la vida nacional, para anticipar los retos y oportunidades que definirán la convivencia democrática y fortalecer la confianza en las instituciones. 

Dargam resaltó que este proceso no surgió de una crisis, sino desde la estabilidad democrática que hoy exhibe la República Dominicana, lo que permite que el mundo mire al país con admiración y valoró el ejercicio como una muestra de madurez institucional y de propósito compartido, afirmando que planificar el porvenir desde la estabilidad es un logro que reafirma la capacidad colectiva de pensar y actuar con visión de país. 

El acto, celebrado en el Auditorio Monseñor Amancio Escapa de la Casa San Pablo, contó con la presencia de los presidentes del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; del Senado, Ricardo De Los Santos; el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández; el diputado del Distrito Nacional, Tobías Crespo; la Jueza de la SCJ, Nancy Salcedo Fernández; así como otras autoridades del sector justicia, representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil.



OPINIÓN


Justicia centrada en las personas: avances y desafíos del Poder Judicial dominicano en el contexto internacional

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Resumen | El lanzamiento del Plan Decenal Justicia del Futuro 2034 en la República Dominicana constituye un hito institucional que proyecta una justicia moderna, digital y humana. Este artículo analiza los avances logrados desde 2020 bajo el liderazgo del Poder Judicial y el respaldo del Poder Ejecutivo, destacando la eliminación de la mora estructural, la digitalización total de los servicios y el incremento en la confianza ciudadana. Asimismo, se examina la relevancia de estos cambios en el marco del Estado de Derecho global, comparando la experiencia dominicana con tendencias internacionales y los estándares de organismos como el World Justice Project y la OCDE. Finalmente, se reflexiona sobre los retos pendientes para garantizar la inclusión digital y la sostenibilidad institucional.


Introducción

La justicia es el pilar fundamental de la democracia y la cohesión social. Sin instituciones judiciales confiables, la gobernabilidad se debilita y la inversión se retrae (Rawls, 1999). En este contexto, la República Dominicana ha emprendido una transformación profunda de su sistema judicial, orientada a garantizar el acceso, la transparencia y la eficiencia. El Plan Decenal Justicia del Futuro 2034, presentado el 12 de noviembre de 2025, refleja una visión estratégica que conecta con los objetivos nacionales de desarrollo y con estándares internacionales de gobernanza.

Este proceso no surge como respuesta a una crisis, sino desde la estabilidad democrática que exhibe el país, lo que lo convierte en un caso singular en América Latina, donde las reformas judiciales suelen estar motivadas por presiones externas o crisis institucionales (OECD, 2022). La iniciativa dominicana se inscribe en una tendencia global hacia la justicia digital y centrada en las personas, que busca equilibrar eficiencia tecnológica con garantías de derechos fundamentales (Susskind, 2020).


Avances estructurales y tecnológicos

Desde la implementación del Plan Visión Justicia 20/24, el Poder Judicial dominicano ha logrado hitos significativos:

  • Eliminación de la mora estructural en la Suprema Corte de Justicia tras más de cuatro décadas de retraso procesal.
  • Digitalización completa de documentos judiciales y trámites inmobiliarios, lo que reduce costos y tiempos, y fortalece la transparencia (Poder Judicial RD, 2025).
  • Reconocimiento internacional, evidenciado en el ascenso de 11 posiciones en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (2024).

Estos avances se alinean con la tendencia global hacia la justicia digital, observada en países como Estonia y Singapur, donde la tecnología se ha convertido en herramienta para garantizar derechos y reducir la corrupción (Susskind, 2020). La digitalización no solo agiliza procesos, sino que también contribuye a la predictibilidad jurídica, elemento clave para atraer inversión extranjera y fortalecer la competitividad nacional (OECD, 2022).


Justicia centrada en las personas: dimensión social y democrática

El presidente Abinader ha enfatizado que la modernización judicial no es solo un proceso técnico, sino un acto de justicia social. Esta perspectiva coincide con la doctrina del acceso efectivo a la justicia, reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como condición para la vigencia de los derechos humanos (CIDH, 2019).
La digitalización, sin embargo, plantea retos de inclusión: garantizar que las poblaciones vulnerables accedan a los servicios judiciales sin barreras tecnológicas es esencial para evitar nuevas formas de exclusión (UNDP, 2023). En este sentido, el Plan Justicia del Futuro 2034 incorpora metas orientadas a derribar barreras de acceso y promover la equidad digital, lo que supone un desafío de infraestructura y capacitación ciudadana.


Comparación internacional y estándares globales

La experiencia dominicana contrasta con el retroceso del Estado de Derecho en varias regiones, según el World Justice Project (2024). Mientras países latinoamericanos enfrentan crisis institucionales, la República Dominicana exhibe estabilidad democrática y planificación estratégica, lo que la posiciona favorablemente para aspirar a la membresía en la OCDE.
Este enfoque anticipatorio, basado en planificación por escenarios, se asemeja a modelos aplicados en Sudáfrica y Colombia, donde la justicia se concibe como un sistema adaptativo frente a riesgos emergentes (OECD, 2022). La metodología participativa utilizada en la construcción del plan —con más de 3,000 actores sociales involucrados— refuerza su legitimidad y sostenibilidad, alineándose con los principios de gobernanza colaborativa promovidos por Naciones Unidas (UNDP, 2023).


Impacto en la confianza ciudadana y el desarrollo económico

Uno de los indicadores más relevantes del éxito de las reformas judiciales es la confianza ciudadana. Según el Latinobarómetro (2024), la percepción positiva sobre la justicia dominicana se ha duplicado desde 2019, lo que refleja un cambio cultural profundo. Esta confianza no solo fortalece la cohesión social, sino que también incide en la economía: la predictibilidad jurídica es un factor determinante para la inversión extranjera directa y la estabilidad macroeconómica (OECD, 2022).
La vinculación del Plan Justicia del Futuro 2034 con la estrategia nacional Meta RD 2036 y con la aspiración de ingresar a la OCDE evidencia una visión integral del desarrollo, donde la justicia se concibe como motor de competitividad y garantía de derechos.


Retos pendientes: inclusión, sostenibilidad y ética digital

A pesar de los avances, persisten desafíos significativos:

  1. Brecha digital: La implementación de servicios judiciales en línea requiere políticas robustas de alfabetización digital y acceso universal a internet, especialmente en zonas rurales.
  2. Protección de datos y ciberseguridad: La digitalización masiva de expedientes judiciales plantea riesgos asociados a la privacidad y la integridad de la información, lo que exige marcos normativos actualizados y sistemas de seguridad avanzados (UNDP, 2023).
  3. Capacitación judicial: La transición hacia una justicia digital demanda formación continua de jueces y personal administrativo en competencias tecnológicas y éticas.
  4. Evaluación de impacto: Es necesario establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que midan no solo la eficiencia procesal, sino también la equidad y la satisfacción ciudadana.

Estos retos son comunes en procesos de transformación judicial a nivel global, lo que refuerza la importancia de la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas.


Conclusión

La República Dominicana avanza hacia una justicia moderna, digital y humana, consolidando su liderazgo regional en materia judicial. No obstante, el desafío radica en garantizar que la innovación tecnológica se traduzca en equidad y confianza ciudadana. El Plan Decenal Justicia del Futuro 2034 es más que una reforma institucional: es una apuesta por la democracia y el desarrollo sostenible.
Como señala Abinader, “sin justicia independiente no hay democracia duradera”. Esta afirmación resume la esencia del compromiso nacional y la urgencia de mantener la integridad judicial como base del progreso. En un mundo donde el Estado de Derecho retrocede, la experiencia dominicana ofrece una lección sobre la importancia de planificar el futuro desde la estabilidad y la participación social.


Referencias

  • Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2019). Acceso a la justicia y derechos humanos. San José: CIDH.
  • OECD. (2022). Justice and Governance in Emerging Economies. París: OECD Publishing.
  • Poder Judicial RD. (2025). Informe de avances del Plan Visión Justicia 20/24. Santo Domingo: SCJ.
  • Rawls, J. (1999). A Theory of Justice. Harvard University Press.
  • Susskind, R. (2020). Online Courts and the Future of Justice. Oxford University Press.
  • UNDP. (2023). Digital Inclusion and Access to Justice. Nueva York: United Nations Development Programme.
  • World Justice Project. (2024). Rule of Law Index. Washington, D.C.: WJP.
  • Latinobarómetro. (2024). Informe de Opinión Pública en América Latina. Santiago: Corporación Latinobarómetro.

Recomendaciones para fortalecer el Plan Justicia del Futuro 2034: Inclusión, transparencia y gobernanza digital


Resumen estructurado

Objetivo: Analizar el Plan Decenal Justicia del Futuro 2034 de la República Dominicana y proponer recomendaciones para garantizar su efectividad y sostenibilidad, basadas en estándares internacionales y experiencias comparadas.

Método: Revisión documental de informes oficiales del Poder Judicial, análisis comparativo con modelos internacionales de justicia digital (OCDE, CEPEJ, WJP) y estudio de literatura académica sobre gobernanza judicial y ética tecnológica.

Resultados: Se identificaron seis áreas críticas para fortalecer el plan: inclusión digital, transparencia, protección de datos, ética algorítmica, cooperación internacional y evaluación de impacto social.

Conclusión: El éxito del Plan Justicia del Futuro 2034 dependerá de la capacidad para combinar innovación tecnológica con equidad, participación ciudadana y estándares globales de gobernanza judicial.

Palabras clave: Justicia digital, Estado de Derecho, inclusión tecnológica, transparencia judicial, gobernanza, ciberseguridad, ética algorítmica, República Dominicana.


Introducción

La justicia es el pilar fundamental de la democracia y la cohesión social. Sin instituciones judiciales confiables, la gobernabilidad se debilita y la inversión se retrae (Rawls, 1999). En este contexto, la República Dominicana ha emprendido una transformación profunda de su sistema judicial, orientada a garantizar el acceso, la transparencia y la eficiencia. El Plan Decenal Justicia del Futuro 2034, presentado en noviembre de 2025, refleja una visión estratégica que conecta con los objetivos nacionales de desarrollo y con estándares internacionales de gobernanza.

Este proceso no surge como respuesta a una crisis, sino desde la estabilidad democrática que exhibe el país, lo que lo convierte en un caso singular en América Latina, donde las reformas judiciales suelen estar motivadas por presiones externas o crisis institucionales (OECD, 2022). La iniciativa dominicana se inscribe en una tendencia global hacia la justicia digital y centrada en las personas, que busca equilibrar eficiencia tecnológica con garantías de derechos fundamentales (Susskind, 2020).


Metodología

Este análisis se desarrolló mediante:

  1. Revisión documental de los informes oficiales del Poder Judicial dominicano sobre el Plan Visión Justicia 20/24 y el Plan Justicia del Futuro 2034.
  2. Análisis comparativo con modelos internacionales de justicia digital en países como Estonia, Singapur y España, utilizando referencias de la OCDE y CEPEJ.
  3. Estudio de literatura académica sobre gobernanza judicial, ética algorítmica y protección de datos (Susskind, 2020; UNDP, 2023).
  4. Identificación de áreas críticas mediante contraste entre los objetivos del plan y los estándares globales de acceso a la justicia y Estado de Derecho (World Justice Project, 2024).

Discusión

El Plan Justicia del Futuro 2034 plantea metas ambiciosas: eliminar el retardo judicial, garantizar transparencia y derribar barreras de acceso. Sin embargo, la digitalización masiva introduce riesgos y desafíos que requieren atención:

  • Inclusión digital: La brecha tecnológica puede excluir a poblaciones vulnerables. Experiencias en América Latina muestran que la justicia electrónica sin políticas de alfabetización digital genera desigualdad (UNDP, 2023).
  • Transparencia y rendición de cuentas: La digitalización no garantiza confianza ciudadana si no se acompaña de mecanismos de control social y auditoría independiente (OECD, 2022).
  • Protección de datos y ciberseguridad: La gestión de expedientes digitales exige protocolos robustos para evitar vulneraciones de derechos fundamentales (UE, 2016).
  • Ética algorítmica: El uso futuro de inteligencia artificial en procesos judiciales plantea riesgos de sesgo y opacidad, lo que requiere marcos éticos claros (Susskind, 2020).
  • Cooperación internacional: La integración con redes globales fortalece la innovación judicial y la resiliencia institucional, como lo demuestran los modelos de Estonia y Singapur (OECD, 2022).
  • Evaluación de impacto social: El éxito del plan debe medirse no solo en eficiencia, sino en equidad y confianza ciudadana (Latinobarómetro, 2024).

Estas áreas críticas son comunes en procesos de transformación judicial a nivel global, lo que refuerza la necesidad de adoptar estándares internacionales y mecanismos participativos.


Conclusiones

El Plan Justicia del Futuro 2034 es una apuesta estratégica por la modernización judicial y la consolidación democrática en la República Dominicana. No obstante, su sostenibilidad dependerá de la capacidad para garantizar inclusión digital, transparencia, protección de datos y ética tecnológica. Las recomendaciones propuestas se alinean con estándares internacionales y experiencias comparadas, ofreciendo una hoja de ruta para fortalecer la justicia como pilar del desarrollo y la cohesión social.

En un contexto global donde el Estado de Derecho enfrenta retrocesos, la experiencia dominicana puede convertirse en un referente regional si logra combinar innovación tecnológica con equidad y participación ciudadana. Como señaló el presidente Abinader, “sin justicia independiente no hay democracia duradera”, una afirmación que resume la esencia del compromiso nacional y la urgencia de mantener la integridad judicial como base del progreso.


Referencias

  • Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2019). Acceso a la justicia y derechos humanos. San José: CIDH.
  • Latinobarómetro. (2024). Informe de Opinión Pública en América Latina. Santiago: Corporación Latinobarómetro.
  • OECD. (2022). Justice and Governance in Emerging Economies. París: OECD Publishing.
  • ONU. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nueva York: Naciones Unidas.
  • Poder Judicial RD. (2025). Informe de avances del Plan Visión Justicia 20/24. Santo Domingo: SCJ.
  • Reglamento General de Protección de Datos (UE). (2016). Directiva 2016/679. Bruselas: Unión Europea.
  • Rawls, J. (1999). A Theory of Justice. Harvard University Press.
  • Susskind, R. (2020). Online Courts and the Future of Justice. Oxford University Press.
  • UNDP. (2023). Digital Inclusion and Access to Justice. Nueva York: United Nations Development Programme.
  • World Justice Project. (2024). Rule of Law Index. Washington, D.C.: WJP.




Presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, destaca compromiso nacional del presidente Abinader con una justicia centrada en las personas y que fortalece la democracia @luisabinader @HenryMolina @PoderJudicialRD

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