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miércoles, 12 de noviembre de 2025

Presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, destaca compromiso nacional del presidente Abinader con una justicia centrada en las personas y que fortalece la democracia

Presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, destaca compromiso nacional del presidente Abinader con una justicia centrada en las personas y que fortalece la democracia

  • Resalta avances logrados por el Poder Judicial desde 2020, que eliminó la mora estructural y digitalizó por completo los servicios judiciales.
  • Presidente Abinader destaca que una justicia moderna, digital y humana es clave para consolidar la democracia y garantizar un país confiable y sin impunidad.

Santo Domingo., 12 de noviembre de 2025. – El presidente Luis Abinader participó en el lanzamiento del Plan Decenal Justicia del Futuro 2034, donde el presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), Luis Henry Molina, destacó que su presencia reafirma su compromiso nacional con una justicia centrada en las personas y que fortalece la democracia.

Molina resaltó que desde el 2020 el Poder Judicial ha ejecutado con disciplina el Plan Visión Justicia 20/24, logrando avances históricos como la eliminación de la mora estructural en la Suprema Corte de Justicia tras más de 40 años de retardo, que más del 80% de los tribunales estén al día y que el 100% de los documentos judiciales y trámites inmobiliarios se realicen de manera digital y señaló que el propósito de este plan es claro: "Eliminar el retardo judicial en el 100% de los tribunales". 

El presidente de la SCJ subrayó que estos resultados son tangibles y reconocidos internacionalmente, señalando que en octubre la República Dominicana logró el mayor avance mundial en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project, con un ascenso de 11 posiciones a nivel global, y que, según el Latinobarómetro 2024, la confianza ciudadana en la justicia se ha duplicado desde 2019. “La justicia dominicana no se detuvo, avanzó”, afirmó, al destacar que el país consolida su liderazgo regional en materia judicial y demuestra su capacidad y solvencia moral para cumplir sus compromisos institucionales.

El magistrado explicó que el nuevo Plan Justicia del Futuro 2034 marca el inicio de una nueva etapa hacia un sistema judicial más humano, ágil y transparente, con metas claras como eliminar el retardo judicial en todos los tribunales, garantizar la transparencia y derribar las barreras que limitan el acceso ciudadano. 

Indicó que fue construido con la participación de más de 3,000 personas de distintos sectores nacionales y diseñado bajo la metodología de planificación por escenarios, aplicada en países como Sudáfrica y Colombia. “En un mundo donde el Estado de Derecho retrocede, la República Dominicana avanza”, concluyó Molina, al reafirmar que el futuro de la justicia pertenece a toda la sociedad y debe seguir construyéndose con integridad, responsabilidad y empatía.

Un acto de madurez democrática, de visión de Estado y de compromiso con el porvenir del país

De su lado, el presidente Abinader destacó que la presentación de este plan no es simplemente un acontecimiento institucional del Poder Judicial; es un acto de madurez democrática, de visión de Estado y de compromiso con el porvenir del país y dijo que representa una apuesta por una justicia que no solo administre leyes, sino que también transforme vidas y fortalezca la confianza ciudadana.

El mandatario explicó que este esfuerzo se encuentra alineado con la estrategia nacional Meta RD 2036, y simboliza la voluntad de construir un país donde el progreso sea estructural, sostenido y respaldado por instituciones sólidas, transparentes y previsibles.

Resaltó los avances recientes del sistema judicial, indicando que la innovación tecnológica y la gestión moderna pueden estar al servicio de una justicia más ágil, eficiente y cercana. 

Entre los logros alcanzados en los últimos años, el presidente destacó la existencia de tribunales más ágiles, procesos digitalizados, mayor transparencia y una ciudadanía que empieza, de nuevo, a creer en su justicia. "Esa transformación no se mide solo en estadísticas. Se mide en vidas: en la madre que ve resuelto un caso que llevaba años detenido; en el joven que obtiene una respuesta rápida y justa; en el emprendedor que confía en que su inversión será protegida por la ley; en cada dominicano que siente que el Estado lo escucha y lo defiende".

“El Gobierno que encabezo ha acompañado este proceso con respeto a la independencia de los poderes del Estado, pero también con la convicción de que no hay desarrollo sin justicia confiable”, afirmó el mandatario, quien definió la modernización judicial como un acto de justicia social.

Y agregó: "Porque sin justicia independiente no hay crecimiento sostenible, ni inversiones seguras, ni democracia duradera. Sin justicia efectiva, el ciudadano común pierde esperanza, y con ello se debilita la cohesión social".

El jefe de Estado expresó que el Plan Justicia del Futuro 2034 propone una justicia “moderna, digital, eficiente y humana”, con una proyección a diez años que conecta con los objetivos nacionales de desarrollo y con la aspiración del país de ingresar a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Abinader enfatizó que la modernización del Estado requiere instituciones que rindan cuentas, usen la tecnología como herramienta de equidad y sirvan a las personas, no a los intereses particulares. “Cuando la justicia actúa con integridad, el país camina con confianza. Y cuando la justicia es eficiente, la democracia florece”, sostuvo.

El presidente Abinader concluyó reafirmando el propósito de su Gobierno de acompañar este proceso de transformación institucional: “Una justicia que no solo juzgue, sino que inspire; que no solo resuelva, sino que repare; que no solo sancione, sino que transforme. Porque un país justo no es solo aquel donde se castiga el delito, sino aquel donde se protege la esperanza".

Proceso no surgió de una crisis, sino desde la estabilidad democrática que hoy exhibe RD

En tanto, el vicepresidente ejecutivo del Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), César Dargam, definió como un acto de liderazgo y de visión de país el proceso que dio origen al Plan Decenal del Poder Judicial, Justicia del Futuro 2034 y destacó que, por primera vez, el Poder Judicial convocó a un diálogo participativo, plural y estratégico con más de treinta y cinco actores de la vida nacional, para anticipar los retos y oportunidades que definirán la convivencia democrática y fortalecer la confianza en las instituciones. 

Dargam resaltó que este proceso no surgió de una crisis, sino desde la estabilidad democrática que hoy exhibe la República Dominicana, lo que permite que el mundo mire al país con admiración y valoró el ejercicio como una muestra de madurez institucional y de propósito compartido, afirmando que planificar el porvenir desde la estabilidad es un logro que reafirma la capacidad colectiva de pensar y actuar con visión de país. 

El acto, celebrado en el Auditorio Monseñor Amancio Escapa de la Casa San Pablo, contó con la presencia de los presidentes del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez Lavandier; del Senado, Ricardo De Los Santos; el senador del Distrito Nacional, Omar Fernández; el diputado del Distrito Nacional, Tobías Crespo; la Jueza de la SCJ, Nancy Salcedo Fernández; así como otras autoridades del sector justicia, representantes de organismos internacionales y de la sociedad civil.



OPINIÓN


Justicia centrada en las personas: avances y desafíos del Poder Judicial dominicano en el contexto internacional

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Resumen | El lanzamiento del Plan Decenal Justicia del Futuro 2034 en la República Dominicana constituye un hito institucional que proyecta una justicia moderna, digital y humana. Este artículo analiza los avances logrados desde 2020 bajo el liderazgo del Poder Judicial y el respaldo del Poder Ejecutivo, destacando la eliminación de la mora estructural, la digitalización total de los servicios y el incremento en la confianza ciudadana. Asimismo, se examina la relevancia de estos cambios en el marco del Estado de Derecho global, comparando la experiencia dominicana con tendencias internacionales y los estándares de organismos como el World Justice Project y la OCDE. Finalmente, se reflexiona sobre los retos pendientes para garantizar la inclusión digital y la sostenibilidad institucional.


Introducción

La justicia es el pilar fundamental de la democracia y la cohesión social. Sin instituciones judiciales confiables, la gobernabilidad se debilita y la inversión se retrae (Rawls, 1999). En este contexto, la República Dominicana ha emprendido una transformación profunda de su sistema judicial, orientada a garantizar el acceso, la transparencia y la eficiencia. El Plan Decenal Justicia del Futuro 2034, presentado el 12 de noviembre de 2025, refleja una visión estratégica que conecta con los objetivos nacionales de desarrollo y con estándares internacionales de gobernanza.

Este proceso no surge como respuesta a una crisis, sino desde la estabilidad democrática que exhibe el país, lo que lo convierte en un caso singular en América Latina, donde las reformas judiciales suelen estar motivadas por presiones externas o crisis institucionales (OECD, 2022). La iniciativa dominicana se inscribe en una tendencia global hacia la justicia digital y centrada en las personas, que busca equilibrar eficiencia tecnológica con garantías de derechos fundamentales (Susskind, 2020).


Avances estructurales y tecnológicos

Desde la implementación del Plan Visión Justicia 20/24, el Poder Judicial dominicano ha logrado hitos significativos:

  • Eliminación de la mora estructural en la Suprema Corte de Justicia tras más de cuatro décadas de retraso procesal.
  • Digitalización completa de documentos judiciales y trámites inmobiliarios, lo que reduce costos y tiempos, y fortalece la transparencia (Poder Judicial RD, 2025).
  • Reconocimiento internacional, evidenciado en el ascenso de 11 posiciones en el Índice de Estado de Derecho del World Justice Project (2024).

Estos avances se alinean con la tendencia global hacia la justicia digital, observada en países como Estonia y Singapur, donde la tecnología se ha convertido en herramienta para garantizar derechos y reducir la corrupción (Susskind, 2020). La digitalización no solo agiliza procesos, sino que también contribuye a la predictibilidad jurídica, elemento clave para atraer inversión extranjera y fortalecer la competitividad nacional (OECD, 2022).


Justicia centrada en las personas: dimensión social y democrática

El presidente Abinader ha enfatizado que la modernización judicial no es solo un proceso técnico, sino un acto de justicia social. Esta perspectiva coincide con la doctrina del acceso efectivo a la justicia, reconocida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos como condición para la vigencia de los derechos humanos (CIDH, 2019).
La digitalización, sin embargo, plantea retos de inclusión: garantizar que las poblaciones vulnerables accedan a los servicios judiciales sin barreras tecnológicas es esencial para evitar nuevas formas de exclusión (UNDP, 2023). En este sentido, el Plan Justicia del Futuro 2034 incorpora metas orientadas a derribar barreras de acceso y promover la equidad digital, lo que supone un desafío de infraestructura y capacitación ciudadana.


Comparación internacional y estándares globales

La experiencia dominicana contrasta con el retroceso del Estado de Derecho en varias regiones, según el World Justice Project (2024). Mientras países latinoamericanos enfrentan crisis institucionales, la República Dominicana exhibe estabilidad democrática y planificación estratégica, lo que la posiciona favorablemente para aspirar a la membresía en la OCDE.
Este enfoque anticipatorio, basado en planificación por escenarios, se asemeja a modelos aplicados en Sudáfrica y Colombia, donde la justicia se concibe como un sistema adaptativo frente a riesgos emergentes (OECD, 2022). La metodología participativa utilizada en la construcción del plan —con más de 3,000 actores sociales involucrados— refuerza su legitimidad y sostenibilidad, alineándose con los principios de gobernanza colaborativa promovidos por Naciones Unidas (UNDP, 2023).


Impacto en la confianza ciudadana y el desarrollo económico

Uno de los indicadores más relevantes del éxito de las reformas judiciales es la confianza ciudadana. Según el Latinobarómetro (2024), la percepción positiva sobre la justicia dominicana se ha duplicado desde 2019, lo que refleja un cambio cultural profundo. Esta confianza no solo fortalece la cohesión social, sino que también incide en la economía: la predictibilidad jurídica es un factor determinante para la inversión extranjera directa y la estabilidad macroeconómica (OECD, 2022).
La vinculación del Plan Justicia del Futuro 2034 con la estrategia nacional Meta RD 2036 y con la aspiración de ingresar a la OCDE evidencia una visión integral del desarrollo, donde la justicia se concibe como motor de competitividad y garantía de derechos.


Retos pendientes: inclusión, sostenibilidad y ética digital

A pesar de los avances, persisten desafíos significativos:

  1. Brecha digital: La implementación de servicios judiciales en línea requiere políticas robustas de alfabetización digital y acceso universal a internet, especialmente en zonas rurales.
  2. Protección de datos y ciberseguridad: La digitalización masiva de expedientes judiciales plantea riesgos asociados a la privacidad y la integridad de la información, lo que exige marcos normativos actualizados y sistemas de seguridad avanzados (UNDP, 2023).
  3. Capacitación judicial: La transición hacia una justicia digital demanda formación continua de jueces y personal administrativo en competencias tecnológicas y éticas.
  4. Evaluación de impacto: Es necesario establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que midan no solo la eficiencia procesal, sino también la equidad y la satisfacción ciudadana.

Estos retos son comunes en procesos de transformación judicial a nivel global, lo que refuerza la importancia de la cooperación internacional y el intercambio de buenas prácticas.


Conclusión

La República Dominicana avanza hacia una justicia moderna, digital y humana, consolidando su liderazgo regional en materia judicial. No obstante, el desafío radica en garantizar que la innovación tecnológica se traduzca en equidad y confianza ciudadana. El Plan Decenal Justicia del Futuro 2034 es más que una reforma institucional: es una apuesta por la democracia y el desarrollo sostenible.
Como señala Abinader, “sin justicia independiente no hay democracia duradera”. Esta afirmación resume la esencia del compromiso nacional y la urgencia de mantener la integridad judicial como base del progreso. En un mundo donde el Estado de Derecho retrocede, la experiencia dominicana ofrece una lección sobre la importancia de planificar el futuro desde la estabilidad y la participación social.


Referencias

  • Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2019). Acceso a la justicia y derechos humanos. San José: CIDH.
  • OECD. (2022). Justice and Governance in Emerging Economies. París: OECD Publishing.
  • Poder Judicial RD. (2025). Informe de avances del Plan Visión Justicia 20/24. Santo Domingo: SCJ.
  • Rawls, J. (1999). A Theory of Justice. Harvard University Press.
  • Susskind, R. (2020). Online Courts and the Future of Justice. Oxford University Press.
  • UNDP. (2023). Digital Inclusion and Access to Justice. Nueva York: United Nations Development Programme.
  • World Justice Project. (2024). Rule of Law Index. Washington, D.C.: WJP.
  • Latinobarómetro. (2024). Informe de Opinión Pública en América Latina. Santiago: Corporación Latinobarómetro.

Recomendaciones para fortalecer el Plan Justicia del Futuro 2034: Inclusión, transparencia y gobernanza digital


Resumen estructurado

Objetivo: Analizar el Plan Decenal Justicia del Futuro 2034 de la República Dominicana y proponer recomendaciones para garantizar su efectividad y sostenibilidad, basadas en estándares internacionales y experiencias comparadas.

Método: Revisión documental de informes oficiales del Poder Judicial, análisis comparativo con modelos internacionales de justicia digital (OCDE, CEPEJ, WJP) y estudio de literatura académica sobre gobernanza judicial y ética tecnológica.

Resultados: Se identificaron seis áreas críticas para fortalecer el plan: inclusión digital, transparencia, protección de datos, ética algorítmica, cooperación internacional y evaluación de impacto social.

Conclusión: El éxito del Plan Justicia del Futuro 2034 dependerá de la capacidad para combinar innovación tecnológica con equidad, participación ciudadana y estándares globales de gobernanza judicial.

Palabras clave: Justicia digital, Estado de Derecho, inclusión tecnológica, transparencia judicial, gobernanza, ciberseguridad, ética algorítmica, República Dominicana.


Introducción

La justicia es el pilar fundamental de la democracia y la cohesión social. Sin instituciones judiciales confiables, la gobernabilidad se debilita y la inversión se retrae (Rawls, 1999). En este contexto, la República Dominicana ha emprendido una transformación profunda de su sistema judicial, orientada a garantizar el acceso, la transparencia y la eficiencia. El Plan Decenal Justicia del Futuro 2034, presentado en noviembre de 2025, refleja una visión estratégica que conecta con los objetivos nacionales de desarrollo y con estándares internacionales de gobernanza.

Este proceso no surge como respuesta a una crisis, sino desde la estabilidad democrática que exhibe el país, lo que lo convierte en un caso singular en América Latina, donde las reformas judiciales suelen estar motivadas por presiones externas o crisis institucionales (OECD, 2022). La iniciativa dominicana se inscribe en una tendencia global hacia la justicia digital y centrada en las personas, que busca equilibrar eficiencia tecnológica con garantías de derechos fundamentales (Susskind, 2020).


Metodología

Este análisis se desarrolló mediante:

  1. Revisión documental de los informes oficiales del Poder Judicial dominicano sobre el Plan Visión Justicia 20/24 y el Plan Justicia del Futuro 2034.
  2. Análisis comparativo con modelos internacionales de justicia digital en países como Estonia, Singapur y España, utilizando referencias de la OCDE y CEPEJ.
  3. Estudio de literatura académica sobre gobernanza judicial, ética algorítmica y protección de datos (Susskind, 2020; UNDP, 2023).
  4. Identificación de áreas críticas mediante contraste entre los objetivos del plan y los estándares globales de acceso a la justicia y Estado de Derecho (World Justice Project, 2024).

Discusión

El Plan Justicia del Futuro 2034 plantea metas ambiciosas: eliminar el retardo judicial, garantizar transparencia y derribar barreras de acceso. Sin embargo, la digitalización masiva introduce riesgos y desafíos que requieren atención:

  • Inclusión digital: La brecha tecnológica puede excluir a poblaciones vulnerables. Experiencias en América Latina muestran que la justicia electrónica sin políticas de alfabetización digital genera desigualdad (UNDP, 2023).
  • Transparencia y rendición de cuentas: La digitalización no garantiza confianza ciudadana si no se acompaña de mecanismos de control social y auditoría independiente (OECD, 2022).
  • Protección de datos y ciberseguridad: La gestión de expedientes digitales exige protocolos robustos para evitar vulneraciones de derechos fundamentales (UE, 2016).
  • Ética algorítmica: El uso futuro de inteligencia artificial en procesos judiciales plantea riesgos de sesgo y opacidad, lo que requiere marcos éticos claros (Susskind, 2020).
  • Cooperación internacional: La integración con redes globales fortalece la innovación judicial y la resiliencia institucional, como lo demuestran los modelos de Estonia y Singapur (OECD, 2022).
  • Evaluación de impacto social: El éxito del plan debe medirse no solo en eficiencia, sino en equidad y confianza ciudadana (Latinobarómetro, 2024).

Estas áreas críticas son comunes en procesos de transformación judicial a nivel global, lo que refuerza la necesidad de adoptar estándares internacionales y mecanismos participativos.


Conclusiones

El Plan Justicia del Futuro 2034 es una apuesta estratégica por la modernización judicial y la consolidación democrática en la República Dominicana. No obstante, su sostenibilidad dependerá de la capacidad para garantizar inclusión digital, transparencia, protección de datos y ética tecnológica. Las recomendaciones propuestas se alinean con estándares internacionales y experiencias comparadas, ofreciendo una hoja de ruta para fortalecer la justicia como pilar del desarrollo y la cohesión social.

En un contexto global donde el Estado de Derecho enfrenta retrocesos, la experiencia dominicana puede convertirse en un referente regional si logra combinar innovación tecnológica con equidad y participación ciudadana. Como señaló el presidente Abinader, “sin justicia independiente no hay democracia duradera”, una afirmación que resume la esencia del compromiso nacional y la urgencia de mantener la integridad judicial como base del progreso.


Referencias

  • Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). (2019). Acceso a la justicia y derechos humanos. San José: CIDH.
  • Latinobarómetro. (2024). Informe de Opinión Pública en América Latina. Santiago: Corporación Latinobarómetro.
  • OECD. (2022). Justice and Governance in Emerging Economies. París: OECD Publishing.
  • ONU. (2006). Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Nueva York: Naciones Unidas.
  • Poder Judicial RD. (2025). Informe de avances del Plan Visión Justicia 20/24. Santo Domingo: SCJ.
  • Reglamento General de Protección de Datos (UE). (2016). Directiva 2016/679. Bruselas: Unión Europea.
  • Rawls, J. (1999). A Theory of Justice. Harvard University Press.
  • Susskind, R. (2020). Online Courts and the Future of Justice. Oxford University Press.
  • UNDP. (2023). Digital Inclusion and Access to Justice. Nueva York: United Nations Development Programme.
  • World Justice Project. (2024). Rule of Law Index. Washington, D.C.: WJP.




Presidente de la SCJ, Luis Henry Molina, destaca compromiso nacional del presidente Abinader con una justicia centrada en las personas y que fortalece la democracia @luisabinader @HenryMolina @PoderJudicialRD

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martes, 3 de octubre de 2023

PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ACELERAR PROCESOS JUDICIALES

PARTICIPACIÓN CIUDADANA SOLICITA AL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ACELERAR PROCESOS JUDICIALES.

lunes 2 de octubre, 2023

En carta enviada al Doctor Henry Molina, la organización de la sociedad civil expresa su “profunda preocupación por el destino de los expedientes de corrupción que actualmente cursan en diferentes tribunales.”

Afirma en su carta que “los jueces están otorgando a los abogados defensores plazos más extensos que lo ordinario. No nos oponemos a la protección de los derechos de los imputados, pero también el poder judicial debe proteger el derecho de la ciudadanía a que se haga justicia. Para tal fin, también deben crearse las condiciones para que los jueces a cargo puedan concentrarse en tales casos complejos, fijando, por ejemplo, audiencias cada día y no solo una o dos veces por semana. Estas medidas pueden ser tomadas por el Consejo Nacional de la Magistratura.

PC afirma “entendemos que es obligación del Consejo del Poder Judicial organizar y crear las condiciones para que todos los casos, incluyendo sobre todo los casos complejos, estén en manos de jueces que tengan el tiempo y la carga de trabajo adecuadas, que les permitan gestionar los casos dentro de plazos razonables, terminando así con la percepción ciudadana de que quienes cuentan con extensos recursos pueden ingeniárselas para salir impunes hasta de los peores crímenes.”

Afirma PC que “Sería una gran pena y una enorme pérdida para el país que, después de años de lucha de amplios sectores nacionales contra la corrupción y la impunidad; después de los enormes esfuerzos realizados por el ministerio público en la elaboración de expedientes que muestran claros indicios de que  entramados de corrupción actuaron desde el Estado para cometer enormes delitos de corrupción, asociación de malhechores, coalición de funcionarios, fraudes, falsificación, entre otras acusaciones, éstos quedaran en la impunidad por la vía del vencimiento de los plazos, tal como ha ocurrido recientemente con el caso de los tucanos.”

En su carta al Dr. Henry Molina, PC afirma que “en los extensos y complejos casos que se conocen en la actualidad, se ha impuesto el criterio de que los jueces están obligados a exigir la lectura íntegra de las acusaciones del ministerio público, bajo el argumento de que la Constitución dispone que el juicio sea oral. Sin embargo, la organización de la sociedad civil difiere de esa interpretación de la oralidad, ya que, en la práctica, su interpretación para fines de extensión debe ir acorde con el fin de que el proceso concluya en un “plazo razonable.”

Participación Ciudadana dice sentirse alarmada “ante una clara tendencia a que el máximo de duración del proceso establecido en el Código Procesal Penal (CPP) se convierta en un instrumento de impunidad, debido a factores que pueden ser controlables, asegurándose de que los jueces tengan el tiempo suficiente para dedicarlo a los casos bajo su responsabilidad y actúen con firmeza frente a las maniobras de dilación de algunos imputados.”

CONSEJO NACIONAL

02 de octubre del 2023 https://pciudadana.org/2023/10/participacion-ciudadana-solicita-al-presidente-de-la-suprema-corte-de-justicia-acelerar-procesos-judiciales/

miércoles, 3 de noviembre de 2021

Presidente Abinader participa en apertura de Conferencia Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad | Evento que se realiza en elmarco 100 años Sistema Registral Dominicano, procura mejorar y promover acceso a tenencia de tierra titulada.

Presidente Abinader participa en  apertura de Conferencia Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad 
Evento que se realiza en el marco 100 años Sistema Registral Dominicano, procura mejorar y promover acceso a tenencia de tierra titulada.
2 de noviembre de 2021. Santo Domingo.-
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, valoró hoy la disposición y el apoyo del presidente Luis Abinader en favor del Registro de Propiedad.
 Al hablar en la apertura de la VII Conferencia Interamericana de Catastro y Registro de la Propiedad, Luis Henry Molina destacó la presencia del primer mandatario, indicando que ello fortalece la continuidad del Estado.
Henry Molina, presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial dijo que a pesar de ser una isla, la República Dominicana ocupa el sexto lugar de registro de propiedad en la región, cubriendo gran parte de las necesidades del sistema bancario e impactando positivamente en el clima de inversión.
Manifestó que el Poder Judicial colabora para proteger derechos formales sobre la propiedad, lo cual permite solventar la garantía inmobiliaria para abonar al bienestar de las personas. 
El magistrado Molina indicó que esas transformaciones continúan hoy mejorando y habilitando marcos para la recuperación económica ante la pandemia, pero, sobre todo, aumentando la confianza del sistema en el mediano y largo plazo. 
En tanto, Jhonattan Toribio Frías, administrador del Registro Inmobiliario y presidente de la Red Interamericana de Catastro y Registro Inmobiliario, destacó que la pandemia permitió conocer de primera mano las experiencias en la implementación de las iniciativas y las herramientas para la continuidad de operaciones y cómo mitigar las eventualidades futuras. 
“Nos vimos en la obligación de reinventarnos y adaptarnos a nuevas exigencias impuestas por la situación sanitaria, donde sobrevivimos gracias al compromiso de nuestros colaboradores y su deseo de hacer las cosas bien”, añadió el funcionario.  
El evento, que se realiza en el marco de la celebración de los 100 años del Sistema Registral Dominicano, tiene como objetivo el intercambio de conocimiento y experiencias para una mejor gestión catastral y registral con miras a mejorar y promover el acceso a la tenencia de la tierra titulada. 
La conferencia aborda el tema “La pandemia y postpandemia: aportes del catastro y el registro de la propiedad en la administración del territorio para la recuperación económica y social, mitigación de crisis y cambio climático”. 
 
En el acto participaron el consultor jurídico del  Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta; el director de Impuestos Internos, Luis Valdez y el ex presidente de la SCJ, Jorge Subero Isa.
También, la representante permanente en la República Dominicana de la Organización de los Estados Americanos, Araceli Azuara; la representante del Banco Mundial en el país, Alexandria Valerio y la representante interina de la oficina del Banco Interamericano de Desarrollo en República Dominicana, Gilles Damais.
_Dirección de Información y Prensa_

miércoles, 21 de abril de 2021

MP desistió de interrogar a los jefes Odebrecht

Por Silvio Cabrera -21/04/2021

MP desistió de interrogar a los jefes Odebrecht

El juez Francisco Ortega Polanco lo había autorizado durante juicio

BRA10. SÃO PAULO (BRASIL), 24/02/2017.- Fotografía del 22 de diciembre de 2016 de la sede de la constructora Odebrecht en Sao Paulo (Brasil). La constructora brasileña Odebrecht, acusada del pago de sobornos para adjudicarse contratos públicos en varios países de América Latina y África, dijo hoy, 24 de febrero de 2017, que ha avanzado en acuerdos para colaborar con la Justicia en algunos de los países en los que es investigada. EFE/SEBASTIÃO MOREIRA

El Ministerio Público no hizo uso de la autorización que le concedió el juez de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) Francisco Ortega Polanco para que interrogara a los ejecutivos de Odebrecht, y en cambio optó por utilizar las delaciones premiadas que éstos ofrecieron en Brasil, las cuales fueron rechazadas ayer como medio de prueba por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional.
A unanimidad, las juezas de dicho tribunal decidieron rechazar la incorporación al proceso de dichas pruebas, por considerar que violan el artículo 69.8 de la Constitución de la República y el Código Procesal Penal Dominicano.
Las citadas delaciones habían sido admitidas como medio de prueba por el juez Ortega Polanco cuando éste hizo la instrucción del proceso, pero en el juicio de fondo las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo determinaron que violentan el artículo 69.8 de la Constitución y el Código Procesal Penal.
Al respecto, Carlos Salcedo, abogado del imputado Andrés Bautista, precisó que el tribunal determinó que la controversia radicaba en la naturaleza de las delaciones premiadas, por lo que se acogió a los principios de economía y eficiencia procesal para concretar la solución y examinar si era posible incorporar o no las delaciones premiadas por su lectura.
“El tribunal indicó que los jueces siempre pueden volver a someter al juicio de legalidad de las pruebas por disposición y aplicación directa del artículo 69.8 de la Constitución”, dijo Salcedo. https://elnacional.com.do/mp-desistio-de-interrogar-a-los-jefes-odebrecht/ 

Delaciones premiadas quedan fuera del juicio Odebrecht, por decisión de tribunal | Estas son pruebas fundamentales que contienen informaciones de los delatores de Brasil

martes, 20 de abril de 2021

Delaciones premiadas quedan fuera del juicio Odebrecht, por decisión de tribunal | Estas son pruebas fundamentales que contienen informaciones de los delatores de Brasil

      CASO ODEBRECHT

Delaciones premiadas quedan fuera del juicio Odebrecht, por decisión de tribunal 

Estas son pruebas fundamentales que contienen informaciones de los delatores de Brasil 

Wander Santana - SANTO DOMINGO 20/04/2021, 01:46 PM

Las juezas del Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional rechazaron admitir al juicio por los sobornos de Odebrecht las delaciones premiadas enviadas desde Brasil para probar el caso de corrupción, complicando más el camino del Ministerio Público para lograr probar su teoría de los hechos.

Las magistradas argumentaron que el Ministerio Público no cumplió con las formalidades establecidas por las leyes y la Constitución para que esas delaciones pudieran ser incorporadas al debate.

Citaron el hecho de que a pesar de que el Ministerio Público tuvo una autorización del juez de la instrucción para interrogar a los delatores no lo hizo, tampoco los ofertó como testigo del proceso en el momento oportuno (instrucción).

Los abogados de los imputados celebraron el dictamen y consideraron que el Ministerio Público debería retirar la acusación, debido a que las pruebas capitales para el proceso no han podido ser admitidas.

Esta decisión será recurrida en oposición por los miembros de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), quienes no están dispuestos a perder estas pruebas fundamentales para este proceso judicial, según adelantó la fiscal Mirna Ortiz.

En ocasiones anteriores los representantes de la Pepca habían valorado la importancia de las delaciones premiadas diciendo que: “En este punto donde está el proceso, las evidencias más importantes son las delaciones; esas delaciones son las que contienen las versiones de los colaboradores en Brasil”.

Con su decisión el tribunal conformado por las juezas Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo, acogió las objeciones planteadas por los abogados de Ángel Rondón, Víctor Díaz Rúa, Conrado Pittaluga, Tommy Galán, Andrés Bautista y Juan Roberto Rodríguez. Las defensas de estos acusados habían solicitado que las delaciones no entren al debate por considerarlas pruebas viciadas, obtenidas de manera ilegal, además dijeron que la etapa para incluir a los delatores como testigos en el juicio, es etapa superada.

La decisión del tribunal se da luego de tres largas semanas escuchando los argumentos del Ministerio Público y de los abogados de los imputados.

El titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho, solicitaba que las delaciones sean admitidas como pruebas en el juicio, además de que sean traídos los delatores para autenticar los estos documentos.

Los fiscales solicitaron la incorporación por lectura de la prueba del denominado empleado número 1 de Odebrecht, correspondiente a las declaraciones del exejecutivo de esa empresa Marcelo Odebrecht. Además de las declaraciones del empleado número 27, Ernesto Saviera; el 36, Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva; el 48, Luiz Eduardo Da Rocha Soares; el 50, Luis Antonio Mameri, y el 54, Marco Antonio Vasconcelos Cruz.

https://www.diariolibre.com/actualidad/justicia/delaciones-premiadas-quedan-fuera-del-juicio-odebrecht-por-decision-de-tribunal-DE25745457 

Ministerio Público está a la espera de que defensa incorpore pruebas de delaciones en caso Odebrecht

Ministerio Público está a la espera de que defensa incorpore pruebas de delaciones en caso Odebrecht

 La República martes, 20 de abril de 2021 

Ministerio Público está a la espera de que defensa incorpore pruebas de delaciones en caso Odebrecht 

La semana pasada, el Ministerio Público planteó al tribunal que se incorporen las delaciones y que dictamine traer al país a los delatores

Ministerio Público está a la espera de que defensa incorpore pruebas de delaciones en caso Odebrecht Wilson Camacho. Fuente externa.

Santo Domingo, RD

El Ministerio Público ratificó el lunes que deben ser incorporadas por lectura las pruebas relativas a las delaciones premiadas en el juicio del Caso Odebrecht, unas evidencias que, según la Procuraduría General de la República, las defensas de los imputados tratan de evadir con fallidos argumentos.

“A la defensa, tres semanas no le han resultado suficientes para responder a una petición que ha hecho el Ministerio Público de incorporación de las delaciones”, declaró el magistrado Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada para la Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

La semana pasada, el Ministerio Público planteó al tribunal que se incorporen las delaciones y que dictamine traer al país a los delatores para que se refieran a su contenido.

Asimismo, en la audiencia de este lunes, Camacho resaltó la legalidad de las citadas delaciones hechas por los ejecutivos de la empresa. 

“Las delaciones llegaron a República Dominicana como consecuencia de la cooperación internacional; las delaciones fueron a la fase intermedia y un juez de la Suprema Corte de Justicia admitió las delaciones y las envió para el juicio”, expresó Camacho.

El magistrado dijo además que las mismas defensas ofrecieron las delaciones entre sus pruebas y que ahora se oponen a ellas.

Camacho, quien encabeza el equipo de fiscales litigantes, se mostró confiado en que esas evidencias serán leídas en el juicio de fondo que se desarrolla en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en contra de seis exfuncionarios e intermediarios, procesados por los sobornos recibidos a la constructora brasileña.

Delaciones

Se trata de pruebas comunes contra Ángel Rondón Rijo, Porfirio Andrés Bautista García, Tommy Alberto Galán Grullón, Conrado Pittaluga Arzeno, Víctor Díaz Rúa y Roberto Rodríguez Hernández, encartados por los US$92 millones que la multinacional admitió haber distribuido en sobornos en el país para ser beneficiada con importantes contratos para la construcción y reconstrucción de obras públicas.

Los fiscales solicitaron la incorporación por lectura de la prueba del denominado empleado número 1 de Odebrecht, correspondiente a las declaraciones del exejecutivo de esa empresa Marcelo Odebrecht.

En el bloque número 2 se encuentran las del empleado número 27, Ernesto Saviera; el 36, Hilberto Mascarenhas Alves Da Silva; el 48, Luiz Eduardo Da Rocha Soares; el 50, Luis Antonio Mameri, y el 54, Marco Antonio Vasconcelos Cruz.

Retrasos

Al ser abordado por la prensa a la salida de la sala de audiencias, Camacho rechazó que sea el Ministerio Público que esté entrampado, como alegan los abogados defensores. 

“Si hay alguien entrapado en este proceso es la defensa, no el Ministerio Público”, insistió el titular de la Pepca.

El juicio de fondo continuará este martes 20 de abril, a partir de las 9:00 de la mañana, por disposición del tribunal.

“El Ministerio Público no tiene ningún inconveniente en que los delatores sean escuchados en este tribunal y no tenemos inconvenientes porque no le tememos a la verdad; a nosotros nos interesa que se sepa, que se hable y que se diga lo que se tenga que decir, de cualquiera de las obras de Odebrecht en República Dominicana y de cualquier persona que haya participado en el esquema de sobornos que creó esa empresa”, reiteró.

https://listindiario.com/la-republica/2021/04/20/666678/ministerio-publico-esta-a-la-espera-de-que-defensa-incorpore-pruebas-de-delaciones-en-caso-odebrecht 

Ministerio Público acusa a la Suprema de «dislocar» pruebas en caso Odebrecht

jueves, 25 de marzo de 2021

Ministerio Público acusa a la Suprema de «dislocar» pruebas en caso Odebrecht

 

Ministerio Público acusa a la Suprema de «dislocar» pruebas en caso Odebrecht 

Por Somos Pueblo -25 marzo, 2021

El Ministerio Público acusó hoy a la Secretaría de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de “dislocar” el orden de los documentos depositados como medio de pruebas en el caso Odebrecht, e informó el inicio de una investigación para determinar consecuencias.

El supuesto “dislocamiento” de las pruebas originó que el pasado lunes el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional excluyera tres documentos, entre ellos el acuerdo de lenidad que ese consorcio hizo con las autoridades de Estados Unidos y Brasil. La razón fue que dichos documentos no estaban traducidos del portugués e inglés al español.

“Nosotros iniciamos una investigación, porque el Ministerio Público y la Pepca no van a dejar eso así, y vamos a llevar esto hasta las últimas consecuencias de esa situación”, dijo el fiscal José Manuel Marmolejos al exponer esta mañana en el juicio.

El Ministerio Público dijo que la Secretaría de la SCJ alteró el orden y desarmó las pruebas que en el expediente fueron depositadas.

De acuerdo al Ministerio Público, las pruebas en el expediente están distorsionadas y repetidas en el el ordenamiento que hizo la Secretaría de la SCJ.

El tema fue sacado a colación cuando el Ministerio Público solicitó al tribunal que se le permitiera leer los documentos traducidos al español de los delatores identificados en el caso Odebrecht como los “colaboradores 1 y 54”.

Ante el pedimento durante el juicio , el tribunal dispuso que solo fueran leídos los documentos de dichos testigos que estén traducidos al español.

Al respecto, el Ministerio Público le rispotó que se le permitiera leer no solo las delaciones de esos testigos que están en la prueba uno, sino también otras que, según dijo, están en otras partes del expediente, en razón de que fueron dislocadas y repetidas en la Secretaría de la SCJ.

Conforme a lo expresado por el Ministerio Público, la Secretaría de la SCJ violó el orden de las pruebas, razón por la que los documentos aparecen en lugares diferentes en el expediente, lo que motivó a que se creyera que no estaban traducidos al español.

Por tal razón, le pidió al tribunal que se le permitiera leer los documentos de dichos “colaboradores” que están en partes diferentes del expediente.

A dicho pedimento se opusieron las barras de las defensas de los imputados Angel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista, Tonmy Galán, Conrado Pitaluga y Roberto Rodríguez. Pidieron al tribunal que solo se permita que el Ministerio Público lea los documentos traducidos al español que ordenaron en la audiencia pasada.

El juicio de fondo fue iniciado el 5 de noviembre del 2020, con la presentación de la acusación por parte de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa.

Hasta la fecha, el Ministerio Público ha logrado incorporar 538 pruebas documentales, que fueron confirmadas con la presentación de 21 testigos, entre ellos los principales ejecutivos de Odebrecht.

El caso Odebrecht es fruto de una investigación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, junto con otros 10 países de América Latina, en el que se detalla que esa empresa había realizado coimas de dinero y sobornos a presidentes, expresidentes y funcionarios de gobiernos de 12 países: Angola, Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú, República Dominicana y Venezuela, durante los últimos 20 años, para obtener beneficios en contrataciones públicas.

FUENTE: EL NACIONAL

https://somospueblo.com/ministerio-publico-acusa-a-la-suprema-de-dislocar-pruebas-en-caso-odebrecht/ 

Tribunal rechaza incorporar acuerdo de lenidad donde Odebrecht admite pago de sobornos / Clara impunidad para #MafiaMoradaPLD


miércoles, 24 de marzo de 2021

Juez denuncia presidente SCJ violenta ley al imponer traslado

POR:  NOTICIAS SIN MIÉRCOLES 24 MARZO, 2021 - 8:44 AM |

Juez denuncia presidente SCJ violenta ley al imponer traslado 

Juez denuncia presidente SCJ violenta ley al imponer traslado

Juez denuncia presidente SCJ violenta ley al imponer traslado

SANTO DOMINGO.- Un juez de la tercera sala penal de la Suprema Corte de Justicia ha denunciado este miércoles un traslado de sala que, asegura, viola el principio de inamovilidad judicial y «crearía un funesto precedente en términos de independencia judicial».

El magistrado Moisés A. Ferrer Landrón, en una carta dirigida al presidente de la Suprema, Luis Henry Molina, expuso que la situación atenta contra las libertades de los jueces y violenta la Constitución y las leyes.

En su comunicación el magistrado cita el artículo 151 de la Constitución que establece que los jueces «no podrán ser removidos, separados, suspendidos, trasladados o jubilados, sino por alguna de las causas establecidas y con las garantías previstas en la ley».

https://noticiassin.com/juez-denuncia-presidente-scj-violenta-ley-al-imponer-traslado/

domingo, 6 de octubre de 2019

Buscar la verdad como precursora de la Justicia | por Luis Henry Molina

Buscar la verdad como precursora de la Justicia

El silencio, la soledad, la meditación como refugio ante cada decisión que debe ser fruto de la calmada reflexión ante los retos del Derecho, de la sana crítica y la contemplación de los principios.
Es de esta forma que se hace  posible atender las pautas legales y barreras que cuidan la independencia judicial. Esa intención sesuda y sosegada ante los libros y códigos, ante el deber, nos da la perspectiva necesaria para actuar ante la Justicia sin dañarla.
El ánimo y el trabajo responsable por el Estado de Derecho, que es la convivencia misma, son savia de esa tan mentada y exigida independencia. Los enemigos de esta no son aquellos que se atreven a hacer causa común por ideas o modelos de gestionar, sino aquellos que  aún desvinculados, apuestan a la tempestad y azuzan el desastre. La voluntad y la certeza de los límites y su valor, aseguran en la función judicial, y en sus auxiliares, la consecución del óptimo posible. Lejos del ruido inmisericorde, que no contempla el resultado de sus obras.
La independencia del juez es primero personal. Esta es una obligación reservada solo a los que fungen de árbitros, y es la clave para hallar la verdad, toda la verdad, como precursora de la justicia. El prejuicio es libre. El miedo le abre la puerta y se sienta entre nosotros. Se aprovecha de la duda y la falta de fe. Al ser tradición secular, ese miedo nos brinda la oportunidad, cada vez. Pues no solo para el juez supone un desafío diario vencerle. A ello estamos obligados.
Trabajar por el Estado de Derecho es posible lejos del cinismo, del ánimo descreído y la voluntad maniatada por los vinagres del lujo propio o ajeno. Sospecho que en la legalidad de los hechos y actos jurídicos reside un gran poder para estas garantías. Y es por esto que no podríamos caer de rodillas a lo que parece, sino buscar lo que es realmente. En la certeza y en los límites, las capacidades de las leyes, las posibilidades de los valores jurídicos que sostienen el camino de la igualdad ante las leyes está la Justicia.
El Poder Judicial, sus jueces, los auxiliares de la justicia y la sociedad deben saber que la Justicia independiente es posible solamente abrazando las reglas que le dan forma y sentido. Los lineamientos, leyes, reglamentos y principios son mecanismos para la aplicación de un  contexto y una mística de nuestra labor, todos los días. Sin esto, es imposible sostener la verdadera independenciaaplicar las leyes a la luz de la doctrina y tomando en cuenta la jurisprudencia. Hacerlo bien, jamás llama a suspicacias que no tengan detrás ecos de voces interesadas. Y cuando hay duda, ahí está el Derecho nuevamente, como espacio de lo comprobable.
A los profesionales de la toga le corresponde en los tribunales, ganar o perder la batalla por la verdad y la justicia, por la democracia y su garante: el Estado de Derecho. Una misión que hay que ejercer inflamados de patriotismo constitucional, de respeto por las reglas, de compromiso y amor por el Poder Judicial y la República.
Esos mismos compromiso y amor que profesaba con acciones el maestro Hugo Álvarez Valencia. Sus aportes al Derecho son elocuentes y proyectan su legado. Un profesional comprometido y dispuesto a trabajar por la justicia y su independencia con las acciones. Un enamorado del Derecho. Compromisario de las garantías democráticas estudioso y activo impulsor de la justicia. Nieto e hijo de jueces memorables.
Recuerdo que me contaba mi padre, quien fue perseguido por su militancia social-cristiana y tuvo la necesidad de esconderse en más de una ocasión. Una de ellas fue memorable. En la casa de la familia Álvarez Valencia recibió asistencia y protección. Así que también a título personal debo este homenaje por un hecho que permitió que yo naciera y que pudiera disfrutar de mi papá durante más tiempo.
Estudien su vida, conozcan su trabajo jurisdiccional y jurídico, sigan el ejemplo de don Hugo Álvarez Valencia.
LUIS HENRY MOLINA