POR LETY MELGEN Y ANSELMO MUÑIZEN ECONOMÍA · ENFOQUE POLÍTICO — 15 MAY, 2015
Los desafíos de RD más allá de la corrupción
En la actualidad pareciera que hay un consenso en amplios sectores de la sociedad dominicana en torno a que la corrupción administrativa es el principal lastre social de nuestro país. Sin embargo, plantear que la corrupción es “el problema” de la sociedad dominicana es reducir la política a una simple actividad de administración. Esto implica hacer caso omiso de las estructuras sociales que generan desigualdad, pobreza, exclusión como contra partidas de la acumulación de riquezas y poder.
En este sentido, es importante admitir que entre la dependencia de la inversión extranjera, y la imposición del dogmatismo del neoclasicismo económico (utilizado para sustentar la élite empresarial que surgió después de la caída de Trujillo), el Estado dominicano ha implementado décadas de políticas públicas cuyo resultado es el modelo excluyente y desigual que tenemos hoy. Más daño que la corrupción administrativa ha sido causado por el impulso de un sistema de seguridad social privado; o la falta de un sistema de salud pública universal centrado en la atención primaria y en el tratamiento de los determinantes socioeconómicos de la salud; o la existencia de un sistema tributario enfocado en impuestos indirectos que penalizan la pobreza y facilita la evasión por parte de los más ricos.
La transparencia en la administración pública es necesaria, pero el problema de la corrupción no está en la seriedad de los funcionarios, sino en la vulnerabilidad de un sistema que se sustenta en grandes desigualdades socioeconómicas, y en una ciudadanía que apenas puede sobrevivir. Ante esta situación, resulta pertinente llamar la atención de los actores políticos que pretenden no ser “más de lo mismo”, en la medida que lo que determina “lo mismo” es el apego o no al paradigma del Estado mínimo que concentra su actividad en proteger los privilegios de las élites. Para dejar de ser “más de lo mismo”, no hay que rehusarse a formar parte de procesos de confluencia política, sino que lo que hay que hacer es plantear dentro de esos procesos nuevos paradigmas para el Estado.
“el problema de la corrupción no está en la seriedad de los funcionarios, sino en la vulnerabilidad de un sistema que se sustenta en grandes desigualdades socioeconómicas, y en una ciudadanía que apenas puede sobrevivir”.
En este orden de ideas, nuestro país necesita un plan económico de emergencia, que supere las limitaciones del análisis tradicional proveniente desde los sectores privilegiados. Como demuestra Thomas Piketty en su obra El Capital en el siglo XXI, lo que permitió a los países que hoy denominamos “desarrollados” palear la pobreza y las desigualdades que les aquejaban todavía bien entrado el siglo XX, fue la actividad dirigista del Estado en la economía. El Estado es el único espacio de constitución del poder desde el cual se pueden plantear la reestructuración de las relaciones de poder, de producción y demás relaciones sociales con el objetivo de combatir la pobreza, las desigualdades y la exclusión.
Por consiguiente, un plan económico de emergencia requiere que el Estado dominicano asuma un rol proactivo y central en la redistribución del ingreso nacional, en la generación de empleos y en la prestación de los servicios básicos que requieren las personas para una vida digna. Lo anterior solo puede lograrse a través de dos elementos: a) Un sistema tributario progresivo; y, b) Un ambicioso programa de empresas públicas.
a) Un sistema tributario progresivo:
El mercado produce desigualdades. Dos siglos de investigaciones sociales y económicas lo demuestran. Ni siquiera en las economías más avanzadas, el mercado alcanza jamás un nivel de eficiencia que reduzca las desigualdades. Nuevamente, esta es una de las tesis centrales de la obra de Piketty. Además es fácil ver cómo, luego del desmonte de algunos de los mecanismos del Estado de bienestar, países como Reino Unido, Francia, España, Estados Unidos e Italia, han visto un incremento de las desigualdades y la pobreza, una caída sostenida del ingreso real de las clases medias y los más pobres, y un deterioro de la calidad de vida de sus ciudadanos (lo que se expresa en la crisis política que hoy sufren muchos de esos Estados). Solo un sistema tributario basado en la capacidad contributiva (los más ricos deben aportar más que los más pobres) puede poner un contrapeso a esto.
Asimismo, es una cuestión de derechos básicos. Tanto nuestro Constitución, como los tratados internacionales de derechos humanos de los que somos parte, establecen una serie de derechos fundamentales (salud, educación, vida digna, igualdad, trabajo, etc.) que solo pueden ser realizados si se cuenta con un esquema redistributivo del ingreso que combata la desigualdad. Además, también es una cuestión de democracia. Las desigualdades económicas radicales se traducen en diferencias de poder igualmente radicales, lo que mina la democracia y legitimidad del Estado, incentivando violencia e inestabilidad.
Reorientar el sistema fiscal para ejecutar un gasto de calidad, junto a una mayor carga en los impuestos a los ingresos y al capital, y hacerlos progresivos es una condición necesaria para combatir la pobreza, la exclusión y la desigualdad.
b) Creación de empresas públicas:
Un programa ambicioso de creación de empresas públicas que se conciban como las impulsoras de los primeros niveles de la cadena productiva, y que puedan sustentar una clase trabajadora con un alto nivel adquisitivo. Este programa debe tener dos objetivos: 1) las empresas públicas tienen como fin la producción de bienes, o la prestación de servicios, esenciales y de carácter primario (en la cadena productiva), de manera tal que el Estado pueda contribuir, por su propia cuenta, al abastecimiento del mercado local de bienes y servicios primarios; 2) Sustentar un amplio número de trabajadores que cuente con un poder adquisitivo que estimule la demanda agregada nacional y con ello el surgimiento de un sector privado saludable, que complemente la producción estatal.
La política de empleo, debe tener como plataforma un nuevo modelo de crecimiento que desmonte la dinámica de importación- consumo-bajo salarios. Para esto es necesario que el Estado se asuma como la principal fuente de inversión hacia sectores productivos y generadores de empleos de calidad. La implementación de un programa de construcción de vivienda, centros de primer nivel de atención, escuelas, permitirá generar empleo, al requerir la contratación de maestros, médicos y empleados administrativos, sobre todo si se realiza con un enfoque de prioridades en los puntos de pobreza. Pero esto solo es posible, si la generación de empleos de calidad desde el Estado se toma como una de las metas principales de cada uno de esos programas. Asimismo, le daría al Estado una mayor capacidad de negociación frente al chantaje de la inversión extranjera y la necesaria resistencia (por parte de los más ricos) que conlleva un sistema tributario progresivo.
Otro de los aspectos esenciales y que conlleva el enfrentamiento con sectores de tradicional influencia en nuestro país es el desmonte de los modelos de turismo y zona franca que seguimos. No es necesario elaborar aquí como ambos modelos han fracasado rotundamente al ser incapaces de reducir la pobreza y atenuar las desigualdades. En este sentido, es necesario abandonar el modelo turístico de enclave, por uno nuevo que sea horizontal, ecológico y especializado en la tercera edad. Asimismo, el modelo de zona franca basado en la explotación salarial (competencia en base a tener salarios más bajos) debe ser desechado. Para esto hay que definir una política de exportación que identifique nichos de mercados en sector vinculados a tecnología e innovación e incentivando la inversión de los recursos en esa dirección. Además, el incentivo a la agroindustria alimentaria, junto a la creación de clústeres agrícolas con una política definida de exportación y de abastecimiento del mercado local, coordinada por el Estado, permitirá elevar los ingresos y por consiguiente la capacidad de consumo de las zonas rurales del país.
La política y la construcción del proyecto común
En cierto sentido, habrá muchas coincidencias entre los movimientos sociales y sectores de la sociedad civil organizada sobre la necesidad de lo anterior. Sin embargo, donde no hay coincidencia es en la forma de construir o avanzar estos proyectos.
Partiendo de que solo desde el Estado se pueden impulsar estos cambios, es necesario entender que solo ocupando espacios del poder público se puede avanzar una agenda de cambio social. Desde los estamentos de la sociedad se puede informar, crear opinión pública, incluso forjar alianzas para apoyar un determinado proyecto, pero solo desde el Estado se pueden poner en marcha las políticas antes mencionadas.
Para ocupar espacios del poder público, es necesario articularse con otros actores políticos sociales, que compara metas estratégicas, o incluso tácticas. En este aspecto, muchos de los sectores de la sociedad civil y de los actores políticos más nuevos tienen fundadas dudas sobre la colaboración con organizaciones políticas que tradicionalmente han formado parte del decadente sistema partidista dominicano. Con justa razón se reclama que muchos de los partidos tradicionales grandes y pequeños han practicado una política clientelista.
Sin embargo, es necesario admitir que cuando los grupos progresistas y democráticos se rehúsan a colaborar políticamente con los actores de la oposición más importantes (en términos de tamaño y simpatías) terminan por aislase a sí mismos. Más aún, la mejor forma de construir prácticas políticas nuevas, es en el proceso colectivo de la acción política. Solo a través de la articulación política entre los diversos sectores de la oposición, será posible poner en la agenda política las reformas estructurales al Estado y la sociedad dominicana que puedan iniciar un proceso de cambio social.
La actividad política debe hacerse a partir de asumir la sociedad como es, y trabajar con los actores que existen, no con los que imaginamos, para poder construir la sociedad que queremos. Asumir que los partidos políticos tradicionales no tienen nada que aportar, es asumir que la mayoría de la sociedad dominicana no tiene nada que aportar a su propio futuro, puesto que las mismas prácticas, autoritarias, machistas y corruptas que se ven en los partidos tradicionales, se encuentran en cada estamento de la sociedad que los parió. Esto es resultado de la performatividad del poder. El desafío está en encontrar cómo los diferentes sectores de la oposición pueden encontrar una forma de avanzar juntos. Entendemos que proponer y debatir las políticas específicas que deben asumirse en la sociedad que queremos, es el mejor punto de inicio.
http://nuestrotiempo.com.do/2015/05/15/los-desafios-de-rd-mas-alla-de-la-corrupcion/
Lety Melgen: Economista, interesada en los temas sobre Políticas Públicas y Economía de la Salud. Colabora en la coordinación de la Escuela Acción y Pensamiento. Anselmo Muñiz: Abogado, con máster en Derecho y Desarrollo de la Universidad de Manchester , Reino Unido. Ha realizado investigaciones sobre teoría social. Activista social involucrado en la lucha por los derechos humanos en la República Dominicana.
