Si aún no has visto el primer capítulo #MangarLoNuestro— RAP (@RAPcanal) 5 de enero de 2017
te invitamos a verlo: https://t.co/SDzy7Tsd0f @GUASABARAeditor @es_ahoranow pic.twitter.com/DiHcOsi1hf
Capítulo 0 - El futuro
Mostrando las entradas con la etiqueta Anselmo Muñiz. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Anselmo Muñiz. Mostrar todas las entradas
jueves, 5 de enero de 2017
Capítulo 1 Mangar lo nuestro | Anselmo Muñiz, en Punto de Fuga @RAPcanal #MangarLoNuestro
Capítulo 0 - El futuro
sábado, 31 de diciembre de 2016
Anselmo Muñiz sorprende con “Mangar lo nuestro”
Anselmo Muñiz sorprende con “Mangar lo nuestro”
- 114COMPARTIDO
- Compártelo en Facebook107
- Compártelo en Twitter7
El abogado e investigador social Anselmo Muñiz lanzó este jueves el primer capítulo de su canal en YouTube Punto de Fuga con el título: “Mangar lo nuestro”.
Con una duración de 3 minutos y 17 segundos la pieza relata un modo de vida juvenil marcado por la sobrevivencia y el goce como respuesta al sofoque cotidiano.
La urbanidad, el chiripeo, el comercio callejero, hacer la vida y gozarla pese a las adversidades del entorno, la risa y la burla popular ante nuestros males colectivos forman el collage de esta microhistoria cuyo mensaje político es claro: la lucha política del presente dominicano se libra entre la ciudadanía comprometida y las elites gobernantes.
#VIDEO Anselmo Muñiz sorprende con “Mangar lo nuestro” https://t.co/3DVquPUC4Z vía @nuestrotiempord
— RAP (@RAPcanal) 31 de diciembre de 2016
Anselmo Muñiz parece exprimir las palabras tras advertirnos que una democracia real, plural y social en la Republica Dominicana de hoy en lo fundamental depende de que seamos capaces de articular los intereses y demandas sociales de la ciudadanía y convertirnos en bando político enfrentado a la mafia gobernante.
Muñiz nos invita a suscribirnos y seguir su Punto de Fuga en las redes sociales y alienta a las nuevas generaciones a dar un paso al frente en dirección a construirnos como alternativa política y sentirnos parte de un mismo bando. http://nuestrotiempo.com.do/2016/12/30/anselmo-muniz-sorprende-con-mangar-lo-nuestro/
domingo, 17 de mayo de 2015
Los desafíos de RD más allá de la corrupción | POR LETY MELGEN Y ANSELMO MUÑIZEN ECONOMÍA
POR LETY MELGEN Y ANSELMO MUÑIZEN ECONOMÍA · ENFOQUE POLÍTICO — 15 MAY, 2015
Los desafíos de RD más allá de la corrupción
Los desafíos de RD más allá de la corrupción
En la actualidad pareciera que hay un consenso en amplios sectores de la sociedad dominicana en torno a que la corrupción administrativa es el principal lastre social de nuestro país. Sin embargo, plantear que la corrupción es “el problema” de la sociedad dominicana es reducir la política a una simple actividad de administración. Esto implica hacer caso omiso de las estructuras sociales que generan desigualdad, pobreza, exclusión como contra partidas de la acumulación de riquezas y poder.
En este sentido, es importante admitir que entre la dependencia de la inversión extranjera, y la imposición del dogmatismo del neoclasicismo económico (utilizado para sustentar la élite empresarial que surgió después de la caída de Trujillo), el Estado dominicano ha implementado décadas de políticas públicas cuyo resultado es el modelo excluyente y desigual que tenemos hoy. Más daño que la corrupción administrativa ha sido causado por el impulso de un sistema de seguridad social privado; o la falta de un sistema de salud pública universal centrado en la atención primaria y en el tratamiento de los determinantes socioeconómicos de la salud; o la existencia de un sistema tributario enfocado en impuestos indirectos que penalizan la pobreza y facilita la evasión por parte de los más ricos.
La transparencia en la administración pública es necesaria, pero el problema de la corrupción no está en la seriedad de los funcionarios, sino en la vulnerabilidad de un sistema que se sustenta en grandes desigualdades socioeconómicas, y en una ciudadanía que apenas puede sobrevivir. Ante esta situación, resulta pertinente llamar la atención de los actores políticos que pretenden no ser “más de lo mismo”, en la medida que lo que determina “lo mismo” es el apego o no al paradigma del Estado mínimo que concentra su actividad en proteger los privilegios de las élites. Para dejar de ser “más de lo mismo”, no hay que rehusarse a formar parte de procesos de confluencia política, sino que lo que hay que hacer es plantear dentro de esos procesos nuevos paradigmas para el Estado.
“el problema de la corrupción no está en la seriedad de los funcionarios, sino en la vulnerabilidad de un sistema que se sustenta en grandes desigualdades socioeconómicas, y en una ciudadanía que apenas puede sobrevivir”.
En este orden de ideas, nuestro país necesita un plan económico de emergencia, que supere las limitaciones del análisis tradicional proveniente desde los sectores privilegiados. Como demuestra Thomas Piketty en su obra El Capital en el siglo XXI, lo que permitió a los países que hoy denominamos “desarrollados” palear la pobreza y las desigualdades que les aquejaban todavía bien entrado el siglo XX, fue la actividad dirigista del Estado en la economía. El Estado es el único espacio de constitución del poder desde el cual se pueden plantear la reestructuración de las relaciones de poder, de producción y demás relaciones sociales con el objetivo de combatir la pobreza, las desigualdades y la exclusión.
Por consiguiente, un plan económico de emergencia requiere que el Estado dominicano asuma un rol proactivo y central en la redistribución del ingreso nacional, en la generación de empleos y en la prestación de los servicios básicos que requieren las personas para una vida digna. Lo anterior solo puede lograrse a través de dos elementos: a) Un sistema tributario progresivo; y, b) Un ambicioso programa de empresas públicas.
a) Un sistema tributario progresivo:
El mercado produce desigualdades. Dos siglos de investigaciones sociales y económicas lo demuestran. Ni siquiera en las economías más avanzadas, el mercado alcanza jamás un nivel de eficiencia que reduzca las desigualdades. Nuevamente, esta es una de las tesis centrales de la obra de Piketty. Además es fácil ver cómo, luego del desmonte de algunos de los mecanismos del Estado de bienestar, países como Reino Unido, Francia, España, Estados Unidos e Italia, han visto un incremento de las desigualdades y la pobreza, una caída sostenida del ingreso real de las clases medias y los más pobres, y un deterioro de la calidad de vida de sus ciudadanos (lo que se expresa en la crisis política que hoy sufren muchos de esos Estados). Solo un sistema tributario basado en la capacidad contributiva (los más ricos deben aportar más que los más pobres) puede poner un contrapeso a esto.
Asimismo, es una cuestión de derechos básicos. Tanto nuestro Constitución, como los tratados internacionales de derechos humanos de los que somos parte, establecen una serie de derechos fundamentales (salud, educación, vida digna, igualdad, trabajo, etc.) que solo pueden ser realizados si se cuenta con un esquema redistributivo del ingreso que combata la desigualdad. Además, también es una cuestión de democracia. Las desigualdades económicas radicales se traducen en diferencias de poder igualmente radicales, lo que mina la democracia y legitimidad del Estado, incentivando violencia e inestabilidad.
Reorientar el sistema fiscal para ejecutar un gasto de calidad, junto a una mayor carga en los impuestos a los ingresos y al capital, y hacerlos progresivos es una condición necesaria para combatir la pobreza, la exclusión y la desigualdad.
b) Creación de empresas públicas:
Un programa ambicioso de creación de empresas públicas que se conciban como las impulsoras de los primeros niveles de la cadena productiva, y que puedan sustentar una clase trabajadora con un alto nivel adquisitivo. Este programa debe tener dos objetivos: 1) las empresas públicas tienen como fin la producción de bienes, o la prestación de servicios, esenciales y de carácter primario (en la cadena productiva), de manera tal que el Estado pueda contribuir, por su propia cuenta, al abastecimiento del mercado local de bienes y servicios primarios; 2) Sustentar un amplio número de trabajadores que cuente con un poder adquisitivo que estimule la demanda agregada nacional y con ello el surgimiento de un sector privado saludable, que complemente la producción estatal.
La política de empleo, debe tener como plataforma un nuevo modelo de crecimiento que desmonte la dinámica de importación- consumo-bajo salarios. Para esto es necesario que el Estado se asuma como la principal fuente de inversión hacia sectores productivos y generadores de empleos de calidad. La implementación de un programa de construcción de vivienda, centros de primer nivel de atención, escuelas, permitirá generar empleo, al requerir la contratación de maestros, médicos y empleados administrativos, sobre todo si se realiza con un enfoque de prioridades en los puntos de pobreza. Pero esto solo es posible, si la generación de empleos de calidad desde el Estado se toma como una de las metas principales de cada uno de esos programas. Asimismo, le daría al Estado una mayor capacidad de negociación frente al chantaje de la inversión extranjera y la necesaria resistencia (por parte de los más ricos) que conlleva un sistema tributario progresivo.
Otro de los aspectos esenciales y que conlleva el enfrentamiento con sectores de tradicional influencia en nuestro país es el desmonte de los modelos de turismo y zona franca que seguimos. No es necesario elaborar aquí como ambos modelos han fracasado rotundamente al ser incapaces de reducir la pobreza y atenuar las desigualdades. En este sentido, es necesario abandonar el modelo turístico de enclave, por uno nuevo que sea horizontal, ecológico y especializado en la tercera edad. Asimismo, el modelo de zona franca basado en la explotación salarial (competencia en base a tener salarios más bajos) debe ser desechado. Para esto hay que definir una política de exportación que identifique nichos de mercados en sector vinculados a tecnología e innovación e incentivando la inversión de los recursos en esa dirección. Además, el incentivo a la agroindustria alimentaria, junto a la creación de clústeres agrícolas con una política definida de exportación y de abastecimiento del mercado local, coordinada por el Estado, permitirá elevar los ingresos y por consiguiente la capacidad de consumo de las zonas rurales del país.
La política y la construcción del proyecto común
En cierto sentido, habrá muchas coincidencias entre los movimientos sociales y sectores de la sociedad civil organizada sobre la necesidad de lo anterior. Sin embargo, donde no hay coincidencia es en la forma de construir o avanzar estos proyectos.
Partiendo de que solo desde el Estado se pueden impulsar estos cambios, es necesario entender que solo ocupando espacios del poder público se puede avanzar una agenda de cambio social. Desde los estamentos de la sociedad se puede informar, crear opinión pública, incluso forjar alianzas para apoyar un determinado proyecto, pero solo desde el Estado se pueden poner en marcha las políticas antes mencionadas.
Para ocupar espacios del poder público, es necesario articularse con otros actores políticos sociales, que compara metas estratégicas, o incluso tácticas. En este aspecto, muchos de los sectores de la sociedad civil y de los actores políticos más nuevos tienen fundadas dudas sobre la colaboración con organizaciones políticas que tradicionalmente han formado parte del decadente sistema partidista dominicano. Con justa razón se reclama que muchos de los partidos tradicionales grandes y pequeños han practicado una política clientelista.
Sin embargo, es necesario admitir que cuando los grupos progresistas y democráticos se rehúsan a colaborar políticamente con los actores de la oposición más importantes (en términos de tamaño y simpatías) terminan por aislase a sí mismos. Más aún, la mejor forma de construir prácticas políticas nuevas, es en el proceso colectivo de la acción política. Solo a través de la articulación política entre los diversos sectores de la oposición, será posible poner en la agenda política las reformas estructurales al Estado y la sociedad dominicana que puedan iniciar un proceso de cambio social.
La actividad política debe hacerse a partir de asumir la sociedad como es, y trabajar con los actores que existen, no con los que imaginamos, para poder construir la sociedad que queremos. Asumir que los partidos políticos tradicionales no tienen nada que aportar, es asumir que la mayoría de la sociedad dominicana no tiene nada que aportar a su propio futuro, puesto que las mismas prácticas, autoritarias, machistas y corruptas que se ven en los partidos tradicionales, se encuentran en cada estamento de la sociedad que los parió. Esto es resultado de la performatividad del poder. El desafío está en encontrar cómo los diferentes sectores de la oposición pueden encontrar una forma de avanzar juntos. Entendemos que proponer y debatir las políticas específicas que deben asumirse en la sociedad que queremos, es el mejor punto de inicio.
http://nuestrotiempo.com.do/2015/05/15/los-desafios-de-rd-mas-alla-de-la-corrupcion/
domingo, 29 de marzo de 2015
La política no se hace en los tribunales - por Anselmo Muñiz
- “En otras palabras, si queremos enfrentar los problemas sociales de la República, incluyendo la corrupción administrativa, solo podemos hacerlo desde el Estado”.
- “la cooperación en la oposición debe darse en base a un programa político para la construcción de la democracia que sea negociado por los diferentes actores”.
- “Solo una crisis de gobernabilidad va a obligar al PLD a aprobar una ley apropiada. Si la oposición pretende tener una oportunidad en las próximas elecciones, es una tarea urgente organizar la movilización ciudadana entorno a una serie de requerimientos institucionales que aseguren que el torneo electoral de 2016 sea equitativo y transparente”.
Como una gran parte de la sociedad dominicana me siento indignado por la deteriorada situación del Sistema Judicial dominicano y la rampante impunidad que nos agobia. Pero en este momento de desasosiego colectivo, debemos recordar que los tribunales no son el lugar apropiado para promover los cambios que nuestro país necesita.
No es que piense que las decisiones de los jueces sean inocentes o políticamente neutras, por el contrario, las decisiones judiciales, además de técnicas, contienen un reducto político propio del marco institucional que las genera, matizado por la valoración subjetiva de la persona del juez. No obstante, por su naturaleza y propósito, las decisiones de los tribunales no tienen una vocación particularmente política y su impacto en la sociedad es bastante limitado. Solo dentro de un contexto general de cambio político general, pueden los tribunales contribuir a redefinir una sociedad, pero una vez que el proceso de cambio se completa, los tribunales regresaran a su función de preservar el orden establecido.
Es cierto que el correcto funcionamiento del sistema judicial es importante para la democracia, pero la política no se hace en el estrado. El país no va a cambiar, ni a mejorar porque los tribunales condenen a los funcionarios corruptos. Más bien sería lo inverso, solo cuando creemos una democracia funcional, incluyente y fuerte, contaremos con un sistema judicial capaz de aplicar la ley sin privilegios. Pero no es posible tener la democracia que merecemos si el PLD siga controlando el Estado, independientemente de cuál grupo del PLD esté gobernando.
Nos gobierna una mafia
No faltarán quienes digan que el gobierno ha hecho su trabajo al impulsar la acusación a través de la Procuraduría General dela República. La situación de deterioro institucional de nuestro país le da mucha oportunidad al actual gobierno para sacar ventaja. Por ejemplo, si Félix Bautista hubiese sido enviado a juicio, el gobierno se hubiera quedado con el “mérito” de haber enjuiciado al senador; no obstante, con el no ha lugar en favor de Bautista, el gobierno puede decir que ha hecho lo posible, y echarle toda la cuaba a Leonel y su grupo. “En otras palabras, si queremos enfrentar los problemas sociales de la República, incluyendo la corrupción administrativa, solo podemos hacerlo desde el Estado”.
Pero lo cierto es que durante años el PLD actuó como una corporación para acumular el poder e influencia que hoy le permite al senador de San Juan quedar impune. Más aún, fue el PLD como colectivo el que impuso la cultura política que hoy impera en nuestro país y que el danilismo ha abrazado sin reservas, como lo demostró tanto en las elecciones del 2012 como en el último congreso del PLD (utilizando en ambas ocasiones los recursos del Estado para comprar votos).
Más aún, las prácticas por las cuales Félix Bautista estaba siendo enjuiciado no han cesado. Este gobierno continúa utilizando el reparto de obras públicas como forma de enriquecer a sus colaboradores y principales dirigentes. El PLD es una mafia, y a pesar de la lucha interna por el ejercicio del poder, tanto el danilismo como el leonelismo representan la misma forma de hacer política. Si para muestra basta un botón, a nosotros nos basta señalar cómo el danilismo promueve la reintroducción de la reelección como un tema que será decidido por el Comité Político del PLD, como si dicho comité es el órgano deliberante del Estado.
Mientras el equipo del presidente Medina sigue embobándonos con trucos de cámara, la situación de nuestro país sigue empeorando. Junto al 35% de pobre que Danilo mencionó en su discurso del 27 de febrero, nuestro país tiene un 20% de personas en situación vulnerable (que el propio gobierno no califica como clase media). Esta situación seguirá empeorando, y el gobierno se rehúsa a aumentar los salarios, o a presentar un paquete de inversión social que estimule el crecimiento incluyente de la economía y cree trabajos dignos.
Asimismo, la inseguridad ciudadana es rampante, y el gobierno en vez de combatirla, se suma a ella llenando las calles de policías y militares que son incapaces del trato cívico más básico. El plan de seguridad ciudadana del gobierno consiste en la violación sistemática de la vida, la integridad y la libertad de miles de dominicanos jóvenes de los sectores más pobres. Mucho se habla aquí de las violaciones de derechos humanos en otros países, pero vivimos con un gobierno asesino, cuya política de seguridad ciudadana consiste en matar, y a muy pocas personas parece importarle.
En vez de enfrentar las desigualdades sociales, el gobierno de Medina ha preferido continuar otorgando privilegios a una clase empresarial parasitaria y a la jerarquía de la iglesia Católica. El actual gobierno está más enfocado en promover su agenda reeleccionista y ha dejado de lado a las grandes mayorías de nuestro país y sus reclamos sectoriales. “la cooperación en la oposición debe darse en base a un programa político para la construcción de la democracia que sea negociado por los diferentes actores”.
“En otras palabras, si queremos enfrentar los problemas sociales de la República, incluyendo la corrupción administrativa, solo podemos hacerlo desde el Estado”.En fin, los problemas de nuestro país van mucho más allá de la corrupción administrativa, y solo pueden ser enfrentados con un cambio de rumbo drástico, lo cual solo se logra desde el Estado. En otras palabras, si queremos enfrentar los problemas sociales de la República, incluyendo la corrupción administrativa, solo podemos hacerlo desde el Estado.
“la cooperación en la oposición debe darse en base a un programa político para la construcción de la democracia que sea negociado por los diferentes actores”.
Es posible derrotar a la mafia
En la medida en la que el PLD ha cerrado los espacios de deliberación ha ampliado los sectores de desafectados en nuestra sociedad, lo cual se ha convertido en un hervidero de movimientos sociales y políticos que potencialmente pueden desplazar al partido morado. Es cierto que estos movimientos están dispersos, lo cual les imposibilita enfrentar al PLD; pero si el compromiso existe para crear la democracia que merecemos, estas organizaciones deberán encontrar una plataforma para la cooperación. Al fin y al cabo, si la oposición no puede encontrar una forma de colaborar democráticamente, ahora como oposición, tampoco lo hará en el gobierno.
Dentro de las organizaciones nuevas y emergentes, Alianza País se ha colocado como la más grande, sin embargo, solo una lectura ingenua de las encuestas conduciría a pensar que dicho partido tiene alguna oportunidad de ganar las elecciones en el 2016. Es indiscutible, que la agrupación de la oposición más grande es el PRM. Este partido que viene embarrado de muchas de las prácticas antidemocráticas y corruptas incurridas por el perredeísmo en los últimos 30 años (en especial durante el gobierno de Hipólito Mejía) es un actor esencial para la construcción de la democracia en nuestro país, porque aglutina (y lo seguirá haciendo por algún tiempo) importantes segmentos de la población dominicana vinculados a la lucha antibalaguerista y herederos del movimiento social de los ’60 y ’70.
La renuencia de muchas agrupaciones minoritarias de la oposición a cooperar con el PRM es entendible, puesto que éste partido no ha dado indicios de que está dispuesto a transformarse para superar las limitantes de su pasado reciente. Sin embargo, esto no es razón para postergar la colaboración en la oposición hasta un momento en el que la dilución del perredeísmo abra espacios para que un nuevo partido ocupe el lugar del PRM en la oposición. Quizás haya dentro de la oposición quienes puedan darse el lujo de esperar diez o quince años para esperar a ver si les llega el turno, pero jugar de esa manera con el sufrimiento de la sociedad dominicana es cruel. “Solo una crisis de gobernabilidad va a obligar al PLD a aprobar una ley apropiada. Si la oposición pretende tener una oportunidad en las próximas elecciones, es una tarea urgente organizar la movilización ciudadana entorno a una serie de requerimientos institucionales que aseguren que el torneo electoral de 2016 sea equitativo y transparente”.
Si el problema de la oposición es que desconfía de la vocación democrática del PRM, la solución es desplegar una política que obligue ese partido a asumir compromisos concretos con la democracia. En otras palabras, la cooperación en la oposición debe darse en base a un programa político para la construcción de la democracia que sea negociado por los diferentes actores. Una plataforma de acción en la oposición no tiene que ser una estructura orgánica (como lo es por ejemplo, La Convergencia), sino que debe ser un programa de acción que pueda ser seguido por cada organización a su propio ritmo.
“Solo una crisis de gobernabilidad va a obligar al PLD a aprobar una ley apropiada. Si la oposición pretende tener una oportunidad en las próximas elecciones, es una tarea urgente organizar la movilización ciudadana entorno a una serie de requerimientos institucionales que aseguren que el torneo electoral de 2016 sea equitativo y transparente”.
En particular, si se plantea y negocia un programa político para la construcción de la democracia, las bases de la cooperación quedarán claras y cada actor podrá sentirse seguro de que dirige su accionar a la promoción de un proyecto social, sin importar quienes más apoyan ese proyecto. De igual modo, una plataforma de este tipo provee un marco de responsabilidad clara para juzgar el desempeño de cada actor.
Movilización ciudadana y proyecto electoral
Una de las principales razones por las que derrotar al PLD requiere de la unidad de la oposición es porque no estamos en un contexto en el que la competencia electoral será igualitaria. Mientras el PLD se encuentre inmerso en su lucha interna, la oposición no sentirá el poder de la maquinaria estatal, pero desde que se defina la candidatura de ese partido, el escenario político será otro.
Más aún, con el control que tiene el PLD del Estado, ¿qué nos hace pensar que entregarán el Estado? Algunas personas siguen soñando que en un mundo globalizado los organismos internacionales obligan a los países a mantener un marco institucional transparente. Pero en Latinoamérica ya estamos muy viejos para esas sandeces. Si el PLD se quiere quedar con el Estado, no habrá un Chapuilín que nos ayude. Solo una movilización ciudadana vigorosa, que cuente con el apoyo de toda la oposición, puede obligar al PLD a respetar un marco institucional justo y transparente.
Ya vimos cuál es la ley de partidos que el gobierno pretende aprobar, y no importa cuantas declaraciones hagan individualmente los líderes de la oposición, solo una crisis de gobernabilidad va a obligar al PLD a aprobar una ley apropiada. Si la oposición pretende tener una oportunidad en las próximas elecciones, es una tarea urgente organizar la movilización ciudadana entorno a una serie de requerimientos institucionales que aseguren que el torneo electoral de 2016 sea equitativo y transparente.
No hay razón para obedecer a un gobierno ilegítimo, corrupto y autoritario, todo lo contrario, la desobediencia a un gobierno así es un deber cívico y se desprende tanto de la necesidad como del compromiso con la democracia que merecemos y queremos. Mientras los organismos del Estado como el Congreso y el Sistema Judicial se encuentren paralizados y secuestrados, el único mecanismo de control contra el poder del ese gobierno es la movilización ciudadana tendente a crear un estado de ingobernabilidad. Esta misma movilización constituirá la base de la participación electoral de la oposición. Si la oposición no puede movilizar a la ciudadanía para obligar al PLD a aprobar una ley de partidos apropiada, y a modificar la composición de la JCE y el Tribunal Electoral, tampoco podrá hacerle frente en las urnas.
http://nuestrotiempo.com.do/2015/03/28/la-politica-no-se-hace-en-los-tribunales/
Más artículos por Anselmo Muñiz
Abogado, con máster en Derecho y Desarrollo de la Universidad de Manchester , Reino Unido. Ha realizado investigaciones sobre teoría social. Activista social involucrado en la lucha por los derechos humanos en la República Dominicana.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)