SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
Una de las industrias más severamente afectadas por la crisis económica y social derivada de la pandemia del coronavirus que ha desatado la mayor crisis sanitaria de la época moderna es, después del turismo, la de los medios de comunicación social, especialmente de los periódicos que ya venían tambaleándose en todo el mundo por la irrupción de nuevas tecnologías de la comunicación.
La preocupación se extiende por toda Europa y América porque la pandemia está erosionando el sustento de los medios de comunicación, lo que tendrá repercusión sobre la libertad y la calidad de la información, dejando sin base el ejercicio profesional del periodismo, cuyo valor no podrá ser sustituido por la inmediatez y la accesibilidad a las redes, caracterizadas excesivamente por la superficialidad y muy expuestas a la falsedad y la manipulación.
Una “Nota Temática” de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) acaba de advertir que la peor crisis económica del siglo pone en riesgo también la salud de los medios de comunicación y los empuja a la extinción. Recoge informes internacionales de que la recesión económica, ha reducido hasta en 70 por ciento su principal sustento, que es la publicidad.
La reconocida organización “Reporteros sin Fronteras” ha llamado a la Unión Europea a defender la seguridad de los periodistas, a combatir la erosión del estado de derechos y a apoyar a los medios de comunicación gravemente afectados por la pandemia. El Foro Mundial sobre el Desarrollo de Medios sostiene que la crisis impacta sobre el acceso a la información y la libertad de prensa.
La crisis de los medios es mayúscula en el país, y está amenazando seriamente la supervivencia de los periódicos y del periodismo radiofónico y televisivo, que por los recursos humanos que requieren, constituyen una alta proporción de sus costos operativos, aunque predomina un espeso silencio sobre el particular.
Todos los periódicos han caído en la insostenibilidad económica, lo mismo que los programas periodísticos de radio y televisión, y los despidos y suspensiones de empleados ya alcanzan tasas cercanas a la tercera parte. A la crisis del covid-19 se ha unido el cambio de gobierno que ha implicado una drástica disminución de la publicidad gubernamental.
En medio de la crisis, el Gobierno se ha propuesto reducir todos los gastos desproporcionados, entre ellos la propaganda política gubernamental que alcanzó niveles casi únicos en el mundo democrático.
Pero al coincidir con la drástica caída de las actividades económicas y la publicidad comercial y empresarial, se convierte en un detonante contra la estabilidad de los medios.
Nadie puede ignorar el aporte del periodismo profesional a la institucionalidad democrática, a la transparencia y a la lucha contra la depredación del patrimonio público.
Por eso hace tiempo que en naciones como Francia e Italia se está subvencionando la supervivencia de los medios, especialmente de los periódicos, de forma transparente, igualitaria, sin privilegios ni gado a grado para que el salvataje estatal no se convierta en una nueva alienación de la libertad de informar y opinar.
El presidente Luis Abinader, que muestra vocación de diálogo y búsqueda de consenso, debería reunirse con directores y administradores de medios para determinar qué salvataje se puede implementar en lo inmediato.
Por ejemplo, que el gasto público propagandístico y de bocinas políticas se destine a campañas masivas de educación, para la circulación vial, la disposición de los residuos, la defensa de la integridad de la mujer y la niñez, del medio ambiente, para la prevención de enfermedades, del embarazo de adolescentes, entre otros. Seguro que los medios contribuirían con tarifas especiales.
Se deben contemplar incentivos fiscales temporales, que impliquen las importaciones de papel y otros insumos, suspensión de los pagos impositivos adelantados sobre renta o de propiedad inmobiliaria, y el pago de decenas de millones de pesos de facturas atrasadas.
Nada gana el gobierno con el cierre de medios de comunicación y pierde la libertad de información, sobre todo el ejercicio del periodismo profesional, lo que no debe ocurrir en un proyecto político gubernamental de fortalecimiento de la institucionalidad democrática.- https://hoy.com.do/ayuda-al-periodismo-profesional/
La embajada dominicana en España reconoce a siete mujeres destacadas
Los galardones, promovidos por la Embajada de la República Dominicana ante el Reino de España, buscan poner en relieve las contribuciones de las inmigrantes dominicanas a la sociedad actual.
El embajador Juan Bolívar Díaz encabezó el reconocimiento “De Mujer a Mujer”, como parte de la programación de actividades conmemorativas del Mes de la Mujer.
Madrid, España.-El embajador Juan Bolívar Díaz encabezó el reconocimiento “De Mujer a Mujer”, como parte de la programación de actividades conmemorativas del Mes de la Mujer, con el objetivo de resaltar las contribuciones de las migrantes tanto al desarrollo de la sociedad española como de la dominicana.
Para guardar las limitaciones de reuniones impuestas por la pandemia del covid-19 las entregas se hicieron en dos actos, el primero el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, y el segundo el 30 de marzo, Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar.
Otra actividad celebrada en el mes de la mujer fue el conversatorio virtual “Contribución de la mujer trabajadora dominicana al desarrollo de la economía dominicana y a la sociedad española”, celebrado el 16 de marzo. Las tres actividades están en el sitio de la delegación diplomática: www.embajadadominicana.es
En el conversatorio, moderado por la destacada periodista del diario ABC Carmen de Carlos, participaron la doctora Bernarda Jiménez, la primera inmigrante que formó parte de la Ejecutiva Federal del PSOE como secretaria ejecutiva de Integración y Convivencia; la abogada Neyvi Tolentino, la dirigente social Rafaela Pimentel y el empresario Ernesto López.
El embajador Juan Bolívar Díaz destacó los importantes aportes de las inmigrantes dominicanas.
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En la primera entrega de los galardones “De Mujer a Mujer” fueron reconocidas las señoras Juana Figuereo, estilista y formadora de miles de peluqueras dominicanas; Sheila Mota, doctora en medicina estética e investigadora, y Yesenia Andrea Valle, madre coraje dedicada a visibilizar las enfermedades raras, quienes fueron postuladas por las señoras Idilí Santos, Yomil Genere y Wendy Rodríguez.
En la segunda de este martes, las galardonadas fueron las señoras Juliana Guerrero, Alejandrina Mateo, Altagracia Valdez y Maileni Francisco, exaltadas por la embajada como heroínas anónimas de la comunidad dominicana en España por ser ejemplo de valentía, determinación y espíritu de superación ante los grandes retos y sacrificios personales que han superado como mujeres, madres e inmigrantes dedicadas al servicio doméstico en el extranjero.
Desde la Izq. Embajador Juan Bolívar Díaz, Dra. Sheila Mota, Juana Figuereo, Yesenia Andrea Valle y Ada Wiscovitch Carlo de Díaz, esposa del embajador.
Esta entrega contó con la participación de la odontóloga dominico española Stephanie Álvarez, de la teóloga Pepa Torres, religiosa y destacada activista de movimientos sociales vinculados con el feminismo y la defensa de los derechos de las personas migrantes, y de Rafaela Pimentel, trabajadora del hogar, activista social e integrante del colectivo Territorio Doméstico, quienes presentaron a las ganadoras y entregaron los premios.
En ambas actividades el embajador Juan Bolívar Díaz destacó los importantes aportes de las inmigrantes dominicanas. En la segunda señaló que las trabajadoras domésticas han sido clave en la incorporación de la mujer española al mercado laboral, al sustituirlas en las tareas del hogar y el cuidado de sus hijos y mayores. Destacó que las dominicanas residentes en España “son mujeres que dan el alma en sus trabajos, en labores subestimadas, pero de gran responsabilidad como el cuidado de personas dependientes. Muchas veces ellas tienen doble empleo para expandir sus ingresos y enviar remesas a la República Dominicana, colaborando con la estabilidad económica del país y la mejora de las condiciones de vida de sus familiares”.
El Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar se conmemora desde el 1989, con el propósito de visibilizar la lucha por los derechos laborales de este sector, compuesto en su mayoría por mujeres
París, Francia- En el marco del 177 Aniversario de la Independencia Nacional, la Delegación Permanente de la República Dominicana ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), y las embajadas dominicanas ante la República Italiana y Reino de España realizaron el conversatorio virtual, “Características particulares de la Independencia Nacional”.
La actividad que se realizó a través de la plataforma Zoom, tuvo como expositores a los embajadores dominicanos ante el Reino de España, Juan Bolívar Díaz; ante la República Italiana, Tony Raful y ante la UNESCO, Andrés L. Mateo.
La apertura estuvo a cargo de la artista soprano Nathalie Peña Comas, quien interpretó el Himno Nacional y el joven estudiante y trompetista Raimy de los Santos, egresado del Sistema Nacional de Escuelas Libres del Ministerio de Cultura, quien musicalizó el tema “Quisqueya”, una composición del compositor puertorriqueño Rafael Hernández.
El primero en tomar la palabra fue el embajador ante la República Italiana, Tony Raful, quien sustentó que, “el significado de este encuentro es trazar algunas coordenadas y referir los hechos fundamentales en la creación de una Patria libre, tal como la alcanzaron los trinitarios”.
Agregó que, “nuestros patriotas nos dejaron como legado la imposibilidad de negar la Independencia Dominicana y un pensamiento nacionalista, creyendo en la capacidad del pueblo dominicano de crear una república propia e independiente”.
De su lado, el embajador del país ante el Reino de España, Juan Bolívar Díaz, expresó que, “tenemos el gran reto de reafirmar los valores de la sociedad y la cultura dominicana”.
“La actual crisis nos obliga a una profunda reflexión en este 177 Aniversario de la Independencia Nacional, y sobre todo, a un mayor esfuerzo de concertación de las energías de los dominicanos y dominicanas, para salir de esta prueba sin que se ponga en riesgo la estabilidad financiera futura del país”, sustentó Juan Bolívar Díaz.
En tanto que, el embajador dominicano ante el organismo multilateral de las Naciones Unidas, Andrés l. Mateo, quien cerró el listado de ponentes, destacó que “la Independencia Dominicana fue un hecho atípico, ningún otro país del continente americano reúne las características de la Gesta Patria”.
El delegado permanente ante la UNESCO resaltó que, “la Independencia Dominicana no es una fecha, no es 1844, este acontecimiento de nuestra historia no se empina sobre un descubrimiento basado en esas realidades de carácter monetario, sino sobre un suceso de tipo cultural, no un hecho económico como el que mueve al resto del continente”.
Finalmente, los embajadores coincidieron en la necesidad de fortalecer la educación en relación con la creación de nuestra nación.
Entre legisladores y políticos timoratos prevalece el criterio de que pagarían un costo político si colocan la República Dominicana junto a los 190 países que han legislado en respaldo a la dignidad de la mujer eliminando la penalización de la interrupción del embarazo cuando peligra la vida de la madre, si el embrión es inviable y si es fruto de violación o incesto.
Muchos temen caer en desgracia política ante los que se oponen radicalmente a esa reforma, lo que no tiene precedente en ninguno de los países donde se ha aprobado. Como cuando se legalizó el divorcio y el uso de anticonceptivos, a lo que todavía se oponen algunas iglesias. Ese costo tampoco se ha verificado ni donde se ha legalizado por completo el aborto.
Hace tiempo que aquí se sobreestima el poder de las iglesias sobre los electores, lo que no ha sido ratificado por los resultados desde las elecciones libres del 1962, cuando gran parte de la jerarquía religiosa dominante hizo campaña contra Juan Bosch, denunciándolo como comunista y ateo. Pero el ilustre escritor ganó la presidencia con el 59% de los votos.
Muy recientes están los resultados electorales del año pasado: Faride Raful, que como diputada había defendido firmemente la despenalización por las tres causales, postulada a senadora del DN por el PRM, obtuvo el 52.04% de los votos, aunque candidatos y jerarcas religiosos hicieron campaña contra ella.Mientras los partidos
que apostaron al poder eclesiástico y al costo político consiguieron pocos votos, como el PRSC 3.70%, la FNP 0.76% y el PQD quedó en 0.54%.
Sin duda hay legisladores y políticos que sostienen por convicción la oposición absoluta al aborto, pero muchos que juegan al oportunismo no solo están equivocados, sino que pagan un costo político, al ser visualizados como farsantes.
La renovación del obsoleto Código Penal dominicano tiene dos décadas paralizado por el temor de muchos legisladores al falso costo político.
Ya lo aprobaron alguna vez sin aceptar las tres causales y el presidente Danilo Medina tuvo el valor de no promulgarlo, ratificando la procedencia de las excepciones en la penalización limitada.
El presidente Luis Abinader recientemente ratificó la resolución de su partido en favor de las tres causales, y las encuestas siguen otorgándole una alta aprobación.
iba a pagar un costo político, pues ya ocurrió, porque la mayoría de las jerarquías religiosas, no todas, le salieron al frente.
PRM y PLD reúnen votos suficientes para aprobar Código con 3 causales
En tal circunstancia no hay excusa para que la mayoría congresual del PRM no honre cuanto antes el compromiso contraído, más aún cuando la segunda mayoría, la del PLD, está comprometida con la posición de su líder Danilo Medina en favor de las tres causales. Entre ambas fuerzas reúnen más de dos tercios en las cámaras legislativas.
Es claro que juegan al engaña bobos quienes por cobardía o irresponsabilidad propugnan por aprobar el Código Penal con la penalización absoluta del aborto, dejando para después abordar las tres excepciones en una “ley especial”. Juegan al engaño quienes proponen evadir toda concesión a la dignidad de la mujer, para proseguir un debate de dos décadas ya carente de objeto y razón. Otra cosa fuera que aprobaran un código sin incluir el tema, para dejar la definición a una ley sobre el particular. Pero aún eso carece de objeto después de tanto debate y a la luz de las encuestas que no dejan dudas sobre la voluntad de la mayoría.
Si los perremeístas caen en el gancho de la “ley especial”, exponen a su presidente a pagar realmente un costo político, porque o devuelve el código ratificando las tres causales como hizo Danilo Medina, o queda como incoherente y pierde respeto en la mayoría ciudadana, especialmente en los más instruidos. Si ya Luis Abinader arriesgó el costo, que aprueben definitivamente las tres causales, y verán que la vida sigue su agitado curso. Si el PRM no aprovecha la oportunidad, cargará con el costo político, frente a la ciudadanía, no a las jerarquías religiosas.
Ah! Y si se quiere un ejercicio de sinceridad, que le pregunten a los defensores del embrión aun a costa de la vida de la madre, si enviarían a la cárcel a una hija o nieta de 13-14 años que, traumatizada por una violenta violación, apele a un método abortivo para librarse de la ignominia. “Me la pusiste difícil” confesó un radical cuando hicimos la prueba en la televisión.
Al sepultar a mi madre el pasado lunes no podía desprenderme de la memoria aquel poema de Bécquer con su triste estribillo ¡Dios mío, qué solos se quedan los muertos!
Cada paletada de cemento para encerrarla en el nicho era como una bofetada en el alma que recordaba cuán endebles, efímeros y leves somos los seres humanos, aun cuando Juana Santana Castillo tuvo la fortuna de vivir casi un siglo.
Apenas días antes, al comenzar el año, le pedía que sobrellevara con serenidad la vida que le quedaba, ya que cada vez parecía más desinteresada de la existencia. Le recordé que en cinco semanas estaríamos celebrando sus 98 años, lo que era un privilegio, y que pronto veríamos el centenario. Porque conservaba la lucidez y fuerzas físicas. Pero el jueves una aleve embolia la sorprendió para causarle la muerte en dos días. Era tan fuerte y orgullosa que no se dejó tumbar. Caminaba en el pasillo de la casa cuando sintió un mareo y logró sentarse en el piso y pedir auxilio. Poco después perdía el conocimiento para siempre. No sufrió y en el lecho eterno fue impresionante la serenidad de su rostro.
Pese al vigor físico, emocionalmente se fue cansando, sobre todo después que por la pandemia dejamos de sacarla de la casa. Era tan independiente que nunca quiso vivir “en casa ajena”. Sábado y domingo almorzaba en casa de sus hijos, pero nade podía convencerla de que se quedara el fin de semana.
Mientras cementaban el nicho fui pasando la película de su vida: Doña Juanita fue la abnegación hecha madre y por el progreso de sus hijos se fue a la ciudad, a costa del divorcio, porque don Juan Díaz no quería abandonar su condición de bodeguero en el batey Alejandro Bass del ingenio Consuelo. Y ella juraba que sus hijos no se iban a criar en un lugar donde la escuela sólo llegaba al segundo curso, en dos tandas con una sola maestra, apenas para alfabetizar. Ella había logrado llegar a la escuela secundaria en Hato Mayor.
Divorciarse y cargar con 4 hijos era palabra mayor comenzando la segunda mitad del siglo pasado. Fue la madre coraje y, aunque era una mujer “blanca y hermosa”, nunca consiguió un segundo esposo que quisiera semejante carga. La ayuda de mi padre no alcanzaba, por lo que ella siempre tuvo que fajarse.
Fue tremenda emprendedora, después de trabajar en la Oficina Nacional de Estadística, lo que nos llevó a vivir en San Cristóbal, en la oficina local de Agricultura, y como costurera en una fábrica de ropa. Ya en la capital puso una paletera y vendió hielo y helados hechos en casa, luego su propio colmado que sucumbió en la crisis de económica de 1960. Entonces inventó un expendio de carnes, ayudada ya por sus dos hijos mayores desde sus 13 años mientras iban a la secundaria nocturna.
Aunque no lo pregonaba, se sintió orgullosa de que sus hijos recibieran buena educación y progresaran, bajo su férrea disciplina, inculcándole los valores del trabajo, la honestidad, respeto al prójimo, la libertad y la justicia, aún bajo la tiranía de Trujillo, que aborreció. Por eso a la campanada libertaria del 1961 estuvo lista para ser, junto a Miledys Sánchez, las secretarias y recepcionistas que en El Conde, frente al parque Colón, abrirían el primer local del Partido Revolucionario Dominicano, con Miolán, Silfa y Castillo.
No asimiló el golpe de Estado del 63, por lo que rehuyó la carrera política, aunque siempre amiga de Juan Bosch, Peña Gómez, Lucy Silfa, Rafa Gamundi y de otros líderes políticos. Sufriría las persecuciones a sus hijos: primero a Arismendi, dirigente estudiantil y profesional. Roberto, el más joven, con 16 años cayó preso al iniciarse la revolución y ella pasó meses llevándole comida a la cárcel. Después Miriam fue prisionera en La Victoria y a Bolívar le volarían el carro con una bomba y después un intento de asesinato lo exilió.
Mientras mamá quedaba presa para siempre, pasé la película de su vida y me pregunté si no pudo ser menos solitaria como mujer. Pero concluí que ella se iba satisfecha y orgullosa de su éxito como madre. Me estremecía impotente y me preguntaba por qué hay tantos seres humanos acaparadores, prepotentes, opresores y criminales, cuando somos tan efímeros, en camino a un estrecho nicho, donde no caben oropeles. Sólo acertaba a decirle adiós mamá, consciente de que todos somos prisioneros de la insondable levedad de la condición humana.
¿Vuelve el polvo al polvo? /¿Vuela el alma al cielo? / ¿Todo es sin espíritu/ podredumbre y cieno?/No sé; pero hay algo/que explicar no puedo,/ algo que repugna,/aunque es fuerza hacerlo,/¡a dejar tan tristes,/tan solos los muertos!
(Estrofa final de la Rima LXXIII de Gustavo Adolfo Bécquer (1836-1870).
Recuperemos la vieja consigna de año nuevo, vida nueva, con seres humanos renovados. Urge que todo el mundo asimile la lección que nos ha dado la naturaleza con la pandemia del Covid-19.
Toda la humanidad debe ser convocada a una renovación de la esperanza, con firmes propósitos de enmiendas, en la aurora del 2021, después de un año terrible que nos deja sumidos en la peor crisis de salubridad, con repercusiones económicas y sociales que aún no podemos predecir en toda su magnitud, pero que requerirá de varios años de esfuerzos infinitos para alanzar la recuperación.
Las perspectivas lucen más aciagas para países como el nuestro, con marcados atavismos en la salubridad y la asistencia, con una estructura tan desigual y atrapado por el galopante endeudamiento de la última década, en el que se fundó un crecimiento económico con pies de barro. Ya este año, para ofrecer precaria asistencia a cientos de miles de desempleados y amortiguar el galopante empobrecimiento, hubo que incrementar el endeudamiento, y lo mismo se proyecta para el nuevo año, en términos que obligarán a profundas reformas para hacerle frente a partir del 2022. Hay quienes creen que ese nivel de subsidio, ya extendido al primer trimestre, no podrá sostenerse por más tiempo.
Es comprensible y hasta ponderable que las autoridades se hayan empeñado en proyectar optimismo para incentivar la reanudación de actividades económicas y nuevas inversiones que contribuyan a paliar el creciente desempleo. Pero lo que nos espera en los próximos meses es ciertamente una ingente tarea de concertación, con los máximos niveles de austeridad, comenzando por el gasto público, pero también el privado en todas sus dimensiones.
El desafío no es sólo al gobierno central, sino a todas las instituciones del Estado, las autónomas y descentralizadas, donde los gastos de representación, las dietas, los altos salarios y compensaciones alcanzan a menudo niveles de privilegios irritantes. Incluye también a los demás poderes del Estado, especialmente al Legislativo, donde se impone la supresión de barrilitos y cofrecitos clientelistas y de ventajismo político.
Los dominicanos y dominicanas podemos superarnos, y de hecho en el año que concluye, por encima de la pandemia que nos asola, la sociedad recogió energías suficientes para lograr lo que para muchos parecía imposible, imponer un proceso electoral donde prevaleciera la voluntad popular por encima de la inmensa maquinaria de poder que se había impuesto avasallando las instituciones y reduciendo la calidad de la democracia.
Al pasar balance no podemos olvidar que una gran proporción de la ciudadanía se movilizó clamando por poner límites a la corrupción y a la impunidad que le ha sido consustancial en dimensiones vergonzantes mostradas en todas las evaluaciones internacionales. A la sociedad dominicana se le arrebató inmensas partidas del erario que debieron contribuir a superar pobreza y generar riqueza colectiva.
El año termina con una renovación de la esperanza de que es posible un Estado mejor organizado, más transparente y con instituciones que operen por encima de los intereses políticos grupales y de las minorías privilegiadas, para beneficio de toda la sociedad.
Pero todos debemos ser conscientes de que la cultura política de la apropiación de lo público está muy arraigada, que tiene incentivos de sectores políticos y privados, y en cualquier momento reaparecerá. Por esa razón hay que seguir avivando la llama de las transformaciones, y mantener la cuerda tensa en defensa de un Ministerio Público independiente y de un sistema judicial que requiere transformaciones. Lo primero a vencer es la impunidad, si queremos poner límites a la corrupción, más difícil de eliminar por completo.
Recuperemos la vieja consigna de año nuevo, vida nueva, con seres humanos renovados. Urge que todo el mundo asimile la lección que nos ha dado la naturaleza con la pandemia del Covid 19, y se fortalezcan los programas de preservación del medio ambiente y se combata con eficacia y determinación las grandes fuentes de contaminación.
Será preciso también que aparezcan nuevos liderazgos internacionales en defensa del planeta y se reactiven las confrontaciones ideológicas, y no las de las armas ni el terror, para generar chispazos que permitan reducir la extrema concentración de la riqueza que amenaza la convivencia humana. Es tarea es más perentoria a la luz de las repercusiones que nos deja la pandemia cuando apenas asoma una esperanza de contención.-
El Ministerio Público se ha bautizado con un expediente de corrupción bastante sustanciado contra diez personas, a las cuales se les debe respetar la presunción de inocencia, pero sin el apañamiento de que se trata de circo o retaliación política, como se aduce siempre fomentando la depredación y la impunidad durante décadas
El Día Internacional contra la Corrupción nos encontró ayer en el mejor momento en décadas de requerimientos sociales y esfuerzos para poner límites a la depredación y la apropiación del patrimonio público que han generado infinidad de riquezas en detrimento de la sociedad, especialmente de los más pobres y excluidos que requieren mucha inversión para mejorar sus condiciones de vida.
El mérito no es sólo del gobierno que nos rige desde agosto, y de los fiscales que responden a la independencia que se les ha reiterado para sancionar todo abuso de los bienes comunes, sin miramientos políticos o sociales, sino especialmente de la ciudadanía que en los últimos años dio contundentes demostraciones de su hastío e indignación no sólo por la rampante corrupción y por la impunidad que la fomenta.
Durante casi dos décadas la celebración estuvo relegada a las organizaciones sociales, especialmente Participación Ciudadana (PC) que, desde la proclamación de la efeméride mundial, declaró como su prioridad la lucha contra la corrupción y la impunidad e instituyó un reconocimiento anual a las personalidades empeñadas en esa trascendente tarea. Pero anoche secelebró con un acto en el Palacio Nacional en el cual el Gobierno del presidente Luis Abinader reafirmó su compromiso con la coherencia, la transparencia y el fortalecimiento de los mecanismos institucionales para devolver la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
Fue el 31 de octubre de 2003 cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas, mediante su Resolución 58/4 decidió que “a fin de aumentar la sensibilización respecto de la corrupción, así como del papel que puede desempeñar la Convención para combatirla y prevenirla, se proclame el 9 de diciembre Día Internacional contra la Corrupción".
A propósito de la conmemoración de ayer, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, proclamó que “La corrupción es criminal e inmoral, y representa la máxima traición a la confianza pública. Es aún más perjudicial en tiempos de crisis, como está ocurriendo ahora en el mundo con la pandemia por el COVID-19. La respuesta al virus está creando nuevas oportunidades para explotar la supervisión débil y la transparencia inadecuada, desviando recursos que debían estar destinados a personas que se encuentran en su momento de mayor necesidad.”. Así ocurrió en el país, cuando a nombre del combate a la pandemia se produjeron graves escándalos de corrupción.
El presidente Abinader ha sido coherente con sus planteamientos programáticos, designando personalidades independientes y de méritos acumulados como Miriam German Brito y Yenise Berenice Reynoso al frente de la Procuraduría General de la República, y de Carlos Pimentel para asumir la Dirección General de Contrataciones Públicas, una de las fuentes fundamentales del tráfico de influencia y la corrupción. Y además encargó la Dirección de Etica y Transparencia del Estado a dos símbolos de la honestidad y la lucha por el fortalecimiento institucional, como son la doctora Milagros Ortiz Bosch y el exsacerdote Mario Serrano.
El Ministerio Público se ha bautizado con un expediente de corrupción bastante sustanciado contra diez personas, a las cuales se les debe respetar la presunción de inocencia, pero sin el apañamiento de que se trata de circo o retaliación política, como se aduce siempre fomentando la depredación y la impunidad durante décadas, pese a cientos de denuncias fundamentadas, como ha documentado PC en dos investigaciones.
Estamos sólo en el comienzo, porque todos sabemos que hay escándalos mayores bajo investigación y la sociedad no estará satisfecha hasta que las sanciones no sean excepción, casi siempre con pequeños. Es notable que los actuales gestores públicos están empeñados en cumplir la debida transparencia, pero nadie debe bajar la guardia porque hay una cultura política bastante generalizada de aprovechamiento político y personal de los bienes públicos, y es posible quealgunos estén esperando que baje la marea para aprovechar “su oportunidad”.
Afortunadamente, el Presidente de la República parece el más consciente de que la barrida electoral de su partido fue consecuencia de la consciencia ciudadana sobre el inconmensurable costo económico, social e institucional de la corrupción que nos ahogaba. Luis Abinader está empeñado en iniciar una nueva historia en la gestión gubernamental, con el aliento de la Marcha Verde, de las ocupaciones de las plazas públicas aquí y por la diáspora dominicana, y de la larga lucha de instituciones sociales, personalidades y comunicadores. ¡Todos los días contra la corrupción!.-
La Ley 105-13 fue ignorada por el presidente Danilo Medina, el mismo que la promulgó en agosto del 2013, tras más de dos décadas de ponderaciones, con financiamiento internacional, manteniendo una enorme inequidad y desorden salarial en el Estado
Por Juan Bolívar Díaz
Uno de los desafíos que tiene por delante el nuevo gobierno del presidente Luis Abinader, que pretende un reordenamiento del Estado, es el de rescatar la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público, promulgada hace 7 años, pero que data de la década de 1991 cuando se aprobó la Ley 14-01 de Servicio Civil y Carrera Administrativa.
Durante más de dos décadas, primero desde la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP) y luego por el Ministerio de Administración Pública (MAP) se ponderó y consensuó la ley para regular los salarios públicos, dejada de lado por el mismo presidente que la promulgó, quien archivó sl proyecto de reglamento que le entregaron en el 2014.
Para reordenar el Estado
El objeto consignado en la Ley 105-13 es establecer el marco regulador común de la política salarial para todo el sector público dominicano”. Es redundante en dejar claro que es para “todos los funcionarios y empleados del Estado y las entidades que lo conforman”, como reza su artículo 2, y el siguiente enumera primero los tres poderes clásicos del Estado, los entes y órganos constituidos con régimen propio, organismos autónomos y descentralizados, financieros y no financieros, de la seguridad social, los ayuntamientos y hasta las empresas públicas.
La ley dispone, en su artículo 4, un sistema remunerativo para los servidores públicos integrado por un conjunto de principios, políticas y procesos para las prestaciones laborales, enumerando equidad, jerarquía, equilibrio, con un salario base y sólo el 13 navideño, y plantea la escala reglamentaria, revisable cada dos años.
Pero su mayor virtud, como también contradicción, es su capítulo VI, con 8 artículos, que comienzan con principios de incompatibilidad y conflictos de intereses y prohibiciones de carácter ético, que aunque muchas ya están en la Ley de Función Pública, son sistemáticamente ignorados y violados abiertamente.
Lo más relevante es que prohíbe los pagos adicionales por cumplimiento de los objetos de las funciones, por participar en juntas o comisiones, los aumentos salariales aislados, la asignación de tarjetas de crédito, exceptuando los presidentes de los poderes del Estado, limita el pago de gastos de representación y combustibles al 15% de los salarios, exclusivamente para los más altos funcionarios. Por demás, se prohíbe violar las escalas salariales, y el artículo 12 consigna un tope máximo inicial de $450 mil para el presidente y $400 mil para vicepresidente y los presidentes de los otros poderes del Estado.
Data de 1991 y del 2008
Desde el comienzo de la década de los noventa se discute en el país la necesidad de una legislación para promover salarios justos y equitativos que dignifiquen el servicio público e incentiven su eficiencia. Por eso en la Ley 14-91, de Servicio Civil y Carrera Administrativa, de 1991, se instituyó la Oficina Nacional de Administración y Personal (ONAP), “que elaborará y desarrollará un sistema uniforme y equitativo de remuneraciones” para los empleados estatales, como se lee en sus artículos 14 y15.
Especialmente a partir del primer gobierno del PLD y Leonel Fernández 1996-00), se impulsa el Programa de Apoyo a la Reforma y Modernización del Estado, y el Programa de Apoyo a la Reforma de la Administración Pública, que con la ONAP daría los primeros pasos para materializar la carrera administrativa instituida al final del régimen de Balaguer. Fruto de muchas inversiones, mayoritariamente de la entonces Comisión Europea y luego Unión Europea, del BID y la USAID y del gobierno nacional se promovió un gran debate con consultas a expertos internacionales. Todavía en el 2010 la Unión Europea aportó al programa $124.5 millones.
Con altas y bajas siguieron las consultas y tras más de una década se logró aprobar la Ley de Función Pública 41-08, que crea la Secretaría de Estado de la Administración Pública, que la Constitución del 2010 convertiría en Ministerio. En sus artículos 8 y 31 la ley del 2008 encarga “elaborar y actualizar anualmente el sistema retributivo del personal de la administración pública central y descentralizada” y su reglamentación.
LF la vetó en último día
El MAP, encabezado por Ramón Ventura Camejo, quien dirigió grandes esfuerzos desde la ONAP, prosiguió promoviendo la carrera administrativa y la ley de salarios tropezando con la resistencia de los funcionarios de los organismos descentralizados, que a toda costa querían quedar fuera de cualquier reglamentación que les restringiera los enormes privilegios de que disfrutan en materia salarial, de pensiones, gastos de representación, seguros internacionales, educación de los hijos, y bonificaciones que en algunos casos alcanzan 15 y 16 salarios anuales, todo un mundo de distancia con el resto de los servidores públicos y desde luego de los empleados privados.
Esos privilegios, que comenzaron hace décadas por el Banco Central, y el Banco de Reservas, se extendieron a todo el sector financiero estatal, incluyendo las superintendencias, y luego a órganos autónomos como JCE, TSE, Cámara de Cuentas, y alcanzaron altos niveles hasta del Ministerio Público, de algunos ministerios, como el de Hacienda, y hasta de direcciones generales, como Aduanas, Impuesto sobre la Renta y Portuaria.
Pese a todo, la ley fue aprobada por primera vez en el Congreso Nacional al finalizar el tercer período de gobierno de Leonel Fernández quien, contradiciendo su inicio como gran promotor de las reformas del Estado, la observó o vetó en su último día como presidente, el 15 de agosto del 2012, tratando de sembrar graciosidades. Se desperdició así el inicio de otro gobierno, momento más propicio para implementar restricciones que los nuevos funcionarios tendrían que aceptar.
DM se guardó el reglamento
La incubación de la ley de salarios prosiguió con nuevas consultorías internacionales, seminarios y transacciones hasta ser de nuevo aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente Danilo Medina, al agotar su primer año de gobierno, en agosto del 2013. Fue celebrada en el MAP y por lo menos en Teleantillas, donde se le había promovido en paneles y entrevista con cuantos consultores fueron traídos al país con ese objetivo.
Ventura Camejo y sus técnicos del MAP se adelantaron al plazo de seis meses que la Ley 105-13 de Regulación Salarial del Sector Público consignó para que se promulgara el reglamento complementario y la primera tarifa salarial, lo que llegó a manos del presidente Medina en enero del 2014 para quedarse allí en una gaveta, repitiendo la constante nacional de pasar años gastando recursos y buscando consensos para aprobar leyes que no se cumplen. Se juntó con la de Estrategia Nacional de Desarrollo promulgada un año antes, en el 2012.
Ya para entonces el PLD daba claras demostraciones de fatiga democrática, lo que lo conducía a gobernar mediante otra “normativa” nacional, “la ley de la conveniencia”, y lo que siguió fue el mayor desorden administrativo y salarial, duplicando la nómina pública, la multiplicación de organismos, sobrepuestos, el minifundio del Estado, en el que cada alto ejecutivo era dueño de su parcela y la sembraba de clientes de todos los niveles, para manipular conciencias y prolongarse indefinidamente en el poder.
Pasaron 7 años desde la promulgación de la ley y de nada sirvieron los discretos recordatorios de los organismos internacionales que la patrocinaron, los ejecutivos del MAP se doblegaron y la opinión pública se fue olvidando de la normativa.
La nueva oportunidad
En las prioridades económicas y sociales, de los “Lineamientos Básicos para un Gobierno de Regeneración Salarial” de la “Coalición Democrática por el Cambio” que ganó las elecciones de este año, se consigna el cumplimiento de la Ley Salarial del Estado, como la de Estrategia Nacional de Desarrollo. La crisis en que el Coronavirus ha sumido el país hace más perentoria la reorganización del Estado, planteada como fundamental por el presidente Luis Abinader.
Para poner en vigencia la ley salarial habría que rescatar primero el proyecto de reglamento que quedó en la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo y proceder a elaborar una nueva escala salarial, tomando en cuenta que en lo único que se aplicó la normativa del 2013 fue en ajustar hacia arriba los altos salarios que quedaron por debajo de la tarifa.
Es de rigor romper la extrema desigualdad en un Estado donde alrededor del 50% de sus servidores tienen sueldos que no alcanzan al valor de la canasta familiar del quintil más pobre, que ya sobrepasa los $14 mil mensuales. El salario mínimo estatal apenas fue elevado hace dos años desde $5 mil a $10 mil. La tabla 12 del anteproyecto de presupuesto para el 2021, indica que el sueldo promedio de los tres poderes del Estado es de $28 mil 850, por debajo del promedio de los cinco quintiles que según el Banco Central está en $32 mil.
Conviven con salarios y pensiones de cientos de miles de pesos y multiplicidad de privilegios prohibidos en la ley salarial, ya no sólo en organismos autónomos, sino también en el mismo gobierno central. Y las diferencias alcanzan hasta el doble entre lo que ganan funcionarios de idénticas responsabilidades, en un mismo ministerio o frente a otro, como documentó Participación Ciudadana en su estudio “Niveles de Diferencia en los Salarios de la Administración Públñica”.
Por cierto que la tabla citada cuantifica los asalariados de los tres poderes del Estado y órganos especiales en 581 mil 109, lo que implica que la totalidad estatal ronda los 800 mil si se les suman los ayuntamientos, demás entidades descentralizadas y los pensionados.
La supresión de los privilegios extra salariales y la imposición de límites en todos los organismos del Estado, amparadas en mandatos constitucionales y legales podría constituirse en un crédito importante para el gobierno de Abinader, que deberá irse abriendo ventanas y luego puertas para el pacto fiscal que dispone la Estrategia Nacional de Desarrollo, también en espera de rescate.-
