SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
El 4%, una causa que aún después de ganada se sigue luchando por ella
Yadimir Crespo
Santo Domingo, RD
En 2013 se logró el cometido de una lucha de varios años. Con marchas, debates, apoyo de los medios de comunicación y manifestaciones de distintos sectores de la sociedad dominicana, se obtuvo el 4 % para la educación y más adelante la firma del Pacto Nacional para la Reforma Educativa.
Con este acuerdo no se buscaba más que una educación pública de calidad lograda con la aplicación de los porcentajes establecidos en el apartado financiamiento de la Ley General de Educación, poco tomado en cuenta desde 1997, cuando fue emitida.
El tema ha regresado a la palestra nueve años después de aquel hito que correspondía por ley a la población preuniversitaria dominicana. El anuncio de la reducción del presupuesto tan exigido ha reavivado la preocupación de que se retorne a bajas inversiones con menores resultados de los que se obtienen actualmente.
Para entonces, el gobierno dominicano aportaba a la educación pública alrededor de un 2.4% del producto interno bruto (PIB), según publicaciones de la época en medios impresos.
Mientras cientos exigían la aplicación del 4 %, tal como lo estipula la Ley 66-97, el gobierno aducía que se dificultaba la aplicación de lo establecido por la situación financiera de aquel momento, ya que presentaban en esos años más gastos que ingresos.
Este argumento no fue suficiente para que, en los meses posteriores, personas de todas las edades y sin importar condiciones físicas o sociales, se unieran para asegurar el futuro de la población joven. Vestían prendas amarillas cada lunes, portaban pancartas, sombrillas y gorras, entre otros objetos alusivos a la petición, hasta hacer suficiente mella para que líderes políticos se comprometieran en su consecución.
¡Se logró!
Algunos de los compromisos concertados en aquella firma, a la que accedieron organizaciones gubernamentales y privadas, sindicatos, grupos de la sociedad civil, universidades e instituciones religiosas; eran la reinserción, la superación de la exclusión y el abandono escolar, la construcción de aulas, la contratación de maestros y la mejora de su salario.
Con la inversión aprobada por el entonces presidente de la República, Danilo Medina (2012-2016; 2016-2020), se impulsó la política de atención integral a la primera infancia y alfabetización, fue actualizado el currículo por competencias y se implementó la tanda extendida en las escuelas. Asimismo, se construyeron miles de planteles escolares con comedores para el acceso de más estudiantes.
No obstante, pese a lo logrado y la inversión de los últimos años, el país ha continuado en niveles bajos dentro de las más reconocidas pruebas de nivel educativo en la región.
Tal es el caso del informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o prueba PISA, que se realiza cada tres años. Los resultados de 2018, publicados a finales de 2019, presentaron un declive en cuanto a Ciencias, Lectura y Matemáticas.
Y en cuanto a infraestructuras, el déficit de espacios llevó este año, como en otras ocasiones, a recurrir al alquiler de locales y espacios para impartir la docencia.
Ante esta realidad, el actual ministro de Educación, Ángel Hernández, reconoció que aunque el monto de inversión es elevado, el impacto resulta bajo en los aprendizajes de los estudiantes.
A pesar de lo preocupante que puede resultar esa situación, el gobierno propuso recientemente la modificación del Presupuesto General del 2022, en el cual se propone disminuir las apropiaciones de gastos de varios ministerios, entre ellos el de Educación.
Con lo obtenido se espera hacer traspasos a 15 instituciones del Estado para completar las ejecuciones presupuestadas para este año; pero ayer el gobierno planteó, durante una reunión con diversas instituciones y ante el reclamo de organizaciones, que el porcentaje destinado a la educación no será tocado.
En un desayuno de Listín Diario realizado en junio de 2020, la hoy vicepresidenta, Raquel Peña, expresó que consideraba que los recursos del 4% para el sector educativo debían ser invertidos de otra forma y planteó que debería abarcar además la educación universitaria.
Sin embargo, en esta ocasión, según participantes del encuentro a puertas cerradas, Peña ordenó a los ministros de Educación y Hacienda que busquen proyectos en los cuales serían utilizados los RD$4,250,412,667 que se estarían restando al presupuesto educativo.
Lo que dice la ley
El artículo 197 de Ley General de Educación, una puesta en vigencia en 1997, cita que “El gasto público anual en educación debe alcanzar en un período de dos años, a partir de la promulgación de esta ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%), del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del producto bruto interno (PBI) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos, a partir del término de dicho período”.
La legislación orgánica número 66-97 indica además que estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, sin pérdida de los incrementos progresivos correspondientes en términos de porcentaje del gasto público o del producto interno bruto (PBI).
Estas informaciones están en el Título X sobre el financiamiento de la educación
La Ley General de Educación 66-97 establece, en su artículo 197, que el gasto público en educación debe alcanzar un mínimo de un 16% del Presupuesto General del Estado o un 4% del producto interno bruto (PIB) estimado para el año corriente.
Sin embargo, una cosa es lo que dice la legislación, la cual entró en vigor con 13 años de retraso, y otra lo que demuestran las estadísticas cuando se analiza la ejecución anual presupuestaria en el período 2013 y 2020, éste último caracterizado por una caída en la economía de -6.7% y un aumento en algunas partidas para hacerle frente a la pandemia del covid-19.
En el período analizado se presupuestó RD$1 billón 129,998.8 millones, pero se ejecutó RD$1 billón 109,864.5 millones, lo que genera un promedio de 98.05% anual respecto a lo presupuestado. Estos datos establecen que hay RD$19,971.1 millones que quedaron sin ejecutar entre 2013 y 2020, a pesar de que durante el año de la pandemia el Ministerio de Educación recibió poco más de RD$10,700 millones adicionales para implementar la virtualidad en el proceso de aprendizaje, que incluyó la contratación de una red de canales de televisión y emisoras de radio en todo el país.
En promedio, le ejecución alcanzó el 3.85% del PIB anual. En 2020, con una caída neta del producto que rondó los US$10,000 millones, el nivel de ejecución superó el 4.5%, por lo que la relatividad jugó a favor del porcentaje destinado al sistema educativo preuniversitario. En términos sencillos, si no se produce una contracción de la economía y una mayor erogación para el sector, la inversión para la educación también se hubiera quedado por debo de lo que establece la Ley 66-97.
Según el Informe sobre la Situación y Evolución de la Ejecución Presupuestaria del 4% a educación, el PIB pasó de US$57,923 millones, en 2013, a US$79,345.6 millones, en 2020. En 2019 había cerrado en US$88,952.8 millones, es decir, US$9,607.2 más.
El presupuesto aprobado del Ministerio de Educación para 2013, tanto de fuentes internas como externas, ascendió a RD$99,628.1 millones, ejecutándose al cierre de ese año el 96.05%. En este año se ejecutaron RD$95,691.3 millones, quedando sin ejecutar RD$3,936.8 millones. De esa cantidad, RD$1,871.4 millones eran de recursos internos (fondo general y contrapartidas) y RD$2,065.4 millones de recursos externos (préstamos y donaciones).
Respecto a 2014, el presupuesto aprobado fue de RD$109,170.3 millones con un 96.98% de ejecución, por lo que faltaron RD$3,299.9 millones por ejecutar.
Durante los dos primeros años de ejecución de la Ley 66-97, en lo que compete al artículo 198, se financió en un 91.78% con recursos del fondo general, que en la práctica son los ingresos fruto de la recaudación ordinaria que hace el Estado dominicano a las personas físicas y empresas.
Según el informe, el fondo general aportó RD$87,829.6 millones del total ejecutado en 2013, el cual fue de RD$95,691.3 millones. Para el ejercicio 2014, el fondo general pasó a tener una participación de 93.44% del total de recursos, incrementando en términos absolutos en RD$11,100.7 millones con el período. La participación de las demás fuentes, excepto las donaciones, descendió con respecto al 2013.
Un 97.07%
El presupuesto de 2015 ascendió a RD$119,363.2 millones, ejecutándose, al final del período, RD$115,865.7 millones (97.07%) del presupuesto, quedando un monto disponible ascendente a RD$3,497.5 millones. Según los datos, de este monto, RD$2,592.8 millones fueron de recursos internos (fondo general y contrapartidas) y RD$904.7 millones eran de recursos externos (préstamos y donaciones). Esto representa una variación de 9.44% en la ejecución con respecto a 2014, cuya ejecución ascendió a RD$105,870.3 millones, es decir, una diferencia absoluta de RD$9,995.4 millones.
Durante 2016, el presupuesto aprobado para el Ministerio de Educación fue de RD$129,873.7 millones, pero al cierre del año se habían ejecutado un 97.98%. Esto trae como resultado que quedó un monto disponible ascendente a RD$2,624.3 millones con todas las fuentes de financiamiento.
De esta cantidad, RD$1,656.3 millones pertenecen a recursos internos (fondo general y contrapartidas) y RD$968,024,758 recursos externos (préstamos y donaciones). Esto representa una variación de 9.82% en la ejecución con respecto al año 2015, cuya ejecución ascendió a RD$115,865,741,686, es decir, una diferencia absoluta de RD$11,383,627,928 con referencia al presente año.
Para 2017, el presupuesto para la educación ascendió a RD$143,012.2 millones. Al finalizar el año, se ejecutó un 99.47%, quedando un monto disponible ascendente a RD$762.8 millones. De esta cantidad, RD$745.8 millones eran de recursos internos (fondo general y contrapartidas) y RD$17.1 millones de recursos externos (préstamos y donaciones). Esto representa una variación de 1.49% en la ejecución con respecto a 2016, cuya ejecución ascendió a RD$127,249.4 millones, es decir, una diferencia absoluta de RD$14,999.9 millones con referencia al 2015.
Más de 150,000 millones
En 2018, el Ministerio de Educación recibió un presupuesto de RD$153,009.9 millones. Este ha sido uno de los años con la mayor proporción en la ejecución presupuestaria respecto a la asignación, pues al finalizar el año se ejecutaron RD$152,362.4 millones (99.58%). Sin embargo, el monto disponible o sin ejecutar fue de RD$647.4 millones, incluyendo todas las fuentes de financiamiento.
El presupuesto asignado para la construcción de escuelas es el que muestra mayor nivel de ejecución.
Los datos disponibles establecen que esto representó una variación de 7.11% en la ejecución con respecto a 2017, cuya ejecución fue de RD$142,249.3 millones, es decir, una diferencia absoluta de RD$10,113.1 millones.
Para 2019, el presupuesto para la educación preuniversitaria ascendió a RD$170,605.6 millones. Al finalizar el año se ejecutaron RD$169,237.8 millones (un 99.20%), quedando disponibles RD$1,367.9 millones. De los recursos que quedaron disponibles en ese año RD$638.8 millones eran de recursos internos (fondo general y contrapartida) y RD$729.0 millones a recursos externos (préstamos). Esto representó una variación de 11.1% en la ejecución con respecto a 2018, la cual fue de RD$152,331 millones, para una diferencia absoluta de RD$16,906.8 millones.
El 2020 fue el año de las excepcionalidades en todos los sentidos. La caída del PIB, por el cierre de la economía, obligó a las autoridades a buscar recursos extras vía financiamiento para destinarlos a sectores clave. La educación recibió un adicional de aproximadamente RD$10,000 millones. El presupuesto aprobado para el sector educativo preuniversitario ascendió a RD$194,523 millones, el cual fue reformulado en junio y septiembre de 2020.
Fruto de las necesidades que se derivaron de las clases a distancia, el presupuesto aumentó en RD$10,799.4 millones, es decir, subió a RD$205,322.4 millones. Sin embargo, al finalizar el segundo semestre se habían ejecutado RD$201,501.2 millones (98.13%), quedando un monto disponible superior a RD$3,834.6 millones, incluyendo todas las fuentes de financiamiento.
El primer año de ejecución del 4% del PIB a la educación fue analizado por el Observatorio Político Dominicano. Lo hizo en junio de 2010. Le llamó la atención la lentitud en la ejecución de los fondos para la educación preuniversitaria. El presupuesto estipulaba que para el 30 de septiembre se debía haber ejecutado el 75.6% de los fondos, pero solo se había alcanzado el 51.2% (FSE, 2013).
En aquel momento, las autoridades educativas adjudicaron tales dilaciones a tres razones fundamentales. La primera, las restricciones propias de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y el reglamento de aplicación; la segunda, la ejecución de la mayor parte del presupuesto educativo en el período inmediatamente anterior al inicio del año escolar (a partir de junio) y, por lo tanto, todo lo relacionado con la compra de pupitres, uniformes, libros de textos, cuadernos, designación de nuevos maestros y el pago de la regalía pascual, son iniciativas que se ejecutan en el segundo semestre.
La última razón -relacionada con la lentitud del desembolso de fondos destinados a la construcción, ampliación y rehabilitación de planteles escolares- fue la dificultad en localizar los terrenos, que en muchos casos presentaron problemas de titulación y otras veces no cumplían con las condiciones adecuadas.
Recursos
De acuerdo con el artículo 202, de la Ley 66-97, el Fondo Nacional de Fomento a la Educación tiene personería jurídica y está representado legalmente por su presidente.
Sin perjuicio de otras responsabilidades jurídicas, sus integrantes serán responsables del buen manejo de los recursos y bienes que estén a su cargo ante el Consejo Nacional de Educación, que tendrá la obligación de supervisión y vigilancia.
La legislación establece que los cargos de miembro del consejo y el de directivo del fondo, serán incompatibles. En todo caso, el fondo contará con un auditor interno y se someterá a auditoría externa periódicamente.
Jairon Severino Por Jairon Severino 4 julio, 2019 en Reportajes
¿Para qué ha servido destinar el 4% del PIB a la educación?
República Dominicana debería destinar no sólo el 4% del producto interno bruto (PIB) a la educación preuniversitaria. Lo más conveniente, sin exagerar, sería el 10%. Sin embargo, es pertinente preguntarse: ¿para qué han servido los RD$936,428.9 millones que ha manejado el Ministerio de Educación desde 2013, año en que se inicia la aplicación de la Ley 66-97? ¿Leyó bien? Casi RD$936,429 millones a la fecha, si se incluye el presupuesto programado para 2019, que asciende a RD$170,570.2 millones.
Para mayor comprensión, la Dirección General de Presupuesto lo explica con claridad suficiente: por cada RD$100.00 que pague el Gobierno en 2019, RD$20.1 irían para educación, RD$8.20 serían para salud, RD$8.00 a la administración del Gobierno y RD$7.00 a protección social, mientras que RD$33.00 se abonarían al pago de la deuda pública y el resto, que serían RD$23.70, corresponde a energía, justicia, orden público y seguridad, protección del medio ambiente y otros servicios económicos, sociales y generales.
Lo que se ha visto hasta este momento es que será necesario entonar un mea culpa. Los resultados, que es como realmente debería evaluarse la calidad de la inversión, establecen que casi todo ese dinero se ha ido a la nada, es decir, su utilidad ha sido prácticamente cero si se toma en cuenta que los estudiantes del nivel básico y los profesores, en una alta ponderación, están muy lejos de lo que debería ser mínimamente aceptable.
Y no sólo se trata de que hay “educadores que escriben (y hasta hablan) con faltas ortográficas”, a quienes a veces les cuesta concebir y emitir una idea sintácticamente elaborada, sino que el país, en términos competitivos, ha quedado muy mal parado en los escenarios internacionales que miden la calidad de la educación. No resulta difícil colegir que si el educador tiene deficiencias, por más tanda extendida y horas “consumidas” que se reporten, los receptores también llevarán consigo esas falencias. Y lo peor: se vuelven virales entre generaciones.
Lamentable
Aunque sea penoso (y dé hasta vergüenza ajena) hay “profesores” cuasi analfabetos que no saben escribir siquiera su nombre y que su capacidad de raciocinio, es decir, ese espacio mental subjetivo que permite tomar decisiones está, aunque también duela decirlo, en estado primitivo cuando se compara con las exigencias de una educación moderna.
Duele, duele y duele, pero es la cruda realidad. No admitirlo es aún peor. Empero, esto no quiere decir que estemos totalmente huérfanos de maestros con calidad. Los hay, sí, pero ese esfuerzo por hallarlos se vuelve cada vez más pesado. Piense en cuáles han sido las razones por las que ha habido fricciones entre la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el Ministerio de Educación desde la aplicación del 4% del PIB para la educación.
El Ministerio de Educación maneja la mayor cantidad de recursos en el Estado dominicano.
Todo este escenario gris en que está el sector educativo, en términos de su calidad, se da a pesar de los avances tecnológicos y de los recursos disponibles para el aprendizaje de educadores y estudiantes. ¿Se imaginaba usted ver a formadores cuestionar las pruebas a que deben ser sometidos para conocer sus capacidades antes de ser contratados o elevados de categoría? Para el mal bailador no hay música buena.
Si miramos atrás y analizamos cada una de las jornadas de protestas o huelgas de maestros, por lo menos durante los últimos 30 años, ninguna ha sido con miras a exigir una mejoría en la calidad de la educación. Todas, sin excepción, han sido motivadas por el salario. Y no es que esté mal iniciar una protesta por el salario, pero tendría muchísimo más valor y apoyo de la población si también se acompañaran de demandas reales por mejorar la calidad de lo que servimos a nuestros estudiantes. Una vez se aprueba el aumento salarial todo lo demás se echa en el olvido.
Lo que prima ahora es cuánto es el salario y los beneficios adicionales por la “labor altruista de entregar cuerpo y alma a preparar a los ciudadanos que habrán de garantizar el desarrollo del país”. Todos sabemos que esto no es más que una aspiración lejos de la realidad. En este juego de “dimes y diretes”, de diatribas y conversaciones estériles cargadas de “particularidades”, sí es pertinente cuestionar el papel que han jugado las autoridades y todos los que han tenido capacidad de decisión en estos últimos 20 años, a toda luz, poco aprovechados.
Para que no haya duda respecto a lo que establece la Ley General de Educación, marcada con el número 66-97, en su artículo 197 establece: “El gasto público anual en educación debe alcanzar en un período de dos años, a partir de la promulgación de esta ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%) del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del producto bruto interno (PIB) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos. A partir del término de dicho período estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, sin menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes en términos de porcentaje del gasto público o del PIB”.
De lo anterior también se puede interpretar otro aspecto de suma importancia. El presupuesto educativo, además, debería ser ajustado por indexación, lo que significa que sería una mayor cantidad de recursos para el sector. Aquí surge una pregunta: ¿cómo manejar tantos recursos sin una cadena logística bien estructurada, profesionales idóneos, pulcros, honestos e interesados en que realmente la calidad de ese gasto sea la mejor? Sin ánimo de cuestionar la calidad humana de quienes han estado al frente de Educación, desde la aplicación del 4% del PIB ha habido tres ministros, dos de los cuales hoy aspiran a la Presidencia de la República.
¿Por qué esta coincidencia? La respuesta es bueno que la dé el tiempo. ¿Qué se puede esperar del actual funcionario, quien tampoco termina por definir cuál es su rol al frente del principal Ministerio, partiendo de la cantidad de recursos económicos que maneja?
Estudio
Acción Empresarial por la Educación (Educa) publicó en 2016 el estudio “Calidad del gasto educativo en la República Dominicana: Un análisis exploratorio desde la vigencia del 4%”, en que su entonces presidente, José Mármol, destacó que “la sociedad dominicana ha considerado legítimamente como un logro suyo la asignación del 4% del PIB al sector educativo preuniversitario”.
Sin embargo, más adelante dice: “Uno de los actos iniciales de la primera administración del presidente Danilo Medina fue honrar su compromiso político y social con el sector educativo y asignar a la educación los recursos que estaban fijados por Ley. De esta forma, el presupuesto del año 2013 creció en un 70%, pasando de RD$58,590 millones en 2012 a RD$99,628 millones en 2013. Este crecimiento histórico, sin precedentes en toda la vida del sistema educativo dominicano, vino acompañado de dudas, por parte de algunos sectores, sobre la capacidad de gestión y ejecución de la autoridad educativa”.
Mármol hace referencia, de alguna manera, a que el cumplimiento de ese compromiso fue producto de las presiones sociales producto del empoderamiento de la sociedad. Aunque todo el país estaba a una respecto a la necesidad de cumplir con esta ley, también “se argumentaba que la misma estructura administrativa y gerencial, así como los procesos del Ministerio de Educación tendrían dificultades para absorber el manejo de un volumen de recursos que prácticamente duplicaba los recursos de un año a otro”.
Pensando en voz alta surge una pregunta: ¿por qué no se planteó, primero, adecuar las estructuras administrativas, incluyendo procedimientos transparentes eficaces, para la ejecución de un presupuesto tan elevado en comparación con lo que hasta 2012 se venía implementando? Es obvio que primó la petición colectiva del “4% para la educación” que la razón (más lógica) de saber cómo se invertirían esos recursos.
Educa, en este mismo estudio, señala que la evidencia demuestra que un aumento del gasto no se traduce necesariamente en una mejora integral de la calidad educativa. Para el caso de Latinoamérica, el gasto público promedio en educación de 17 países, como porcentaje del PIB, aumentó de 2.7% en 1990 a 4.3% en 2003. Durante este período, la matriculación Primaria y Secundaria presentó el más rápido incremento en cobertura. Sin embargo, la calidad de los aprendizajes no aumentó en la misma proporción. Esto se evidencia en los bajos resultados que obtuvo la región en las pruebas internacionales PISA1 y TIMSS2 (PREAL, 2006).
Adicionalmente, destaca Educa, algunos estudios plantean que un mismo nivel de desempeño puede estar asociado a distintos niveles de gasto, y viceversa. Por ejemplo, países como la República Checa y Dinamarca obtuvieron una calificación de 500 puntos en la prueba PISA en el área de Matemáticas para 2009, a pesar de que Dinamarca invirtió poco más del doble por estudiante que República Checa. Por otro lado, Polonia e Israel, dos países que en 2009 mantenían un nivel de inversión similar per cápita por estudiante en Secundaria (US$4,700 vs US$4,990), presentaron una diferencia de alrededor de 50 puntos en la calificación de la misma prueba, situando a Polonia en el lugar 25 de 74 países, y a Israel en el lugar 42 (Unesco, 2014a; OCDE, 2010).
Para Educa, las diferencias en el nivel de gasto y desempeño entre países pueden ser explicadas, entre otros, por los rendimientos marginales decrecientes que presenta la inversión en educación. Un estudio realizado por Vegas & Coffin (2014) para 51 sistemas educativos, concluye que, a partir de US$8,000 PPA (Paridad de Poder Adquisitivo) invertidos por estudiante, la mejora en los aprendizajes medidos a través de la prueba PISA no es estadísticamente significativa, es decir, el aumento de la inversión, a partir de cierto nivel de gasto, tiene un rol cada vez menor en el desempeño educativo.
A pesar del dolor que causa no sólo a los defensores del 4% del PIB para la educación, República Dominicana es reincidente en quemarse en las materias básicas o fundamentales. En 2016 el país se colocó entre los peores lugares en Ciencias, Matemáticas y Lectura, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, siglas en inglés). Esta organización es la que impulsa la prueba PISA.
República Dominicana muestra un pobre desempeño en Matemáticas, Lengua Española y Ciencias Naturales, según PISA.
Según el informe PISA, República Dominicana se encuentra en el último lugar en Ciencias, con un rendimiento medio de 332 puntos. En Lectura se encuentra en la cuarta posición entre los ocho peores lugares, con 358 puntos, por detrás de Perú (398), Indonesia (397) y Túnez (361).
Asimismo, en Matemáticas, nuevamente República Dominicana se posicionó en el último espacio, con una puntuación media de 328 puntos. Está clarísimo que el problema fundamental no radica en la falta de dinero, haciendo la salvedad de que la construcción de escuelas y otras infraestructuras afines al sector educativo ha significado un ventajosísimo negocio para un reducido grupo, así como para los suplidores de alimentos.
¿Cómo llegamos a aplicar la Ley 66-97 casi 22 años después de su aprobación? Basta con recordar el movimiento de las sombrillas amarillas, al que se integró toda la sociedad, incluyendo empresarios, figuras del arte y de la comunicación, líderes sindicales y políticos para entender el contexto en que comienza a aplicarse esta legislación.
Producto de la euforia colectiva no se analizaron las consecuencias financieras de su aplicación, pero tampoco si existían las condiciones logísticas-administrativas para disponer de todos esos recursos. No se pensó en si moralmente existían las condiciones para garantizar la necesaria transparencia en la gestión de tanto dinero o si realmente serían invertidos equitativamente en el país, garantizando no sólo planteles bien fabricados, sino también calidad del personal docente.
En un ejercicio de mea culpa, apostando siempre a la calidad, cabría una pregunta: ¿fue correcto aplicar de golpe el 4% del PIB para la educación?
Gasto y calidad
En el prólogo de la investigación que hizo Educa sobre la calidad de la educación tras la implementación del 4%, José Mármol, entonces presidente de la institución, destaca que durante los últimos cuatro años el sistema político concentró sus esfuerzos en fortalecer la calidad educativa en aquellos aspectos asociados a las dimensiones estructurales de la educación.
A su entender, llegó el tiempo de pensar en la calidad de los procesos, las propuestas pedagógicas y las estrategias de innovación para las generaciones que ingresan al sistema educativo, pero también aquellas que permanecen arrastrando una baja inversión previo al año 2013.
“La calidad de la educación y del presupuesto educativo también es un asunto de todos los dominicanos, porque todos somos responsables de los más de US$10,500 millones que no llegaron al sistema educativo entre 1998 y 2013”, destaca.
Pruebas Nacionales
Educa señala que al analizar los resultados de las Pruebas Nacionales no siempre se observa una relación entre un mayor gasto en capacitación y sus resultados. Indica que al evaluar el período “post 4%”, se observa que, si bien ha habido un aumento en el promedio de las calificaciones en la primera convocatoria de Pruebas Nacionales en Nivel Básico, pasando de 15.42 puntos en 2012 a 16.12 puntos en 2015, los resultados en el Nivel Medio han permanecido prácticamente invariables.
Apunta que en Educación Media (modalidad general) la puntuación pasó de 17.47 puntos a 17.40 puntos en el mismo período. Aunque este resultado se puede atribuir a un posible rezago, puesto que el efecto de las capacitaciones docentes no es necesariamente inmediato, Educa aclara que se requiere un estudio profundo sobre las otras variables asociadas, sin lo cual resultaría arriesgado cuestionar, de manera aislada, la eficiencia de la inversión en capacitación docente.
En este sentido, sería un aporte de gran relevancia conocer la cantidad de docentes, en cursos objeto de Pruebas Nacionales, que han participado previamente en programas de capacitación.
Sin embargo, las tendencias observadas hasta el momento levantan aún cuestionamientos acerca de la eficiencia de la inversión.
Instituciones estatales técnicas y delicadas bajo la gestión de políticos Jairon Severino
Jairon Severino 13 mayo, 2021
Hay instituciones públicas, específicamente las que tienen un carácter técnico y, por su naturaleza, muy delicadas, que no deberían estar bajo la gestión de un político. No hay nada más divorciado de los criterios técnicos que un militante de un partido al frente de una entidad especializada. Esto hay que entenderlo sí o sí. Un país no debería administrarse (o repartirse) como un pastel de cumpleaños.
Todos sabemos que hay instituciones estatales que se prestan para ser botines o medios para pagar favores de partidarios y aliados electorales que en un determinado momento ayudaron a conseguir el poder, pero existen otras que deberían ser respetadas. Superar esta amarga realidad sería un paso de avance fundamental para nuestra madurez institucional.
Quienes tienen (y tendrán) el honor histórico que gestionar el Estado deberían pensar lo que significa poner a un aliado político en cualquier institución. A mi modo de ver las cosas, por la experiencia que el ejercicio del periodismo de otorga, el Banco Central, las superintendencias de Seguros, de Bancos, del Mercado de Valores, de Riesgos Labores y la de Pensiones, para citar algunas, sólo deberían admitir técnicos experimentados en la materia.
Y debo decirlo con profunda pena y hasta vergüenza ajena. Escuchar a un político hablar de temas tan delicados, como es la banca, los seguros o la política macroeconómica, entre otros temas, genera más miedo e incertidumbre que respeto.
Por suerte, y debo resaltarlo, el Banco Central bajo la tutela de un técnico, igual que la Superintendencia de Bancos, dos de las instituciones más delicadas para la estabilidad económica y financiera del país. Quizá no podría decir lo mismo de las demás.
A quien le corresponda estar al frente de una entidad técnica, la que sea, debe estar en capacidad de entender los términos fundamentales del área que cubre la institución que maneja. Es penoso ver a un incumbente gaguear cuando tiene que dar alguna declaración relativa al sector que regula.
Sé que siempre hay un equipo técnico detrás que participa de las decisiones y de todo el proceso de fiscalización, pero ellos no son los que dan la cara. Lo digo que porque en mi trayecto de más de 20 años de ejercicio periodístico en el área de economía, entrevistando y viendo de todo, me ha tocado ver a políticos dirigiendo instituciones técnicas que no tienen la mínima idea de lo que tiene dirigen.
Esto, por supuesto, es parte no sólo de la debilidad institucional que aún padecemos como país, sino también la visión de los políticos respecto a lo que debe ser el Estado. Para muchos, quizá para la mayoría, llegar a una posición pública significa ascender social y económicamente, por lo que todo lo demás queda en un segundo plano.
Esta realidad, cuando se trata de tomar decisiones fuertes y de fiscalización, tiene un peso muy fuerte. Esto así porque cualquier dirección podría ser malinterpretada por la condición misma que tiene quien hace la veces de superintendente. Los políticos a la política, los técnicos a lo técnico.
AGRICULTURA Ejecución de la cuarta fase de la capitalización del CEA Por: Jairon Severino | 30 de julio, 2013
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FAUSTINO JIMÉNEZ, INAZÚCAR, INFORME, INDUSTRIA AZUCARERA,
Con la emisión del Decreto número 104-10 en febrero del pasado año 2010, el Presidente Leonel Fernández retoma con fuerza el proceso de privatización de las tierras cañeras del Consejo Estatal del Azúcar –CEA- Las plantaciones de caña; porque de los diez (10) ingenios que tenía la agroindustria, solo quedan dos (2); Porvenir y Montellano. Todos los demás fueron desmantelados.
Basado en el referido decreto y en la Ley 141-97 de Reforma de la Empresa Pública, el gobierno dispuso la transferencia al sector privado de las tierras cañeras perteneciente a los ingenios Consuelo, Quisqueya, Porvenir y Santa Fe. Los terrenos están localizados en las provincias de San Pedro de Macorís, Hato Mayor y El Seybo. En total, la cantidad de tierra transferida bajo la modalidad de arrendamiento comprende una porción de 554 mil tareas nacionales, equivalentes a 34, 843 hectáreas. De un total de 650 mil 400 tareas de la agroempresa en el año 2009.
Si se compara esa cantidad de tierra cañera con la que tenía el CEA en 1986; según Ecocaribe, S.A. ascendente a 2.7 millones de tareas bajo el cultivo de la gramínea, se concluye que al cabo de los veinte y cinco años transcurridos desde esa fecha a la actualidad, el CEA ha perdido el 76 por ciento (2.0 millones de tareas) esto es solo en tierra cañera. Esto así, porque por el lado de la tierra ganadera, de 996 mil tareas nacionales en 1986, alcanzo a tener en 1997 unas 606 mil tareas, para una reducción de 390 mil tareas, para situarse en la actualidad a una cifra totalmente desconocida. Pero que en el mejor de los casos, no llega a 150 mil tareas. El total de tierra cañera y ganadera del CEA, en 1986 era de 3.7 millones de tareas nacionales (233, 293 hectáreas).
Esta segunda fase del proceso de “capitalización” de la que en el pasado se denominó “Industria Azucarera Estatal” basado, casi de manera exclusiva, en arrendamiento a largo plazo de tierras cañeras, tiene una diferencia fundamental con la etapa anterior. Esa diferencia consiste en que la presente fase, salvo el caso del Ingenio Porvenir, el único en operación, lo que se está traspasando a los inversionistas participantes del actual proceso son las tierras, que pasan a formar parte de las inmensas colonias cañeras perteneciente a sus respectivas empresas azucareras y alcoholeras.
En el caso de las primeras, acumulan experiencias, en la producción y mercadeo de azúcar de ciento treinta y cinco (135) años ininterrumpidos y con una de las solvencias económicas más sólidas del país. A todo esto se suma, una inmensa capacidad gerencial no solo en el ámbito azucarero sino en cualquier sector empresarial de la República Dominicana, únicamente igualada por el Central Romana Corporation, que al igual que los primeros desarrollan también múltiples proyectos empresariales. En el caso de los adquirientes del Ingenio Porvenir, acumulan asimismo mucha experiencia en el sector azucarero a nivel de su país de origen, España.
Con respeto al tercer participante, en el arrendamiento de terrenos cañeros, en el caso específico de la empresa alcoholera, no se dispone de información con antecedentes en esa materia; aunque si en el cultivo de caña de azúcar y en otras áreas empresariales relacionados con la educación, turismo y salud.
Durante el año que culmina, se dio inicio al proceso se consolidación de la industria azucarera nacional, luego de la debacle del Consejo Estatal del Azúcar a partir de la década de los noventa y siguientes. Esa consolidación tiene nombres y apellidos. Central Romana Corporation, Cristóbal Colon C. por A. y el Comercio Azucarero Central, que opera bajo la condición de arrendamiento al Ingenio Barahona. Este último, Obviamente a un costo muy elevado para el Estado Dominicano, que en sus doce (12) años de arrendamiento no ha recibido ninguna renta por ese concepto. Primero, porque tuvo que pagar hasta el 2005, a Credit Agricol, parte de una deuda que el CEA contrajo con esa entidad financiera internacional por la venta irresponsable en 1998 de 100 mil toneladas métricas de azúcar, realizada por las autoridades de entonces. Luego de esto, el Ingenio Barahona, acumuló una deuda con el Estado de más de US$ 9.0 millones, por concepto de pago de US$ 1.85 millones anuales de renta fija, por concepto del arrendamiento del ingenio, de conformidad con el Contrato de Arrendamiento de fecha 13 de diciembre de 1999. Parte de esa deuda, le fue reconocida como inversión en el 2009.
INVERSION EN RENOVACION CAÑERA Y TECNOLOGICA
Son 554 mil tareas cañeras (34, 843 hectáreas) las transferidas al sector privado. Llevan más de veinte (20) años en condiciones de abandono; esto es sin ningún tipo de labores culturales como la aplicación de programas de retoño y renovación.
Para poner esos terrenos en condiciones de producción, los actuales arrendatarios han puesto en ejecución un vasto programa de renovación en la totalidad de los terrenos. Esto conlleva una inversión en un periodo de cinco años, de US$ 73.2 millones. Asimismo, llevarán el principal ingenio receptor del 73.53 por ciento de la caña a producir en los terrenos arrendados de una molienda actual de 7, 500 toneladas métricas por día a 15, 000 toneladas. Para ello, están invirtiendo unos US$ 810.0 millones en igual periodo. El otro ingenio que habrá de recibir el 18 por ciento de la gramínea a producirse, invertirá US$ 65.0 millones en caldera y otros equipos. El monto total a ser invertido, por esas dos centrales azucareras en renovación de caña y ampliación fabril se eleva a US$ 948.0 millones en el mismo periodo.
Sumando a esta inversión de los arrendatarios de las tierras del CEA, a las que deberán hacer los colonos del Este que poseen 570 mil tareas (35, 849 hectáreas) localizadas en la Región de Ozama, el municipio de Guerra, Boca Chica; así como en los ingenios de: Quisqueya, Consuelo, Porvenir y Santa Fe de San Pedro de Macorís, y que en la actualidad están en las mismas condiciones de las colonias cañeras del CEA, y que por lo tanto requieren igualmente de renovación si quieren sobrevivir. Alguien tiene que financiar el programa de renovación de los cultivadores de caña; cuya suma en un periodo de cinco años se eleva a US$ 75.0 millones.
Además de todo esto, se requiere de una inversión de US$ 150.0 millones para la rehabilitación de los caminos vecinales en todas las zonas cañeras, tanto del CEA como de los cultivadores independiente. Esto incluye reparación y construcción de puentes, badenes, vías ferroviarias, drenajes, tractores, cortadoras integrales y cargadoras. También, construcción de viviendas para alojar a los más de cinco mil nuevos trabajadores, que serán integrados a la industria azucarera, centros médicos, escuelas y áreas deportivas, entre otros. EL PROCESO ACTUAL
Este proceso viene precedido del fracaso de los tres anteriores. El primero se inicia en 1999 con la entrega de los diez ingenios que eran propiedad del Consejo Estatal del Azúcar – CEA- y 1.44 millones de tareas nacionales cultivadas de caña (90,314 hectáreas). Los diez ingenios arrendados para su capitalización en base a la Ley General de Reforma de la Empresa Pública (Ley No. 141-97) fueron clasificados en cuatro grupos:
El primer grupo lo integraban los Ingenios Consuelo, Quisqueya, Boca Chica, Ozama y Rio Haina, con un área de Un millón cuarenta mil tareas (65,409 hectáreas) arrendadas al Consorcio Azucarero del Caribe (CONAZUCAR), de capital mexicano.
El segundo grupo, lo componían los ingenios Porvenir y Santa Fe, con doscientas diez mil tareas (13, 208 hectáreas) y les fueron transferidos a la empresa Central Azucarera del Este C por A. de capital nacional. El tercer grupo, fue constituido por el Ingenio Barahona con ciento sesenta y dos mil tareas (10, 189 hectáreas) y le fue adjudicado al Consorcio Azucarero Central, C por A. integrados por inversionistas dominicanos, estadounidenses y franceses. Es el único ingenio capitalizado.
El cuarto grupo, se constituyó con los Ingenios Montellano y Amistad, localizados en Puerto Plata con un área de cincuenta y cuatro mil tareas (3, 396 hectáreas) bajo la operación del Consorcio Cañabrava, de capital nacional. Todos fracasaron, permaneciendo el Ingenio Barahona como única excepción. Más tardes se hicieron dos intentos, ambos, igualmente fracasados. El del 2010 es el último intento. Esta vez, estamos absolutamente convencidos de que el Estado saldrá airoso, a juzgar por la calidad de los nuevos inversionistas.
Tres factores fundamentales, fueron los causantes del fracaso del modelo de capitalización implementado durante la primera etapa.
1. La poca rigurosidad conque fueron seleccionados los inversionistas extranjeros participantes del proceso. 2. La oposición radical al proceso por parte del gobierno dominicano del periodo 2000-2004. 3. La crisis financiera del 2003, impulsada por el gobierno de turno, que trajo por consiguiente una quiebra masiva del sistema bancario nacional. El fracaso del proceso se ve mucho más evidenciado, cuando se analizan las estadísticas de producción de azúcar durante las doce zafras antes y después del proceso de capitalización. La etapa anterior se considera el peor período en toda la historia de la industria azucarera estatal en manos gubernamental. En el mismo, se obtuvo una producción de 2.9 millones toneladas métricas de azúcar y en el período de la capitalización 1.0 millón de toneladas métricas del dulce equivalentes a un 34 por ciento de la producción correspondiente al peor período de la industria.
Ante el fracaso del proceso, se aceleró la situación de deterioro tanto de las factorías como de las plantaciones cañeras. Miles de hectáreas fueron tomadas por particulares frente a la incapacidad de las autoridades de la empresa que tiene el manejo operativo de las centrales azucareras de poder garantizar la integridad de sus tierras y/o colonias cañeras. De ahí la importancia de la puesta en práctica de la nueva política azucarera en el contexto del mercado internacional; mucho más importante aún, tomando en cuenta la selección y/o adjudicamiento de los nuevos inversionistas de comprobada capacidad financiera y gerencial en materia de producción azucarera.
CONSECUENCIA DEL FRACASO DE LA CAPITALIZACION Antes el fracaso de las tres etapas anteriores de la capitalización del CEA, siete de los diez ingenios que les quedaban a la agroindustrias fueron totalmente desmantelados (Consuelo, Quisqueya, Santa Fe, Boca Chica, Ozama, Rio Haina y Amistad) quedando solamente Porvenir, Barahona y Montellano. Antes habían sido clausurados e igualmente desmantelados Catarey y Esperanza.
De los 1,032 kilómetros de vías férreas a lo largo de la otrora industria azucarera ‘estatal’ solo quedan los 94.5 kilómetros del Ingenio Barahona. Más de 1.8 millones de piezas ferroviarias con 1.2 millones de traviesas, más de 400 mil rieles de acero, 80 mil vigas de distinto calibre; 170 mil pares de eclipsas numero 60 y numero 8; así como miles de ranas y agujas, al igual que los treinta y dos (32) puentes ferroviarios de acero puro, construido sobre diversos ríos, arroyos y cañadas, fueron asimismo desmantelados. Igual suerte corrieron, las factorías de todos los ingenios con miles y miles de toneladas de equipos y maquinarias; siendo las últimas víctimas de los ingenios Boca Chica y Consuelo.
Cálculos estimados por técnicos en la materia; indican que el valor nominal de los 1.8 millones de las piezas ferroviarias, los treinta y dos (32) puentes y los cientos de miles de toneladas de equipos y maquinarias desmanteladas asciende a más de cinco mil millones de pesos dominicanos (RD$5,000,000,000.00); sin que hasta la fecha ninguna autoridad se haya manifestado al respeto.
Pero tampoco se han referido al cobro de la venta de millones y millones de metros cuadrados de tierras urbanas y turísticas, al igual que los cientos de miles de tareas de tierras agrícolas y ganaderas, dinero que ha sido alegremente gastado como si se tratara de dinero por ventas de bienes inmobiliarios propiedad
de los incumbentes del CEA, quienes públicamente han promovido desde el año 2000, la venta de terrenos, a través de una inmobiliaria creada ante la mirada indiferente del pueblo dominicano.
