SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
Santo Domingo.- Alegando que es el grupo profesional que ha logrado mejor escala y recuperación en términos reales de la economía, Acción Empresarial por la Educación (Educa) calificó “casi absurdo”, que la Asociación Dominicana de Profesores reclame años tras años incrementos de salariales injustificados.
Especialmente porque los niveles de educación se mantienen estables, la entidad asegura que los paros no tienen justificación desde el punto de vista de la economía, que se situó el año anterior por debajo del 4 por ciento.
Desde mediados de abril, el gremio magisterial viene realizando paros de labores escalonados en distintos distritos escolares; este lunes le tocó el turno a la mayoría de las escuelas de Santiago, no impartieron docencia ya que los maestros acataron el llamado del gremio que los aglutina, que exige un alza salarial del 20 %.
Darwin Caraballo, director ejecutivo de Educa, dijo que el Ministerio de Educación está ofreciendo un 8 por ciento para todos los educadores indistintamente y los jubilados, y eso le parece injusto porque quienes muestran mayor compromiso con las tareas y el aprendizaje de los alumnos van a ganar el mismo incremento que los que no trabajan o no se preocupan por sus estudiantes.
Sin ser maestros
“Incluso sucederá igual con aquellos que ni siquiera están en el país, se ha detectado en estudios que hemos hecho internamente que más de mil educadores o personas que cobran como educadores están residiendo fuera de fronteras. Propusimos la creación de un fondo de premio a la responsabilidad docente asociado al nivel del cumplimiento y responsabilidad total del docente de manera justificada y que incorporara el rendimiento de los estudiantes y la valoración de las familias sobre los alumnos”, explicó el ejecutivo Darwin Caraballo tras entender que estos últimos deben recibir bonos por encima del 8 por ciento.
Minerd transfiere RD4,209,957,452.01 a juntas descentralizadas para desarrollo de su planificación anual
16 DE OCTUBRE 2023 | 09:44
Santo Domingo.- En lo que va de año el Ministerio de Educación (Minerd), según explicó la viceministra de Descentralización y Participación Comunitaria, Ligia Pérez, la entidad ha transferido a las juntas descentralizadas RD 4,209,957,452.01, lo cual les permite desarrollar su planificación anual sin mayores inconvenientes.
De esta cifra las juntas regionales han recibido RD 237,639,185.28 y las distritales un total de RD$474,537,682.62
La institución ha transferido a los centros educativos del país, por medios de las juntas descentralizadas, regionales y distritales, la suma de 3,497,780,584 pesos con 11 centavos, a fin de que puedan desarrollar su planificación anual sin retrasos.
“Desde que asumieron las nuevas autoridades, encabezadas por el ministro Ángel Hernández, las escuelas han podido recibir de manera regular sus fondos proyectados sin ningún retraso, permitiendo así desarrollar su planificación anual sin mayores inconvenientes”, dijo la viceministra Pérez.
Al servir la información, la viceministra de Educación destacó la gran labor que están haciendo los centros educativos, distritos y regionales a través de sus juntas descentralizadas, gracias a la disponibilidad de recursos transferidos a tiempo según la programación presupuestaria, lo que les ha permitido ejecutar en gran medida sus actividades y organizarse de forma adecuada para el inicio con éxito del presente año escolar.
Al respecto, afirmó que unos 4,178 centros educativos se sometieron a un proceso de remozamiento con fondos de descentralización, de cara al inicio del año escolar, en este proceso a las escuelas y liceos se les dio mantenimiento de pintura, plomería, reparación de baños, verjas perimetrales, cocinas, limpiezas de patio, acondicionamiento de canchas, reparación de butacas, sillas, mesas, además de la adquisición de materiales de limpieza y de oficina.
Observó que las juntas descentralizadas son responsables del uso de esos recursos y deben liquidar los mismos a tiempo, en cumplimiento de las normas legales y la transparencia administrativa, premisas básicas de la administración del presidente Luis Abinader.
Ligia Pérez dijo que en el presupuesto del Minerd se contempla una partida del 2.5 % para ser transferido a las juntas descentralizadas, lo cual para este año equivale a unos RD 6,337,044,931.90 que se distribuyen proporcionalmente de la siguiente manera: un 5 % a las juntas regionales, 10 % a las juntas distritales y 85 % a las juntas de centros educativos. Se prevé que al finalizar el año 2023 el monto transferido a las juntas descentralizadas supere el valor de los años 2017 al 2020, combinados.
El 4%, una causa que aún después de ganada se sigue luchando por ella
Yadimir Crespo
Santo Domingo, RD
En 2013 se logró el cometido de una lucha de varios años. Con marchas, debates, apoyo de los medios de comunicación y manifestaciones de distintos sectores de la sociedad dominicana, se obtuvo el 4 % para la educación y más adelante la firma del Pacto Nacional para la Reforma Educativa.
Con este acuerdo no se buscaba más que una educación pública de calidad lograda con la aplicación de los porcentajes establecidos en el apartado financiamiento de la Ley General de Educación, poco tomado en cuenta desde 1997, cuando fue emitida.
El tema ha regresado a la palestra nueve años después de aquel hito que correspondía por ley a la población preuniversitaria dominicana. El anuncio de la reducción del presupuesto tan exigido ha reavivado la preocupación de que se retorne a bajas inversiones con menores resultados de los que se obtienen actualmente.
Para entonces, el gobierno dominicano aportaba a la educación pública alrededor de un 2.4% del producto interno bruto (PIB), según publicaciones de la época en medios impresos.
Mientras cientos exigían la aplicación del 4 %, tal como lo estipula la Ley 66-97, el gobierno aducía que se dificultaba la aplicación de lo establecido por la situación financiera de aquel momento, ya que presentaban en esos años más gastos que ingresos.
Este argumento no fue suficiente para que, en los meses posteriores, personas de todas las edades y sin importar condiciones físicas o sociales, se unieran para asegurar el futuro de la población joven. Vestían prendas amarillas cada lunes, portaban pancartas, sombrillas y gorras, entre otros objetos alusivos a la petición, hasta hacer suficiente mella para que líderes políticos se comprometieran en su consecución.
¡Se logró!
Algunos de los compromisos concertados en aquella firma, a la que accedieron organizaciones gubernamentales y privadas, sindicatos, grupos de la sociedad civil, universidades e instituciones religiosas; eran la reinserción, la superación de la exclusión y el abandono escolar, la construcción de aulas, la contratación de maestros y la mejora de su salario.
Con la inversión aprobada por el entonces presidente de la República, Danilo Medina (2012-2016; 2016-2020), se impulsó la política de atención integral a la primera infancia y alfabetización, fue actualizado el currículo por competencias y se implementó la tanda extendida en las escuelas. Asimismo, se construyeron miles de planteles escolares con comedores para el acceso de más estudiantes.
No obstante, pese a lo logrado y la inversión de los últimos años, el país ha continuado en niveles bajos dentro de las más reconocidas pruebas de nivel educativo en la región.
Tal es el caso del informe del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes o prueba PISA, que se realiza cada tres años. Los resultados de 2018, publicados a finales de 2019, presentaron un declive en cuanto a Ciencias, Lectura y Matemáticas.
Y en cuanto a infraestructuras, el déficit de espacios llevó este año, como en otras ocasiones, a recurrir al alquiler de locales y espacios para impartir la docencia.
Ante esta realidad, el actual ministro de Educación, Ángel Hernández, reconoció que aunque el monto de inversión es elevado, el impacto resulta bajo en los aprendizajes de los estudiantes.
A pesar de lo preocupante que puede resultar esa situación, el gobierno propuso recientemente la modificación del Presupuesto General del 2022, en el cual se propone disminuir las apropiaciones de gastos de varios ministerios, entre ellos el de Educación.
Con lo obtenido se espera hacer traspasos a 15 instituciones del Estado para completar las ejecuciones presupuestadas para este año; pero ayer el gobierno planteó, durante una reunión con diversas instituciones y ante el reclamo de organizaciones, que el porcentaje destinado a la educación no será tocado.
En un desayuno de Listín Diario realizado en junio de 2020, la hoy vicepresidenta, Raquel Peña, expresó que consideraba que los recursos del 4% para el sector educativo debían ser invertidos de otra forma y planteó que debería abarcar además la educación universitaria.
Sin embargo, en esta ocasión, según participantes del encuentro a puertas cerradas, Peña ordenó a los ministros de Educación y Hacienda que busquen proyectos en los cuales serían utilizados los RD$4,250,412,667 que se estarían restando al presupuesto educativo.
Lo que dice la ley
El artículo 197 de Ley General de Educación, una puesta en vigencia en 1997, cita que “El gasto público anual en educación debe alcanzar en un período de dos años, a partir de la promulgación de esta ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%), del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del producto bruto interno (PBI) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos, a partir del término de dicho período”.
La legislación orgánica número 66-97 indica además que estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, sin pérdida de los incrementos progresivos correspondientes en términos de porcentaje del gasto público o del producto interno bruto (PBI).
Estas informaciones están en el Título X sobre el financiamiento de la educación
La Ley General de Educación 66-97 establece, en su artículo 197, que el gasto público en educación debe alcanzar un mínimo de un 16% del Presupuesto General del Estado o un 4% del producto interno bruto (PIB) estimado para el año corriente.
Sin embargo, una cosa es lo que dice la legislación, la cual entró en vigor con 13 años de retraso, y otra lo que demuestran las estadísticas cuando se analiza la ejecución anual presupuestaria en el período 2013 y 2020, éste último caracterizado por una caída en la economía de -6.7% y un aumento en algunas partidas para hacerle frente a la pandemia del covid-19.
En el período analizado se presupuestó RD$1 billón 129,998.8 millones, pero se ejecutó RD$1 billón 109,864.5 millones, lo que genera un promedio de 98.05% anual respecto a lo presupuestado. Estos datos establecen que hay RD$19,971.1 millones que quedaron sin ejecutar entre 2013 y 2020, a pesar de que durante el año de la pandemia el Ministerio de Educación recibió poco más de RD$10,700 millones adicionales para implementar la virtualidad en el proceso de aprendizaje, que incluyó la contratación de una red de canales de televisión y emisoras de radio en todo el país.
En promedio, le ejecución alcanzó el 3.85% del PIB anual. En 2020, con una caída neta del producto que rondó los US$10,000 millones, el nivel de ejecución superó el 4.5%, por lo que la relatividad jugó a favor del porcentaje destinado al sistema educativo preuniversitario. En términos sencillos, si no se produce una contracción de la economía y una mayor erogación para el sector, la inversión para la educación también se hubiera quedado por debo de lo que establece la Ley 66-97.
Según el Informe sobre la Situación y Evolución de la Ejecución Presupuestaria del 4% a educación, el PIB pasó de US$57,923 millones, en 2013, a US$79,345.6 millones, en 2020. En 2019 había cerrado en US$88,952.8 millones, es decir, US$9,607.2 más.
El presupuesto aprobado del Ministerio de Educación para 2013, tanto de fuentes internas como externas, ascendió a RD$99,628.1 millones, ejecutándose al cierre de ese año el 96.05%. En este año se ejecutaron RD$95,691.3 millones, quedando sin ejecutar RD$3,936.8 millones. De esa cantidad, RD$1,871.4 millones eran de recursos internos (fondo general y contrapartidas) y RD$2,065.4 millones de recursos externos (préstamos y donaciones).
Respecto a 2014, el presupuesto aprobado fue de RD$109,170.3 millones con un 96.98% de ejecución, por lo que faltaron RD$3,299.9 millones por ejecutar.
Durante los dos primeros años de ejecución de la Ley 66-97, en lo que compete al artículo 198, se financió en un 91.78% con recursos del fondo general, que en la práctica son los ingresos fruto de la recaudación ordinaria que hace el Estado dominicano a las personas físicas y empresas.
Según el informe, el fondo general aportó RD$87,829.6 millones del total ejecutado en 2013, el cual fue de RD$95,691.3 millones. Para el ejercicio 2014, el fondo general pasó a tener una participación de 93.44% del total de recursos, incrementando en términos absolutos en RD$11,100.7 millones con el período. La participación de las demás fuentes, excepto las donaciones, descendió con respecto al 2013.
Un 97.07%
El presupuesto de 2015 ascendió a RD$119,363.2 millones, ejecutándose, al final del período, RD$115,865.7 millones (97.07%) del presupuesto, quedando un monto disponible ascendente a RD$3,497.5 millones. Según los datos, de este monto, RD$2,592.8 millones fueron de recursos internos (fondo general y contrapartidas) y RD$904.7 millones eran de recursos externos (préstamos y donaciones). Esto representa una variación de 9.44% en la ejecución con respecto a 2014, cuya ejecución ascendió a RD$105,870.3 millones, es decir, una diferencia absoluta de RD$9,995.4 millones.
Durante 2016, el presupuesto aprobado para el Ministerio de Educación fue de RD$129,873.7 millones, pero al cierre del año se habían ejecutado un 97.98%. Esto trae como resultado que quedó un monto disponible ascendente a RD$2,624.3 millones con todas las fuentes de financiamiento.
De esta cantidad, RD$1,656.3 millones pertenecen a recursos internos (fondo general y contrapartidas) y RD$968,024,758 recursos externos (préstamos y donaciones). Esto representa una variación de 9.82% en la ejecución con respecto al año 2015, cuya ejecución ascendió a RD$115,865,741,686, es decir, una diferencia absoluta de RD$11,383,627,928 con referencia al presente año.
Para 2017, el presupuesto para la educación ascendió a RD$143,012.2 millones. Al finalizar el año, se ejecutó un 99.47%, quedando un monto disponible ascendente a RD$762.8 millones. De esta cantidad, RD$745.8 millones eran de recursos internos (fondo general y contrapartidas) y RD$17.1 millones de recursos externos (préstamos y donaciones). Esto representa una variación de 1.49% en la ejecución con respecto a 2016, cuya ejecución ascendió a RD$127,249.4 millones, es decir, una diferencia absoluta de RD$14,999.9 millones con referencia al 2015.
Más de 150,000 millones
En 2018, el Ministerio de Educación recibió un presupuesto de RD$153,009.9 millones. Este ha sido uno de los años con la mayor proporción en la ejecución presupuestaria respecto a la asignación, pues al finalizar el año se ejecutaron RD$152,362.4 millones (99.58%). Sin embargo, el monto disponible o sin ejecutar fue de RD$647.4 millones, incluyendo todas las fuentes de financiamiento.
El presupuesto asignado para la construcción de escuelas es el que muestra mayor nivel de ejecución.
Los datos disponibles establecen que esto representó una variación de 7.11% en la ejecución con respecto a 2017, cuya ejecución fue de RD$142,249.3 millones, es decir, una diferencia absoluta de RD$10,113.1 millones.
Para 2019, el presupuesto para la educación preuniversitaria ascendió a RD$170,605.6 millones. Al finalizar el año se ejecutaron RD$169,237.8 millones (un 99.20%), quedando disponibles RD$1,367.9 millones. De los recursos que quedaron disponibles en ese año RD$638.8 millones eran de recursos internos (fondo general y contrapartida) y RD$729.0 millones a recursos externos (préstamos). Esto representó una variación de 11.1% en la ejecución con respecto a 2018, la cual fue de RD$152,331 millones, para una diferencia absoluta de RD$16,906.8 millones.
El 2020 fue el año de las excepcionalidades en todos los sentidos. La caída del PIB, por el cierre de la economía, obligó a las autoridades a buscar recursos extras vía financiamiento para destinarlos a sectores clave. La educación recibió un adicional de aproximadamente RD$10,000 millones. El presupuesto aprobado para el sector educativo preuniversitario ascendió a RD$194,523 millones, el cual fue reformulado en junio y septiembre de 2020.
Fruto de las necesidades que se derivaron de las clases a distancia, el presupuesto aumentó en RD$10,799.4 millones, es decir, subió a RD$205,322.4 millones. Sin embargo, al finalizar el segundo semestre se habían ejecutado RD$201,501.2 millones (98.13%), quedando un monto disponible superior a RD$3,834.6 millones, incluyendo todas las fuentes de financiamiento.
El primer año de ejecución del 4% del PIB a la educación fue analizado por el Observatorio Político Dominicano. Lo hizo en junio de 2010. Le llamó la atención la lentitud en la ejecución de los fondos para la educación preuniversitaria. El presupuesto estipulaba que para el 30 de septiembre se debía haber ejecutado el 75.6% de los fondos, pero solo se había alcanzado el 51.2% (FSE, 2013).
En aquel momento, las autoridades educativas adjudicaron tales dilaciones a tres razones fundamentales. La primera, las restricciones propias de la Ley 340-06 de Compras y Contrataciones y el reglamento de aplicación; la segunda, la ejecución de la mayor parte del presupuesto educativo en el período inmediatamente anterior al inicio del año escolar (a partir de junio) y, por lo tanto, todo lo relacionado con la compra de pupitres, uniformes, libros de textos, cuadernos, designación de nuevos maestros y el pago de la regalía pascual, son iniciativas que se ejecutan en el segundo semestre.
La última razón -relacionada con la lentitud del desembolso de fondos destinados a la construcción, ampliación y rehabilitación de planteles escolares- fue la dificultad en localizar los terrenos, que en muchos casos presentaron problemas de titulación y otras veces no cumplían con las condiciones adecuadas.
Recursos
De acuerdo con el artículo 202, de la Ley 66-97, el Fondo Nacional de Fomento a la Educación tiene personería jurídica y está representado legalmente por su presidente.
Sin perjuicio de otras responsabilidades jurídicas, sus integrantes serán responsables del buen manejo de los recursos y bienes que estén a su cargo ante el Consejo Nacional de Educación, que tendrá la obligación de supervisión y vigilancia.
La legislación establece que los cargos de miembro del consejo y el de directivo del fondo, serán incompatibles. En todo caso, el fondo contará con un auditor interno y se someterá a auditoría externa periódicamente.
Ministro Paliza asegura que el 4% no está en discusión
_Afirma ningún gobierno ha invertido más en educación que el del presidente Luis Abinader._
7 de septiembre de 2022
Santo Domingo.- El ministro Administrativo de la Presidencia, José Ignacio Paliza, aseguró este miércoles que el 4% asignado al Ministerio de Educación es un tema que no está en discusión.
Paliza afirmó que ningún gobierno en la historia de República Dominicana ha invertido más en educación anualmente como lo ha hecho el gobierno del presidente Luis Abinader.
"Mientras el gobierno del presidente Fernández negaba que el 4% fuera una necesidad y el del presidente Danilo Medina nunca invirtió más del 3.6% del PIB en educación, este gobierno en los dos últimos años ha invertido la mayor cantidad de recursos nunca antes visto en materia de educación", manifestó.
Y agregó: "Quiero expresarles para tranquilidad del pueblo dominicano y de cada uno de ustedes que el 4% no está en cuestión. Hemos sido nosotros, de los principales, nuestro partido, propulsores para que el 4% fuera hoy una realidad y podemos decirles a ustedes y a toda la comunidad educativa que el 4%, como método, como estandarte para inversión en educación tanto para este año como para los años venideros, no está en discusión".
Al responder preguntas a los periodistas que cubren la fuente del Palacio Nacional, Paliza resaltó los profundos esfuerzos que realiza el Gobierno del presidente Abinader para poder atender al pueblo dominicano y atenuar los efectos de las circunstancias internacionales como el culmino de la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania que han elevado los precios internacionales de las cosas.
Entre estos esfuerzos citó el subsidio a los combustibles, aumento de los subsidios que de manera directa se ofrece a través de los programas sociales del Gobierno como Supérate y otros a las familias más desposeídas, así como otras, para poder contribuir con esta situación particular que se vive.
“Este es un año especial, sin embargo, vuelvo a reiterar, que el 4% para la educación no está en discusión”, expresó el ministro.
Jairon Severino Por Jairon Severino 4 julio, 2019 en Reportajes
¿Para qué ha servido destinar el 4% del PIB a la educación?
República Dominicana debería destinar no sólo el 4% del producto interno bruto (PIB) a la educación preuniversitaria. Lo más conveniente, sin exagerar, sería el 10%. Sin embargo, es pertinente preguntarse: ¿para qué han servido los RD$936,428.9 millones que ha manejado el Ministerio de Educación desde 2013, año en que se inicia la aplicación de la Ley 66-97? ¿Leyó bien? Casi RD$936,429 millones a la fecha, si se incluye el presupuesto programado para 2019, que asciende a RD$170,570.2 millones.
Para mayor comprensión, la Dirección General de Presupuesto lo explica con claridad suficiente: por cada RD$100.00 que pague el Gobierno en 2019, RD$20.1 irían para educación, RD$8.20 serían para salud, RD$8.00 a la administración del Gobierno y RD$7.00 a protección social, mientras que RD$33.00 se abonarían al pago de la deuda pública y el resto, que serían RD$23.70, corresponde a energía, justicia, orden público y seguridad, protección del medio ambiente y otros servicios económicos, sociales y generales.
Lo que se ha visto hasta este momento es que será necesario entonar un mea culpa. Los resultados, que es como realmente debería evaluarse la calidad de la inversión, establecen que casi todo ese dinero se ha ido a la nada, es decir, su utilidad ha sido prácticamente cero si se toma en cuenta que los estudiantes del nivel básico y los profesores, en una alta ponderación, están muy lejos de lo que debería ser mínimamente aceptable.
Y no sólo se trata de que hay “educadores que escriben (y hasta hablan) con faltas ortográficas”, a quienes a veces les cuesta concebir y emitir una idea sintácticamente elaborada, sino que el país, en términos competitivos, ha quedado muy mal parado en los escenarios internacionales que miden la calidad de la educación. No resulta difícil colegir que si el educador tiene deficiencias, por más tanda extendida y horas “consumidas” que se reporten, los receptores también llevarán consigo esas falencias. Y lo peor: se vuelven virales entre generaciones.
Lamentable
Aunque sea penoso (y dé hasta vergüenza ajena) hay “profesores” cuasi analfabetos que no saben escribir siquiera su nombre y que su capacidad de raciocinio, es decir, ese espacio mental subjetivo que permite tomar decisiones está, aunque también duela decirlo, en estado primitivo cuando se compara con las exigencias de una educación moderna.
Duele, duele y duele, pero es la cruda realidad. No admitirlo es aún peor. Empero, esto no quiere decir que estemos totalmente huérfanos de maestros con calidad. Los hay, sí, pero ese esfuerzo por hallarlos se vuelve cada vez más pesado. Piense en cuáles han sido las razones por las que ha habido fricciones entre la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y el Ministerio de Educación desde la aplicación del 4% del PIB para la educación.
El Ministerio de Educación maneja la mayor cantidad de recursos en el Estado dominicano.
Todo este escenario gris en que está el sector educativo, en términos de su calidad, se da a pesar de los avances tecnológicos y de los recursos disponibles para el aprendizaje de educadores y estudiantes. ¿Se imaginaba usted ver a formadores cuestionar las pruebas a que deben ser sometidos para conocer sus capacidades antes de ser contratados o elevados de categoría? Para el mal bailador no hay música buena.
Si miramos atrás y analizamos cada una de las jornadas de protestas o huelgas de maestros, por lo menos durante los últimos 30 años, ninguna ha sido con miras a exigir una mejoría en la calidad de la educación. Todas, sin excepción, han sido motivadas por el salario. Y no es que esté mal iniciar una protesta por el salario, pero tendría muchísimo más valor y apoyo de la población si también se acompañaran de demandas reales por mejorar la calidad de lo que servimos a nuestros estudiantes. Una vez se aprueba el aumento salarial todo lo demás se echa en el olvido.
Lo que prima ahora es cuánto es el salario y los beneficios adicionales por la “labor altruista de entregar cuerpo y alma a preparar a los ciudadanos que habrán de garantizar el desarrollo del país”. Todos sabemos que esto no es más que una aspiración lejos de la realidad. En este juego de “dimes y diretes”, de diatribas y conversaciones estériles cargadas de “particularidades”, sí es pertinente cuestionar el papel que han jugado las autoridades y todos los que han tenido capacidad de decisión en estos últimos 20 años, a toda luz, poco aprovechados.
Para que no haya duda respecto a lo que establece la Ley General de Educación, marcada con el número 66-97, en su artículo 197 establece: “El gasto público anual en educación debe alcanzar en un período de dos años, a partir de la promulgación de esta ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%) del gasto público total o un cuatro por ciento (4%) del producto bruto interno (PIB) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuere mayor de los dos. A partir del término de dicho período estos valores deberán ser ajustados anualmente en una proporción no menor a la tasa anual de inflación, sin menoscabo de los incrementos progresivos correspondientes en términos de porcentaje del gasto público o del PIB”.
De lo anterior también se puede interpretar otro aspecto de suma importancia. El presupuesto educativo, además, debería ser ajustado por indexación, lo que significa que sería una mayor cantidad de recursos para el sector. Aquí surge una pregunta: ¿cómo manejar tantos recursos sin una cadena logística bien estructurada, profesionales idóneos, pulcros, honestos e interesados en que realmente la calidad de ese gasto sea la mejor? Sin ánimo de cuestionar la calidad humana de quienes han estado al frente de Educación, desde la aplicación del 4% del PIB ha habido tres ministros, dos de los cuales hoy aspiran a la Presidencia de la República.
¿Por qué esta coincidencia? La respuesta es bueno que la dé el tiempo. ¿Qué se puede esperar del actual funcionario, quien tampoco termina por definir cuál es su rol al frente del principal Ministerio, partiendo de la cantidad de recursos económicos que maneja?
Estudio
Acción Empresarial por la Educación (Educa) publicó en 2016 el estudio “Calidad del gasto educativo en la República Dominicana: Un análisis exploratorio desde la vigencia del 4%”, en que su entonces presidente, José Mármol, destacó que “la sociedad dominicana ha considerado legítimamente como un logro suyo la asignación del 4% del PIB al sector educativo preuniversitario”.
Sin embargo, más adelante dice: “Uno de los actos iniciales de la primera administración del presidente Danilo Medina fue honrar su compromiso político y social con el sector educativo y asignar a la educación los recursos que estaban fijados por Ley. De esta forma, el presupuesto del año 2013 creció en un 70%, pasando de RD$58,590 millones en 2012 a RD$99,628 millones en 2013. Este crecimiento histórico, sin precedentes en toda la vida del sistema educativo dominicano, vino acompañado de dudas, por parte de algunos sectores, sobre la capacidad de gestión y ejecución de la autoridad educativa”.
Mármol hace referencia, de alguna manera, a que el cumplimiento de ese compromiso fue producto de las presiones sociales producto del empoderamiento de la sociedad. Aunque todo el país estaba a una respecto a la necesidad de cumplir con esta ley, también “se argumentaba que la misma estructura administrativa y gerencial, así como los procesos del Ministerio de Educación tendrían dificultades para absorber el manejo de un volumen de recursos que prácticamente duplicaba los recursos de un año a otro”.
Pensando en voz alta surge una pregunta: ¿por qué no se planteó, primero, adecuar las estructuras administrativas, incluyendo procedimientos transparentes eficaces, para la ejecución de un presupuesto tan elevado en comparación con lo que hasta 2012 se venía implementando? Es obvio que primó la petición colectiva del “4% para la educación” que la razón (más lógica) de saber cómo se invertirían esos recursos.
Educa, en este mismo estudio, señala que la evidencia demuestra que un aumento del gasto no se traduce necesariamente en una mejora integral de la calidad educativa. Para el caso de Latinoamérica, el gasto público promedio en educación de 17 países, como porcentaje del PIB, aumentó de 2.7% en 1990 a 4.3% en 2003. Durante este período, la matriculación Primaria y Secundaria presentó el más rápido incremento en cobertura. Sin embargo, la calidad de los aprendizajes no aumentó en la misma proporción. Esto se evidencia en los bajos resultados que obtuvo la región en las pruebas internacionales PISA1 y TIMSS2 (PREAL, 2006).
Adicionalmente, destaca Educa, algunos estudios plantean que un mismo nivel de desempeño puede estar asociado a distintos niveles de gasto, y viceversa. Por ejemplo, países como la República Checa y Dinamarca obtuvieron una calificación de 500 puntos en la prueba PISA en el área de Matemáticas para 2009, a pesar de que Dinamarca invirtió poco más del doble por estudiante que República Checa. Por otro lado, Polonia e Israel, dos países que en 2009 mantenían un nivel de inversión similar per cápita por estudiante en Secundaria (US$4,700 vs US$4,990), presentaron una diferencia de alrededor de 50 puntos en la calificación de la misma prueba, situando a Polonia en el lugar 25 de 74 países, y a Israel en el lugar 42 (Unesco, 2014a; OCDE, 2010).
Para Educa, las diferencias en el nivel de gasto y desempeño entre países pueden ser explicadas, entre otros, por los rendimientos marginales decrecientes que presenta la inversión en educación. Un estudio realizado por Vegas & Coffin (2014) para 51 sistemas educativos, concluye que, a partir de US$8,000 PPA (Paridad de Poder Adquisitivo) invertidos por estudiante, la mejora en los aprendizajes medidos a través de la prueba PISA no es estadísticamente significativa, es decir, el aumento de la inversión, a partir de cierto nivel de gasto, tiene un rol cada vez menor en el desempeño educativo.
A pesar del dolor que causa no sólo a los defensores del 4% del PIB para la educación, República Dominicana es reincidente en quemarse en las materias básicas o fundamentales. En 2016 el país se colocó entre los peores lugares en Ciencias, Matemáticas y Lectura, según datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE, siglas en inglés). Esta organización es la que impulsa la prueba PISA.
República Dominicana muestra un pobre desempeño en Matemáticas, Lengua Española y Ciencias Naturales, según PISA.
Según el informe PISA, República Dominicana se encuentra en el último lugar en Ciencias, con un rendimiento medio de 332 puntos. En Lectura se encuentra en la cuarta posición entre los ocho peores lugares, con 358 puntos, por detrás de Perú (398), Indonesia (397) y Túnez (361).
Asimismo, en Matemáticas, nuevamente República Dominicana se posicionó en el último espacio, con una puntuación media de 328 puntos. Está clarísimo que el problema fundamental no radica en la falta de dinero, haciendo la salvedad de que la construcción de escuelas y otras infraestructuras afines al sector educativo ha significado un ventajosísimo negocio para un reducido grupo, así como para los suplidores de alimentos.
¿Cómo llegamos a aplicar la Ley 66-97 casi 22 años después de su aprobación? Basta con recordar el movimiento de las sombrillas amarillas, al que se integró toda la sociedad, incluyendo empresarios, figuras del arte y de la comunicación, líderes sindicales y políticos para entender el contexto en que comienza a aplicarse esta legislación.
Producto de la euforia colectiva no se analizaron las consecuencias financieras de su aplicación, pero tampoco si existían las condiciones logísticas-administrativas para disponer de todos esos recursos. No se pensó en si moralmente existían las condiciones para garantizar la necesaria transparencia en la gestión de tanto dinero o si realmente serían invertidos equitativamente en el país, garantizando no sólo planteles bien fabricados, sino también calidad del personal docente.
En un ejercicio de mea culpa, apostando siempre a la calidad, cabría una pregunta: ¿fue correcto aplicar de golpe el 4% del PIB para la educación?
Gasto y calidad
En el prólogo de la investigación que hizo Educa sobre la calidad de la educación tras la implementación del 4%, José Mármol, entonces presidente de la institución, destaca que durante los últimos cuatro años el sistema político concentró sus esfuerzos en fortalecer la calidad educativa en aquellos aspectos asociados a las dimensiones estructurales de la educación.
A su entender, llegó el tiempo de pensar en la calidad de los procesos, las propuestas pedagógicas y las estrategias de innovación para las generaciones que ingresan al sistema educativo, pero también aquellas que permanecen arrastrando una baja inversión previo al año 2013.
“La calidad de la educación y del presupuesto educativo también es un asunto de todos los dominicanos, porque todos somos responsables de los más de US$10,500 millones que no llegaron al sistema educativo entre 1998 y 2013”, destaca.
Pruebas Nacionales
Educa señala que al analizar los resultados de las Pruebas Nacionales no siempre se observa una relación entre un mayor gasto en capacitación y sus resultados. Indica que al evaluar el período “post 4%”, se observa que, si bien ha habido un aumento en el promedio de las calificaciones en la primera convocatoria de Pruebas Nacionales en Nivel Básico, pasando de 15.42 puntos en 2012 a 16.12 puntos en 2015, los resultados en el Nivel Medio han permanecido prácticamente invariables.
Apunta que en Educación Media (modalidad general) la puntuación pasó de 17.47 puntos a 17.40 puntos en el mismo período. Aunque este resultado se puede atribuir a un posible rezago, puesto que el efecto de las capacitaciones docentes no es necesariamente inmediato, Educa aclara que se requiere un estudio profundo sobre las otras variables asociadas, sin lo cual resultaría arriesgado cuestionar, de manera aislada, la eficiencia de la inversión en capacitación docente.
En este sentido, sería un aporte de gran relevancia conocer la cantidad de docentes, en cursos objeto de Pruebas Nacionales, que han participado previamente en programas de capacitación.
Sin embargo, las tendencias observadas hasta el momento levantan aún cuestionamientos acerca de la eficiencia de la inversión.
