Publicado el: 17 febrero, 2018 e-mail: redaccion[@]elnacional.com.do
(I)
Todos los dominicanos y dominicanas tenemos el ineludible deber de preservar y defender la República Dominicana, aún sea a costa de los mayores sacrificios. Más cuando es agredida injustamente y su propia existencia se encuentra amenazada por siniestros planes criminales. Pero entre todos, los que estamos más obligados somos aquellos que desempeñamos altas funciones de dirección, tanto en el Gobierno como en la oposición, tanto en los poderes públicos y los partidos como en otras esferas de la vida nacional. Como dominicanos y como dirigentes debemos interrogarnos con gran sinceridad: ¿Estamos cumpliendo cabalmente con esa sagrada obligación? Es evidente que no. Y lo que resulta aún más inquietante: ¿Pueden las actitudes “pragmáticas y conciliatorias” que priman en el liderato nacional, ir tan lejos como para permitirse hacer ciertas concesiones que ningún Estado realizaría nunca, a la vez que se mantiene una inexplicable ambigüedad en asuntos trascendentales, que solo envían señales erradas y confusas y aumentan los peligros que se ciernen sobre la República?
Todos conocemos, o deberíamos conocer en mayor o menor medida, que están en marcha procesos y tendencias muy complejos y de antigua data en relación a la crisis generada por el colapso de Haití, que progresivamente han venido minando la soberanía y la autodeterminación, que destruyen la integridad territorial y la identidad nacional, con efectos sociales trastornadores de empobrecimiento colectivo de nuestro pueblo y con graves repercusiones sobre la posición dominicana en el orden internacional. Por tanto, sería injusto y equivocado empezar a atribuir faltas a unos gobiernos excluyendo a otros, conforme a nuestro gusto o conveniencia particular o coyuntural. Pero, sobre todo, se trataría de un ejercicio infructuoso: porque más que buscar culpables o grados de culpabilidad -que sin dudas los hay-, por la magnitud de los retos que enfrentamos, debemos priorizar ante todo un proceso de reflexión y rectificación. En primer término, debemos admitir con sentido crítico, que nuestras clases dirigentes han acumulado tantas claudicaciones y errores, tantas imprevisiones e imposturas, hasta colocarnos en la situación extrema en que nos encontramos.
También sería inaceptable silenciar la irresponsabilidad y la indolencia, el servilismo y la inconsciencia de no pocos ciudadanos, que, sin ser propiamente dirigentes, por distintos motivos han debido reaccionar ante tantos descalabros y no lo han hecho.
Nos toca… es nuestra responsabilidad, no la rehuyamos.
Sin embargo, como hemos expresado, el devenir histórico ha dispuesto que los dirigentes del presente, los actuales y los potenciales, encaren las mayores pruebas de toda la existencia de la República, precisamente cuando el Estado que fundara Duarte acusa gravísimas muestras de disfuncionalidad, debilidad y vulnerabilidad; cuando es obvio que está minado por la corrupción y la impunidad; mediatizado por las deudas y los acuerdos comerciales mal negociados; deformado por las relaciones políticas que reparten como favores lo que debe ser garantizado como derechos; expoliado por prácticas de negocios rentistas o mafiosos. En palabras del pueblo llano, nos guste o no nos guste, esa responsabilidad histórica nos toca, y no debe seguir rehuyéndose.
Por tanto, tomemos plena conciencia de que todo lo que hagamos o dejemos de hacer, impacta o impactará para bien o para mal sobre millones de dominicanos y dominicanas. Sus destinos dependerán en gran modo de las grandes decisiones, propiamente vitales, heroicas, supremas, que se adopten o se omitan. No olvidemos que la nación dominicana como proyecto histórico, existe porque Dios lo ha querido.
Por tanto, deberemos dar cuenta de ella, ya que no nos pertenece; solo estamos aquí para cuidarla, dignificarla y engrandecerla.
Precisamente, en eso consiste el peso enorme que todo verdadero liderato debe estar dispuesto a sostener sobre sus hombros en la misión de dar la cara por los demás de su pueblo, cuando decide jugar los roles de pensar, prever, actuar y sentir en función de un proyecto histórico que entrelaza las generaciones que pasaron y las que vendrán con las que tenemos el inmenso privilegio, a pesar de los pesares, de ser en el presente dominicanos. Sobre todo, esa obligación del liderato resulta más relevante cuando una amplia mayoría de nuestros compatriotas, que luchan día a día por sobrevivir entre penurias sin cuento, no están en condiciones siquiera de apreciar el conjunto de factores que perjudican seriamente su existencia, así como el futuro de sus hijos y de los hijos de sus hijos. No olvidemos nunca que a mayor poder y conocimiento, a mayor riqueza e influencia, corresponde más responsabilidad y compromiso, pues, “al que mucho se le ha dado, mucho se le pedirá”.
Cambio de rumbo
Créannos que cuanto les expresamos, lo hacemos con la mayor franqueza y no poco pesar. Pero, sobre todo, con la intención de encontrar soluciones, de prevenir problemas mayores, de contribuir a los urgentes cambios de rumbos que necesitamos.
No duden tampoco que estas reflexiones recogen el sentir preocupado de un número creciente de ciudadanos conscientes e informados, y de muchos otros, que sólo alcanzan a intuir que nos estamos precipitando en un abismo. Ciudadanos que, además, sienten alarma en relación a lo que pueden significar ciertas omisiones, decisiones o inclinaciones del Gobierno; pero que se estremecen también al observar la penosa evasión de responsabilidades, en forma de estímulos solapados, silencios cómplices y apañamientos, por parte de sectores poderosos de las élites empresariales e intelectuales, militares y religiosas, sindicales y de sociedad civil.
Duarte
Es cierto que la situación geopolítica regional e insular es ardua y complicada, dentro de un escenario global cargado, incierto y revuelto. Pero precisamente por eso es que tiene enorme vigencia la advertencia de Juan Pablo Duarte: “El gobierno ha de mostrarse justo y enérgico, o no tendremos Patria, y de consiguientemente ni libertad ni independencia”. Lamentablemente, nuestro Gobierno no ha sido justo cuando desprotege con desenfado los derechos del pueblo dominicano; ni mucho menos enérgico, cuando rehúye enfrentar apropiadamente los presiones y chantajes de los poderes foráneos.
En verdad, las llamadas clases dirigentes -la clase política en particula- han sido incapaces de articular una verdadera política de Estado que nos permita enfrentar tantas manipulaciones extorsivas y superar este trance extraordinario. Las mismas infamias que se lanzan en el presente con total impunidad contra el fundador de la dominicanidad, ¿no son acaso una muestra elocuente de lo mal que andamos?
Signos del derrumbe
Entristece el alma hacer el recuento de las actuaciones y situaciones que nos están conduciendo hacia al derrumbe del Estado.
Todavía, muchos no salimos del asombro que nos provocara el acuerdo firmado en enero del 2015 por el canciller dominicano con el embajador James Brewster sobre cooperación militar con Estados Unidos, que fue anulado por el Tribunal Constitucional por desequilibrado y lesivo a la soberanía. El alcance e implicaciones de ese acuerdo permitirían convertir todo el territorio dominicano en una virtual base militar estadounidense. En cualquier momento de la etapa post dictadura de Trujillo, ese trato hubiera desencadenado reacciones virulentas y severos cuestionamientos: que no se hicieran en el presente, constituye un signo ominoso de la falta de consciencia en las nuevas generaciones sobre las implicaciones de ese hecho histórico; o peor aún, acerca de la tibieza o inexistencia de los sentimientos patrióticos en el seno del pueblo, en gran modo, como fruto amargo de procesos alienantes, inducidos desde los sistemas de educación y transmisión de creencias, valores y actitudes.
Afortunadamente, esa gravísima negociación antinacional fue anulada por una decisión responsable del Tribunal Constitucional, algo que debió servir de escarmiento para en lo sucesivo sujetarse a un proceder más apegado a los principios y valores de la Constitución y del derecho internacional. Pero, no sólo no hubo consecuencias para los responsables de concretarla, sino que al terminar la misión diplomática del embajador Brewster, caracterizada por un desfachatado ejercicio de imperialismo cultural LGTB, se suscribió otro acuerdo de cuestionable índole antinacional. Nos referimos al
Convenio de pre-autorización en el transporte aéreo con Estados Unidos, pendiente de ser conocido por el Tribunal Constitucional y el Congreso. Dicho acuerdo, si bien presenta innegables ventajas de gran interés para el turismo y la seguridad aérea, subordina de modo inaceptable, en un anexo digno de figurar en la antología de las negociaciones nefandas, la política de refugiados y asilo de la República a la fiscalización y tutela de esa potencia y de los organismos internacionales.
Tendencia claudicante
Esos acuerdos son evidencia documental de que, en el Gobierno dominicano, o sus negociadores no tienen la más mínima idea de cuáles son los intereses nacionales permanentes, o predomina una corriente dispuesta a entregar lo que ningún Estado debe conceder a cambio de ventajas inconfesables. Pero la falta de reacción crítica de las fuerzas opositoras, así como de la mayoría de medios de comunicación y hacedores de opinión pública, no es menos censurable y sólo sirve para estimular esas tendencias claudicantes.
Sin embargo, lo más grave es algo que no puede escapar al conocimiento directo y personal de ninguno de los líderes o dirigentes de la nación, y particularmente del Jefe de Estado y Autoridad Suprema de las FFAA: la delicada situación de la frontera dominicana con Haití.
Como saben, o deberían saber, la zona fronteriza requirió por generaciones ingentes esfuerzos y recursos para concretar su definición y delimitación, así como en la edificación de su infraestructura física y la conformación de sus asentamientos humanos. Sin embargo, está perdiendo aceleradamente su carácter dominicano. No describiremos en detalle situaciones que son conocidas por muchos de los dirigentes de la nación, más no por la gran mayoría de los dominicanos.
Intervención
Sólo nos limitaremos a advertirles que, de no revertirse pronto la tendencia antes descrita, en un porvenir no muy remoto la República sufrirá una gravísima e imperdonable pérdida territorial o será estremecida por conflictos violentos que nos expondrán a una nueva intervención multinacional.
Aunque se dirá con razón que ese proceso no es nuevo, sin dudas se ha acentuado a partir del terremoto 12 de enero del 2010, particularmente, estimulado por las posturas vacilantes cuando no comprometidas del actual Gobierno, en la medida en que crece el interés de sectores poderosos dentro de la comunidad internacional de rehuir sus responsabilidades y encubrir la suma de fracasos y escándalos que han marcado su intervención en Haití. Todo el liderato nacional, sabe que Haití es un Estado fallido.
Sin embargo, en vez de hacerse cargo de esa realidad con todas sus implicaciones, procurando internacionalizar un compromiso serio y sostenido de reconstrucción de esa nación emblemática y problemática, que ya se encontraba devastada mucho antes del terremoto del 2010, ha preferido someterse a las exigencias de esos poderes fácticos e internacionales y asumir una posición equivocada, contraproducente, antihistórica: que la República está dispuesta a responsabilizarse de los arduos problemas de Haití. Peor aún, son muchos los actores poderosos que han cedido a la tentación de usar a Haití y los haitianos con toda su carga de problemas mayúsculos cómo moneda de cambio en sus tratos con los poderes foráneos y los organismos multilaterales. Todo por la tonta ilusión de pretender ser hegemónicos en un supuesto mercado de 22 millones de consumidores.
¡Dirigentes dominicanos, reflexionemos y rectifiquemos!
