Gobierno califica como "grave" la crisis petrolera por la guerra en Medio Oriente y anuncia medidas
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, expresó: "Estamos ante una crisis que no controlamos"
Stephanie Hilario Soto - Santo Domingo - mar. 19, 2026 | 08:40 p. m.| 5 min de lectura
El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, calificó la noche de este jueves como grave la actual situación del mercado petrolero internacional, en el contexto de la guerra en Medio Oriente, advirtiendo que se trata de una crisis grave con impacto directo sobre la economía dominicana.
El funcionario ofreció estas declaraciones al término del segundo Consejo de Gobierno en lo que va de este 2026, el cual estuvo encabezado por el presidente Luis Abinader, acompañado de la vicepresidenta Raquel Peña.
La reunión se extendió por tres horas y en ella se pasó balance a los avances de las prioridades de crecimiento económico y la estrategia nacional Meta RD 2036.
El incremento
Magín Díaz explicó que el precio del petróleo ha experimentado un aumento significativo, al pasar de menos de 60 dólares al cierre del año pasado a niveles entre 95 y 100 dólares en la actualidad, lo que representa un incremento de entre 65 % y 70 % en lo que va de año.
Ante este escenario, Díaz indicó que el Gobierno ha definido tres objetivos fundamentales:
- Preservar la estabilidad macroeconómica
- Garantizar la sostenibilidad fiscal
- Proteger la estabilidad social, con especial énfasis en los sectores más vulnerables
"Estamos ante una crisis que no controlamos, pero que encuentra al país en una posición fiscal y macroeconómica fuerte y resiliente", afirmó.
Subsidios de combustibles
Informó que el presupuesto nacional contempla alrededor de 12,000 millones de pesos destinados a subsidios de combustibles, calculados sobre la base de un precio del petróleo WTI de 65 dólares, y que ya se han identificado partidas adicionales por más de 10,000 millones de pesos para reasignación en caso de ser necesario.
"Los aumentos de precios que hubo en los comuns esta semana de 5 pesos representan apenas entre 1.7 % y un 2 % de aumento del precio final al consumidor. Y hay que tomar en cuenta que como es un subsidio generalizado, el 20 % más rico de la población va a pagar 50 % de este aumento. O sea que estamos tratando de proteger a los grupos más vulnerables", afirmó.
Asimismo, se resaltó que el país cuenta con fundamentos macroeconómicos sólidos para enfrentar este escenario, incluyendo reservas internacionales cercanas a US$16,000 millones, niveles adecuados de liquidez y acceso a financiamiento tanto en mercados internacionales como domésticos.
En ese sentido, se indicó que los depósitos del sector público superan los RD$300,000 millones entre el Banco Central y el Banco de Reservas, mientras que los ingresos fiscales se sitúan aproximadamente RD$4,000 millones por encima de lo presupuestado, lo que fortalece la capacidad de respuesta del Estado.
Asimismo, anunció la implementación de un subsidio a los insumos de fertilizantes, para mitigar el impacto del alza internacional —que ha alcanzado hasta un 40 %— y evitar que esto se traduzca en aumentos en los precios de los alimentos.
Para esta iniciativa se han destinado aproximadamente 1,000 millones de pesos, con cobertura prevista para los próximos tres meses.
Otro de los ejes de acción será amortiguar el impacto del incremento de los precios internacionales en el mercado interno, especialmente en alimentos, insumos agropecuarios y combustibles.
El ministro también aseguró que las medidas se ejecutarán sin afectar la inversión pública. Por el contrario, indicó que el Gobierno buscará incrementarla como parte de una política contracíclica orientada a sostener el crecimiento económico.
"El objetivo principal es mantener la estabilidad macroeconómica, fiscal y, sobre todo, la estabilidad social, protegiendo a los grupos más vulnerables", reiteró.
El ministro concluyó señalando que, aunque persiste un alto nivel de incertidumbre sobre la duración de la crisis, las autoridades cuentan con la experiencia, la liquidez y las herramientas necesarias para enfrentar el escenario actual.
Otros temas abordados
El ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, manifestó que durante la reunión, en términos generales de avances, se destacó el proceso en la formación de capital humano, con la expansión de liceos técnicos y programas de becas en área STEM, alineado a las necesidades del mercado.
En turismo, informó que "se avanza una norma para el manejo del salgazo, que es una crisis regional conocida, y en la adecuación de la formación técnico-profesional del sector".
Asimismo, en construcción se registraron mejoras en la reducción de la permisología y un aumento en la inversión en infraestructura, mientras que en zonas francas se fortaleció la promoción internacional del país como hub regional y se desarrollan herramientas financieras para ampliar la capacidad de los parques industriales.
De igual forma, en el ámbito logístico se reportaron avances en los procesos de reexportación desde centros logísticos y en la implementación del plan para posicionar a la República Dominicana como hub logístico regional.
En el sector agropecuario, se destacó la ejecución de programas orientados a elevar la eficiencia y productividad, incluyendo iniciativas de capacitación para la exportación de aguacate, el fortalecimiento del sistema de sanidad e inocuidad agroalimentaria y la creación de fondos de inversión para la producción de café y cacao.
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— Jose Paliza (@JosePaliza) March 20, 2026
COMENTARIO EDITORIAL
La crisis que no controlamos… y la política que sí debemos controlar
Que el Gobierno haya calificado como “grave” la actual tensión del mercado petrolero internacional no es retórica: es un reconocimiento necesario de que la economía dominicana vuelve a quedar expuesta a un riesgo exógeno —geopolítico, energético y financiero— que no se resuelve con voluntarismo, sino con estrategia. El ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz, lo resumió con una frase que debería convertirse en guía de política pública: “Estamos ante una crisis que no controlamos”.
El dato duro es el que manda. En pocas semanas, el barril pasó de estar por debajo de US$60 a moverse entre US$95 y US$100, un salto de 65%–70% en lo que va de año, según explicó el propio ministro. Ese incremento no es una abstracción: se transmite —con rezagos y amortiguadores— a la factura petrolera, al costo del transporte, a la cadena logística, al precio de la electricidad y, finalmente, al bolsillo de los hogares. En países importadores netos de energía, el petróleo es una variable de inflación, de balanza de pagos y de gobernabilidad social al mismo tiempo.
Por eso el anuncio de tres objetivos —preservar estabilidad macroeconómica, garantizar sostenibilidad fiscal y proteger la estabilidad social— es correcto en su arquitectura, porque ordena prioridades en el mismo sentido en que se ordenan los choques externos: primero evitar desanclajes (inflación, tipo de cambio, expectativas), luego cuidar el espacio fiscal y, sobre todo, proteger a los vulnerables. Sin estabilidad, la política social se encarece; sin sostenibilidad, la estabilidad se vuelve frágil.
Ahora bien, el verdadero debate no es si habrá medidas, sino qué tan inteligentes serán. En el corto plazo, el Gobierno apuesta a amortiguadores conocidos: subsidios a combustibles presupuestados por unos RD$12,000 millones calculados con WTI en US$65, y partidas adicionales identificadas por más de RD$10,000 millones para reasignación si el escenario se prolonga. También se ha insistido en que el país cuenta con fundamentos para resistir: reservas internacionales cercanas a US$16,000 millones, depósitos del sector público por encima de RD$300,000 millones y un desempeño de ingresos fiscales alrededor de RD$4,000 millones por encima de lo presupuestado. Todo eso ayuda. Pero ayuda si se administra con prudencia.
Aquí aparece el primer dilema: subsidio generalizado vs. subsidio focalizado. El ministro argumenta que los ajustes recientes —RD$5 en “los combustibles comunes”— equivalen apenas a 1.7%–2% del precio final, y que al ser un subsidio generalizado el 20% más rico termina pagando una mayor parte del aumento, con lo cual se protege relativamente a los vulnerables. Es un razonamiento atendible para una semana de tensión; pero si el petróleo alto se convierte en régimen, el subsidio generalizado se vuelve un “agujero” regresivo e ineficiente: premia consumo, desincentiva ahorro energético y drena recursos que deberían ir a transferencias directas, transporte público y protección alimentaria.
Por eso, más que repetir el libreto, conviene actualizarlo: mantener amortiguación en el shock inicial —para que no explote la inflación de golpe— y transitar hacia un esquema de apoyo más focalizado. La política inteligente no es la que “congela” precios para siempre, sino la que compra tiempo para ejecutar reformas sin romper el tejido social.
El segundo dilema es agroalimentario. El Gobierno anunció un subsidio a insumos de fertilizantes ante alzas internacionales que han alcanzado hasta 40%, con unos RD$1,000 millones para cobertura estimada de tres meses. Esta medida, bien diseñada, puede ser clave: cuando sube la energía, sube el fertilizante; cuando sube el fertilizante, sube el alimento; y cuando sube el alimento, se recalienta la conflictividad social. Es el triángulo más sensible de cualquier economía abierta. Pero el subsidio debe ir amarrado a productividad y trazabilidad: que llegue al productor real, que no se filtre por intermediación, y que premie eficiencia (rendimientos, prácticas sostenibles, compras agregadas).
El tercer dilema —y el más estructural— es energético. El Gobierno, en paralelo, ha coordinado con generadores térmicos medidas preventivas y ha informado que muchas empresas reportan garantías de abastecimiento de carbón y gas natural suficientes para cubrir operaciones durante el resto del año. Esa coordinación reduce riesgo de desabastecimiento, pero no elimina el riesgo de precios. En otras palabras: podemos tener combustible, pero más caro; y el precio, tarde o temprano, entra a la economía.
De ahí que el país necesite algo más que amortiguadores: necesita una doctrina de seguridad energética acoplada a la visión de Meta RD 2036. El propio Consejo de Ministros pasó balance a prioridades de crecimiento y a avances en capital humano (liceos técnicos, becas STEM), turismo (norma para manejo de sargazo), construcción (permisología), zonas francas, logística y agropecuaria, todo dentro del marco de Meta RD 2036. Ese relato de transformación productiva es valioso, pero debe incorporar una verdad incómoda: sin resiliencia energética, la productividad se vuelve vulnerable.
La guerra en Medio Oriente —y la volatilidad asociada— nos recuerda que la globalización no se rompió: se volvió más cara, más incierta y más política. Y eso afecta el crédito. Los mercados financieros tienden a reprecificar riesgo cuando sube el petróleo: se endurecen condiciones, suben primas, y el costo de financiamiento para emergentes puede incrementarse incluso si el país “hizo la tarea”. Por eso, la sostenibilidad fiscal no es solo contabilidad; es señal. Señal a inversionistas, a calificadoras y a los propios dominicanos: el Estado no improvisa.
¿Qué sería, entonces, una respuesta de Estado a la altura del choque?
Regla de salida para los subsidios: no basta con anunciar montos; hay que anunciar criterios. Si el petróleo se mantiene en banda alta por X semanas, el subsidio generalizado debe ir migrando a focalización (bonos transporte, transferencias a hogares vulnerables, apoyo a productores clave), con cronograma y métricas.
Gestión de riesgo de precio: así como empresas cubren riesgos, el Estado puede explorar coberturas parciales y escalonadas para la factura petrolera, sin apuestas temerarias. No se trata de “jugar” con derivados, sino de reducir volatilidad presupuestaria.
Ahorro energético como política social: el kilovatio que no se consume es el más barato. Eficiencia en alumbrado público, compras gubernamentales eficientes, incentivos a flotas más eficientes, y una cruzada real contra pérdidas y cuellos logísticos. Lo social no solo es subsidio: también es productividad.
Transporte público y logística: si el petróleo sube, el país con peores congestionamientos paga doble. Reducir tiempos en carretera, mejorar transporte masivo y ordenar la distribución urbana son políticas antiinflacionarias de primera línea.
Acelerar la diversificación: gas natural, renovables y modernización de redes. La crisis debe leerse como oportunidad para empujar decisiones que en tiempos normales se postergan.
En lo inmediato, el Gobierno ha subrayado que aplicará medidas sin afectar la inversión pública e incluso con enfoque contracíclico para sostener crecimiento. Esa apuesta es defendible: cortar inversión en plena incertidumbre puede amplificar la desaceleración. Pero hay una condición: inversión pública no es sinónimo de “más gasto”, sino de mejor gasto. En tiempos de choque, la calidad del gasto decide si el país sale fortalecido o sale endeudado.
Al final, la frase “crisis que no controlamos” debe completarse con la otra mitad del diagnóstico: sí controlamos la velocidad de reacción, la focalización del apoyo, la transparencia del gasto y la agenda de reformas. Controlamos si convertimos el shock en palanca de resiliencia. Controlamos si el discurso de Meta RD 2036 se conecta con decisiones energéticas, logísticas y productivas que reduzcan dependencia y vulnerabilidad.
La historia económica dominicana enseña que los choques externos pasan; lo que queda es la arquitectura institucional con la que se enfrentaron. Hoy, más que calma, necesitamos dirección. Y más que subsidios, necesitamos estrategia.
Luis Orlando Díaz Vólquez
