Entre la disuasión y la cautela: la ambivalencia estratégica de Washington en la guerra con Irán

Entre la disuasión y la cautela: la ambivalencia estratégica de Washington en la guerra con Irán

La renuencia del presidente de Estados Unidos a retomar una ofensiva plena contra Irán no es sinónimo de paz, sino la expresión de un cálculo complejo donde confluyen presión económica, geopolítica regional y límites políticos internos.

Durante semanas, la política exterior estadounidense hacia Irán ha quedado atrapada en una zona gris que desafía las categorías tradicionales de guerra y diplomacia. A estas alturas, como bien se desprende del análisis reciente de *The Economist*, resulta evidente que el presidente de Estados Unidos no está ansioso por reanudar la intensidad de la guerra abierta contra Teherán. Sin embargo, conviene no confundir esta aparente contención con una voluntad firme de paz. La renuencia, en este caso, es un instrumento táctico, no una renuncia estratégica.

En los últimos seis semanas, la Casa Blanca ha recurrido a una secuencia reiterada de dilaciones, aplazamientos y señales ambiguas respecto a una eventual escalada militar. La postergación de ataques, incluso en momentos en que la operación parecía inminente, revela una tendencia clara: evitar, en la medida de lo posible, un conflicto de gran escala que podría desencadenar consecuencias imprevisibles. Diversos reportes confirman que el presidente estuvo a horas —incluso a minutos— de autorizar operaciones militares, para luego desistir en favor de abrir ventanas diplomáticas.

Este patrón de comportamiento sugiere que la estrategia actual responde menos a una lógica de confrontación directa y más a un intento de maximizar la presión sin asumir los costes totales de una guerra prolongada. En otras palabras, Washington parece apostar por un equilibrio inestable: mantener la amenaza creíble de la fuerza mientras explora —o fuerza— una salida negociada.

Detrás de esta cautela subyacen factores de peso. En primer lugar, el impacto económico del conflicto se ha convertido en un condicionante clave para la toma de decisiones. El alza de los precios del petróleo, provocada por la alteración del tráfico en el Estrecho de Ormuz, no solo repercute en la economía global, sino que incide directamente en el coste de vida de los ciudadanos estadounidenses. Analistas advierten que la guerra ha elevado los riesgos de desaceleración económica y ha presionado las proyecciones inflacionarias, generando tensiones adicionales en los mercados.

En segundo lugar, el frente político interno tampoco ofrece un terreno favorable para una escalada militar. El apoyo público a la guerra muestra signos de desgaste, mientras dentro del propio sistema político emergen voces, incluso entre aliados tradicionales, que cuestionan la duración, el coste y los objetivos del conflicto. La experiencia histórica de intervenciones prolongadas en Medio Oriente pesa como advertencia sobre el riesgo de un nuevo atolladero estratégico.

A esto se suma la presión de los actores regionales. Líderes del Golfo, conscientes de que sus territorios se han convertido en escenarios colaterales del conflicto, han instado a Washington a moderar su postura y dar espacio a la negociación. De hecho, recientes decisiones de aplazar ofensivas militares han estado vinculadas explícitamente a solicitudes de aliados estratégicos que apuestan por una solución diplomática.

Pero la cautela estadounidense no debe interpretarse como debilidad. Por el contrario, se trata de una estrategia que combina contención con preparación. Mientras se posponen ataques, el aparato militar permanece en estado de alerta, listo para actuar con rapidez en caso de que las negociaciones fracasen. El propio presidente ha reiterado que un eventual acuerdo debe cumplir con condiciones estrictas, especialmente en lo relativo al programa nuclear iraní, lo que deja abierta la puerta a una reanudación de las hostilidades.

Esta dualidad —diplomacia bajo coerción— define el momento actual. Estados Unidos no abandona la opción militar, pero intenta utilizarla como palanca de negociación más que como instrumento inmediato de resolución. El problema radica en que este juego de presiones y concesiones se desarrolla en un entorno altamente volátil, donde errores de cálculo o eventos imprevistos pueden desencadenar una escalada fuera de control.

Además, la naturaleza del conflicto añade un nivel adicional de complejidad. No se trata de una guerra convencional entre dos Estados claramente delimitados, sino de una confrontación híbrida que involucra actores proxy, frentes indirectos y dimensiones económicas y energéticas globales. Esto hace que cualquier decisión —ya sea de escalar o de contener— tenga repercusiones que trascienden el campo de batalla.

En este contexto, la renuencia del presidente estadounidense a reactivar plenamente la guerra puede interpretarse como un reconocimiento —explícito o implícito— de los límites del poder militar en escenarios contemporáneos. La capacidad de infligir daño no siempre se traduce en la capacidad de consolidar una victoria estratégica sostenible.

Sin embargo, el margen de maniobra es cada vez más estrecho. A medida que se prolonga el conflicto sin una resolución clara, aumentan las presiones —internas y externas— para definir una dirección. La estrategia de posponer decisiones críticas puede ganar tiempo, pero no sustituye la necesidad de una hoja de ruta coherente.

En última instancia, la situación actual plantea una paradoja central: Estados Unidos busca evitar una guerra total, pero no puede permitirse mostrar una retirada clara; Irán busca resistir la presión, pero enfrenta un creciente aislamiento y desgaste económico. Entre ambos, la comunidad internacional observa con incertidumbre cómo se redefine el equilibrio de poder en Medio Oriente.

La renuencia, por tanto, no es el fin de la guerra. Es apenas una pausa estratégica en un conflicto cuya resolución sigue abierta, y cuyo desenlace dependerá tanto de la capacidad de negociación como de la voluntad —o el cálculo— de recurrir nuevamente a la fuerza.

Luis Orlando Díaz Vólquez
#GuasábaraEditor

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By now it should be clear: America’s president is not eager to resume his hot war with Iran. For six weeks he has seized on any excuse to delay military strikes. Reluctance is not refusal, however http://econ.st/4dV5EzE
Photo: Reuters

Corresponsabilidad institucional: formar para incluir, incluir para transformar

Corresponsabilidad institucional: formar para incluir, incluir para transformar

Más de 3,000 colaboradores capacitados en equidad, diversidad e inclusión reflejan un cambio cultural que trasciende la norma y se instala como práctica en la Dirección General de Aduanas.

En un contexto global donde las instituciones públicas están llamadas no solo a cumplir funciones técnicas, sino a encarnar valores democráticos y sociales, la Dirección General de Aduanas (DGA) de la República Dominicana da un paso que merece ser analizado con profundidad: invertir en la formación de su capital humano en equidad, diversidad e inclusión. Más de 3,000 colaboradores y colaboradoras capacitados desde 2021 no es un dato menor; es la evidencia de una transformación interna que apunta a rediseñar la cultura organizacional desde sus cimientos.

Esta apuesta, visibilizada en iniciativas como la que puede consultarse en publicación oficial de @aduanard, se inscribe en un paradigma contemporáneo donde el desarrollo institucional ya no se mide únicamente por indicadores de eficiencia operativa o recaudación fiscal, sino también por la calidad del entorno laboral, la equidad en las oportunidades y el respeto a la diversidad. Formar en estos valores implica reconocer que las instituciones no son estructuras abstractas, sino comunidades humanas que reproducen —o transforman— las dinámicas sociales existentes.

En el caso de Aduanas, esta política formativa adquiere una relevancia estratégica. Al ser una entidad clave en la facilitación del comercio, el control aduanero y la proyección del país como hub logístico regional, la DGA interactúa con múltiples actores: sector privado, organismos internacionales, transportistas, agentes aduanales y ciudadanía en general. En ese entramado, la forma en que sus colaboradores se relacionan con los demás incide directamente en la percepción institucional y en la calidad del servicio público.

La capacitación en equidad, diversidad e inclusión no debe entenderse como un gesto simbólico ni como una respuesta coyuntural a demandas sociales. Se trata de una inversión de largo plazo que fortalece la gobernanza institucional. Equipos más conscientes de las diferencias, más respetuosos de la pluralidad y más comprometidos con la igualdad de trato son, en esencia, equipos más eficientes, más cohesionados y menos propensos a conflictos internos o prácticas discriminatorias.

Además, esta iniciativa se alinea con estándares internacionales de gestión pública moderna, donde la inclusión se considera un pilar de sostenibilidad institucional. Organismos multilaterales, desde el Banco Mundial hasta la Organización Mundial de Aduanas, han enfatizado la necesidad de integrar estos enfoques para mejorar la resiliencia de las instituciones frente a los desafíos contemporáneos. En ese sentido, la DGA no solo responde a una agenda local, sino que se inserta en una conversación global sobre cómo construir administraciones públicas más humanas, transparentes y efectivas.

Pero el verdadero desafío no reside únicamente en la cantidad de personas capacitadas, sino en la capacidad de traducir ese aprendizaje en prácticas cotidianas. La cultura organizacional no cambia por decreto ni por acumulación de talleres; se transforma cuando los principios aprendidos se reflejan en decisiones, comportamientos y relaciones laborales concretas. ¿Cómo se gestionan los equipos? ¿Cómo se distribuyen las oportunidades de liderazgo? ¿Cómo se atienden los conflictos? ¿Cómo se garantiza un entorno libre de discriminación? Estas son las preguntas que determinarán el impacto real de este esfuerzo formativo.

En ese sentido, el liderazgo institucional juega un rol determinante. La promoción activa de estos valores desde la alta dirección envía una señal clara sobre las prioridades estratégicas de la institución. No se trata solo de capacitar, sino de coherencia entre discurso y práctica. Cuando la equidad y la inclusión se convierten en criterios de gestión, se fortalece la credibilidad institucional y se consolida un clima de confianza interna.

La experiencia de la DGA también ofrece lecciones para el resto del sector público dominicano. En un país que avanza hacia la modernización del Estado, la digitalización de servicios y la mejora de la competitividad, no se puede perder de vista la dimensión humana de la administración pública. La transformación digital, sin transformación cultural, corre el riesgo de quedarse en la superficie. La inclusión, en cambio, actúa como un catalizador que potencia todos los demás procesos de cambio.

Finalmente, este esfuerzo conecta con una aspiración más amplia: construir una sociedad donde la corresponsabilidad sea la norma. La equidad no es una concesión, es un derecho; la diversidad no es un reto, es una riqueza; la inclusión no es una meta lejana, es una práctica diaria. Cuando una institución del peso de Aduanas asume este compromiso, no solo impacta a sus colaboradores, sino que contribuye a modelar el tipo de país que se quiere construir.

Porque, en última instancia, las grandes transformaciones no comienzan en los documentos estratégicos ni en los discursos, sino en las personas. Y formar a las personas para convivir en igualdad es, sin duda, uno de los actos más poderosos de liderazgo institucional en el siglo XXI.

Luis Orlando Díaz Vólquez
#GuasábaraEditor

https://noticiasguasabara.blogspot.com/2026/05/corresponsabilidad-institucional-formar.html

En la Dirección General de Aduanas, más de 3,000 colaboradores y colaboradoras han sido capacitados desde 2021 a la fecha, en equidad, diversidad e inclusión, como parte del compromiso institucional con una cultura laboral más justa y respetuosa. pic.twitter.com/cBnQA83PiV

— Dirección General de Aduanas (@aduanard) May 21, 2026

https://x.com/LuisOrlandoDia1/status/2057895890484867515?s=20

📊🤝 Formar para incluir… e incluir para transformar
En @aduanard seguimos construyendo una cultura institucional basada en el respeto, la equidad y la diversidad. Desde 2021, más de 3,000 colaboradores y colaboradoras han sido capacitados en estos valores, fortaleciendo no solo… pic.twitter.com/bXUH211vqX

— Orlando Díaz, Luis (@LuisOrlandoDia1) May 22, 2026

Corresponsabilidad sin brechas: la alianza social que convierte derechos en oportunidades

Corresponsabilidad sin brechas: la alianza social que convierte derechos en oportunidades

La articulación entre Supérate y Fejus marca un paso decisivo hacia un modelo de política social más humano, territorial y efectivo, donde la identidad, el cuidado y la inclusión dejan de ser promesas para convertirse en derechos accesibles.

En una sociedad que todavía lidia con profundas desigualdades estructurales, los acuerdos interinstitucionales no pueden limitarse a la formalidad de una firma ni al valor simbólico de la cooperación. Deben, por el contrario, traducirse en acciones concretas capaces de transformar la vida cotidiana de las personas. El reciente convenio entre la Dirección de Desarrollo Social Supérate y la Fundación Equidad y Justicia Social (Fejus) se inscribe precisamente en esa lógica: la de una corresponsabilidad real, donde el Estado y la sociedad civil articulan capacidades para cerrar brechas históricas de exclusión en la República Dominicana.

Este acuerdo no es menor ni accesorio. En su esencia, apunta a uno de los núcleos más sensibles del desarrollo humano: la vulnerabilidad multidimensional. Al priorizar acciones vinculadas al acceso al derecho a la identidad, la prevención del embarazo adolescente, el fortalecimiento de liderazgos comunitarios y el acompañamiento sociofamiliar, ambas instituciones reconocen que la pobreza no es únicamente un fenómeno económico, sino una realidad compleja que se reproduce a través de la falta de oportunidades, el rezago institucional y la invisibilidad social.

Particularmente significativa resulta la inclusión del derecho a la identidad como eje de intervención. En América Latina, millones de ciudadanos permanecen al margen de los sistemas formales por carecer de documentación legal, lo que limita su acceso a educación, salud, empleo y programas sociales. En ese contexto, las jornadas de identificación ciudadana contempladas en el convenio representan un acto de justicia social en sí mismo: reconocer al individuo como sujeto de derechos y no como una cifra más en los indicadores de pobreza. Sin identidad, no hay inclusión posible; sin inclusión, no hay desarrollo sostenible.

El rol de Supérate en esta alianza refuerza su posicionamiento como instrumento central de la política social dominicana. Bajo la dirección de Mayra Jiménez, el programa ha avanzado hacia un modelo más integral, que trasciende las transferencias monetarias condicionadas para incorporar acompañamiento sociofamiliar, enfoque de cuidados y estrategias de empoderamiento comunitario. La integración de Fejus como puente territorial amplía esa capacidad operativa, llevando las políticas públicas al corazón de las comunidades donde se viven las desigualdades en su forma más tangible.

Por su parte, la Fundación Equidad y Justicia Social aporta un capital social invaluable: conocimiento del territorio, cercanía con las comunidades y capacidad de movilización local. En contextos donde la desconfianza hacia las instituciones puede convertirse en un obstáculo, las organizaciones de la sociedad civil cumplen una función clave como intermediarias, facilitadoras y legitimadoras de la acción estatal. La sinergia entre ambas entidades, por tanto, no solo potencia la eficacia de las intervenciones, sino que fortalece el tejido social desde abajo.

Otro aspecto relevante del acuerdo es su enfoque en la prevención de fenómenos como el embarazo en adolescentes y las uniones tempranas. Estas problemáticas, más allá de su dimensión individual, tienen un impacto estructural en la reproducción de la pobreza. Intervenir de manera temprana, con educación, sensibilización y oportunidades, es una inversión de alto retorno social. Significa romper ciclos intergeneracionales de exclusión y construir trayectorias de vida más dignas para las nuevas generaciones.

Asimismo, el énfasis en la cultura de paz y en el fortalecimiento de liderazgos comunitarios y juveniles revela una comprensión más amplia del desarrollo. No se trata solo de asistir, sino de formar ciudadanos capaces de participar activamente en la construcción de sus comunidades. En este sentido, el acuerdo avanza hacia un paradigma de desarrollo inclusivo, donde las personas no son beneficiarias pasivas, sino protagonistas de su propio progreso.

El componente de acompañamiento sociofamiliar merece, igualmente, una atención especial. En un país donde muchas familias enfrentan múltiples vulnerabilidades simultáneas —económicas, educativas, sanitarias y emocionales—, el abordaje integral se vuelve indispensable. Identificar, orientar y dar seguimiento a estos hogares permite no solo mejorar su calidad de vida inmediata, sino también generar capacidades sostenibles en el tiempo.

Lo verdaderamente transformador de este convenio radica en su potencial de articulación. En un sistema de políticas públicas que históricamente ha operado de manera fragmentada, la coordinación entre actores representa uno de los mayores desafíos y, al mismo tiempo, una de las mayores oportunidades. Supérate, al canalizar referimientos y articular esfuerzos con Fejus y otras instituciones, avanza hacia una gobernanza social más eficiente, coherente y orientada a resultados.

Sin embargo, el éxito de esta iniciativa dependerá de su implementación efectiva y de su capacidad de sostenerse en el tiempo. La experiencia regional demuestra que los acuerdos interinstitucionales pueden diluirse si no cuentan con seguimiento, evaluación y mecanismos claros de rendición de cuentas. En ese sentido, será fundamental garantizar que las acciones previstas se ejecuten con rigor, se midan sus impactos y se ajusten las estrategias en función de los resultados.

En última instancia, este convenio es una señal positiva de hacia dónde debe dirigirse la política social dominicana: hacia la integración, la corresponsabilidad y el enfoque en derechos. No basta con reducir cifras de pobreza; es necesario construir ciudadanía, fortalecer instituciones y garantizar que cada persona tenga acceso real a las oportunidades que le permitan desarrollar su proyecto de vida.

En tiempos donde las demandas sociales son cada vez más complejas y urgentes, alianzas como la de Supérate y Fejus demuestran que el camino no pasa por actuar de manera aislada, sino por tejer redes de cooperación que multipliquen el impacto de cada intervención. Porque el desarrollo no se decreta desde los despachos; se construye, día a día, en el territorio, con la participación activa de todos los actores.

Luis Orlando Díaz Vólquez
#GuasábaraEditor

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Supérate y Fejus firman acuerdo para fortalecer acciones en favor de poblaciones vulnerables

El convenio contempla el desarrollo de jornadas para facilitar el acceso al derecho a la identidad, además de acciones orientadas al acompañamiento sociofamiliar y la inclusión social.

20 de Mayo 2026 | Programas sociales

Santo Domingo.– La Dirección de Desarrollo Social Supérate y la Fundación Equidad y Justicia Social (Fejus) firmaron un convenio de cooperación interinstitucional orientado a desarrollar acciones sociales, formativas y comunitarias que contribuyan a mejorar la calidad de vida de poblaciones en condiciones de vulnerabilidad.

El acuerdo fue suscrito por la directora general de Supérate, Mayra Jiménez, y el presidente de Fejus, Fidel Lorenzo, quienes destacaron la importancia de fortalecer las alianzas entre instituciones para ampliar el alcance de las políticas sociales y promover mayores oportunidades de bienestar y desarrollo para las comunidades más necesitadas.

Mediante esta alianza, ambas entidades se comprometen a coordinar y apoyar iniciativas dirigidas a la prevención del embarazo en adolescentes y las uniones tempranas, el fortalecimiento de liderazgos comunitarios y juveniles, el acceso al derecho a la identidad, el acompañamiento a familias en situación de vulnerabilidad, la promoción de cultura de paz y la articulación de oportunidades de formación, empleabilidad y desarrollo comunitario.

Asimismo, este convenio contribuirá al fortalecimiento de la política de cuidados y de los mecanismos de acompañamiento sociofamiliar, permitiendo identificar y acercar respuestas a personas y hogares que requieren mayor apoyo y protección.

La directora general de Supérate, Mayra Jiménez, destacó que esta alianza representa una oportunidad para acercar derechos, ampliar oportunidades y fortalecer la articulación interinstitucional de cara a superar los desafíos sociales que enfrentan muchas familias mediante acciones que permitan un acompañamiento integral.

En tanto, el presidente de la Fundación Equidad y Justicia Social, Fidel Lorenzo, subrayó que este acuerdo constituye una herramienta clave para una responsabilidad compartida que permita continuar avanzando en iniciativas orientadas al bienestar de las poblaciones más vulnerables de la República Dominicana.

El convenio contempla el desarrollo de jornadas de documentación e identificación ciudadana para facilitar el acceso al derecho a la identidad, además de acciones orientadas al acompañamiento sociofamiliar y la inclusión social de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad.

Como parte de los compromisos asumidos, Supérate facilitará la articulación de Fejus con programas e iniciativas sociales impulsadas por la institución, canalizando referimientos de personas y familias para su evaluación y posible vinculación a servicios, programas y prestaciones sociales en materia de cuidados, formación, inclusión social y acompañamiento sociofamiliar conforme a los protocolos y criterios establecidos.

Además, coordinará, junto con las instituciones competentes y en articulación con la Fundación Equidad y Justicia Social, jornadas orientadas a facilitar el acceso al derecho a la identidad mediante procesos de documentación e identificación ciudadana. 

En el marco de este acuerdo, Fejus apoyará el desarrollo de acciones de sensibilización sobre la importancia del registro e identificación ciudadana y colaborará en los procesos de identificación y localización de hogares vulnerables, sirviendo como puente comunitario para fortalecer el impacto territorial de las acciones sociales desarrolladas por Supérate.

A la firma del acuerdo asistieron, por la fundación, la vicepresidenta Natalia Fernández; el coordinador de Operaciones y Logísticas, Carmito Peralta; el coordinador de Proyectos, Héctor Díaz; el consultor jurídico, Gilmer Martínez; así como parte del equipo técnico integrado por Fior de León y Alfy Lorenzo.

Por Supérate, participaron la subdirectora de Desarrollo Inclusivo, Carolina Alvarado; el subdirector de Operaciones, Juan Herrera; la directora de Acompañamiento Sociofamiliar, Jesica Croce; la directora Jurídica, Yadhira Núñez; la directora de Cuidados, Anabel Rivas; y la encargada de Coordinación Interinstitucional, Marina Hilario.

https://presidencia.gob.do/noticias/superate-y-fejus-firman-acuerdo-para-fortalecer-acciones-en-favor-de-poblaciones

Supérate

Programa Supérate

RD$150 millones y una señal de política: el crédito como dique contra la trampa del interés

La entrega de financiamiento de Promipyme en Santo Domingo Oeste no es solo un acto protocolar: es una declaración sobre el tipo de Estado que se construye cuando el dinero barato se convierte en herramienta de inclusión, productividad y dignidad económica.

Por Luis Orlando Díaz Vólquez

Hay anuncios que se consumen en el ciclo breve de la noticia, y hay otros que, por lo que revelan, merecen leerse como una señal de política pública. La entrega de RD$150 millones en créditos a 600 prestatarios en Santo Domingo Oeste, encabezada por Fabricio Gómez Mazara, pertenece a la segunda categoría: no se trata únicamente de desembolsar recursos, sino de fijar un mensaje de dirección en un país donde el acceso al capital define —para bien o para mal— la vida real de los pequeños negocios. En el relato de esta jornada hay un concepto central que debería ocupar el debate público: la estabilidad de la tasa como mecanismo de protección social y como acelerador de productividad.

Que un funcionario salga a decir “soliciten préstamos… no habrá aumento de tasa” tiene una carga que va más allá de la frase. En economías con alta informalidad, el precio del dinero se convierte en frontera invisible: de un lado, el crédito formal que permite crecer; del otro, el préstamo de esquina que termina devorando inventarios, márgenes y sueños. Por eso, sostener una tasa subsidiada no es un gesto populista si se gestiona con disciplina; es una inversión inteligente cuando reduce la dependencia de mecanismos usureros y empuja a la formalización. Esa lógica ha sido defendida por el propio Fabricio Gómez Mazara al comparar la tasa de Promipyme con el mercado y advertir del peligro del crédito informal. 

La discusión, sin embargo, no puede quedarse en el eslogan. Si el crédito es política pública, su pregunta esencial es doble: ¿a quién llega y para qué sirve? En la información compartida sobre la entrega en Santo Domingo Oeste, el dato del 69% destinado a mujeres apunta a una respuesta consistente con una tendencia que Promipyme ya había destacado en otras entregas: la inclusión financiera femenina no es un “adicional” de comunicación institucional, sino una apuesta por resiliencia económica. En un documento previo de la institución se subraya que orientar cartera hacia mujeres emprendedoras forma parte de la estrategia, resaltando incluso mejores niveles de pago aunque demanden montos más bajos, y se vincula ese enfoque con crecimiento y reducción de desigualdades. 

Esa decisión no es menor. En la microeconomía del barrio, el crédito a una mujer emprendedora suele transformarse con rapidez en bienestar doméstico, continuidad escolar, mejora de inventario y estabilidad del hogar; en la macroeconomía del territorio, se traduce en comercio vivo, empleo informal que empieza a formalizarse y un tejido productivo que no depende solo de grandes inversiones. El enfoque de “llevar financiamiento donde vive la gente” —atribución recurrente en los mensajes de Promipyme y del Gobierno— se sostiene precisamente en ese efecto multiplicador.

Ahora bien, la frase más decisiva del día no es la cifra del desembolso: es la insistencia en que la tasa “se mantendrá igual”. Ese compromiso coloca a Promipyme en el centro de un dilema clásico: si no compites contra el costo del dinero informal, no estás compitiendo de verdad. En una intervención reseñada por la prensa, Fabricio Gómez Mazara explicó con crudeza que el ecosistema de microcrédito compite con prestamistas informales capaces de cobrar tasas desproporcionadas, y defendió que Promipyme mantenga una tasa del 12% como tasa subsidiada orientada a sostener el tejido productivo. Esa misma idea aparece también en reportes que subrayan la decisión de mantener la tasa fija y la existencia de productos diseñados para facilitar acceso sin garantías tradicionales. 

Aquí es donde el editorial debe elevarse: mantener una tasa no es solo un anuncio; es un pacto de confianza. En el mundo del pequeño negocio, la previsibilidad importa tanto como el monto. Quien compra mercancía para revender, quien invierte en una máquina, quien amplía un local o sostiene una nómina pequeña, necesita una regla clara sobre cuánto costará financiarse. Si el costo del dinero cambia abruptamente, el emprendedor no “ajusta su portafolio”; recorta alimentos, paraliza inversiones o cae en el círculo del “gota a gota” con consecuencias devastadoras. La política pública del crédito, entonces, es también una política de salud social.

La propia narrativa institucional de Promipyme ha intentado colocar el crédito en esa dimensión, definiendo su rol como acompañamiento financiero y no financiero en todo el territorio nacional, con programas como “Tu Firma es Tu Garantía”, citado incluso por el presidente Luis Abinader como mecanismo para acceso más rápido y con tasas por debajo del mercado informal. No se trata de romantizar el préstamo, sino de entenderlo como herramienta: bien diseñada, abre puertas; mal gestionada, se vuelve un nuevo problema fiscal y moral. 

Por eso la entrega en Santo Domingo Oeste debe evaluarse con tres lentes. Primero, el lente de la inclusión: que el crédito llegue a quienes históricamente han sido expulsados del sistema formal por falta de garantías, historial o educación financiera, y que se haga con sentido territorial. Segundo, el lente de la productividad: que el dinero se convierta en inventario, tecnología, mejora de procesos y empleo, y no en consumo improductivo. Tercero, el lente de la sostenibilidad: que la institución preserve su salud de cartera, fortalezca evaluación de riesgo y refuerce su capacidad operativa, porque el crédito barato solo es virtuoso cuando es cobrable y replicable.

En ese punto, es relevante notar que Promipyme viene hablando de modernización interna y de herramientas que apuntan a una gestión más técnica: en una presentación institucional se mencionan líneas como fábrica de crédito, “score” crediticio, digitalización de servicios, migración tecnológica y la idea de publicar información de cartera con mayor acceso. Ese tipo de arquitectura importa, porque la sostenibilidad del microcrédito no se defiende con discursos, sino con datos: segmentación por riesgo, seguimiento, acompañamiento, educación financiera y un sistema que detecte a tiempo el sobreendeudamiento. 

Hay otro elemento de fondo que no conviene ignorar: la narrativa del Estado cercano. Las entregas de crédito, cuando se hacen bien, son más que un acto: son un recordatorio de que el crecimiento no se mide solo en grandes obras o cifras macro, sino en la capacidad de que una costurera compre una máquina, un colmado reponga inventario, un salón de belleza formalice su operación o un joven emprendedor salga de la precariedad. En otros municipios del Gran Santo Domingo se han comunicado entregas con montos similares, enfatizando que el financiamiento es “mano amiga” para comprar equipos, ampliar locales o generar empleos. Ese hilo discursivo, con sus matices, intenta reubicar el crédito como herramienta de dignidad económica. 

Pero para que el crédito sea dignidad y no dependencia, hay que decirlo sin maquillaje: el acceso debe ir acompañado de reglas y formación. Promipyme no puede ser una ventanilla de dinero fácil; debe ser una escalera hacia el sistema formal. En esa misma lógica, cuando la institución se presenta como primer peldaño de entrada al mercado financiero y subraya el trato humano y directo en la relación con el microempresario, está describiendo un modelo de intervención pública que, si se toma en serio, puede reducir la informalidad por la vía correcta: la de la oportunidad, no la de la persecución.

La frase “no habrá aumento de tasa” debería leerse, entonces, como un compromiso con el corazón del tejido productivo. Porque si el Estado quiere competir contra el prestamista, no basta con estar “un poco” por debajo; debe estar lo suficiente como para que el microempresario perciba una alternativa real y sostenible. Y ese diferencial, en la práctica, es lo que protege al emprendedor de la trampa de pagar intereses imposibles y de la cultura de endeudamiento perpetuo que destruye familias. La propia comunicación institucional de Promipyme ha usado comparaciones tajantes con el mercado informal en otras piezas, precisamente para marcar esa diferencia. 

Santo Domingo Oeste —como tantos territorios urbanos— vive el pulso de la economía real: comercio de proximidad, servicios, talleres, microproducción, emprendimientos nacientes. Allí, 600 préstamos no son 600 números: son 600 historias con capacidad de escalar o de quebrarse según el costo del capital y la calidad del acompañamiento. Que el acto se celebre en un espacio comunitario como el Polideportivo de Las Caobas refuerza un simbolismo: la política pública debe pisar el terreno, mirar a los ojos, entender la calle. Y cuando además se reconoce a estudiantes que exhiben proyectos e innovaciones, el mensaje se completa: crédito sin educación es corto plazo; crédito con formación es futuro.

El desafío ahora es sostener coherencia. Si el país quiere que las mipymes sigan siendo motor de empleo y base de estabilidad social, debe blindar instrumentos como Promipyme frente a improvisaciones, clientelismos y tentaciones de usar el crédito como propaganda. Lo que se necesita es lo contrario: reglas claras, expansión responsable, evaluación rigurosa, transparencia y una obsesión por medir impacto. En ese sentido, mantener la tasa —siempre que la cartera lo permita y la gobernanza lo garantice— puede convertirse en un acto de madurez institucional: un Estado que entiende que, para crecer, primero hay que hacer posible que el pequeño negocio respire.

Porque al final, RD$150 millones no son la historia. La historia es esta: cuando el crédito deja de ser privilegio y se convierte en oportunidad, el país se vuelve más productivo, más justo y menos vulnerable a la usura. Y esa, con toda claridad, es una señal de política que conviene escuchar.

#GuasábaraEditor

En el Polideportivo de Las Caobas, municipio Santo Domingo Oeste, durante la entrega de préstamos por RD$150 millones a 600 clientes. Del total, el 69% fue dirigido a negocios liderados por mujeres. Llevando el crédito donde están l@s microempresari@s. @PresidenciaRD @MIC_RD pic.twitter.com/u1XjN2tXQz

— fabriciogm13 (@Fabriciogm13) May 21, 2026

💼🇩🇴 Impulso real al emprendimiento en Santo Domingo Oeste@Promipyme_RD entregó RD$150 millones en créditos, beneficiando a 600 emprendedores y fortaleciendo el desarrollo económico local 🚀📈

👩‍💼✨ El 69 % de los créditos fue destinado a mujeres, reafirmando el compromiso con… pic.twitter.com/tJ22EbO9IQ

— Orlando Díaz, Luis (@LuisOrlandoDia1) May 21, 2026

Quiero decir lo siguiente a la opinión pública | Julio Hazim

Quiero decir lo siguiente a la opinión pública

Tras un riguroso sondeo y conversaciones directas que he sostenido con los sectores de poder que sostienen la economía nacional, entiéndase a los empresarios, industriales, comerciantes, intermediarios y productores, se me ha confirmado que existe un consenso unificado e irreversible. El bloque que genera la riqueza del país ha decidido cerrar el grifo financiero a la corrupción política.

La advertencia es formal y colectiva. Los ricos del país que son creadores de empleo y contribuyentes fiscales ya no tolerarán que lavadores de dinero, narcotraficantes, evasores o mafias del juego ilegal disfrazados de políticos pretendan llegar a la casa de gobierno, al congreso o a los ayuntamientos a administrar de forma espuria los impuestos que con tanto esfuerzo ellos pagan. Se acabó el miedo a represalias políticas; la gravedad de la situación actual exige determinación.

 Los sectores productivos no se cruzarán de brazos a ver el país hundirse. Conscientes de que atravesamos un profundo cambio geopolítico global para el cual la clase partidaria no está preparada debido a que están captadas por sus propios intereses, el empresariado asumirá un rol activo de fiscalización previa. No se optará por lanzar ni apoyar financieramente a candidaturas independientes; se mantendrán las estructuras de los partidos tradicionales, pero bajo condiciones drásticamente distintas.

A partir de este momento, cualquier aspirante a un cargo público, desde regidores y alcaldes hasta legisladores y candidatos presidenciales debe tener claro que no recibirá recursos, dinero ni ayuda alguna si no se somete a un compromiso de transparencia. Los candidatos tendrán que exponer con precisión qué van a hacer en el gobierno, y garantizar un quiebre absoluto con la criminalidad.

 Con esto, ya la clase política desde el cargo más pequeño al más grande debe entender que el financiamiento electoral en la República Dominicana ha dejado de ser un cheque en blanco. Los empresarios se han convertido en un filtro que garantice la institucionalidad del país.

Yo les recomiendo que preparen buenos equipos económicos y escriban que es lo que quieren hacer en la presidencia de la república. Aprovecho y exhorto a la población a que no comprometa su voto a favor de ningún político que no tenga un programa de gobierno, olvídese de las promesas y de lo que le dan, porque no podemos retroceder hacia Haití. Tenemos que mirar hacia un futuro de progreso para los dominicanos. El mundo está muy complicado, es momento de exigir a los políticos por resultados.

Julio Hazim

Accidentes de tránsito han cobrado 835 vidas en 2026

Seguridad vial

Accidentes de tránsito han cobrado 835 vidas en 2026

Intrant encabezó ayer la inauguración de encuentro de delegaciones internacionales para construir soluciones sobre desafíos actuales de la seguridad y cultura vial en la región

Milton Morrison, director ejecutivo Instituto de Transporte Terrestre.

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Ámbar Frías

21.05.2026 | 00:00

Actualizado:21.05.2026 | 00:00

En lo que va de este año 2026, al menos 835 personas han perdido la vida en República Dominicana a causa de accidentes de tránsito. Así lo dio a conocer la mañana de ayer el director del Instituto de Transporte Terrestre (Intrant), Milton Morrison durante el acto de apertura del VIII Encuentro Iberoamericano de Datos y Seguridad Vial (Oisevi), un espacio orientado al intercambio técnico y la cooperación regional en materia de seguridad vial.

Durante su intervención, Morrison manifestó su preocupación ante las cifras que posicionan al país entre una de las naciones con mayor índice de siniestralidad vial del mundo.

Indicó que aunque en 2025 se registró una reducción del 4 % en los accidentes de tránsito, aún así se contabilizaron más de 100 mil siniestros, con un saldo aproximado de 2,992 fallecidos.

“Las cifras nos obligan a actuar. Detrás de cada cifra hay algo más importante que un número: hay familias afectadas, sueños interrumpidos y vidas que se pudieron haber salvado”, expresó el funcionario.

Además, destacó la importancia de que República Dominicana sea sede de este encuentro internacional, que reúne a representantes de 14 países de la región con el objetivo de enfrentar de manera conjunta una problemática que, según afirmó, hace tiempo dejó de ser un desafío individual para convertirse en una responsabilidad compartida.

Como parte de las iniciativas impulsadas para mitigar los accidentes, Morrison destacó la promoción temprana de la educación vial mediante un acuerdo de cooperación con el Ministerio de Educación. Gracias a esta alianza cientos de jóvenes han completado sus 30 horas de labor social participando en programas de formación sobre cultura vial.

También se refirió a la creación de la normativa técnica sobre el estándar homologado de los cascos de protección personal, un recurso que prohíbe la importación de cascos no certificados y que busca disminuir la tasa de mortalidad que involucra motocicletas en un 70 %.

Igualmente, destacó la creación de la Mesa Gestora del Dato de Seguridad Vial, integrada por 14 instituciones dominicanas, orientada a integrar y estandarizar la información sobre siniestralidad vial para apoyar decisiones más precisas y coordinadas mediante datos compartidos.

El País

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Comisión Nacional Rectora resalta resultados en sexta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente

Educación

Comisión Nacional Rectora resalta resultados en sexta etapa de la Evaluación de Desempeño Docente

Esta etapa alcanzó un avance de 55 % con 42,897 docentes evaluados, de un total de 78,464.

20 de Mayo 2026 | 13:23 

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Santo Domingo.- La Comisión Nacional Rectora de la Evaluación de Desempeño Docente (EDD) informó que la mayoría de los docentes evaluados hasta el momento en la sexta etapa del proceso ha obtenido calificaciones ubicadas en los rangos superiores de desempeño, lo que refleja fortalezas significativas en la práctica pedagógica observada en las aulas.

De acuerdo con los datos preliminares consolidados, de un total de 42,897 docentes evaluados hasta la fecha en esta sexta etapa, el 83.5 % alcanzó puntuaciones de 36 puntos o más en la observación de clases y revisión de la planificación, componente que representa el 50 % de la puntuación global del proceso evaluativo.

La data indica que 19,464 docentes, equivalentes al 45.4 %, obtuvieron calificaciones superiores a los 45 puntos, constituyéndose en el grupo más numeroso del proceso evaluativo realizado hasta ahora. Asimismo, 16,344 docentes, equivalente al 38.1 %, se ubicaron entre los 36 y 45 puntos, lo que ha evidenciado niveles consistentes de desempeño en la ejecución de la práctica educativa.

En tanto, 6,720 docentes, que equivale al 15.7 %, alcanzaron puntuaciones entre 21 y 35 puntos, mientras que solo un 0.9 % de los evaluados en esta sexta etapa, correspondiente a 369 docentes, obtuvo entre 0 y 20 puntos.

 La Comisión recordó que al día de ayer martes la sexta etapa de la evaluación alcanzó un avance operativo del 55 %, y recordó que los resultados continúan divulgándose en un plazo máximo de 72 horas conforme avanza el proceso.

La fase de observación de clases, que se desarrolla actualmente en la tercera de las cinco semanas previstas y procura impactar a 78,464 docentes, permite valorar directamente el desempeño docente mediante evidencias relacionadas con la planificación, el desarrollo de la enseñanza y la interacción pedagógica en condiciones habituales del aula.

La Comisión Nacional Rectora reiteró que la Evaluación de Desempeño Docente tiene como propósito fortalecer la calidad educativa, promover la mejora continua del sistema y reconocer las competencias profesionales del personal docente.

 Asimismo, exhortó a la ciudadanía y al personal educativo a mantenerse atentos únicamente a las informaciones oficiales emitidas por los canales institucionales, a fin de evitar interpretaciones erróneas o descontextualizadas sobre el desarrollo del proceso evaluativo.

La Comisión Nacional Rectora está integrada por el Ministerio de Educación, la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) y la Asociación Nacional de Profesionales y Técnicos de la Educación (ANPROTED).

MINERD

Presidente Abinader y ministro Collado inauguran segunda etapa del Malecón de Santo Domingo Este

Infraestructuras

Presidente Abinader y ministro Collado inauguran segunda etapa del Malecón de Santo Domingo Este

La obra tiene un gran impacto económico en el comercio de la zona.

20 de Mayo 2026 | 19:06

Santo Domingo Este.- El presidente Luis Abinader y el ministro de Turismo, David Collado, inauguraron este miércoles la segunda etapa de la reconstrucción del Malecón de Santo Domingo Este, intervenido con una inversión de RD 314,411,200.

Con esa segunda etapa se concluye la intervención total del malecón de ese pujante municipio, que requirió una inversión total de RD 685,261,126.

El proyecto consiste en proveer un espacio de esparcimiento en todo el litoral marino de la avenida España, comprendido desde las instalaciones de la Base Naval Dominicana hasta la autopista Las Américas, con una longitud total de 4.1 kilómetros del litoral, más de 237,734 metros cuadrados de parque natural.

 El presidente Luis Abinader destacó el impacto de las intervenciones y aseguró que este malecón se convertirá en un escenario ideal para la recreación de los residentes de Santo Domingo Este y turistas.

Asimismo, el mandatario llamó a los munícipes a cuidar el nuevo malecón, tras calificarlo como algo maravilloso.

El presidente Abinader describió el crecimiento económico y el dinamismo que se registra en el municipio de Santo Domingo Este.

El ministro Collado dijo que esta intervención es parte del programa que ejecuta el Mitur de recuperar los malecones y frente marinos.

“Aquí estamos, junto al presidente Luis Abinader, entregando la segunda etapa del rescate de este hermoso malecón. Cumpliendo con nuestra promesa a Santo Domingo Este”, manifestó el ministro Collado.

Afirmó que esa obra es parte del amplio programa de recuperación de malecones que lleva a cabo el Ministerio de Turismo en distintos puntos del país.

“Es tiempo de que dejemos de vivir de espalda al mar. Debemos aprovechar estos espacios marinos para beneficio de los residentes de nuestras comunidades y los turistas que lo visitan”, indicó el funcionario.

La intervención completa del Malecón de Santo Domingo Este estuvo dividido en dos etapas que incluyen: la construcción urbanística de aceras-ciclovía en el sentido sur, construcción de caminos internos, acondicionamientos de isletas centrales.

La obra también incluye ampliaciones e instalaciones de 11 áreas de estacionamientos, construcciones de 8 micro acentos (áreas de plaza recreativas), confecciones de mobiliarios urbanos, paisajismo, instalaciones sanitarias (drenajes pluviales) e instalaciones eléctricas exterior.

Además del presidente Abinader y el ministro Collado, en el acto de inauguración estuvieron presentes autoridades municipales y provinciales, así como otros funcionarios y personalidades del país.

DIPP

Infraestructura

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PROMIPYME presenta estudio que transparenta el costo real del microcrédito y fortalece el financiamiento a las Mipymes

PROMIPYME presenta estudio que transparenta el costo real del microcrédito y fortalece el financiamiento a las Mipymes

La investigación, presentada por el director de PROMIPYME, Fabricio Gómez Mazara, propone una metodología técnica para calcular tasas de interés de forma objetiva, sostenible y basada en riesgo, permitiendo medir con precisión el subsidio social que sostiene el acceso al crédito de miles de micro y pequeños emprendedores dominicanos.

20 de mayo de 2026

Santo Domingo, República Dominicana. - PROMIPYME presentó este miércoles un estudio técnico que propone una nueva metodología para determinar las tasas de interés del microcrédito en República Dominicana, basada en criterios objetivos de sostenibilidad financiera, riesgo y costo estructural del capital, con el propósito de fortalecer el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) sin comprometer la función social de la institución. 

La investigación, titulada “Tasa natural y precios del microcrédito: Un mecanismo de no arbitraje para instituciones sin captación de depósitos”, fue presentada durante un desayuno empresarial encabezado por el director general de PROMIPYME, Fabricio Gómez Mazara, en el Hotel Embajador, ante representantes del sector financiero, empresarial y actores vinculados al ecosistema de las Mipymes.

El estudio plantea que el modelo actual de tasas uniformes aplicado al microcrédito genera distorsiones económicas que terminan afectando tanto la sostenibilidad de las instituciones financieras públicas como la capacidad de ampliar el financiamiento hacia los sectores más vulnerables.

Actualmente, PROMIPYME otorga financiamiento a una tasa fija anual de 12% para todos sus clientes, independientemente de su perfil de riesgo. Sin embargo, la investigación concluye que este esquema implica subsidios implícitos que no están cuantificados ni transparentados, debido a que clientes de menor riesgo terminan compensando parte de las pérdidas asociadas a segmentos con mayores probabilidades de incumplimiento. 

Fortaleciendo la transparencia

Durante su intervención, Gómez Mazara explicó que el objetivo del estudio no es aumentar las tasas de interés, sino crear una metodología técnica que permita medir con precisión el costo real del microcrédito y transparentar el esfuerzo financiero que realiza el Estado para sostener políticas de inclusión económica.

“El principal aporte de este estudio es que convierte el subsidio implícito en un dato medible, visible y gestionable. Eso fortalece la transparencia institucional y permite diseñar políticas públicas más eficientes para apoyar a las Mipymes”, sostuvo.

La investigación identifica un problema estructural en el mercado financiero dominicano: gran parte del ahorro y del crédito todavía opera fuera del sistema formal. Según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera (ENIEF 2023), el 62% del ahorro y el 72% del crédito circulan por vías informales. Esa realidad reduce la disponibilidad de capital formal y eleva naturalmente el costo del dinero en la economía. 

Para enfrentar ese desafío, el estudio incorpora el concepto de “tasa natural de interés”, un indicador económico que estima el costo estructural y de largo plazo del capital en condiciones de equilibrio económico. A partir de esa referencia, el modelo agrega variables asociadas al riesgo del prestatario, inflación y costos operativos, permitiendo calcular tasas técnicas diferenciadas según cada segmento crediticio.

Mejor planificación financiera

Los resultados muestran que, al cierre del tercer trimestre de 2025, un prestatario de bajo riesgo requeriría una tasa técnica aproximada de 15.6%, mientras que segmentos de mayor riesgo necesitarían tasas de 20.7% y 28.5%, respectivamente. Bajo el esquema actual de PROMIPYME, la diferencia entre esas tasas y el 12% aplicado representa un subsidio social que oscila entre 3.6 y 16.5 puntos porcentuales, dependiendo del perfil del cliente. 

El documento también destaca que las tasas internacionales de sostenibilidad para instituciones microfinancieras suelen ubicarse entre 24% y 26% anual, de acuerdo con referencias técnicas internacionales citadas en la investigación. 

La propuesta metodológica contempla actualizaciones trimestrales dentro de límites regulatorios predefinidos, con el objetivo de evitar fluctuaciones abruptas para los usuarios y preservar la estabilidad del financiamiento productivo.

PROMIPYME considera que esta herramienta permitirá fortalecer la planificación financiera de la institución, sustentar futuras solicitudes de capitalización pública y diseñar subsidios focalizados de manera más transparente y eficiente.

El estudio concluye que una política de microcrédito sostenible requiere reconocer explícitamente el costo de la inclusión financiera, especialmente en economías donde amplios segmentos productivos aún dependen de mecanismos informales de financiamiento.

Con esta iniciativa, PROMIPYME busca consolidar un modelo de financiamiento más técnico, transparente y sostenible, orientado a garantizar que las Mipymes continúen teniendo acceso al crédito como instrumento de crecimiento, formalización y movilidad económica.

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Microcrédito sin sombras: cuando el subsidio se mide y la inclusión se gobierna

Un estudio presentado por Fabricio Gómez Mazara convierte en dato lo que antes era intuición: el coste real del dinero para los pequeños, el riesgo que se asume y el esfuerzo público que sostiene —sin estridencias— la movilidad económica.

En un país donde la microempresa no es un nicho sino un cimiento, la noticia de que PROMIPYME ha puesto sobre la mesa una metodología para estimar de forma objetiva el precio del microcrédito marca algo más que un avance técnico: es un gesto de madurez institucional. Lo presentado este 20 de mayo de 2026 —en un desayuno empresarial en el Hotel Embajador, bajo el título “Tasa natural y precios del microcrédito: Un mecanismo de no arbitraje para instituciones sin captación de depósitos”— propone calcular tasas a partir de criterios de sostenibilidad financiera, riesgo y coste estructural del capital, sin renunciar a la función social del crédito público. 

La sola elección de palabras importa. “No arbitraje” sugiere una ambición rara en la política pública: que el diseño de tasas no dependa del impulso, de la presión coyuntural o del relato de turno, sino de reglas que permitan explicar, defender y auditar decisiones. Y eso es, en esencia, gobernar: sustituir el ruido por un método. En economías donde el microcrédito compite con el prestamista informal —rápido, caro y opaco— el Estado suele quedar atrapado entre dos tentaciones: subsidiar sin medir (hasta que la sostenibilidad revienta) o “normalizar” al precio de mercado (hasta que los vulnerables quedan fuera). Lo relevante aquí es que el estudio intenta desmontar ese falso dilema: no propone “subir tasas”, propone saber cuánto cuesta incluir y cómo se distribuye ese coste.

El diagnóstico inicial es incómodo y, por eso mismo, útil. Con una tasa fija anual del 12% aplicada a todos los clientes, independientemente del perfil de riesgo, PROMIPYME reconoce —vía evidencia— que el esquema puede generar distorsiones: subsidios implícitos no cuantificados ni transparentados, y cruces internos donde clientes de menor riesgo terminan compensando pérdidas asociadas a segmentos con mayor probabilidad de incumplimiento. La virtud del estudio no está en denunciar esa realidad, sino en convertirla en algo visible y, por tanto, gestionable. Cuando el subsidio es un efecto colateral, la política pública se vuelve vulnerable: o se recorta a ciegas o se defiende a gritos. Cuando el subsidio se mide, se puede proteger con argumentos y mejorar con precisión. 

La frase central atribuida a Fabricio Gómez Mazara resume el giro cultural que una institución así necesita: “convierte el subsidio implícito en un dato medible, visible y gestionable”. Esa idea, que parece menor, es una ruptura con la tradición de la opacidad “bien intencionada” que a veces acompaña a los programas sociales. No hay inclusión sostenible si el coste de incluir no cabe en un tablero de control. No hay justicia distributiva si nadie puede señalar —con números— quién recibe cuánto, por qué y con qué resultados. Lo que se transparenta no es un capricho tecnocrático: es el sacrificio fiscal y financiero que hace el Estado para que miles de micro y pequeños emprendedores no queden condenados al circuito informal. 

El estudio acierta también al conectar el precio del microcrédito con una falla estructural de nuestra intermediación: una parte grande del ahorro y del crédito circula fuera del sistema formal. La investigación cita la ENIEF 2023 para sostener que el 62% del ahorro y el 72% del crédito operan por vías informales, un dato que explica por qué el coste del dinero se encarece y por qué la inclusión financiera no se logra por decreto. En paralelo, el propio diseño y alcance de la ENIEF —levantada en 5.600 viviendas y con cobertura nacional— refuerza que no hablamos de una percepción aislada, sino de un retrato estadístico robusto sobre cómo los hogares se relacionan con productos financieros y con la informalidad. 

Aquí aparece el concepto más potente —y quizá más malentendido— del documento: la “tasa natural de interés”, entendida como un indicador que aproxima el coste estructural y de largo plazo del capital en equilibrio. A partir de esa referencia, el modelo incorpora variables de riesgo del prestatario, inflación y costes operativos para obtener tasas técnicas diferenciadas por segmento. La implicación es profunda: el precio del crédito no es un número moral (bueno/malo), sino una síntesis de riesgos, costes y escaseces. Pretender que sea idéntico para todos puede parecer igualitario, pero a menudo oculta desigualdades de fondo: los riesgos no desaparecen; solo se redistribuyen de forma silenciosa y, a veces, regresiva. 

Los resultados del ejercicio —situados por la propia investigación al cierre del tercer trimestre de 2025— muestran la magnitud de lo que estaba ocurriendo en la penumbra. Para un prestatario de bajo riesgo, la tasa técnica se estimaría alrededor del 15,6%; para segmentos de mayor riesgo, en torno al 20,7% y hasta el 28,5%. Bajo el 12% fijo, la diferencia se interpreta como subsidio social: entre 3,6 y 16,5 puntos porcentuales, dependiendo del perfil del cliente. Dicho con claridad: el Estado ya estaba subsidiando, solo que lo hacía sin contabilidad explícita y, por tanto, sin capacidad plena para evaluar si subsidia a los correctos, en el monto correcto y con el diseño correcto. 

Hay otro elemento que merece atención: el estudio compara esas tasas técnicas con referencias internacionales de sostenibilidad microfinanciera (en el rango del 24%–26% anual) y propone actualizaciones trimestrales dentro de límites regulatorios, para evitar saltos abruptos al usuario y preservar estabilidad. Este punto es crucial porque desmonta una caricatura común: medir el coste real no es sinónimo de trasladarlo íntegramente al cliente. Medir es decidir mejor. De hecho, la combinación “ajustes acotados + periodicidad previsible” se parece más a un pacto de confianza que a un tarifazo: le dice al microempresario que no será víctima de arbitrariedades, y le dice al contribuyente que el subsidio no será un agujero sin fondo.

Ahora bien, el método solo se convierte en transformación si se inserta en una estrategia institucional coherente. Y ahí aparece un hilo que conecta lo presentado hoy con señales anteriores de modernización. En el archivo interno Encuentro Editores Economicos - Promipyme (1) —atribuido a Luis Orlando Diaz Volquez— se describe, ya en 2024, una apuesta por innovación tecnológica, migración a plataforma Microsoft 365, “Fábrica de Crédito/Score Crediticio”, big data y buró de crédito, además de “informaciones de cartera de crédito por primera vez con acceso público”. Ese énfasis en datos y trazabilidad encaja con el espíritu del estudio: no se puede hablar seriamente de riesgo, subsidio y sostenibilidad si el sistema no es capaz de medir bien, segmentar bien y rendir cuentas con claridad. [Encuentro...mipyme (1) | PowerPoint]

También en el plano público, la conversación sobre el rol de PROMIPYME como amortiguador productivo en un entorno de crédito caro ha ido ganando evidencia. Por ejemplo, se ha reportado que la institución cerró 2024–2025 con una expansión de cartera del 30,6% hasta un saldo de RD$11.248 millones y canalizó RD$14.874 millones en financiamiento directo en los últimos 24 meses, en un contexto de políticas monetarias restrictivas. Y desde la propia web institucional se ha comunicado que, en los últimos dos años, PROMIPYME ha canalizado más de RD$16.600 millones, con una cartera activa de RD$11.352 millones en un corte referido “al 31 del mes pasado”, y con un enfoque de inclusión donde el 64% de clientes serían mujeres. Son datos que, más allá de la cifra, apuntan a una dirección: si la institución crece, se expande territorialmente y profundiza su cartera, la exigencia de metodologías técnicas deja de ser opcional y se vuelve obligación. 

Este es el punto donde el editorial debe ser incómodo con cariño: el microcrédito no puede seguir siendo evaluado únicamente por su tasa nominal. La pregunta correcta es triple: ¿a quién llega?, ¿qué riesgo asume para llegar?, ¿y cómo se financia ese riesgo sin convertir el programa en una máquina de pérdidas o, peor, en un instrumento discrecional? La metodología de “tasa natural + riesgo + costes” permite, al menos, ordenar esa conversación. Y, sobre todo, obliga a sincerar el debate fiscal: si el subsidio es parte del contrato social —y lo es cuando se busca movilidad económica— entonces debe aparecer como política explícita, no como subproducto oculto de una tasa uniforme.

Hay una dimensión ética que suele perderse cuando la discusión se reduce a porcentajes: el crédito informal no es solo caro; es una arquitectura de dominación. En la práctica, impone urgencia, castiga la falta de garantías, penaliza la pobreza con sobreprecio y convierte cualquier shock (salud, alquiler, inventario) en una trampa de refinanciación. Frente a eso, el crédito público no se justifica por ser “más barato” sin más, sino por ser más humano: por ofrecer reglas claras, acompañamiento, canales formales y posibilidad de historial financiero. Cuando PROMIPYME plantea medir el subsidio, en realidad está defendiendo la continuidad de esa humanidad con disciplina de Estado: que la compasión no dependa del desorden, sino de la evidencia.

No es casual, además, que el debate ocurra en un país donde las mipymes son descritas como el 96% del tejido productivo, una afirmación citada en entrevistas y reportajes sobre la institución y su director. Si ese sector es la base, entonces el microcrédito es infraestructura económica, no “programa asistencial”. Y toda infraestructura exige mantenimiento: gobernanza, medición, evaluación y correcciones. La transparencia del coste real del microcrédito no desvirtúa su misión social; la blinda. Porque lo que no se mide queda a merced del prejuicio: hoy se aplaude, mañana se recorta, pasado se politiza. Lo medible, en cambio, puede sostenerse en el tiempo, mejorar con evidencia y rendir cuentas sin miedo. 

Por eso, la noticia del estudio no debería leerse como una discusión de tecnócratas, sino como una lección democrática: la inclusión financiera es una política pública con precio, y el primer paso para pagarla bien es saber cuánto cuesta. En esa transición —del subsidio en sombra al subsidio como dato— hay una promesa de mejor Estado: uno capaz de ser solidario sin ser ciego, y eficiente sin ser cruel. Y si ese equilibrio parece difícil, conviene recordar que lo verdaderamente inviable no es medir el subsidio, sino seguir subsidiando sin saberlo.

Luis Orlando Diaz Volquez | #GuasábaraEditor

Referencias consultadas (enlace informativo): Noticias SIN: “PROMIPYME presenta estudio que transparenta el costo real del microcrédito…” · Informe ENIEF 2023 (Banco Central) · Resumen Ejecutivo ENIEF 2023 · Hoy Digital: “Cartera crédito Promypyme crece 30.6%…” · Promipyme: “Promipyme fortalece el acceso al crédito formal…”