PROMIPYME presenta estudio que transparenta el costo real del microcrédito y fortalece el financiamiento a las Mipymes

PROMIPYME presenta estudio que transparenta el costo real del microcrédito y fortalece el financiamiento a las Mipymes

La investigación, presentada por el director de PROMIPYME, Fabricio Gómez Mazara, propone una metodología técnica para calcular tasas de interés de forma objetiva, sostenible y basada en riesgo, permitiendo medir con precisión el subsidio social que sostiene el acceso al crédito de miles de micro y pequeños emprendedores dominicanos.

20 de mayo de 2026

Santo Domingo, República Dominicana. - PROMIPYME presentó este miércoles un estudio técnico que propone una nueva metodología para determinar las tasas de interés del microcrédito en República Dominicana, basada en criterios objetivos de sostenibilidad financiera, riesgo y costo estructural del capital, con el propósito de fortalecer el acceso al financiamiento de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) sin comprometer la función social de la institución. 

La investigación, titulada “Tasa natural y precios del microcrédito: Un mecanismo de no arbitraje para instituciones sin captación de depósitos”, fue presentada durante un desayuno empresarial encabezado por el director general de PROMIPYME, Fabricio Gómez Mazara, en el Hotel Embajador, ante representantes del sector financiero, empresarial y actores vinculados al ecosistema de las Mipymes.

El estudio plantea que el modelo actual de tasas uniformes aplicado al microcrédito genera distorsiones económicas que terminan afectando tanto la sostenibilidad de las instituciones financieras públicas como la capacidad de ampliar el financiamiento hacia los sectores más vulnerables.

Actualmente, PROMIPYME otorga financiamiento a una tasa fija anual de 12% para todos sus clientes, independientemente de su perfil de riesgo. Sin embargo, la investigación concluye que este esquema implica subsidios implícitos que no están cuantificados ni transparentados, debido a que clientes de menor riesgo terminan compensando parte de las pérdidas asociadas a segmentos con mayores probabilidades de incumplimiento. 

Fortaleciendo la transparencia

Durante su intervención, Gómez Mazara explicó que el objetivo del estudio no es aumentar las tasas de interés, sino crear una metodología técnica que permita medir con precisión el costo real del microcrédito y transparentar el esfuerzo financiero que realiza el Estado para sostener políticas de inclusión económica.

“El principal aporte de este estudio es que convierte el subsidio implícito en un dato medible, visible y gestionable. Eso fortalece la transparencia institucional y permite diseñar políticas públicas más eficientes para apoyar a las Mipymes”, sostuvo.

La investigación identifica un problema estructural en el mercado financiero dominicano: gran parte del ahorro y del crédito todavía opera fuera del sistema formal. Según datos de la Encuesta Nacional de Inclusión y Educación Financiera (ENIEF 2023), el 62% del ahorro y el 72% del crédito circulan por vías informales. Esa realidad reduce la disponibilidad de capital formal y eleva naturalmente el costo del dinero en la economía. 

Para enfrentar ese desafío, el estudio incorpora el concepto de “tasa natural de interés”, un indicador económico que estima el costo estructural y de largo plazo del capital en condiciones de equilibrio económico. A partir de esa referencia, el modelo agrega variables asociadas al riesgo del prestatario, inflación y costos operativos, permitiendo calcular tasas técnicas diferenciadas según cada segmento crediticio.

Mejor planificación financiera

Los resultados muestran que, al cierre del tercer trimestre de 2025, un prestatario de bajo riesgo requeriría una tasa técnica aproximada de 15.6%, mientras que segmentos de mayor riesgo necesitarían tasas de 20.7% y 28.5%, respectivamente. Bajo el esquema actual de PROMIPYME, la diferencia entre esas tasas y el 12% aplicado representa un subsidio social que oscila entre 3.6 y 16.5 puntos porcentuales, dependiendo del perfil del cliente. 

El documento también destaca que las tasas internacionales de sostenibilidad para instituciones microfinancieras suelen ubicarse entre 24% y 26% anual, de acuerdo con referencias técnicas internacionales citadas en la investigación. 

La propuesta metodológica contempla actualizaciones trimestrales dentro de límites regulatorios predefinidos, con el objetivo de evitar fluctuaciones abruptas para los usuarios y preservar la estabilidad del financiamiento productivo.

PROMIPYME considera que esta herramienta permitirá fortalecer la planificación financiera de la institución, sustentar futuras solicitudes de capitalización pública y diseñar subsidios focalizados de manera más transparente y eficiente.

El estudio concluye que una política de microcrédito sostenible requiere reconocer explícitamente el costo de la inclusión financiera, especialmente en economías donde amplios segmentos productivos aún dependen de mecanismos informales de financiamiento.

Con esta iniciativa, PROMIPYME busca consolidar un modelo de financiamiento más técnico, transparente y sostenible, orientado a garantizar que las Mipymes continúen teniendo acceso al crédito como instrumento de crecimiento, formalización y movilidad económica.

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Microcrédito sin sombras: cuando el subsidio se mide y la inclusión se gobierna

Un estudio presentado por Fabricio Gómez Mazara convierte en dato lo que antes era intuición: el coste real del dinero para los pequeños, el riesgo que se asume y el esfuerzo público que sostiene —sin estridencias— la movilidad económica.

En un país donde la microempresa no es un nicho sino un cimiento, la noticia de que PROMIPYME ha puesto sobre la mesa una metodología para estimar de forma objetiva el precio del microcrédito marca algo más que un avance técnico: es un gesto de madurez institucional. Lo presentado este 20 de mayo de 2026 —en un desayuno empresarial en el Hotel Embajador, bajo el título “Tasa natural y precios del microcrédito: Un mecanismo de no arbitraje para instituciones sin captación de depósitos”— propone calcular tasas a partir de criterios de sostenibilidad financiera, riesgo y coste estructural del capital, sin renunciar a la función social del crédito público. 

La sola elección de palabras importa. “No arbitraje” sugiere una ambición rara en la política pública: que el diseño de tasas no dependa del impulso, de la presión coyuntural o del relato de turno, sino de reglas que permitan explicar, defender y auditar decisiones. Y eso es, en esencia, gobernar: sustituir el ruido por un método. En economías donde el microcrédito compite con el prestamista informal —rápido, caro y opaco— el Estado suele quedar atrapado entre dos tentaciones: subsidiar sin medir (hasta que la sostenibilidad revienta) o “normalizar” al precio de mercado (hasta que los vulnerables quedan fuera). Lo relevante aquí es que el estudio intenta desmontar ese falso dilema: no propone “subir tasas”, propone saber cuánto cuesta incluir y cómo se distribuye ese coste.

El diagnóstico inicial es incómodo y, por eso mismo, útil. Con una tasa fija anual del 12% aplicada a todos los clientes, independientemente del perfil de riesgo, PROMIPYME reconoce —vía evidencia— que el esquema puede generar distorsiones: subsidios implícitos no cuantificados ni transparentados, y cruces internos donde clientes de menor riesgo terminan compensando pérdidas asociadas a segmentos con mayor probabilidad de incumplimiento. La virtud del estudio no está en denunciar esa realidad, sino en convertirla en algo visible y, por tanto, gestionable. Cuando el subsidio es un efecto colateral, la política pública se vuelve vulnerable: o se recorta a ciegas o se defiende a gritos. Cuando el subsidio se mide, se puede proteger con argumentos y mejorar con precisión. 

La frase central atribuida a Fabricio Gómez Mazara resume el giro cultural que una institución así necesita: “convierte el subsidio implícito en un dato medible, visible y gestionable”. Esa idea, que parece menor, es una ruptura con la tradición de la opacidad “bien intencionada” que a veces acompaña a los programas sociales. No hay inclusión sostenible si el coste de incluir no cabe en un tablero de control. No hay justicia distributiva si nadie puede señalar —con números— quién recibe cuánto, por qué y con qué resultados. Lo que se transparenta no es un capricho tecnocrático: es el sacrificio fiscal y financiero que hace el Estado para que miles de micro y pequeños emprendedores no queden condenados al circuito informal. 

El estudio acierta también al conectar el precio del microcrédito con una falla estructural de nuestra intermediación: una parte grande del ahorro y del crédito circula fuera del sistema formal. La investigación cita la ENIEF 2023 para sostener que el 62% del ahorro y el 72% del crédito operan por vías informales, un dato que explica por qué el coste del dinero se encarece y por qué la inclusión financiera no se logra por decreto. En paralelo, el propio diseño y alcance de la ENIEF —levantada en 5.600 viviendas y con cobertura nacional— refuerza que no hablamos de una percepción aislada, sino de un retrato estadístico robusto sobre cómo los hogares se relacionan con productos financieros y con la informalidad. 

Aquí aparece el concepto más potente —y quizá más malentendido— del documento: la “tasa natural de interés”, entendida como un indicador que aproxima el coste estructural y de largo plazo del capital en equilibrio. A partir de esa referencia, el modelo incorpora variables de riesgo del prestatario, inflación y costes operativos para obtener tasas técnicas diferenciadas por segmento. La implicación es profunda: el precio del crédito no es un número moral (bueno/malo), sino una síntesis de riesgos, costes y escaseces. Pretender que sea idéntico para todos puede parecer igualitario, pero a menudo oculta desigualdades de fondo: los riesgos no desaparecen; solo se redistribuyen de forma silenciosa y, a veces, regresiva. 

Los resultados del ejercicio —situados por la propia investigación al cierre del tercer trimestre de 2025— muestran la magnitud de lo que estaba ocurriendo en la penumbra. Para un prestatario de bajo riesgo, la tasa técnica se estimaría alrededor del 15,6%; para segmentos de mayor riesgo, en torno al 20,7% y hasta el 28,5%. Bajo el 12% fijo, la diferencia se interpreta como subsidio social: entre 3,6 y 16,5 puntos porcentuales, dependiendo del perfil del cliente. Dicho con claridad: el Estado ya estaba subsidiando, solo que lo hacía sin contabilidad explícita y, por tanto, sin capacidad plena para evaluar si subsidia a los correctos, en el monto correcto y con el diseño correcto. 

Hay otro elemento que merece atención: el estudio compara esas tasas técnicas con referencias internacionales de sostenibilidad microfinanciera (en el rango del 24%–26% anual) y propone actualizaciones trimestrales dentro de límites regulatorios, para evitar saltos abruptos al usuario y preservar estabilidad. Este punto es crucial porque desmonta una caricatura común: medir el coste real no es sinónimo de trasladarlo íntegramente al cliente. Medir es decidir mejor. De hecho, la combinación “ajustes acotados + periodicidad previsible” se parece más a un pacto de confianza que a un tarifazo: le dice al microempresario que no será víctima de arbitrariedades, y le dice al contribuyente que el subsidio no será un agujero sin fondo.

Ahora bien, el método solo se convierte en transformación si se inserta en una estrategia institucional coherente. Y ahí aparece un hilo que conecta lo presentado hoy con señales anteriores de modernización. En el archivo interno Encuentro Editores Economicos - Promipyme (1) —atribuido a Luis Orlando Diaz Volquez— se describe, ya en 2024, una apuesta por innovación tecnológica, migración a plataforma Microsoft 365, “Fábrica de Crédito/Score Crediticio”, big data y buró de crédito, además de “informaciones de cartera de crédito por primera vez con acceso público”. Ese énfasis en datos y trazabilidad encaja con el espíritu del estudio: no se puede hablar seriamente de riesgo, subsidio y sostenibilidad si el sistema no es capaz de medir bien, segmentar bien y rendir cuentas con claridad. [Encuentro...mipyme (1) | PowerPoint]

También en el plano público, la conversación sobre el rol de PROMIPYME como amortiguador productivo en un entorno de crédito caro ha ido ganando evidencia. Por ejemplo, se ha reportado que la institución cerró 2024–2025 con una expansión de cartera del 30,6% hasta un saldo de RD$11.248 millones y canalizó RD$14.874 millones en financiamiento directo en los últimos 24 meses, en un contexto de políticas monetarias restrictivas. Y desde la propia web institucional se ha comunicado que, en los últimos dos años, PROMIPYME ha canalizado más de RD$16.600 millones, con una cartera activa de RD$11.352 millones en un corte referido “al 31 del mes pasado”, y con un enfoque de inclusión donde el 64% de clientes serían mujeres. Son datos que, más allá de la cifra, apuntan a una dirección: si la institución crece, se expande territorialmente y profundiza su cartera, la exigencia de metodologías técnicas deja de ser opcional y se vuelve obligación. 

Este es el punto donde el editorial debe ser incómodo con cariño: el microcrédito no puede seguir siendo evaluado únicamente por su tasa nominal. La pregunta correcta es triple: ¿a quién llega?, ¿qué riesgo asume para llegar?, ¿y cómo se financia ese riesgo sin convertir el programa en una máquina de pérdidas o, peor, en un instrumento discrecional? La metodología de “tasa natural + riesgo + costes” permite, al menos, ordenar esa conversación. Y, sobre todo, obliga a sincerar el debate fiscal: si el subsidio es parte del contrato social —y lo es cuando se busca movilidad económica— entonces debe aparecer como política explícita, no como subproducto oculto de una tasa uniforme.

Hay una dimensión ética que suele perderse cuando la discusión se reduce a porcentajes: el crédito informal no es solo caro; es una arquitectura de dominación. En la práctica, impone urgencia, castiga la falta de garantías, penaliza la pobreza con sobreprecio y convierte cualquier shock (salud, alquiler, inventario) en una trampa de refinanciación. Frente a eso, el crédito público no se justifica por ser “más barato” sin más, sino por ser más humano: por ofrecer reglas claras, acompañamiento, canales formales y posibilidad de historial financiero. Cuando PROMIPYME plantea medir el subsidio, en realidad está defendiendo la continuidad de esa humanidad con disciplina de Estado: que la compasión no dependa del desorden, sino de la evidencia.

No es casual, además, que el debate ocurra en un país donde las mipymes son descritas como el 96% del tejido productivo, una afirmación citada en entrevistas y reportajes sobre la institución y su director. Si ese sector es la base, entonces el microcrédito es infraestructura económica, no “programa asistencial”. Y toda infraestructura exige mantenimiento: gobernanza, medición, evaluación y correcciones. La transparencia del coste real del microcrédito no desvirtúa su misión social; la blinda. Porque lo que no se mide queda a merced del prejuicio: hoy se aplaude, mañana se recorta, pasado se politiza. Lo medible, en cambio, puede sostenerse en el tiempo, mejorar con evidencia y rendir cuentas sin miedo. 

Por eso, la noticia del estudio no debería leerse como una discusión de tecnócratas, sino como una lección democrática: la inclusión financiera es una política pública con precio, y el primer paso para pagarla bien es saber cuánto cuesta. En esa transición —del subsidio en sombra al subsidio como dato— hay una promesa de mejor Estado: uno capaz de ser solidario sin ser ciego, y eficiente sin ser cruel. Y si ese equilibrio parece difícil, conviene recordar que lo verdaderamente inviable no es medir el subsidio, sino seguir subsidiando sin saberlo.

Luis Orlando Diaz Volquez | #GuasábaraEditor

Referencias consultadas (enlace informativo): Noticias SIN: “PROMIPYME presenta estudio que transparenta el costo real del microcrédito…” · Informe ENIEF 2023 (Banco Central) · Resumen Ejecutivo ENIEF 2023 · Hoy Digital: “Cartera crédito Promypyme crece 30.6%…” · Promipyme: “Promipyme fortalece el acceso al crédito formal…”