Más de 20 países prohibieron o propusieron vetar el acceso de menores a las redes sociales desde que Australia se convirtió, en diciembre de 2025, en el primer Estado en vetar estas plataformas para menores de 16 años.
La medida se replica en legislaturas de todo el mundo —desde Grecia y los Emiratos Árabes Unidos hasta Canadá y Francia—, pero las primeras pruebas sobre su eficacia indican que las restricciones no están funcionando como se esperaba, según advierte Ari Lightman, profesor de medios digitales y marketing de la Universidad Carnegie Mellon, en un análisis publicado en The Conversation.
La ola reguladora coincide con un año de fuertes sanciones económicas contra las plataformas. Desde marzo de 2026, YouTube y Meta —empresa matriz de Instagram y Facebook— desembolsaron o pactaron indemnizaciones por más de 17.000 millones de dólares en múltiples litigios. El caso más relevante fue el acuerdo de Meta con 48 estados de Estados Unidos, por el que la compañía se comprometió a pagar hasta 17.000 millones a lo largo de una década e implementar cambios en el diseño de sus productos, como límites de tiempo diarios para usuarios menores de 18 años que solo los padres pueden desactivar y bloqueos nocturnos por defecto.
En un juicio previo, en marzo, un jurado de Los Ángeles declaró a Meta y YouTube culpables de negligencia por diseñar productos adictivos y los condenó a pagar 6 millones de dólares a una joven que desarrolló depresión, ansiedad e ideación suicida tras años de uso compulsivo.
Las restricciones vigentes y las propuestas legislativas varían en la edad mínima, las normas de consentimiento parental y los métodos de verificación, según un recuento de la agencia AFP. La mayoría apunta a plataformas como Snapchat, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y X, y casi todos los gobiernos involucrados mencionan la salud mental de los jóvenes como justificación central, aunque algunas prohibiciones responden también a preocupaciones sobre la privacidad o sobre la propiedad extranjera de las plataformas.
El debate se enmarca en una crisis documentada. Un estudio publicado en 2026 en el Canadian Medical Association Journal, liderado por Daniel Myran de la Universidad de Ottawa, analizó más de 12 millones de registros de salud mental en Canadá y concluyó que los jóvenes de entre 14 y 20 años tienen un 104 % más de probabilidades de padecer una enfermedad mental grave que los de la misma franja etaria hace 50 años.
A esto se suma un metaanálisis de 2021 publicado en JAMA Pediatrics, que revisó 29 estudios con 80.879 participantes y estimó que, a escala global, el 20,5 % de los jóvenes presentaban síntomas elevados de ansiedad y el 25,2 % reportaban síntomas elevados de depresión, cifras que duplicaban las mediciones prepandémicas.
El libro The Anxious Generation (2024), del psicólogo social Jonathan Haidt, fue uno de los catalizadores del movimiento legislativo. Haidt argumenta que las redes sociales interfieren con el desarrollo social y neurológico de los niños y contribuyen al aumento de ansiedad y depresión a través de la falta de sueño, la atención fragmentada, la adicción, la soledad, la comparación social y el perfeccionismo. Sin embargo, múltiples factores confluyen en la crisis: una mejor detección de los trastornos, las alteraciones sociales derivadas de la pandemia de COVID-19 y el aislamiento que produjo el confinamiento masivo.
Lightman, en su análisis, se muestra escéptico. “No estoy convencido de que prohibir las plataformas de redes sociales sea una solución eficaz a la crisis de salud mental que sufren los jóvenes hoy en día”, escribe el profesor en The Conversation. Algunos investigadores comparan las restricciones con las que existen para la compra de alcohol o cigarrillos, pero el académico de Carnegie Mellon subraya que las redes sociales tienen beneficios que esas sustancias no ofrecen: permiten la conectividad global, la creación de comunidades entre personas afines, la autoexpresión y la participación cívica.
Una encuesta del Pew Research Center de 2022, realizada a 1.316 adolescentes estadounidenses, encontró que el 80 % afirmó que las redes sociales los ayudan a sentirse más conectados con lo que sucede en la vida de sus amigos. A pesar de estas señales, no existe prueba concluyente de que el uso de estas plataformas sea la causa principal de los problemas de salud mental juveniles.
La experiencia australiana muestra que los menores evaden las restricciones con facilidad
La evidencia temprana de Australia, el país con la prohibición más avanzada, pone en duda la viabilidad de estas medidas. Un sondeo de la Molly Rose Foundation, realizado en marzo de 2026 a 1.050 australianos de entre 12 y 15 años, reveló que el 61 % de quienes tenían cuentas en plataformas restringidas seguía accediendo a al menos una de ellas.
El 70 % de esos menores dijo que eludir la prohibición fue “fácil”. Los métodos van desde identidades falsas y manipulación del año de nacimiento hasta el uso de VPN, maquillaje para engañar a los sistemas de estimación de edad biométrica, sustitución de fotos por imágenes de famosos e incluso el recurso a amigos mayores o familiares para superar las “pruebas de selfie”.
El informe de cumplimiento del comisionado australiano de seguridad digital (eSafety), publicado también en marzo de 2026, confirmó la tendencia: 7 de cada 10 menores que tenían cuentas en plataformas restringidas seguían usándolas, y más del 80 % de los adolescentes australianos de 10 a 15 años continuaban en redes sociales con frecuencia. Aunque se desactivaron alrededor de 4,7 millones de cuentas, la principal razón de que los menores conservaran las suyas fue que las plataformas aún no les habían pedido verificar su edad.
En el Reino Unido, la situación generó un debate paralelo: ante la facilidad con la que los jóvenes utilizan VPN para sortear las restricciones, legisladores británicos discuten la posibilidad de restringir el acceso de los consumidores a estas herramientas. Más allá de las dificultades de implementación, algunos legisladores también advierten que las prohibiciones totales podrían empujar a los menores hacia espacios en línea aún más riesgosos y menos regulados. Todos los sistemas de verificación de edad, ya sean gestionados por los gobiernos o por las propias plataformas, implican la recopilación de datos sensibles, lo que plantea inquietudes adicionales sobre la privacidad de los menores.
El precedente del tabaco sugiere que los fondos de las indemnizaciones rara vez llegan a su destino
La comparación con la industria tabacalera que algunos analistas proponen resulta pertinente en un aspecto concreto: el destino de los fondos. En 1998, los estados de Estados Unidos llegaron a un acuerdo extrajudicial con las principales tabacaleras para recuperar costos de atención médica.
Parte de esa indemnización se asignó a programas de prevención del tabaquismo juvenil, pero según el informe anual de la Campaign for Tobacco-Free Kids, en 2026 la financiación estatal destinada a esos programas apenas equivale al 3,4 % de los 21.700 millones de dólares que los estados recaudarán este año por acuerdos tabacaleros e impuestos al tabaco.
El patrón podría repetirse. Parte de los 17.000 millones del acuerdo con Meta está destinada a programas de infraestructura de salud mental, iniciativas escolares y comunitarias, y campañas de salud pública. Sin embargo, no existen mecanismos de supervisión ni directrices vinculantes sobre cómo deben utilizar los estados esos recursos, ni sistemas para evaluar si el dinero mejoró efectivamente la atención a la salud mental, la seguridad y el bienestar de los niños.
Estándares de seguridad por defecto, no prohibiciones, propone el investigador
Lightman plantea una alternativa. En lugar de prohibiciones totales, el profesor de Carnegie Mellon sostiene que la salud mental de los menores se beneficiaría más si los gobiernos impusieran estándares de seguridad por defecto en las plataformas. Esto implicaría que las opciones de privacidad y seguridad más estrictas estuvieran activadas automáticamente para proteger a los menores: cuentas no visibles por defecto, límites a la manipulación algorítmica y restricción de los mecanismos adictivos que pueden causar daño psicológico en poblaciones vulnerables.
A esa línea de acción, Lightman suma otras medidas: educación en alfabetización digital y seguridad en línea, tiempo garantizado sin pantallas, y vías claras, accesibles y asequibles para que los padres puedan conectar a sus hijos con servicios de apoyo a la salud mental cuando detecten señales de un problema, algo que reconoce “actualmente no está disponible en la mayoría de los lugares”.
Las Naciones Unidas recomiendan incluir a los propios niños en el diálogo sobre lo que es mejor para ellos en el entorno digital: no se trata de ponerlos al frente de agencias reguladoras, sino de que sus perspectivas sobre lo que valoran de la vida en línea y lo que les dificulta dejar las pantallas sirvan para reformar tanto las plataformas como los programas educativos. Con más de 20 países legislando en la materia y pruebas preliminares que cuestionan la eficacia de las prohibiciones, la pregunta sigue abierta: prohibir el acceso puede ser una declaración de intenciones, pero convertirla en una mejora real de la salud mental juvenil requerirá un enfoque más complejo que el simple veto.
https://www.infobae.com/tendencias/2026/10/19/mas-de-20-paises-prohibieron-las-redes-sociales-a-menores-que-dicen-los-primeros-datos-sobre-el-impacto/
