Mostrando las entradas con la etiqueta Canal de Isabel II". Mostrar todas las entradas

sábado, 23 de septiembre de 2017

Ángel Rondón dice recibió 6,400 millones de pesos de Odebrecht por su trabajo

Rondón destacó que en ningún momento ha resaltado haberle dado dinero alguno a ningún funcionario dominicano para que lleve a cabo proyectos en el país.Kharla Pimentel /Acento.com.do - 8 de Septiembre de 2017

Foto: Edgar Hernández/Acento.com.do

SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El empresario Ángel Rondón manifestó que recibió 6,400 millones de pesos durante 16 años de trabajo, y no por haber sido receptor de sobornos de la empresa Odebrecht a funcionarios dominicanos.

“Digo nuevamente que no he sido receptor de los 92 millones de dólares que dice Odebrecht le dio a funcionarios dominicanos, pero si recibí durante 16 años 83 millones de dólares por los trabajos a la empresa brasileña que han hecho la suma de 6,400 millones de dólares”, destacó el acusado de participar en el entramado admitido por la compañía.

Asimismo, agregó que en la actualidad la empresa aún posee una deuda hacía su persona de un alrededor de 20 a 22 millones de dólares.

Rondón destacó que en ningún momento ha resaltado haberle dado dinero alguno a ningún funcionario dominicano para que lleve a cabo proyectos en el país.

Añadió además que no ha señalado a mencionado a ninguna persona por haber recibido soborno de Odebrecht para la asignación de obras a la empresa extranjera.

Durante el conocimiento de revisión obligatoria de coerción otorgada a los imputados Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, de 9 meses y un año de prisión preventiva respectivamente, ambos aseguraron no retractarse de la investigación si se les varía la medida.
Díaz Rúa solicitó al Ministerio Público observar las declaraciones del testigo Marco Vasconcelos específicamente la página 9, donde destaca no tener conocimientos de sobornos durante su gestión en el Ministerio de Obras Públicas.

También invitó a estudiar los años en que se señalan se ofrecieron los sobornos al Ministerio de Obras Públicas, en los cuales dijo ya no se encontraba frente a la institución.

En tanto, el fiscal Milciades Guzmán manifestó que una página no sustenta 300 más donde se señalan los vínculos de Díaz Rúa con el caso de soborno.

“Ninguna investigación se puede sustentar en una página, existiendo 300 más que muestran los vínculos de principalía con el caso de corrupción”, expresó.

A las 6:30 de la tarde de este viernes 8 de septiembre, el juez Francisco Ortega Polanco dará a conocer su decisión ante el conocimiento de la audiencia.

http://acento.com.do/2017/actualidad/8490516-angel-rondon-dice-recibio-6400-millones-de-pesos-de-odebrecht-por-su-trabajo/

viernes, 15 de septiembre de 2017

Odebrecht pone en apuros al Gobierno al requerir más dinero

Si las partes no llegan a un acuerdo, la disputa podría dirimirse en un tribunal de arbitraje

El contrato firmado con la constructora es bajo la modalidad “llave en mano”, o EPC, que obliga al contratista a diseñar, construir y poner en funcionamiento un proyecto a cambio de un precio fijo.

Se el primero en comentar

Santo Domingo.-La empresa Odebrecht tiene al Gobierno en apuros al mantenerse firme en demandar el pago de US$708 millones adicionales para la finalización de las plantas de carbón de Punta Catalina.

Dicha posición se encamina a ser dirimida por un tribunal de arbitraje, ya que los representantes jurídicos de ambas partes han sostenido varias reuniones para tratar ese tema, pero no se han acercado a un acuerdo.

“Lo que se vislumbra es que algún ente externo tendrá que decidir si el Gobierno paga o no, porque la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) mantiene su posición de que no va a dar ni un centavo más”, afirmó un funcionario del sector.

inRead invented by Teads

Posibles salidas

Si la CDEEE y Odebrecht no logran un acuerdo podrían generarse dos escenarios y ninguno de ellos es muy halagüeños para el Gobierno.

El primero implica que el Estado sea sometido a un juicio o arbitraje por incumplimiento de contrato y se paralice la obra, y el segundo, es que tenga que pagar los US$708 millones que pide la empresa brasileña.

Dicho análisis fue hecho por el economista Hernán Minier, quien considera que lo más recomendable sería tratar de llevar esa disputa a un arbitraje internacional a ver si el Gobierno puede obtener una buena negociación.

“Si el Estado no ha hecho ningún tipo de adenda que lo esclavice a tener que asumir ningún tipo de costo en la construcción de Punta Catalina debería ponerlo claro”, subrayó el especialista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

No obstante, este asume que si ese punto no se ha aclarado es porque en el contrato se ha dejado abierto un elemento que ahora está reluciendo.

Implicaciones fatales

Si el Gobierno fuera sometido ante un tribunal internacional por incumplimiento de contrato, y pierde, podría correr el riesgo de que no lleguen al país otros proyectos por falta de garantía jurídica.

“Con esto se mantendría el monopolio en la generación de electricidad como está ahora en manos de dos empresas”, dijo Minier a EL DÍA.

En cambio, si debe pagar los US$708 millones la situación se empeora.

“Esto puede causar un problema de liquidez al Estado, al tener que buscar unos recursos que no están contemplados en el presupuesto”, advirtió.

Cabe destacar que el precio final de Punta Catalina aumentaría de US$1,945 millones a US$2,653 millones , si el Gobierno se viera obligado a pagar el alegado incremento en los costos de construcción del muelle del proyecto y otros aspectos “relacionados al cronograma y a posible extensión del plazo” que pide la constructora brasileña.

Esto indica que la obra terminaría con una sobrevaluación de un 30 %, tomando en cuenta que la comisión que investigó la licitación del proyecto manifestó que el costo pactado en el contrato está un 6 % por debajo de su valor en el mercado internacional.

Corrupción técnica

El experto energético Jose Luis Moreno San Juan cree que con esa afirmación se trató de crear el escenario para justificar el pedido de la empresa acusada de conseguir sus contratos a base de sobornos.

Afirma que las dos plantas de 720 megavatios no debieron costar más de US$1,740 millones y se adjudicaron en US$1,945 millones, “por lo que Odebrecht no tiene asidero legal para pedir más dinero”.

“Lo que están haciendo se llama corrupción técnica, ya que por lo único que podrían alegar más dinero es por una indexación que no llega a más de US$100 millones”, explicó el director del Instituto de Energía de la UASD.

San Juan dijo que Odebrecht debe más al Estado, porque debe pagar US$500,000 por cada día de atraso de la obra.

Reacción.

El abogado de Odebrecht, Robert Valdez, fue consultado por EL DÍA sobre el tema, pero no ofreció ninguna respuesta sobre el tema.

CDEEE.

En las reuniones participa la CDEEE y sus consultores jurídicos, el Ministerio de Hacienda, y la firma de asesores Pereyra.

¡Fuera Odebrecht!

Jose Luis Moreno San Juan sustenta que lo mejor que haría el país sería salir de Odebrecht si no llega a un acuerdo con el Gobierno, porque ha demostrado ser incompetente.

Afirma que la obra está retrasada por el “desorden” de construcción.

Contrato establece arbitraje

El contrato de construcción de Punta Catalina establece en su artículo 18 que si las partes tienen una disputa deberán dirimirla en un Comité Mixto de Solución de Controversias (CMSC), conforme al Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional relativo a “Dispute Boards” (Consejos de Disputas).

Este será realizado en República Dominicana en español.

Pero si una de las Partes no acata o cumple con alguna recomendación del CMSC, la otra podrá someter dicho incumplimiento a arbitraje.

La sede del arbitraje será en Nueva York, y la legislación aplicable será dominicana.

http://eldia.com.do/odebrecht-pone-en-apuros-al-gobierno-al-requerir-mas-dinero/
NOTICIAS RELACIONADAS

Por la Dignidad Nacional: 5 Puntos Ante Odebrecht

La macabra danza de la impunidad - Por: Juan Bolivar Díaz

miércoles, 13 de septiembre de 2017

Liberación de Rondón y Díaz Rúa crea dudas con el caso Odebrecht

Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón/Woodly

Con la puesta en libertad del empresario Ángel Rondón y el exministro Víctor Díaz Rúa, los dos únicos encartados del caso Odebrecht que aún guardaban prisión preventiva en la cárcel de Najayo, crecen las dudas en la población en torno al proceso judicial que se llevará a cabo contra los catorce acusados de haber recibido los US$92 millones que pagó la empresa brasileña para sobornar a funcionarios y legisladores dominicanos.

Rondón y Díaz Rúa fueron liberados el lunes pasado después que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, variara las medidas de coerción de los dos imputados, que en el caso de Rondón era de un año de prisión preventiva y en el de Díaz Rúa de nueve meses.
Argumentando que los imputados no presentan peligro de fuga, Ortega Polanco le impuso una garantía económica de RD$70 millones a Rondón y de RD$50 millones a Díaz Rúa, quienes además tendrán que presentarse de forma periódica en los tribunales y tienen impedimento de salida del país.

La variación de la medida provocó serias dudas en el procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, quien calificó la decisión como funesta y sospechosa.

Es como la “crónica de una muerte anunciada”, dijo Rodríguez al tiempo de llamar al pueblo a permanecer atento y vigilante ante las actuaciones de los jueces.
La variación de las medidas de coerción también fue criticada por Participación Ciudadana y la Marcha Verde, que anunció el sometimiento de una denuncia penal en contra del presidente de la República, Danilo Medina.

Otras variaciones. Rondón y Díaz Rúa fueron los últimos implicados en recibir variaciones en sus medidas de coerción. Antes que ellos las recibieron, el ocho de julio de este año, siete acusados.
En el caso de Conrado Pittaluga, recibió nueve meses de arresto domiciliario, en lugar de estar en Najayo; mientras que fueron liberados Temístocles Montás, Andrés Bautista, Ruddy González, César Sánchez y Máximo De Oleo, a quienes les impusieron fianzas, presentación periódica e impedimento de salida.
En el caso de Radhamés Segura, que tenía prisión domiciliaria, se le varió por fianza, presentación periódica e impedimento de salida. Roberto Rodríguez, con prisión domiciliaria durante nueve meses, no apeló la medida de coerción.
Por otro lado, los legisladores Julio César Valentín, Tommy Galán y Alfredo Pacheco, con inmunidad parlamentaria, recibieron impedimento de salida y garantías económicas.
Las medidas de coerción originales fueron dictadas por el magistrado Ortega Polanco el 7 de junio y la variación por los jueces Miriam Germán Brito, Estela Agelán Casasnova y Juan Hirohito Reyes.
La detención. La madrugada del 29 de mayo la sociedad dominicana se despertó con la noticia de que habían sido arrestados a primera hora al empresario Rondón, quien había sido señalado como el hombre que recibió los US$92 millones que Odebrecht pagó para sobornar a los funcionarios dominicanos; a Montás, ministro de Industria y Comercio; Bautista, expresidente del Senado y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Díaz Rúa, exministro de Obras Publicas; González, quien era diputado en la época en la que se pagaron los sobornos; y al abogado Conrado Pittaluga.
También fueron detenidos Sánchez y Segura, quienes son exvicepresidentes ejecutivos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee); Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potable (Inapa); y De Óleo, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).
Además fueron acusados Valentín, Galán y Pacheco, quienes no fueron detenidos por su inmunidad; y Bernardo Castellanos de Moya, que no fue apresado hasta el 2 de agosto pasado cuando llegó de Panamá, donde se encontraba realizando unos trabajos.
Dos días después Castellanos recibió una medida de coerción de presentación periódica, fianza de RD$5 millones e impedimento de salida. El juez Ortega Polanco aplicó la medida.
El inicio de todo. Aunque el escándalo Odebrecht sacudió a la región de América Latina en el año 2015 cuando detienen al CEO de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, en el marco del caso Petrobras, en República Dominicana el caso no se comenzó investigar hasta el 21 de diciembre del 2016 cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América informó a la comunidad internacional el alcance del entramado de actos de corrupción encabezados por la empresa brasileña en X países.
Cinco días después, el 26 de diciembre del 2016, el Procurador anunció que el Ministerio Público evaluaría la información ofrecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ordenó a las instituciones del Estado que entregaran los contratos suscritos con la compañía Odebrecht desde el 2001.
El 10 de enero comenzaron los interrogatorios. El primero fue Marcelo Hofke, representante de Odebrecht en República Dominicana, quien aseguró que le entregó los US$92 millones a Rondón, quien fue interrogado el 12 de enero. El 16 enero le tocó el turno a Radhamés Segura y el 17 de enero a Alberto Holguín, Freddy Pérez y Roberto Rodríguez.
El 18 de enero la Procuraduría allanó, durante más de cinco horas, las oficinas de Odebrecht en el país y al día siguiente interrogó de nuevo a Hofke.
El día 20 de enero el procurador anunció que Odebrecht se comprometió a pagarle una indemnización de US$184 millones a la República Dominicana por los sobornos que entregó para que le otorgaran los contratos. Los primeros US$30 millones fueron entregados el 31 de enero.
Los otros interrogatorios realizados fueron a Bautista y a Sánchez, el 23 de enero; a Leonardo Guzmán, yerno de Díaz Rúa, el 7 de febrero; a Pittaluga, el 8 de febrero; Díaz Rúa, el 7 de marzo; Reinaldo Pared Pérez, 16 de marzo; Cristina Lizardo, 17 de marzo; Valentín, el 22 de marzo; Abel Martínez, Larry Shell (directivo de Stanley Corporation -empresa que hizo la licitación de Punta Catalina-), y Henry Macual, gerente de Punta Catalina, el 23 de marzo; y Ramón Alburquerque, expresidente del Senado, el 28 de marzo.
Surge la Marcha Verde. La lentitud de las investigaciones provocó la indignación de la población, que el domingo 22 de enero salió masivamente a las calles y tiñó de verde el Parque Independencia para dar origen a la Marcha Verde, un movimiento que reclama el cese de la corrupción y la impunidad.
La marcha ha salido a la calle en diversas ocasiones. Las concentraciones más multitudinarias fueron realizadas en Puerto Plata, el 5 de marzo; en Santiago, el 26 de marzo; en Azua, el 21 de mayo; en Santo Domingo, el 16 de julio; en Nagua, el 6 de agosto; en Moca, el 16 de agosto; y en Punta Catalina, Baní el 20 de agosto.
En cada concentración la Marcha Verde ha expresado su inconformidad con el proceso llevado contra los encartados de Odebrecht puesto que sostiene que además deberían estar acusados Pared Pérez, Rubén Bichara, Gonzalo Castillo, Cristina Lizardo, Vicente Bengoa, Lucía Medina, Simón Lizardo y Abel Martínez. Además ha pedido investigar a Félix Nova y Carlos Amarante Baret.

http://hoy.com.do/liberacion-de-rondon-y-diaz-rua-crea-dudas-con-el-caso-odebrecht/#.WbkY8ZdLFdA.twitter

viernes, 12 de mayo de 2017

El Canal de Isabel II venderá todas sus empresas en Latinoamérica tras el saqueo

OPERACIÓN LEZOEl Canal de Isabel II venderá todas sus empresas en Latinoamérica tras el saqueo

La Asamblea de Madrid celebra un debate monográfico tras el 'caso Lezo'. PSOE y Podemos quieren blindar el carácter público de la empresa. El Gobierno de Cristina Cifuentes asegura que así lo hará.

MEDIA: 0

VOTOS: 0

COMENTARIOS: 2

EMAIL
IMPRIMIR
A+

a-

La presidenta regional, Cristina Cifuentes, y el consejero de Presidencia, Justicia y Portavoz, Ángel Garrido, durante el pleno monográfico que hoy celebra la Asamblea de Madrid sobre el Canal de Isabel II. | EMILIO NARANJO (EFE)

Tras el escándalo provocado por el saqueo del Canal de Isabel II, el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid está decidido a rectificar todos los errores del pasado: el Canal de Isabel II venderá todas sus empresas en Latinoamérica, limitará su actuación a España y seguirá siendo 100% pública, según anunció este jueves el presidente de la empresa pública madrileña, Ángel Garrido.

Así lo dijo Garrido en el pleno de la Asamblea de Madrid, que hoy alberga un debate monográfico sobre la empresa de aguas tras el escándalo de corrupción.

El pleno se produce después de que los Grupos de la oposición hayan presentado Proposiciones de Ley (PROPL) para mejorar el control del Canal. Podemos y PSOE piden blindar el carácter público del Canal y derogar las leyes que abren la puerta a su capitalización y Cs asegurar el carácter público de la empresa.

Garrido ha relatado que la presidenta autonómica, Cristina Cifuentes, le ha dado instrucciones para que eleve al Consejo de Administración del Canal la decisión de llevar a cabo la venta de todas las empresas de Canal en Latinoamérica con un procedimiento ordenado. Así, ha asegurado que Canal será una empresa "100% pública" y su actividad se circunscribirá al territorio nacional.

En su intervención, Garrido ha afirmado que mantener el carácter 100% público de la empresa es "uno de los pilares básicos" y ha aseverado que "Canal debe seguir y va a seguir siendo una empresa cien por cien pública".

"Nos aseguraremos que mantenga el accionariado cien por cien público", ha insistido Garrido, quien ha indicado que los beneficios obtenidos por la empresa se reparte entre sus accionistas, que son la Comunidad y diferentes ayuntamientos, y ha precisado que en 2016 los beneficios ascendieron a 119,38 millones.

http://www.publico.es/politica/canalisabelii-vende-filiales-latinoamerica.html