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miércoles, 10 de marzo de 2021
🎥🛑En #Brasil diálogos de los integrantes de la Lava Jato en el Ministerio Público y del exjuez Sergio Moro muestran que ellos actuaron ilegalmente en conjunto contra el expresidente Lula da Silva
sábado, 23 de septiembre de 2017
Ángel Rondón dice recibió 6,400 millones de pesos de Odebrecht por su trabajo
Ángel Rondón dice recibió 6,400 millones de pesos de Odebrecht por su trabajo
Foto: Edgar Hernández/Acento.com.do
SANTO DOMINGO, República Dominicana.- El empresario Ángel Rondón manifestó que recibió 6,400 millones de pesos durante 16 años de trabajo, y no por haber sido receptor de sobornos de la empresa Odebrecht a funcionarios dominicanos.
“Digo nuevamente que no he sido receptor de los 92 millones de dólares que dice Odebrecht le dio a funcionarios dominicanos, pero si recibí durante 16 años 83 millones de dólares por los trabajos a la empresa brasileña que han hecho la suma de 6,400 millones de dólares”, destacó el acusado de participar en el entramado admitido por la compañía.
Asimismo, agregó que en la actualidad la empresa aún posee una deuda hacía su persona de un alrededor de 20 a 22 millones de dólares.
Rondón destacó que en ningún momento ha resaltado haberle dado dinero alguno a ningún funcionario dominicano para que lleve a cabo proyectos en el país.
Añadió además que no ha señalado a mencionado a ninguna persona por haber recibido soborno de Odebrecht para la asignación de obras a la empresa extranjera.
Durante el conocimiento de revisión obligatoria de coerción otorgada a los imputados Víctor Díaz Rúa y Ángel Rondón, de 9 meses y un año de prisión preventiva respectivamente, ambos aseguraron no retractarse de la investigación si se les varía la medida.
Díaz Rúa solicitó al Ministerio Público observar las declaraciones del testigo Marco Vasconcelos específicamente la página 9, donde destaca no tener conocimientos de sobornos durante su gestión en el Ministerio de Obras Públicas.
Díaz Rúa solicitó al Ministerio Público observar las declaraciones del testigo Marco Vasconcelos específicamente la página 9, donde destaca no tener conocimientos de sobornos durante su gestión en el Ministerio de Obras Públicas.
También invitó a estudiar los años en que se señalan se ofrecieron los sobornos al Ministerio de Obras Públicas, en los cuales dijo ya no se encontraba frente a la institución.
En tanto, el fiscal Milciades Guzmán manifestó que una página no sustenta 300 más donde se señalan los vínculos de Díaz Rúa con el caso de soborno.
“Ninguna investigación se puede sustentar en una página, existiendo 300 más que muestran los vínculos de principalía con el caso de corrupción”, expresó.
A las 6:30 de la tarde de este viernes 8 de septiembre, el juez Francisco Ortega Polanco dará a conocer su decisión ante el conocimiento de la audiencia.
viernes, 15 de septiembre de 2017
Odebrecht pone en apuros al Gobierno al requerir más dinero
Odebrecht pone en apuros al Gobierno al requerir más dinero
Si las partes no llegan a un acuerdo, la disputa podría dirimirse en un tribunal de arbitraje
Santo Domingo.-La empresa Odebrecht tiene al Gobierno en apuros al mantenerse firme en demandar el pago de US$708 millones adicionales para la finalización de las plantas de carbón de Punta Catalina.
Dicha posición se encamina a ser dirimida por un tribunal de arbitraje, ya que los representantes jurídicos de ambas partes han sostenido varias reuniones para tratar ese tema, pero no se han acercado a un acuerdo.
“Lo que se vislumbra es que algún ente externo tendrá que decidir si el Gobierno paga o no, porque la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) mantiene su posición de que no va a dar ni un centavo más”, afirmó un funcionario del sector.
Posibles salidas
Si la CDEEE y Odebrecht no logran un acuerdo podrían generarse dos escenarios y ninguno de ellos es muy halagüeños para el Gobierno.
El primero implica que el Estado sea sometido a un juicio o arbitraje por incumplimiento de contrato y se paralice la obra, y el segundo, es que tenga que pagar los US$708 millones que pide la empresa brasileña.
Dicho análisis fue hecho por el economista Hernán Minier, quien considera que lo más recomendable sería tratar de llevar esa disputa a un arbitraje internacional a ver si el Gobierno puede obtener una buena negociación.
“Si el Estado no ha hecho ningún tipo de adenda que lo esclavice a tener que asumir ningún tipo de costo en la construcción de Punta Catalina debería ponerlo claro”, subrayó el especialista de la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
No obstante, este asume que si ese punto no se ha aclarado es porque en el contrato se ha dejado abierto un elemento que ahora está reluciendo.
Implicaciones fatales
Si el Gobierno fuera sometido ante un tribunal internacional por incumplimiento de contrato, y pierde, podría correr el riesgo de que no lleguen al país otros proyectos por falta de garantía jurídica.
“Con esto se mantendría el monopolio en la generación de electricidad como está ahora en manos de dos empresas”, dijo Minier a EL DÍA.
En cambio, si debe pagar los US$708 millones la situación se empeora.
“Esto puede causar un problema de liquidez al Estado, al tener que buscar unos recursos que no están contemplados en el presupuesto”, advirtió.
Cabe destacar que el precio final de Punta Catalina aumentaría de US$1,945 millones a US$2,653 millones , si el Gobierno se viera obligado a pagar el alegado incremento en los costos de construcción del muelle del proyecto y otros aspectos “relacionados al cronograma y a posible extensión del plazo” que pide la constructora brasileña.
Esto indica que la obra terminaría con una sobrevaluación de un 30 %, tomando en cuenta que la comisión que investigó la licitación del proyecto manifestó que el costo pactado en el contrato está un 6 % por debajo de su valor en el mercado internacional.
Corrupción técnica
El experto energético Jose Luis Moreno San Juan cree que con esa afirmación se trató de crear el escenario para justificar el pedido de la empresa acusada de conseguir sus contratos a base de sobornos.
Afirma que las dos plantas de 720 megavatios no debieron costar más de US$1,740 millones y se adjudicaron en US$1,945 millones, “por lo que Odebrecht no tiene asidero legal para pedir más dinero”.
“Lo que están haciendo se llama corrupción técnica, ya que por lo único que podrían alegar más dinero es por una indexación que no llega a más de US$100 millones”, explicó el director del Instituto de Energía de la UASD.
San Juan dijo que Odebrecht debe más al Estado, porque debe pagar US$500,000 por cada día de atraso de la obra.
Reacción.
El abogado de Odebrecht, Robert Valdez, fue consultado por EL DÍA sobre el tema, pero no ofreció ninguna respuesta sobre el tema.
CDEEE.
En las reuniones participa la CDEEE y sus consultores jurídicos, el Ministerio de Hacienda, y la firma de asesores Pereyra.
¡Fuera Odebrecht!
Jose Luis Moreno San Juan sustenta que lo mejor que haría el país sería salir de Odebrecht si no llega a un acuerdo con el Gobierno, porque ha demostrado ser incompetente.
Afirma que la obra está retrasada por el “desorden” de construcción.
Contrato establece arbitraje
El contrato de construcción de Punta Catalina establece en su artículo 18 que si las partes tienen una disputa deberán dirimirla en un Comité Mixto de Solución de Controversias (CMSC), conforme al Reglamento de la Cámara de Comercio Internacional relativo a “Dispute Boards” (Consejos de Disputas).
Este será realizado en República Dominicana en español.
Pero si una de las Partes no acata o cumple con alguna recomendación del CMSC, la otra podrá someter dicho incumplimiento a arbitraje.
La sede del arbitraje será en Nueva York, y la legislación aplicable será dominicana.
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miércoles, 13 de septiembre de 2017
Lula declarará de nuevo ante el juez Moro con más denuncias y menos aliados
LATINOAMÉRICA | 12 SEP 2017, 2:46 PM |EFE
Lula declarará de nuevo ante el juez Moro con más denuncias y menos aliados
En esta causa penal, una de las seis que afronta -la mayoría relacionadas con Petrobras-, la Fiscalía denunció a Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero
Imagen del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, del jueves 17 de marzo de 2016, cuando se juramentó como ministro de Estado y Casa Civil de la Presidencia de la República en el Palacio de Planalto en Brasilia (Brasil) en el gobierno de Dilma Rousseff.
SAO PAULO. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva declarará de nuevo este miércoles ante la Justicia como imputado por supuesta corrupción, en un momento en el que las acusaciones en su contra se multiplican y alguno de sus aliados han decidido cargar con él.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, rendirá cuentas por segunda vez ante el juez federal Sergio Moro, encargado del caso Petrobras, en los juzgados de primera instancia de Curitiba, donde se concentran las investigaciones de la enorme trama corrupta que operó en la petrolera estatal.
En esta causa penal, una de las seis que afronta -la mayoría relacionadas con Petrobras-, la Fiscalía denunció a Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero y le acusó de recibir sobornos del grupo Odebrecht, una de las empresas implicadas en la red corrupta, a través del exministro Antonio Palocci, hoy preso.
Los sobornos, que según la querella se acercan a los 13 millones de reales (unos 4,2 millones de dólares), se habrían destinado a la compra del terreno que ocuparía la sede del Instituto Lula y un ático vecino a su residencia particular en la ciudad de Sao Bernardo do Campo.
La expectativa para esta segunda cita en los juzgados de Curitiba es menor que la que tuvo lugar el pasado 10 de mayo, cuando Lula prestó declaración en otro proceso por el que luego fue condenado a nueve años y medio de prisión, decisión recurrida en un tribunal de segunda instancia.
Las autoridades han planificado un dispositivo menor que la pasada vez, pero igualmente notable, con más de mil policías y otros agentes de distintos órganos, quienes velarán por la seguridad antes y después de la audiencia, prevista para las 14.00 hora local (17.00 GMT).
Según las previsiones, unos 50 autobuses llegarán a la capital del estado de Paraná con cerca de cinco mil manifestantes, tanto a favor como en contra del que fuera faro de la izquierda latinoamericana.
La situación del popular líder es, sin embargo, peor que la última vez que se vio las caras con Moro, quien dijo que no decretó la prisión de Lula en julio pasado para evitar “ciertos traumas”.
Pero los traumas para Lula no cesan con tres nuevas denuncias más presentadas por la Fiscalía tan solo este mes y el golpe que supuso la acusación de uno de los hombres fuertes de su gobierno, Antonio Palocci, reo también en este caso.
El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, denunció la semana pasada a Lula por obstrucción a la Justicia y asociación ilícita, junto a la expresidenta Dilma Rousseff y a la cúpula del partido del Partido de los Trabajadores (PT).
Lula, que aparece primero en los sondeos electorales y ha manifestado su intención de presentarse a los comicios presidenciales de 2018, fue denunciado también en la víspera por la Fiscalía por sospechas de haber editado una ley a cambio de sobornos para favorecer a empresas automotrices.
Además está sujeto a varias investigaciones a partir de las confesiones de 77 exdirectivos de Odebrecht, cuyo contenido sacudió los cimientos de la democracia brasileña y hasta salpicó al presidente Michel Temer.
El cerco a Lula, de 71 años, se estrecha aún más después de que Palocci, que también fue ministro en el Gobierno de Rousseff, incriminase al exgobernante en el cobro de coimas.
De acuerdo con el testimonio a la Justicia de Palocci, Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht, abordó a Lula a finales de 2010, en los últimos días de su segundo mandato, para hacer un “pacto de sangre” que incluía un “paquete de sobornos”.
Ese supuesto “paquete” envolvía regalos personales, conferencias pagadas a 200.000 reales (unos 64.000 dólares) y una reserva 300 millones de reales (unos 100 millones de dólares) que estarían disponibles para las campañas electorales del PT.
Lula, que acaba de darse un baño de masas en la región nordeste de Brasil con una gira de 20 días, dice sufrir una “persecución” judicial y política y que luchará en 2018 por “devolver la democracia” al pueblo brasileño, siempre y cuando la Justicia no se lo impida.
https://www.diariolibre.com/mundo/latinoamerica/lula-declarara-de-nuevo-ante-el-juez-moro-con-mas-denuncias-y-menos-aliados-FE8143025
Lula declarará de nuevo ante el juez Moro con más denuncias y menos aliados
En esta causa penal, una de las seis que afronta -la mayoría relacionadas con Petrobras-, la Fiscalía denunció a Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero
Imagen del expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, del jueves 17 de marzo de 2016, cuando se juramentó como ministro de Estado y Casa Civil de la Presidencia de la República en el Palacio de Planalto en Brasilia (Brasil) en el gobierno de Dilma Rousseff.
SAO PAULO. El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva declarará de nuevo este miércoles ante la Justicia como imputado por supuesta corrupción, en un momento en el que las acusaciones en su contra se multiplican y alguno de sus aliados han decidido cargar con él.
Lula, quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, rendirá cuentas por segunda vez ante el juez federal Sergio Moro, encargado del caso Petrobras, en los juzgados de primera instancia de Curitiba, donde se concentran las investigaciones de la enorme trama corrupta que operó en la petrolera estatal.
En esta causa penal, una de las seis que afronta -la mayoría relacionadas con Petrobras-, la Fiscalía denunció a Lula por corrupción pasiva y lavado de dinero y le acusó de recibir sobornos del grupo Odebrecht, una de las empresas implicadas en la red corrupta, a través del exministro Antonio Palocci, hoy preso.
Los sobornos, que según la querella se acercan a los 13 millones de reales (unos 4,2 millones de dólares), se habrían destinado a la compra del terreno que ocuparía la sede del Instituto Lula y un ático vecino a su residencia particular en la ciudad de Sao Bernardo do Campo.
La expectativa para esta segunda cita en los juzgados de Curitiba es menor que la que tuvo lugar el pasado 10 de mayo, cuando Lula prestó declaración en otro proceso por el que luego fue condenado a nueve años y medio de prisión, decisión recurrida en un tribunal de segunda instancia.
Las autoridades han planificado un dispositivo menor que la pasada vez, pero igualmente notable, con más de mil policías y otros agentes de distintos órganos, quienes velarán por la seguridad antes y después de la audiencia, prevista para las 14.00 hora local (17.00 GMT).
Según las previsiones, unos 50 autobuses llegarán a la capital del estado de Paraná con cerca de cinco mil manifestantes, tanto a favor como en contra del que fuera faro de la izquierda latinoamericana.
La situación del popular líder es, sin embargo, peor que la última vez que se vio las caras con Moro, quien dijo que no decretó la prisión de Lula en julio pasado para evitar “ciertos traumas”.
Pero los traumas para Lula no cesan con tres nuevas denuncias más presentadas por la Fiscalía tan solo este mes y el golpe que supuso la acusación de uno de los hombres fuertes de su gobierno, Antonio Palocci, reo también en este caso.
El fiscal general de Brasil, Rodrigo Janot, denunció la semana pasada a Lula por obstrucción a la Justicia y asociación ilícita, junto a la expresidenta Dilma Rousseff y a la cúpula del partido del Partido de los Trabajadores (PT).
Lula, que aparece primero en los sondeos electorales y ha manifestado su intención de presentarse a los comicios presidenciales de 2018, fue denunciado también en la víspera por la Fiscalía por sospechas de haber editado una ley a cambio de sobornos para favorecer a empresas automotrices.
Además está sujeto a varias investigaciones a partir de las confesiones de 77 exdirectivos de Odebrecht, cuyo contenido sacudió los cimientos de la democracia brasileña y hasta salpicó al presidente Michel Temer.
El cerco a Lula, de 71 años, se estrecha aún más después de que Palocci, que también fue ministro en el Gobierno de Rousseff, incriminase al exgobernante en el cobro de coimas.
De acuerdo con el testimonio a la Justicia de Palocci, Emilio Odebrecht, patriarca del grupo Odebrecht, abordó a Lula a finales de 2010, en los últimos días de su segundo mandato, para hacer un “pacto de sangre” que incluía un “paquete de sobornos”.
Ese supuesto “paquete” envolvía regalos personales, conferencias pagadas a 200.000 reales (unos 64.000 dólares) y una reserva 300 millones de reales (unos 100 millones de dólares) que estarían disponibles para las campañas electorales del PT.
Lula, que acaba de darse un baño de masas en la región nordeste de Brasil con una gira de 20 días, dice sufrir una “persecución” judicial y política y que luchará en 2018 por “devolver la democracia” al pueblo brasileño, siempre y cuando la Justicia no se lo impida.
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Liberación de Rondón y Díaz Rúa crea dudas con el caso Odebrecht
Liberación de Rondón y Díaz Rúa crea dudas con el caso Odebrecht
Con la puesta en libertad del empresario Ángel Rondón y el exministro Víctor Díaz Rúa, los dos únicos encartados del caso Odebrecht que aún guardaban prisión preventiva en la cárcel de Najayo, crecen las dudas en la población en torno al proceso judicial que se llevará a cabo contra los catorce acusados de haber recibido los US$92 millones que pagó la empresa brasileña para sobornar a funcionarios y legisladores dominicanos.
Rondón y Díaz Rúa fueron liberados el lunes pasado después que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, variara las medidas de coerción de los dos imputados, que en el caso de Rondón era de un año de prisión preventiva y en el de Díaz Rúa de nueve meses.
Argumentando que los imputados no presentan peligro de fuga, Ortega Polanco le impuso una garantía económica de RD$70 millones a Rondón y de RD$50 millones a Díaz Rúa, quienes además tendrán que presentarse de forma periódica en los tribunales y tienen impedimento de salida del país.
Argumentando que los imputados no presentan peligro de fuga, Ortega Polanco le impuso una garantía económica de RD$70 millones a Rondón y de RD$50 millones a Díaz Rúa, quienes además tendrán que presentarse de forma periódica en los tribunales y tienen impedimento de salida del país.
La variación de la medida provocó serias dudas en el procurador de la República, Jean Alain Rodríguez, quien calificó la decisión como funesta y sospechosa.
Es como la “crónica de una muerte anunciada”, dijo Rodríguez al tiempo de llamar al pueblo a permanecer atento y vigilante ante las actuaciones de los jueces.
La variación de las medidas de coerción también fue criticada por Participación Ciudadana y la Marcha Verde, que anunció el sometimiento de una denuncia penal en contra del presidente de la República, Danilo Medina.
La variación de las medidas de coerción también fue criticada por Participación Ciudadana y la Marcha Verde, que anunció el sometimiento de una denuncia penal en contra del presidente de la República, Danilo Medina.
Otras variaciones. Rondón y Díaz Rúa fueron los últimos implicados en recibir variaciones en sus medidas de coerción. Antes que ellos las recibieron, el ocho de julio de este año, siete acusados.
En el caso de Conrado Pittaluga, recibió nueve meses de arresto domiciliario, en lugar de estar en Najayo; mientras que fueron liberados Temístocles Montás, Andrés Bautista, Ruddy González, César Sánchez y Máximo De Oleo, a quienes les impusieron fianzas, presentación periódica e impedimento de salida.
En el caso de Radhamés Segura, que tenía prisión domiciliaria, se le varió por fianza, presentación periódica e impedimento de salida. Roberto Rodríguez, con prisión domiciliaria durante nueve meses, no apeló la medida de coerción.
Por otro lado, los legisladores Julio César Valentín, Tommy Galán y Alfredo Pacheco, con inmunidad parlamentaria, recibieron impedimento de salida y garantías económicas.
Las medidas de coerción originales fueron dictadas por el magistrado Ortega Polanco el 7 de junio y la variación por los jueces Miriam Germán Brito, Estela Agelán Casasnova y Juan Hirohito Reyes.
La detención. La madrugada del 29 de mayo la sociedad dominicana se despertó con la noticia de que habían sido arrestados a primera hora al empresario Rondón, quien había sido señalado como el hombre que recibió los US$92 millones que Odebrecht pagó para sobornar a los funcionarios dominicanos; a Montás, ministro de Industria y Comercio; Bautista, expresidente del Senado y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Díaz Rúa, exministro de Obras Publicas; González, quien era diputado en la época en la que se pagaron los sobornos; y al abogado Conrado Pittaluga.
También fueron detenidos Sánchez y Segura, quienes son exvicepresidentes ejecutivos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee); Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potable (Inapa); y De Óleo, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).
Además fueron acusados Valentín, Galán y Pacheco, quienes no fueron detenidos por su inmunidad; y Bernardo Castellanos de Moya, que no fue apresado hasta el 2 de agosto pasado cuando llegó de Panamá, donde se encontraba realizando unos trabajos.
Dos días después Castellanos recibió una medida de coerción de presentación periódica, fianza de RD$5 millones e impedimento de salida. El juez Ortega Polanco aplicó la medida.
El inicio de todo. Aunque el escándalo Odebrecht sacudió a la región de América Latina en el año 2015 cuando detienen al CEO de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, en el marco del caso Petrobras, en República Dominicana el caso no se comenzó investigar hasta el 21 de diciembre del 2016 cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América informó a la comunidad internacional el alcance del entramado de actos de corrupción encabezados por la empresa brasileña en X países.
Cinco días después, el 26 de diciembre del 2016, el Procurador anunció que el Ministerio Público evaluaría la información ofrecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ordenó a las instituciones del Estado que entregaran los contratos suscritos con la compañía Odebrecht desde el 2001.
El 10 de enero comenzaron los interrogatorios. El primero fue Marcelo Hofke, representante de Odebrecht en República Dominicana, quien aseguró que le entregó los US$92 millones a Rondón, quien fue interrogado el 12 de enero. El 16 enero le tocó el turno a Radhamés Segura y el 17 de enero a Alberto Holguín, Freddy Pérez y Roberto Rodríguez.
El 18 de enero la Procuraduría allanó, durante más de cinco horas, las oficinas de Odebrecht en el país y al día siguiente interrogó de nuevo a Hofke.
El día 20 de enero el procurador anunció que Odebrecht se comprometió a pagarle una indemnización de US$184 millones a la República Dominicana por los sobornos que entregó para que le otorgaran los contratos. Los primeros US$30 millones fueron entregados el 31 de enero.
Los otros interrogatorios realizados fueron a Bautista y a Sánchez, el 23 de enero; a Leonardo Guzmán, yerno de Díaz Rúa, el 7 de febrero; a Pittaluga, el 8 de febrero; Díaz Rúa, el 7 de marzo; Reinaldo Pared Pérez, 16 de marzo; Cristina Lizardo, 17 de marzo; Valentín, el 22 de marzo; Abel Martínez, Larry Shell (directivo de Stanley Corporation -empresa que hizo la licitación de Punta Catalina-), y Henry Macual, gerente de Punta Catalina, el 23 de marzo; y Ramón Alburquerque, expresidente del Senado, el 28 de marzo.
Surge la Marcha Verde. La lentitud de las investigaciones provocó la indignación de la población, que el domingo 22 de enero salió masivamente a las calles y tiñó de verde el Parque Independencia para dar origen a la Marcha Verde, un movimiento que reclama el cese de la corrupción y la impunidad.
La marcha ha salido a la calle en diversas ocasiones. Las concentraciones más multitudinarias fueron realizadas en Puerto Plata, el 5 de marzo; en Santiago, el 26 de marzo; en Azua, el 21 de mayo; en Santo Domingo, el 16 de julio; en Nagua, el 6 de agosto; en Moca, el 16 de agosto; y en Punta Catalina, Baní el 20 de agosto.
En cada concentración la Marcha Verde ha expresado su inconformidad con el proceso llevado contra los encartados de Odebrecht puesto que sostiene que además deberían estar acusados Pared Pérez, Rubén Bichara, Gonzalo Castillo, Cristina Lizardo, Vicente Bengoa, Lucía Medina, Simón Lizardo y Abel Martínez. Además ha pedido investigar a Félix Nova y Carlos Amarante Baret.
En el caso de Conrado Pittaluga, recibió nueve meses de arresto domiciliario, en lugar de estar en Najayo; mientras que fueron liberados Temístocles Montás, Andrés Bautista, Ruddy González, César Sánchez y Máximo De Oleo, a quienes les impusieron fianzas, presentación periódica e impedimento de salida.
En el caso de Radhamés Segura, que tenía prisión domiciliaria, se le varió por fianza, presentación periódica e impedimento de salida. Roberto Rodríguez, con prisión domiciliaria durante nueve meses, no apeló la medida de coerción.
Por otro lado, los legisladores Julio César Valentín, Tommy Galán y Alfredo Pacheco, con inmunidad parlamentaria, recibieron impedimento de salida y garantías económicas.
Las medidas de coerción originales fueron dictadas por el magistrado Ortega Polanco el 7 de junio y la variación por los jueces Miriam Germán Brito, Estela Agelán Casasnova y Juan Hirohito Reyes.
La detención. La madrugada del 29 de mayo la sociedad dominicana se despertó con la noticia de que habían sido arrestados a primera hora al empresario Rondón, quien había sido señalado como el hombre que recibió los US$92 millones que Odebrecht pagó para sobornar a los funcionarios dominicanos; a Montás, ministro de Industria y Comercio; Bautista, expresidente del Senado y presidente del Partido Revolucionario Moderno (PRM); Díaz Rúa, exministro de Obras Publicas; González, quien era diputado en la época en la que se pagaron los sobornos; y al abogado Conrado Pittaluga.
También fueron detenidos Sánchez y Segura, quienes son exvicepresidentes ejecutivos de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (Cdeee); Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potable (Inapa); y De Óleo, exadministrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (Egehid).
Además fueron acusados Valentín, Galán y Pacheco, quienes no fueron detenidos por su inmunidad; y Bernardo Castellanos de Moya, que no fue apresado hasta el 2 de agosto pasado cuando llegó de Panamá, donde se encontraba realizando unos trabajos.
Dos días después Castellanos recibió una medida de coerción de presentación periódica, fianza de RD$5 millones e impedimento de salida. El juez Ortega Polanco aplicó la medida.
El inicio de todo. Aunque el escándalo Odebrecht sacudió a la región de América Latina en el año 2015 cuando detienen al CEO de Odebrecht, Marcelo Odebrecht, en el marco del caso Petrobras, en República Dominicana el caso no se comenzó investigar hasta el 21 de diciembre del 2016 cuando el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América informó a la comunidad internacional el alcance del entramado de actos de corrupción encabezados por la empresa brasileña en X países.
Cinco días después, el 26 de diciembre del 2016, el Procurador anunció que el Ministerio Público evaluaría la información ofrecida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y ordenó a las instituciones del Estado que entregaran los contratos suscritos con la compañía Odebrecht desde el 2001.
El 10 de enero comenzaron los interrogatorios. El primero fue Marcelo Hofke, representante de Odebrecht en República Dominicana, quien aseguró que le entregó los US$92 millones a Rondón, quien fue interrogado el 12 de enero. El 16 enero le tocó el turno a Radhamés Segura y el 17 de enero a Alberto Holguín, Freddy Pérez y Roberto Rodríguez.
El 18 de enero la Procuraduría allanó, durante más de cinco horas, las oficinas de Odebrecht en el país y al día siguiente interrogó de nuevo a Hofke.
El día 20 de enero el procurador anunció que Odebrecht se comprometió a pagarle una indemnización de US$184 millones a la República Dominicana por los sobornos que entregó para que le otorgaran los contratos. Los primeros US$30 millones fueron entregados el 31 de enero.
Los otros interrogatorios realizados fueron a Bautista y a Sánchez, el 23 de enero; a Leonardo Guzmán, yerno de Díaz Rúa, el 7 de febrero; a Pittaluga, el 8 de febrero; Díaz Rúa, el 7 de marzo; Reinaldo Pared Pérez, 16 de marzo; Cristina Lizardo, 17 de marzo; Valentín, el 22 de marzo; Abel Martínez, Larry Shell (directivo de Stanley Corporation -empresa que hizo la licitación de Punta Catalina-), y Henry Macual, gerente de Punta Catalina, el 23 de marzo; y Ramón Alburquerque, expresidente del Senado, el 28 de marzo.
Surge la Marcha Verde. La lentitud de las investigaciones provocó la indignación de la población, que el domingo 22 de enero salió masivamente a las calles y tiñó de verde el Parque Independencia para dar origen a la Marcha Verde, un movimiento que reclama el cese de la corrupción y la impunidad.
La marcha ha salido a la calle en diversas ocasiones. Las concentraciones más multitudinarias fueron realizadas en Puerto Plata, el 5 de marzo; en Santiago, el 26 de marzo; en Azua, el 21 de mayo; en Santo Domingo, el 16 de julio; en Nagua, el 6 de agosto; en Moca, el 16 de agosto; y en Punta Catalina, Baní el 20 de agosto.
En cada concentración la Marcha Verde ha expresado su inconformidad con el proceso llevado contra los encartados de Odebrecht puesto que sostiene que además deberían estar acusados Pared Pérez, Rubén Bichara, Gonzalo Castillo, Cristina Lizardo, Vicente Bengoa, Lucía Medina, Simón Lizardo y Abel Martínez. Además ha pedido investigar a Félix Nova y Carlos Amarante Baret.
http://hoy.com.do/liberacion-de-rondon-y-diaz-rua-crea-dudas-con-el-caso-odebrecht/#.WbkY8ZdLFdA.twitter
lunes, 26 de junio de 2017
Gerente Odebrecht fue evasivo
Gerente Odebrecht fue evasivo
Marcelo Hofke, representante de la empresa, aportó pocas informaciones en su interrogatorio
 |
| Marcelo Hofke fue interrogado el 10 de enero en la PGR. |
Santo Domingo.-Reservado, así fue el gerente general de la empresa Odebrecht en el interrogatorio que le realizó el Ministerio Público como parte de las indagatorias para establecer responsabilidades por el pago de US$92 millones distribuidos por esa compañía para obtener contratos en el país.
El brasileño Marcelo Hofke, indicó que llegó al país en 2004 como responsable de producción de obras y en 2006 pasó a ser gerente de producción.
Desde 2008 salió del país y regresó en 2017 como gerente general. A continuación parte íntegra del interrogatorio.
M P. ¿Cuáles son las instituciones del Estado con las que la constructora Norberto Odebrecht, S. A. ha contratado?
R. Instituto Nacional de Aguas Potable y Alcantarillados (Inapa), Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y Egehid.
R. Instituto Nacional de Aguas Potable y Alcantarillados (Inapa), Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) y Egehid.
MP. Hemos verificado que las mayorías de las adendas realizadas previo al año 2007 superan el 25 % establecido en la Ley 340-06, ¿qué tiene que decir al respecto?
R. Primero habría que determinar caso por caso para verificar las variantes y circunstancias que llevaron a la realización de las adendas.
No obstante, las adendas suscritas para contratos previos a la Ley 340-06, siguen el criterio de la ley anterior, Ley de Aprovisionamiento del Estado, pueden verificar el contrato o el informe técnico del mismo. Esos informes técnicos los realizaban las instituciones gubernamentales correspondientes.
Algunas de estas adendas iban al Congreso por aprobación, en la medida que tenían una fuente de financiación de externas.
MP. Tuvimos conocimientos a través de documentos oficiales, donde se contemplan los pagos de supuestos sobornos por un monto de unos noventa y dos millones de dólares (US$92,000,000), en los cuales se indica la participación de un intermediario y funcionarios públicos de República Dominicana, ¿Quién es el intermediario y cuáles son los funcionarios públicos dominicanos que recibieron el supuesto soborno?
R. Nosotros no tenemos conocimiento del pago de un soborno ni del nombre de quién sería la persona que sirvió de intermediaria a dichos fines, en razón de que dichas referencias constan en el acuerdo suscrito por la casa matriz con las autoridades de Brasil, Estados Unidos y Suiza, sin identificar la misma.
Lo que si reconocemos es que tenemos un representante comercial contratado en la República Dominicana. El cual ha ejercido nuestra representación a través de sus empresas, quien es el señor Ángel Rondón.
Los pagos fueron hechos por servicios prestados durante el periodo de los años 2001 hasta la fecha. Los contratos de representación, sus anexos y comprobantes de pagos están a su disposición en caso de requerirlos.
MP. Sobre estos pagos por servicios, ¿explíquenos en qué consistían?
R. Son servicios de gestión comercial, entiéndase: consultoría para la búsqueda de oportunidades de licitación, sus financiamientos correspondientes, representación en el mercado local tanto público como el privado y gestión de trámites para pagos.
MP. Según su criterio, por qué en los documentos oficiales del “acuerdo definen como soborno el pago de los noventa y dos millones de dólares (US$92,000,000) y usted se refiere al mismo como servicios? Justifique.
R. Yo ese acuerdo lo respeto, pero no he participado en manera alguna en el mismo. Lo que tengo conocimiento es que en la República Dominicana se realizaron pagos por servicios prestados.
MP. ¿Quién tiene conocimiento?
R. No sé. Asumo que quienes realizaron esas negociaciones para el cierre de ese acuerdo. El representante legal para el acuerdo de Odebrehct, S. A. fue el doctor Adriano Juca.
MP. Por República Dominicana, ¿quiénes participaron en ese acuerdo?
R. No tengo conocimiento de quiénes participaron por República Dominicana en la firma de ese acuerdo legal entre Estados Unidos, Brasil, Suiza y nuestra empresa. Reitero, el representante legal para Odebrecht, S. A. fue el doctor Adriano Juca.
MP. ¿Usted sabría quien participó por la República Dominicana en la firma de ese acurdo?
R. Lo desconozco.
MP. Tuvimos conocimiento a través de documentos oficiales, donde se contemplan los pagos por un monto de unos noventa y dos millones de dólares (US$92,000,000), el cual se indica la participación de un intermediario en República Dominicana ¿Quién es ese intermediario?
R. Reitero, no reconocemos ese intermediario. Lo que tenemos en República Dominicana es un representante comercial exclusivo durante 2001 hasta la fecha que son Conansa Lasha, ambas representadas por su principal ejecutivo el señor Ángel Rondón Rijo.
MP. ¿Cómo se inició esa representación y cómo funcionaba?
R. Odebrecht cuando entra en mercado lo que hace primeramente es buscar la embajada brasileña en el país, así dentro de las funciones de la embajada está el fomento de las relaciones amistosas y comerciales entre los nacionales de ambos países.
En estas actividades de fomentación se conoció, por lo que yo sé, al empresario Ángel Rondón y se iniciaron las relaciones comerciales.
MP. ¿Ha tenido usted acceso a documentos o informaciones donde se indique algunos nombres de los funcionarios públicos que recibieron sobornos por parte de la compañía que usted representa o del representante comercial señor Ángel Rondón Rijo que usted acaba de mencionar?
R. No tenemos conocimiento, no consentimos ni instruimos ese tipo de prácticas a que hace referencia en su pregunta.
MP. ¿Cuáles fueron los consorciados a los cuales les fueron asignados contratos para la realización de obras o que de alguna forma resultaron involucradas en participación, negociaciones y/o contrataciones con Odebrecht?
R. Amina, S. A./Constructora Polanco, S.A./Proyectos e Inversiones Jomasami/Conamsa, S. A./ Sedeinsa, S.A./Moya Supervisiones y Construcciones, S.A./Ingeniería Estrella/Cinercom, S. A./ Constructora Rizek y Asociados S.R.L.
MP. ¿Cómo era el sistema de pago a su representante comercial en República Dominicana?
R. Los pagos fueron hechos en apego al contrato que tenemos. Se realizaban de acuerdo a ingresos que recibíamos, y era entre el 1 y el 2 % del monto total del contrato. Los pagos se realizaban en criterio general con los ingresos que se generaban por pagos de las cubicaciones realizadas.
MP. Este representante comercial tenía algún vínculo con funcionarios del Gobierno para obtener los contratos para agilizar los pagos.
R. No tengo conocimiento. MP. Los pagos a ese presentante comercial se hacían en efectivo, transferencias electrónicas, viajes, regalos u otros?
R. Tengo entendido que eran transferencias desde la casa matriz.
MP. ¿Puede indicarnos a quiénes y desde qué cuentas bancarias se hacían esas transferencias, desde qué país, cuáles bancos y a cuáles cuentas?
R. Esos pagos venían desde el departamento financiero de la casa matriz, son ellos quienes pueden dar esos detalles.
MP. ¿Existen registros contables, formales o informales, de Odebrecht, S. A. tanto nacional como en la casa matriz, donde se registren los pagos y a quiénes por servicio de representación comercial y/o legal?
MP. ¿Existen registros contables, formales o informales, de Odebrecht, S. A. tanto nacional como en la casa matriz, donde se registren los pagos y a quiénes por servicio de representación comercial y/o legal?
R. Ese representante tenía varias calidades como representante comercial, el pago siempre fue realizado por casa matriz. Como subcontratista y consorciado pueden aparecer pagos a su nombre o de las compañías
MP. ¿Cuáles medios fueron utilizados por Odebrecht y su representante comercial para comunicarse respecto de supuestas transacciones?
R. Él mandaba una carta tal y como establece el contrato de Odebrecht República Dominicana diciendo que la obra iba a empezar y que por ese concepto debía realizarse el pago correspondiente.
En esa solicitud él indicaba la cuenta, la empresa beneficiaria. Odebrecht República Dominicana incluía eso en una programación financiera que iba a la casa matriz.
MP. ¿Tiene algo más que decir?
R. No tengo nada que agregar. Solo quiero dejar claro la disposición de la empresa de colaborar en todo lo que sea requerido por ustedes.
http://eldia.com.do/gerente-odebrecht-fue-evasivo/
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