Corresponsabilidad sin coartadas: cuando el desarrollo se firma en la misma mesa
En el almuerzo empresarial de AMCHAMDR, la primera dama Raquel Arbaje defendió una tesis tan sencilla como exigente: la República Dominicana no puede aspirar a un desarrollo sostenible si Estado, empresa y sociedad siguen actuando como compartimentos estancos. La cooperación debe convertirse en método, con metas verificables, responsabilidades claras y resultados medibles.
Por Luis Orlando Díaz Vólquez
En la vida pública dominicana abundan las palabras que suenan bien y, sin embargo, cambian poco. “Alianza” es una de ellas: se pronuncia en discursos, se imprime en memorias institucionales y se invoca en los momentos de crisis. Pero alianzas reales —las que transforman capacidades dispersas en soluciones sostenibles— son menos frecuentes de lo que quisiéramos admitir. Por eso, el mensaje de la primera dama Raquel Arbaje en el almuerzo empresarial de la Cámara Americana de Comercio (AMCHAMDR), celebrado el 19 de mayo de 2026 con la presencia del presidente Luis Abinader, merece leerse con lentes estratégicos, no protocolares.
Arbaje tituló su ponencia “Alianzas y corresponsabilidad: claves para el desarrollo”, y en esa combinación de términos está la diferencia entre un gesto y una política. La alianza, por sí sola, puede quedarse en el terreno de la buena voluntad. La corresponsabilidad, en cambio, obliga a rendición de cuentas: ¿quién hace qué?, ¿con qué recursos?, ¿en qué plazos?, ¿bajo qué estándares?, ¿con qué evidencia de impacto? En un país donde muchas iniciativas mueren al cambiar la coyuntura, el llamado a la corresponsabilidad es, en el fondo, un llamado a la continuidad institucional y a la cultura de resultados.
La primera dama fue directa al desmontar una confusión recurrente: reducir la cooperación público‑privada a un asunto de financiamiento. “Las alianzas público‑privadas no son un mero mecanismo de financiamiento. Son, ante todo, el reconocimiento de que los grandes desafíos de una sociedad nos conciernen a todos”, afirmó. Esa frase, más que un eslogan, encierra una advertencia: si concebimos las alianzas como cheques y no como diseño de soluciones, terminaremos comprando eventos y no construyendo capacidades. Y el desarrollo, cuando es auténtico, se expresa precisamente en capacidades: instituciones que coordinan, empresas que innovan con propósito, comunidades que participan y evalúan, y una ciudadanía que exige transparencia.
En ese marco, Arbaje colocó al empresariado dominicano en un rol que la discusión pública suele caricaturizar. Ni “salvador” que sustituye al Estado, ni “donante” periférico que se limita a patrocinar causas: actor transformador cuando aporta experiencia, redes, logística, gestión y escalabilidad a iniciativas sociales con objetivos concretos. Esta idea eleva el debate desde la filantropía ocasional hacia la inversión social estratégica, donde importan la gobernanza, la medición del impacto y la sostenibilidad financiera. Es, también, una invitación a que la responsabilidad social empresarial deje de ser un apéndice reputacional y se convierta en un componente serio de la competitividad nacional.
Los ejemplos citados por la primera dama aportan materialidad a esa visión. Desde la Oficina de la Primera Dama y el programa “Uniendo Voluntades”, mencionó iniciativas enfocadas en niñez, adolescencia, salud y fortalecimiento comunitario: implantes cocleares para niños y niñas con hipoacusia severa; el Pabellón Oncopediátrico Uniendo Voluntades en el INCART; y la recuperación de parques y espacios públicos en comunidades vulnerables. No son “hitos” para la vitrina: son intervenciones donde el impacto se mide en vidas que oyen, tratamientos que llegan, entornos que se recuperan, tejidos comunitarios que se recomponen. Y eso exige algo que el país ha aprendido con esfuerzo: inaugurar es fácil; sostener es lo difícil.
Si la corresponsabilidad fuera solo un concepto moral, quedaría encerrada en la retórica. Pero Arbaje la presentó como una herramienta práctica para enfrentar problemas complejos que no se resuelven con decretos ni con campañas de temporada. La política social seria demanda convergencia: recursos públicos bien orientados, capacidades privadas alineadas, organizaciones sociales con conocimiento del territorio, y mecanismos de seguimiento que eviten la duplicidad y la dispersión. En términos económicos, la corresponsabilidad reduce desperdicios, mejora la asignación del gasto y convierte recursos fragmentados en capacidades coordinadas; en términos institucionales, fortalece confianza y reduce vulnerabilidad ante el cortoplacismo.
La mención al Gabinete de Niñez y Adolescencia (GANA) refuerza ese punto. Arbaje resaltó avances vinculados a la reducción de embarazos en adolescentes y uniones tempranas, atribuibles a la articulación entre instituciones públicas, organizaciones sociales y sector privado. Que este tema se discuta en un foro empresarial no es accesorio: es un reconocimiento de que el desarrollo humano no es un “tema social” separado del crecimiento, sino su condición de posibilidad. Un país que no protege a su niñez paga la factura en productividad, salud pública, informalidad, violencia y reproducción intergeneracional de la pobreza. La competitividad —esa palabra que a veces reducimos a indicadores macro— empieza donde se forma el capital humano y donde se protegen trayectorias de vida.
También es relevante el giro institucional que la primera dama explicó: la eliminación del antiguo Despacho de la Primera Dama para dar paso a una oficina más ágil, enfocada en articular esfuerzos entre sector público, privado, sociedad civil y organismos internacionales, con resultados concretos en comunidades vulnerables. En un Estado frecuentemente tentado por la forma y el ceremonial, apostar por una estructura orientada a coordinación y ejecución es un mensaje político-administrativo: menos simbolismo, más utilidad pública. Pero esa apuesta solo se valida con evaluación constante: qué funciona, qué no funciona, cuánto cuesta, qué se escala y qué se corrige.
Desde esa misma lógica, el llamado al empresariado a involucrarse en proyectos de impacto social debe interpretarse como una invitación a institucionalizar la participación privada más allá de coyunturas. Y aquí conviene elevar el estándar: no se trata de pedir “más apoyo”, sino mejor apoyo; no de multiplicar iniciativas, sino de concentrarlas donde el retorno social sea mayor; no de dispersar esfuerzos, sino de alinear prioridades nacionales y territoriales. El sector privado, por sí solo, no puede sustituir al Estado; el Estado, por sí solo, no puede replicar la potencia organizativa, tecnológica y logística del sector privado. La clave está en diseñar el espacio de cooperación donde ambos ganan y donde, al final, la ciudadanía recibe el dividendo más importante: servicios, oportunidades y confianza.
En última instancia, la intervención de Raquel Arbaje propone una normalización necesaria: el desarrollo no es la suma de esfuerzos aislados, sino la coordinación de responsabilidades compartidas. “Cuando distintos sectores deciden sentarse en una misma mesa con un propósito común, los resultados llegan”, sostuvo. Esa es la tesis: el país no necesita más discursos sobre progreso; necesita acuerdos operativos, con métricas y continuidad, donde cada actor responda por su parte y todos respondan por el resultado. La corresponsabilidad, entendida con rigor, es la vacuna contra dos tentaciones que nos han costado décadas: el estatismo que promete sin capacidad y el privatismo que crece sin cohesión. Entre ambos extremos existe un camino más exigente —pero más sostenible—: construir nación como proyecto común, firmado en la misma mesa y verificado en la vida real.
Luis Orlando Díaz Vólquez
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