La bisagra inteligente: por qué el mundo del pensamiento estratégico debería mirar a Santo Domingo

La bisagra inteligente: por qué el mundo del pensamiento estratégico debería mirar a Santo Domingo

La oferta de la República Dominicana para ser sede del centro de la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial va más allá de una iniciativa diplomática. Los principales centros de pensamiento del mundo coinciden en que, en la era algorítmica, el poder no dependerá solo del tamaño de un país, sino de su capacidad para conectar, generar confianza y gobernar los datos. Ese es el terreno donde un Estado pequeño puede tener un peso mayor que su tamaño.

Por Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor

La historia de las relaciones internacionales suele contarse desde las grandes potencias, pero muchos cambios de época se entienden mejor desde los márgenes. Cuando el presidente Luis Abinader ofreció en la XXX Cumbre Iberoamericana de Madrid a la República Dominicana como sede del centro que impulsará la Alianza Iberoamericana de Inteligencia Artificial, puso a disposición los recursos institucionales y técnicos del país. Con ese gesto también formuló una pregunta que hoy ocupa a Washington, Bruselas y Pekín: quién gobernará la inteligencia que gobernará el mundo. La respuesta dominicana fue que no basta con fabricarla. Hay que darle reglas, lengua y propósito. [https://ef...a-sede-ia/], [https://el...ana-de-ia/]

El momento ayuda a entender la propuesta. La Alianza, acordada en la primera reunión ministerial iberoamericana de transformación digital, se apoya en tres ejes: un espacio federado de datos en el que cada país decide qué comparte, modelos entrenados en español, portugués y lenguas indígenas, y cooperación en capacidad de cómputo. Para quienes estudian geopolítica tecnológica, la lectura es directa. Iberoamérica, una comunidad de 22 países y más de 700 millones de personas, ha decidido no conformarse con consumir modelos diseñados en otras lenguas, con otros sesgos y bajo otras jurisdicciones. La soberanía del siglo XXI incluye también la soberanía semántica. [https://se...rtificial/]

Sundar Pichai, director ejecutivo de Google, ha dicho que la IA es probablemente lo más importante en lo que ha trabajado la humanidad y que la considera más profunda que la electricidad o el fuego. Stephen Hawking advirtió en 2016, en la inauguración del Leverhulme Centre de Cambridge, que crear una inteligencia artificial poderosa podría ser lo mejor o lo peor que le haya ocurrido a la humanidad. Entre ese entusiasmo y esa advertencia se mueve hoy el debate académico mundial. En ese mismo terreno se ubica la tesis que Abinader llevó a Madrid: «La inteligencia artificial debe ser una herramienta para cerrar brechas, no para ensanchar desigualdades». [https://ef...a-sede-ia/]

Los grandes centros de pensamiento han llegado, por caminos distintos, a una conclusión parecida. La OCDE, con sus Principios sobre IA de 2019, y la UNESCO, con su Recomendación sobre la Ética de la Inteligencia Artificial de 2021, establecieron que la gobernanza tecnológica debe centrarse en las personas, los derechos y la rendición de cuentas. Brookings Institution ha insistido en que la brecha de IA puede convertirse en la nueva frontera de la desigualdad entre naciones y dentro de ellas. Carnegie Endowment for International Peace ha estudiado cómo las potencias medias y pequeñas pueden influir en la gobernanza digital mediante coaliciones y normas. El Atlantic Council y el CSIS ven a la región como un escenario de competencia entre modelos tecnológicos, con la infraestructura de datos y telecomunicaciones como eje de seguridad hemisférica. Desde Madrid, el Real Instituto Elcano ha defendido que el espacio iberoamericano puede aportar una voz propia entre la regulación europea y la dinámica de los mercados estadounidense y china. La CEPAL, por su parte, acompaña la medición regional de capacidades en IA y advierte que América Latina corre el riesgo de quedarse rezagada si no invierte en talento, datos y cómputo. Todas estas instituciones coinciden en que las reglas importan tanto como los algoritmos y en que quien convoca también tiene capacidad de influir.

En ese consenso, la República Dominicana tiene una ventaja que suele pasar inadvertida: la coherencia. En 2023, Santo Domingo adoptó la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales. El país que ayudó a escribir las reglas ofrece ahora un lugar para aplicarlas. Así funciona la diplomacia normativa, el instrumento con el que Estonia se convirtió en referente de ciberseguridad, Singapur en laboratorio de gobierno digital y Costa Rica en autoridad moral ambiental. Ninguno de esos países se impuso por su tamaño. Ganaron influencia porque lograron que se confiara en ellos. [https://ef...a-sede-ia/]

Parag Khanna, uno de los pensadores más citados sobre globalización, sostuvo en Connectography que la conectividad, y no la geografía, define el destino de las naciones. Pocas ideas describen mejor la oportunidad dominicana. El país ya tiene puertos multimodales, rutas aéreas con Europa y Norteamérica, zonas francas integradas en cadenas médicas y eléctricas, y una aduana que ha avanzado en la gestión digital del riesgo. Si a esa infraestructura física se suma un centro regional de IA, la isla deja de ser solo un punto en el mapa y empieza a funcionar como nodo de una red. Eso implica trazabilidad predictiva de mercancías, cadenas de frío monitoreadas en tiempo real, modelos de alerta temprana ante huracanes y sequías, y comercio legítimo más ágil, con menos espacio para el contrabando.

La geopolítica refuerza el argumento. La semana de Madrid coincidió con un cambio de mayoría en el Congreso estadounidense, la negociación entre Rusia y Ucrania en Abu Dabi con mediación de Washington y un petróleo encarecido por la crisis en Ormuz. En un mundo marcado por guerras, aranceles y procesos electorales cuestionados, la previsibilidad institucional se ha convertido en un activo escaso. La reforma constitucional dominicana de 2024, que blindó la alternancia, envía una señal que fondos de inversión, cancillerías y bancos multilaterales leen con atención. La agenda presidencial en Madrid lo confirmó con encuentros con la CAF, cuya nueva sede busca movilizar más recursos europeos hacia la región, y con el Banco Europeo de Inversiones, que mantiene en Santo Domingo su oficina regional para el Caribe. [https://ch...argentina/], [https://el...-dabi.html] [https://el...atina.html], [https://x....wsrc%5Etfw]

Pero el pensamiento estratégico serio no se conforma con el entusiasmo. Una candidatura de este tipo se gana con un expediente sólido. La SEGIB necesitará ver una sede física, un presupuesto plurianual, un consorcio de universidades nacionales e iberoamericanas, acuerdos con los centros de datos instalados en el país y una ley de protección de datos a la altura de la Carta de 2023. También necesitará casos de uso tempranos en salud, educación, gestión de riesgos climáticos y aduanas inteligentes. El país debe llegar con resultados que pueda mostrar, porque la autoridad internacional se demuestra con hechos.

Ese es, en el fondo, el desafío intelectual que plantea esta propuesta a la comunidad académica global: comprobar si un Estado insular del Caribe puede convertirse en laboratorio de una gobernanza de la IA centrada en las personas, multilingüe y orientada a reducir brechas. Si lo consigue, los manuales de relaciones internacionales tendrán un nuevo caso de estudio, junto a Tallin y Singapur. Si fracasa, perderá una de las pocas ventanas que el siglo abre a los países pequeños.

Abinader cerró su intervención con una frase que debería recordarse fuera del protocolo: «Ninguna transformación verdadera nace de la resignación. Nace de la responsabilidad, del esfuerzo y de la determinación de convertir nuestras aspiraciones en realidades». Madrid escuchó a Santo Domingo. Ahora le toca al país demostrar que puede ser la bisagra que conecte Europa con las Américas, la norma con la técnica y la tecnología con la equidad. En la era de la inteligencia artificial, ese papel de puente puede pesar tanto como el tamaño de un país.

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El arte de los pequeños en la era de los gigantes

COLUMNA DE OPINIÓN

El arte de los pequeños en la era de los gigantes

Mientras las potencias se desgastan entre urnas, guerras y rivalidades tecnológicas, la República Dominicana tiene una oportunidad: dejar de ser espectadora del orden internacional y actuar como un Estado pequeño que entiende el tablero mejor que muchos grandes.

Hay semanas que funcionan como radiografías del poder mundial, y la primera de noviembre de 2026 es una de ellas. En pocos días, los votantes estadounidenses entregaron a los demócratas el control de las dos cámaras del Congreso, y el propio vicepresidente JD Vance atribuyó la derrota a la impopular guerra contra Irán. Brasil reeligió a Lula con un estrecho 51,79 %, mientras su adversario se negaba a reconocer el resultado.
Rusia y Ucrania anunciaron una nueva ronda de negociaciones en Abu Dabi. Y en Madrid, una Cumbre Iberoamericana reunió apenas a 10 de 22 jefes de Estado y de Gobierno. Leídos por separado, son titulares. Leídos juntos, muestran un mundo en el que ninguna potencia logra imponer su relato sin pagar un costo interno. [chequeado.com] [es-us.noti....yahoo.com] [larepublica.pe] [efe.com] [https://p....om/p/5P43b]

Esa es la primera lección para la República Dominicana: la fragilidad de los grandes es la oportunidad de los pequeños. Durante décadas, la teoría de las relaciones internacionales trató a los Estados pequeños como objetos de la política ajena, condenados a alinearse o a ser arrastrados. La experiencia de Singapur, Irlanda, Costa Rica o los países bálticos demostró otra cosa. Un país sin tamaño puede ganar influencia si cultiva tres atributos que las potencias no pueden comprar con facilidad: credibilidad institucional, utilidad estratégica y coherencia en el tiempo. No se trata de ser neutral, sino de ser necesario.

La credibilidad dominicana tiene hoy respaldo en cifras. La economía creció 4,5 % entre enero y agosto, las exportaciones avanzaron 13,2 % y la inversión extranjera directa superaría los US$5.300 millones este año. El Fondo Monetario Internacional proyecta un crecimiento de 4,6 % para el país, frente al 2,3 % que estima para América Latina. Más allá de los números, la estabilidad política se ha vuelto un bien escaso en el hemisferio. Mientras Brasil discute la legitimidad de sus propias urnas, la República Dominicana practica la alternancia sin sobresaltos. En los fondos de inversión y los ministerios de economía del mundo, eso tiene un precio, y ese precio es una ventaja nacional. [invertix.com.do] [diariolibre.com]

La utilidad estratégica exige más imaginación. El reacomodo en Washington traerá un Congreso más activo en comercio, migración y presupuesto. La guerra con Irán y la tensión en Ormuz recordaron que la energía es geopolítica pura, y la factura petrolera dominicana, que creció 31,1 % entre enero y agosto, lo confirma de la manera más dura. A la vez, China avanza en la percepción latinoamericana. El analista Evan Ellis advierte que la valoración positiva de su influencia subió del 48 % al 65 %, mientras la de Estados Unidos retrocedió. En ese cruce de presiones, la pregunta no es a quién complacer, sino qué ofrecer que nadie más ofrezca en el Caribe: logística confiable, aduanas digitales, zonas francas integradas a cadenas de suministro cercanas, un puente cultural entre Europa y las Américas, y una diáspora que conecta a Santo Domingo con Nueva York y con Madrid. [invertix.com.do] [infobae.com]

Por eso la agenda del presidente Luis Abinader en Madrid merece una lectura más fina que la de la crónica protocolar. Reunirse con la CAF, con el Banco Europeo de Inversiones, con ONU Turismo y con Airbus es diplomacia económica en su forma más concreta: convertir la presencia política en financiamiento, conectividad y empleo. En una cumbre marcada por las ausencias y la polarización entre Milei y Sánchez, el país eligió no tomar partido en la querella ideológica, sino sentarse con quienes tienen capital para invertir. No es tibieza. Es el realismo inteligente de quien sabe que la ideología divide los foros, mientras que los proyectos los unen. [https://pr...residencia]

La tercera condición, la coherencia, es la más difícil y la más decisiva. Los Estados pequeños pierden respeto cuando cambian de libreto en cada ciclo electoral ajeno. La República Dominicana debe sostener una arquitectura estable: alianza estratégica con Estados Unidos, que es su principal mercado, su principal fuente de remesas y el hogar de su diáspora; asociación ampliada con la Unión Europea y con España; comercio pragmático con Asia, con salvaguardas claras en infraestructuras críticas, telecomunicaciones y datos; y liderazgo caribeño en seguridad, resiliencia climática y gestión de la crisis haitiana. Esa arquitectura no debe depender de quién gane una elección en Washington, Brasilia o Santo Domingo. Debe ser política de Estado, y la Meta RD 2036 ofrece el marco para anclarla.

Queda la dimensión menos visible y quizá la más profunda: el desarrollo como relato. Los países que ganan respeto en la comunidad académica y en los mercados globales no solo crecen; también explican por qué crecen. La República Dominicana necesita producir pensamiento estratégico propio, con centros de estudio, universidades y diplomáticos que publiquen, debatan y propongan en los foros donde se define la agenda mundial. Un país que exporta oro, turismo y manufactura también debe exportar ideas. La Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, adoptada en la cumbre de Santo Domingo de 2023, demostró que el país puede aportar agenda y no solo anfitrionía. Esa línea debe continuar en inteligencia artificial, transición energética, seguridad marítima y gobernanza migratoria. [segib.org]

También hay que nombrar los riesgos. Crecer no es lo mismo que desarrollarse si la productividad no se extiende a los territorios, si la educación no prepara para la economía digital y si la dependencia energética deja a la nación expuesta a cada crisis en el golfo Pérsico. El FMI ya valoró el Plan Anticrisis como una respuesta responsable y señaló la conveniencia de desmontar de forma gradual los subsidios generalizados. Escuchar esa advertencia no es una concesión, sino una muestra de madurez. Los países que se toman en serio reconocen sus límites antes de que otros los expongan. [vivirrd.do]

El siglo XXI no premiará a los más grandes, sino a los más lúcidos. En un tablero donde las superpotencias se desgastan en guerras costosas, polarizaciones internas y rivalidades sin salida, el Estado pequeño que lee bien la jugada, cuida su reputación y negocia con método puede avanzar más de lo que su mapa sugiere. La República Dominicana tiene estabilidad, crecimiento, ubicación y diáspora. Le falta convertir esos activos en una doctrina. Cuando lo logre, dejará de ser mencionada en las cumbres como asistente puntual y será citada como ejemplo. Ese es el desafío de esta generación: pasar de la buena noticia a la gran estrategia.

Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor

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Iberoamérica en Madrid, Washington en giro y el mundo en guerra: la hora estratégica de la República Dominicana 

La victoria demócrata en el Congreso de EE. UU., la reelección de Lula, la guerra con Irán, las negociaciones entre Rusia y Ucrania y el avance de China en la región cambian el tablero. Con una cumbre iberoamericana debilitada por las ausencias, la República Dominicana tiene la oportunidad de presentarse como un socio confiable en una región dividida.

Editorial GuasábaraEditor

Pocas veces una semana había reunido tantas señales del cambio de época. Mientras el presidente Luis Abinader llegaba a Madrid para la XXX Cumbre Iberoamericana, Estados Unidos votaba en unas elecciones de medio término que cambiaron el mapa del poder en Washington. Brasil todavía estaba digiriendo una segunda vuelta muy reñida, y Rusia y Ucrania confirmaban una nueva ronda de negociaciones en Abu Dabi. La pregunta para un país pequeño, abierto y con ambición de desarrollo es cómo aprovechar estas turbulencias. Ningún dominicano puede permitirse verlas como un espectáculo lejano.

La cumbre de Madrid muestra bien la fractura regional. Asistieron solo 10 de los 22 jefes de Estado y de Gobierno. Faltaron Lula, Claudia Sheinbaum y Delcy Rodríguez, mientras que Javier Milei y José Antonio Kast llegaron como figuras de la nueva derecha latinoamericana. En ese foro dividido, la presencia dominicana al más alto nivel tiene peso propio. Abinader no fue a hacer una foto ideológica.

Su agenda incluye reuniones con el presidente de la CAF, Sergio Díaz-Granados; con la presidenta del Banco Europeo de Inversiones, Nadia Calviño; y con ONU Turismo, además de una visita a Airbus y un encuentro empresarial. Es una diplomacia orientada a resultados: buscar financiamiento, inversión, conectividad y turismo. El país ya tiene una base en este proceso, porque la cumbre de Santo Domingo de 2023 adoptó la Carta Iberoamericana de Principios y Derechos en los Entornos Digitales, antecedente directo de la Alianza Digital y de inteligencia artificial que ahora se discute en Madrid. [https://p....om/p/5P43b], [primicias.ec] [https://pr...residencia], [noticiassin.com] [segib.org]

El cambio en Washington es el que más afecta a la República Dominicana. Los demócratas tomaron el control de las dos cámaras del Congreso, con victorias incluso en bastiones republicanos como Texas, Iowa y Kansas. El propio vicepresidente JD Vance atribuyó la derrota a la impopular guerra contra Irán, y el presidente Trump reconoció que el conflicto encareció los combustibles, aunque afirmó que volvería a atacar. Para Santo Domingo, esto significa dos años de un Ejecutivo con menos margen y un Congreso con más poder sobre comercio, migración, presupuesto y nombramientos. La diplomacia dominicana tendrá que trabajar con ambos partidos, porque la relación con Estados Unidos, el principal socio comercial, el origen de la mayoría de las remesas y el destino de la diáspora, no puede depender de un solo inquilino de la Casa Blanca. [elperiodico.com], [chequeado.com] [es-us.noti....yahoo.com] [elperiodico.com]

Brasil envía una señal parecida desde el sur. Lula ganó con el 51,79 % frente al 48,21 % de Flávio Bolsonaro, y se convirtió en el primer candidato desde el regreso de la democracia que gana después de quedar segundo en la primera vuelta. Bolsonaro, sin embargo, se niega a reconocer el resultado y pide anular la elección. Un país partido casi por la mitad, con mercados nerviosos, recuerda que la estabilidad institucional es un activo económico escaso en la región. La República Dominicana, con alternancia pacífica y reglas previsibles, puede convertir esa estabilidad en su principal argumento ante inversionistas que buscan dónde instalarse. [larepublica.pe], [lisanews.org]

La guerra también pesa directamente en el bolsillo dominicano. El enfrentamiento con Irán y el cierre del estrecho de Ormuz desplazaron la atención internacional y dispararon el petróleo. Al mismo tiempo, Estados Unidos mediará entre Rusia y Ucrania en Abu Dabi el 10 y 11 de noviembre, en una ronda centrada en la seguridad de posguerra, la desescalada y la ayuda humanitaria. El canciller alemán Friedrich Merz y Volodímir Zelenski insisten en que la guerra no terminará sin Europa. Para un importador neto de combustibles, cualquier avance hacia la paz significa alivio. Los datos lo confirman: entre enero y agosto, la factura petrolera dominicana creció 31,1 %. Por eso la Ley 30-26, el llamado Plan Anticrisis, fue valorada por el FMI como una respuesta responsable que, además, abre la puerta a desmontar de forma gradual los subsidios generalizados y regresivos. [elpais.com] [efe.com] [elpais.com] [invertix.com.do] [vivirrd.do]

China completa el tablero. Evan Ellis, uno de los analistas estadounidenses más citados sobre la presencia china en el hemisferio, recuerda que la Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 2025 se propone frenar a los actores extrahemisféricos en la región. También cita el Latinobarómetro de octubre de 2026: la valoración positiva de la influencia china subió del 48 % al 65 %, mientras la de Estados Unidos bajó del 60 % al 57 %. Pekín, por su parte, afirma que su Iniciativa para la Gobernanza Global ya tiene el respaldo de cerca de 160 países y organizaciones. Para la República Dominicana, la respuesta no es elegir un bando por impulso, sino practicar un realismo inteligente. Su alianza estratégica natural es con Washington, que le da acceso a mercados, seguridad y comunidad. Desde esa base, puede comerciar con todos sin poner en riesgo la confianza de su socio principal en puertos, telecomunicaciones y tecnologías sensibles. [infobae.com] [espanol.cri.cn]

En este contexto, los números dominicanos dan margen para actuar. La economía creció 4,5 % entre enero y agosto. Las remesas subieron 6,5 %, el turismo 15,2 % en el primer semestre y las exportaciones 13,2 %, con el oro creciendo 40,5 %. La inversión extranjera directa superaría los US$5.300 millones este año. El FMI proyecta un crecimiento de 4,6 % para 2026 y de 4,4 % para 2027, muy por encima del 2,3 % que estima para América Latina. Pocos países de la región llegan a este momento con esa combinación de crecimiento, estabilidad política y credibilidad ante los organismos multilaterales. [invertix.com.do] [diariolibre.com]

La conclusión es clara: el mundo se está reorganizando, y esa reorganización abre espacio para los países que saben moverse. La República Dominicana puede convertirse en un puente entre Washington y Madrid, entre el Caribe y Europa, entre la banca multilateral y la inversión productiva. Si el Congreso estadounidense pone el acento en las cadenas de suministro cercanas, el país debe ofrecer zonas francas modernas, logística eficiente y aduanas digitales. Si Europa busca socios confiables en el hemisferio, el BEI y la CAF deben encontrar aquí proyectos de energía, agua y transformación digital listos para financiar. Y si la región sigue polarizada, la sobriedad diplomática dominicana debe consolidarse como marca país. El desarrollo no se espera: se negocia en cumbres como la de Madrid, se protege con instituciones sólidas y se construye con una visión de Estado que vaya más allá de un gobierno.

Luis Orlando Díaz Vólquez | #GuasábaraEditor

Moscú bajo alerta: cuando la inteligencia pesa más que la rivalidad

COMENTARIO

Moscú bajo alerta: cuando la inteligencia pesa más que la rivalidad

• La respuesta rusa a la advertencia estadounidense sobre una posible matanza en Tsaritsyno demuestra que, incluso entre adversarios estratégicos, la protección de vidas humanas exige mantener abiertos los canales de inteligencia. El antecedente de Crocus City Hall convierte este episodio en una prueba crítica para la credibilidad del aparato de seguridad ruso.

La alerta emitida este sábado 31 de octubre por la Embajada de Estados Unidos en Moscú no puede reducirse a una simple recomendación consular. Washington identificó una “amenaza creíble de un incidente con numerosas víctimas”, señaló una fecha concreta y ubicó el riesgo en la Reserva-Museo Tsaritsyno, en el sur de Moscú. El aviso instó a evitar el complejo y las multitudes, mantener cargados los teléfonos y seguir los medios locales. El Servicio Federal de Seguridad de Rusia, conocido como FSB, confirmó que recibió la información por canales establecidos y anunció la adopción de medidas apropiadas. [ru.usembassy.gov], [reuters.com]

La precisión resulta decisiva. No se trató de una advertencia genérica sobre la posibilidad abstracta de violencia terrorista, sino de una comunicación que delimitó lugar y día. Tampoco debe confundirse la existencia de una amenaza con la ejecución de un atentado: hasta la información pública disponible, no se habían confirmado un ataque, detenciones, incautaciones de armas o explosivos ni la desarticulación de una célula. La alerta identificó un riesgo; no estableció públicamente quién lo preparaba, con qué medios pretendía actuar o qué organización podría estar detrás. [ru.usembassy.gov], [meduza.io]

Un objetivo diseñado para la vida civil

Tsaritsyno concentra precisamente las características que convierten determinados espacios en objetivos especialmente vulnerables. El complejo ocupa más de 405 hectáreas e integra palacios neogóticos, jardines, bosques, puentes, estanques y áreas destinadas a actividades culturales y recreativas. Su origen se remonta a 1775, cuando fue concebido como residencia de verano de la emperatriz Catalina II. Su importancia no es militar ni gubernamental: reside en su función como espacio cotidiano de encuentro ciudadano y atracción turística. [efe.com]

Esa naturaleza civil explica la urgencia de la respuesta. Reuters informó que el complejo fue cerrado temporalmente y que el acceso al parque quedó restringido, mientras otros reportes periodísticos señalaron que un concierto fue interrumpido, se evacuó a los asistentes y se reforzó la presencia policial. Algunos detalles, como la movilización de unos 50 agentes y vehículos de patrulla, proceden de medios locales y canales de Telegram, no de un balance oficial completo del FSB. Esa diferencia obliga a separar los hechos confirmados de las versiones todavía sujetas a verificación. [reuters.com], [themoscowtimes.com]

La respuesta rusa parece sensata, pero también inevitable. Un Gobierno responsable no puede permitirse tratar una amenaza específica como material propagandístico del adversario, especialmente cuando se dirige contra un espacio civil concurrido. La seguridad nacional no consiste en aceptar únicamente la inteligencia procedente de aliados. Consiste en evaluar toda información con capacidad potencial para salvar vidas, aunque provenga de la potencia con la que se mantiene una confrontación estratégica.

La sombra de Crocus City Hall

Sobre Tsaritsyno se proyecta inevitablemente la memoria del atentado contra Crocus City Hall del 22 de marzo de 2024. Hombres armados dispararon contra asistentes a un concierto y prendieron fuego al recinto. La matanza dejó más de 140 fallecidos y centenares de heridos; ISIS-K, la rama afgana del autodenominado Estado Islámico, reivindicó la autoría. [rferl.org], [osce.usmission.gov]

Quince días antes, el 7 de marzo, Estados Unidos había comunicado a los servicios rusos una advertencia escrita sobre planes extremistas contra conciertos y grandes concentraciones en Moscú. La embajada estadounidense difundió además un aviso público recomendando evitar esos espacios. El 19 de marzo, tres días antes de la masacre, el presidente Vladímir Putin calificó las advertencias occidentales como declaraciones provocadoras que parecían destinadas a intimidar y desestabilizar a la sociedad rusa. [reuters.com], [reuters.com]

Después del atentado, el Gobierno ruso sostuvo que los datos recibidos habían sido demasiado generales para impedirlo. Sin embargo, una investigación de The Washington Post, apoyada en funcionarios estadounidenses conocedores del intercambio, afirmó que Washington había identificado expresamente a Crocus City Hall como posible objetivo. Esa contradicción nunca fue menor: afectó directamente a la discusión sobre si el problema había sido la calidad de la información o la disposición política para concederle credibilidad. [washingtonpost.com], [rferl.org]

Por eso, la reacción de 2026 revela algo más que prudencia operativa. Sugiere que Moscú ya no puede afrontar una advertencia estadounidense como lo hizo antes de Crocus. Ignorarla y sufrir otro atentado tendría un coste humano devastador y abriría una crisis de credibilidad para el aparato de seguridad. Atenderla implica reconocer, aunque sea tácitamente, que la inteligencia de un adversario puede ser útil y que la rivalidad geopolítica no invalida automáticamente la información recibida.

Cooperar sin confiar

El intercambio revela la existencia de una diplomacia silenciosa de seguridad. Moscú y Washington mantienen posiciones profundamente enfrentadas, pero conservan canales capaces de transmitir advertencias urgentes. El FSB confirmó que la comunicación llegó a través de mecanismos ya establecidos, una fórmula similar a la empleada por la Casa Blanca cuando explicó las alertas previas al atentado de 2024. [reuters.com], [reuters.com]

Esto no equivale a una normalización bilateral ni demuestra la restauración de una cooperación antiterrorista amplia. Compartir inteligencia con un adversario siempre está limitado por el temor a revelar fuentes, métodos y capacidades técnicas. Un Estado puede comunicar dónde existe el peligro sin explicar cómo lo descubrió; puede advertir de una ventana temporal sin entregar la totalidad del expediente; puede salvar vidas sin conceder acceso a sus mecanismos de obtención de información.

La fórmula empleada en Tsaritsyno parece responder a esa lógica: suficiente precisión pública para reducir la presencia de civiles y activar una reacción rusa, pero sin revelar sospechosos, organización, método de ataque ni procedencia de la información. Esa reserva no resta valor a la alerta. Al contrario, demuestra la delicada frontera entre cumplir el deber de advertir y proteger los medios que hicieron posible detectar la amenaza.

El terrorismo no debe convertirse en propaganda

El principal peligro político aparece cuando una amenaza todavía no atribuida se utiliza para confirmar narrativas preconcebidas. No existe evidencia pública que vincule el posible plan de Tsaritsyno con Ucrania, ISIS-K u otra organización. Tampoco se ha revelado información que permita determinar si el riesgo estaba relacionado con la guerra ruso-ucraniana, con redes yihadistas o con actores individuales. Vincularlo prematuramente con cualquiera de ellos sería sustituir la investigación por la conveniencia política.

Rusia debe evitar que una eventual investigación quede subordinada a las necesidades narrativas del Kremlin. Estados Unidos, por su parte, debe ofrecer toda la información operativa que pueda compartir sin comprometer sus fuentes. Y los medios de comunicación tienen la obligación de distinguir entre una amenaza creíble, un plan confirmado, un atentado frustrado y un ataque consumado. Son categorías diferentes, aunque la lógica de la inmediatez digital tienda a mezclarlas.

La cautela no significa minimizar el peligro. Significa informar con responsabilidad. Si las autoridades detuvieron sospechosos, localizaron dispositivos o identificaron una organización, esos datos deberán conocerse mediante pruebas verificables. Mientras eso no ocurra, la noticia central sigue siendo otra: una advertencia precisa fue transmitida, reconocida y seguida por medidas de seguridad.

Una lección incómoda para las grandes potencias

El episodio deja una enseñanza que trasciende a Tsaritsyno. La seguridad internacional no puede depender enteramente del estado de las relaciones diplomáticas. Las amenazas transnacionales, desde el terrorismo hasta el crimen organizado y los riesgos contra infraestructuras críticas, atraviesan fronteras políticas y obligan incluso a los adversarios a mantener canales mínimos de comunicación.

Cooperar en estas circunstancias no supone reconciliación ni confianza. Es una forma elemental de responsabilidad. El deber de advertir protege a civiles cuya vida no puede quedar sometida a cálculos de prestigio, propaganda o reciprocidad. Cuando una potencia retiene información que podría evitar una matanza, fracasa moralmente; cuando el receptor la desprecia por proceder de un rival, fracasa política y operativamente.

La verdadera prueba para Rusia no será únicamente impedir un atentado en Tsaritsyno. Será demostrar que aprendió de Crocus City Hall, que puede procesar con rigor una inteligencia externa y que su sistema de seguridad prioriza la protección de los ciudadanos por encima de la narrativa oficial. La prueba para Estados Unidos consistirá en sostener el intercambio de alertas críticas incluso cuando la relación bilateral continúe marcada por la confrontación.

Tsaritsyno recuerda que la inteligencia puede salvar vidas solo cuando quien la posee decide compartirla y quien la recibe decide actuar. En un mundo fragmentado, esa combinación de advertencia y responsabilidad constituye una de las últimas barreras entre una amenaza detectada y una tragedia consumada.

Fuentes consultadas

• Alerta oficial de la Embajada de Estados Unidos en Moscú

• Información de Reuters sobre la respuesta del FSB

• Cronología de Reuters sobre las advertencias previas a Crocus City Hall

• Declaración de Estados Unidos ante la OSCE sobre el atentado de 2024

• Investigación sobre la advertencia específica relativa a Crocus City Hall

• Información de EFE sobre Tsaritsyno y la alerta

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Lavado de activos: cuando la legalidad aparente se convierte en infraestructura del crimen

Lavado de activos: cuando la legalidad aparente se convierte en infraestructura del crimen

La República Dominicana necesita avanzar desde el cumplimiento formal hacia un sistema preventivo inteligente, capaz de identificar al beneficiario final, seguir el dinero y golpear el patrimonio ilícito sin convertir a las empresas legítimas en víctimas de una burocracia indiscriminada.

El lavado de activos no comienza necesariamente con una maleta repleta de dinero ni termina en una cuenta bancaria clandestina. Con frecuencia se esconde detrás de empresas registradas, contratos comerciales, operaciones inmobiliarias, importaciones, exportaciones, préstamos entre sociedades y movimientos financieros que, considerados aisladamente, parecen legítimos. Su peligrosidad reside precisamente en esa capacidad para utilizar la economía formal como refugio, mecanismo de circulación y fuente de respetabilidad.

Por eso, la celebración del IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, realizado el 23 de octubre de 2026 en Santo Domingo, adquiere una relevancia que trasciende el calendario institucional. El encuentro tiene como propósito aumentar la conciencia social, articular a los sectores público y privado y construir una cultura nacional de prevención. 1 No debe interpretarse como una actividad ceremonial, sino como una oportunidad para revisar la efectividad real del sistema dominicano frente a organizaciones delictivas que innovan con mayor rapidez que muchas regulaciones.

El panel promovido por la Dirección General de Aduanas colocó la discusión en el lugar correcto: las estructuras empresariales y las operaciones comerciales aparentemente lícitas pueden convertirse en vehículos para ocultar, transformar o movilizar recursos de procedencia criminal. La sobrefacturación, la subvaluación, las empresas sin actividad económica verificable, la triangulación mercantil, los beneficiarios finales ocultos y las operaciones incompatibles con el perfil tributario del contribuyente constituyen zonas que requieren análisis integrado, no vigilancia institucional fragmentada.

Seguir el dinero, no paralizar la economía

La respuesta del Estado no puede descansar exclusivamente en la acumulación de formularios, reportes y certificaciones. Una política que mida su eficacia por la cantidad de documentos exigidos corre el riesgo de castigar al empresario formal mientras el verdadero lavador utiliza intermediarios, testaferros, estructuras societarias opacas y operaciones transnacionales.

El desafío consiste en aplicar un enfoque basado en riesgos. Eso significa concentrar la supervisión en las operaciones, sectores y estructuras que presentan mayor exposición, en lugar de imponer cargas idénticas a actores económicos con perfiles radicalmente diferentes. La propia Dirección General de Impuestos Internos ha comunicado que sus supervisiones y monitoreos se orientan mediante este enfoque, con atención al oficial de cumplimiento, su registro ante la Unidad de Análisis Financiero y las auditorías externas independientes. 2

Esta orientación coincide con la advertencia de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito: aunque numerosos países han modernizado sus legislaciones, el gran problema continúa siendo la efectividad de su aplicación. El organismo identifica riesgos particulares en actividades no financieras como la constitución de personas jurídicas, el sector inmobiliario, la construcción y las zonas francas, y advierte que las estructuras societarias pueden utilizarse para ocultar a los verdaderos propietarios de los recursos. 3

La primera obligación estratégica, por tanto, es conocer al beneficiario final. No basta con identificar al accionista que aparece en un documento. Es necesario determinar quién controla realmente la operación, quién recibe sus beneficios y qué relación guarda el capital movilizado con la actividad económica declarada.

Tres advertencias que el mundo no puede ignorar

La dimensión internacional del delito impide que cualquier país pueda enfrentarlo de manera aislada. Elisa de Anda Madrazo, presidenta del Grupo de Acción Financiera Internacional, lo ha expresado con precisión: “Las defensas globales contra las finanzas ilícitas son tan fuertes como su eslabón más débil”. También advierte que los países deben actuar conjuntamente ante amenazas complejas y transnacionales porque “no podemos permitir que el crimen prospere”. 4

Desde la perspectiva policial, Cyril Gout, director ejecutivo interino de Servicios Policiales de INTERPOL, ha ofrecido una definición todavía más contundente: “Las finanzas ilícitas no son simplemente una de muchas amenazas criminales; son el facilitador de todas ellas”. 4 La afirmación obliga a comprender que perseguir el dinero no constituye una tarea accesoria. Es una manera de debilitar simultáneamente el narcotráfico, la corrupción, la trata de personas, el contrabando, el fraude y otras formas de criminalidad organizada.

Ghada Waly, directora ejecutiva de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, ha solicitado “soluciones innovadoras y escalables para combatir el delito económico” y una respuesta colectiva que garantice que los sistemas financieros funcionen como motores de paz, seguridad y prosperidad. 4

Estas tres posiciones convergen en una conclusión: el lavado de activos no es solamente un delito financiero. Es la infraestructura económica que permite al crimen reproducirse, corromper instituciones, infiltrarse en mercados legítimos y disputar espacios de poder al Estado.

La posición del Gobierno dominicano

La posición del Gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader se estructura alrededor de cuatro principios declarados: prevención, transparencia, coordinación y cumplimiento. Durante el Foro Global Anticorrupción e Integridad de la OCDE, celebrado en París en marzo de 2026, el mandatario sostuvo que la integridad “no es un eslogan”, sino un sistema de gobernanza basado en el Estado de derecho, la transparencia y la rendición de cuentas. 5

Su segunda afirmación conecta directamente la integridad pública con la economía: “La corrupción actúa como un impuesto invisible que aumenta los costos, distorsiona la competencia, desalienta la inversión y reduce la productividad”. 5 Esta visión es pertinente para la lucha contra el lavado, porque la incorporación de capitales ilícitos también distorsiona la competencia. Una empresa que debe generar beneficios legítimos no puede competir en igualdad de condiciones con otra utilizada para legalizar recursos criminales, absorber pérdidas artificiales o justificar operaciones sin racionalidad económica.

La política gubernamental incluye comisiones de integridad y cumplimiento, fortalecimiento de los controles internos, coordinación entre organismos y aplicación no selectiva de la ley. El presidente también ha defendido la independencia persecutoria al afirmar que “la justicia no es un instrumento del Gobierno”. 5

En el ámbito especializado, la participación dominicana en el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica ha impulsado procesos de evaluación, cooperación e intercambio de buenas prácticas. La posición institucional del país reconoce avances en prevención, detección, persecución y sanción, pero también admite que se trata de una labor permanente que exige mejoras continuas. 6

Esa combinación revela una posición oficial correcta en sus fundamentos: cooperación internacional, supervisión basada en riesgos, fortalecimiento institucional, transparencia e intercambio de información. Sin embargo, la verdadera prueba no estará en la proclamación de esos principios, sino en su traducción en investigaciones financieras oportunas, decomisos efectivos, recuperación de activos, sanciones proporcionales y protección de la economía legítima.

Una inteligencia económica común

La República Dominicana necesita consolidar una arquitectura de inteligencia económica en la que la información tributaria, aduanera, financiera, societaria e inmobiliaria pueda analizarse de manera coordinada, con controles de seguridad, trazabilidad y respeto al debido proceso. La información aislada describe fragmentos; la información cruzada revela patrones.

La Dirección General de Aduanas puede detectar inconsistencias en valores, mercancías, rutas y frecuencias. La Dirección General de Impuestos Internos puede contrastar esas operaciones con los ingresos, activos y obligaciones declaradas. La Unidad de Análisis Financiero puede identificar conexiones financieras y perfiles de riesgo. El Ministerio Público debe transformar la inteligencia pertinente en investigaciones jurídicamente sostenibles.

El sector privado también debe ser considerado aliado y no sospechoso automático. Las empresas que cumplen necesitan orientación clara, plataformas sencillas, retroalimentación institucional y reglas proporcionales a su tamaño y exposición. La prevención eficaz no se logra trasladando al comerciante todas las responsabilidades del Estado, sino construyendo una cooperación en la que cada participante pueda reconocer, documentar y comunicar operaciones realmente inusuales.

Prevenir el lavado de activos es, en definitiva, proteger la competencia, la inversión, el empleo, la seguridad nacional y la confianza internacional. El desafío dominicano consiste en cerrar los espacios por donde circula el capital criminal sin cerrar las puertas por donde entra la inversión legítima.

El IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos deja una idea ineludible: el dinero ilícito necesita apariencias legales para sobrevivir. Desmontar esas apariencias exige instituciones coordinadas, empresas responsables, tecnología analítica, cooperación internacional y una justicia capaz de llegar hasta el verdadero beneficiario. Cuando el Estado sigue eficazmente el dinero, no solo descubre un patrimonio oculto. También expone la estructura del poder criminal.

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En el marco del Día Nacional de la Prevención del Lavado de Activos, participamos en el IX Congreso Internacional contra el Lavado de Activos, un espacio para fortalecer la prevención y la respuesta ante este delito.

El panel abordó cómo estructuras empresariales y operaciones comerciales, aparentemente legítimas, pueden utilizarse para ocultar o movilizar recursos ilícitos. También, analizó señales de alerta desde las perspectivas tributaria, aduanera y empresarial, así como medidas para mejorar la detección y el intercambio de información, sin imponer cargas desproporcionadas a las empresas que cumplen con la ley.

Prevenir el lavado de activos es un compromiso compartido.
@aduanard @nelsonarroyop
#AduanasRD #ComercioIlicito
https://x.com/aduanard/status/2115885772100247794?a=3YEyOpdCUzKh27vbJhc&s=19

Deuda soberana: entre el prejuicio y la realidad

Ágora

Deuda soberana: entre el prejuicio y la realidad

Mitos y verdades tras la primera colocación de deuda soberana en la República Dominicana

Luis A. Reyes Abreu

Santo Domingo - oct. 20, 2026 | 12:01 a. m.| 10 min de lectura

La emisión soberana de 2001 fue una decisión financiera clave para la nación. (SHUTTERSTOCK)

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La primera emisión de deuda soberana de la República Dominicana en los mercados internacionales, realizada en 2001, todavía suscita opiniones que mezclan cuestionamientos legítimos con juicios formados sin considerar plenamente el contexto de entonces. Como participé en algunas etapas de la evaluación, ejecución y administración de esos recursos, puedo aportar una perspectiva directa sobre la operación y la forma en que se administraron sus fondos.

¿Por qué volver sobre una decisión adoptada hace más de veinte años? Porque aún persisten mitos y versiones incompletas sobre aquella operación, cuya trascendencia para el país todavía no se comprende plenamente. Y surge una segunda pregunta: ¿cómo se habrían atendido algunas necesidades financieras del Estado si el país no hubiese contado con una opción de financiamiento más flexible y rápida? Para responderla, es necesario considerar las restricciones fiscales y presupuestarias de entonces, la urgencia de obtener recursos y la necesidad de fortalecer las reservas internacionales.

La evaluación de aquella emisión consideró el costo, el plazo, la moneda y el perfil de vencimientos de la operación; su efecto sobre la sostenibilidad de la deuda y las finanzas públicas; las alternativas disponibles; el riesgo soberano, y el destino y control de los recursos. A partir de ese marco, examino cinco prejuicios que acompañaron la discusión y expongo los fundamentos que, a mi juicio, sustentaron aquella decisión.

Prejuicio 1. Toda deuda soberana era perjudicial

En aquel entonces, algunos grupos sociales consideraban que endeudarse en los mercados internacionales era indeseable por definición. Sin embargo, esta propuesta no podía evaluarse únicamente por la existencia de la deuda. Era necesario examinar para qué se contrataba, en qué condiciones, cuál era la capacidad de pago del país y cómo se administrarían los recursos. La emisión se fundamentó en ese análisis, como corresponde a cualquier decisión de financiamiento público.

Prejuicio 2. El Estado no debía acudir a los mercados como lo hacía el sector privado

En ese momento, esa objeción partía de una separación demasiado rígida entre las fuentes de financiamiento. El Estado valoró las distintas opciones disponibles, es decir: las multilaterales, bilaterales y de mercado, según sus condiciones, plazos, oportunidad y efectos fiscales. La comparación se realizó con criterios rigurosos, sin descartar de antemano una fuente que podía ampliar las alternativas del país.

Prejuicio 3. La emisión fue demasiado cara

El costo se cuestionó, en ocasiones, a partir de una cifra aislada. Sin embargo, el diferencial pagado, de 569 puntos básicos, se analizó tomando en cuenta la calificación de riesgo de la República Dominicana, los diferenciales que pagaban otros emisores de la región y la prima que normalmente acompañaba a una primera emisión soberana. La operación se estructuró por US$500 millones, un monto que respondía también a la escala necesaria para que el bono funcionara como referencia en el mercado. El plazo era de cinco años y la tasa, de 9.5 %. Esas condiciones se evaluaron frente a las que el país podía obtener en aquel momento, no frente a las que alcanzaría después de ganar experiencia y reputación en el mercado.

El contrato estableció una comisión de 0.5 % para J. P. Morgan, equivalente a US$2.5 millones, por los servicios de estructuración y los demás servicios profesionales incluidos en la operación. Por ello, en la cuenta del Banco Central se recibieron US$497.5 millones. Este dato ayuda a distinguir el costo documentado de otras versiones que circularon sobre el manejo de la emisión.

Prejuicio 4. Los recursos se recibieron sin criterios de custodia y control

La percepción de que el dinero quedó a libre disposición, sin controles ni procedimientos, no se correspondía con la forma en que se administraron los fondos. Estos se mantuvieron bajo custodia del Banco Central y solo se liberaban contra la presentación de la documentación que respaldaba cada proyecto.

Al menos durante la etapa inicial de los desembolsos, la programación presupuestaria de los recursos se coordinó entre La Dirección General de Presupuesto y los departamentos de Programación Monetaria y Tesorería del Banco Central. El procedimiento permitía evaluar el impacto de los desembolsos sobre los agregados monetarios y evitar aumentos imprevistos de los medios de pago que obligaran al Banco Central a absorber excesos de liquidez, con las consiguientes pérdidas cuasifiscales. Este procedimiento se mantuvo, por lo menos, hasta mi salida del Banco Central, en marzo de 2003.

Prejuicio 5. La emisión respondía a una política neoliberal y, por tanto, no convenía al país

Esa interpretación colocaba la decisión dentro de una disputa ideológica y dejaba en segundo plano sus razones económicas e institucionales. La emisión debía juzgarse por las necesidades que procuraba atender, las condiciones financieras obtenidas y las salvaguardas que acompañaron el uso de los recursos. Su conveniencia no podía establecerse únicamente por la etiqueta política que se le atribuyera.

Fundamentos de la decisión

Fundamento 1. Diversificación de las fuentes de financiamiento

La emisión permitió ampliar las opciones de financiamiento del país y abrir una vía de acceso directo a los mercados internacionales. Esa diversificación ayudaba a reducir la dependencia de fuentes limitadas y ofrecía la posibilidad de construir una curva de rendimientos soberanos. También podía contribuir a mejorar la reputación dominicana entre los inversionistas y ofrecer una referencia para el financiamiento externo de otros emisores del país.

Fundamento 2. Una referencia (benchmark) para el endeudamiento externo privado

En aquel momento se argumentó que el país necesitaba una colocación soberana que sirviera de referencia para el endeudamiento externo del sector privado, incluidas las distintas modalidades de financiamiento del sistema bancario. Para cumplir esa función, el bono debía tener un tamaño suficiente para que su valoración pudiera seguirse en los mercados internacionales. Se estimaba que el monto mínimo para lograrlo era de US$500 millones, una de las razones por las que la emisión se fijó en ese valor.

Fundamento 3. El contexto macroeconómico y la percepción de riesgo

La decisión se tomó tras ponderar los indicadores económicos y la capacidad del país para asumir compromisos externos. Las calificadoras y los inversionistas consideraban elementos como el crecimiento, la situación fiscal, el balance externo y la trayectoria de las políticas económicas. Por eso, la tasa se analizó en relación con el riesgo que se percibía entonces y con las condiciones que enfrentaban otros países de la región. Las calificaciones soberanas y sus fundamentos ofrecieron un marco para esa comparación, aunque no sustituyeron el juicio sobre la decisión.

Fundamento 4. La necesidad de fortalecer las reservas internacionales

El Banco Central también necesitaba fortalecer sus reservas internacionales. Los recursos externos contribuían a ese objetivo y ofrecían un margen adicional para atender las obligaciones del país y respaldar la estabilidad económica. Este propósito formaba parte de las consideraciones prácticas de la operación; no era un elemento separado de la política económica de aquel momento.

Fundamento 5. Las condiciones financieras y las alternativas disponibles

La tasa obtenida debía valorarse junto con las opciones reales de financiamiento disponibles en aquel momento. El país todavía no contaba con un historial de colocaciones soberanas que le permitiera acceder a las condiciones que posteriormente alcanzaría. Este contexto no eliminaba la obligación de evaluar el costo, pero permitía hacerlo con una referencia más completa, que incluyera tanto las condiciones del mercado como la oportunidad y la disponibilidad de los recursos.

Fundamento 6. La urgencia de contar con recursos oportunos

La emisión se produjo en un entorno en el que el país necesitaba atender compromisos y prioridades de financiamiento dentro de un marco fiscal y presupuestario complejo. La posibilidad de obtener recursos mediante una operación definida ofrecía una fuente oportuna y previsible. Por eso, el análisis consideró no solo cuánto costaban, sino también qué necesidades permitían atender y qué alternativas reales estaban disponibles.

Fundamento 7. Un marco institucional para administrar los fondos

La operación se apoyó en la Ley núm. 128-01, que autorizó la emisión hasta por US$500 millones, y en la creación, mediante decreto, de una unidad responsable de la deuda soberana. La legislación y los procedimientos de custodia, documentación y coordinación presupuestaria y monetaria buscaban dar respaldo institucional al proceso y confianza sobre el uso de los recursos. Estos controles fueron parte esencial de la evaluación de la emisión, pues la transparencia no dependía solo de las condiciones financieras, sino también de cómo se administraba el dinero.

Reflexión final

Al volver sobre la emisión de 2001, considero que fue una decisión conveniente para el país en las circunstancias de aquel momento. Amplió las fuentes de financiamiento, sirvió de referencia para el endeudamiento externo privado, contribuyó al fortalecimiento de las reservas y permitió acceder a recursos mediante procedimientos institucionales de custodia y control. Reconocer esos fundamentos no significa afirmar que toda emisión soberana sea conveniente ni que aquella estuviera libre de costos y riesgos. Significa que debía juzgarse a partir de sus fundamentos, de las prioridades del Gobierno y de las alternativas que existían entonces para atenderlas.

Algunos prejuicios persisten; otros han perdido fuerza ante la experiencia acumulada. La República Dominicana ha logrado mantener una presencia estable en los mercados internacionales y mejorar su reputación como emisor. Esa confianza se refleja en la demanda que han recibido sus colocaciones, en las condiciones obtenidas y en la valoración de sus bonos en el mercado. La primera emisión no explica por sí sola ese recorrido, pero contribuyó a abrirlo. Por eso, su evaluación más justa no consiste en condenarla por principio, sino en reconocer que, en aquel contexto, fue una decisión razonada, transparente y útil para ampliar las opciones de financiamiento del país.

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Luis A. Reyes Abreu

 

Más de 20 países prohibieron las redes sociales a menores: qué dicen los primeros datos sobre el impacto

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Más de 20 países prohibieron las redes sociales a menores: qué dicen los primeros datos sobre el impacto

Desde que Australia vetó estas plataformas para los jóvenes de 16 años, decenas de gobiernos replicaron la medida. Un sondeo realizado en el país oceánico mostró que la mayoría sigue utilizándolas pese a las nuevas restricciones legales

Por Celeste Sawczuk

Un estudio de la Universidad de Ottawa reveló que los jóvenes tienen un 104 por ciento más de probabilidades de sufrir enfermedades mentales graves que hace cincuenta años - (Imagen Ilustrativa Infobae)

19 Oct, 2026 02:40 p. m. EST

Más de 20 países prohibieron o propusieron vetar el acceso de menores a las redes sociales desde que Australia se convirtió, en diciembre de 2025, en el primer Estado en vetar estas plataformas para menores de 16 años.

La medida se replica en legislaturas de todo el mundo —desde Grecia y los Emiratos Árabes Unidos hasta Canadá y Francia—, pero las primeras pruebas sobre su eficacia indican que las restricciones no están funcionando como se esperaba, según advierte Ari Lightman, profesor de medios digitales y marketing de la Universidad Carnegie Mellon, en un análisis publicado en The Conversation.

La ola reguladora coincide con un año de fuertes sanciones económicas contra las plataformas. Desde marzo de 2026, YouTube y Meta —empresa matriz de Instagram y Facebook— desembolsaron o pactaron indemnizaciones por más de 17.000 millones de dólares en múltiples litigios. El caso más relevante fue el acuerdo de Meta con 48 estados de Estados Unidos, por el que la compañía se comprometió a pagar hasta 17.000 millones a lo largo de una década e implementar cambios en el diseño de sus productos, como límites de tiempo diarios para usuarios menores de 18 años que solo los padres pueden desactivar y bloqueos nocturnos por defecto.

En un juicio previo, en marzo, un jurado de Los Ángeles declaró a Meta y YouTube culpables de negligencia por diseñar productos adictivos y los condenó a pagar 6 millones de dólares a una joven que desarrolló depresión, ansiedad e ideación suicida tras años de uso compulsivo.

Australia prohibió en diciembre de 2025 el acceso a redes sociales para menores de 16 años e inició una ola legislativa en más de veinte países - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las restricciones vigentes y las propuestas legislativas varían en la edad mínima, las normas de consentimiento parental y los métodos de verificación, según un recuento de la agencia AFP. La mayoría apunta a plataformas como Snapchat, YouTube, TikTok, Instagram, Facebook y X, y casi todos los gobiernos involucrados mencionan la salud mental de los jóvenes como justificación central, aunque algunas prohibiciones responden también a preocupaciones sobre la privacidad o sobre la propiedad extranjera de las plataformas.

Los jóvenes de hoy tienen el doble de probabilidades de sufrir trastornos mentales que hace medio siglo

El debate se enmarca en una crisis documentada. Un estudio publicado en 2026 en el Canadian Medical Association Journal, liderado por Daniel Myran de la Universidad de Ottawa, analizó más de 12 millones de registros de salud mental en Canadá y concluyó que los jóvenes de entre 14 y 20 años tienen un 104 % más de probabilidades de padecer una enfermedad mental grave que los de la misma franja etaria hace 50 años.

A esto se suma un metaanálisis de 2021 publicado en JAMA Pediatrics, que revisó 29 estudios con 80.879 participantes y estimó que, a escala global, el 20,5 % de los jóvenes presentaban síntomas elevados de ansiedad y el 25,2 % reportaban síntomas elevados de depresión, cifras que duplicaban las mediciones prepandémicas.

El libro The Anxious Generation (2024), del psicólogo social Jonathan Haidt, fue uno de los catalizadores del movimiento legislativo. Haidt argumenta que las redes sociales interfieren con el desarrollo social y neurológico de los niños y contribuyen al aumento de ansiedad y depresión a través de la falta de sueño, la atención fragmentada, la adicción, la soledad, la comparación social y el perfeccionismo. Sin embargo, múltiples factores confluyen en la crisis: una mejor detección de los trastornos, las alteraciones sociales derivadas de la pandemia de COVID-19 y el aislamiento que produjo el confinamiento masivo.

Meta pactó una indemnización de 17.000 millones de dólares con 48 estados de Estados Unidos por litigios vinculados con el diseño adictivo de sus plataformas - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lightman, en su análisis, se muestra escéptico. “No estoy convencido de que prohibir las plataformas de redes sociales sea una solución eficaz a la crisis de salud mental que sufren los jóvenes hoy en día”, escribe el profesor en The Conversation. Algunos investigadores comparan las restricciones con las que existen para la compra de alcohol o cigarrillos, pero el académico de Carnegie Mellon subraya que las redes sociales tienen beneficios que esas sustancias no ofrecen: permiten la conectividad global, la creación de comunidades entre personas afines, la autoexpresión y la participación cívica.

Una encuesta del Pew Research Center de 2022, realizada a 1.316 adolescentes estadounidenses, encontró que el 80 % afirmó que las redes sociales los ayudan a sentirse más conectados con lo que sucede en la vida de sus amigos. A pesar de estas señales, no existe prueba concluyente de que el uso de estas plataformas sea la causa principal de los problemas de salud mental juveniles.

La experiencia australiana muestra que los menores evaden las restricciones con facilidad

La evidencia temprana de Australia, el país con la prohibición más avanzada, pone en duda la viabilidad de estas medidas. Un sondeo de la Molly Rose Foundation, realizado en marzo de 2026 a 1.050 australianos de entre 12 y 15 años, reveló que el 61 % de quienes tenían cuentas en plataformas restringidas seguía accediendo a al menos una de ellas.

El 70 % de esos menores dijo que eludir la prohibición fue “fácil”. Los métodos van desde identidades falsas y manipulación del año de nacimiento hasta el uso de VPN, maquillaje para engañar a los sistemas de estimación de edad biométrica, sustitución de fotos por imágenes de famosos e incluso el recurso a amigos mayores o familiares para superar las “pruebas de selfie”.

El 61 por ciento de los adolescentes australianos evade el veto digital mediante el uso de redes privadas virtuales y datos de nacimiento falsos.- (Imagen Ilustrativa Infobae)

El informe de cumplimiento del comisionado australiano de seguridad digital (eSafety), publicado también en marzo de 2026, confirmó la tendencia: 7 de cada 10 menores que tenían cuentas en plataformas restringidas seguían usándolas, y más del 80 % de los adolescentes australianos de 10 a 15 años continuaban en redes sociales con frecuencia. Aunque se desactivaron alrededor de 4,7 millones de cuentas, la principal razón de que los menores conservaran las suyas fue que las plataformas aún no les habían pedido verificar su edad.

En el Reino Unido, la situación generó un debate paralelo: ante la facilidad con la que los jóvenes utilizan VPN para sortear las restricciones, legisladores británicos discuten la posibilidad de restringir el acceso de los consumidores a estas herramientas. Más allá de las dificultades de implementación, algunos legisladores también advierten que las prohibiciones totales podrían empujar a los menores hacia espacios en línea aún más riesgosos y menos regulados. Todos los sistemas de verificación de edad, ya sean gestionados por los gobiernos o por las propias plataformas, implican la recopilación de datos sensibles, lo que plantea inquietudes adicionales sobre la privacidad de los menores.

El precedente del tabaco sugiere que los fondos de las indemnizaciones rara vez llegan a su destino

La comparación con la industria tabacalera que algunos analistas proponen resulta pertinente en un aspecto concreto: el destino de los fondos. En 1998, los estados de Estados Unidos llegaron a un acuerdo extrajudicial con las principales tabacaleras para recuperar costos de atención médica.

Parte de esa indemnización se asignó a programas de prevención del tabaquismo juvenil, pero según el informe anual de la Campaign for Tobacco-Free Kids, en 2026 la financiación estatal destinada a esos programas apenas equivale al 3,4 % de los 21.700 millones de dólares que los estados recaudarán este año por acuerdos tabacaleros e impuestos al tabaco.

 

Los antecedentes del acuerdo judicial con las tabacaleras en Estados Unidos demuestran que los estados apenas destinaron el 3,4 por ciento de los fondos a programas de prevención juvenil - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El patrón podría repetirse. Parte de los 17.000 millones del acuerdo con Meta está destinada a programas de infraestructura de salud mental, iniciativas escolares y comunitarias, y campañas de salud pública. Sin embargo, no existen mecanismos de supervisión ni directrices vinculantes sobre cómo deben utilizar los estados esos recursos, ni sistemas para evaluar si el dinero mejoró efectivamente la atención a la salud mental, la seguridad y el bienestar de los niños.

Estándares de seguridad por defecto, no prohibiciones, propone el investigador

Lightman plantea una alternativa. En lugar de prohibiciones totales, el profesor de Carnegie Mellon sostiene que la salud mental de los menores se beneficiaría más si los gobiernos impusieran estándares de seguridad por defecto en las plataformas. Esto implicaría que las opciones de privacidad y seguridad más estrictas estuvieran activadas automáticamente para proteger a los menores: cuentas no visibles por defecto, límites a la manipulación algorítmica y restricción de los mecanismos adictivos que pueden causar daño psicológico en poblaciones vulnerables.

A esa línea de acción, Lightman suma otras medidas: educación en alfabetización digital y seguridad en línea, tiempo garantizado sin pantallas, y vías claras, accesibles y asequibles para que los padres puedan conectar a sus hijos con servicios de apoyo a la salud mental cuando detecten señales de un problema, algo que reconoce “actualmente no está disponible en la mayoría de los lugares”.

Las Naciones Unidas recomiendan incluir a los propios niños en el diálogo sobre lo que es mejor para ellos en el entorno digital: no se trata de ponerlos al frente de agencias reguladoras, sino de que sus perspectivas sobre lo que valoran de la vida en línea y lo que les dificulta dejar las pantallas sirvan para reformar tanto las plataformas como los programas educativos. Con más de 20 países legislando en la materia y pruebas preliminares que cuestionan la eficacia de las prohibiciones, la pregunta sigue abierta: prohibir el acceso puede ser una declaración de intenciones, pero convertirla en una mejora real de la salud mental juvenil requerirá un enfoque más complejo que el simple veto.

https://www.infobae.com/tendencias/2026/10/19/mas-de-20-paises-prohibieron-las-redes-sociales-a-menores-que-dicen-los-primeros-datos-sobre-el-impacto/