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Los que participamos en las mesas de discusiones y concreción del Pacto Nacional para la Reforma Educativa partimos del reconocimiento de que toda persona tiene derecho a una educación integral en igualdad de condiciones y oportunidades sin más limitaciones que las derivadas de sus aptitudes, vocación y aspiraciones, en apego a lo consignado en el Artículo 62 de la Constitución de la República.
También, en que todos (plural genérico) disfruten del derecho de participar de los beneficios de un sistema de instrucción pública de calidad, de una vivienda decente, y de una sanidad digna. Pero diferimos en el qué y en el cómo lograrlo. Unos profesábamos ideales igualitarios, en tanto que otros anteponían el rendimiento privado al bien público. Afortunadamente la diferencia ideológica entre nosotros no impidió el que nos pusiéramos de acuerdo en lo referente a que el Estado dominicano promueva la educación desde los primeros años, universalizando la educación preuniversitaria, promoviendo la educación técnica y fomentando la educación superior.
En el plazo de apenas 37 años, la República Dominicana ha llevado a cabo una notable transición desde un período de doce años de dictadura antidemocrática a una democracia en pleno funcionamiento. Cualquiera se sorprendería ante los cambios tan constructivos que se ha logrado introducir en el país. Entre estos se destacan partidos políticos independientes, y elecciones libres; también, la tutela de los derechos humanos y de un poder judicial independiente; la libertad de pensamiento y de asociación, y lo que es igualmente importante, la reafirmación constitucional del derecho a la educación de todos y cada uno de los ciudadanos.
Estos y otros cambios políticos han modificado en sentido positivo el entorno operativo y ético de nuestro sistema de instrucción pública. También, han colocado a las instituciones de educación superior frente a nuevas oportunidades, desafíos y obligaciones importantes. Del mismo modo, han impuesto a los gobiernos que se han sucedido la obligación de aflojar los lazos tan estrechos y sofocantes con que se asfixiaba a la Universidad Autónoma de Santo Domingo.
Diversos tipos de cambios demográficos producidos durante las últimas décadas han tenido, y continúan teniendo, importantes repercusiones sobre nuestro sistema de instrucción pública. Entre ellos vale la pena destacar la desigual distribución geográfica de la población dominicana, que se ha intensificado a lo largo de los años debido a una fuerte emigración desde las áreas más pobres y deprimidas del país a las más ricas y prósperas, y del suelo dominicano hacia el exterior. También, el espectacular aumento del número de mujeres que cursan estudios en instituciones de educación superior. Conviene señalar que las mujeres matriculadas en universidades siguen concentrándose en áreas del quehacer consideradas como “femeninas” tales como magisterio, enfermería, farmacia y humanidades. Todavía son pocos los estudiantes del género femenino que cursan carreras como la de ingeniería eléctrica, ingeniería industrial, agronomía, y como otras más por el estilo. Es que los bastiones masculinos tradicionales todavía no han sido conquistados.
Durante las últimas décadas, la economía dominicana ha experimentado cambios estructurales básicos al pasar de ser una economía predominantemente agrícola a una economía de servicios. En las últimas décadas, el porcentaje de la mano de obra dedicada a la agricultura aquí se ha reducido bastante. Nos aventuramos en afirmar que en un plazo relativamente corto nuestro país ha pasado de la categoría de país subdesarrollado a la de uno en vías de desarrollo. Sería más correcto afirmar que la República Dominicana posee en el momento actual una economía conformada por un sector que posee todos los rasgos o característica de una economía moderna, mientras que otro sigue conservando muchas características de país subdesarrollado, incluyendo pobreza generalizada y una agricultura de subsistencia.
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