Escrito por Ana Requena Aguilar
El balance económico que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha hecho de 2014 y sus halagüeñas perspectivas para 2015 no incluyen los datos que muestran a España como un país más desigual que hace unos años. Uno de los últimos informes que constata el aumento de la brecha social es el de la Organización Internacional de Trabajo, que señala a España como el país desarrollado donde más ha crecido la desigualdad desde 2006. Aquí, cinco datos que escapan al optimismo del Gobierno.
1. Menos empleo. Aunque en el último año la Seguridad Social ha ganado cerca de 400.000 afiliados, el nivel de ocupación aún está por debajo del que había cuando Rajoy llegó a La Moncloa: entonces, había 17.254.897 afiliados; ahora, 16.712.455, es decir, hay 542.442 personas ocupadas menos. No obstante, se trata de un nivel aún muy alejado del que había antes de que estallara la crisis: en 2008, la Seguridad Social rozaba los 19 millones y medio de ocupados.
2. Menos protección social. La tasa de cobertura del sistema de protección social ha caído varios puntos en los últimos años. A finales de 2011, cuando Rajoy ganó las elecciones, rondaba el 67% (con 4.420.640 parados registrados). Actualmente es del 57,3% (con 4.512.116 parados registrados), es decir, ha perdido diez puntos en tres años.
Además, y según las previsiones que el Gobierno incluye en los Presupuestos de 2015, solo el 19% de los parados cobrarán una prestación contributiva el año que viene. De las cerca de 5.237.900 personas que estarán –de media– en paro en 2015, solo 1.010.000 percibirán una de estas prestaciones. Si en lugar de la EPA se toma como referencia el paro registrado, el porcentaje de parados con prestación contributiva sería del 25%. La mayoría de beneficiarios –1.148.000– lo será de subsidios (de cuantías mucho más bajas).
3. Más pobreza. Uno de los indicadores más fiables para medir la exclusión social es la llamada tasa Arope, que combina el riesgo de pobreza, la carencia material (como no poder permitirse una comida de carne o pescado al menos cada dos días, o poder mantener la casa a una temperatura adecuada) y la baja intesidad en el empleo. Esta tasa ha pasado de ser del 24,7% en 2009 al 27,3% en 2013, según el INE. Los ingresos medios de los hogares no han dejado de disminuir desde 2008: entonces, el ingreso medio de una familia era de 30.045 euros, frente a los 26.775 de media de 2012, es decir, que se ha registrado una caída del 11% en cuatro años.
También ha crecido la pobreza laboral, es decir, las personas que a pesar de tener un empleo rozan la exclusión social. España es el tercer país de Europa con más trabajadores pobres (un 12,3%), por detrás de Rumania (19,5%) y Grecia (15,1%), según un informe de la Fundación Primero de Mayo.
4. Caída de la población activa. Una de las primeras consecuencias de la crisis y del crecimiento desmedido del desempleo ha sido el aumento de la población activa, es decir, en disposición de trabajar: la pérdida de empleo de algún miembro del hogar incentivó a otros a sumarse a la búsqueda de un trabajo. A partir de 2012, sin embargo, la tendencia se invirtió. Desde el tercer trimestre de 2012, España ha perdido 550.800 activos. Según los expertos, el efecto desánimo ante la imposibilidad de encontrar un empleo, la emigración y la vuelta a los estudios de muchos jóvenes están detrás de esta bajada de la población activa.
5. La precariedad no cede. Los contratos a tiempo completo representan, de media, el 8% de los nuevos contratos que se hacen cada mes. En noviembre, por ejemplo, supusieron el 8,5% de todos los que se hicieron ese mes. La reforma laboral y las medidas aprobadas en los dos últimos años han incentivado el empleo a tiempo parcial: los contratos temporales a tiempo parcial representaron el 30% de los nuevos contratos de noviembre. Las estadísiticas muestran, además, que la mayor parte de esos empleos son ocupados por mujeres y de forma involuntaria, esto es, preferirían una jornada completa.
El subempleo (trabajadores con una jornada inferior a las que desen y a la que suele desempeñar un asalariado medio) afecta a 2.251.200 personas, unas 100.000 más que en 2011. Además, en el tercer trimestre de este año los asalariados trabajaron 1,23 millones de horas ilegales (que exceden la legislación sobre horas extra) cada semana, una cifra que equivaldría a 273.315 personas.
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