Luis Abinaer, presidente de la República Dominicana
La soberanía no se improvisa: lo que Bruselas le recordó a Europa y lo que Santo Domingo ya está haciendo bien
/ Por Luis Orlando Díaz Vólquez
La presión migratoria que soporta la República Dominicana —en gran medida asociada al colapso de la seguridad pública en Haití y al control territorial de bandas criminales— ha convertido la gestión migratoria en un asunto de Estado que rebasa coyunturas partidarias. En un país insular con frontera terrestre activa, cada vacío institucional se traduce en riesgos medibles: expansión de redes de tráfico, informalidad laboral, tensión sobre servicios sanitarios y educativos, y deterioro de la confianza ciudadana en el cumplimiento de la ley. En esa perspectiva, el reciente choque entre la Comisión Europea y el Gobierno español por una regularización amplia ofrece una enseñanza comparada valiosa: incluso sistemas con alta capacidad administrativa temen el “efecto señal” que envían las amnistías migratorias masivas, especialmente cuando el marco general de política pública apunta en dirección contraria.
De acuerdo con Euronews (10 de febrero de 2026), la Comisión Europea expresó “serias reservas” ante el anuncio español de conceder estatus legal a alrededor de 500.000 personas en situación irregular, con un permiso de residencia por un año y derecho a trabajar, bajo criterios de entrada previa a finales de 2025 y requisitos mínimos de arraigo. Bruselas no discutió únicamente la legitimidad moral de ordenar una realidad existente; subrayó un problema de coherencia estratégica: una regularización de esa escala puede proyectar hacia fuera un mensaje distinto al que la UE intenta comunicar para disuadir la migración irregular, y puede generar externalidades en un espacio de libre circulación donde el estatus legal obtenido en un país incide en los demás.
La objeción comunitaria se entiende mejor a la luz del giro procedimental que vive Europa. El Consejo de la Unión Europea explica que el Pacto sobre Migración y Asilo, adoptado en mayo de 2024, busca gestionar llegadas de manera ordenada, armonizar reglas, hacer más eficientes los procedimientos y reducir desplazamientos secundarios. En diciembre de 2025, ese rumbo se reforzó con acuerdos sobre el concepto de “tercer país seguro” y una lista común de “países de origen seguros”, con el objetivo de acelerar tramitaciones y elevar la eficacia del sistema. Es decir: la UE está construyendo un mensaje institucional de disuasión y control, mientras cuestiona decisiones que puedan neutralizarlo. Esa coherencia —más allá del debate ético— es el punto duro de la crítica.
¿Por qué esto importa a la República Dominicana? Porque la política migratoria es, ante todo, una arquitectura de incentivos. Cuando un Estado transmite que la irregularidad puede transformarse en un atajo hacia la legalidad, aumenta el atractivo del cruce irregular y se encarece el costo político y administrativo del control. Esa es la preocupación que Euronews recoge de fuentes comunitarias: una regularización masiva, en plena estrategia europea de endurecimiento, puede enviar un “mensaje diferente” a redes y migrantes respecto a los riesgos reales de entrar fuera de regla. En una frontera como la dominicana —donde la presión es cotidiana y los márgenes fiscales son estrechos— esa lógica se vuelve más determinante: la señal equivocada se multiplica por la proximidad geográfica, la informalidad del mercado de trabajo y la vulnerabilidad de quienes migran.
En el plano interno, la defensa de la soberanía dominicana no descansa solo en patrullajes; descansa en la seguridad jurídica del registro y la identidad, que son la frontera administrativa del Estado. La Sentencia TC/0168/13, publicada por el Tribunal Constitucional el 23 de septiembre de 2013, se ubica precisamente en ese núcleo: aborda la nacionalidad como vínculo jurídico, sociológico y político; reafirma la potestad del Congreso para reglamentar cuestiones migratorias; y desarrolla elementos relativos al registro civil, la verificación documental y la competencia estatal para decidir sobre actos del estado civil en contextos de controversia. En términos institucionales, su valor para el debate soberano es claro: un Estado que no protege la integridad del registro y la identificación pierde capacidad de planificar derechos, deberes y políticas públicas, y abre espacios para el fraude, la suplantación y la expansión de economías ilegales.
Lo relevante es reconocer el avance comprobable de las medidas oficiales: la política se tradujo en implementación. A los 44 días del anuncio, reportes periodísticos describieron una ampliación del despliegue con más de 11,000 efectivos en la frontera tras sumar 1,500 adicionales, así como el fortalecimiento de la vigilancia mediante drones y cámaras operadas desde centros de mando y unidades especializadas. También se inició la licitación para añadir trece kilómetros a los cincuenta y cuatro ya construidos en la verja perimetral.
En la misma línea, se documentó el aumento de las capacidades administrativas con la incorporación de 750 nuevos agentes migratorios, la instalación de oficinas en distintas provincias y ajustes regulatorios para evitar que los mercados binacionales funcionen como vías de cruce irregular. A ello se suman la creación de instancias de seguimiento ciudadano y unidades de investigación para combatir el tráfico ilícito de migrantes y delitos conexos.
Este es, en rigor, el tipo de “éxito” que se puede defender en un plano académico: la política pública dejó de ser declaración y se convirtió en un esquema de gobernanza con instrumentos, recursos, protocolos y coordinación. Un ejemplo especialmente sensible es el protocolo en hospitales públicos que exige identificación, carta de trabajo y prueba domiciliaria, aplicado desde abril de 2025 según reportes de prensa, con un enfoque que combina atención sanitaria con verificación migratoria y posteriores procedimientos de repatriación cuando corresponda. Se puede debatir su diseño y sus salvaguardas —y de hecho se ha debatido— pero como instrumento de política pública responde a la misma lógica europea: reducir el incentivo estructural de que la irregularidad opere sin costo administrativo.
Aquí aparece el vínculo más importante con la discusión europea: Bruselas cuestiona regularizaciones masivas porque desalinean el sistema de incentivos; la República Dominicana, en cambio, está construyendo una señal opuesta: que la permanencia y el acceso pleno a beneficios estatales requieren trazabilidad, documentación y cumplimiento de reglas, sin dejar de atender urgencias humanas. Esa coherencia no solo fortalece la soberanía; también reduce la discrecionalidad corrupta, porque cuando la regla es clara y el procedimiento es verificable, se estrecha el espacio para arreglos informales. Al mismo tiempo, el énfasis en sancionar facilitadores —funcionarios, redes y empleadores— reconoce un principio clave de la política migratoria moderna: la irregularidad no se reproduce solo por “oferta” (personas que cruzan) sino por “demanda” (trabajo y renta ilegal).
Queda, sin embargo, el desafío de consolidar el paquete en reformas legislativas duraderas, porque la soberanía no debe depender de ciclos de crisis. Y aquí conviene retomar la lección europea: el control funciona cuando es “sistémico”, no episódico. El Pacto europeo articula procedimientos fronterizos, gestión digital, criterios de asilo y retornos, precisamente para evitar que una pieza del sistema contradiga al resto. La República Dominicana debería profundizar su ruta con reformas que conviertan medidas administrativas en obligaciones legales estables: tipificación robusta del tráfico y la facilitación, sanciones efectivas al empleador reincidente, interoperabilidad de bases de datos para identificación y control de permanencia, y un procedimiento de retorno con garantías mínimas para preservar legitimidad estatal. Ese punto último es crucial: Europa enfrenta críticas por endurecer el asilo y por ampliar figuras como “tercer país seguro”; esas críticas muestran que el control sin garantías erosiona legitimidad y, con ella, sostenibilidad política.
En ese marco, la Sentencia TC/0168/13 debe leerse como un recordatorio de que la integridad del Estado también se juega en los papeles, en el registro, en la prueba y en la competencia institucional para verificar identidades y actos civiles. Y las quince medidas dominicanas deben leerse como el complemento operativo: más vigilancia, más capacidad administrativa, más coordinación y un intento explícito de atacar la economía política de la irregularidad, desde el control fronterizo hasta el empleo y los servicios.
La conclusión, entonces, es doble. Primero, la República Dominicana tiene razones legítimas —jurídicas e institucionales— para defender su soberanía migratoria: no solo por el contexto de seguridad regional, sino porque el control de identidad, registro y fronteras es condición de orden constitucional y de planificación pública, tal como reconoce la propia arquitectura de su jurisprudencia constitucional. Segundo, la experiencia europea confirma que las regularizaciones masivas, en ausencia de coherencia sistémica, pueden convertirse en incentivos de nuevas irregularidades; por eso, el camino más sostenible es el que ya se está reforzando: reglas claras, procedimientos verificables, fortalecimiento institucional y sanciones a facilitadores, con salvaguardas que preserven dignidad humana y debido proceso.
Si Europa, con sus recursos, teme el costo estratégico de una señal contradictoria, la República Dominicana —con frontera viva y presión constante— no puede permitirse incoherencias. La soberanía, en el siglo XXI, no es una consigna: es un sistema.
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Sobre el autor
Luis Orlando Díaz Vólquez es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.
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