Sobre el control del Comando Norte de EE.UU. de 51 kilómetros de la frontera con Méxic

Comentario Editorial | Revista Institucional de Política y Seguridad Hemisférica

@GuasabaraEditor La reciente decisión del Comando Norte de los Estados Unidos de asumir control operativo sobre un tramo de 51 kilómetros en la frontera con México, específicamente en el Área de Defensa Nacional de Yuma, Arizona, marca un nuevo capítulo en la evolución de la política fronteriza estadounidense. Esta medida, enmarcada en las directrices del presidente Donald Trump, responde a una estrategia de reforzamiento militar con el objetivo de disuadir actividades ilícitas, controlar la migración irregular y fortalecer la seguridad territorial.

Desde una perspectiva institucional, este despliegue representa una ampliación significativa del rol del Departamento de Defensa en asuntos tradicionalmente gestionados por agencias civiles. La participación activa de la Fuerza de Tarea Conjunta-Frontera Sur en tareas como patrullaje, detención temporal de personas no autorizadas y mejora de infraestructura fronteriza, evidencia una creciente militarización de la frontera que plantea interrogantes sobre el equilibrio entre seguridad nacional y derechos humanos.

El establecimiento de nuevas zonas militares —como la extensión de la estación aérea del Cuerpo de Marines en Yuma— y los acuerdos de confidencialidad en Nuevo México y Texas, elevan la cobertura militar a 426 kilómetros de los 3.100 que conforman la frontera sur. Este dato no solo revela la magnitud del operativo, sino también la intención de consolidar una presencia sostenida y estructurada en puntos estratégicos del corredor fronterizo.

En términos diplomáticos, esta acción podría generar tensiones con México y con otros actores regionales, al tiempo que reconfigura el enfoque hemisférico sobre migración, cooperación fronteriza y soberanía. La narrativa oficial del Comando Norte, centrada en la protección de la integridad territorial, debe ser analizada en el contexto más amplio de las relaciones bilaterales y los compromisos internacionales en materia de derechos humanos y movilidad.

Este despliegue militar plantea desafíos importantes para los gobiernos locales, las organizaciones humanitarias y los actores multilaterales que trabajan en la frontera. En este sentido, será fundamental observar cómo se articula esta nueva fase de seguridad con los principios de legalidad, proporcionalidad y respeto a la dignidad humana.