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jueves, 4 de agosto de 2022

Demagogia con la extinción de dominio

Nassef Perdomo Cordero  agosto 3, 2022

Demagogia con la extinción de dominio

Demagogia con la extinción de dominio 

Nassef Perdomo Cordero, abogado.

Cuando le tocó hablar sobre la Ley de Extinción de Dominio —entonces proyecto— la procuradora general Miriam Germán alertó de la posibilidad de que se convirtiera en una ley de extorsión. Es relevante que lo dijera ella, puesto que lo hace desde la responsabilidad que le corresponde en la aplicación.

La conciencia de esa responsabilidad la llevó a ser cauta, a llamar la atención sobre el hecho de que los peligros de la ley como la había aprobado el Senado no eran teóricos, sino prácticos.

Lamentablemente, no ocurre lo mismo con todos los actores. Pocos días después de que el presidente Abinader promulgara la ley, uno de los senadores que la impulsó difundió un video en el cual reivindica la posibilidad de violar el artículo 110 de la Constitución. Lo hace a pesar de que él mismo votó a favor de la exclusión del artículo que abría esa posibilidad.

Ese senador, que llamó sicarios del Derecho a quienes advertían de la inconstitucionalidad de ese propósito, ahora entiende que puede convertirse en verdugo del Estado de derecho.

Esto no es casual y es, precisamente, el gran reto que traerá la Ley de Extinción de Dominio: para algunos no es una herramienta para combatir la criminalidad organizada, sino para presentarse como salvadores del pueblo. Eso crea el peligro de que la aplicación de la ley, en lugar de responder a las necesidades institucionales del país y al Estado de derecho, haga juego a la política demagógica.

La mejor forma de evitarlo es seguir fortaleciendo la ley, terminando la labor que inició la Cámara de Diputados y a la que, afortunadamente, se sumó el Senado. Nadie debe dejarse llevar por los cantos de sirena que prometen que violar la Constitución solucionará la corrupción o que es aceptable para perseguir a quienes nos resultan fastidiosos.

Pero también es necesario que se reconozca lo aprobado por el Congreso. Cuando un legislador afirma que la ley puede ser retroactiva, no obstante prohibirlo la Constitución y haber votado él mismo contra esa posibilidad, le está tomando el pelo a los votantes, o le está tomando el pelo a los demás actores políticos. Parece broma, pero no es gracioso.

https://eldia.com.do/demagogia-con-la-extincion-de-dominio/

miércoles, 10 de marzo de 2021

Proyecto de Ley de Aduanas y monopolios _ Por Nassef Perdomo Cordero

10 marzo, 2021    19

Proyecto de Ley de Aduanas y monopolios 

Por Nassef Perdomo Cordero  

Nassef Perdomo Cordero, abogado.

En días recientes he leído con interés artículos en los que se analiza el proyecto de ley de Aduanas que cursa el Congreso.

En éstos se analiza el proyecto de ley, específicamente sus artículos 393 y 394, y se concluye que lo que se pretende con éstos es la creación de monopolios en favor de la industria nacional.

Por tratarse de una supuesta infracción constitucional en un proyecto de ley tan importante, procuré el texto para entender de qué se trata.

Tras leerlo, opino que, en el caso específico de la queja sobre supuesta inconstitucionalidad, esta se fundamenta en una mala comprensión de lo que manda la Carta Magna.

En pocas palabras, estos artículos impiden utilizar los llamados “centros logísticos” para transformar ciertos productos importados, antes de desaduanarlos, y luego venderlos en el país como productos terminados o emplearlos como insumos.

En teoría, los centros logísticos sirven para la guarda y permanencia temporal de un producto que será sometido a actividades de logística, transporte y distribución.

El proyecto de ley de aduanas les permite, en algunas circunstancias, obtener la autorización para operar como zonas francas, lo que. implicaría admitirla transformación de los bienes recibidos y, en algunos casos, su venta en el mercado dominicano.

De ser así, la regulación debe ser cuidadosa al extremo porque la transformación del producto puede tener como consecuencia la modificación de la partida arancelaria. Es decir, que un producto llegado al centro logístico con una partida arancelaria determinada pudiera ser transformado en otro con una partida arancelaria menor, eludiéndose por esta vía el pago del arancel que realmente corresponde.

Que esto se permita o no es una decisión del legislador, que puede hacerlo por tipo de producto. Por ejemplo, puede servir para para evitar que se inunde al mercado dominicano con bienes producidos con insumos subsidiados en su país de origen.

Si el legislador limita la posibilidad de utilizar los centros logísticos con ese propósito, estará actuando en el marco de la Constitución, y no fomentando monopolios. Debe recordarse que el mismo régimen constitucional que prohíbe el monopolio, también llama a que la competencia sea libre y leal. https://eldia.com.do/proyecto-de-ley-de-aduanas-y-monopolios/

jueves, 11 de abril de 2019

Un diálogo necesario sobre las relaciones con Haití| Por Nassef Perdomo Cordero @NassefPerdomo

Un diálogo necesario sobre las relaciones con Haití
Por: Nassef Perdomo Cordero | @NassefPerdomo

La semana pasada cumplí con un compromiso contraído en octubre pasado: participé como comentarista en un evento del principal partido de la oposición en el que se analizaban los retos de nuestro país en sus relaciones internacionales.
Me pidieron que hablara en un panel que analizó estos retos respecto a Haití.
Predeciblemente, en el evento se presentó un grupo de personas que se dedicaron a interrumpir a los comentaristas haciendo las típicas y ya gastadas acusaciones de traición a las que nos tiene acostumbrados la ultraderecha.
Quizás el único elemento nuevo es la inclusión de un velado mensaje antisemita con la mención constante de George Soros.
Los organizadores del evento mostraron desde el primer momento su preocupación y desconcierto con esta situación, de la que no fueron partícipes.
En realidad, sus explicaciones eran innecesarias, porque estas personas aparecen en todos los lugares donde se discute el tema, muchas veces a contrapelo de la voluntad de sus huéspedes. La responsabilidad por sus actos es solo suya.
Ahora bien, ¿qué buscan con este proceder? Es más sencillo de lo que parece: impedir que los dominicanos discutamos las relaciones domínico-haitianas. Con esto ayudan a evitar que en el país haya un debate racional sobre ellas, con el marcado propósito de pescar en aguas revueltas.
Ya me referí a ello en marzo del año pasado en mi artículo “Las pagas de la xenofobia”. Unos meses más tarde me referí a la otra cara de la moneda. En “Migración, frontera y debate público” señalé que los sectores liberales en ocasiones también caricaturizan a quienes no están de acuerdo con ellos.
Es cierto que en el país existe ultraderecha, pero no todos los que difieren de nosotros pertenecen a esa categoría.
Como corresponde al señalar estas cosas, es importante hacer el mea culpa de admitir que uno también ha caricaturizado.
Así lo hice el viernes pasado, porque es lo correcto, pero también porque es la única forma de contribuir a romper el círculo vicioso que nos impide entendernos y que solo beneficia a los que se apoyan en el griterío ultra.
Si los demás dominicanos logramos escucharnos por encima del escándalo de unos pocos nos daremos cuenta de que conservadores, liberales y moderados tenemos muchas cosas en común en este tema.
Hay diferencias fundamentales, pero suficientes puntos de encuentro para poder dialogar.
Eso es lo que asusta a los ultras, y es lo que están dispuestos a evitar a toda costa.
https://eldia.com.do/un-dialogo-necesario-sobre-las-relaciones-con-haiti/

miércoles, 27 de marzo de 2019

CNM, recusaciones e instituciones democráticas | Por Nassef Perdomo Cordero

CNM, recusaciones e instituciones democráticas

A raíz de la tristemente famosa sesión del Consejo Nacional de la Magistratura del pasado 4 de marzo se han producido múltiples discusiones sobre distintos aspectos del conflicto.
Una de ellas es el debate jurídico sobre si los miembros del Consejo pueden ser recusados, pese a que no existen normas que lo permitan de manera explícita.
El sostenido por Eduardo Jorge y Amaury Reyes, uno negando la posibilidad y el otro afirmándola, ha sido formidable: demuestra que en el país sí existe capacidad para debates jurídicos de altura en el que ambas partes mantienen posiciones fundamentadas.
Creo, sin embargo, que al concentrarse en la dimensión jurídica están perdiendo de vista el problema principal: el de la legitimidad política.
Cuando los abogados recordamos que el artículo 7 constitucional establece un Estado social y democrático de Derecho, nos concentramos en lo que esto implica para la construcción del sistema normativo, pero solemos olvidar lo que envuelve en términos políticos.
El concepto de “democracia” queda así diluido entre razones y convicciones jurídicas.
Como señalé la semana pasada, omitir que el papel del Consejo es político, es un error.
El Consejo es un órgano importante en nuestro sistema democrático porque le ha sido delegada la función de legitimar la selección de los jueces de las altas cortes.
Cuando uno de sus miembros actúa de tal forma que pone en entredicho el proceso del que participa, la pregunta no es entonces si existen mecanismos específicos que permitan excluirlo, sino qué se puede hacer para que los cuestionamientos legítimos a su proceder no se conviertan en una mancha para el Consejo completo.
Con mayor razón cuando se trata del único miembro sin legitimidad democrática directa y que tampoco ha sido escogido para su cargo por el Consejo mismo.
A veces el debate jurídico obvia que el fundamento del sistema democrático no es el Derecho, sino la convicción de que todos actuamos de buena fe en nuestro proyecto común de nación. O, por lo menos, que actuamos en el marco de las reglas establecidas para el ejercicio de los derechos y de las facultades propias de un poder que es siempre delegado.
Si esto falla en algo tan importante como la selección de los jueces de las altas cortes, la solución no la descubriremos en discusiones arcanas sobre la recusación, sino en el examen del daño causado a la legitimidad de la próxima Suprema Corte. Esa es la discusión que no podemos eludir. https://eldia.com.do/cnm-recusaciones-e-instituciones-democraticas/

jueves, 8 de junio de 2017

Aquí está "En defensa de lo(s) político(s)", originalmente publicado en Clave Digital en 2006 — Nassef Perdomo @NassefPerdomo



En defensa de lo(s) político(s)

Hace más de diez años (específicamente el martes 8 de agosto de 2006) publiqué en el desaparecido Clave Digital un artículo sobre la tendencia de los dominicanos a creer que los políticos son la causa de todos nuestros males. Creo que mantiene vigencia hoy.
En defensa de lo(s) políticos(s)
En los últimos años ha ido tomando fuerza en el debate público nacional  una preocupante tendencia..  Se trata del ataque constante, y desde múltiples frentes a los políticos en particular y la política en general. 
 
Es como si todo lo relacionado con la política es malo y los políticos son leprosos a los que hay que evitar a como dé lugar.  Todo se empaña cuando se le agrega el calificativo de “político”:  intereses “políticos”, visión “política”, decisiones “políticas”.  Al parecer,  ese adjetivo afea las cosas. 
No pretendo aburrir con el argumento ubicuo de que para los griegos inventores de la democracia la palabra idiota señalaba al ciudadano que renunciaba a su condición de tal, que no intervenía en los asuntos de la polis, es decir, en la política.  Aunque es un ejemplo de una cualidad ilustrativa innegable, es más útil observar cómo suceden las cosas en nuestro tiempo y espacio. 
Los políticos dominicanos conforman uno de los sectores peor considerados de toda la sociedad.  Les condenamos por corruptos, por incompetentes y por vagos.  Pero esos males no son privativos de la clase política.  Ya sea por necesidad o por comodidad, los dominicanos hemos aprendido a engañarnos mutuamente (y a nosotros mismos) con el fin de lograr cualquier meta. 
Mentimos en el trabajo, hacemos trampa en las universidades, engañamos en nuestra vida personal, desobedecemos todas las leyes que podemos.  En fin, la corrupción forma parte de nuestro tejido social, y no son los políticos los más corruptos.  No olvidemos que una importantísima parte del gran, mediano y pequeño empresariado dominicano se mantiene gracias a los sobornos y las evasiones.   
Lo grave es que según un estudio sobre competitividad presentado hace unos meses por el economista Augusto López-Claros en el Foro Económico Mundial, los dominicanos sabemos que la corrupción es un problema generalizado y, además, el principal obstáculo a nuestro desarrollo. 
¿Por qué entonces sólo la queremos ver en los políticos?  Después de todo, éstos no son más que el reflejo de nuestros propios problemas.  Son el espejo amplificador en el que vemos nuestras arrugas, verrugas y –nunca mejor dicho– puntos negros.  No son ajenos a la realidad en que se mueven, sino tan  sólo su producto. 
La política como actividad pública también está mal vista.  Uno puede dedicarse a la música, la pelota, a ser megadivo, a quebrar bancos, a insultar gente, a ser un dandy o a chupar cámaras.  Lo que no puede uno hacer nunca es dedicarse a la política.  Ahí mismo muere para los administradores de la moral pública.  Lo político es visto como actividad de gente “poco seria” que aspira a vivir del otro.  Ante cualquier manifestación de unidad en torno a una idea se acusa de “grupismo” a quienes la hacen,  como si reunirse con quienes piensan igual sea censurable.   
Manifestar de manera pública los intereses personales es el equivalente de suicidio.  Como si no fuera legítimo tener intereses (o como si fuera posible no tenerlos).  Olvidamos que  es imposible determinar cuál es el interés público si desconocemos los intereses particulares.  Pero nada de eso importa porque en el país los intereses del otro son espurios y sólo los propios son “sanos” y “nacionales”. 
La consecuencia de esta línea de pensamiento es  el fomento del sectarismo, el rechazo absoluto del derecho ajeno a sostener posiciones distintas a las propias.  Destruida así cualquier posibilidad de diálogo significativo,  se hace más difícil la construcción de un proyecto común.  Esto no es irónico; después de todo, los proyectos comunes son indefectiblemente proyectos políticos. 
¿Qué hay detrás de todo esto?  Estoy convencido de que, al final del día, el rechazo no es tanto a lo político o a los políticos.  La razón es simple:  el ámbito público no desaparecerá nunca,  existe dondequiera que hay una sociedad.  Pero tampoco desaparecerán los políticos porque siempre existirán personas que debatan y tomen las decisiones.  Al final, me convenzo de  que lo que molesta es el proceso mismo de intercambio y toma de decisiones.  En una sociedad moderna, el rechazo de la política y los políticos, sobre la base de convertirlos en chivos expiatorios, se traduce en un rechazo a la democracia misma. 
Ciertamente existen muchísimas cosas criticables en las actuaciones de los políticos dominicanos.  Pero una cosa es criticarles por eso y otra es descalificarlos a ellos y el sistema político ignorando que señalamos la paja en el ojo ajeno sin fijarnos en la viga que hay en el propio.  Ignoramos la verdad irrefutable que donde hay corrompidos hay corruptores. 
Esta filosofía de gatita de María Ramos lleva a una conclusión alarmante, pero a la que nos hemos ido acostumbrando paulatinamente:  la necesidad de sacar las decisiones “importantes” de las manos de los políticos haciendo “autónomas” las instancias que las toman.  En buen español, hay que privatizar la toma de decisiones públicas.  Esto sólo tiene sentido si nos creemos la idea de que el sector privado es menos incompetente y corrupto que el sector público.  La historia bancaria reciente y pasada de nuestro país demuestra lo contrario.  Pero la apatía creada por el martilleo constante contra los políticos y la política hace posible que todos ignoremos ese enorme elefante en el medio de la sala. 
Ni la política es mala ni los políticos son los peores dominicanos.  Si no nos gustan los resultados de la primera, nuestro deber  es involucrarnos cada vez más, convertirnos en ciudadanos militantes sin conformarnos con las migajas que nos dejan caer de cuando en vez y de vez en cuando.  Si no nos gustan las acciones de los segundos,  no debemos dejarles entonces el campo libre.  Hay que participar. 
Organizarnos en asociaciones barriales y vecinales, culturales, religiosas, deportivas, ambientales: es ahí donde debemos buscar la solución a nuestros problemas sociales.  Hacer política ciudadana e incluso integrarnos a la política partidista  Lo que nos hace falta son más  y mejores ciudadanos. Sin  ellos no habrá ni políticas ni políticos que valgan la pena.
endefensadelospoliticos2
 https://nassefperdomo.wordpress.com/2017/02/28/en-defensa-de-los-politicos/
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miércoles, 15 de febrero de 2017

Gobierno apodera a Laura Acosta y Nassef Perdomo como sus abogados en caso Los Tres Brazos

Gobierno apodera a Laura Acosta y Nassef Perdomo como sus abogados en caso Los Tres Brazos

SANTO DOMINGO.- Los abogados Laura Acosta Lora y Nassef Perdomo fueron designados por el Gobierno dominicano como sus representantes en la demanda en nulidad de las ventas de las parcelas del sector Los Tres Brazos, según lo dio a conocer hoy la Dirección General de Comunicación (Dicom).
Dicha acción deberán realizarla de manera inmediata, en representación del Estado dominicano. Esto es, junto al abogado del Estado y ante la jurisdicción competente.
Esta medida fue tomada a través de la comisión designada para ejecutar las recomendaciones contenidas en el informe sobre Los Tres Brazos.
La comisión destaca la comprobada calidad profesional y técnica de los abogados apoderados del caso. Agrega que esto permitirá que junto al abogado del Estado, se anulen las ventas y transferencias de las parcelas 153-A-1, 153-A-2 y 155 del Distrito Catastral No. 15 del Distrito Nacional. Además, que de igual modo, se restituyan las mismas a favor del Estado dominicano.
Sus miembros están confiados en que el Estado dominicano recuperará las citadas parcelas para posteriormente, llevar a cabo de manera correcta el proceso de titulación y transferencia de los terrenos.
Con esto, además de revertir una operación que ha sido altamente perjudicial para el Estado, se garantizará el clima de paz y tranquilidad que el presidente Danilo Medina desea que mantengan las familias que viven en Los Tres Brazos.
Mediante el decreto 16-17, del 10 de febrero de 2017, Medina dio instrucciones a dicha comisión, en el sentido de que iniciara ante la jurisdicción competente la demanda en nulidad de las ventas y transferencias de las parcelas mencionadas.
La comisión la integran Flavio Darío Espinal, consultor jurídico del Poder Ejecutivo; José Dantés Díaz, director de la Comisión de Titulación de Terrenos del Estado, y Lidio Cadet, director de Ética e Integridad Gubernamental.

http://www.7dias.com.do/portada/2017/02/14/i224864_gobierno-apodera-laura-acosta-nassef-perdomo-como-sus-abogados-caso-los-tres-brazos.html#.WKRdkDvhDIU

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lunes, 7 de noviembre de 2016

La tentación del ultraprogresismo / @NassefPerdomo Nassef Perdomo Cordero

La tentación del ultraprogresismo

Nassef Perdomo Cordero - 7 de noviembre de 2016 
nassefLas elecciones presidenciales estadounidenses se celebran esta semana. Como cada cuatro años, existe un alto interés en nuestro país por un proceso electoral que se celebra en la segunda nación del mundo con mayor población dominicana.
Uno de los debates más interesantes que se ha suscitado se produce en los sectores a la izquierda del centro político. El punto central del mismo es si la amenaza de una administración Trump (y el subsiguiente dominio ultraconservador de la Suprema Corte) es motivo suficiente para votar por una candidata a la que se considera más que imperfecta.
El argumento es el siguiente: algunos sectores de la izquierda entienden que Clinton se encuentra demasiado ligada a los sectores bancarios y la consideran responsable de los daños que produce la política exterior estadounidense en otros países. Por respuestas, los que sí apoyan a Clinton entienden que estas críticas son válidas y discutibles, pero que la alternativa a la candidata demócrata representa un peligro existencial a una de las democracias más pobladas, poderosas y antiguas del mundo. Argumentan que Trump se ha manifestado contra los derechos de los inmigrantes, las personas de color, las mujeres y los LGBT.
Por respuesta, los opuestos a apoyar a Hillary dicen que esos argumentos son chantaje, que no están obligados a votar por “el menos malo”, que ese tipo de resignaciones políticas es lo que tiene atrapada a los ciudadanos estadounidenses entre candidatos insatisfactorios. Que lo correcto es apostar por candidaturas minoritarias que puedan crecer a futuro: como el Partido Verde.
Para cierta izquierda, los valores progresistas son absolutos y deben ser alcanzados de manera inmediata. La democracia y sus dificultades ocupan un lugar secundario, complementario. Ellos han determinado cuáles son los problemas, y las soluciones a adoptar. Sus posiciones son inflexibles porque su justicia impide ceder en lo pequeño y en lo grande.
Pienso que en esta respuesta radica la respuesta no sólo a por qué son indiferentes a los resultados de una administración Trump, sino también por qué no logran sumar los votos suficientes para ser políticamente exitosos.
Para cierta izquierda, los valores progresistas son absolutos y deben ser alcanzados de manera inmediata. La democracia y sus dificultades ocupan un lugar secundario, complementario. Ellos han determinado cuáles son los problemas, y las soluciones a adoptar. Sus posiciones son inflexibles porque su justicia impide ceder en lo pequeño y en lo grande.
Este tipo de posturas es incompatible con la democracia, un sistema en el cual las mayorías se construyen sobre la base de acuerdos y los acuerdos son, por definición, renuncias mutuas. Quien actúa en el escenario democrático no puede pretender que los demás se plegarán a sus posiciones sin obtener apoyo para las propias. Quien ve debilidad en la cesión y virtud en la intransigencia no actúa como un agente democrático. Y esto es lo que estos sectores encarnan, una ideología progresista carente del reconocimiento de valor en la opinión ajena.
Ignoran que, en democracia, los grandes logros sociales se han alcanzado por alianzas entre sectores que muchas veces tenían intereses encontrados, pero que decidieron acomodar para lograr un fin ulterior. Sorprendentemente, también ignoran que el gran logro de los sectores conservadores y ultraconservadores ha sido enfrentar unos a otros a los menos favorecidos. Es, por ejemplo, lo que ha mantenido a los Republicanos como una opción viable en la política nacional estadounidense: han logrado enfrentar a la clase trabajadora blanca con las clases trabajadoras de color.
Pero nada de esto es relevante para estos sectores que, carentes de sentido histórico, que prefieren que los Verdes obtengan su eterno resultado pírrico aunque Trump sea presidente. Imbuidos de un inquebrantable sentido de su superioridad moral, llegan a afirmar abiertamente que quizás el desastre del trumpismo es lo que hace falta para que las cosas mejoren a largo plazo.
Este es un razonamiento transparentemente apocalíptico que revela importantes coincidencias entre ellos y las doctrinas más radicales del cristianismo. Asumen que un colapso del sistema traerá sufrimientos, pero que esto servirá para purificar al electorado y exorcizar de éste los demonios ideológicos que les impide apoyarlos. 
En buen español, entienden que es aceptable que las mayorías que dicen defender sufran el recorte de sus derechos por no haberles apoyado.
Este mesianismo no sólo les impide llegar a acuerdos con otros sectores sociales, sino que también es causa importante de su fracaso en lograr éxitos electorales. Como para ellos el poder no se alcanza sobre la base de acuerdos, sino que lo merecen por ser más puros que los demás, no se preocupan en construirlo. No dedican sus esfuerzos a fomentar candidaturas municipales y locales. En estas tendrían mayores de éxito y por tanto de beneficiar a la ciudadanía con sus políticas públicas. Tendrían, además, mayores probabilidades de éxito en la construcción paulatina de un proyecto político capaz de disputar con los grandes partidos.
Pero no, quieren ganar la presidencia para desde ella “cambiar” la política a pesar de que no contarán con legisladores que les apoyen. Vale decir, juegan a la ruleta rusa con la esperanza de lograr un “buen tirano”, un déspota ilustrado que salve al pueblo de sus propias preferencias.
Si no, les da igual que un xenófobo autoritario gobierne la democracia más potente del planeta.
Y aquí es donde los extremos terminan de tocarse. Porque no sólo comparten la idea ultraconservadora de que se necesita un ungido progresista que a fuerza de voluntad doblegue todas las instituciones y a la sociedad misma, sino que, en todo caso, si no lo logran, entonces prefieren que gobierne el ungido ultraconservador antes que la demócrata impura.
Al final, valoran más la pureza ideológica que a la democracia misma. Y eso es, indefectiblemente un juicio sobre la masa de ciudadanos que no comparte todo su programa. Esa masa de ciudadanos que dice querer proteger, pero cuyo destino sólo es importante en la medida en que es un instrumento para lograr la aplicación de su programa ideológico.
Esta visión mesiánica-apocalíptica no es inevitable. No toda la izquierda es así. Ni siquiera la antisistema. Un bien ejemplo de ello son los movimientos políticos surgidos en Europa del Sur como fruto de la crisis. Particularmente PODEMOS en España y Syriza en Grecia. Movimientos que han sido duramente criticados por algunos de sus simpatizantes originales precisamente porque han decidido jugar actuar en el contexto democrático. Pero que también –particularmente en el caso de PODEMOS- han construido su proyecto político sobre la base de la participación política local.
También Portugal es buen ejemplo de una comprensión aglutinadora e inclusiva de la democracia. Allí los socialistas, los verdes, los comunistas y el “Bloque de izquierda” han puesto de lado sus diferencias para formar gobierno. Todos tendrán que ceder, pero lo asumen como parte de la lógica democrática que defienden.
La democracia es un sistema de gobierno impropio para quienes pretenden que sus posiciones son puras y no requieren de la validación de las mayorías. También es el sistema en el cual las elecciones son un momento de decisión en el que hay que decidirse entre opciones imperfectas. Y eso implica que cuando no se es mayoría a veces, como dice Chomsky, hay que votar por el que se considera menos malo.
Quien condiciona su voto a que los candidatos reflejen la totalidad de sus convicciones en realidad lo que está haciendo es afirmando que sólo sus ideas son válidas y que quien no las compartes todas está irremediablemente contaminado. Tiene derecho a ello, pero le hace un flaco servicio a la democracia.
Pero, además, aunque el voto es un derecho individual, su ejercicio se produce en un contexto colectivo y afecta la vida de los demás. Quien lo deposita afirma cuáles son sus prioridades y, en un contexto como el de las elecciones estadounidenses de este año, esa afirmación es particularmente importante. El ultraprogresismo que no distingue entre las consecuencias de que gobierne Trump o Clinton tiene vasos comunicantes con el ultraconservadurismo que sostiene al candidato republicano. El más peligroso de todos es esa expectativa de lograr que se impongan soluciones ideológicamente puras en una democracia.
Mientras tanto, del resultado de estas elecciones depende el futuro inmediato de los menos favorecidos en EEUU, que incluyen cientos de miles de emigrantes dominicanos y, por vía de consecuencias, las familias aquí que todavía dependen de ellos.- http://acento.com.do/2016/opinion/8398905-la-tentacion-del-ultraprogresismo/
nassef

Nassef Perdomo Cordero

lunes, 24 de octubre de 2016

El ITBIS y la Constitución Nassef | Perdomo Cordero

El ITBIS y la Constitución

nassefEl debate sobre la reforma tributaria ha sacado a colación la necesidad de hacer más eficiente el régimen tributario del Estado. Entre las ideas que se han debatido está la del reducir la tasa del Impuesto sobre Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) de 18% a 10% y ampliarla para que cubra a todos los bienes y servicios. Ausente de este debate ha estado el análisis constitucional de dicha propuesta. ¿Cumple o no con los requisitos establecidos en la Carta Magna?
Es una verdad pocas veces cuestionada que, el cumplimiento de las responsabilidades del Estado requiere de recursos y que estos recursos dependen de las contribuciones de los ciudadanos. De ahí surge la responsabilidad de pagar impuestos que tiene toda persona.
En nuestro país esta responsabilidad está prevista en el artículo 75.6 constitucional, que señala que es deber las personas:
Tributar, de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva, para financiar los gastos e inversiones públicas. Es deber fundamental del Estado garantizar la racionalidad del gasto público y la promoción de una administración pública eficiente.
Vale decir, que toda persona que forme parte de la sociedad dominicana está en el deber de contribuir a las cargas públicas. Por contrapartida, el Estado tiene la responsabilidad de que el gasto sea razonable y esté dirigido al cumplimiento de sus responsabilidades.
Por su lado, los principios generales del sistema que rigen al régimen tributario se encuentran en el artículo 243 constitucional:
Principios del régimen tributario. El régimen tributario está basado en los principios de legalidad, justicia, igualdad y equidad para que cada ciudadano y ciudadana pueda cumplir con el mantenimiento de las cargas públicas.
A grandes rasgos, las personas físicas cumplen esta obligación mediante el pago de tributos de dos tipos: a) los tributos al ingreso, y b) los tributos al consumo.
Estos tipos de tributos son muy distintos en su estructura y en sus efectos. Los tributos al ingreso suelen ser graduales. Es decir, no se obliga al contribuyente a pagar una porción fija de sus ingresos, sino que el porcentaje de impuestos a pagar sube en la medida en que lo hacen los ingresos. Es decir, es un impuesto progresivo porque está directamente atado a la capacidad contributiva del  contribuyente y sólo se hace más costoso en la medida en que este tiene mayor disponibilidad de ingresos. Los ingresos más bajos no pagan impuestos y mientras suben, más impuestos pagan.
Por su lado, los impuestos al consumo –entre los que se encuentra el ITBIS- son impuestos que todas las personas pagan, independientemente de su nivel de ingresos, cuando adquieren un bien o reciben un servicio. Son considerados impuestos regresivos precisamente porque, al gravar el valor del bien o servicio recibido, no toman en cuenta la capacidad contributiva y, en consecuencia, afectan desproporcionalmente a los más pobres.
Es decir, los impuestos al ingreso tienen como criterio la capacidad contributiva, mientras que los impuestos de consumo tienen como criterio las necesidades de consumo.
Esta diferencia es sumamente importante si volvemos a analizar la configuración constitucional del deber de tributar. El requisito constitucional de este es que se haga de “de acuerdo con la ley y en proporción a su capacidad contributiva”. Se presentan pues, dos elementos, que la tributación se haga de acuerdo a lo que la ley manda (algo obvio y que hasta ahora nadie discute) y que sea “en proporción con la capacidad contributiva”.
Como vimos, los impuestos al consumo no gravan el ingreso ni la capacidad contributiva, sino el consumo. El problema de esto es que los seres humanos tienen las mismas necesidades básicas, independientemente de sus ingresos. Así las cosas, extender la base impositiva del ITBIS tendrá como consecuencia que los pobres y los ricos paguen los mismos impuestos por cubrir sus necesidades. Esto es incompatible con el criterio constitucional de que la carga impositiva se fundamente en la capacidad contributiva.
Gran parte de la población dominicana ve agotados sus recursos con la satisfacción de sus necesidades mínimas. Ampliar la tasa imponible del ITBIS para que cubra los productos y servicios de primera necesidad tiene como consecuencia directa disminuir la capacidad de los más pobres de cubrir sus necesidades, mientras que disminuye su peso en los consumos que no están relacionados con la canasta básica ni servicios esenciales. Esto así aún si la tasa abaja de 18% a 10%, porque en realidad esto implica que para los productos básicos aumenta de un 0% a un 10%.
La Constitución reclama para República Dominicana la  condición de un Estado Social y Democrático de Derecho. También, afirma que el deber de tributar está relacionado con la capacidad contributiva. Es claro que la medida discutida en estas líneas vulnera lo querido por el Constituyente y, además, disminuye la autonomía económica de las clases menos favorecidas.
En resumen, es incompatible con un Estado Social y Democrático de Derecho un régimen de tributación que grave en la misma forma los perfumes y las medicinas, o los plátanos y las corbatas de seda. http://acento.com.do/2016/opinion/8394870-itbis-la-constitucion/
nassef

Nassef Perdomo Cordero