CNM y la Suprema Corte: una oportunidad para fortalecer la independencia y la calidad judicial
Editorial | @GuasabaraEditor Luis Orlando Díaz Vólquez
La juramentación de los nuevos magistrados de la Suprema Corte de Justicia por parte del Consejo Nacional de la Magistratura, presidido por el presidente de la República, Luis Abinader Corona, constituye un momento institucional de gran relevancia para el sistema de justicia dominicano. Más allá del acto protocolar, la culminación de un proceso de evaluación que incorpora a jueces de carrera y a abogados en ejercicio ofrece la posibilidad de consolidar principios esenciales: mérito, pluralidad de experiencias y renovación técnica en la cúspide del poder judicial. Si se aprovecha con rigor y transparencia, esta renovación puede contribuir a restaurar la confianza ciudadana en la administración de justicia y a robustecer la separación de poderes que sustenta el Estado de derecho.
La composición anunciada —con tres magistrados provenientes de la carrera judicial y dos juristas de reconocida trayectoria profesional— responde a la lógica constitucional que busca equilibrar la experiencia acumulada en los tribunales con aportes doctrinales y prácticos desde la abogacía y la academia. Ese equilibrio es valioso: los jueces de carrera aportan conocimiento procesal y continuidad institucional; los abogados y académicos introducen perspectivas especializadas en derecho económico, tributario y público que enriquecen la deliberación colegiada. La diversidad de perfiles debe traducirse en deliberaciones más sólidas y en decisiones que integren técnica jurídica con sensibilidad social y económica.
No obstante, la legitimidad de cualquier designación judicial depende tanto de la calidad de los seleccionados como de la percepción pública sobre la transparencia y la imparcialidad del proceso. En este sentido, el CNM enfrenta la responsabilidad de documentar y comunicar con detalle los criterios de evaluación, las pruebas aplicadas y las razones que llevaron a la selección final. La publicidad razonada del proceso no solo protege a los magistrados frente a cuestionamientos infundados, sino que también fortalece la confianza colectiva en la justicia como institución autónoma y sometida a estándares objetivos de mérito.
La presencia del presidente de la República al frente del CNM y la participación de altos representantes del poder judicial y del legislativo subrayan la naturaleza institucional del mecanismo, pero también plantean la necesidad de salvaguardas que preserven la independencia judicial. La designación de jueces no debe percibirse como un acto de reparto político, sino como la culminación de una evaluación técnica que priorice la idoneidad profesional, la integridad ética y la capacidad para resolver con imparcialidad. En sociedades donde la justicia es vista como garante de derechos y freno a la arbitrariedad, la independencia judicial es un bien público que exige protección activa.
Los perfiles de los magistrados juramentados muestran trayectorias sólidas en la judicatura, la academia y la gestión pública. Esa combinación es prometedora para una Suprema Corte que enfrenta retos complejos: interpretación constitucional en materia de derechos fundamentales, resolución de conflictos económicos y comerciales de alta complejidad, y supervisión de la coherencia normativa del Estado. La experiencia en derecho procesal, constitucional y administrativo, así como el conocimiento en derecho económico y tributario, son herramientas necesarias para una Corte que debe responder con criterios técnicos a demandas sociales crecientes y a la exigencia de seguridad jurídica para la inversión y el desarrollo.
Sin embargo, la excelencia individual no basta. Es imprescindible que la nueva composición de la Suprema Corte impulse prácticas institucionales que mejoren la eficiencia y la transparencia del tribunal: motivación exhaustiva de sentencias, publicación oportuna de criterios jurisprudenciales, gestión de cargas procesales y mecanismos efectivos de control disciplinario. La modernización administrativa y la profesionalización de la gestión judicial son complementos indispensables para que la calidad de las decisiones se traduzca en acceso efectivo a la justicia para la ciudadanía.
La formación continua y la evaluación del desempeño judicial deben ocupar un lugar central en la agenda del Poder Judicial y del CNM. La selección por mérito debe ir acompañada de programas de actualización doctrinal y de evaluación objetiva que midan no solo productividad, sino también calidad jurídica, respeto a garantías procesales y coherencia jurisprudencial. Estas prácticas consolidan una carrera judicial basada en el mérito y la responsabilidad, y reducen la tentación de recurrir a criterios clientelares o a presiones externas.
Finalmente, la sociedad civil, la academia y los colegios profesionales tienen un rol activo que ofrecer: vigilancia crítica, aportes técnicos y colaboración en iniciativas de formación y transparencia. Un sistema de justicia robusto se construye con la participación informada de múltiples actores que exijan estándares elevados y ofrezcan propuestas de mejora. La juramentación de nuevos magistrados es una oportunidad para renovar ese pacto social en torno a la justicia: no como privilegio institucional, sino como servicio público esencial para la convivencia democrática y el desarrollo.
La reciente designación abre una ventana para fortalecer la credibilidad y la eficacia de la Suprema Corte. Si el CNM y las autoridades involucradas consolidan prácticas de evaluación transparentes, promueven la independencia judicial y acompañan la renovación con medidas de gestión y formación, el país ganará en seguridad jurídica y en confianza institucional. Ese es el desafío y la promesa que hoy se ponen en manos de los nuevos magistrados y de quienes tienen la responsabilidad de garantizar que la justicia sea, en efecto, imparcial, competente y accesible para todos.
22 de diciembre de 2025
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Santo Domingo.– El Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), presidido por el presidente Luis Abinader, juramentó este lunes a los nuevos jueces seleccionados para integrar la Suprema Corte de Justicia (SCJ), tras concluir el proceso de evaluación correspondiente.
El acto se realizó en el Salón de Embajadores del Palacio Nacional, donde fueron juramentados los magistrados Edyson Alarcón Polanco, Miguelina Ureña Núñez, Manuel Hernández Victoria, Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez.
También, fue juramentada como segunda sustituta del presidente de la Suprema Corte de Justicia, la magistrada Nancy Salcedo Fernández, actual jueza de la alta corte, de conformidad con el artículo 180, párrafo I, de la Constitución de la República.
Además estuvo presente el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta Romero.
Del grupo designado, tres magistrados pertenecen a la carrera judicial y se desempeñaban, hasta el momento, como jueces de cortes de apelación, mientras que los otros dos completan la cuota correspondiente a abogados en ejercicio, de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 180 de la Constitución.
Los magistrados Edyson Alarcón Polanco y Miguelina Ureña Núñez fungían como jueces de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, mientras que Manuel Hernández Victoria se desempeñaba como juez de la Primera Sala de la Cámara Penal de la misma corte. En tanto, los abogados y académicos Yorlin Vásquez Castro y Namphi Rodríguez son juristas de reconocida trayectoria profesional. Vásquez Castro es especialista en derecho económico y tributario, mientras que Rodríguez se ha destacado en el ámbito del derecho público.
Perfiles profesionales
Edyson Alarcón Polanco
Con más de 30 años de carrera judicial, es reconocido por su especialización en Derecho Civil y propiedad intelectual. Se graduó como abogado a los 20 años y a los 26 fue designado juez de la Corte de Apelación, convirtiéndose, en 1998, en el magistrado más joven en alcanzar ese nivel. Antes de su llegada a la Suprema Corte de Justicia, presidió la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Además de su trayectoria en la judicatura, ha desarrollado una amplia labor académica como docente y coordinador del área de Derecho Privado y Administrativo en la Escuela Nacional de la Judicatura, así como profesor en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, Universidad Iberoamericana y la Universidad Central del Este. También participó en la redacción del proyecto de Ley de Derecho Internacional Privado y presidió la Asociación Dominicana de Derecho Internacional Privado.
Miguelina Ureña Núñez
Con más de 25 años de servicio en el Poder Judicial, es una jueza de carrera con amplia experiencia en el ámbito civil y comercial. Inició su trayectoria en 1992 como jueza de paz, laboró durante 17 años en la Cámara Civil y Comercial de Santiago y, previo a su ascenso a la Suprema Corte de Justicia en 2025, se desempeñó como jueza de la Primera Sala de la Cámara Civil y Comercial de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, destacándose en responsabilidad civil, contratos y derecho comercial. En el plano académico, ha tenido una participación relevante en la formación jurídica del país. Es coordinadora de programas de maestría en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y docente en la Escuela Nacional de la Judicatura, con formación de posgrado en derecho civil, societario, comercial y constitucional.
Manuel Hernández Victoria
Cuenta con más de 28 años de carrera judicial. Antes de su ascenso a la alta corte en 2025, fue presidente de la Segunda Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación de Santo Domingo y segundo sustituto de presidente de esa jurisdicción, desarrollando una trayectoria como juez de carrera desde juez de paz hasta juez de primera instancia en materias civil y comercial. En el ámbito académico, posee un doctorado por la Universidad del País Vasco, así como maestrías en Derecho Constitucional y Procesal Constitucional por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y en Sociedad Democrática, Estado y Derecho. Su formación se complementa con estudios especializados en Derecho Procesal Penal y Civil cursados en instituciones internacionales.
Yorlin Vásquez Castro
Su trayectoria se caracteriza por una sólida formación en derecho y finanzas. Es licenciada en Derecho Magna Cum Laude por la Universidad Abierta para Adultos y licenciada en Contabilidad por la Universidad Nacional de las Ciencias Exactas, lo que respalda un enfoque integral en el ejercicio jurídico. Posee experiencia en Derecho Tributario, Derecho Económico y gestión pública. Antes de su designación en la Suprema Corte de Justicia, se desempeñó como subdirectora jurídica de la Dirección General de Impuestos Internos, además de ejercer como jueza de paz y jueza de tránsito en el Distrito Nacional.
Namphi Rodríguez
Reconocido como uno de los juristas más influyentes en materia de Derecho Público, se ha destacado por sus aportes a la libertad de expresión y al derecho constitucional, con una incidencia significativa en la defensa de los derechos fundamentales. Ha sido presidente de la Fundación Prensa y Derecho y catedrático de Derecho Constitucional y Administrativo en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Cuenta con formación especializada en universidades de España, Estados Unidos y Colombia, y es autor de diversas obras jurídicas, entre ellas el Glosario del Proceso Contencioso-Administrativo.
El Consejo Nacional de la Magistratura está integrado, además, por los presidentes de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina; del Tribunal Constitucional, Napoleón Estévez; del Senado de la República, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, así como por la magistrada Nancy Salcedo, el senador Omar Fernández y el diputado Tobías Crespo.
https://presidencia.gob.do/noticias/cnm-presidido-por-el-presidente-abinader-juramenta-nuevos-jueces-de-la-suprema-corte-de DIPP Consejo Nacional de la Magistratura
