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martes, 3 de octubre de 2023

Gobierno dominicano rechaza acusaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la nacionalidad

 ESTADO

Gobierno dominicano rechaza acusaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la nacionalidad

29 DE SEPTIEMBRE 2023 | 20:26
Gobierno dominicano rechaza acusaciones de la CIDH sobre nacionalidad

Santo Domingo.- En respuesta a lo publicado hoy por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), titulado “CIDH insta al Estado a erradicar la apatridia”, en el que realiza acusaciones a República Dominicana referentes a la sentencia TC/0168/13, del Tribunal Constitucional, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MIREX), en representación del Estado dominicano, da respuesta en el siguiente comunicado. 

El Gobierno dominicano toma nota de las observaciones y recomendaciones planteadas por la CIDH, y reitera su compromiso con la promoción y protección de los derechos humanos de todos los ciudadanos, independientemente de su nacionalidad. 

Sin embargo, el Estado rechaza contundentemente las acusaciones de la CIDH, en el sentido de que lo expuesto en dicho comunicado no presenta objetivamente la situación de la nacionalidad en el país; no contempla el contexto histórico y legal, ni los esfuerzos realizados por el Gobierno para cumplir con la Ley 169-14, que busca armonizar la sentencia TC/0168/13 con las normas constitucionales y el derecho internacional de los derechos humanos. 

Hemos realizado importantes esfuerzos para resolver los problemas relacionados con la nacionalidad, los cuales han incluido la promulgación de la Ley 169-14 sobre Naturalización, que ha sido ampliamente respaldada por la sociedad dominicana. La misma ha restituido el estatus jurídico anterior a 60,773 personas afectadas por la sentencia TC/0168/13, y se ordenó expedirle sus documentos como dominicanos. De estos, solo 26,123 acudieron a retirar sus documentos, los restantes 34,110 no los han recogido, presumiblemente porque fallecieron, emigraron o ignoraron el amplio llamado del Gobierno dominicano en ese momento. 

El Gobierno está comprometido con la promoción de políticas y programas que fomenten la inclusión, la igualdad, y no discriminación y el respeto a la diversidad étnica y racial de la sociedad dominicana. El Estado ha hecho ingentes esfuerzos por garantizar el acceso universal a la salud y a la educación de todos los habitantes en nuestro territorio. Tampoco existen políticas discriminatorias o segregadoras en el mercado de trabajo, que dificulten el acceso al empleo de grupos particulares. 

Es propicia la ocasión para reiterar el objetivo planteado en la política exterior de República Dominicana, que como eje estratégico de acción contempla la promoción de los derechos humanos y los valores democráticos, consagrados en su Constitución y los tratados internacionales. 

Reiteramos nuestro compromiso con el diálogo y la cooperación con la CIDH, para abordar los desafíos relacionados con la nacionalidad en República Dominicana.

https://presidencia.gob.do/noticias/gobierno-dominicano-rechaza-acusaciones-de-la-comision-interamericana-de-derechos-humanos

jueves, 29 de agosto de 2019

Cómo se gestó en 1979 la visita de la CIDH a Argentina: el recuerdo de uno de sus protagonistas | @RobalsdqAlvarez

POLÍTICA
Cómo se gestó en 1979 la visita de la CIDH a Argentina: el recuerdo de uno de sus protagonistas
Hace 40 años, aquella misión marcó un antes y un después en la historia y la jurisprudencia de los derechos humanos. El hecho fue evocado por el abogado Roberto Álvarez, que se desempeñaba como experto de la Comisión en aquellos años
29 de agosto de 2019
Roberto Álvarez , abogado dominicano, integraba la CIDH en los tiempos de la misión a Argentina
Roberto Álvarez , abogado dominicano, integraba la CIDH en los tiempos de la misión a Argentina
"La Comisión nunca había recibido un cúmulo de denuncias de tal magnitud, que prácticamente desbordaba la capacidad de la secretaría", recuerda Roberto Álvarez, abogado dominicano que por entonces integraba era especialista principal en la Secretaría ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). 
"Desde agosto de 1976 -sigue diciendo-, se recibían a diario numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos desde Argentina; el volumen de estas denuncias aumentaba exponencialmente cada mes, opacando la magnitud de peticiones de cualquier otro país".
Roberto Álvarez estuvo en Buenos Aires para participar en una conferencia organizada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), con motivo del conmemorarse el 23 de agosto, el Día de las Víctimas del Totalitarismo.
En esa conferencia, el ex integrante de la CIDH participó de un panel sobre los 40 años de la visita de la CIDH a Argentina -que se cumplen el próximo 6 de septiembre- junto a Graciela Fernández Meijide, ex Secretaria de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (CONADEP), y la periodista Norma Morandini, titular del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de la Nación. El panel fue moderado por Jorge Sigal, ex integrante de la APDH y ex Secretario de Medios Públicos de la Nación.
La visita de la CIDH a la Argentina en septiembre de 1979 marcó un antes y un después en la difusión de lo que estaba sucediendo en la Argentina. Es sabido que la dictadura instaurada en marzo de 1976 optó por actuar en las sombras: el método elegido fue el secuestro y desaparición de las víctimas de la represión, su retención en centros clandestinos de tortura y, finalmente, su asesinato, también clandestino. 
En la superficie, todo era negado. La gente era detenida, pero luego desaparecía: no había prisioneros ni cadáveres. Nada. Esa metodología, sumada a la complicidad internacional del bloque soviético, Cuba incluida, levantó una cortina informativa en torno a la represión ilegal, dificultando enormemente la difusión de la verdad.
En la ONU, todos los intentos por despachar hacia Argentina una comisión investigadora para comprobar in situ la veracidad de las denuncias sobre los horrores de la represión chocaban con la cerrada negativa de los países comunistas que sostenían a la dictadura de Jorge Rafael Videla con el argumento de que éste era una "paloma". En realidad se trataba de no importunar la exportación de granos hacia la Unión Soviética y otros países del bloque del Este.
Roberto Álvarez, Norma Morandini, Jorge Sigal y Graciela Fernández Meijide
Roberto Álvarez, Norma Morandini, Jorge Sigal y Graciela Fernández Meijide
De ahí la trascendencia que tuvo el que, finalmente, y gracias a la presión sostenida del gobierno de los Estados Unidos, que presidía James Carter, una misión de la CIDH llegara a la Argentina, en septiembre de 1979.   
Cuando Roberto Álvarez ingresó a la CIDH, en agosto de 1976, la comisión venía de padecer una crisis interna y prácticamente carecía de medios personal para llevar adelante su tarea. "Disponía de un sólo joven abogado, Charles Moyer", recordó Alvarez, en momentos en que "arreciaban las denuncias de violaciones de derechos humanos desde Argentina".
Fue entonces cuando un asesor legislativo del senador Ted Kennedy, Mark Schneider, movió influencia para obtener una financiamiento de 450 mil dólares para la Comisión. "Esa infusión de dinero, la primera donación directa, fue un golpe de oxígeno para la CIDH pues pudo aumentar el número de abogados inmediatamente a cinco". 
Otro paso clave fue la contratación de Edmundo Vargas Carreño, en septiembre de 1977, como secretario ejecutivo de la CIDH. "Edmundo le imprimió a la secretaría de la Comisión el liderazgo, la visión y la efectividad de que hasta ese momento carecía", explicó el experto. 
La Comisión ya había elaborado informes sobre otros países antes del viaje a Argentina. De 1970 hasta 1979, había emitido reportes sobre Cuba, República Dominicana, Haití, El Salvador y Honduras, y también sobre Chile y Nicaragua. 
La CIDH venía estandarizando los derechos sobre los cuales debía expedirse, a partir de estas experiencias previas, pero el caso argentino trajo una novedad: la figura de los desaparecidos. No porque no los hubiera en otros países, sino por la dimensión que esto adquirió en el caso de nuestro país.
Roberto Álvarez y Norma Morandini
Roberto Álvarez y Norma Morandini
Así lo evocó Roberto Álvarez: "Comenzamos a clasificar las denuncias recibidas desde Argentina e inmediatamente se hizo obvio que el grueso de estas se refería a detenciones y posterior desaparición de personas, hechos que ocurrían siguiendo un patrón sistemático con características similares, hoy ampliamente conocidas. Se abrieron cientos y cientos de casos, hasta sobrepasar los miles". 
La contrapartida de esto era la negativa de la dictadura a dar explicaciones. "Las lacónicas y cortantes respuestas del gobierno a las partes pertinentes de las denuncias que la Comisión le trasladaba, cuando respondía, también mostraron otro patrón sistemático, uno que revelaba, entre otros aspectos, el intento de ocultar los hechos por parte del gobierno". 
En su exposición, Álvarez recordó que en una ocasión, a mediados de 1978, el ministro consejero de la misión de Argentina ante la OEA, Arnoldo Listre, se presentó en la oficina de Vargas Carreño para devolverle de mala manera una nota argumentando que para su gobierno los términos del mensaje eran inaceptables. Se trataba de un reclamo de familiares de un desaparecido que querían recuperar objetos robados de su casa en el momento del secuestro.
"Hoy sabemos que se montaron inmobiliarias para la venta de los enseres", concluye Álvarez.   
"Ante el desconcertante volumen de comunicaciones y la gravedad de los hechos denunciados -agrega-, la Comisión decidió, desde 1977, solicitar al gobierno la anuencia para llevar a cabo una visita in loco para constatar sobre el terreno la situación de los derechos humanos en Argentina. El gobierno no contestó las diversas solicitudes que la CIDH le envió."
"Es ampliamente conocido que fue a través del gobierno de Jimmy Carter que se logró el permiso del gobierno argentino para la visita de la Comisión", recordó.
También destacó el "papel relevante" de una funcionaria de la administración Carter: Patricia Derian, secretaria adjunta de derechos humanos y asuntos humanitarios en el Departamento de Estado, que visitó Argentina en 1977 y luego informó a su gobierno sobre las violaciones a los derechos humanos en Argentina. 
"Sin embargo -dice Roberto Álvarez-, se desconoce el papel en dicho proceso del segundo en su oficina, Mark Schneider, el subsecretario adjunto". Es decir, el ya mencionado asistente legislativo del Senador Ted Kennedy que, además de garantizar los fondos para la Comisión, también "presionó a su gobierno por la visita de la CIDH a Argentina". 
Para Álvarez, el capítulo más importante del informe sobre la situación de los derechos humanos en Argentina, publicado en 1980, fue el tercero, titulado "El problema de los desaparecidos", por extensión y contenido. 
El grueso de los casos son sobre hechos ocurridos entre 1976 y 1978, antes de la visita de la Comisión. De hecho, lo más fuerte y masivo de la represión tuvo lugar en 1976 y 77, cuando la dictadura desmanteló en especial a toda la estructura sindical de base -delegados, comisiones internas- y a las organizaciones guerrilleras.  
"Si bien en algunos de los informes de país previos, como los de Chile, la Comisión había mencionado el tema de los desaparecidos, ninguno hasta el de Argentina había incluido un capítulo especial sobre la problemática, ni lo había analizado con reflexiones tan importantes sobre la naturaleza del crimen, que hasta ese momento no había sido tipificado por el derecho internacional de los derechos humanos", dijo Roberto Álvarez en su exposición. 
Ese "vacío normativo de los tratados de derechos humanos existentes" fue uno de los principales obstáculos que enfrentó la Comisión "para analizar y denunciar adecuadamente el crimen de la desaparición". "El capítulo sobre los desaparecidos apuntaba hacia esa urgente necesidad y presentaba un reto para la comunidad internacional", explicó. 
Álvarez destacó tres aspectos clave del informe emitido tras la visita. En sus palabras, uno, "la contribución al desarrollo de la conciencia global de los derechos humanos como ideal con primacía sobre toda ideología política; dos, la presencia y contribución de Argentina al avance de los derechos humanos en la región; y tres, el aporte al desarrollo del concepto de la desaparición forzada como crimen de lesa humanidad".
 
Además, señaló que, a mediados de la década de los 70, "se generó a nivel internacional un movimiento social que, trascendiendo gobiernos y organismos internacionales, promovió los derechos humanos como objetivo propio, con una efervescencia no vista antes".
Según él "ese activismo tuvo un impulso muy importante" en la "llamada tercera ola democrática, teoría desarrollada por el académico estadounidense Samuel Huntington, que se inició con la revolución de los claveles en Portugal en abril de 1974 y que se propagó a través de América del Sur a principios de los '80".
Tanto el informe de la CIDH, publicado en 1980, como el Nunca Más de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP),publicado en 1984, "se insertaron en esta ola de efervescencia global con contundencia y dieron, desde el retorno a la democracia en Argentina en octubre de 1983, un impulso vital al movimiento renovador de los derechos humanos a nivel internacional", dijo Álvarez.     
Patricia Derian, secretaria adjunta de derechos humanos y asuntos humanitarios en el Departamento de Estado, la enviada del presidente James Carter a la Argentina en 1977
Patricia Derian, secretaria adjunta de derechos humanos y asuntos humanitarios en el Departamento de Estado, la enviada del presidente James Carter a la Argentina en 1977
También aseguró que, desde el restablecimiento de la democracia en 1983, "Argentina ha sido un baluarte y referente para la promoción y protección de los derechos humanos", especialmente en la región.
"Las primeras denuncias de desaparición forzada en números importantes que recibió la CIDH emanaron de Chile después del derrocamiento de Salvador Allende en septiembre de 1973 -comentó también Álvarez en su exposición-. Sin embargo, la cantidad de casos denunciados desde Argentina a partir de 1975 y sobre todo después del golpe de marzo de 1976 eclipsaron todas las cifras previas,forzando a la comunidad internacional a iniciar un proceso de profundo cuestionamiento y sensibilización sobre este grave problema". 
Y destacó que "fue primordialmente a través de la lucha y presión de los familiares de los desaparecidos en Argentina y de diversas organizaciones nacionales e internacionales que se mantuvo vigente esa búsqueda". 
En aquel momento no existía jurisprudencia ni claridad conceptual sobre la desaparición forzada. "Ni siquiera existía acuerdo sobre cómo denominar el delito: se hablaba, entre otros calificativos, de simplemente desaparecido, o detenido desaparecido, desaparecido involuntario, etcétera", recordó el experto.
En 1983, la resolución 666 de la OEA estableció: "Declarar que la práctica de la desaparición forzada de personas en América es una afrenta a la conciencia del Hemisferio y constituye un crimen de lesa humanidad". 
"La OEA continuó trabajando el tema y en junio de 1994 aprobó la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas", explicó, estableciendo que "el delito será considerado continuado o permanente mientras no se establezca el destino o paradero de la víctima". 
En el año 2006, la ONU adoptó una medida análoga: la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, que entró en vigor el 23 de diciembre de 2010. 
"Como podemos ver, el Informe sobre Argentina, como resultado de la visita de septiembre de 1979, tiene un origen asombroso, casi milagroso, por las condiciones en que se encontraba la Comisión y en particular su secretaría en 1976", sintetizó.
Y concluyó: "No cabe duda alguna que el significado y proyección del Informe en estos últimos 40 años se ha debido primordialmente a la acción mancomunada de miles de argentinos que, después de tanto sufrimiento, tomaron el estandarte de los derechos humanos como su bandera de lucha y sin cejar la han avanzado con lozanía y gallardía ante todo reto".
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viernes, 4 de mayo de 2018

Comisión Derechos Humanos inicia sesión en RD, sin temas nacionales

COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS | 04 MAY 2018, 12:00 AM |ADALBERTO DE LA ROSA
Comisión Derechos Humanos inicia sesión en RD, sin temas nacionales
Al acto de apertura asistieron delegados de los países miembros de la CIDH.
 Al acto de apertura asistieron delegados de los países miembros de la CIDH.
SANTO DOMINGO. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos inició ayer su período de sesiones número 168 en un hotel de la capital, invitada por el Gobierno Dominicano.
Durante nueve días representes de unos 35 países analizarán la situación de los derechos humanos en varios ámbitos, excepto en República Dominicana por ser el país anfitrión.
Margarette May Macaulay, presidenta de la comisión, al pronunciar las palabras de apertura dijo que la historia institucional de la Comisión Interamericana está estrechamente vinculada a la República Dominicana porque fue en este país donde se celebró su primer período de sesiones fuera de la sede en octubre de 1961, así como su primera visita in loco o de obtención de información confiable.
“También cabe destacar que los primeros casos y peticiones procesados por la Comisión fueron recibidos a inicios de los ´60 de la República Dominicana,-así como de Haití y de Cuba y varios años antes que el Estatuto de 1965 le otorgara tales facultades de manera expresa”.
Macaulay sostuvo que estas sesiones en Santo Domingo forman parte de la estrategia que tienen de acercarse a sus usuarios de toda la región, para fortalecer las actividades de protección y promoción.
Consideró que la invitación del Gobierno dominicano y los recursos financieros y logísticos para esta sesión extraordinaria permiten un espacio de análisis profundo de la realidad y de las posibles opciones para enfrentar los desafíos.
Aclaró que como parte de la práctica ya tradicional de la Comisión, no tratarán y discutirán ni decidirán casos o asuntos respecto al país anfitrión y que por tratarse de sesiones extraordinarias, no habrá audiencias sobre República Dominicana.
“Hay problemas y desafíos de derechos humanos en todos los países de las Américas, y la República Dominicana no es una excepción. Tal como lo hacemos con todas nuestras visitas y sesiones, mis colegas y yo venimos a este país con un espíritu de diálogo, para aprender y para compartir nuestra experiencia diversa”.
Además de las sesiones a puertas cerradas, la Comisión celebrará 30 audiencias públicas del 7 al 11 de este mes a las que tendrán acceso la población y los medios de comunicación.
Durante el acto y en nombre del Gobierno habló el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, quien informó que la presencia de los integrantes de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos se produce cuando se cumplen 40 años de la segunda transición democrática de 1978.
“Durante estos 40 años, la República Dominicana ha gozado de estabilidad y gobernabilidad política, no ha habido golpes de Estado, hay libertad política, libertad de expresión , libertad sindical y de la convergencia electoral”.
Sostuvo que la República Dominicana ha crecido enormemente y ha logrado y ha hizo aplicando políticas sociales que han impactado positivamente en amplios sectores de la sociedad, aunque admite que el país tiene retos enormes en materia institucional y social de los que hay que sentirse orgullosos y es motivo de seguir superándose .
https://www.diariolibre.com/noticias/comision-derechos-humanos-inicia-sesion-en-rd-sin-temas-nacionales-ME9789934

viernes, 23 de marzo de 2018

CIDH presenta su Informe Anual; saca RD de lista de países donde se violan Derechos Humanos

Por Redacción Proceso - 22 marzo, 2018
Comisión Interamericana de DD HH saca RD de lista de países donde se violan Derechos Humanos
WASHINGTON, EE UU.-La Comisión Interamericana de Derechos Humanos calificó de alarmante el retroceso en materia de protección de los derechos humanos en las Américas, especialmente en cuanto a niños, adolescentes, pueblos indígenas, migrantes y refugiados.
“La impunidad, las violaciones al debido proceso, los límites a la independencia del Poder Judicial, los abusos policiales, la discriminación, la pobreza y la exclusión social son apenas algunos de los problemas que atentan contra la vigencia de los derechos humanos y debilitan el estado de derecho”, sostuvo el organismo en su informe anual.
La CIDH mantuvo a Cuba y Venezuela entre los países del hemisferio que requieren un seguimiento especial debido al grave deterioro de los derechos humanos.
El documento también evaluó el seguimiento que Colombia, México y República Dominicana han dado a diversas recomendaciones emanadas por la CIDH.
En cuanto a República Dominicana, la CIDH reconoce en el seguimiento de sus recomendaciones la importancia de las medidas que el Estado ha implementado para dar solución a la grave situación en la que viven miles de personas -en su mayoría de origen haitiano- que no gozan efectivamente de su derecho a una nacionalidad y los efectos que esto tiene en el goce de sus derechos humanos.
La Comisión reconoce la importancia práctica del procedimiento de restitución de la nacionalidad amparado por nuevas leyes, aunque insiste en que hay “un reto en su implementación pronta y efectiva” por parte de todas las autoridades, lo cual provoca barreras para garantizar que toda persona pueda acceder al goce efectivo de su nacionalidad.
La Comisión centró su alarma no sólo en los altos niveles de violencia y criminalidad que azotan al hemisferio de manera sostenida, sino también a la respuesta represiva y militarizada que los Estados suelen brindar, exacerbando así el problema.
Además, mostró preocupación por la violencia contra defensores del medio ambiente y de los derechos de los pueblos indígenas. En cuanto a niñas y adolescentes, reportó alta incidencia de violencia sexual y también prejuicios que representan barreras para el ejercicio de sus derechos reproductivos.
Otras tendencias preocupantes para la CIDH son los procesos penales sin fundamento contra defensores de derechos humanos para obstaculizar sus labores y la crueldad exhibida en asesinatos perpetrados en varios países contra homosexuales.
Al referirse a Estados Unidos, la Comisión mostró preocupación por lo que calificó como “graves retrocesos en materia migratoria y asilo” y “manifestaciones de odio racial, xenofobia y violencia”.
Por su parte, la relatoría para la libertad de expresión de la CIDH presentó su propio informe anual, en el cual registró 22 periodistas y trabajadores de la comunicación asesinados el año pasado en el continente debido a su profesión.
La relatoría indicó que a las muertes se suman decenas de denuncias sobre actos de violencia, agresión, amenaza e intimidación contra comunicadores.
La CIDH es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato es promover la defensa de los derechos humanos en la región. Está integrada por siete miembros independientes que no representan a sus países de origen o residencia. https://proceso.com.do/2018/03/22/comision-interamericana-dd-hh-saca-rd-lista-paises-donde-se-violan-derechos-humanos/

CIDH presenta su Informe Anual

22 de marzo de 2018

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Washington, D.C. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presenta hoy su Informe Anualcorrespondiente a 2017. La presentación tendrá lugar ante la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos (CAJP) de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
 El Informe Anual ofrece información accesible, completa y relevante a los usuarios y las usuarias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos acerca del trabajo y los recursos de la Comisión. La publicación de este informe busca promover el cumplimiento de sus decisiones, asegurar el acceso a las víctimas, monitorear la situación de derechos humanos en la región y rendir cuentas sobre las actuaciones de la CIDH durante el año.
 El Informe consta de una introducción y seis capítulos. En la introducción se destacan las medidas adoptadas por los Estados Miembros durante el 2017, dirigidas a promover y proteger los derechos humanos conforme a sus obligaciones internacionales. El Capítulo I ofrece un panorama general de las actividades de la Comisión durante el año, entre ellas, la aprobación del Plan Estratégico para el período 2017-2021 y la reorganización de la Secretaría Ejecutiva. Asimismo, presenta iniciativas positivas de algunos Estados miembros que contribuyen a enfrentar los desafíos de los derechos humanos. Estas iniciativas y acciones sirven de ejemplo para futuras acciones que contribuyan a la protección de los derechos humanos. De igual manera, el Capítulo I reafirma la prioridad que tiene la CIDH de continuar fortaleciendo la estrategia de comunicación y coordinación con otros organismos regionales y universales, y un ejemplo de ello es el lanzamiento del Mecanismo de Acciones Conjuntas para Contribuir a la Protección de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos.
 El Capítulo II refleja la gestión del sistema de peticiones y casos y las medidas cautelares, haciendo énfasis en los esfuerzos actuales de la CIDH para reducir y eliminar el atraso procesal. El Capítulo III está dedicado a las actividades de las Relatorías Temáticas, de País y Actividades de Promoción y Capacitación.
 El Capítulo IV.A presenta un panorama de la situación de los derechos humanos en la región durante el año 2017. Esta sección se concentra en las personas, grupos, colectividades, y asuntos que son objeto de atención particular de la CIDH. En este sentido, ofrece un análisis de las principales tendencias, problemas, desafíos, avances y buenas prácticas pertinentes a los derechos humanos, desde el enfoque de los Ejes Transversales y los Ejes Prioritarios establecidos en el Plan Estratégico 2017-2021. Estos ejes están vinculados a temáticas como la institucionalidad democrática; seguridad y violencia; y la independencia judicial del ministerio público y acceso a la Justicia. Asimismo, cubre los desarrollos concernientes a los derechos de los pueblos indígenas, mujeres, migrantes, niñas y niños, personas privadas de su libertad, personas afrodescendientes, defensoras y defensores de derechos humanos, personas LGBTI, personas con discapacidad y personas mayores en América durante 2017. También incluye un análisis de tendencias y asuntos prioritarios pertinentes a los derechos vinculados con justicia, reparación, memoria y verdad, la libertad de expresión y los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
 Existe en la región un panorama alarmante de retrocesos en materia de protección de los derechos humanos, y así está reflejado en la parte A del Capítulo IV. Estos graves retrocesos se registran en varios temas, especialmente en cuestiones relativas a la protección de niños, niñas y adolescentes, pueblos indígenas, migrantes y refugiados. En este capítulo se reflejan también las preocupaciones de la CIDH en materia de derechos humanos a lo largo del año, tal como se registró en los comunicados de prensa publicados, a través de los cuales se condenaron actos de violencia y trasgresiones a los derechos humanos y se instó a los Estados a proteger y garantizar el goce pleno de los mismos. El informe reconoce asimismo los avances registrados por los Estados en la materia. Algunos de estos comunicados se han desarrollado de manera conjunta con la CorteIDH y otros organismos internacionales y sus representaciones especializadas. De igual manera, este capítulo refleja las medidas cautelares otorgadas durante el año para la protección de personas y comunidades indígenas, niños, niñas y adolescentes, personas privadas de su libertad, periodistas, personas que son testigos en investigaciones penales, funcionarios públicos, defensores de derechos humanos, líderes de oposición política y personas con enfermedades que carecen de atención médica apropiada.
En el Capítulo IV.B, la CIDH realiza un análisis de la situación de derechos humanos en algunos países a los cuales la Comisión consideró que debía dar especial seguimiento en el año 2017: Venezuela y Cuba. Esta sección fue preparada de acuerdo con los criterios específicos y la metodología detallada en su Reglamento. Esta sección del Capítulo IV del informe anual, integrada por un informe para cada país que se analiza, se basa en una amplia gama de fuentes. Los borradores de estos informes son enviados a los Estados involucrados para que tengan la oportunidad de responder y aportar znformación adicional, la cual la Comisión considera antes de la publicación.
En relación con Venezuela, el capítulo IV.B presenta un resumen ejecutivo del informe de país “Institucionalidad Democrática, Estado de Derecho y Derechos Humanos en Venezuela”, el cual consta de cuatro ejes principales que representan las preocupaciones centrales de la CIDH respecto de Venezuela. El grave debilitamiento de la institucionalidad democrática, el alarmante incremento de la represión hacia la protesta social y la libertad de expresión, la violencia e inseguridad ciudadana, y la grave crisis política, económica y social que atraviesa el país, continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos de los habitantes de Venezuela. A lo anterior, se suma la existencia de serias restricciones que afectaron gravemente el ejercicio del derecho a la protesta social y la libertad de expresión. Asimismo, la situación causada por el desabastecimiento de alimentos, medicamentos, tratamientos e insumos médicos ha provocado alarmantes índices de pobreza y pobreza extrema.
 En relación con Cuba, las persistentes restricciones a los derechos políticos, de asociación, a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento, y las restricciones a la libertad de movimiento, continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos de los habitantes en Cuba. A lo anterior, se suman mínimas garantías judiciales y de protección judicial, que afectan especialmente a defensores y defensoras de derechos humanos y personas disidentes, líderes sociales y políticos, periodistas independientes, además de la discriminación y violencia contra personas LGTBI y la exclusión de la población afrodescendiente, mujeres, y otros grupos en situación de vulnerabilidad.
 El Capítulo V contiene un seguimiento de recomendaciones formuladas por la CIDH en sus informes de país sobre Colombia, México y República Dominicana.
 Con respecto a Colombia, el seguimiento observa complejidades adicionales derivadas de la violencia del conflicto armado en la realidad colombiana, reconoce los esfuerzos emprendidos por el Estado en relación al ejercicio de los derechos de las víctimas y la creación del marco normativo y la estructura institucional requerida para la implementación del Acuerdo de Paz.
 Con respecto a México, el seguimiento identifica avances significativos en materia constitucional y legislativa en los últimos años, sin embargo, persisten los desafíos en materia de violencia e inseguridad reflejados en elevados números de desapariciones, homicidios y denuncias de tortura. Ante ello, la CIDH señaló que el reto del Estado mexicano es cerrar la brecha existente entre su marco normativo y el reconocimiento de los derechos humanos en la práctica.
 Con respecto a República Dominicana, la CIDH reconoce en el seguimiento de sus recomendaciones la importancia de las medidas que el Estado ha implementado para dar solución a la grave situación en la que viven miles de personas que no gozan efectivamente de su derecho a una nacionalidad y los efectos que esto tiene en el goce de sus derechos humanos. Asimismo, reconoce la importancia práctica del procedimiento de restitución de la nacionalidad derivado de la Ley 169-14, aunque existe un reto en su implementación pronta y efectiva por parte de todas las autoridades, lo cual deriva en barreras para garantizar que toda persona pueda acceder al goce efectivo de su nacionalidad. El informe da cuenta de la Mesa de Trabajo establecida para mantener un diálogo permanente entre el Estado y la CIDH en materia de adquisición de la nacionalidad y migración, políticas para combatir todas las formas de discriminación y políticas sobre los derechos de las mujeres e igualdad de género.
 El Capítulo VI incluye información sobre la estructura y personal de la CIDH, la capacitación del personal, los recursos financieros y la ejecución presupuestaria, la movilización de recursos y administración de proyectos, entre otros.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2018/056.asp
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Amnistía Internacional denuncia falta de avances en crisis de apatridia en R.Dominicana

CIDH saluda voluntad de República Dominicana de dar cumplimiento a recomendaciones

29 de junio de 2017

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Washington, D.C. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) saluda la disposición de República Dominicana de trabajar en forma conjunta a fin de superar las situaciones que afectan el disfrute pleno de los  derechos humanos en ese país, en particular en lo referido a la discriminación contra personas de ascendencia haitiana o percibidas como tales, que ha impactado particularmente en el reconocimiento de su nacionalidad dominicana, entre otras violaciones a sus derechos humanos.
En el marco de la Asamblea General de la OEA, la CIDH mantuvo una reunión bilateral con una delegación de República Dominicana que estuvo encabezada por el canciller, Miguel Vargas y con la presencia del representante permanente del país ante la OEA, Embajador Gedeón Santos. Por parte de la CIDH participaron el Presidente, Comisionado Francisco Eguiguren, y la Primera Vicepresidenta, Comisionada Margarette Macaulay, así como el Secretario Ejecutivo, Paulo Abrão, el Relator Especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, y personal de la Secretaría Ejecutiva.
En dicha reunión, los representantes del Estado de República Dominicana acordaron la realización de una visita de trabajo de la CIDH a ese país, como parte del diseño de un plan de acción conjunto para que el Estado de cumplimiento a las recomendaciones que siguen pendientes. Estas recomendaciones están contenidas en el Informe de País que la CIDH publicó el 9 de febrero de 2016, el cual analiza la situación del derecho a la nacionalidad, la personalidad jurídica, la igualdad y la no discriminación, y en la sección B del Capítulo IV del Informe Anual que la Comisión publicó el 27 de abril de este año. 
En referencia a la nota emitida por el Ministerio de Relaciones Exteriores de República Dominicana el 22 de junio, la CIDH ratifica su decisión de haber colocado a este país en el Capítulo IV del Informe Anual. En dicha decisión no hubo error alguno. Por ello, en oportunidad de la reunión bilateral sostenida con el Canciller de República Dominicana, la delegación de la CIDH reiteró su preocupación con los hechos descritos en dicho Informe, tras haber saludado los esfuerzos del Estado en la implementación de importantes medidas e iniciativas para superar el problema.
La CIDH saluda la voluntad del Estado de República Dominicana de avanzar en un diálogo fructífero para establecer un plan de trabajo para el cumplimento de las recomendaciones del Informe y reitera asimismo su disposición a colaborar con el Estado en el diseño y la implementación de este plan, incluyendo la visita de trabajo acordada, en el marco de su mandato y funciones. 
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia. 
http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2017/087.asp
No. 087/17

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La República viernes, 23 de marzo de 2018

SACAN A REPÚBLICA DOMINICANA DEL CAPÍTULO IV.B.

CIDH: El país avanza en derechos humanos

CANCILLER DICE SE LOGRÓ CON APEGO A LA CONSTITUCIÓN Y SOBERANÍA

  • CIDH: El país avanza en derechos humanos
    El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lo anunció la Comisión de Asuntos Jurídicos y Políticos de la OEA.
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Santo Domingo
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la presentación de su Informe Anual 2017, anunció ayer la salida de la República Dominicana del Capítulo IV.B., tras reconocer los avances del país en materia de derechos humanos y el compromiso del gobierno dominicano de continuar trabajando en los desafíos pendientes.
En ese sentido, el Ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, dijo que este reconocimiento se alcanzó con estricto apego a la Constitución, las leyes y a la soberanía nacional.           Asimismo, Vargas destacó que República Dominicana ha sido reiterativa en defender, en todos los foros internacionales, su política de respeto y cumplimiento de los derechos humanos, tras ponderar el clima de derechos que se vive en el país donde existe plena libertad de expresión y de prensa, plena libertad de asociación, plena libertad política, plena libertad de culto y un pleno ejercicio democrático con elecciones libres, cada cuatro años.
El Canciller recalcó que el gobierno del presidente Danilo Medina ha puesto al ser humano en el mismo centro de las políticas públicas; y citó como muestra los avances con la ley 169-14 de Naturalización, el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en situación irregular y la ejecución de políticas en materia de salud, educación y acceso al crédito, entre otros derechos humanos fundamentales, en una magnitud sin precedentes en la historia dominicana.
El informe
Como antesala a este anuncio, se recuerda la visita de trabajo que realizó al país la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los días 23 y 24 de noviembre de 2017, en donde pudo constatar los esfuerzos del Estado dominicano en la construcción de una política de diálogo y apertura.
De la misma manera, la CIDH reconoció la buena disposición y confianza de la sociedad civil dominicana en compartir con la Comisión su visión en torno al cumplimiento, por parte del Estado.
La salida de la República Dominicana del capítulo IV.B del Informe de la CIDH se produjo tan solo un año después de su inclusión, lo que se convierte en un hito sin precedentes en la región, lo cual se logró gracias a los esfuerzos del gobierno y la diplomacia dominicanos para visibilizar los avances del país en el respeto a los derechos humanos.
LA SENTENCIA DEL TC Y LEY DE NATURALIZACIÓN
La sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional ha ido dejando claro con el paso del tiempo que fue el punto de partida para el ordenamiento de lo que por decenas de años era un gran desorden jurídico sobre el tema migratorio, lo cual afectaba hasta a aquellos en cuyo nombre se criticó en la disposición.
( Como consecuencia de esta sentencia también fue aprobada la Ley 169 o Ley de Naturalización Especial por el Congreso Nacional, que fue promovida por el presidente Danilo Medina y que permite a los extranjeros en condición migratoria irregular poder regularizar su sutuación, así como a los descendientes de extranjeros en condición migratoria irregular, pero que demostraran que trabajaban en el país. 
https://www.listindiario.com/la-republica/2018/03/23/507642/cidh-el-pais-avanza-en-derechos-humanos