El anteproyecto de Ley de Responsabilidad Fiscal de las Instituciones Estatales, propuesto la semana pasada al Senado por el Poder Ejecutivo, establece sanciones para los funcionarios que la incumplan, que van desde suspensión del cargo por hasta dos años, destitución e inhabilitación de cualquier puesto por hasta cinco años y otras penales previstas en las leyes.
La propuesta, depositada por el ministro de Hacienda, José Manuel -Jochi- Vicente, busca poner reglas para nuevas exoneraciones, financiamientos y tope al endeudamiento.
Esto ante lo dipuesto por la Ley 1-12, que establece la Estrategia Nacional de Desarrollo, de que se arribe a un pacto fiscal. "Para ello se requiere el apoyo sostenido a un proceso de reestructuración fiscal integral y el marco de una ley de responsabilidad fiscal", indica el presidente Luis Abinader en su carta de presentación.
Principales propuestas
La iniciativa, de 22 artículos, establece un objetivo de deuda de no más de 40 % del producto interno bruto nominal (PIBN) en el Gobierno General Nacional para el 2035. Actualmente está en 45.1 %, precisa Abinader.
Señala que el gobierno "adoptará medidas apropiadas para garantizar que, en ningún ejercicio fiscal, la tasa de crecimiento del gasto primario del sector público no financiero supere la tasa de inflación promedio anual proyectada más 3.0 puntos porcentuales".
Propone establecer la posibilidad de revisar la regla de gasto en caso de producirse un incremento permanente y estructural de los ingresos.
Deja delimitada una cláusula de suspensión por desastres naturales que impliquen erogaciones mayores del 0.3 % del producto interno bruto (PIB) y en el caso de recesión o crecimiento menor del 1 % del PIB.
Indica que todo proyecto de ley que se presente, que implique un incremento en el gasto o la adición de nuevas funciones a la Administración Pública, deberá ir acompañado de un plan que garantice su financiamiento de mediano y largo plazo "con pleno apego a los principios que rigen" dicha ley.
Otros requisitos también se aplicarían para aprobar cualquier nueva exoneración que no responda al principio de capacidad económica o para aprobar otros incentivos fiscales, entre estos, estudios que cuantifiquen los beneficios y el monto estimado del sacrificio fiscal.
Para vigilar el cumplimiento de la ley, manda la creación del Comité de Supervisión de Responsabilidad Fiscal, adscrito al Ministerio de Hacienda.
Crees: es un avance, pero hace sugerencias
Para Miguel Collado, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees), "es un avance" que se discuta el tema y se someta un proyecto de ley. "Incluso, con un régimen de consecuencias para las infracciones", dijo a Diario Libre.
Sin embargo, señaló que, tal como se plasmó en otro proyecto de ley sometido hace 10 años, elaborado por el Crees y la Fundación Institucionalidad y Justicia, "el país se beneficiaría de una ley que contenga reglas fiscales que, de forma explícita propongan una reducción mayor del endeudamiento público en un plazo más rápido".
"Incluso, permitiendo la creación de un fondo de estabilidad fiscal (fondo soberano)", agregó.
Consideró que la situación actual del endeudamiento consolidado del Estado Dominicano, respecto a su costo como porcentaje de los ingresos tributarios, y a los riesgos de insostenibilidad que podría crear, amerita una reducción más rápida de la deuda.
"Con el fin de lograr dicha reducción de la deuda debería adoptarse un compromiso explícito para crear superávits fiscales en una ley que emane del Congreso Nacional. Estos excedentes entre los ingresos y los gastos totales permitirían la reducción de la deuda pública; no solo en términos relativos del PIB, como se plantea en el proyecto de ley recientemente depositado en el Congreso Nacional, sino de forma absoluta", analizó.
Consideró que dicha ley de responsabilidad fiscal debería tener carácter de orgánica.
"Esta es una oportunidad para los congresistas dotar a la República Dominicana de reglas que contribuyan a la reducción del monto absoluto de la deuda consolidada, a la creación de un fondo soberano y a la reducción del riesgo crediticio del país", concluyó.
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