Legitimando el dispendio
| Marisol Vicens Bello | 24 mayo, 2018 190
Debería ser motivo de vergüenza que habiéndose gastado tanto dinero en propaganda gubernamental para promover el método de elección de candidaturas de partidos de su preferencia y discutido durante tantos años una ley de partidos, el proyecto de ley aprobado por el Senado y que debe ser revisado por la Cámara de Diputados, sea tan poco conocido.
Dicho proyecto de ley, en adición a que tiene muchos errores que deben ser enmendados, desde un inicio debió de conocerse en paralelo con la modificación a la ley electoral por una comisión bicameral, puesto que la aprobación de una ley sin la otra dejaría grandes vacíos y generaría incongruencias.
Lo que finalmente se hará, luego de que la facción del presidente no lograra los votos requeridos para la aprobación con mayoría especial en la Cámara de Diputados, pues como se ha anunciado, aunque no puede ya ser una comisión bicameral para el de partidos, una delegación de senadores participará en los trabajos de la comisión de Diputados y, en el caso del proyecto de régimen electoral, ambas cámaras desapoderarán sus respectivas comisiones para que una comisión bicameral lo estudie.
Mucho se ha hablado de la necesidad de regular el enorme costo de nuestras campañas, así como su financiamiento estableciendo topes y regulaciones efectivas que garanticen transparencia y la no infiltración de dinero sucio proveniente de negocios ilícitos como mecanismo no solo de lavado de activos, sino también de promoción de candidatos de este oscuro mundo.
En el proyecto de ley de partidos solo se establecen las disposiciones relativas al financiamiento de los partidos, que hasta ahora son parte de la ley electoral y los topes de gastos y financiamiento de las precampañas, mientras que todo lo relacionado con las campañas es parte del proyecto de ley de régimen electoral.
Debemos llamar la atención sobre las lamentables disposiciones del proyecto de ley de partidos aprobado en el Senado en cuanto al financiamiento, pues aunque limitan las precampañas internas para escogencia de los precandidatos a puestos de elección popular a un período de tres meses, establecen unos topes exagerados de gastos por precandidato, de no más de 100 pesos por electores inscritos en el caso de los presidenciales, 75 en el de los congresuales y 50 en el de los municipales, lo que equivaldría conforme al último padrón, respectivamente, a más de 675 millones de pesos para los primeros, aproximadamente 105 millones para los segundos y alrededor de 37 millones para los terceros.
En adición establecen un exagerado monto de financiamiento individual, disponiendo que particulares podrán aportar a precandidatos hasta un 1% de los límites que se establecen para cada tipo de precandidatura, lo que en el caso de las presidenciales equivaldría a que cada ciudadano podría aportar a cada precandidato 6.7 millones de pesos.
Si se mantuvieran esas disposiciones para unas precampañas internas de 3 meses, lo que esperamos no sea el caso, habría que inferir que los topes de gastos y contribuciones individuales para la campaña serían mayores, por su trascendencia y su mayor duración, más de 5 meses según se prevé.
Por eso es preciso estar vigilantes entre otros aspectos con el importante tema del financiamiento, exigiendo modificaciones pues lo que se espera de una nueva ley de partidos y de la modificación al régimen electoral no es que legitimen el costo exagerado de nuestras campañas, sino que racionalicen y transparenten el mismo no solo para reducirlo, sino también para no seguir aupando que solo aquellos que más recursos manejen puedan postularse y ganar, algunos con el despropósito de recuperar la “inversión” mediante actos de corrupción; atentando contra la democracia.
http://elcaribe.com.do/2018/05/24/legitimando-el-dispendio/
| Marisol Vicens Bello | 24 mayo, 2018 190
Dicho proyecto de ley, en adición a que tiene muchos errores que deben ser enmendados, desde un inicio debió de conocerse en paralelo con la modificación a la ley electoral por una comisión bicameral, puesto que la aprobación de una ley sin la otra dejaría grandes vacíos y generaría incongruencias.
Lo que finalmente se hará, luego de que la facción del presidente no lograra los votos requeridos para la aprobación con mayoría especial en la Cámara de Diputados, pues como se ha anunciado, aunque no puede ya ser una comisión bicameral para el de partidos, una delegación de senadores participará en los trabajos de la comisión de Diputados y, en el caso del proyecto de régimen electoral, ambas cámaras desapoderarán sus respectivas comisiones para que una comisión bicameral lo estudie.
Mucho se ha hablado de la necesidad de regular el enorme costo de nuestras campañas, así como su financiamiento estableciendo topes y regulaciones efectivas que garanticen transparencia y la no infiltración de dinero sucio proveniente de negocios ilícitos como mecanismo no solo de lavado de activos, sino también de promoción de candidatos de este oscuro mundo.
En el proyecto de ley de partidos solo se establecen las disposiciones relativas al financiamiento de los partidos, que hasta ahora son parte de la ley electoral y los topes de gastos y financiamiento de las precampañas, mientras que todo lo relacionado con las campañas es parte del proyecto de ley de régimen electoral.
Debemos llamar la atención sobre las lamentables disposiciones del proyecto de ley de partidos aprobado en el Senado en cuanto al financiamiento, pues aunque limitan las precampañas internas para escogencia de los precandidatos a puestos de elección popular a un período de tres meses, establecen unos topes exagerados de gastos por precandidato, de no más de 100 pesos por electores inscritos en el caso de los presidenciales, 75 en el de los congresuales y 50 en el de los municipales, lo que equivaldría conforme al último padrón, respectivamente, a más de 675 millones de pesos para los primeros, aproximadamente 105 millones para los segundos y alrededor de 37 millones para los terceros.
En adición establecen un exagerado monto de financiamiento individual, disponiendo que particulares podrán aportar a precandidatos hasta un 1% de los límites que se establecen para cada tipo de precandidatura, lo que en el caso de las presidenciales equivaldría a que cada ciudadano podría aportar a cada precandidato 6.7 millones de pesos.
Si se mantuvieran esas disposiciones para unas precampañas internas de 3 meses, lo que esperamos no sea el caso, habría que inferir que los topes de gastos y contribuciones individuales para la campaña serían mayores, por su trascendencia y su mayor duración, más de 5 meses según se prevé.
Por eso es preciso estar vigilantes entre otros aspectos con el importante tema del financiamiento, exigiendo modificaciones pues lo que se espera de una nueva ley de partidos y de la modificación al régimen electoral no es que legitimen el costo exagerado de nuestras campañas, sino que racionalicen y transparenten el mismo no solo para reducirlo, sino también para no seguir aupando que solo aquellos que más recursos manejen puedan postularse y ganar, algunos con el despropósito de recuperar la “inversión” mediante actos de corrupción; atentando contra la democracia.
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