6 de febrero de 2015
Me voy a sentar a esperar –lo mismo le recomiendo a mis lectores- para ver a la primera empresa que el Ministerio de Trabajo va a someter a la justicia porque no le dio trabajo a un entrevistado al darse cuenta que estaba registrado como mala paga en un buró de crédito.
Ante el escándalo de que en el país hay cientos de miles de personas proscritas de trabajar porque un día no pudieron pagar un préstamo a un banco o un pagaré a una mueblería –entre otros casos- y por eso colocaron su identidad en una de las Sociedades de Información Crediticia (SIC) para declararlo un muerto contractual, el Ministerio de Trabajo despacha a los medios de comunicación una “Resolución” que “prohíbe” indagar antecedentes crediticios para contratar a un trabajador.
Cualquier turista alemán que vea esta información en la televisión o la lea en un digital puede engañarse al pensar que se ha reparado una injusticia. En realidad no se ha hecho absolutamente nada. Es un mero cumplido publicitario. Nada más.
Y lo es porque el Ministerio de Trabajo no tiene forma de darse por enterado cuando un busca empleo es rechazado porque está registrado como mala paga en un buró de crédito. Si existe forma de hacer cumplir su resolución, el Ministerio de Trabajo está en el deber de decirla para que los empresarios sepan a qué se exponen y los trabajadores excluidos tengan una herramienta para reclamar su derecho.
¿Quién en este país respeta una decisión del Ministerio de Trabajo? Absolutamente nadie.
Si se respetara al Ministerio de Trabajo, la Oficina Supervisora de Obras del Estado, que está a cargo de la reconstrucción del hospital “Doctor Darío Contreras” no se hubiese burlado de la ley al contratar 400 extranjeros para demoler concreto cuando sabe que la ley establece que la proporción de trabajadores por obra o por empresa es de al menos 80 dominicanos de cada 100 empleados.
Cuando 300 de esos obreros iban a ser despedidos fue que nos enteramos que es el mismo gobierno el que primero incumple esa ley.
Y ante esa violación de la ley ¿qué hace el Ministerio de Trabajo?Absolutamente nada.
El Código Laboral que ahora quieren modificar los empresarios para borrar conquistas que ya tienen más de 24 años establece claramente que en el país existe y se respeta la libertad sindical, pero la realidad es que el 90 por ciento de las más importantes empresas no tienen sindicato porque quien intenta formarlo es despedido y en un país de desempleados a nadie se le puede pedir que defienda la libertad sindical a riesgo de perder su empleo. Mientras más grande y mejor paga la empresa, menos posibilidad de formar sindicatos independientes hay.
Y ante esa violación del Código Laboral ¿qué hace el Ministerio de Trabajo? Absolutamente nada.
Nadie en este país ignora que la mayoría de las empresas privadas, a la hora de contratar personal, lo somete a pruebas médicas para determinar embarazo, Sida y otras patologías a pesar de que tanto el Código Laboral establecido por la Ley 16-92, la Ley 135-11 del VIH-Sida, como la Ley de Seguridad Social 87-01, “prohíben” en forma terminante esos análisis como condición para emplear.
Ante esa violación sistémica y sistemática de las leyes ¿qué hace el Ministerio de Trabajo? Absolutamente nada.
A pesar de que bancos y empresas que otorgan créditos cometen los abusos más burdos contra quienes se someten a sus financiamientos y nadie dice nada, cuando la gente se ve obligada a incumplir, la sanción es excluirlo de la posibilidad de obtener otro crédito y de ñapa, mediante las Sociedades de Información Crediticia (SIC), también cerrarle la posibilidad de trabajar aunque el propósito sea honrar su compromiso.
La única excepción a esa “regla excluyente” son algunas empresas de capital extranjero que seleccionan su personal pensando en la capacidad, disposición, entrega, idoneidad y perspectiva de crecer, no tomando en cuenta si pagó a tiempo un colchón que le vendieron a sobre precio, reconstruido y que no pudo pagar por alguna razón.
Me voy a sentar a esperar –lo mismo le recomiendo a mis lectores- para ver a la primera empresa que el Ministerio de Trabajo va a someter a la justicia porque no le dio trabajo a un entrevistado al darse cuenta que estaba registrado como mala paga en un buró de crédito.
Si nunca ha podido proteger a un comité pro-sindicato, ni a una madre despedida porque la botaron tras salir embarazada o a un chofer porque a pesar de su buen perfil y su capacidad demostrada, tiene el VIH, dudo mucho que pueda hacer más que una nota de prensa “para lavarse las manos como Pilatos” por un infeliz que va a buscar trabajo y lo rechazan porque está en “fichado” en un buró de crédito.
Mientras llegan tiempos de respeto efectivo a las leyes, con sus consecuencias, sin importar los rangos políticos, lo que tiene que hacer la ministra de Trabajo y todos sus viceministros es ponerse a jugar bingo hasta que llegue el día de cobrar su sueldo por no hacer nada. Resolver eso es cuestión que corresponde a la sociedad en su conjunto, cuando pueda, porque ahora está en un sueño inducido.
http://acento.com.do/2015/opinion/8219593-sin-trabajo-por-mala-paga/
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