SERVICIO DE NOTICIAS en favor de la democracia participativa, el desarrollo humano, la paz, el medio ambiente y la cultura.- Santo Domingo, República Dominicana / Luis ORLANDO DIAZ Vólquez - OPINIÓN, NOTICIAS Y COMENTARIOS. Haciendo de la lucha contra la pobreza un apostolado templario./ email: guasabara.editor@gmail.com - http://www.facebook.com/GuasabaraLUISorlandoDIAZ - @GUASABARAeditor
La Policía debe atender de forma inmediata y efectiva la ola de violencia que se ha desatado en los últimos días, consideró esta mañana el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep), Pedro Brache.
Dijo que debido al éxito del programa de vacunación que ha permitido la apertura de sectores económicos se evidencia una alza de actos de violencia en el Distrito Nacional.
«Hemos enfrentando una alza en algunos incidentes que deben ser atendidos de manera inmediata y efectiva», insistió.
Dijo que están trabajando en las comisiones para la transformación de la Policía pero que esa es una labor a largo plazo, pero que a corto plazo se debe tomar el asunto en las manos refiriéndose a la ola delictiva.
Reconoció los hechos delictivos que se han escenificado afectando la sociedad.
Recientemente un grupo de cinco motorizados atracaban a mano armada a los residentes de Las Praderas y otros sectores.
Mientras residentes en el exclusivo sector San Gerónimo, en el Distrito nacional, dicen estar atemorizados ante los asaltos a mano que se han estado cometiendo en la zona por grupos de motoristas que operan a plena luz del día despojando de sus pertenencias a todas las personas que encuentran a su paso.
En las redes sociales circulan videos de atracos cometidos en San Gerónimo por delincuentes que se desplazan en varias motocicletas, los cuales sorprenden a transeúntes a los cuales persiguen apuntando con sus armas hasta lograr su objetivo.
La Policía informó que desmanteló una banda de atracadores que se dedicaba a matar, robar y asaltar a mano armada y despojaba a sus víctimas de motocicletas y otros objetos de valor.
Indicó que el grupo, de los cuales tres permanecen prófugos, mató a por lo menos cinco personas, incluyendo un oficial de Ejército de República Dominicana (ERD), un sargento y un capitán retirado de la Policía.
Los apresados Jesús David Morillo (Tamarindo) y Eduardito Faña Cuello (Chachi), señalados como jefes operativos de la banda, que disponían de las armas, pertrechos y vehículos para delinquir.
Pagán, Aquiles Cristopher y Suriel Suazo: de acusados a colaboradores del MP en caso Antipulpo
Su “colaboración” en el caso han favorecido las investigaciones del Ministerio Público, por lo que los fiscales entienden que “deben recibir un trato diferente”
Francisco Pagán; Aquiles Crisptoher y Julián Esteban Suriel Suazo
Ashley Ann Presinal
Santo Domingo, RD
En la audiencia del lunes sobre el caso Antipulpo el Ministerio Público le hizo dos solicitudes al tribunal: una prórroga para seguir buscando evidencias que respalden sus acusaciones en contra de los imputados y la variación de la medida de coerción a tres de los acusados de contribuir con una estafa millonaria al Estado.
La primera, responde a la necesidad de los fiscales de presentar nuevas líneas de investigación en el caso que persigue a Juan Alexis Medina y su supuesto entramado corrupto, el cual había sido declarado complejo por el magistrado José Alejandro Vargas el pasado mes de diciembre.
Según Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), la solicitud de prórroga fue tan “contundente” que ninguna de las partes de la defensa se opusieron a que fuera otorgada.
Mientras que la segunda petición del Ministerio Público busca que Francisco Pagán, Julián Esteban Suriel Suazo y Aquiles Christopher, quienes han estado cumpliendo prisión preventiva en Najayo, ahora vayan a prisión domiciliaria.
¿A qué se debe esta variación? A pesar de que al trío se le acusa de asociación de malhechores, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y estada contra el Estado, su “colaboración” en el caso han favorecido las investigaciones del Ministerio Público, por lo que los fiscales entienden que “deben recibir un trato diferente”.
“Cuando los imputados colaboran con la investigación, esto reduce incluso el peligro de fuga y hemos entendido nosotros que en este y en otros casos deben recibir un tratamiento diferente”, explicó Camacho al salir de la audiencia.
El abogado Julio Cury, representante legal de Juan Alexis Medina Sánchez señalado como la “cabecilla” de la organización, había informado a los medios que estos tres implicados habían admitido los hechos que se le imputan, incriminando a su cliente.
Pero, ¿cuál fue la participación de Pagán, Aquiles Cristopher y Suriel Suazo en el caso?
Francisco Pagán, al frente de la OISOE
En el expediente de medida de coerción, la Pepca estableció que en su cargo como director de la Oficina de Ingenieros Supervisoras de Obras del Estado (OISOE), Francisco Pagán Rodríguez adjudicaba contratos directos a la empresa de Alexis Medina, Domedical Supply SRL., omitiendo así los procedimientos legales de compras y contrataciones.
De acuerdo con el documento, Pagán incumplió con lo dispuesto en el contrato realizado con el Ministerio de Salud Pública donde la OISOE debía encargarse de la construcción, reparación y mantenimiento de 56 hospitales. No obstante, el exfuncionario también adjudicaba el equipamiento de centros médicos con contratos donde supuestamente se sobrevaluaban montos y se adulteraban informes.
Los fiscales aseguran que Pagán emitió órdenes de compras a la empresa Domedical Supply SRL., en 13 hospitales que eran reconstruidos por la OISOE por monto de RD$1,596,462,843.19.
Según el expediente Pagán emitía una resolución administrativa, en la que declaraba “por excepción” la contratación directa de la empresa de Alexis Medina sin que tuviera el sustento legal para equipar los hospitales.
Posteriormente, el Ministerio Público precisó que ningún centro de salud recibió lo contratado con la empresa, además de que parte de los equipos que fueron entregados “no contaban con la calidad mínima requerida, por lo que al poco tiempo de ser entregados se encontraban obsoletos o deteriorados”.
La empresa Domedical Supply SRL supuestamente recibió un total de RD$2,579,796,157.15 durante la gestión de Pagán.
Según el documento, este entramado inició cuando el expresidente de la República Danilo Medina anunció en el año 2013 la reconstrucción y remodelación de hospitales de forma masiva en el territorio nacional.
Durante la audiencia de conocimiento de medida de coerción a los imputados en el caso el magistrado José Alejandro Vargas señaló que Pagán era el más "arretao" del grupo, al considerar que ninguna otra persona se atrevía a hacer lo que éste hacía en el entramado.
“Lo que el juez cree es que el señor Pagán era el más "arretao" de todos, otros no se atrevían a hacer eso, pero el señor Pagán sí”, expresó en esa ocasión el juez Vargas.
A esto añadió que Pagán saldaba las deudas contraídas con las compañías de Alexis en el menor tiempo, lo que no sucedía con otros suplidores de la institución.
En su momento la directora de Persecución de la Procuraduría General de la República, Yeni Berenice Reynoso, reveló supuestos pagos por más de 922 millones de pesos que habían sido solicitados por Pagán al ministerio de Hacienda a través de la institución que dirigía.
Aquiles Cristopher Sánchez
Al igual que Pagán, a Aquiles Cristopher se le había solicitado prisión preventiva a cumplirse en el centro penitenciario Najayo-Hombres.
Al exfiscalizador de la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado (Oisoe) se le imputa de presentar presupuestos adulterados y sobreevaluados, así como informes técnicos en los que confirmaba que los equipos recibidos en la OISOE eran conformes a lo contratados “cuando ni siquiera había equipos”. Todo con el propósito de beneficiar a Alexis Medina.
En la audiencia de conocimiento de medida de coerción Camacho expresó nadie podía llegar a la OISOE si no era por medio de Aquiles Christopher.
De acuerdo con el expediente, el exfuncionario figuraba junto a Luis Conrado Valdez como director en una “nómina fantasma” de la institución dirigida por Pagán, devengando un suelo mensual de RD$200,000.
No obstante, la defensa del imputado enfatizó que su defendido no fijaba precios ni ejecutaba pagos de obras realizadas por la OISOE ya que su función era fiscalizar la obra luego de terminada para verificar que se ejecutó lo contratado.
Julián Esteban Suriel Suazo
El Ministerio Público lo acusa de prestar su nombre para servir de testaferro a Juan Alexis Medina. Según los fiscales, Suriel Suazo realizó acciones para destruir pruebas necesarias en el proceso judicial.
Además señalan que aunque el mayor salario que recibió fue de 18,000 pesos, el imputado exhibe nueve apartamentos y acciones en varias empresas del presunto entramado corrupto encabezado por Alexis Medina.
Durante los allanamientos, al encartado le fue ocupada una caja con 136 proyectiles para fusiles, un fusil calibre 5.56 milímetros, una pistola Glock, una pistola Sig Sauer, tres cajas de seguridad, y las sumas de 917,600 dólares y 8.5 millones de pesos.
Suriel Suazo formaba parte de la empresa Fuel American Inc. Dominicana SRL, la cual tenía como fundador principal a Alexis Medina. Dos años después de haberse fundado, el 25 de marzo del 2015, el imputado recibió las acciones de la compañía e hizo el cambio de su domicilio social.
En el nuevo local, según las investigaciones, se desarrollaban las operaciones logísticas de la campaña del excandidato presidencial Gonzalo Castillo. Actividades para cuyo financiamiento Suriel Suazo donó RD$11 millones de pesos.
Dado lo encontrado en las pesquisas y el supuesto nivel de responsabilidad en las operaciones de la red, el Ministerio Público le solicitó prisión preventiva.
El grupo de 11
Además del hermano del expresidente Danilo Medina, Juan Alexis Medina Sánchez, están implicados en el caso el exdirector de la OISOE, Francisco Pagán; Fernando Rosa, expresidente del FONPER; Aquiles Alejandro Christopher; Julián Esteban Suriel Suazo; José Dolores Santana Carmona y Wacal Vernabel Méndez, quienes guardan prisión preventiva en la cárcel Najayo Hombres.
También forman parte del expediente por estafa al Estado: Freddy Hidalgo, exministro de Salud Pública; Rafael Antonio Germosén Andújar, excontralor general de la República, y la también hermana de Danilo, Carmen Magalys Medina Sánchez, quienes guardan prisión domiciliaria.
De igual forma el señor Domingo Antonio Santiago, quien posee una medida de coerción consistente en presentación periódica.+
Francisco Pagán y otros dos acusados estarían colaborando con el Ministerio Público contra Alexis Medina
Los otros dos Julián Esteban Suriel Suazo y Aquiles Christopher
Wilder Páez - 07/09/2021, 08:48 AM
Juan Alexis Medina Sánchez. (DIARIO LIBRE )
El abogado Julio Cury, representante legal de Juan Alexis Medina Sánchez dijo la noche de este lunes que tres de los implicados en el caso de corrupción Antipulpo se han declarado culpables de los hechos que se les imputan, incriminando a su cliente.
Se trata de Francisco Pagán, Julián Esteban Suriel Suazo y Aquiles Christopher, quienes, según el abogado, han colaborado con el Ministerio Público en ese sentido.
Cury agregó que el Ministerio Público había solicitado la ratificación de la prisión preventiva en Najayo a esos tres imputados, pero que posteriormente varió la solicitud a prisión domiciliaria.
A los implicados se les acusa de estafa contra el Estado, asociación de malhechores, lavado de activos, enriquecimiento ilícito, entre otros delitos, y fueron apresados durante la ejecución de la Operación Antipulpo, el 29 de noviembre del 2020.
El Ministerio Público solicitó la noche de este lunes la variación favorable de medida de coerción de prisión preventiva a prisión domiciliaria a tres de los implicados en el sonado caso de supuesta corrupción y presunto desfalco al Estado dominicano Operación Antipulpo, según confirmó el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Wilson Camacho.
“La noche de este lunes tres de los implicados en el caso de corrupción Pulpo se han declarado culpables de los hechos que se les imputan, incriminando a Juan Alexis Medina Sánchez”, reveló Cury a su salida del Palacio de Justicia donde se conocía el caso.
El abogado agregó que el Ministerio Público había solicitado la ratificación de la prisión preventiva en Najayo a esos tres imputados, pero que posteriormente varió la solicitud a prisión domiciliaria por su colaboración.
El vocero del bloque de senadores de la Fuerza del Pueblo (FP), Dioni Sánchez, advirtió que la comisión bicameral que ayer comenzó nuevamente a debatir el Código Penal no puede tratar los temas ya consensuados y aprobados en la Cámara de Diputados.
Opinó que el tiempo que dedicarán como comisión debe ser para conocer la posición de la Procuraduría General de la República y de otras 12 instituciones que alegaron que sus opiniones no fueron tomadas en cuenta durante las vistas públicas.
“Los que boicotearon la aprobación del Código Penal bajo el alegado de que lo hicieron porque habían sectores que no fueron escuchados, ahora no pueden plantear que van debatir lo ya consensuado y aprobado por los diputados, ahí se verá si realmente eso era lo buscaban u otra cosa”, opinó el legislador opositor.
Agregó que “todo el mundo sabe que ya elCódigo Penalfue debatido y que aunque un grupo de senadores del Partido Revolucionario Moderno decidió impedir su aprobación en el Senado, el trabajo de la comisión bicameral no debe ser volver atrás a conocer lo que se aprobó en la Cámara de Diputados”.
Sánchez, representante de la Fuerza del Pueblo por la provincia de Pedernales, dijo que a nadie se le puede ocurrir introducir las causales porque ya ese tema está siendo conocido en un proyecto de ley especial.
Resaltó que se hace necesario aprobar lo ante posible el Código Penal como forma de enfrentar la delincuencia que azota República Dominicana, porque en la pieza hay decenas de tipos penales que no son contemplados en el actual código que data de 1884.
La Comisión Bicameral que tiene a su cargo el estudio del proyecto de Ley de Código Penal de la República Dominicana se reunió este lunes para definir la metodología de trabajo que utilizará para analizar la pieza legislativa.
El Código Penal, que había sido aprobado el pasado 30 de junio en la Cámara Baja, perimió el pasado 15 de agosto, luego que un grupo de senadores del PRM se retirara de la sesión donde era conocido. Sin embargo la pieza fue reintroducida el 16 de agosto, día en que se inició la nueva legislatura ordinaria.
Los trabajos de la comisión bicameral, que encabeza Santiago José Zorrilla inició los trabajos ayer durante una reunión en el salón Charles Summer en el Senado. Explicó que en esas reuniones conocerán 50 artículos de la controversial pieza.
Más de 20 vehículos de lujo fueron retenidos por @DIGESETT sorprendidos mientras hacían carrera, transitaban sin documentos o placas o excedian límites de velocidad. Fue en esa circunstancias que las autoridades trataron de verificar el vehículo amarillo porsche de la agresión...
Los vehículos de alta gama (algunos modificados + veloces + ruidosos) se encontraban hoy en 2 centros de retención hasta que sus propietarios agoten un proceso. La @DIGESETT realizó operativos el fin de semana en los puntos del centro del DN donde suelen hacer carreras nocturnas
Con respecto al vehiculo porsche amarillo las autoridades trabajaban en la identificación de su dueño quien será sometido a la justicia con cargos tan graves como la acción registrada en video. El vehículo carecía de placa. En su lugar llevaba una pegatina de dibujos.
El 69% de los hogares anhela comer mejor Kleiner López
7 septiembre, 2021
Siete de cada 10 hogares dominicanos están preocupados por recuperar su nivel de alimentación previo a la covid-19, la posibilidad de que alguien de su familia se contagie de esa enfermedad (69.1 %) y que no pueda recibir atención médica en caso de contagiarse (48.0 %).
Asimismo, más de la mitad de los hogares (54.9 %) se sienten preocupados de no poder trabajar, generar ingresos o pagar sus deudas.
Así lo revelan los resultados de la encuesta periódica SEIA-Red Actúa, que realizan el Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN), junto al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF).
La investigación sobre las principales preocupaciones de los hogares más vulnerables y sus necesidades para recuperar sus niveles de bienestar previo a la crisis de covid-19, se realiza desde mayo de 2020 en temas de ingreso, salud, alimentación, cohesión social, género, entre otros.
Los hallazgos más recientes de la investigación evidencian que ante la incertidumbre de no poder mantener un nivel de ingreso adecuado para poder solventar las deudas, algunos hogares han optado por tomar dinero prestado (48.4 %), gastar los ahorros de la familia (22.6 %), y vender o empeñar artículos del hogar (8.4 %).
En materia de salud, se encontró que solo el 20.9 % de hogares encuestados reportó no poder acceder a servicios médicos o medicamentos. Un 99.2 % de mujeres embarazadas pudo asistir a sus controles prenatales, y solo el 6,2 % de niños y niñas no habían ido a recibir sus vacunas.
La encuesta puso de manifiesto que las mujeres tienen una carga de tareas del hogar muy desproporcionada, lo que limita sus posibilidades de acceder y desarrollarse en el mercado laboral.
Un 78.4 % de las mujeres dedicaba de 3 hasta más de 9 horas semanalmente a las tareas del hogar, mientras que el 71.7 % de hombres dedica solo de 0 a 3 horas a la semana.
Además, desde el comienzo de la pandemia, más de 9 % de los hogares ha realizado mayor uso de los recursos naturales de ríos y bosques, y el 6.1 % ha recolectado leña para usos domésticos.
A la fecha, se han realizado cinco rondas de encuestas desde mayo de 2020 hasta mayo de 2021, en base al registro de hogares del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN). La quinta ronda incluye, por primera vez, una muestra representativa de todo el territorio nacional. Estos datos actualizados fueron recolectados durante abril y mayo de 2021, sobre una muestra de 4,529 hogares.
El método SEIA-Red Actúa es parte del apoyo del Sistema de las Naciones Unidas al Gobierno dominicano, en el marco de la ONU para la Respuesta Socioeconómica Inmediata a la covid-19.
Su implementación se lleva a cabo bajo el liderazgo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con el apoyo del SIUBEN y la participación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), junto a una red de 28 organizaciones no gubernamentales en 19 territorios de interés en el ámbito nacional.Un 78.4 % de las mujeres dedicaba de 3 hasta más de 9 horas semanalmente a las tareas del hogar, mientras que el 71.7 % de hombres dedica solo de 0 a 3 horas a la semana.
Además, desde el comienzo de la pandemia, más de 9 % de los hogares ha realizado mayor uso de los recursos naturales de ríos y bosques, y el 6.1 % ha recolectado leña para usos domésticos.
A la fecha, se han realizado cinco rondas de encuestas desde mayo de 2020 hasta mayo de 2021, en base al registro de hogares del Sistema Único de Beneficiarios (SIUBEN). La quinta ronda incluye, por primera vez, una muestra representativa de todo el territorio nacional. Estos datos actualizados fueron recolectados durante abril y mayo de 2021, sobre una muestra de 4,529 hogares.
El método SEIA-Red Actúa es parte del apoyo del Sistema de las Naciones Unidas al Gobierno dominicano, en el marco de la ONU para la Respuesta Socioeconómica Inmediata a la covid-19.
Su implementación se lleva a cabo bajo el liderazgo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), con el apoyo del SIUBEN y la participación de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el Programa Conjunto de las Naciones Unidas sobre el VIH/Sida (ONUSIDA) y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), junto a una red de 28 organizaciones no gubernamentales en 19 territorios de interés en el ámbito nacional.
Ante denuncias de los ciudadanos en barrios del Gran Santo Domingo, la Policía ha tenido que reforzar la vigilancia. Kelvin Mota
Darielys Quezada | 7 septiembre, 2021
Vincula hechos delictivos al fin de restricciones
Mientras la Policía afirma que el raterismo disminuyó en un 24 %, Finjus pide monitorear la situación y reforzar acciones
A raíz de los últimos hechos delictivos y las modalidades que se han implementado para los robos, hurtos y atracos en el país, la Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) urgió ayer el monitoreo de las autoridades a la situación al considerar que existen señales de que estas están relacionadas al fin de las medidas restrictivas por la covid-19, a la reapertura económica y a los problemas que surgieron por la pandemia que aún prevalecen.
Aunque la organización reconoció que la inseguridad se viene arrastrando desde hace varios años, manifestó, de igual forma, que en la actualidad la sociedad dominicana se siente muy preocupada por la percepción de inseguridad que se vive en las calles, ya que se produce en el marco de los efectos económicos y sociales derivados de la pandemia mundial por covid-19 y por tanto, sugiere de manera urgente que las autoridades dispongan el aumento de los controles y patrullaje policial en las zonas donde se han cometido frecuentemente los delitos de raterismo señalados y se establezcan mecanismos de comunicación adecuados para orientar a la ciudadanía sobre este fenómeno.
“Aunque todos recordamos que a lo largo del 2019 vivimos olas de vandalismo y delincuencia común que llamaron la atención incluso a los medios de comunicación, en este momento produce indignación en la forma abierta como estos delincuentes han actuado. La pandemia por covid-19 ha transformado muchos aspectos de la vida cotidiana de las personas y ha cambiado las rutinas de trabajo y ocio, sobre todo después de permanecer más de un año en medio de medidas estrictas de confinamiento para limitar el contagio. En ese período también cambiaron los eslabones de la cadena criminal, dando como resultado que entre marzo de 2020 y junio de 2021 hubo un ligero descenso de raterismo, hurtos y arrebatos en las vías públicas”, sostiene.
Según la Finjus, en el país se observa que inmediatamente fue levantado el toque de queda se ha producido un relajamiento del control policial sobre algunas zonas, lo que a su parecer, parece estar relacionado con un incremento del fenómeno de pandillas de motoristas asaltando en las calles de barrios populares y de clase media, sobre todo en el Distrito Nacional.
“Hechos parecidos se registraron por ejemplo en New York, especialmente en la zona del Alto Manhattan, donde ha habido un recrudecimiento de la violencia, los tiroteos y los asaltos en la vía pública luego del levantamiento de las restricciones a la circulación”, indica.
Se necesitan estudios profundos
“Aunque estos fenómenos tienen que ser estudiados más profundamente, todo parecería indicar que en el período poscovid habrá un aumento de la violencia y la criminalidad en la región latinoamericana, como efecto del desempleo y la deserción escolar. Afortunadamente el pronóstico para el desarrollo económico del país es mucho más favorable que en el resto de la región, dando lugar a mejores oportunidades para que el Estado siga avanzando en la creación de políticas públicas en seguridad ciudadana y combate de la criminalidad que sirvan de base a los programas de prevención del delito”, agrega.
De acuerdo al vicepresidente de la Finjus, Servio Tulio Castaños Guzmán, queda pendiente un estudio más profundo para determinar la relación entre pandemia y criminalidad, que permita establecer cómo estas variables interactúan y cómo pueden establecerse estrategias policiales y de seguridad ciudadana más efectivas para prevenir estos desafueros y actos vandálicos, en un marco de respeto a la legalidad y con el apoyo de la ciudadanía.
Afirma delitos de ratería han disminuido en un 24 % Ante la fuerza que ha tomado el tema de la delincuencia y la criminalidad en las últimas semanas, el director de la Policía Nacional, Edward Sánchez González, informó ayer que el promedio mensual de los delitos de ratería ha bajado un 24 % en todo el país, desde 7,853 durante el 2019, último año previo a la pandemia, a 5 mil 993 en los primeros ocho meses del 2021.
Los delitos clasificados de ratería son los atracos, arrebatos, hurtos y roturas para penetrar en casas y edificios y hurtar cosas de poco valor con maña y cautela. De estos, dijo el alto mando policial, en el 2019 se registraron 94 mil 239, la gran mayoría de ellos en el Distrito Nacional (más de 20 mil) y en la provincia Santo Domingo (más de 43 mil).
Detalló que en los demás delitos clasificados como “ratería”, en los casos de atracos el promedio mensual bajaron de 2 mil 728, en el año 2019, a 1,946 en los meses enero-agosto del 2021; en los arrebatos, el promedio pasó de 910 al mes a 803; los hurtos de 2,728 mensuales a 2,160, y las roturas bajaron de mil 487, en promedio mensual, en 2019, a 1,083 en lo que va del año en curso. Sánchez González informó que en los primeros ocho meses del año la Policía ha registrado 37 mil 526 casos, de los cuales ya ha resuelto 22 mil 188 (59 %) y ha llevado a la justicia a 15,831 personas. En los primeros cuatro meses el promedio de cierre de casos supera el 53 %, y en los otros cuatro meses ha superado el 60 %.
Trabajo conjunto con Defensa
En un informe difundido ayer, el director de la Policía Nacional agradeció el apoyo que recibe del Ministerio de Defensa para mantener los operativos de prevención y persecución del delito en todo el país, principalmente en el Gran Santo Domingo, Santiago y las ciudades con mayor número de habitantes; diariamente más de 4,000 soldados participan en el programa de apoyo a la Policía Nacional.
El ministro de Defensa, Carlos Luciano Díaz Morfa, dijo que la pandemia ha demandado el mayor operativo de apoyo a la Policía para cumplir su labor de seguridad y que junto con el Ministerio de Defensa apoyan los programas del Ministerio de Salud relacionados con al coronavirus.
El informe de estadísticas compiladas por el C5i del Ministerio de Defensa, en colaboración con la Policía, indican que en los meses agosto 2020 a julio del 2021 los retenes y patrullas ejecutados por agentes del cuerpo del orden con apoyo de personal militar, registraron 1.3 millones de personas en todo el país (suma que representa alrededor del 10 % de la población), un promedio diario de más de 4,500 personas. Además, detuvieron 240,081 personas (777 promedio diario) y 1,856 indocumentados. l
PN dice sigue trabajando en reformas de seguridad
Además del trabajo realizado por la Policía Nacional para lograr bajar la criminalidad y la delincuencia en el país, el director del cuerpo del orden aseguró que la institución sigue avanzando en aspectos de la reforma policial y ampliando el Plan de Seguridad Ciudadana. El mayor general Edward Sánchez González dijo que igualmente un equipo de expertos trabaja para establecer nuevos mecanismos que faciliten a los ciudadanos colaborar en le persecución del delito, simplificando el proceso de recibir y dar seguimiento a las denuncias y querellas que se presentan. Sostuvo que desde que asumió esa posición ha trabajado para corregir las debilidades institucionales encontradas en las diferentes áreas de la institución.
La Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) aseguró este lunes que no es “factible” la conversión de la planta Punta Catalina de Carbón a gas natural, por la gran cantidad de obras complementarias que habría que construir con un costo superior a los 532 millones de dólares.
Además, de que sus pérdidas operacionales ascendentes a 55 millones de dólares anuales, según revela un estudio realizado por investigadores de la universidad estatal.
La investigación dada a conocer por el decano de la Facultad, ingeniero Amparo Céspedes, indica que la conversión de la planta a gas natural demandaría la instalación de una estación receptora en Punta Catalina para 200,000 metros cúbicos, por un costo de US$486.61 millones.
De lo contrario, habría que construir un gasoducto de 125 kilómetros de longitud que recorrería desde Andrés, Boca Chica, hasta Punta Catalina y su inversión sería de US$263.38 millones.
También, modificaciones a los equipos de la planta por un costo de US$46.25 millones, sin considerar el desmantelar los equipos que quedarían fuera de uso.
Expresa el estudio que, adicionalmente, se produciría una reducción temporal de ingresos por venta de energía a las distribuidoras, que a su vez tendrían que comprar de los generadores privados una energía sustituta más cara, porque la planta estaría por lo menos 6 meses fuera de servicio.
“Esto aumentaría el déficit operacional de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (EDES) y, por lo tanto, provocaría un aumento en los subsidios del Gobierno para las mismas”, precisa.
Agrega que otro impacto negativo para los ingresos es que luego de la conversión, a causa del uso de un combustible más caro, los costos de producción serían mayores.
Además, destaca que se entregaría menos energía, porque la planta quedaría rezagada en cuanto a la entrada a líneas por orden de mérito que prevé el Organismo Coordinador del Sistema Eléctrico Nacional Interconectado.
El volumen de la energía generada anualmente disminuiría en la misma proporción de 5.7 kilovatios hora a 3.7. “Esto implicaría que la central pasaría de percibir alrededor de 258 millones de dólares anuales, en la actualidad, a tener pérdidas anuales cercanas a los 55 millones de dólares”, Indica.
“Con este resultado financiero sería difícil estimular a cualquier proveedor de gas a comprometerse con un contrato de largo plazo puesto que implicaría que el comprador es de alto riesgo”, precisa.
La planta La planta está localizada en el distrito municipal de Catalina, Baní, Provincia Peravia. Consiste en 2 plantas de generación de 376 megavatios cada una, para un total de 752 megavatios y fueron diseñadas para operar utilizando carbón como combustible.
El plan de vacunación contra el COVID-19 se ralentiza en República Dominicana
En la provincia Hermanas Mirabal solo el 54,30 % de la población meta tiene primera dosis
Edward Fernández - Tania Molina - Ycell Suero - SANTO DOMINGO 07/09/2021, 12:00 AM
Una persona recibe la vacuna contra el COVID-19. ((ARCHIVO))
El Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19 que lleva a cabo el Gobierno dominicano ha entrado en una especie de estancamiento, luego del avance logrado en los meses de mayo y julio, cuando se alcanzó a la mayoría de los más de cuatro millones de personas que ya cuentan con esquema completo.
Cada día se reduce el número de los que acuden a colocarse la primera dosis de vacuna, alargando el trayecto para alcanzar la población meta inicial de 7.8 millones de personas.
Hasta este 5 de septiembre, el total de los que se han aplicado una primera dosis del biológico contra el coronavirus SARS-CoV-2 es de 5,853,238 personas, apenas 252,768 dosis más que las 5,600,470 que se habían aplicado al 5 de agosto.
El promedio diario de los que se colocaron la primera dosis en el último mes es de unos 8,153 a nivel nacional, frente a un promedio de 19,147 que lo hizo en julio. La ralentización entre los que acuden a vacunarse por primera vez se da desde el mes de julio, luego del gran empuje hacia arriba de los meses anteriores.
Al principio del plan de vacunación, a mediados de febrero, la inestabilidad en la llegada de vacunas dificultó su aplicación masiva de manera tal que ese mismo mes terminó con 72,716 dosis aplicadas, subieron luego a 783,758 durante el mes de marzo y bajó a 317,753 dosis en abril.
Sin embargo, en el mes de mayo, justo cuando el país pasaba por la tercera ola de contagios de COVID-19, los que acudieron a vacunarse sumaron 2,049,723 personas, y en junio lo hicieron 1,725,632. En el mes de julio, sin embargo, la cifra bajó a 593,564, apenas un 34 % respecto al mes anterior. Para agosto, el total de vacunas de primera dosis aplicadas fue de 272,428, menos de la mitad que un mes antes.
Aunque las autoridades de salud aplicaron 1,011,711 dosis de vacunas en agosto, la mayor cantidad correspondió a la segunda dosis, que tuvo un acumulado de 442,676 dosis, para un promedio diario de 14,279. No obstante, las cifras reflejan una reducción considerable respecto a los 1.3 millones que acudieron a completar su esquema de dos dosis en julio, cuando el promedio diario era superior a los 40 mil vacunados.
El descenso entre los que acuden a los centros de vacunación también se observa en los que se deciden por la tercera dosis que, con un acumulado de 381,286 en julio, bajó a 296,607 en agosto, una reducción de 84,679.
La baja en la vacunación contrasta con la disponibilidad de dosis que tiene República Dominicana. El país ha recibido unos 21 millones de los 30 millones de dosis que ha contratado con tres farmacéuticas: Sinovac, Pfizer y AstraZeneca.
De las recibidas, se han aplicado a la fecha 11,275,956, para una disponibilidad de unos 10 millones, lo que permite que al país cumplir con su oferta de donar las 505,000 dosis de vacunas que prometió a Haití, Honduras y Guatemala.
Gran Santo Domingo y Santiago
En el Distrito Nacional, que hasta el pasado 30 de agosto tenía un 81.50 % de su población meta vacunada, registra un total de 1,632,575 dosis aplicadas, de las que 894,611 son de primera. Para esa fecha hubo una variación de 6,338 respecto al reporte anterior de Salud Pública, correspondiente al 19 de agosto, cuando registraron 888,273, según cálculos basados en el porcentaje de vacunados y población meta.
En Santiago se han aplicado 957,862 dosis, de las que 521,280 corresponden a la primera y 436,583 a la segunda, alcanza al 50 % de su población meta con esquema completo. Entre el 19 y el 30 de agosto, fecha de los dos últimos reportes de salud, los que se aplicaron la primera dosis suman 5,239.
En el caso de la provincia Santo Domingo, el total de dosis aplicadas es de 1,925,427 de las que 1,061,999 es de primera y 863,428 corresponden a la segunda. Para el mismo periodo del 19 al 30 de agosto, esta demarcación suma 10,638 nuevos vacunados de primera dosis.
El Ministro de Salud Pública, Daniel Rivera, informó el mes pasado que acudirán casa por casa a vacunar, debido a que en varias zonas del país todavía había personas que no sabían del plan o desconocían a dónde acudir para inocularse.
Rivera, sin embargo, ha destacado el éxito del plan de vacunación afirmando que, gracias a que ya más de la mitad de la población cuenta con sus dos dosis, a la fecha el país exhibe bajos niveles de contagio.
Para ayer lunes, el boletín epidemiológico registra 156 casos nuevos de coronavirus, resultantes de un total de 1,607 muestras de primera vez procesada. Ello coloca la positividad del día en 9.71 %, mientras la acumulada en las últimas cuatro semanas es de 5.84 %.
No hubo reportes de nuevos fallecidos, mientras los que permanecen hospitalizados a causa del COVID-19 suman 418, igual al 16 % de las camas disponibles para la enfermedad. Los que están en unidades de cuidados intensivos son 193 personas, igual al 23 % de ocupación.
Entrega a Honduras y Guatemala
El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez Gil, hizo formal entrega de la donación de 405,000 mil dosis de vacunas de la farmacéutica AstraZeneca a los gobiernos de Guatemala y Honduras. Álvarez Gil explicó que la República Dominicana donó a Honduras la cantidad de 101,000 mil dosis de vacunas y a Guatemala 304,000 mil. Estas dosis donadas provienen del empresariado dominicano que contribuyó para la adquisición de dos millones de vacunas a través de una alianza público-privada, informó. Las vacunas fueron enviadas en contenedores especiales que conservarán la cadena de frío que serán protegidas desde el inicio de la salida del programa de Inmunización hasta los países que las recibirán. En los próximos días serían enviadas 100,000 dosis a Haití.
La desconfianza obstaculiza la vacunación en Santiago
En la provincia Santiago un 59.7% de la población meta ha acudido a vacunarse, un índice bajo para esta población. De un promedio de 800 personas inoculadas por día en los primeros meses, en lugares como el Gran Teatro del Cibao, el parque de Villa Olga, el puesto que opera frente a la oficina provincial de Salud Pública en la avenida Hermanas Mirabal y el Parque Central en la actualidad están recibiendo entre 100 y 150 personas.
Según explican los encargados de estos puntos de vacunación, la mayoría de los que acuden va en busca de colocarse el refuerzo de la tercera dosis o son padres y madres que llevan a sus hijos menores de 18 años.
“Del total que estamos poniendo vienen de diez a quince personas, en su mayoría niños y niñas, a solicitar la primera dosis. El resto son de la tercera”, señaló Jazmín Almánzar, encargada del centro de vacunación instalado en Villa Olga. Pekín, Cienfuegos y comunidades rurales son los enclaves más renuentes a vacunarse. Las razones que exponen los ciudadanos que a la fecha no se han vacunado, varían desde la desconfianza en la efectividad de la vacuna al miedo a sus efectos secundarios y por teorías sin fundamento científico: “Bueno, la causa por la cual no me he vacunado ni pienso hacerlo por el momento es que el tiempo estimado para desarrollar una vacuna no es de 6 meses, como ha sucedido con ésta, aun teniendo los avances tecnológicos de hoy en día”, cuenta RB, un hombre de alrededor de 45 años que pidió reservas de su nombre.
Al ciudadano le genera dudas el hecho de que se iniciara con una primera dosis y ya se hable de una tercera y posibilidades de una cuarta dosis -lo que no se ha dicho oficialmente- “por eso entiendo que aún no saben qué están haciendo concretamente”.
Otros, como el empleado privado Pedro Méndez, de 46 años de edad, no se ha inyectado a la fecha la primera dosis. Su excusa para no hacerlo es “el tiempo del que no he dispuesto”. Dice creer en la existencia del virus y sus devastadores efectos sobre la salud, pero que se ha cuidado a fin de evitar el contagio.
Otros no muy convencidos, llevan a su hijos a vacunarse por exigencia de la escuela. Padres consultados dijeron a Diario Libre que la vacuna es uno de los requisitos para poder inscribir a sus descendientes en los centros educativos del sector privado.
“En el colegio que va a estudiar el niño no lo aceptan si no presentamos la tarjeta de vacunación”, declaró Ignacio Torres, padre de un adolescente inoculado en el puerto de vacunación de la provincial de Salud Pública.
