Por Alfredo de Zayas | 25/12/2020 | Opinión
Un nuevo contrato social poscoronavirus
Muchos politólogos, economistas, abogados, historiadores, periodistas y activistas de la sociedad civil se han dado cuenta de que el mundo posterior a Covid-19 no debería simplemente «reanudarse donde lo dejamos», sino que en realidad requiere un nuevo contrato social, uno que tenga mejores prioridades, que ponga a las personas por encima del negocio y de las ganancias, que ponga el énfasis en la justicia social, la solidaridad internacional y la preparación para enfrentar conjuntamente los desafíos globales.
Regresar a “los negocios como de costumbre” simplemente no es prudente, puesto que otra pandemia puede afectarnos, otra erupcción volcánica, otros trastornos y desplazamientos causados por el cambio climático. Hay que estar preparado a enfrentar nuevos desafíos, lo que require otras decisions presupuestarias.
Es en este sentido que el Secretario General de las Naciones Unidas debería convocar una Conferencia Mundial de Recuperación poscovid con la tarea de elaborar un plan de acción, una agenda mundial basada en el multilateralismo y la coordinación de todas las agencias regionales y de las Naciones Unidas, con amplia participación de organizaciones intergubernamentales como la OIM y South Centre, el Comité Internacional de la Cruz Roja, organizaciones no gubernamentales, universidades y la sociedad civil. Este es el momento de que António Guterres converse con asesores de todas las disciplinas, incluidos los economistas Jeffrey Sachs, Joseph Stiglitz y Thomas Piketty, y que haga propuestas concretas a los líderes mundiales sobre la mejor manera de fortalecer la paz mundial mediante la reforma de las instituciones financieras, el comercio mundial y la ayuda en casos de desastre, siempre en conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las NNUU, y tomando en cuenta de las Resoluciones 2625 y 3314 de la Asamblea General.
La pandemia de covid-19 puede cambiar las reglas del juego. Constituye una oportunidad histórica para repensar radicalmente el sistema financiero y económico predominante caracterizado por sus ciclos de auge y caída, desempleo generalizado y distribución de la riqueza demostrablemente injusta, que ha dejado a las sociedades mal preparadas. para hacer frente a cualquiera crisis que sea, incluidas pandemias, huracanes, terremotos, deforestación, deshiele de los glaciales, impacto de asteroides y erupciones volcánicas (1).
Un nuevo contrato social implica un cambio de paradigma en los modelos económicos, comerciales y sociales imperantes. Los gobiernos son responsables de sus asignaciones presupuestarias imprudentes e inequitativas, que priorizan los gastos militares sobre las inversiones en salud, vivienda, educación y creación de empleo e infraestructuras centradas en las personas.
Este es un momento propicio para que los miembros de las Naciones Unidas controlen la globalización, que ha traído muchas cosas buenas, pero que también ha estado acompañada de pobreza extrema e injusticia social endémica. Este es el momento de reemplazar el obsoleto sistema de Bretton Woods (2) y de reorganizar las prioridades económicas y comerciales para lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y dar un significado práctico al derecho a la autodeterminación de todos los pueblos y su derecho al desarrollo.
En este contexto, una Conferencia Mundial sobre Recuperación poscovid, con el mandato de reanimar el multilateralismo, debe garantizar la financiación adecuada de todas las agencias de la ONU, en particular la Organización Mundial de la Salud, y establecer mecanismos para mejorar su coordinación y eficiencia. Pero la conferencia, si va a tener algún valor agregado, tendría que ir más allá de los ajustes cosméticos y un regreso al statu quo anterior.
Por ahora no se trata de enmendar la Carta de las NNUU en virtud del Artículo 108, pero la Conferencia debería emitir un compromiso, una declaración de buena fe reafirmando los propósitos y principios de las Naciones Unidas como la mejor esperanza de la humanidad, y comprometiéndose a aplicar la Carta de las Naciones Unidas, como una especie de constitución mundial, respetando las sentencias y opiniones consultivas de la Corte Internacional de Justicia como declaraciones vinculantes de una corte constitucional mundial. Esto implicaría la incorporación progresiva de las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas en la legislación nacional de los Estados miembros (3).
Una conferencia mundial podría volver a visitar las Cuatro Libertades de Franklin Delano Roosevelt, redescubrir la espiritualidad de la Declaración Universal de Derechos Humanos, revivir el legado de Eleanor Roosevelt, René Cassin, Charles Malik, P.C. Chang y John Humphrey. Lo que es urgente y factible es formular un plan de acción para una conversión gradual, paso a paso, de los presupuestos militares en presupuestos de seguridad humana.
El nuevo mantra debe ser «Desarme para el desarrollo». De hecho, una reducción significativa de los gastos militares liberará los fondos necesarios para alcanzar los ODS y garantizará el disfrute de todos los derechos humanos por todos, incluido y lo más importante el derecho a la paz (4), a la salud, la alimentación, el agua, etc. El dinero de los contribuyentes que se ha desperdiciado en Las actividades de “vigilancia masiva” orwellianas, como las reveladas por Edward Snowden (5), deben ser redirigidas a los servicios sociales. En mi informe de 2014 al Consejo de Derechos Humanos de la ONU, mostré cómo el estamento militar puede convertirse gradualmente en industrias para la paz en todos los niveles, creando muchos más puestos de trabajo en educación, salud, vivienda, mantenimiento de puentes y carreteras, protección ambiental y otros servicios sociales. (6)
Una Conferencia Mundial sobre Recuperación Poscovid debería tomar medidas para abolir los paraísos fiscales y asegurar el pago de impuestos por parte de inversionistas y corporaciones transnacionales sin registros falsos o “acuerdos amables” (7). Los fracasos de la ideología neoliberal, la explotación sistemática de los pueblos en todo el mundo, la destrucción del medio ambiente y la amenaza constante que representa la carrera armamentista, el almacenamiento de armas de destrucción masiva, los programas de investigación y desarrollo en sistemas de armas autónomas letales y otras aberraciones son más que evidentes. Sin duda alguna la gravedad de la pandemia de covid-19 habría sido considerablemente menos letal si los gobiernos hubieran implementado economías centradas en los derechos humanos en las que el derecho a la vida y el derecho a la salud hubieran gozado de prioridad sobre la especulación del mercado, el impulso para obtener beneficios a corto plazo y continuar el ecocidio que azota al mundo de hoy.
La sociedad civil de todos los países debería ahora exigir a sus gobiernos un nuevo contrato social basado en la implementación de los diez tratados fundamentales de derechos humanos de la ONU. Es cierto que la tarea normativa no se ha completado, ya que la codificación de los derechos humanos nunca es definitiva ni exhaustiva, sino que constituye un proceso evolutivo para el ejercicio de los derechos civiles, culturales, económicos, políticos y sociales.
Lamentablemente, la interpretación y aplicación de los derechos humanos se ha visto obstaculizada por un positivismo estéril y una lamentable tendencia a centrarse únicamente en los derechos individuales y olvidar los derechos colectivos. Es demasiado obvio que muchos en la «industria de los derechos humanos» muestran poco o ningún interés por las responsabilidades sociales que acompañan al ejercicio de los derechos y no comprenden la simbiosis necesaria de derechos y obligaciones tal como se formula en el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Ha llegado el momento de avanzar hacia una comprensión más amplia de las normas de derechos humanos en el contexto de un derecho internacional consuetudinario emergente de los derechos humanos. El derecho no es ni física ni matemática, sino una institución humana dinámica que día a día atiende las necesidades y aspiraciones de la sociedad, ajustándose aquí, llenando lagunas allá. Todo abogado de derechos humanos sabe que el espíritu de la ley (Montesquieu) trasciende las limitaciones de la letra de la ley, por lo que las normas codificadas deben interpretarse siempre a la luz de esos principios generales del derecho que informan a todos los sistemas jurídicos, como la buena la fe, la proporcionalidad, la prohibición de leyes y tratados que sean contra bonos mores, los principios de “no hacer daño”, ex injuria non oritur jus y la limitación del derecho individual a la luz de los derechos del resto de la sociedad sic utere tuo ut alienum non laedas. La letra de la ley nunca debe usarse para socavar y derrotar el espíritu de la ley.
Un nuevo contrato social poscovid debería revisar la Carta de la ONU y adoptar medidas multilaterales que fortalecerán el sistema de la ONU para que los tres pilares de la paz, el desarrollo y los derechos humanos estén mejor servidos.
La relatora del Consejo de Derechos Humanos Virginia Dandan, en su informe de 2017 al Consejo, presentó un proyecto de declaración sobre solidaridad internacional (8). Eso es precisamente lo que el mundo necesita ahora. En efecto, nuestras prioridades para las décadas posteriores al covid deben ser lograr un orden internacional democrático y equitativo basado en la solidaridad que debe responder a las necesidades de todos los miembros de la familia humana, y no solo a los caprichos del 1%.
4 Véase Alfred de Zayas, “El Crímen contra la Paz” en Carmen Rosa Castañon, Carlos Villán Duran (eds.), La Declaración de Luarca, 2a edición, 2008, pp. 441-455; Alfred de Zayas, “Peace” en William Schabas (ed.), International Criminal Law, Cambridge University Press, 2016, pp. 97-117.
5 Edward Snowden, Permanent Record (Registro permanente) (Macmillan, 2019).
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