jueves, 8 de febrero de 2018

ECONOMIA | El déficit fiscal se eliminaría en 2024 bajando el gasto | @cearahatton #DiálogoEconómico @AEIH_RD @ATaverasGuzman

El déficit fiscal se eliminaría en 2024 bajando el gasto

Compromiso. Ceara Hatton dice deuda pública crece 7 millones al día. General. La deuda consolidada del Estado es de US$37 mil millones.
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SANTO DOMINGO.-El economista Miguel Ceara Hatton planteó que el déficit fiscal se podría eliminar en el año 2024, si el Gobierno reduce la tasa de crecimiento del gasto público a tres cuarta parte del crecimiento de los ingresos tributarios.
Puso como ejemplo que si los gastos públicos totales crecen a una tasa equivalente a tres cuartas partes del crecimiento de los ingresos tributarios, se tendría un crecimiento promedio anual del gasto público de 7.7 % para el período 2019-2024, en vez del 10.3 % que registra el escenario base.
Eso sucedería asumiendo que se paguen las mismas tasas de interés, la misma proporción de la amortización de capital frente al saldo de la deuda del Sector Público no Financiero, y se mantengan las tendencias de la deuda interna y externa.
Asegura que de aplicarse esta política en 2024 se habrá eliminado el déficit y se habrá desmontado el motor de la deuda actual.
El planteamiento está contenido en el informe “Una propuesta para corregir la situación fiscal y de deuda pública”, preparado por el economista Ceara Hatton.
Peligro de la deuda
Señala que si la deuda pública neta sigue creciendo al ritmo actual (alrededor de US$2,400 millones anuales en los 58 meses que van desde finales de 2013 a octubre de 2017) se creará un escenario insostenible y obligará a un ajuste de mercado.
“El monto de la deuda pública dominicana crece cada vez más, hasta el punto de que desde finales de 2012 a octubre de 2017 la deuda consolidada aumentó a un ritmo de casi 7 millones diarios, equivalentes a RD$318 millones”, aseguró el economista.
Dos motores de la deuda
Apunta que la deuda tiene dos motores, que son la política monetaria y la venta de certificados del Banco Central, que es una deuda pública cuyo origen está en el fraude bancario de 2003-3004 y que ha sido el costo de la estabilidad cambiaria, de precios y del incumplimiento del Gobierno central con la capitalización del Banco Central.
El segundo, es el déficit público, que refleja las políticas del gasto público e impositiva del Gobierno central.
“Estos dos motores han llevado la deuda consolidada del sector público a US$37 mil millones, equivalentes al 50 % del PIB, correspondiendo al Sector Público no Financiero (SPNF), es decir el Gobierno central, unos US$29 mil millones o el 39 por ciento del PIB.
El otro componente es la deuda del Sector Público Financiero (SPF) – Banco Central-, que es responsable de unos US$10 mil millones, equivalentes a 14 por ciento del PIB.
Miguel Ceara Haton asegura que si el gasto público crece a un ritmo de 3.1 %, el equilibrio se alcanzaría en el año 2020, pero se reduciría el gasto público
Crecer sin mejoría
El economista indica que el crecimiento económico del país no ha servido para financiar la calidad de vida de la gente y que sobre la base de una serie, de 1990 a 2017, se puede determinar que la República Dominicana fue el séptimo país en el mundo que menos aprovechó las oportunidades del aumento de la riqueza por habitante para mejorar la calidad de vida de la población, principalmente en educación y en salud, así como otros servicios básicos.
—1— Advertencia
Ceara Hatton advierte que de repetirse lo ocurrido en los últimos años, el déficit del Gobierno se mantendría entre 2.3 a 2.4 % del Producto Interno Bruto para los años 2018 hasta 2024.
—2— Deuda
Agrega que la deuda del sector público no financiero subiría a 42 % del PIB en el año 2022 y 43 % en 2024
http://eldia.com.do/el-deficit-fiscal-se-eliminaria-en-2024-bajando-el-gasto/





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“Yo no me voy del país y menos para Colombia”, afirma el padre Rogelio Cruz

“Yo no me voy del país y menos para Colombia”, afirma el padre Rogelio Cruz

El sacerdote salesiano Rogelio Cruz ha sido un defensor incansable de Loma Miranda.
El sacerdote salesiano Rogelio Cruz ha sido un defensor incansable de Loma Miranda.

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SANTO DOMINGO.- El sacerdote  Rogelio Cruz confirmó este jueves que recibió una orden de traslado a Colombia emitida por la Congregación Salesiana y aseguró que no se irá del país.
“Yo no me voy del país y menos para Colombia”, dijo categóricamente el padre Rogelio Cruz a El Día, tras precisar que tiene un compromiso con el país, de trabajar con los pobres.
“Ahora es que quieren que yo deje eso y me dedique a rezar”, sostuvo el sacerdote asignado a la provincia de La Vega y quien  se ha destacado en luchas sociales, como es el caso de  la defensa de la Loma Miranda y su oposición a que fuera explotada por la empresa Falconbridge.
La Congregación salesiana envió al padre Rogelio Cruz a un curso de cuatro meses de actualización de espiritualidad en Colombia, pero este se ha resistido a ir en el entendido de que lo que se busca es sacarlo del país por presión de las empresas mineras.
Es la segunda vez que el sacerdote salesiano se resiste a acatar una decisión de la orden religiosa de enviarlo fuera del país y la vez anterior se le sancionó con una suspensión de varios años.
En esa oportunidad se mantuvo activo en el ministerio sacerdotal porque fue acogido por el obispo de San Francisco de Macorís, monseñor Jesús de Jesús Moya.
El padre Rogelio Cruz alcanzó notoriedad pública mientras servía en el barrio de Cristo Rey como vicario de Pastoral Juvenil de la parroquia que lleva el nombre del sector.http://eldia.com.do/yo-no-me-voy-del-pais-y-menos-para-colombia-afirma-el-padre-rogelio-cruz/
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Reinaldo Pared favorece que se dé preferencia a leyes de Partidos y Electoral

POLÍTICA | 08 FEB 2018, 1:25 PM |NIZA CAMPOS
Reinaldo Pared favorece que se dé preferencia a leyes de Partidos y Electoral



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SANTO DOMINGO. Luego de presentar la nueva delegación del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Reinado Pared Pérez, secretario general de la organización, favoreció que en el Congreso Nacional le otorgue preferencia a los proyectos de leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral, presentados por la Junta Central Electoral (JCE).
Indicó que una vez iniciada la próxima legislatura se le debe dar prioridad al conocimiento de ambos proyectos.
Dijo confiar que en esta oportunidad se logre un consenso para la aprobación.
De su lado, Julio César Castaños Guzmán, presidente de la JCE, recalcó que tiene fe de que habrá este año leyes de Partidos Políticos y de Régimen Electoral.
Pared Pérez presentó a la Junta a José Ramón Fadul, como nuevo delegado político, en la Dirección Elecciones estarán José Manuel Hernández Peguero y Braulio Frías, Danilo Diaz, suplente a delegado, y Bienvenido Casado, ante el centro de cómputos.
Los peledeistas se reunieron por más de una hora con los miembros del pleno de la Junta Central Electoral. https://www.diariolibre.com/noticias/politica/reinaldo-pared-favorece-que-se-de-preferencia-a-leyes-de-partidos-y-electoral-XY9144505






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José Rijo, Experto en Presupuesto | @j_rijo @JBolivarDiaz @UnomasUnotv @AnaMitila


José Rijo, Experto en Presupuesto https://youtu.be/HftI8pFU4v4
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Estado dominicano aporta 84.2% de los recursos ejecutados en Punta Catalina | #PuntaCatalina

DESTACADO

Estado dominicano aporta 84.2% de los recursos ejecutados en Punta CatalinaDe una inversión de US$1,848.9 millones, República Dominicana ha erogado US$1,557.4 millones

Jairon SeverinoPor: Jairon SeverinoSanto Domingo0     Compartir8 de febrero, 2018
punta catalina plantas de carbon
El proyecto de Punta Catalina está planteado como idóneo para iniciar la emisión de acciones en el país.
Las plantas de carbón que construye el Gobierno en Punta Catalina, provincia Peravia, fueron definidas, desde sus inicios, como un proyecto de Estado. Y así ha sido. Nada, ni siquiera los escándalos en los que se ha visto envuelto su principal contratista, han detenido su construcción.
Es la obra de infraestructura más costosa jamás emprendida en el país y cuyo costo podría llegar a los US$2,653 millones si se suman los US$708 millones adicionales que pide el consorcio que las construye.
El Estado decidió terminarlas al precio que sea. Por suerte, los precios del petróleo han dado holgura relativa para cubrir la falta del financiamiento que nunca llegó, con excepción de los US$291.4 millones del pool de bancos europeos liderados por el Grupo Sace. El proyecto de Punta Catalina tendrá una capacidad instalada de 752 megavatios brutos.
La Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), en su informe a la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), a propósito de la consulta del Artículo IV del Acuerdo Constitutivo de ese organismo, reveló que a la fecha se han invertido US$1,848.9 millones en el proyecto y que está en un 85.3%.
Estos números dan cuenta de que se ha desembolsado el 95% del presupuesto original de Punta Catalina, que ascendía a US$1,945 millones. De la inversión ejecutada, US$1,557.4 millones han sido aportados por el Estado, es decir, un 84.2%.
Los funcionarios de la CDEEE aseguraron a la misión del FMI que el proceso de arbitraje al cual irán con el Consorcio Odebrecht,-Tecnimont-Estrella, por el reclamo de US$708 millones adicionales a los US$1,945 millones de valor contractual, no afectará el cronograma de construcción.

Primeras pruebas

En la inversión ejecutada, según el administrador del proyecto, Jaime Aristy Escuder, se incluyen los US$150 millones de anticipo que entregó el Estado para iniciar la obra.
Las autoridades prevén que la primera unidad de 376 megavatios comenzará sus pruebas en la segunda mitad de este año. La promesa es que antes de que se inicie el 2019 la central esté en operación.
https://www.eldinero.com.do/54888/estado-dominicano-aporta-84-2-de-los-recursos-ejecutados-en-punta-catalina/
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Sorprenden y preocupan los resultados de la evaluación docente

Sorprenden y preocupan los resultados de la evaluación docente

Esta evaluación diagnóstica del desempeño docente indica dónde está ubicado cada docente, según obtenga la categoría de excelente, muy bueno, bueno o mejorable en los cinco aspectos que evalúa: observación de clase, planificación, ejercicio del rendimiento profesional, evaluación del director y autoevaluación.Foto: Acento.com.do/Archivo 
Emilio Vargas - 7 de febrero de 2018 
En el país no existe un sistema consolidado de evaluación del desempeño docente, aunque está establecido en la Ley de Educación 66´97. De hecho, la última ocurrió 9 años atrás. Según esta ley, el artículo 151 establece: “La política salarial […] se vinculará al Escalafón Magisterial, con el esquema de incentivos”.
La evaluación del desempeño docente, cuya primera fase concluyó en diciembre pasado con la que participación de 44,959 maestros y profesores; para la segunda fase quedaron 21,406. Ambas son, básicamente, para aplicar los incentivos pendientes. Según Denise Vaillant (2015), en muchos países las políticas de incentivos aparecen estrechamente vinculadas con el sistema de evaluación docente. Sin embargo, estas políticas de incentivos ligadas a la evaluación docente no han dado resultados, porque los mecanismos de evaluación que llevan al otorgamiento de los incentivos tienen muchas debilidades constatadas. En muchos casos los docentes buscan ayuda para preparar la clase que van a presentar, por ejemplo.
En educación, como en cualquier otra área, evaluar es un ejercicio de comparación y se compara para saber el nivel de logro de los objetivos y competencias establecidos en el curriculum, por tanto, la evaluación es una actividad que va después de la de­finición de lo que se quiere obtener, en este caso conocer el grado de desempeño de los maestros y profesores de la educación preuniversitaria dominicana. Asimismo, es una herramienta para mejorar, tanto los procesos como  los resultados. Consecuentemente, se evalúa para tomar decisiones fundamentadas en los resultados.
En ese sentido, el ministro de Educación dijo en el Seminario-Taller: Evaluación del Desempeño Docente 2017: “el objetivo de este proceso es, no sólo aplicar los merecidos incentivos a los maestros, sino, fundamentalmente, hacer un diagnóstico de las fortalezas y las debilidades para la mejora de la calidad educativa”. Y agregó: “la evaluación por desempeño no será para juzgar quién lo hace bien o mal, “qué maestro es bueno o malo. Más bien pretende identificar debilidades y fortalezas en nuestro magisterio para saber dónde hacer mayor énfasis en la formación continua”.
Esta evaluación diagnóstica del desempeño docente indica dónde está ubicado cada docente, según obtenga la categoría de excelente, muy bueno, bueno o mejorable en los cinco aspectos que evalúa: observación de clase, planificación, ejercicio del rendimiento profesional, evaluación del director y autoevaluación. A continuación se presentan los resultados en las tablas 1 y 2.
En los resultados porcentuales promedios que presenta la Tabla 1, se observa que el 4% de los docentes evaluados quedó en la categoría Excelente, el 38% en Muy Bueno, el 39% en Bueno y el 19% en Mejorable.  Es decir, que si se suman los tres primeros porcentajes totalizan  81%. Estas cifras positivas motivaron a Víctor García, a nombre de la Asociación  Dominicana  de Profesores (ADP), a expresar:
Fuente: Elaboración propia, con datos de la página del  Minerd.
“Constituye una bofetada para algunos sectores del país que viven diciendo que la educación pública es lo más malo” (sic).
En cuanto a los resultados por Dirección Regional, en la categoría Excelente los porcentajes promedios oscilan entre 0.0 y 9.3, obtenidos por los docentes de Bahoruco y Montecristi, respectivamente. En la categoría Muy Bueno, el menor porcentaje es 2.3 para los docentes de Bahoruco y el mayor 67.2 para los de Mao. En la categoría Bueno, el menor porcentaje es 22.6 para los docentes de Mao y el mayor es 49.5 para los de Puerto Plata.
En términos generales, la Dirección Regional con mejor desempeño de sus docentes, de acuerdo a los puntajes promedios obtenidos es Montecristi, que acumula 93.6% en las categorías positivas y 6.5 en Mejorable, mientras que la de Bahoruco acumula 29.9 en las categorías positivas y 70.1 en Mejorable.
En la Tabla 2, se observa que los directores de los centros educativos evaluaron al 75.6% de sus docentes como excelentes; pero solo el 66.8% de ellos se reconoce como tal en la autoevaluación, es decir que el 8.8% no se ubica en esa categoría.
                               
Se revela en esta tabla una contradicción, porque según los evaluadores, el 33.3% de la población docente necesita mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje; el 62.0% la planificación de clase y el 27.8% el rendimiento profesional. Mientras que para los directores y los docentes apenas el 2.3 y 3.7%, respectivamente, deben mejorar su práctica. 
La puntuación promedio en la categoría Excelente que otorgaron los directores de centros y la que se adjudicaron los docentes en la autoevaluación (75.6 y 66.8), sorprenden y preocupan, porque no hay forma de explicar cómo con una población de docentes excelentes tan significativa, los estudiantes no están aprendiendo lo que tienen que aprender. Así lo han demostrado las tres evaluaciones del LLECE/UNESCO, denominadas PERCE, SERCE y TERCE aplicadas en el Nivel Primario y la primera de la OCDE con PISA, los primeros años del Nivel Secundario. En todas, los estudiantes dominicanos han quedado en los últimos lugares.
Ante los resultados sorprendentes y preocupantes de esta evaluación del desempeño docente, corresponde ahora al Ministerio de Educación y al Instituto Dominicano de Evaluación e Investigación de la Calidad Educativa evaluar la evaluación, para que en otras  futuras se obtengan resultados más confiables. 
https://acento.com.do/2018/opinion/editorial/8534762-sorprenden-preocupan-los-resultados-la-evaluacion-docente/
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Un acuerdo necesario para la recapitalización del Banco Central | ECONOMIA | Bancos

EDITORIAL
Un acuerdo necesario para la recapitalización del Banco Central 
La Ley de Recapitalización del Banco Central, marcada con el número 167-07, no ha tenido suerte. Su incumplimiento es la prueba más fehaciente de la debilidad institucional y del efecto cero que tiene la infracción a cualquier legislación.
8 de febrero, 2018
La Ley de Recapitalización del Banco Central, marcada con el número 167-07, no ha tenido suerte. Su incumplimiento es la prueba más fehaciente de la debilidad institucional y del efecto cero que tiene la infracción a cualquier legislación. El Presidente de la República jura ante la Asamblea Nacional “cumplir y hacer cumplir las leyes y la Constitución”.
El Banco Central es una institución fundamental para lograr los objetivos de estabilidad macroeconómica que requiere nuestro país, especialmente si el enfoque está dirigido a lograr equidad o una justa distribución de las riquezas. Hay que ponerse de acuerdo con la Ley 167-07, cuya propuesta de modificación se viene barajando desde finales de 2009, a dos años de haberse promulgado.
Lo primero que hace esta legislación es reconocer un problema. Describe que los bancos centrales, como entes emisores y ejecutores de políticas monetarias que procuran mantener la estabilidad de precios, especialmente en los países en vías de desarrollo, han confrontado en distintos estadios de su evolución situaciones deficitarias cuyas pérdidas operacionales se denominan cuasifiscales hasta tanto no sean cubiertas por el Estado.
En esencia, la ley establece los mecanismos legales y financieros para alcanzar la recapitalización del Banco Central en un período previsto de 10 años. La legislación aprobó la emisión global de bonos para la recapitalización por RD$320,000 millones, quedando facultada a realizar las correspondientes emisiones parciales anuales con cargo al mismo en el período comprendido entre los años 2007 y 2016. El cumplimiento de este mandato ha dejado mucho qué desear.
Respecto a cómo se manejó el tema con la modificación del Presupuesto de 2017, las autoridades de Hacienda explicaron que el Gobierno transfirió al Banco Central una cantidad de recursos incluso superior a la presupuestada en ese año, pero bajo el concepto de pagos de compromisos correspondientes a períodos anteriores. Ciertamente que esto no se entendió.
Lo que sí debió aplicarse es el mandado de la Ley 167-07, que establecía recapitalizar el Banco Central en una década. El ministro de Hacienda en 2010, Vicente Bengoa, afirmó que en los términos en que está concebida esta legislación es inaplicable e insostenible desde el punto de vista fiscal, por lo que era necesaria su modificación.
De acuerdo con la ley, a partir de 2017 las transferencias a ser consignadas anualmente en el Presupuesto, equivalente a la suma de los intereses por los bonos para la recapitalización emitidos y cualquier otro tipo de transferencia, iniciarán un proceso de desmonte gradual que no podrá ser inferior al 1% del PIB, hasta que se complete la redención de los bonos para la recapitalización.
Ahora se sabe que el Banco Central tiene listo un anteproyecto de ley de recapitalización y que el Ministerio de Hacienda tiene otro. Sin embargo, hay algunas diferencias que, según el gobernador Héctor Valdez Albizu, son mínimas, o sea, “no son tan abismales”.
Si ya están terminados los dos anteproyectos, la solución a la vista es sentarse a afinar, porque es entendible que las cosas no son de un solo lado. Lo bueno en todo esto es que hay una carga de optimismo en este proceso, lo que redundará en una solución al déficit del Banco Central y así poner fin a uno de los problemas más preocupantes para las finanzas públicas.
Es de orden recordar, y así lo hace la legislación, que luego de varios años de estabilidad macroeconómica y crecimiento, la economía dominicana sufrió en 2003 una de las crisis más graves de su historia, tras la quiebra del Baninter, uno de los bancos más grandes del sistema financiero y los problemas que presentaron Bancrédito y Mercantil. Esta situación aceleró el crecimiento de los agregados monetarios, a través de la concesión de facilidades de liquidez inorgánicas para el pago a los depositantes, que ascendieron RD$105,695.4 millones. https://www.eldinero.com.do/54692/un-acuerdo-necesario-para-la-recapitalizacion-del-banco-central/
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