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miércoles, 29 de septiembre de 2021

VENEZUELA La ONU denunció “ataques, hostigamientos y amenazas” de la dictadura de Maduro contra defensores de derechos humanos venezolanos Los relatores del organismo condenaron la creciente persecución del régimen chavista contra activistas y ONGs 29 de Septiembre de 2021 https://www.infobae.com/america/venezuela/2021/09/29/la-onu-denuncio-ataques-hostigamientos-y-amenazas-de-la-dictadura-de-maduro-contra-defensores-de-derechos-humanos-venezolanos/

 VENEZUELA

La ONU denunció “ataques, hostigamientos y amenazas” de la dictadura de Maduro contra defensores de derechos humanos venezolanos

Los relatores del organismo condenaron la creciente persecución del régimen chavista contra activistas y ONGs

29 de Septiembre de 2021

Agentes de las FAES persiguen y hostigan a activistas venezolanos
Agentes de las FAES persiguen y hostigan a activistas venezolanos

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) volvió a denunciar la persecución y hostigamiento de la dictadura de Nicolás Maduro contra activistas y defensores de los derechos humanos en Venezuela.

Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos; Miriam Estrada-Castillo, Vicepresidenta del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria; Clement Nyaletsossi Voule, Relator Especial sobre los derechos a la libertad de reunión pacífica y de asociación; y Fionnuala Ní Aoláin, Relatora Especial sobre la promoción de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, emitieron un comunicado conjunto en el que advierten y denuncian la “criminalización, ataques, hostigamientos y amenazas” del régimen chavista contra activistas venezolanos.

Al respecto, condenaron la persecución perpetrada por la dictadura contra los activistas Orlando Moreno, Gerardo Ernesto Carrero Delgado, Javier Tarazona, Rodney Antonio Álvarez Rodríguez, Guillermo Zárraga, Eudis Girot y Karen Caruci. Sobre esta última, indicaron, “habría sido objeto de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes”.

Estos defensores de los derechos humanos y actores de la sociedad civil que cooperaron con Naciones Unidas son a menudo tildados por el régimen de “criminales”, “mercenarios”, “terroristas” y “enemigos del Estado”, lamentó Ilze Brands Kehris, subsecretaria general de la ONU.

La ONU concluyó que los ataques contra activistas y organizaciones defensoras de los derechos humanos aumentó durante la pandemia de coronavirus: “Estos hechos incluirían actos de intimidación, hostigamiento, estigmatización, allanamientos arbitrarios, confiscación de equipos e insumos, congelamiento de cuentas bancarias, presuntas detenciones arbitrarias, judicialización, amenazas de muerte, criminalización de la cooperación internacional, represalias por denuncias ante organismos internacionales, ataques digitales y restricciones legales a la libertad de asociación”.

Los funcionarios del organismo internacional recordaron que en diciembre de 2020 miembros de la ONG Convite reportaron la confiscación de equipos y documentos por parte de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), uno de los brazos armados de la dictadura de Maduro. En enero de este año, en tanto, integrantes de la organización Azul Positivo “fueron detenidos arbitrariamente durante un mes” y sus equipos decomisados.

Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU (Foto: AFP)
Mary Lawlor, Relatora Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU (Foto: AFP)

En el marco de la creciente persecución contras las organizaciones de derechos humanos, el régimen chavista implementó nuevas medidas en los últimos tiempos, que incluyen requisitos oficiales y obligatorios de registro. En octubre de 2020, la dictadura de Maduro emitió una orden que obliga a las ONG domiciliadas en el extranjero a solicitar una certificación a través de un registro en línea para poder operar en Venezuela.

“Si bien este registro tiene el objetivo de facilitar el trabajo de las ONGs en el país, este puede ser denegado por motivos de ‘orden público y soberanía’ y excluye a las ONGs que no forman parte del Plan de Respuesta Humanitaria. La Superintendencia de Bancos también habría emitido una orden que permite la supervisión de las operaciones bancarias de las organizaciones de la sociedad civil”, señala el informe de la ONU.

Y agrega: “Organizaciones de la sociedad civil han reportado desafíos concretos para realizar sus actividades debido a los registros existentes. Por ejemplo, el director de la organización Fundaredes, Javier Tarazona, habría enfrentado dificultades para poder firmar la póliza de seguro del personal de su organización”.

El pasado 2 de julio, Tarazona fue detenido junto a los miembros de la organización Rafael Tarazona y Omar García. El director de Fundaredes fue la voz que informó, a falta de datos oficiales, del conflicto que comenzó en marzo pasado entre las Fuerzas Armadas de Venezuela y un grupo de disidentes de las FARC en el estado Apure (fronterizo con Colombia) y que se prolongó por aproximadamente dos meses con un saldo indeterminado de fallecidos.

Al frente de la ONG, el director se convirtió en una de las escasas fuentes para conocer lo que sucedía en la zona, ante el silencio gubernamental.

Javier Tarazona, coordinador de Fundaredes, fue detenido por la dictadura de Maduro
Javier Tarazona, coordinador de Fundaredes, fue detenido por la dictadura de Maduro

En el comunicado conjunto los relatores de la ONU detallaron cada caso de los activistas perseguidos y detenidos por el régimen de Maduro, y expusieron sus preocupaciones “ante los alegatos relacionados con presuntos ataques, hostigamientos, amenazas, tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes y criminalización de las personas defensoras de derechos humanos señaladas en esta comunicación”.

En esa línea, condenaron que “las autoridades desacrediten públicamente el trabajo de las ONGs y de los defensores de derechos humanos asociados a ellas”. “También expresamos preocupación que la legislación antiterrorista sea utilizada para moderar y criminalizar las actividades, por lo demás legítimas, de defensores de derechos humanos”.

“Alegaciones como las mencionadas anteriormente podrían tener un efecto disuasivo en la sociedad civil del país. Enfatizamos el deber del Estado de promover y reconocer, así como de proteger y defender los derechos humanos y la importante contribución que las organizaciones de derechos humanos y los/las defensoras que las integran hacen en la construcción de una sociedad más justa e inclusiva”, concluyeron.

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martes, 25 de septiembre de 2018

Programa anticorrupción | por Juan Llado

Programa anticorrupción

Juan Llado - 24 de septiembre de 2018 
Juan Llado
El moquillo existencial más funesto que hoy atasca el desarrollo nacional es la corrupción y su vil secuela de impunidad. Las evaluaciones de Transparencia Internacional, el Foro Económico Mundial y las últimas encuestas locales de Gallup y Mark Pen así lo atestiguan. Hermano gemelo de tal desvarío es la crisis de credibilidad que sufren los partidos. En gran medida, lo primero es responsable de lo segundo. De ahí que para resarcir el daño y rescatar la moralidad pública será entonces necesario que, de cara al certamen electoral del 2020, al país se le presente un efectivo programa anticorrupción a ser implacablemente ejecutado por un nuevo gobierno.
Para conjurar el flagelo los partidos políticos están emplazados a que produzcan propuestas serias y abarcadoras. Su rol tutelar de la sociedad les asigna la mayor responsabilidad. Sin embargo, los escarceos retóricos que de ellos emanan al respecto hacen predecible que las propuestas correspondientes no serán más que parches y paliativos. (¿Quién fue que dijo que las clases no se suicidan?) Sería pues oportuno y conveniente que fuera la sociedad civil quien les supliera un modelo de estrategia que sirva de base a los programas de gobierno respectivos.
Por supuesto, la creencia de que la manufactura civil de tal estrategia seria pulcra y efectiva podría ser cuestionada. Por aquello de que “no hay corrupto sin corruptor” es dable colegir que la clase política y la sociedad civil son dos caras de la misma moneda. (Las encuestas no miden la credibilidad de la sociedad civil, pero sí de algunas de sus instituciones como la iglesia católica). Sin embargo, la justificación de preferir el método sugerido es la razonable premisa de que la sociedad civil organizada tendría mayores razones para procurar un manejo ético de la función pública y una mejor escala de valores en la sociedad. Además, conviene su involucramiento si solo para comprobar que una mayor participación política de los diferentes segmentos de la sociedad puede sanear la moralidad pública.
Definir quién debe representar a la “sociedad civil” en la tarea es el primer paso. Los gremios empresariales, las iglesias, las oenegés y las organizaciones sindicales estarían entre los escogidos. En vista de que involucrarlos a todos haría muy compleja la participación y retardaría los resultados, aquí proponemos que sean Participación Ciudadana, FINJUS, Centro Juan XXIII y el CODUE quienes se encarguen. Puesto que el tiempo electoral se viene encima, cada una de estas instituciones produciría, en no más de tres meses, su propuesta de estrategia y de ellas se consensuaría la final. El resultado se presentaría a los partidos en febrero del 2019.
Los alcances de la estrategia deberán concentrarse en por lo menos tres diferentes frentes. El primero tendría que ver con la transparencia y probidad en el manejo de los recursos del Estado, el segundo se referiría al reforzamiento de los valores en los estratos más relevantes de la población (p. ej. los estudiantes) y el tercero con el sistema de evaluación y monitoreo (tanto de entidades públicas como privadas). 
Lo primero requeriría de reformas constitucionales y de nuevas normativas, mientras lo segundo podría incluir programas docentes, publicidad y actividades cívicas. En cuanto a la evaluación y monitoreo del desempeño deberán crearse observatorios ciudadanos como el de Colombia (http://www.anticorrupcion.gov.co/Paginas/index.aspx) y otros métodos de vigilancia.
Cada una de las organizaciones mencionadas podrá auxiliarse de expertos nacionales e internacionales.  Una amplia literatura sobre el tema está disponible en el internet y algunos países han incorporado la lucha contra la corrupción como parte de su política exterior, además de que varios organismos internacionales la tienen entre sus prioridades. (La VIII Cumbre de las Americas, celebrada en Perú en abril de este ano, tuvo a la corrupción como tema central.)  Un marco de referencia invaluable son las convenciones anticorrupción de la OEA y Naciones Unidas (http://www.oas.org/es/sla/ddi/docs/tratados_multilaterales_interamericanos_B-58_contra_Corrupcion.pdf y https://www.unodc.org/pdf/corruption/publications_unodc_convention-s.pdf) y los programas que ha venido desarrollando el PNUD en unos cuantos países del hemisferio (file:///D:/Downloads/Programas_Anticorrupcion.pdf).
El FMI, por su parte, ha adoptado recientemente un marco de política en materia de corrupción para trabajar con los gobiernos y ofrece ayuda para revisar las normativas existentes (https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=9170). La OECD, por su parte, ha producido lineamientos para la lucha contra la corrupción en América Latina ((http://www.oecd.org/daf/anti-bribery/programa-anticorrupcion-ocde-para-america-latina.htm). Y un ejemplo que puede servir de referencia nacional es el de México ((https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/participacion-programa-anticorrupcion). A nivel de las empresas se puede consultar los trabajos de diferentes consultoras internacionales disponibles en la web (p. ej. https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/co/Documents/risk/Desayuno%20Programas%20de%20cumplimiento%20(Sep13).pdf).
A nivel nacional deberá revisarse un proyecto patrocinado por el Banco Mundial en el 2010 (https://sites.google.com/site/proyectoipac/). También los análisis que sobre el tema ha hecho Participación Ciudadana (PC), aunque los mismos han estado centrados en identificar los hechos y no necesariamente en las soluciones. PC representa a la oenegé Transparencia Internacional, la cual es una coalición global contra la corrupción (https://www.transparency.org/country/DOM). Esta podría servir de secretariado a los comisionados propuestos de la sociedad civil. 
Christine Lagarde, Directora Ejecutiva del FMI, dice: “Para ser verdaderamente eficaces, las estrategias contra la corrupción no deben reducirse simplemente al encarcelamiento de gente. Requieren reformas normativas e institucionales más amplias. Al fin y al cabo, la “cura” más perdurable para la corrupción es contar con instituciones sólidas, transparentes y que den cuenta de sus actos.” El FMI está dispuesto a ayudar en la tarea anticorrupción y solo requiere que el gobierno lo solicite, como ya han hecho una cantidad de países. De manera que los comisionados tienen muchas referencias y potenciales colaboradores para emprender la tarea.
Después de elaborada, la estrategia deberá ser presentada formalmente a los partidos para su ponderación.  Estos a su vez deberán discutirla e incorporar en sus respectivos programas de gobierno aquellas provisiones que crean pertinentes o hacer suya la estrategia completa sin quitar o añadir nada. Una institución como el Consejo Económico y Social podría actuar de anfitrión institucional para celebrar un evento donde se entregue el documento correspondiente. También podría servir de soporte institucional a los comisionados.
Lo ideal, por supuesto, sería que todos los partidos firmaran un Pacto por la Moralidad Pública y asumieran simultáneamente los planteamientos de la estrategia propuesta. Pero los comisionados deberán discutir los bemoles de esta medida. Es posible que haya un fácil entendimiento de que es mejor aparentar aceptación para satisfacer los reclamos de la sociedad civil, aunque posteriormente se tire la estrategia al zafacón una vez en el poder.  De ahí que los mecanismos de seguimiento en la ejecución tendrán que diseñarse para que esto no pueda suceder.  Si se fracasa en el seguimiento se fracasaría en la lucha contra la corrupción y la impunidad. 
https://acento.com.do/2018/opinion/8608120-programa-anticorrupcion/

domingo, 11 de febrero de 2018

Reino Unido cortará las ayudas a las ONG con escándalos de acoso sexual y prostitución tras el caso de Oxfam

Reino Unido cortará las ayudas a las ONG con escándalos de acoso sexual y prostitución tras el caso de Oxfam

Al menos 120 trabajadores de organizaciones no gubernamentales británicas fueron acusados de abusos el año pasado, según revela este domingo 'The Sunday Times'

https://elpais.com/internacional/2018/02/11/actualidad/1518346674_396742.html

La ministra de Cooperación de Reino Unido, Penny Mordaunt, el pasado 6 de febrero en Londres. REUTERS-QUALITY
Reino Unido retirará la financiación a todas las ONG que no cumplan los estándares de comportamiento en el trabajo de campo, según ha advertido la ministra de Cooperación, Penny Mordaunt, en respuesta a las acusaciones de explotación sexual contra los trabajadores de Oxfam en Haití. La organización humanitaria, una de las más importantes del país, se ha visto envuelta en un tremendo escándalo después de que The Times publicase el contenido de un demoledor informe interno: según este, trabajadores de la misión que la ONG desplegó en el país caribeño tras el devastador terremoto de 2010, entre ellos su jefe, Roland van Hauwermeiren, contrataron los servicios de prostitutas —algunas, probablemente, menores de edad— con el dinero de la organización.


"En relación con Oxfam y con cualquier otra organización que tenga problemas de salvaguardia, esperamos que cooperen plenamente con las autoridades. Cesaremos los fondos a cualquier organización que no lo haga", ha dicho la ministra Mordaunt a través de un comunicado.
El escándalo se ha extendido este domingo a otras misiones humanitarias y a otras ONG. Hasta el punto de que Priti Patel, predecesora de Mordaunt en el ministerio, ha alertado de que se ha tolerado que “pedófilos depredadores” explotaran el sector de la ayuda humanitaria. Un extrabajador de la Cruz Roja y de las Naciones Unidas, Andrew MacLeod, reconoció a The Sunday Times que existe una falta de respuestas contra la "pedofilia institucionalizada" entre los cooperantes en misiones internacionales. Las revelaciones han precipitado un cuestionamiento de la regulación de las organizaciones dedicadas a la cooperación internacional.
The Sunday Times publica que al menos 120 trabajadores de organizaciones no gubernamentales británicas fueron acusados de abusos sexuales el año pasado. Según las cifras publicadas por el periódico, Oxfam registró 87 casos; Save the Children, 31 —de los cuales diez "fueron puestos en conocimiento de la policía y las autoridades civiles"—; y la organización Christian Aid registró dos incidentes.
En el caso de Oxfam, con 5.000 empleados y una red de 23.000 voluntarios, la organización derivó a las autoridades 53 de estas acusaciones. Según Save the Children, los 31 casos registrados en su seno se produjeron en el extranjero y 16 personas fueron despedidas como resultado de las acusaciones. Christian Aid afirmó, por su parte, que apartó a uno de sus trabajadores y tomó "acciones disciplinarias" contra otro. La Cruz Roja en Reino Unido admitió que ha habido "una pequeña cantidad de casos de acoso", que el periódico cuantifica en cinco.
El diario The Observer, por su parte, publica este domingo acusaciones de un antiguo trabajador de Oxfam que detalla cómo los cooperantes utilizaron a prostitutas en el Chad en 2006. En ese momento, el jefe de la misión en el país era el propio Roland van Hauwermeiren, que dimitió en 2011 tras admitir la explotación sexual de mujeres tras en Haití. De acuerdo con The Times, la entonces directora ejecutiva de la ONG, Barbara Stocking, ofreció a Van Hauwermeiren una "salida por etapas y digna" porque su despido habría tenido "implicaciones potencialmente serias" para la labor de Oxfam y su reputación.
Oxfam ha reconocido que "el comportamiento de algunos miembros del personal en Haití fue totalmente inaceptable" y ha destacado que inició una investigación interna para llegar "hasta el fondo" del asunto. También informó al Parlamento y a la agencia de cooperación británica (DFID), así como a otros donantes, como la UE y la ONU.
La ministra Penny Mordaunt ha avanzado que se comunicará con todas las ONG británicas que están trabajando en el extranjero para que le informen sobre la existencia y la resolución de casos anteriores y de las medidas adoptadas para que no se repitan. "Es totalmente despreciable que la explotación y los abusos sexuales se sigan dando en el sector de la ayuda humanitaria", ha escrito la titular de Cooperación.
Mordaunt se reunirá el lunes con responsables de Oxfam, que recibió 36 millones de euros del Estado en el último ejercicio fiscal. “Les voy a dar la oportunidad de decirme en persona lo que han hecho después de los incidentes y voy a ver si demuestran las cualidades morales que yo pineso que necesiran”, ha dicho la ministra en la BBC.
Oxfam ha asegurado que ahora cuenta con un equipo dedicado a detectar posibles casos de mala conducta, y una línea telefónica confidencial para denunciantes. Pero Mordaunt ha sugerido este domingo que no cree que los nuevos procedimientos, por sí solos, sean suficientes para convencerla de que la ONG debe seguir recibiendo fondos públicos. “No importa si tienes una línea para denuncias. No importa que tengas buenas prácticas de salvaguarda. Si el liderazgo moral no está en lo alto de la organización, no podemos tenerte como socio”, ha dicho.

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