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domingo, 1 de febrero de 2026

El futuro de la libertad de prensa en República Dominicana se decide ahora | El futuro de la libertad de prensa se decide ahora


El futuro de la libertad de prensa en República Dominicana se decide ahora 

Por Luis Orlando Díaz Vólquez  

En un momento en que la libertad de prensa se tambalea en distintos rincones del mundo, la República Dominicana aparece como una excepción alentadora en América Latina. Nuestro país ha sido reconocido recientemente como líder regional en libertad de prensa, un logro que merece celebrarse. Sin embargo, sería un error pensar que esta posición privilegiada nos blinda de los riesgos que acechan a la profesión periodística.  

La libertad de prensa no es un derecho natural ni un privilegio eterno: es una conquista democrática que debe cuidarse, respaldarse y defenderse día tras día. En nuestro contexto, las amenazas no provienen únicamente de la censura directa o la represión política, sino de factores más sutiles y persistentes: la concentración de medios en pocas manos, la precarización laboral de los periodistas, la dependencia de plataformas digitales que absorben la publicidad y la creciente desinformación que circula en redes sociales.  

El debate legislativo sobre la nueva Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales es un ejemplo claro de los dilemas que enfrentamos. Si bien la intención declarada es modernizar el marco normativo, voces autorizadas —como la Sociedad Interamericana de Prensa— han advertido que ciertas disposiciones podrían convertirse en instrumentos de restricción. La pregunta es sencilla: ¿queremos una ley que fortalezca la investigación periodística y garantice pluralismo, o una que limite la crítica y debilite la democracia?  

La tecnología, por su parte, representa una disrupción que no podemos ignorar. La inteligencia artificial y los algoritmos de las plataformas digitales están transformando la manera en que se produce y se consume información. El reto es doble: aprovechar estas herramientas para enriquecer el periodismo sin caer en la tentación de sustituir la investigación rigurosa por contenidos superficiales, y al mismo tiempo regular el ecosistema digital para que no se convierta en un enemigo de la verdad.  

La República Dominicana tiene una oportunidad histórica: consolidar su liderazgo regional en libertad de prensa y convertirse en referente internacional. Para lograrlo, debemos garantizar transparencia en las ayudas públicas a los medios, fomentar la diversidad de voces, proteger el periodismo de investigación y promover una ciudadanía crítica capaz de distinguir entre hechos y rumores.  

La cuestión, eminentemente política en el sentido más noble del término, es esta: ¿en qué país queremos vivir? ¿En uno donde los rumores sustituyan a los hechos y los periodistas sean silenciados por la precariedad o la intimidación? ¿O en uno donde cada ciudadano pueda informarse libremente, comprender los retos de su tiempo y participar en la democracia con conocimiento de causa?  

El futuro de la libertad de prensa en la República Dominicana se decide ahora. Si lo defendemos, ganaremos todos; si lo descuidamos, perderemos mucho más que un derecho: perderemos parte esencial de nuestra democracia.  

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El futuro de la libertad de prensa se decide ahora

Thibaut Bruttin

En un momento en el que el derecho a la información se tambalea en varios continentes, hacer balance del estado de la libertad de prensa no es una cuestión teórica, sino una urgencia democrática. Así lo afirma Thibaut Bruttin, director general de Reporteros Sin Fronteras, ONG con sede en París. 

Este contenido fue publicado en
7 minutos
director general de Reporteros Sin Fronteras (RSF)

Desde hace varios años, Reporteros Sin Fronteras (RSF) viene observando un deterioro continuo, aunque el giro actual es especialmente preocupante. La libertad de prensa ya no solo se ve amenazada por la feroz represión contra los periodistas —al margen del derecho internacional— o por el acoso judicial contra la prensa: se está desmoronando bajo el efecto de las presiones económicas, tecnológicas y políticas que afectan a todas las regiones del mundo.

Nuestra última clasificación mundial de la libertad de prensa muestra que más de la mitad de la humanidad vive en países donde ahora los periodistas no pueden ejercer su profesión libremente y, aunque la brecha entre Europa y el resto del mundo se está ampliando, las democracias del Viejo Continente están experimentando tormentos similares, aunque en proporciones menos alarmantes, y siguen sobre todo las mismas tendencias que parecen inevitables con demasiada frecuencia.  

«La libertad de prensa se ve amenazada por aquellos mismos que deberían garantizarla. El indicador político del Ranking Mundial de RSF es el que más ha caído en 2024».

En 2024, RSF alertó sobre la responsabilidad de las declaraciones de las figuras políticas, que pretenden dirigirse al pueblo directamente y desacreditan las voces del periodismo. Este modelo durante mucho tiempo ha sido patrimonio de los regímenes dictatoriales y represivos, pero el éxito de líderes como Donald Trump ha generalizado un enfoque hacia la prensa hostil. La libertad de prensa se ve amenazada por quienes deberían ser sus garantes. El indicador político de la clasificación mundial de RSF es el que más ha bajado en 2024, con una caída global de 7,6 puntos.  

En 2025, RSF puso de relieve las presiones económicas que debilitan las redacciones: concentración de los medios de comunicación y atracción en una espiral mediática hacia la información de menor calidad, hacia el buzz; dependencia de las plataformas digitales; instrumentalización de las ayudas públicas, opacas o insuficientes; despidos masivos y empobrecimiento de los periodistas, tentados de complementar sus ingresos con trabajos de comunicación.

Ante este panorama mundial tan sombrío, Suiza parece ser una excepción relativa. Incluida desde hace varios años entre los diez primeros puestos de la clasificación de RSF, disfruta de un entorno mediático pluralista, una gran confianza en las instituciones y un espacio público muy activo. Pero esta envidiable posición no debe ocultar ciertas vulnerabilidades.  

El marco legislativo, en particular, todavía no protege el periodismo de investigación plenamente: el secreto bancario —tal y como actualmente está formulado en el artículo 47 de la Ley de Bancos— sigue disuadiendo que se divulgue información de interés público, sobre todo en un sector de actividad fundamental para la economía suiza. La legislación suiza permite, además, bloquear preventivamente una publicación ante un juez civil, y este procedimiento, cada vez más utilizado contra los medios de comunicación, se asemeja a un amordazamiento.   

Por otra parte, los medios de comunicación suizos no escapan a los efectos de la concentración. El riesgo es real: perder medios de comunicación es perder puntos de vista, voces, hechos y, a la larga, parte de la democracia en una comunidad política caracterizada por la diversidad. En este sentido, la campaña contra los medios de comunicación de servicio público podría suponer un duro golpe para las emisoras que encarnan el pluralismo de la información.

La disrupción que representa la tecnología también debe considerarse una amenaza para la libertad de prensa, ya que la aparición de las redes sociales y los motores de búsqueda ha provocado una sangría en los ingresos publicitarios de los medios, así como un colapso en su visibilidad. En un momento en el que la inteligencia artificial afecta al núcleo de la profesión periodística —la producción de contenidos—, es urgente que quienes dirigen los medios de comunicación y las redacciones fomenten un uso responsable de estas tecnologías, excluyendo que se rechace tanto el progreso como la adhesión ciega.

«La libertad de prensa no es un logro natural, ni en Suiza ni en ningún otro lugar. Debe ser cuidada, respaldada y defendida.»

Pero el apoyo a la libertad de prensa no es solo una cuestión interna. Suiza, por su historia y su presencia diplomática, tiene un papel internacional esencial que desempeñar. Ginebra es uno de los pocos lugares del mundo donde se dan cita periodistas en el exilio, defensores de los derechos humanos, diplomáticos y organizaciones internacionales. El país acoge el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, financia programas de cooperación internacional, apoya iniciativas humanitarias y se posiciona como mediador en conflictos en los que el acceso a la información, a menudo, es un arma. Esta capacidad de influencia debe movilizarse plenamente y la libertad de prensa debe figurar entre las prioridades. La neutralidad suiza nunca ha significado indiferencia ante la suerte de los periodistas, y por ello doy las gracias a la Confederación Helvética.   

Porque la libertad de prensa no es un derecho natural ni en Suiza ni en ningún otro lugar. Debe cultivarse, apoyarse y defenderse. Esto implica reformar las leyes que obstaculizan la información de interés público, garantizar la transparencia y la equidad de las ayudas a los medios de comunicación, regular las plataformas digitales que captan el valor del periodismo y restablecer el diálogo entre ciudadanía y periodistas. Después de todo, si el periodismo representa la posibilidad de una relación ciudadana con los hechos, ¿no constituye la libertad de prensa el derecho a una información fiable para todo el mundo?

La cuestión, eminentemente política en el sentido más noble del término, es sencilla: ¿En qué mundo queremos vivir? ¿En un mundo en el que los rumores sustituyen la investigación, una sociedad ingobernable en la que los hechos se reducen a opiniones, en la que los medios de comunicación ceden ante la intimidación y se vuelven dependientes de los poderes que se supone que deben controlar? O, por el contrario, ¿un mundo en el que cada cual pueda informarse libremente, comprender los retos, emanciparse a través del conocimiento, formarse una opinión, debatir con fuerza y votar con conocimiento de causa? Suiza, por su posición, sus valores y sus instituciones, puede contribuir a defender lo segundo. Si lo hace, tiene mucho que ganar, y si no lo hace, mucho que perder.

Las opiniones expresadas en este artículo son únicamente las del autor y no reflejan necesariamente la postura de swissinfo.ch.

Texto adaptado del francés por Lupe Calvo. Versión en español revisada por Carla Wolf

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Sobre el autor

 

Luis Orlando Díaz Vólquez es ingeniero de sistemas de computadora, editor bibliográfico y productor de medios de comunicación. Autor de artículos de opinión y análisis sobre geopolítica, seguridad y comercio internacional. Ha seguido y escrito sobre procesos regionales y eventos de alto impacto (ferias internacionales, congresos sectoriales y coyunturas de seguridad nacional). Su enfoque privilegia la institucionalidad, el Estado mínimo funcional y la apertura económica con compliance como pilares para la normalización y el desarrollo sostenible.

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viernes, 7 de febrero de 2025

El impacto de USAID en Latinoamérica: fundaciones y ONG sufren por falta de recursos

El impacto de USAID en Latinoamérica: fundaciones y ONG sufren por falta de recursos

Organizaciones que acompañan a la población migrante, reivindican los derechos LGBTIQ+ e impulsan el periodismo independiente, entre las afectadas por la suspensión de los recursos.

La noticia es desalentadora partiendo de que la JEP, por ejemplo, fue la encargada de revelar por primera vez el número de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, 6.402, de 2002 a 2008, durante mandato y medio del expresidente Álvaro Uribe.

 
Organización de Latam, en 'peligro' por suspensión de recursos de USAID
Por Carlos Cuevas 06 de febrero, 2025 | 02:00 AM


Bloomberg Línea — La orden de Donald Trump de congelar los recursos de los programas de asistencia exterior durante 90 días ha paralizado el funcionamiento y las actividades de decenas de iniciativas, fundaciones y organizaciones no gubernamentales (ONG), que operan en América Latina con aportes provenientes de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Organizaciones que acompañan a la población migrante, reivindican los derechos de la comunidad LGBTIQ+, impulsan el periodismo independiente, promueven oportunidades para la juventud y apuestan por la paz aseguraron a Bloomberg Línea no tener el presupuesto necesario para mantener sus programas, con una agravante: algunos deben despedir a sus colaboradores.

En una orden ejecutiva firmada tan pronto arribó a la Casa Blanca el 20 enero, Trump aseguró que la ayuda exterior no estaba “alineada con los intereses estadounidenses”, por tanto, decretó la suspensión de los desembolsos mientras “evalúa su eficiencia”. Los únicos programas que conservaron el financiamiento son los destinados a Israel y Egipto.

El tema volvió a llamar la atención mediática cuando el multimillonario Elon Musk, responsable del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE) del país norteamericano, calificó a USAID como una “organización criminal” y dejó entrever que buscaría su cierre para reducir el gasto en la administración de Trump. “Es hora de que muera”, escribió en X el 2 de febrero.

Leer más: ¿Qué es USAID y cuál es su situación de momento tras cambios de Administración Trump?

La portavoz oficial de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, también cuestionó el rol de la USAID, la agencia insignia de la ayuda humanitaria de Estados Unidos en el mundo.

“Estas son algunas de las prioridades insensatas en las que esta organización se está gastando la plata (...) US$47.000 para una ópera transgénero en Colombia y US$32.000 para una tira cómica transgénero en Perú. No sé ustedes, pero como contribuyente estadounidense no quiero que mis impuestos se destinen a esta basura y sé que el pueblo estadounidense tampoco”, dijo durante un discurso.

En ese contexto, “con miras a una posible reorganización de USAID”, el presidente Donald Trump designó a Marco Rubio como administrador interino de la agencia, informó el Departamento de Estado de EE.UU., hecho que elevó las alarmas en Latinoamérica.

¿Cuánto aportaba USAID a Latinoamérica?

USAID, fundada por el Gobierno del presidente John F. Kennedy en 1961, cuenta con 10.000 empleados, de los cuales, alrededor de 6.500 trabajan en 60 misiones en todo el mundo. En 2023, la agencia desembolsó US$43,4 billones en asistencia internacional, según un reporte del Servicio de Investigación del Congreso de Estados Unidos (CRS, por sus siglas en inglés).

La ayuda que presta es implementada a través de acuerdos de cooperación, contratos y subvenciones, no solo con ONG, sino con empresas del sector privado, universidades, fundaciones, gobiernos, entre otros. En 2023, la mayor parte de los recursos fueron destinados a programas de Gobernanza (US$16,8 billones), seguido de Apoyo humanitario (US$10,5 billones) y Salud (US$7 billones).

Y, aunque Latinoamérica no fue la región en la que más presupuesto destinó (US$1,8 billones), en contraste con Europa y Euroasia (US$17,1 billones), así como en Africa Subsahariana (US$12,1 billones), lo cierto es que el presupuesto es vital para un sinnúmero de proyectos enfocados en poblaciones vulnerables en la región.

Usaid

Colombia fue el país latinoamericano que más ayuda de la USAID recibió en 2023, con US$389,4 millones, pero sumando el apoyo del Departamento de Estados y otras entidades del Gobierno estadounidense, el rubro ascendió a los US$740 millones, según los datos oficiales actualizados el 19 de diciembre de 2024.

Le siguen Haití (US$316 millones), Venezuela (US$205 millones), Guatemala (US$178 millones), Honduras (US$144 millones) y El Salvador (US$138 millones).

Países como Perú (US$111,5 millones), México (US$71,35 millones), República Dominicana (US$49 millones) y Ecuador (US$46,5 millones) también reciben dinero de USAID. Realmente, los únicos países de la región que no recibieron la ayuda de la agencia ese año fueron Argentina Uruguay.

Fundaciones y ONG en la región, en vilo por USAID

El ecuatoriano Daniel Rueda, presidente de la Fundación Alas de Colibrí, comenta que se vio en la obligación de hacer un recorte de 35 colaboradores y suspender su programa ‘Esperanza’, mediante el cual brindaba atención en salud, medios de vida y protección a 25.000 migrantes colombianos y venezolanos anualmente, además de ciudadanos de las comunidades receptoras en Ecuador, por la pausa recursos de la USAID y la Oficina de Población, Refugiados y Migración (PRM, por sus siglas en inglés) del Departamento de Estado.

“Quienes van a tener la obligación de atender la situación son los Estados. Y estos Estados generalmente no tienen la capacidad ni la expertise para realizar las intervenciones adquiridas por las organizaciones sociales durante años de trabajo con la comunidad”, comenta Rueda a Bloomberg Línea.

Y agrega: “Creo que puede incrementar la vulneración a los derechos humanos de estas poblaciones, la xenofobia y la inseguridad”.

La pausa al apoyo de USAID también afectará a las personas que se encuentran en una situación de movilidad humana.

Raúl Caporal, director de Casa Frida, una organización con sede en Ciudad de México dedicada a brindar alojamiento, atención en salud, acompañamiento integral y servicios psicosociales a personas LGBTIQ+ víctimas de extrema violencia y que huyen del crimen organizado, relata que lidera cinco proyectos apoyados por el Departamento de Estado de EE.UU. y uno por USAID, que hoy están en duda por la suspensión de recursos económicos.

Leer más: La amenaza de “cierre” de USAID de Trump y Musk abre la puerta a China

“Es una pérdida muy importante, representan casi el 60% del presupuesto 2025-2026 de los programas que están operando en Monterrey, Nuevo León y Chiapas. Nosotros no creemos que la ayuda se reactive, al contrario, estamos esperando instrucciones jurídicas porque muy seguramente fondos que ya estaban dentro de nuestra organización tendrán que ser devueltos al Gobierno de los Estados Unidos”, explica a este medio.

La certeza de Caporal no es menor: desde su campaña presidencial, Trump dejó claro que no tiene interés de cooperar en temas de derechos sexuales, reproductivos, LGBTIQ+, entre otros, y tras su regreso a la Casa Blanca estableció como política de Gobierno el binarismo, “lo masculino y lo femenino”. No en vano, una de las órdenes ejecutivas firmadas dice: “Estos sexos no son intercambiables y están fundamentados en una realidad fundamental e incontrovertible”.

Por falta de estos recursos, podrían verse afectados alrededor de 30 colaboradores y 1.500 integrantes de la comunidad LGBTIQ+ que atiende Casa Frida anualmente, algunos de ellos beneficiados de un proyecto contra la trata de personas en la frontera con Guatemala.

La situación se repite en la Red regional por la movilidad humana LGBTIQ+ lac, integrada por organizaciones no gubernamentales latinoamericanas, algunas de las cuales hoy están considerando cerrar sus operaciones por falta de presupuesto, dice un miembro a Bloomberg Línea.

Diversidade na Faria Lima

Jordy Meléndez, codirector de la ONG mexicana Factual / Distintas Latitudes, dedicada a crear redes entre medios y periodistas de toda América Latina y el Caribe, se suma a la lista de afectados por la cancelación temporal del apoyo económico estadounidense.

“Factual recibe fondos de distintos donantes internacionales y organizaciones aliadas. Uno de esos donantes recibía fondos del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo que generó un efecto en cascada. La suspensión de ayuda al exterior decretada por la nueva administración federal de Estados Unidos afectó de manera inmediata y sin previo aviso a miles de organizaciones”, indica a Bloomberg Línea.

Ahora mismo, está en riesgo la existencia de proyectos como la Red LATAM de Jóvenes Periodistas, que acompaña y atiende a casi 450 periodistas en 22 países, entre ellos, migrantes, exiliados o que residen en países con alta censura.

Iván Danilo Colindres, especialista de Glasswing International, una ONG que opera en Honduras y El Salvador en colaboración con la Fundación Interamericana y gracias al apoyo del programa Cuerpo de Servicio Centroamericano (CASC) de la USAID, también expresó su preocupación por lo que está sucediendo.

“El cierre de operaciones de varios proyectos financiados por USAID en Honduras, especialmente aquellos enfocados en la juventud, tendrá repercusiones significativas en las oportunidades y el futuro de nuestra sociedad. Estos programas han sido fundamentales en el desarrollo de capacidades, la creación de empleos y el empoderamiento de miles de jóvenes”, reseña en LinkedIn.

El director de otra ONG hondureña cuenta a Bloomberg Línea que ya hay miles de personas afectadas por las medidas de la administración Trump. Y eso es solo el comienzo, pues apenas se está dimensionando el impacto que puede desencadenar en un futuro cercano.

En ello coincide el director de una fundación sudamericana que lleva años recibiendo recursos del Departamento de Estado de EE.UU. y prefiere mantener su nombre bajo reserva, al igual que líderes de otras organizaciones, temiendo que sus palabras puedan generar represalias una vez se completen los 90 días de pausa a la ayuda de USAID.

La inquietud radica en que, más allá de que después de ese periodo Estados Unidos decida continuar desembolsando los recursos, ahora mismo no tienen cómo mantener contratado al personal y sostener los proyectos en curso.

Colombia, en capítulo aparte

Una de las preocupaciones en Colombia debido al congelamiento de los recursos de USAID, o de que en algún momento se acabe la agencia, como planteó Elon Musk, es la suspensión de programas de fortalecimiento de Gobierno para mejorar las políticas de prevención y atención a la violación a los derechos humanos, en especial en zonas que históricamente han padecido el conflicto armado interno.

La subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación (PARES), Laura Bonilla, dice a Bloomberg Línea que algunos de esos programas se estaban ejecutando en el Catatumbo, subregión colombiana en la que han sido desplazados 50.000 pobladores y asesinados otros 52, cinco de ellos firmantes de paz, en medio de una disputa entre el ELN y las disidencias de las Farc entre enero y febrero por el control territorial.

“En una crisis como la del Catatumbo, donde el programa de la USAID tenía funciones, la ayuda implicaba atención a defensores y a líderes sociales que tenían que salir de la región; hoy realmente no tenemos nada de eso, está parada esa asistencia humanitaria de emergencia”explica.

Bonilla relata que también se estaba adelantando un programa para mejorar la respuesta a las alertas tempranas para evitar crisis humanitarias como las que vive el Catatumbo.

“El Catatumbo mostró que necesitamos mejorar muchísimo en la respuesta a las alertas. Una crisis humanitaria como la que estamos viviendo, estas situaciones de violencia, pudieron ser prevenidas de mejor forma y pudieron ser respondidas de mejor forma”.

Organizaciones sociales, de mujeres y de derechos humanos asistieron en la Mesa Humanitaria de Construcción de Paz del Catatumbo, en El Tarra.

La directora ejecutiva de la Federación Antioqueña de ONG, Mabel Sánchez, sustenta que el impacto va más allá del presupuesto y afecta los procesos construidos durante años con las comunidades.

“Las organizaciones no gubernamentales tienen una ventaja que es la cercanía, que facilitan la entrada del Estado en muchos lugares, son parte integral de la vida de las comunidades”, cuenta a Bloomberg Línea.

Sánchez afirma que el impacto será inminente para los proyectos de paz en el Magdalena Medio, así como los procesos de fortalecimiento organizativo y de investigación y ciencia en las poblaciones rurales. Los programas de capacitación y el impulso a los emprendimientos, además de la conexión entre comunidades, organizaciones y entidades gubernamentales en las que se había avanzado, también perderán terreno.

La falta de presupuestos y las salidas de las ONG “van a dejar un hueco grandísimo” en esos rincones donde no llega el Estado, agrega.

El presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Alejandro Ramelli, confirmó que por cuenta del congelamiento de los recursos desde Estados Unidos terminaron afectados cuatro programas financiados por USAID y dos por Departamento de Estado en ejecución.

“Ojalá esa decisión sea algo provisional, es un periodo de 90 días como de análisis, yo confiaría en que esa decisión pueda revertirse (...). La importancia de esos fondos para investigar ese tipo de crímenes, tanto de las FARC como de la fuerza pública”, lamentó en una rueda de prensa el 3 de febrero en Bogotá.

La noticia es desalentadora partiendo de que la JEP, por ejemplo, fue la encargada de revelar por primera vez el número de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales presentadas como bajas en combate por agentes del Estado, 6.402, de 2002 a 2008, durante mandato y medio del expresidente Álvaro Uribe.

La situación de la USAID

Por ahora, lo que se sabe es que la mayoría de los empleados de la USAID serán puestos en licencia administrativa a partir del viernes, según un comunicado publicado el martes en el sitio web de la agencia.

Las personas en funciones “de importancia fundamental” y de “liderazgo central” estarán exentas, según el comunicado. Los miembros del personal destinados en el extranjero deben regresar dentro de 30 días, con excepciones que se considerarán “caso por caso”, se indicó.

https://www.bloomberglinea.com/latinoamerica/el-impacto-de-usaid-en-latinoamerica-fundaciones-y-ong-sufren-por-falta-de-recursos/?utm_source=piano-newsletter-la&utm_medium=email&utm_campaign=news-linea-de-partida&pnespid=6uBiBy5LM.4Bx.2c.T6lAZSWrh.0T8ovP_Hjn_JooANmmVuoJjDcRx1c0DhcqNPoIAr_CSoGwg

Carlos Cuevas

Comunicador social, periodista y magíster en escrituras creativas con más de ocho años de experiencia profesional. Exreportero en El Tiempo, exeditor de fin de semana en Infobae Colombia y exeditor de breaking news en Revista Semana.