29
de noviembre de 2017. La Redacción
Oposición demanda JCE someta a responsables de “estafa, fraude e irregularidad” en comicios RD del 2016
SANTO
DOMINGO:-Los partidos del Bloque Opositor pidieron ayer a la Junta Central
Electoral (JCE) que profundice la investigación y someta ante los tribunales de
la República a los responsables y a la empresa española INDRA de la “estafa,
fraude e irregularidad” en los comicios de
mayo de 2016.
 |
Max Puig sirvió de vocero del Bloque Opositor
en rueda de prensa celebrada ayer. |
Al organismo
electoral ceder el control a la firma extranjera, a quien contrató tecnología y
escáneres obsoletos e inservibles, cuya inutilidad quedó evidenciada antes,
durante y después del proceso electoral, “vició de manera grave e incontestable
los comicios de mayo de 2016, afectando la legitimidad de las autoridades
derivadas de ese proceso”.
Max
Puig, hablando a nombre de las organizaciones opositoras, en una rueda de
prensa celebrada la tarde de ayer, expresó “La JCE no solo no debe pagar la
suma reclamada por la empresa española INDRA, sino que debe demandar a esta
empresa para que devuelva el dinero que le fue entregado a cambio de tecnología
y escáneres obsoletos e inservibles, cuya inutilidad quedó evidenciada antes,
durante y después del proceso electoral de mayo de 2016”.
Puntualizó,
además, “Ha sido debidamente confirmado que la Junta Central Electoral,
renunciando a sus deberes constitucionales y en violación e incumplimiento de
la propia ley que la rige (275-97) y de sus reglamentos, no tuvo el control del
proceso electoral del 15 de mayo de 2016, siendo traspasada la función esencial
del control de los votos en los tres niveles de elección a la empresa española
INDRA”.
En
tanto, el 20 de noviembre, el actual presidente de la Junta Central Electoral
(JCE), Julio César Castaños Guzmán, dijo
que “esos equipos no funcionaron a cabalidad en las elecciones generales, razón
por la cual no están en la obligación de pagar en su totalidad la suma acordada…
que esperaría los resultados de la auditoría de la Cámara de Cuentas para tomar
una decisión” sobre el pago de los 13.927.931,17 dólares reclamados.
La
Cámara de Cuentas había informado que la Junta Central Electoral, contrató,
durante la gestión de Roberto Rosario Márquez, la suma de US$35,266.003; de los
cuales pagó US$21,338,072, por lo que adeuda US$13,927,931.
Los partidos
de oposición enunciaron el compromiso innegociable con el fortalecimiento, la
regulación y la institucionalización de los órganos electorales y de los
partidos y agrupaciones políticas, para construir una política que no se
sustente en la impunidad, la corrupción y el descalabro de la institucionalidad
democrática.
Indicaron
que si la JCE no actúa sobre su requerimiento, movilizarán a la sociedad
dominicana para llegar hasta las últimas consecuencias en la meta de garantizar
el funcionamiento del sistema
democrático y crear las garantías para la realización de elecciones limpias,
libres, competitivas y confiables que aseguren la gobernabilidad y la
estabilidad de la República Dominicana.
Además
de Puig, estuvieron Jesús Vásquez, Minou Tavárez Mirabal, Pedro Martínez, Juan
Ignacio Espaillat, Rafael Montilla, entre otros, en representación de los
partidos, Alianza por la Democracia (APD), Partido Revolucionario Moderno (PRM),
Frente Amplio (FA), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Alianza
País (AlPaís), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Dominicanos por el
Cambio (DxC), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido Revolucionario Social
Demócrata (PRSD), Opción Democrática (OD) y el Partido Socialista Cristiano
(PSC).
Anexamos
la declaración del 28 de noviembre, más el documento “Fundamentación y análisis técnico y político de la estafa
de los escáneres y el fraude de las elecciones generales de mayo de 2016”
…
PARTIDOS POLITICOS DE OPOSICION
DECLARACIÓN PÚBLICA
Oposición demanda JCE sometimiento a
responsables y a empresa INDRA por estafa, fraude e irregularidad de comicios.
Tomando en consideración las informaciones hechas
de público conocimiento del Informe del Departamento de Informática de la JCE
sobre el uso de los equipos para el registro de concurrentes y el escrutinio de
los votos de los colegios electorales de las elecciones generales del 15 de
mayo de 2016 acerca de la compra y uso de equipamiento electrónico para
las elecciones generales del 16 de mayo de 2016, los partidos de la
oposición política consideran que:
A. Ha sido debidamente confirmado que la Junta Central
Electoral, renunciando a sus deberes constitucionales y en violación e incumplimiento
de la propia ley que la rige(275-97)y de sus reglamentos, no tuvo el control
del proceso electoral del 15 de mayo de 2016, siendo traspasada la función
esencial del control de los votos en los tres niveles de elección a la empresa
española INDRA;
B. El traspaso abusivo y secreto de una función tan
delicada y exclusiva como el conteo de los votos a una empresa extranjera
que actuó por su cuenta, sin que mediaran la autoridad ni el control de la JCE,
vicia de manera grave e incontestable los comicios de mayo de 2016, afectando
la legitimidad de las autoridades derivadas de ese proceso;
C. El pueblo y el Estado dominicano, por vía de la Junta
Central Electoral, han sido estafados mediante la adquisición de
tecnología y de escáneres que demostraron ser inservibles, tanto para
el proceso electoral pasado, como para ser eventualmente utilizados en
venideros procesos electorales;
D.
La Junta Central Electoral no solo no debe pagar la suma reclamada por
la empresa española INDRA, sino que debe demandar a esta empresa para que
devuelva el dinero que le fue entregado a cambio de tecnología y escáneres
obsoletos e inservibles, cuya inutilidad quedó evidenciada antes, durante y
después del proceso electoral de mayo de 2016;
La confirmación de estos hechos de extrema gravedad,
denunciados desde antes de las elecciones por los partidos de la oposición
política, obligan a la profundización de la investigación y al sometimiento
ante los tribunales de la República de los responsables de los mismos. De no hacerse, no nos queda otro camino que el llamado a la movilización
de la sociedad dominicana para llegar hasta las últimas consecuencias en la
meta de garantizar el funcionamiento del
sistema democrático y crear las garantías para la realización de elecciones
limpias, libres, competitivas y confiables que aseguren la gobernabilidad y la
estabilidad de la República Dominicana.
Nuestros partidos
tienen un compromiso innegociable con el fortalecimiento, la regulación y la
institucionalización de los órganos electorales y de los partidos y
agrupaciones políticas, para construir una política que no se sustente en la
impunidad, la corrupción y el descalabro de la institucionalidad democrática.
Partido Revolucionario Moderno (PRM), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Alianza País (AlPaís), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), Frente Amplio (FA), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Alianza por la Democracia (APD), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Opción Democrática (OD), Partido Socialista Cristiano (PSC)
Santo Domingo, 28 de noviembre de 2017.
……
Partidos Políticos de Oposición
Fundamentación y análisis técnico y político de la estafa de los
escáneres y el fraude de las elecciones generales de mayo de 2016.
El análisis que ha conducido a los partidos de la
oposición a las precedentes conclusiones, desde antes incluso de la
celebración de las elecciones del 15 de mayo de 2016 se expone en los puntos
que siguen a continuación:
1. El contenido del Informe del Departamento
de Informática de la JCE sobre el uso de los equipos
para el registro de concurrentes y el escrutinio de los votos de los colegios
electorales de las elecciones generales del 15 de mayo del
2016, así como sobre el contrato de adquisición de los
mismos firmado entre la empresa española INDRA Sistemas, S.A. y
la Junta Central Electoral (JCE) el 5 de diciembre de
2015, revela graves irregularidades derivadas de la inutilidad de gran
parte de los equipos comprados y de su deficiente aplicación el día
de las votaciones.
2. Una evaluación atenta de dicho informe y de otros
documentos e informaciones relacionadas permiten confirmar la
notable falta de transparencia y razonabilidad en la licitación
y adjudicación a INDRA del contrato por 35.7 millones de
dólares, que luego subió a más de 38 millones de dólares a solicitud del propio
presidente de la JCE.
3. Del mismo informe se desprende la clara
ilegitimidad de muchas de las autoridades declaradas electas por la JCE y la
franca violación de la ley electoral 275-97 y sus reglamentos, de parte de las
pasadas autoridades de la JCE.
4. Antes de las elecciones, el 9 de mayo de 2016, seis
de los candidatos a la presidencia de la República de los partidos de la
oposición se presentaron ante la JCE para advertir de la situación que se
estaría gestando con la integración al proceso electoral de un sistema
electrónico para el conteo y transmisión de los datos provenientes de las
elecciones nacionales, congresuales y municipales, desconocido para la
mayoría de los partidos en franca violación a lo establecido en la ley
electoral y sus reglamentos, en relación con el escrutinio manual de los votos.
5. Los peligros que se cernían sobre el proceso electoral
fueron debidamente expuestos ante los representantes de las
comisiones de observación electoral internacional acreditadas para dar
seguimiento a las elecciones generales.
6. En el documento “Evidencias de un Fraude Electoral”,
del 24 de mayo de 2016, los partidos de la oposición le presentaron formalmente
al país y a las anteriores autoridades de la JCE, un resumen de sus
conclusiones preliminares luego de una rápida e intensa investigación
sobre las innumerables irregularidades cometidas en todo el país durante
el proceso electoral. El documento incluía varios anexos con pruebas
irrefutables de cada una de las irregularidades denunciadas.
7. Las irregularidades principales en los procesos de
votación y escrutinio de los votos fueron resumidas en el documento indicado
bajo los siguientes subtítulos:
·
Mayor concurrencia que votos emitidos
·
Diferencias entre actas manuales y actas electrónicas
·
Diferencia en las cantidades de votantes entre los niveles A, B y C
de un mismo Colegio
·
Actas con más votos emitidos que inscritos en el Colegio
·
Excesivo número de concurrentes no pertenecientes a un
determinado Colegio electoral.
·
Trasiego de votos del PRM al PAL y al PASOVE
·
Suplantación de actas
·
Desaparición de boletas de la oposición
·
Doble votación
·
Boletines que suman más del 100%
·
Desaparición de colegios
8. La mayoría de las irregularidades denunciadas se
originaron, precisamente, en defectos o anomalías de los equipos de
registros, escrutinio y transmisión, conforme a lo
explicado detalladamente en el Informe del Departamento
de Informática de la Junta (2017).
9. En aquella ocasión las autoridades de la JCE
no les prestaron la debida atención ni consideración a los
planteamientos formulados por la oposición, sin embargo la mayor parte de estos
señalamientos han sido reconocidos y confirmados por el Informe Técnico de la
Junta Central Electoral.
10. Lo mismo ocurrió con las misiones de observación electoral
internacionales, muchas de las cuales terminaron destacando la mayoría de las
irregularidades denunciadas por la oposición desde antes de los comicios.
11. Uno de los hechos más graves ocurridos durante el
proceso electoral fue la pérdida de control de la JCE sobre el conteo
final de los votos, el cual quedó, en
violación de la ley electoral, bajo el control absoluto
de un software gestionado por INDRA y que la Junta no podía modificar, ni fue
tampoco ampliamente auditado. El Informe lo dice del siguiente
modo: “La JCE por primera vez pasó de ser el protagonista y
responsable de la información electoral a ser un usuario de consulta y
presentación de resultados procesados por un tercero. El proceso INDRA
consiste en un control total del procesamiento de la información” (Punto
3.1.3 pág. 23, Informe del Departamento de Informática, JCE).
12. Estos resultados de todo el proceso de
licitación, contratación y las consecuencias negativas documentadas por el
Informe sobre el colapso del sistema tecnológico del proceso, así como por las
reclamaciones fundamentadas de los partidos de oposición el 24 mayo
del 2016, indican que numerosas posiciones electorales congresuales y
municipales fueron fraudulentamente arrebatadas a sus reales ganadores, con el
apoyo de los integrantes de juntas electorales
municipales bajo el control del partido de gobierno.
13. Respecto a las irregularidades y violaciones en la
compras y a la contratación de la empresa INDRA se debe señalar que, a pesar de
que el Informe del Departamento de Informática de la JCE describe las
alarmantes fallas de los equipos, el mismo no se refiere al programa de
auditorías múltiples a los componentes principales del paquete tecnológico
adquirido que se debía realizar desde mucho antes de que estos fueran
puestos en funcionamiento durante los comicios.
14. El programa de auditoría referido debe ser de
conocimiento y aprobación de los representantes técnicos de los partidos
políticos y ejecutarse en su presencia y con su aprobación. La JCE no ha
presentado los registros avalados de tales auditorías.
15. Aparte de la entrega y uso
de los equipos indicados, el sistema incluía las
funciones de integración y conteo final de votos mediante un
software bajo absoluto control de la empresa INDRA; esas funciones
conllevan siempre múltiples riesgos de fallos o simple
manipulación fraudulenta por lo que jamás debe utilizarse sin una
exhaustiva sesión de auditorías técnicas previas que tampoco se
llevó a cabo.
De igual manera, el Informe de la JCE no se refiere al
hecho escandaloso de que a la firma INDRA Sistemas se le permitió participar en
la licitación LPI-01-2015 a pesar de que ya contaba con un espeso historial de
acusaciones judiciales, e incluso prohibiciones en varios países para vender
sus servicios en certámenes electorales. Al momento de la licitación ya era
ampliamente conocido el itinerario de acusaciones por la comisión de delitos
electorales de la empresa en otros países, como los de las elecciones en Madrid
y Sevilla, en España, Venezuela, Angola, Brasil y Ecuador, entre otros.
16.
Una firma con tan cuestionadas credenciales, incluso
mucho antes de la fecha del contrato con la JCE, y teniendo en cuenta las
estipulaciones del Pliego de Condiciones Específicas de la licitación
LPI -01’2015, en sus puntos 1.18, 1.19, 19.1 (paginas
16-18), sobre prácticas corruptas y
fraudulentas, a dicha firma nunca
debió permitírsele participar en una licitación para controlar
la parte esencial de un proceso en el que se erigiría el nuevo poder
político general del país.
18.De acuerdo a lo explicado en el Informe del
Departamento de Informática, las decisiones de las anteriores autoridades de la
JCE sobre el alcance del contrato y las compras, fueron extremadamente
desafortunadas y perjudiciales para el interés y las finanzas públicas: la
compra de equipos y el alquiler (licencia), limitados del programa (software),
con el que dichos equipos trabajarían generaban una dependencia absoluta
respecto del proveedor INDRA. Dentro del esquema
establecido, la JCE es dueña de los equipos, pero solo puede operarlos si
INDRA le vende cada vez una licencia limitada del programa o software. En esas
condiciones lo que correspondía era alquilar los equipos y quedar libre ´para
decidir en unas nuevas elecciones de acuerdo a las experiencias
y los vertiginosos avances tecnológicos en el mercado de esos
productos. Estos equipos de comunicaciones y su entorno telemático
están sometidos a fuertes ciclos de obsolescencia, cada vez más breves, que
obligan a cambios o ajustes mucho antes que cuatro años.
19. En la actual situación, si la JCE decidiera
reutilizar dichos equipos en el 2024, se requeriría
una auditoría completa de los mismos y para ello
se necesitaría un software que no es de la Junta; y si decidiera
contratar otra firma para un nuevo software este tendría un grandísimo costo
extra aparte de que cabria la posibilidad de que no pueda hacerlo por
algunas especificidades técnicas del hardware.
20.
La magnitud del contrato y la obviedad de las
irregularidades citadas en la contratación indican que
las autoridades actuales de la Junta deben
disponer una auditoría también del proceso de licitación y
adjudicación del referido contrato. Para ello se requiere la inclusión de
comisiones donde participen los técnicos de los partidos políticos.
Los hechos anteriormente expuestos, además de la
violación flagrante de la Constitución y las leyes por parte del propio órgano
que debe garantizar su aplicación y respeto, plantean un serio desafío para
la democracia dominicana. El impacto dominante e inmovilizador de los nuevos
sistemas tecnológicos en los procesos electorales, si bien reducen tiempo
y elevan eficiencia, también han incrementado las dudas sobre la credibilidad
de los mismos y abren nuevas posibilidades de fraudes y
tergiversaciones de la voluntad popular. Esta situación demanda la
revisión y adecuación a fondo de la Ley General
Electoral y de las normativas relacionadas con las elecciones.
Es evidente que el marco jurídico normativo vigente no tiene ninguna
posibilidad de garantizar gestión confiable de las innovaciones tecnológicas
introducidas en los certámenes electorales.
