A menos que quieran volver en el 2020 a enfrentarse al abuso del Estado en la campaña electoral, los once partidos opositores en concertación tienen que dedicar sus mayores esfuerzos a enarbolar como fundamentales sus “Propuestas desde la Oposición para el Establecimiento de un Sistema Electoral Realmente Democrático”, presentadas el 26 de enero pasado.
Después de más de dos años de concertación, tras las demostradas inequidades y abusos del Estado en el último proceso electoral, los opositores no han logrado vencer las resistencias del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD) a unas reformas electorales que democraticen los procesos eleccionarios, lo que los obliga a mayores presiones.
Se acaba otra legislatura
La encarnizada lucha del presidente Danilo Medina y el expresidente Leonel Fernández por el absoluto control del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) ha determinado el nuevo estancamiento del proyecto de Ley de Partidos con 16 años dando tumbos en el Congreso. Esta semana se vence el plazo de un mes que se dio a la comisión especial de la Cámara de Diputados para dictaminar sobre el proyecto, y el próximo 26 concluirá otra legislatura de vanos debates.
El diferendo entre peledeísta sigue siendo el tipo de padrón a utilizarse en la elección de las candidaturas, que el actual mandatario quiere que sea el de todos los ciudadanos (abierto), mientras su antecesor reivindica el estatuto orgánico del PLD, que la limita a los miembros del partido (cerrado), como ocurrió en el 2015, con los aspirantes a los cargos municipales, y una fracción de los diputados, pues la mayoría de estos como los senadores, fueron repostulados como parte de los acuerdos políticos para unificarlos en torno a la reforma constitucional que posibilitó a Medina optar por la reelección.
Aunque voceros de los sectores peledeístas enfrentados siguen diciendo que habrá acuerdos, la comisión especial ya ni logra quórum, porque ambos saben que no reúnen los dos tercios de los votos necesarios para una aprobación que, de ser contraria a los intereses de los danilistas, chocaría contra el muro del Senado, donde estos aprobaron el proyecto con primarias abiertas. Como la presidencia de los diputados está en el leonelista Rubén Maldonado, la otra facción podría esperar el inicio de la próxima legislatura, el 16 de agosto, cuando pasará a manos del danilista Radhamés Camacho, por el reparto del poder acordado. Aunque esta semana circuló la versión de que Camacho sería designado en agosto como ministro de Educación, en lugar de Andrés Navarro, quien pasaría a trabajar por la candidatura presidencial, y que volvería al mando de los diputados Lucía Medina, la experimentada hermana del presidente.
Responsabilidad del PRM
El principal partido de la oposición, el Revolucionario Moderno (PRM), con 50 de los 190 diputados, tuvo la posibilidad de inclinar la balanza a la posición del presidente Danilo Medina, cuando llegó la última propuesta de este, de que la Ley de Partidos establezca que las primarias puedan ser abiertas o cerradas. El vocero de los diputados perremeístas, Alfredo Pacheco, no ocultó su inclinación a aceptar esa fórmula transaccional “en interés de sacar adelante la ley”, y hay quienes dicen que hasta Luis Abinader la contempló, pero tropezó con el compromiso contraído con los otros diez partidos de oposición, con los que vienen concertando acciones.
Cuando revisaron sus “Propuestas desde la Oposición”, se encontraron con que allí se consigna que cada partido podrá decidir el método de elección de sus candidatos “de acuerdo con lo establecido por sus propios estatutos”, y que las primarias deberán realizarse “con el padrón de cada partido”. Un comunicado conjunto lo acababa de ratificar y el rechazo de los demás partidos de la oposición pareció liquidar el último intento por las primarias abiertas, vetadas por los leonelistas, amparados en la declaración de inconstitucionalidad del 2005.
Los perremeístas no podían poner en riesgo la concertación con el resto de la oposición para aparecer transando con el poder presidencial y contribuir a que este se impusiera sobre la facción de Leonel Fernández, a menos que fuera en el marco de un firme compromiso con el conjunto de reformas electorales demandadas por toda la oposición y la sociedad civil, que no ha aparecido en ninguno de los sectores peledeístas que aspiran a llegar a otras elecciones, ya a año y medio las municipales, sin democratizar el sistema electoral, como lo dispone la Constitución del 2010. Después de esta hubo tres elecciones, ese año congresuales y municipales, en el 2012 presidenciales, y generales en el 2016. Los abusos del Estado en esta última pasaron de la inequidad a la iniquidad, obligando a los opositores a la concertación.
El éxito de los peledeístas
Aunque la lucha de facciones ha debilitado al PLD, con sus organismos inoperantes y casi al punto de la división, sus facciones han tenido el éxito de mantener el debate político en torno al padrón, abierto o cerrado, cuando en el proyecto de Ley de Partidos hay otros aspectos más trascendentes, como el respeto a la equidad competitiva, la transparencia del financiamiento privado y rendición de cuentas y mejor distribución del estatal.
Pero el mayor de los éxitos peledeístas está en haber subordinado la reforma del régimen electoral, más trascendente que la Ley de Partidos, para que “los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”, como dispone el artículo 212 de la Constitución. Las facciones enfrentadas confían en que el final el amor por el poder salve su unidad, y seguir disfrutando de la falta de regulaciones efectivas de la competencia electoral.
Esta semana los nuevos presidente y secretaria general del PRM; José Ignacio Paliza y Carolina Mejía, dejaron claro por televisión, como lo había hecho días antes Luis Abinader, que mantendrán la posición unitaria de los once partidos de oposición sin doblarse ante la posición de ninguna de las facciones peledeístas, y que seguirán luchando por la ley de Partidos, pero sobre todo por la reforma del Régimen Electoral, que es más trascendente.
Retoman sus propuestas
En el bloque de los once partidos parece predominar la decisión de retomar sus propuestas electorales del 26 de enero, consignadas en un folleto que entregaron no solo al Congreso, sino también a las principales entidades de la sociedad civil, a los organismos electorales y a instituciones y diplomáticos internacionales.
Como se puede apreciar en síntesis en el recuadro anexo, formularon 25 propuestas, la mayoría con detalles específicos que recogen los planteamientos y expectativas que datan de los años noventa, para la actualización y democratización del régimen electoral dominicano, considerado el más atrasado de América Latina, y que han sido objeto de numerosos consensos no solo entre los partidos, sino también con las instituciones sociales.
Gran parte de esas propuestas están contempladas en los proyectos sometidos al Congreso por la Junta Central Electoral, fruto de asesoría internacional y de consenso partidista, pero son desconocidas, como la transparencia del financiamiento privado, y hasta objeto de contra reforma, por ejemplo, en el proyecto aprobado por el Senado se instituye que empresas extranjeras puedan financiar a los partidos, reducir la proporción del financiamiento público destinado a educación y formación política, y elevar la cuota de candidaturas que decidirían las cúpulas partidarias.
Entre las propuestas de los 11 partidos resaltan las sanciones para el abuso de los recursos del Estado, para el transfuguismo y el clientelismo, considerados delitos electorales, topes reales de gastos por candidaturas, regulación del tiempo y el gasto en las campañas, separar la elección de senadores y diputados, más equidad en la distribución del financiamiento y de las curules de diputados, el debate de los candidatos presidenciales y el escrutinio público de las votaciones.
Necesitan mayor presión
En los ámbitos opositores se admite que no han podido desarrollar la presión necesaria para forzar al PLD a negociar una reforma electoral integral, aunque propuestas no han faltado, como la formulada al respecto dos veces por el precandidato perremeísta Luis Abinader, dirigida específicamente al presidente Danilo Medina y su partido, que las han ignorado.
En el silencio del presidente Medina frente a los reclamos de las reformas electorales por los partidos, de la mayoría de las instituciones sociales, incluyendo las empresariales y las iglesias, sobrevive el interés por mantener el absoluto dominio de las instituciones públicas y gran parte de la sociedad, logrado por el PLD en elecciones altamente viciadas por el peso del Estado y la concentración del financiamiento.
El continuismo sigue planeando sobre la nación, y aunque atraviesa serias dificultades por la prohibición constitucional de otra reelección, el mandatario no ha dado ningún paso a la concertación político social. Su único interés ha sido imponer las primarias abiertas, buscando el total control de su partido y de las candidaturas del 2020. El desafío es total a la eficiencia de la oposición y de la sociedad dominicana que reclama un ordenamiento más democrático, que abarate el costo de la política y abra posibilidades de reducir la corrupción.
En la concertación opositora participan los partidos Revolucionario Moderno, Reformista Social Cristiano, Alianza País, Dominicanos por el Cambio, Humanista Dominicano, Frente Amplio, Fuerza Nacional Progresista, Alianza por la Democracia, Revolucionario Social Demócrata, Opción Democrática y Partido Socialista Cristiano.
Propuestas de Reformas Electorales de 11 partidos opositores
I.- Para la Ley del Régimen Electoral
1.- Establecer el “Cociente Hare”, para distribuir los escaños de diputados.
2.- Separar la elección de senadores y diputados.
3.- Descentralización y depuración de las juntas municipales electorales.
4.- Incorporar un sistema de voto electrónico con respaldo físico.
5.- Establecer la obligatoriedad del voto ciudadano.
6.- Regulación más equitativa del financiamiento público a los partidos.
7.- Sancionar el financiamiento ilícito, del Estado y/o extranjero de las campañas.
8.- Fijar topes de gastos para cada nivel de candidaturas.
9.- Instituir un sistema de transporte gratis para la jornada electoral.
10.- Hacer obligatorio al menos un debate entre candidatos presidenciales.
11.- Regular las encuestas y sondeos electorales.
12.- Establecer períodos de pre-campañas y campañas electorales, con sanciones.
13.- Que los pactos de alianzas se anticipen al período de las precampañas.
14.- Establecer un régimen de sanciones para cada tipo de delito electoral.
15.- Incluir la degradación o “muerte” civil a condenados por delitos electorales.
16.- Tipificar como delitos electorales el transfuguismo y el clientelismo.
17.- Más equidad en distribuir los diputados nacionales y al Parlacen.
18.- Garantizar el acceso del público al escrutinio electoral.
II.- Para la Ley de Partidos Políticos
1.- Limitar la propaganda a los períodos de campaña, con equidad y sanciones.
2.- Garantizar representación equilibrada de mujeres y hombres en las candidaturas.
3.- Establecer un máximo de 20% para reserva de candidaturas.
4.- Controlar y transparentar el financiamiento público y privado a los partidos.
5.- Un régimen efectivo de rendición de cuenta del financiamiento público.
6.- Cada partido escoge el método de elección de candidatos acorde con sus estatutos; las elecciones primarias con el padrón de cada partido.
7.- Eliminar la concesión de poderes absolutos a una persona.
